Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas invitan al cabildo ciudadanos en el Parque de San Pedro de Montes de Oca mañana viernes 22 de noviembre a las 5 p.m. para definir acciones de lucha contra la resucitación de SETENA del proyecto piñero en Osa.
Amparada en meros tecnicismos
legales la SETENA revive dicho expediente dando la viabilidad ambiental y será ahora
el ministro del MINAE que tendrá que definir el futuro formal del Proyecto Finca
Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco.
Recordemos en mayo del
2017 la SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato
semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una
casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar
Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos
y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.
La Finca de Palmar se encuentra
a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa
amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un
estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos
de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo
que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra
piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas
son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río
Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.
Además, dentro del área
de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia
patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto
del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió
a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido
como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área
como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier
actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de
actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos
y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.
Este año el Informe Estado
de la Nación se denuncia la existencia de 3.824 hectáreas sembradas con piña “dentro
del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del
Colorado”, además que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales protegidos.“Estos
espacios de vida, señalaron, son claves para la conservación de la naturaleza y
para evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones” en épocas de
fuertes precipitaciones.
Por Dr. Ingo Wehrtmann, investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) Universidad de Costa Rica
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La pesca de arrastre es una actividad pesquera utilizada mundialmente, tanto por la flota industrial como artesanal. Las redes operan en contacto con el suelo marino y capturan diversos organismos que viven sobre él.
El problema es, por un lado, el daño físico y biológico que provoca este arte de pesca sobre el fondo del mar y las comunidades asociadas a estos hábitats. Por otro lado, este arte de pesca tiene una baja selectividad en la que la red no solamente captura las especies objetivo (principalmente camarones y peces), sino también cualquier organismo que se encuentre frente a la red.
Al conjunto de estos organismos que no son blanco de la actividad pesquera se le denomina “fauna de acompañamiento” (FACA). Muchas veces, esta FACA -por su bajo valor comercial- se devuelve al mar, pero estos organismos tienen poca posibilidad de sobrevivir y, además, serán rápidamente consumidos por los depredadores que se congregan alrededor de los barcos.
La Sala Constitucional de Costa Rica, en su resolución del 2013 Nº 2013010540, reconoció, entre otros aspectos, el daño ambiental que provoca la pesca de arrastre y estableció que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) “no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nueva, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre”.
Desde entonces, ¿qué ha pasado desde el punto de vista científico? ¿Tenemos suficiente evidencia técnico-científica para considerar una reapertura de la pesca de arrastre en Costa Rica?
Dos estudios
En los últimos años se han llevado a cabo solamente dos estudios relacionados con la pesca de arrastre en el país.
El primero se realizó en el marco del proyecto para la gestión sostenible de las capturas incidentales en la pesca de arrastre de fondo de América Latina y el Caribe, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por su siglas en inglés) y, en Costa Rica, por el Incopesca.
Este estudio tuvo como objetivo general establecer diferencias en la línea base de la diversidad taxonómica de la FACA capturada con y sin el uso del dispositivo excluidor de peces (DEP) ojo de pescado, en redes para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizii) y camarones rosados o pinky (Farfantepeaneus brevirostris), en caladeros de pesca en el Pacífico Norte y Central de Costa Rica. Esto se realizó con el fin de evaluar la influencia del DEP en la composición de las capturas incidentales.
Aunque este estudio indica una exclusión de la FACA con el DEP entre 30% (camarón fidel) y 23% (camarón pinky), a nivel general los porcentajes de la FACA siguen siendo muy altos, con un promedio de 77%. El hecho de que los investigadores capturaron en su estudio exclusivamente individuos inmaduros de camarón fidel es aún más preocupante, ya que pone en peligro la reproducción de la especie y en consecuencia, la supervivencia de la población de este camarón.
El segundo y más reciente estudio evaluó la disminución de la FACA en la pesca de arrastre de camarón pinky y fidel, mediante el uso de diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP, DET y doble relinga) y otras mejoras. Esta investigación fue ejecutada por Incopesca entre los meses de octubre y diciembre del 2018.
En este estudio se analizaron cuatro tipos de redes con diferentes modificaciones técnicas en relación con la red tradicional o de control. El resultado sorprendente fue que la utilización de una variante de la red (red de experimento generó 1) una disminución de un 65% de la FACA en ambas especies de camarones comparado con la red control. Además, en el caso del camarón fidel, se capturaron principalmente individuos maduros, un resultado muy diferente comparado con el estudio anterior.
A pesar de los resultados positivos de este estudio, es importante resaltar que se trata de una investigación en una zona muy restringida desde la perspectiva geogrática, pues todos los muestreos se realizaron en la entrada al Golfo de Nicoya.
La limitación de tiempo representa otra debilidad importante del muestreo, especialmente si se considera que el período del experimento estaba bajo la influencia del fenómeno de El Niño, lo que podría no reflejar un comportamiento normal. Por lo tanto, surge la duda sobre la representatividad geográfica y temporal de los resultados obtenidos en este estudio.
Los autores, conscientes de las limitaciones de los datos obtenidos, insisten en el resumen de su informe en “… la necesidad de continuar con investigaciones que aporten información que aún se requiere para el manejo de las pesquerías de estas dos especies”.
Falta de información
Estas dos investigaciones recientes son de naturaleza técnica, en las cuales se investigó el impacto de diferentes modificaciones de la red para la disminución de la FACA, en dos especies de camarones de interés comercial.
Sin embargo, para implementar una pesca de camarón responsable y sostenible es indispensable contar con más información. Por ejemplo, es imprescindible tener una estimación confiable de la biomasa disponible de estos camarones en aguas costarricenses. Los dos estudios mencionados no fueron diseñados para explorar este aspecto.
Cualquier pescador, capitán o empresario responsable que quiera hacer una inversión importante en su barco y las redes modificadas, debería preguntarse: ¿en cuánto tiempo puedo recuperar económicamente mi inversión? En otras palabras, es necesario saber cuántos kilos de camarón se puede capturar durante por lo menos un año. Lastimosamente, no hay información confiable acerca de esta pregunta y existe mucha incertidumbre sobre si el recurso camarón (de aguas profundas) puede “soportar” una nueva pesca de arrastre y por cuánto tiempo.
Cabe resaltar que ninguno de los dos estudios generó información sobre los impactos que tiene la pesca de arrastre de camarón en los ecosistemas marinos a lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica.
No hay un análisis que identifique dónde exactamente se realizan los lances comerciales y con qué frecuencia. Conocer el impacto de la pesca de arrastre de camarón en las comunidades en el fondo del mar, así como el tiempo que requieren estas comunidades de organismos para recuperarse, es indispensable para un manejo responsable y con un enfoque ecosistémico.
La revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences publicó recientemente un análisis global de la reducción y recuperación de las comunidades en el fondo del mar después de la alteración por la pesca de arrastre. Los resultados de este mega análisis revelaron que en promedio cada paso de una red de arrastre remueve entre 6% y 41% de la fauna del lecho del mar, y se requiere entre 1,9 y 6,4 años para recuperar el ecosistema arrastrado.
¿Y cuál es la situación en Costa Rica? Por un lado, hay resultados alentadores sobre modificaciones de redes para disminuir la FACA en la pesca de camarón fidel y pinky que esperan ser corroborados mediante estudios más amplios referente a la escala geográfica y temporal.
Por otro lado, prácticamente no sabemos nada sobre dos aspectos fundamentales de la pesca de arrastre: (1) la biomasa presente de las dos especies de camarones (fidel y pinky) y (2) el impacto de la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos.
Ante esta falta de conocimiento, sería irresponsable reabrir ahora esta práctica, ya que podría generar falsas expectativas en el sector pesquero. Desde un punto científico, es urgente implementar, en conjunto con el sector pesquero, un programa nacional de monitoreo de las poblaciones de estos camarones con la participación de las universidades que trabajan en la temática.
Este esfuerzo representaría un aporte valioso para la toma de decisiones en torno a abrir o no la pesca de arrastre de estas especies de camarón. Más aún, un programa de monitoreo es vital para cualquier plan de manejo de estos recursos pesqueros con un enfoque precautorio y ecosistémico.
Dr. Ingo WehrtmannI
Investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), Universidad de Costa Rica
(FECON, 19/11/2019.) La imagen verde de Costa Rica está siendo usada para que las empresas mineras exploten los lechos marinos, todo en un marco de supuesta regulación. Los avances de la Autoridad Internacional del Fondo del Mar apuntan a legalizar la minería marina, en donde Costa Rica sirve como facilitadora del proceso (1).
El pasado 17 de noviembre el Ministerio de Relacionas exteriores de Costa Rica anunció que nuestro país se encuentra participando en una serie eventos que buscan la explotación de los fondos marinos para la minería. Costa Rica es signataria de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (Convemar) desde el año 1992 y lo ratificó en 2001. De la cual se desprende la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) como máximo órgano.
Según la CONVEMAR, en su artículo 136 declara que el lecho marino de las aguas internacionales pertenece a toda la humanidad, en este sentido deposita en la AIFM la titularidad para actuar en nombre de este patrimonio.
En este sentido la Convemar fue ideada para proteger el derecho que tiene toda la humanidad a conservar el mar como un patrimonio colectivo, no un espacio para el saqueo y la devastación. Pero contradictoriamente según la Cancillería tica la representación de Costa Rica facilita uno de los eventos de la Convemar en el cual: “… los Estados Miembros se encuentran negociando las regulaciones para una eventual explotación minera de los fondos marinos”. Es decir, abrirle las puertas a la explotación minera dentro de sitios que son patrimonio de la humanidad.
Desde hace muchos años la Autoridad Internacional de Fondos Marinos ha sido cuestionada en diversas ocasiones por ser un órgano poco transparente (2) y al mismo tiempo incoherente ya que se encuentra tomado por intereses de las corporaciones que buscan la apertura de la minería marina en todo el planeta (3).
En este marco la representación de Costa Rica depositada en la persona de Gina Guillén se está prestando para las posibilidades de que se exploten minerales el fondo marino avancen en un clima de supuesta “regulación” pero que en la práctica lo único que viene a hacer es legalizar la destrucción de los lechos marinos y con eso la biodiversidad y la riqueza de los mares.
Las presiones por explotar nódulos de manganeso y nódulos de cobalto del fondo del mar. En la mesa se encuentran actualmente unas 29 solicitudes de entidades (gobiernos y empresas) que buscan explotar distintos minerales del fondo del mar. Si las negociaciones donde Costa Rica fructifican estás podrían ser una realidad.
Es importante que el Gobierno de Costa Rica clarifique su posición sobre la explotación minera en el fondo del mar, ya que resulta muy contradictorio que el país se venda a nivel global como protector de la naturaleza cuando en realidad está facilitando procesos de destrucción.
La investigadora estadounidense Kristina Lyons expuso los principales hallazgos de sus investigaciones sobre la explotación de la tierra en Putumayo, Colombia
Campesinos y agricultores autóctonos son los principales afectados por el uso de agroquímicos y la producción en masa. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora y antropóloga, Kristina Lyons, retrató en su más reciente visita a Costa Rica la forma en que las prácticas agroquímicas desarrolladas en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, afectan la vida de las comunidades del lugar.
La estadounidense señaló la problemática que enfrentan estas poblaciones al convivir con abusos por parte de las autoridades colombianas, quienes utilizan agroquímicos y herbicidas para exterminar los sembradíos de plantas autóctonas aduciendo su ilegalidad.
Estas conclusiones son el resultado de una ardua investigación que Lyons ha efectuado en la Amazonía colombiana, cuyos resultados parciales fueron expuestos en la Universidad de Costa Rica (UCR) durante su reciente visita al país.
De acuerdo con la investigadora, los pueblos de Putumayo expresan su denuncia de diferentes maneras, incluso mediante el uso de árboles quemados por agroquímicos para construir cruces que colocan en las fosas comunes no reconocidas.
“Los árboles fumigados se quedaban secos. Por eso, la gente los utilizaba para marcar fosas comunes consecuencia de la violencia paramilitar en la zona. Las personas emplean las cruces para señalar culpabilidades específicas que se enfrentan con la impunidad del Estado y su matrimonio con Monsanto”, apuntó.
La académica, que actualmente labora en la Universidad de Pennsylvania, aseguró que este problema es una secuela de la dominación capitalista que ejerce el norte global sobre el sur global, en razón de las prácticas agrícolas vigentes que priorizan la producción en masa con fines de exportación.
Lyons enfatizó que esa perspectiva de desarrollo legitima el uso de los agroquímicos, lo cual genera un significativo deterioro de la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las localidades donde se explota el suelo.
“Las ciencias agrícolas modernas están profundamente enraizadas en las estructuras capitalistas responsables del despojo de estas comunidades, las convierten en consumidoras en vez de productoras de alimentos. Ya nos han advertido de la captura de la ciencia y la academia al servicio del capitalismo”, acotó la investigadora.
Kristina Lyons visitó la UCR como parte de la divulgación de las conclusiones de su trabajo en la Amazonía colombiana, pues próximamente publicará los resultados concretos de sus investigaciones por medio de un libro.
Róger Bolaños Vargas
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
(FECON, 13/11/2019) En el marco de la presentación del Informe del Estado de la Nación 2019 resalta entre sus resultados la invasión del agro-negocio de la piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas y de humedales, también protegidos por ley (1).
El Programa del Estado de la Nación revela que existen 3.824 hectáreas sembradas con piña dentro del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado. Estos datos revela un aumento de más del 50% reportada hace un año cuando FECON denunció que existían cerca de 1300 Ha de piña en las mismas ASP (2).
Además esta edición del Estado de la Nación revela que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales. Espacios de vida claves para la conservación de la naturaleza y evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones.
Existe un conflicto importante entre la vocación de conservación de la naturaleza del país y la dinámica productiva de expansión de monocultivos destructivos como lo es la piña en Costa Rica. El aumento de piñeras metidas en ASP en un 300% es una muestra de que la expansión piñera es una de las emergencias ambientales más importantes que afrontamos en al país.
En promedio en la Secretaría Técnica Ambiental se aprueban tres mil hectáreas anuales de piñeras de forma legal, pero la mayoría de esta expansión se da de manera ilegal, como las que se dan dentro de Áreas Silvestres Protegidas y Humedales.
Al mismo tiempo que se expande descontroladamente la piña, el gobierno mira para otro lado y hasta niega que sea un problema importante la expansión piñera.
(FECON, 13/10/2019) La noche de ayer el Consejo Municipal de Desamparados aprobó una moción que suspende los permisos a la empresa constructora del Residencial La Arboleda, dicha empresa pretende levantar en la Loma Salitral un condominio de 800 casas. El sitio es considerado de gran importancia ecológica por ser el último reducto de bosque premontano en el Valle Central.
La moción presentada por distintas regidurías desamparadeñas hace que los premisos municipales de construcción para La Arboleda sean suspendidos hasta no se resuelva el juicio contencioso administrativo interpuesto en contra de la viabilidad ambiental. Las organizaciones ambientalistas de Desamparados han objetado vicios de procedimiento en la adjudicación de dichos permisos.
Información y contacto con Eduardo Galena, Salvemos la Loma Salitral, teléfono: 8355 7501
(FECON, 8/10/2019.) Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.
Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.
El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.
Por otro lado, mientras Enrrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.
Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Saenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindústria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.
Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.
El señor Alberto Cole de León, Alcalde de Osa por el PLN; Oscar Cascante Cascante, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y personeros del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), sostuvieron una reunión con el señor Aurelio Mora Lázaro y Yajaira González Rojas, presidente y secretaria de la Asociación de Desarrollo de Boruca (ADI), para revivir la construcción de un Atracadero en Playa Piñuela, área de uso ancestral de los Borucas.
Según el alcalde Cole, la reunión era para que “de manera conjunta replantear la posibilidad de solucionar y avanzar con la construcción de esa obra portuaria que permitirá desarrollar de manera sostenible esa importante obra en Piñuela”.
Trascendente mencionar que la anterior administración de la ADI Boruca, se opuso rotundamente a esa construcción y que el 4 de julio del 2018, INCOP desistió de impulsar esa obra. Pero a finales del mismo mes, de nuevo esa institución la retomaba (misteriosamente).
Según la organización indígena local: “La construcción de un atracadero en Playa Piñuela, acabaría por completo con la práctica milenaria del pueblo de Boruca, de tintar hilos con el caracol múrice. El impacto directo sobre esa especie, los acabaría por completo en esa playa y los aminoraría sustancialmente en las playas circundantes, por efectos de combustibles, aceites, ruido de motores, circulación humana, muerte de sus fuentes alimentarias, entre otros.
Las organizaciones locales anuncian que “tomarán acciones inmediatas al respecto”.
El planeta podría alcanzar el umbral crucial de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para 2030, aumentando el riesgo de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos
Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para el planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La situación climática actual es crítica y hay que tomar medidas drásticas, afirma el biólogo marino Jairo Serná Bonilla, especialista en servicios ecosistémicos y producción sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica.
Reducir el consumo de agua, aplicar una visión de resiliencia en la infraestructura sanitaria, mejorar las capacidades técnicas de los profesionales que trabajan en el área, son las principales acciones que se deben implementar para frenar sus efectos, según Serná. Además urge utilizar la información hidro meteorológica para la toma de decisiones y poner más atención a la afectación que están teniendo los sectores productivos del país.
El experto participó este lunes 28 de octubre en el simposio «Cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible» que se realizó en el marco de la Jornada de Salud Ambiental 2019, en donde se discutió el significado del concepto de desarrollo, las oportunidades que tiene el país para avanzar más rápido con los ODS, el papel de la salud ambiental en la crisis climática y la proyección para 2030 sobre el futuro del planeta.
Jairo Serná en su exposición. Foto: Anel Kenjekeeva.
Serná agregó que mitigar los efectos del cambio climático es un esfuerzo que se debe realizar, pero que la adaptación es el eje fundamental de trabajo ante esta problemática. Citó como ejemplo la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está vigente en el país desde 2018 y se enfoca en transitar hacia un modelo de desarrollo resiliente, que evite las pérdidas humanas y modere los daños materiales generados por los efectos adversos del cambio climático.
Esta política busca contribuir a la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y aprovechar las oportunidades para innovar y transformar los sectores productivos del país, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos. Esto mediante una adaptación integrada que combina la conservación de los ecosistemas, la participación de las comunidades y la gestión local del riego de desastres
Desarrollo ¿sostenible?
Uno de los temas que más se debatió en la jornada fue el significado de «desarrollo» y qué tan «sostenible» puede llegar a ser. Serná detalló que «durante mucho tiempo hemos venido trabajando en tratar de limitar el desarrollo hasta cierto punto. Y quizás cuando hablamos de sostenibilidad es precisamente cuando nos damos cuenta que quizás el desarrollo, como lo estamos percibiendo ahorita, necesita una reflexión mucho más profunda y seria».
«Alcanzar el nivel de vida que tienen los países desarrollados no significa en realidad un verdadero desarrollo. Si hablamos de desarrollo, tenemos que pensar en una manera que nos permita mejorar la vida de todos los seres humanos, sin que deterioremos la base de recursos naturales y sin que perdamos elementos claves de nuestra cultura», aseveró.
El experto señaló que si vemos el Desarrollo Sostenible como una nueva meta o un nuevo paradigma, en donde estamos reconociendo el valor del conocimiento tradicional, el de la naturaleza y el de una serie de valores mucho más humanos, probablemente podamos llegar a resolvernos esa duda de qué es desarrollarse con sostenibilidad.
Actividades clave para Costa Rica como el turismo se verán seriamente afectadas por el cambio climático, principalmente en zonas como Guanacaste. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la industria turística aporta un 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) a la economía de Costa Rica, y llega al 8,2% del PIB producto de los efectos indirectos que éste genera. En 2016, el sector turístico brindó 211.000 puestos de empleo directos, es decir, el 8,8% del empleo en el país para ese año.
La otra duda es si se logrará en el tiempo adecuado.«Luego de 2030 vamos a tener que seguir haciendo lo que ya hacemos, pero innegablemente vamos a tener que estar frente a un horizonte muy diferente, en donde los patrones de consumo y de uso de los recursos naturales no van a ser para nada semejantes a los niveles a que alcanzamos en este momento; como que una persona en un país pueda consumir 200 litros de agua por día, eso va a ser imposible», añadió.
«Hay que revalorizar muchas cosas. Ahorita hay ciertas cosas que nosotros no le damos un valor porque todo tratamos de monetizarlo y eso es un gran problema, porque ¿cómo podemos monetizar la sombra que da un árbol o el servicio que prestan las raíces de ese mismo árbol cuando abren espacio para que el agua pase y llegue hasta la tierra? Yo creo que para 2030 ese cambio ya se tiene que haber dado o sino la naturaleza misma se encargará de hacer los ajustes. Y hay que ser consciente de que cuando la naturaleza hace ajustes, los hace de una manera drástica», finalizó.
En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar este acuerdo y se comprometió a implementar acciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Jornada de Salud Ambiental de este año buscó reflexionar y generar conocimiento sobre el cambio climático. Esta actividad se realiza bajo el marco del curso «Educación para la salud ambiental», impartido por los docentes Paula Hernández y Wilfred Zúñiga en el tercer año de la carrera de Salud Ambiental. Los y las estudiantes del curso se dividen en cuatro grupos con tareas específicas (financiación, protocolo, divulgación y alimentación) para organizar la actividad.
Cada año se invita a un egresado de la carrera a exponer sobre el trabajo que hace como profesional en Salud Ambiental. Este año participó Esteban Aguilar, quien es funcionario del Ministerio de Salud. En este simposio también participó Evelyn Hernández, funcionaria de la Municipalidad de Desamparados, quien compartió los logros que ha tenido la municipalidad en relación con el manejo de desechos y el compostaje en el cantón.
Entre el público estuvieron estudiantes de la carrera de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes reciben formación para ser capaces de medir y monitorear los niveles de contaminación y deterioro ambiental en el país y colaborar en la conformación de políticas de salud ambiental a nivel estatal. Foto: Anel Kenjekeeva.
José Andrés Céspedes Campos
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
• 18 personas muertas, 2128 detenidas, 376 heridas, decenas
de mujeres violadas y cientos de desaparecidos son el saldo del Estado de
Emergencia en Chile
• No se puede hablar de ecología si un gobierno manda a
disparar a su pueblo
(FECON, 25-10-2019.) En Chile se reportan violentos
episodios de represión por parte del Ejercito debido al Estado de Emergencia
impuesto por el presidente Sebastián Piñera para aplacar las protestas contra
al gobierno. Estas movilizaciones demandan una mejor calidad de vida y equidad.
Las organizaciones sociales chilenas señalan que la gran mayoría de estas
protestas se han desarrollado pacíficamente, pero son reprimidas brutalmente.
Es muy contradictorio que el Gobierno de Carlos Alvarado se
sienta abanderado de los Derechos Humanos y no advierta al gobierno chileno por
reprimir violentamente a manifestantes pacíficos justamente antes de la COP25.
Desde el pasado 18 de octubre el ejército chileno reprime
las jornadas de protesta por el alto costo de la vida y una serie de
descontentos de la población más pobre. Según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en al marco de las manifestaciones se han reportado 18
muertos, al menos 2.128 habrían sido detenidas por la policía y el ejercito;
entre ellas 243 niños, niñas y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellas
fueron desnudadas en actos policiales. Además, hay reporte de 376 personas
habrían resultado heridas, de las cuales al menos 173 por arma de fuego (1).
Por su parte las organizaciones sociales chilenas denuncian
que estos episodios de violencia estatal no se habían visto desde la última
dictadura militar impuesta por Augusto Pinochet (2). Régimen que comenzó en
1973 y terminó en 1991. Según reporta la Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas (ANAMURI) desde que acabó la dictadura no se había visto al ejército
chileno reprimir violentamente alguna protesta.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos a denunciado los
Carabineros y militares por agresiones sexuales y violaciones a detenidas. La
Asociación de Abogadas Feministas han registrado casos en los que los oficiales
militares han obligado a las mujeres a desnudarse en los centros de detención
(3).
Es contradictorio, por parte del gobierno de Piñera, que se
estén violentando los Derechos Humanos en Chile y se pretenda celebrar la
próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones
Unidas, conocida como la COP25.
Para una discusión tan trascendental, como el Cambio
Climático, debe de darse en un marco total de respeto a los Derechos Humanos.
Ya desde 2014 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha señalado la
ineludible relación entre la discusión Climática y los Derechos Humanos (4).
Por esta razón, el gobierno de Costa Rica debe de mandar una
señal clara al gobierno de Sebastián Piñera y señalar que suspende su
participación en la COP25 mientras se continué con el Estado de Emergencia y la
represión de los manifestantes.
Por otro lado, ya el diputado francés Alexis Corbière ha
solicitado al gobierno de Francia suspender la participación en la COP25 en
Chile debido a estos actos de represión (5). El legislador galo ha señalado a distintos
medios de comunicación que “no se puede hablar de ecología si un gobierno manda
a disparar a su pueblo”.
Instamos a Carlos Alvarado a demostrar un verdadero
compromiso con los Derechos Humanos señalando su desaprobación por los
episodios de represión contra los manifestantes en Chile y le comunique la
suspensión de la participación de Costa Rica en la COP25 hasta no se cese el
actuar asesino de ejército chileno.
1. CIDH condena
excesivo uso de la fuerza y rechaza toda forma de violencia en el marco de las
protestas sociales en Chile
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/270.asp
2.La rebelión popular en Chile
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-rebelion-popular-en-Chile
3. Chile: denuncia por torturas contra los Carabineros
https://www.pagina12.com.ar/226908-chile-denuncia-por-torturas-contra-los-carabineros
4.Derechos humanos y cambio climático
https://www.ohchr.org/SP/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx
5. Chile mantiene en pie cumbre de cambio climático de la
ONU a pesar de disturbios
