(FECON, 29 de abril 2019). La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa propone reformar ley para permitir corta de árboles que se encuentren en las orillas de las calles. Dicha reforma se encuentra en el Expediente Nº 20995: “Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General de Caminos Públicos, n.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas”.
En concreto, esta reforma establecería la posibilidad de que instancias estatales y municipales talen arboles localizados sobre el derecho de vía, esto sin que tengan que solicitar permiso, ni evaluar el impacto ambiental. Además este proyecto de ley propone que cualquier obra que se realice dentro de cauces de ríos en derechos de vía estarán exoneradas de los permisos cuando las obras correspondan a puentes, pasos de alcantarilla y muros de contención asociados a estos.
Desde la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza mostramos nuestra oposición a la Comisión de Asuntos Jurídicos por considerarlo una clara regresión en materia de derechos ambientales sin sustento técnico ni científico. Sobre esto la Sala Constitucional ha señalado sobre la progresividad y no regresión en normativa ambiental lo siguiente:
“El principio de la no regresividad del derecho ambiental lo podemos expresar, entonces, como el impedimento de que una medida establecida por las autoridades públicas sea contrario a una conquista ambiental, como su la consecución de un objetivo ambiental y, por ende, no es procedente su sacrificio cuando no estéstentado en los estudios técnicos y científicos.” (Sala Constitucional, voto No. 5616-2015).
Un ejemplo dramático sobre el impacto de esta reforma podría tener se puede analizar a la sombra de la ampliación de la Ruta 32. En dicho proyecto se han talado un total de 6.679 árboles los cuales tuvieron que ser inventariados y presentados como parte de Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación. Según el Inventario Forestal Nacional de 2015: la densidad promedio de los bosques en Costa Rica es de 321 árboles por hectárea. Para efectos de la ampliación de la Ruta 32 podemos decir que ha deforestado lo equivalente a 20,8 hectáreas de bosque. Con la modificación que platean los diputados de la República esto hubiera sido un mero trámite de comunicación previa al MINAE. Lo que acorta la posibilidad de solicitar medidas compensatorias o de mitigación de la tala.
Este proyecto de ley elevaría la conflictividad ambiental en el país debido a que cuando se dispongan las autoridades públicas a deforestar el derecho de vía sin previa viabilidad ambiental ni social. Según el Contralor Ambiental se registraron unas 3620 denuncias ambientales en 2018 de estas un 44,1% están relacionadas con aspectos forestales (https://tinyurl.com/y5gnuuzn).
Constantemente se reportan disconformidades de personas que denuncian la corta de árboles en vía pública debido a que muchos de estos árboles son parte de las dinámicas barriales o vecinales y se encuentran insertos en la identidad de un lugar o comunidad. La tala de este tipo de símbolos comunitarios representan pérdida ambiental, histórica, estética y de salud pública. Se puede mencionar el ejemplo de lo vivido recientemente en Brasilito de Guanacaste, donde la Municipalidad de Santa Cruz se enfrenta en este momento a la oposición de residentes de la zona que defienden los árboles (https://tinyurl.com/y4yblckc).
Los impulsores de esta reforma son los diputados Pablo Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón, Trejos, Daniel Ulate Valenciano, Pedro Muñoz Fonseca, Giovanni Gómez Obando, Luis Carranza Cascante y las diputadas Paola Vega Rodríguez, Ana Niño Gutiérrez y Marulin Raquel Azofeifa.
Resulta contradictorio que la diputada Paola Vega dice ser sensible al tema ambiental, pero en la práctica impulsan reformas nocivas para la conservación de la naturaleza y golpea la identidad más local de muchas comunidades costarricenses.
Contacto: Henry Picado Cerdas. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza. Teléfono: 8760 9800.
Enviado por FECON.
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Entrevista a don Guillermo Vargas Leiton, gerente de la cooperativa Monteverde de Costa Rica, que además desarrolla turismo comunitario en su país.
En la laguna Antihuala, provincia de Arauco, Chile, conoce de la primera etapa del proyecto de restauración de la ladera con bosque nativo y realiza propuesta para un turismo sustentable, donde la participación ciudadana y la educación de los niños es fundamental.
Ver entrevista:
Tomado de Antihuala Noticias
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(FECON, 24 de abril 2019) Este jueves 25 de abril a las 2:00PM representantes de Pérez Zeledón y Turrialba marcharon por San José para defender el Río San Rafael y el Río Bonilla respectivamente. A inicios de esta semana organizaciones ecologistas presentaron documentación ante el Ministerio de Ambiente y Energía para demostrar la inconveniencia de la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos. Defensores del Río San Rafael, el Movimiento Ríos Vivos y la FECON han solicitado al ministro Carlos Manuel Rodríguez denegar la conveniencia nacional al proyecto hidroeléctrico San Rafael.
Las organizaciones ambientales consideran que estos proyectos hidroeléctricos privados son innecesarios para el país e inconvenientes para la sociedad costarricense.
Al contrario de lo que se plantea el Gobierno de la República hay una tendencia internacional enorme hacia el desmantelamiento de las represas ya existentes y la prohibición de la construcción de futuras represas. Solamente en los Estado Unidos, cerca de 1,200 represas han sido desmanteladas. En Francia, más de 5,000 pequeñas represas han sido removidas en los últimos 25 años. La destrucción de las represas hidroeléctricas también ha ganado un momento significativo en Europa empezando en el año 2000 después de que la Unión Europea adoptó la Water Framework Directives- European Commission, que requiere que los estados miembros mejorar las protecciones a la ecología de los lagos y los ríos. También hay planes de destruir represas hidroeléctricas en todo España, Holanda y Dinamarca en el 2019.
Datos oficiales del ICE y respaldados por la Contraloría General de la República, reafirman lo que desde hace años expusimos como tendencia consolidada, Costa Rica cuenta con una sobreoferta de capacidad instalada que prácticamente doblaba la demanda máxima histórica.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (2016: 23) en julio del 2016 se registró un pico máximo de demanda de 1.674 megavatios (MW), cuando en ese momento la capacidad instalada pública y privada de todas las fuentes en el país era de 3.243 MW. A esta sobre oferta instalada con respecto de la demanda, la hemos denominado “excedente relativo”, y para ese año llegó a ser de 1.568 MW, prácticamente el doble de lo que consumimos. En años posteriores la demanda máxima ha sido menor, lo que coloca al país en mejores condiciones para satisfacer su demanda eléctrica. Los registros del Sistema eléctrico nacional que dan cuenta de la “operación en tiempo real”, es decir, el registro más actualizado posible, indican que, por ejemplo, el 28 de agosto del 2018, a las 12 del día, una de las horas de más consumo, la demanda total fue de 1.541 MW. El 4 de marzo del 2019 a las 4:15 de la tarde la demanda máxima llegó a los 1.497 MW. Es decir, 177 MW menos de consumo que cuando el excedente relativo fue de 1.568 MW (ver cuadro). En otras palabras: si revisamos la relación demanda máxima con la capacidad instalada el 4 de marzo de 2019, el excedente relativo es de 1.745 MW.
Costa Rica no requiere generación privada de electricidad. El PH San Rafael, y cualquiera otro que se pretenda construir es totalmente innecesario y carece de cualquier interés, pues la demanda nacional está debida y sobradamente satisfecha. Es virtud de esto, la empresa HSolís carece de cualquier asidero para argumentar la supuesta necesidad de su proyecto. No existe ninguna razón social, necesidad nacional, interés público, o urgencia de más electricidad, con base en la cual se pueda argumentar esa supuesta necesidad que lleve a otorgarle “conveniencia nacional”. En caso de obtenerla, el MINAE y el Poder Ejecutivo, podrían incurrir en delitos, dado que no se puede justificar su necesidad o conveniencia para la sociedad costarricense.
Contactos para información a los teléfonos:
Luis Monge: 8921 4621
Osvaldo Duran: 8380 0955
Referencia:
Contraloría General de la República (CGR). (2016). INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016, 23 de diciembre, 2016; Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica. Recuperado de
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2017/SIGYD_D_2017000696.pdf
Enviado por FECON.
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Mañana jueves 25 de abril, de 4 a 6 p.m. se estará llevando a cabo una concentración frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia. En esta actividad se estarán recogiendo firmas de apoyo para:
– Acción de Inconstitucionalidad Nº 19-995920-0007-CO contra el Decreto Ejecutivo 41 481-MAG, presentado por el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), para que este decreto sea declarado como inconstitucional por estimarlo contrario a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.
– Recurso de Amparo 19-001662-0007-CO, presentado por familiares y/o afectados directos por la enfermedad renal crónica no tradicional de Guanacaste, para que se cancele y prohíba el uso del glifosato en Costa Rica.
Enviado por FECON.
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