(FECON, 2-4-2019). Por medio del oficio N° 04903-2019-DHR (archivo adjunto), del 29 de abril del 2019 titulado: “Informe Final con Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes con respecto a la solicitud de prohibición del herbicida glifosato”. Expediente 2773-43-2017-SI, mismo que fue abierto debido a la denuncia del Dr. Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
En esta resolución «…la Defensoría considera que se debe proceder a prohibir de manera expresa y explícita cualquier uso no agrícola del glifosato, particular y específicamente, su uso como herbicida para control de malezas en espacios públicos y zonas urbanas».
Sumado a lo anterior la Defensoría de los Habitantes señala: «… se considera necesaria y se apoya la propuesta de decreto ejecutivo para la prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”.
Así mismo recomienda al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Valorar el documento “Glifosato: Caracterización de los posibles efectos para la salud y vías de exposición”, y la propuesta de decreto ejecutivo para la “prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”, elaboradas por la comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Salud, con el fin de que se prohíba el uso del glifosato, sus sales y las formulaciones que las contengan.»
Contacto: Jaime García, teléfono 8723 7343
Enviado por FECON.
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(FECON, 29 de abril 2019). La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa propone reformar ley para permitir corta de árboles que se encuentren en las orillas de las calles. Dicha reforma se encuentra en el Expediente Nº 20995: “Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General de Caminos Públicos, n.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas”.
En concreto, esta reforma establecería la posibilidad de que instancias estatales y municipales talen arboles localizados sobre el derecho de vía, esto sin que tengan que solicitar permiso, ni evaluar el impacto ambiental. Además este proyecto de ley propone que cualquier obra que se realice dentro de cauces de ríos en derechos de vía estarán exoneradas de los permisos cuando las obras correspondan a puentes, pasos de alcantarilla y muros de contención asociados a estos.
Desde la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza mostramos nuestra oposición a la Comisión de Asuntos Jurídicos por considerarlo una clara regresión en materia de derechos ambientales sin sustento técnico ni científico. Sobre esto la Sala Constitucional ha señalado sobre la progresividad y no regresión en normativa ambiental lo siguiente:
“El principio de la no regresividad del derecho ambiental lo podemos expresar, entonces, como el impedimento de que una medida establecida por las autoridades públicas sea contrario a una conquista ambiental, como su la consecución de un objetivo ambiental y, por ende, no es procedente su sacrificio cuando no estéstentado en los estudios técnicos y científicos.” (Sala Constitucional, voto No. 5616-2015).
Un ejemplo dramático sobre el impacto de esta reforma podría tener se puede analizar a la sombra de la ampliación de la Ruta 32. En dicho proyecto se han talado un total de 6.679 árboles los cuales tuvieron que ser inventariados y presentados como parte de Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación. Según el Inventario Forestal Nacional de 2015: la densidad promedio de los bosques en Costa Rica es de 321 árboles por hectárea. Para efectos de la ampliación de la Ruta 32 podemos decir que ha deforestado lo equivalente a 20,8 hectáreas de bosque. Con la modificación que platean los diputados de la República esto hubiera sido un mero trámite de comunicación previa al MINAE. Lo que acorta la posibilidad de solicitar medidas compensatorias o de mitigación de la tala.
Este proyecto de ley elevaría la conflictividad ambiental en el país debido a que cuando se dispongan las autoridades públicas a deforestar el derecho de vía sin previa viabilidad ambiental ni social. Según el Contralor Ambiental se registraron unas 3620 denuncias ambientales en 2018 de estas un 44,1% están relacionadas con aspectos forestales (https://tinyurl.com/y5gnuuzn).
Constantemente se reportan disconformidades de personas que denuncian la corta de árboles en vía pública debido a que muchos de estos árboles son parte de las dinámicas barriales o vecinales y se encuentran insertos en la identidad de un lugar o comunidad. La tala de este tipo de símbolos comunitarios representan pérdida ambiental, histórica, estética y de salud pública. Se puede mencionar el ejemplo de lo vivido recientemente en Brasilito de Guanacaste, donde la Municipalidad de Santa Cruz se enfrenta en este momento a la oposición de residentes de la zona que defienden los árboles (https://tinyurl.com/y4yblckc).
Los impulsores de esta reforma son los diputados Pablo Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón, Trejos, Daniel Ulate Valenciano, Pedro Muñoz Fonseca, Giovanni Gómez Obando, Luis Carranza Cascante y las diputadas Paola Vega Rodríguez, Ana Niño Gutiérrez y Marulin Raquel Azofeifa.
Resulta contradictorio que la diputada Paola Vega dice ser sensible al tema ambiental, pero en la práctica impulsan reformas nocivas para la conservación de la naturaleza y golpea la identidad más local de muchas comunidades costarricenses.
Contacto: Henry Picado Cerdas. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza. Teléfono: 8760 9800.
Enviado por FECON.
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Entrevista a don Guillermo Vargas Leiton, gerente de la cooperativa Monteverde de Costa Rica, que además desarrolla turismo comunitario en su país.
En la laguna Antihuala, provincia de Arauco, Chile, conoce de la primera etapa del proyecto de restauración de la ladera con bosque nativo y realiza propuesta para un turismo sustentable, donde la participación ciudadana y la educación de los niños es fundamental.
Ver entrevista:
Tomado de Antihuala Noticias
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