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De la Huerta a la Mesa

Canastas agroecológicas de hortalizas y hojas verdes Frescas, sanas, libres de agroquímicos Producidas en huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.

Esta semana ofrecemos: 4 tipos de lechugas, berros, culantro, acelga, zapallo, zanahorias, remolachas, cebollas, kale, eneldo y perejil.

A proveche y haga hoy su pedido. Se lo vamos a dejar a su casa por 6.500 colones.

El día de entrega es el día viernes.

Tel. 8760-9800

Correo: agrobici@gmail.com

 

Enviado por Henry Picado.

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ICE firma contrato de conexión con la megaempresa H. Solís

ICE firma contrato de conexión con la megaempresa H. Solís para el cuestionado Proyecto Hidroeléctrico San Rafael

(Ríos Vivos, 25-01-2019.) Pudimos constatar que el ICE firmó el Contrato de Conexión con la empresa H.Solís para la hidroeléctrica San Rafael. Es incomprensible la firma de este contrato cuando para entonces la empresa ni siquiera había solicitado la Declaratoria de Conveniencia Nacional, la cual es un requisito indispensable y que está siendo analizada por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente.

La solicitud de la Conveniencia Nacional es cuestionada por las comunidades y organizaciones, ya que la hidroeléctrica San Rafael no es conveniente para los intereses de la ciudadanía. La misma directora ejecutiva del ICE reconoció en días pasados que la energía producida por generadores privados – como H.Solís- tiene costos más altos y esto encarece la factura eléctrica, así mismo luego de la suspensión momentánea del Proyecto Diquís se reconoció que el país no necesita generar más electricidad, ya que hay una sobre oferta y el consumo tiende a disminuir.

Nos preocupa que el ICE, a pesar de conocer y divulgar esta información, esté dispuesto a adquirir energía en condiciones desfavorables, y además haya adquirido un compromiso contractual sin que la empresa completara los requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto Hidroeléctrico.

Este contrato firmado a priori se puede interpretar como una forma de presionar para que se firme la Conveniencia Nacional, y además el mismo ICE se pone la soga al cuello, ya que el contrato podría dar pie al cobro de una indemnización a favor de la empresa H.Solís.

Y es que no se trata de cualquier empresa, es la concesionaria preferida del gobierno para la construcción de obra pública con contratos de ciento dos mil millones de colones.

El trámite de la hidroeléctrica San Rafael ha avanzado en las distintas instituciones a pesar de la fuerte oposición social y las irregularidades señaladas en las diferentes instituciones. Este contrato es más de lo mismo y confirma la carencia de verdaderos espacios de participación ciudadana y el favorecimiento sistemático del Estado hacia los negocios privados que explotan los recursos naturales.

Contacto: Angélica Alvarado 8583-0253; Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica-FECON.

 

Imagen con fines ilustrativos.

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Denuncian otorgamiento irregular de certificados de uso de suelo en Pérez Zeledón

25 certificados de uso de suelo otorgados irregularmente por la ex alcaldesa Vera Corrales, quién no cuenta con el criterio técnico necesario para esto. Los permisos fueron concebidos a la empresa H. Solís, a pesar de que:

  • En el Concejo Municipal en el 2016 tomó un acuerdo para no emitir permisos a proyectos hidroeléctricos que se pretendieran construir a lo largo del río San Rafael, apegado al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador. Dicho acuerdo fue denunciado por la empresa y la Sala Constitucional resolvió a favor de la autonomía municipal para emitir o denegar permisos de acuerdo con su Plan Regulador. A pesar de esto, la Administración Municipal derogó el acuerdo que protegía el río San Rafael.
  • El Plan Regulador de Pérez Zeledón de 1998, indica explícitamente que la zona donde se ubicaría el PH San Rafael, es catalogado como “de alto riesgo por deslizamiento”, según la Comisión Nacional de Emergencias, por lo cual se indica que “la Municipalidad de Pérez Zeledón no autorice ningún permiso dentro del área inestable…” “…el proceso de inestabilidad en el deslizamiento Zapotal continuará a través del tiempo a lo largo de la quebrada Mollejones y con sus implicaciones en el cauce del río San Rafael, donde las manifestaciones fueron más notables”.

Comisión Pro Defensa del Río San Rafael

Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Compartido por James Carazo en redes digitales.

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Agroquímicos en la Sala Constitucional

  • Ambientalistas presentan una acción de incostitucionalidad contra decreto de registro de plaguicidas

  • El decreto es cuestionado por eliminar análisis toxicológicos y ecotoxicológicos de venenos

  • Decreto amarra de manos al Ministerio de Salud y MINAE para evaluar integralmente los plaguicidas que ingresen al país

  • Procuraduría de la República le da la razón a ambientalistas y recomienda anular dicha normativa

(Bloque Verde) El registro de plaguicidas sin evaluación toxicológica están siendo revisados a la luz de la Constitución Política en el los Tribunales de Justicia bajo el expediente 18-019039-0007-CO. Mediante esta acción legal se pretende la anulación por inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 39995-MAG Reglamento Para La Actualización De La Información De Los Expedientes De Registro De Ingrediente Activo Grado Técnico Y Plaguicidas Formulados, publicado el 16 de enero del 2017.

La Procuraduría General de la República (PGR) explica en su informe ante la Sala Constitucional al respecto del decreto impugnado que “no existen criterios técnicos que justifiquen el contenido de la norma y que determine que con los requisitos exigidos no es posible llevar a cabo una adecuada valoración del riesgo ambiental y sanitario, se estaría violentando el principio de no regresión ambiental, el de objetivación de la tutela ambiental, el preventivo y el precautorio”.

Según los ambientalistas el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace caso omiso al marco legal existente y a pronunciamientos ya existentes de la Contraloría General de la República y anteponen sus gestiones a los intereses privados del agro negocio sobre la salud pública y ambiental.

Poder Ejecutivo más nocivo el Reglamento en enero de 2019

Más grave aún es que la nueva y reciente reformar el reglamento de registro de IAGT (N°39995) firmado desde el MAG y la Presidencia de la República se hizo pasándoles por encima y sin consultar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía. La reforma fue publicada en La Gaceta del 11 de enero de 2019, en el decreto N°41481 confeccionada a la medida de intereses comerciales y en menos cabo de la salud de la población y el ambiente. Lo anterior debido a que esta reforma, firmada por el presidente Carlos Alvarado y y el actual ministro Renato Alvarado, amplía el tiempo a cinco años para que empresas presentar información. Disminuye el tiempo de respuesta para SFE de meses a unos días. La información química del plaguicida es una simple es casi inexistente. Sumado a lo anterior las empresas trasnacionales vendedoras de venenos, ahora pueden pedir homologación de uso si se trata del mismo IAGT, lo grave es que esto ahora lo permiten con una simple solicitud sin presentar pruebas de eficacia del plaguicida, lo cual ponen en en condición de indefención a los misma agroindustria que no tiene garantía de que dicho plaguicida sea eficiente.

Para Henry Picado de FECON “El Poder Ejecutivo dejó de lado su función de regular, que por principio constitucional le correspondía ejercer en materia de agrovenenos para salvaguardar la salud y el ambiente de los costarricenses, y cede ante la presión de la industria de agroquímicos al publicar Decreto Ejecutivo No 39995”.

Picado agregó que “El objetivo de la industria es introducir plaguicidas que no cumplen con lo requerido en la legislación para ser vendidos en Costa Rica bajo el argumento de que son moléculas nuevas pero en realidad se trata la mayoría de veces de agrovenenos genéricos que no se conoce sus potenciales riesgos. El MAG con esto evita que se les realice una evaluación integral a estos plaguicidas ya que a la industria le estorba e incómoda que sus agrotóxicos sean evaluados a conciencia”.

Fabián Pacheco, miembro del Bloque Verde, señala que “el registro de plaguicidas en Costa Rica debe de realizarse de manera integral con el Ministerio de Ambiente y Salud y no se deben anteponer intereses comerciales sobre la salud pública y ambiental”.

Pacheco amplia diciendo que “De esta manera laxa e irresponsable se lograría comercializarlos por diez años dado la obtención de un registro del Servicio Fitosanitario del Estado sin evidencia certera de su impacto en el ambiente y la salud humana de la población costarricense”.

Información al teléfono 8826 2270

 

Enviado por Bloque Verde.

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Salvemos nuestros ríos

La Catarata La Bruja, ubicada en el río Bonilla, será represada por la empresa H. Solís para producción de energía privada.

El río Bonilla es parte de la sub cuenca del río Reventazón, la cual tiene más de diez represas en su cauce.

El próximo sábado 26 de enero a las 2:30 p.m. se llevará a cabo el conversatorio «Salvemos los ríos», para tratar el tema sobre el modelo energético actual en Latinoamérica.

Se contará con la participación de Erick Tomasino, representante de Red Alforja, El Salvador.

El conversatorio tendrá lugar en el Recinto UCR, Turrialba.

 

Compartido por James Cordero en redes digitales.

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FECON: Esquizofrenia minera en la Asamblea Legislativa

  • Dirección General de Salud recibió la directriz de la ministra de investigar el grave daño ambiental y de salud provocado por el mercurio

  • Mientras tanto, fracciones legislativas corren para volver a legalizar minería con mercurio y cianuro

FECON, 15-01-2019) La denuncia por contaminación con mercurio interpuesta en diciembre del año pasado por la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) ha sido aceptada por parte de la jerarca en funciones del Ministerio de Salud Dra. Alejandra Acuña Navarro y de esta forma se ordena realizar las investigaciones pertinentes desde la Dirección General de Salud. Pero al mismo tiempo, en la Asamblea Legislativa, diputados intentan legalizar la minería con cianuro y mercurio.

La denuncia interpuesta por las organizaciones ambientales es enfática en la responsabilidad es objetiva para los propietarios de la Finca Vivoyet, terreno donde se desarrolla actualmente la actividad de extracción ilegal de oro. El documento presentado por FECON tiene como objetivo hacer cumplir la legislación nacional e internacional vigente en materia de contaminación de suelos como lo es:

  • El Convenio de Minamata1, (sobre la eliminación del uso de mercurio);
  • La Ley para la Gestión Integral de Residuos (que establecen las responsabilidades de los administrados y del Ministerio de Salud en relación con la prevención y remediación de los suelos contaminados);
  • Ley Orgánica del Ambiente y el Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames (N° 37757-S)

La denuncia se basa en la evidencia del impacto ambiental negativo que ha generado la minería artesanal ilegal, dado que se da en extensiones de varias hectáreas, con profundidades de hasta 10 metros aproximadamente. Se tiene un primer dato, según el Oficio DGM – CMRHN- 11 – 2018, del 14 de marzo del 2018 de la Dirección de Geología y Minas donde se revela que se ha extraído un total de 173.873 m3 de material saprolítico (tierra y roca con oro). Puesto que la actividad de minería ilegal no ha cesado, ese volumen de material removido puede ser mayor debido a que este informe fue realizado hace 9 meses.

Es importante señalar que este material ha sido extraído del procesamiento minero artesanal con el uso de mercurio, de manera que, ahora se encuentra contaminado con mercurio y por tanto, calificaría como un suelo contaminado, con capacidad de generar lixiviados que contaminen cuerpos de agua.

En FECON vemos con buenos ojos que el Ministerio de Salud reconozca la gravedad del asunto y acepte realizar dicha investigación para sentar responsabilidades sobre quienes dejan entrar a los mineros ilegales para que destruyan la finca, el bosque y contaminen el agua.

Diputados mineros y doble cara:

Mientras las organizaciones ambientales buscamos soluciones al problema de contaminación en Crucitas, algunos diputados buscan la forma de legalizar nuevamente la minería de oro con mercurio y con cianuro. Esto pese que algunos de estos diputados han hecho politiquería con el tema de contaminación con mercurio en Crucitas a las puertas del juicio contra Oscar Arias Sánchez por corrupción en la concesión minera a Industrias Infinito.

La Comisión Especial de Guanacaste dictaminó de forma unánime el expediente 20922. Estos diputados y diputadas que votaron a favor de legalizar la minería con cianuro y mercurio y al mismo tiempo llaman “desastre ambiental responsabilidad de los ambientalistas” lo ocurrido en Crucitas. Los integrantes de la comisión son: Aida Maria Montiel (PLN), Mileydi Alvarado Arias (RN), Luis Antonio Aiza Campos (PLN), Welmer Ramos Gonzalez (PAC), Rodol Peña Flores (PUSC), Zoila Rosa Volio Pacheco (PIN), Ivonne Acuña Cabrera (RN)

Esta aprobación por unanimidad se da sin escuchar al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el cual recomendó rechazar la reforma señalando que: “que la actividad de minería artesanal desde el punto de vista privado es poco rentable. Si se realiza el análisis Costo-Beneficio Social, se determina que, con la introducción de la externalidad negativa de intoxicación por mercurio, la rentabilidad de la actividad es aún inferior. Se concluye que bajo las condiciones actuales la actividad minera artesanal es poco viable tanto desde el punto de vista privado como social, por tanto se requiere la introducción de mejores prácticas que permitan incrementar los niveles rentabilidad para los mineros y una reducción en el efecto que la misma tiene sobre la salud de los productores, reduciendo el impacto social negativo de la actividad.”

En las organizaciones ambientales nos llama la atención la forma evidente en la que estos legisladores dicen una cosa mientras hacen la contraria. Dicen proteger el ambiente, atacando a quienes evitaron el desastre de la minería de oro a cielo abierto, y al mismo tiempo intentan legalizar la contaminación con mercurio y cianuro.

Información: teléfono 87609800

1 Que es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio ratificado por Costa Rica.

 

Enviado por FECON.

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Herramientas Legales para Luchas Ambientales

Este viernes, 1 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m. se realizará el taller «Herramientas Legales para Luchas Ambientales», el cual será impartido en el Salón de reuniones de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna – Adifort.

Dicho taller cuenta con un cupo limitado de 50 personas.

La entrada a la actividad es gratuita, se estará cobrando ₡5000 por alimentación (almuerzo y refrigerio). La confirmación del espacio estará sujeta a la cancelación del monto mencionado anteriormente.

Esta actividad es organizada por Sonati Costa Rica y Edgardo Araya.

 

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Exigen rechazar solicitud de Conveniencia Nacional para hidroeléctrica San Rafael

Presidente de la República y Ministro de Ambiente: Exigimos rechazar la solicitud de Conveniencia Nacional para la hidroeléctrica San Rafael

Manifestamos nuestra preocupación por el trámite iniciado ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para la declaratoria de conveniencia nacional de la Hidroeléctrica San Rafael. El cual corresponde al expediente D1-10685-2013-SETENA.

La empresa H. Solís basa su estudio costo beneficio basándose en el Plan Nacional de Energía, documento que no refleja la realidad del país, luego de que el ICE decidiera suspender momentáneamente el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, Según declaraciones de Irene Cañas, Directora Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que: 1) El país cuenta con una sobre oferta de generación eléctrica, 2) Que la participación de empresas privadas en la generación eléctrica encarece los costos del ICE y esto se refleja en mayores tarifas para las y los usuarios.

Asimismo, movimientos comunitarios de oposición a la hidroeléctrica San Rafael han denunciado múltiples irregularidades en el trámite y aprobación de los estudios de viabilidad ambiental en la SETENA, en el trámite de la Concesión de Servicio Público otorgada por la ARESEP, irregularidades en el ICE y el otorgamiento de Certificaciones de Uso de Suelo en la Municipalidad de Pérez Zeledón, siendo anulado el uso de suelo número CRT-3079-2014-SPU (adjuntamos más detalle en un documento anexo).

Además del calvario burocrático que las comunidades han tenido que enfrentar en pro de defender el río, existe enorme preocupación por los impactos socio ambientales y las limitaciones que implicaría en el acceso a servicios ecosistémicos que brinda río para las y los pobladores de las márgenes del río San Rafael. En esa misma línea, la figura de “conveniencia nacional” consistiría en una exoneración, al PH San Rafael, de salvaguardas legales; tales como: la corta de árboles y de especies vedadas en zonas de protección y las limitaciones en cambio de uso del suelo. Todo basado en criterios de un supuesto interés superior nacional. Por lo anteriormente mencionado, la declaratoria de conveniencia solicitada es inconveniente.

Las personas y organizaciones firmantes nos manifestamos en contra del PH San Rafael y esperamos que la defensa del medio ambiente así como el bienestar comunitario de las personas vecinos y vecinas del río San Rafael prevalezca sobre el interés de la empresa privada.

Ingrese en el siguiente enlace para apoyar la petición:

Exigimos rechazar la solicitud de Conveniencia Nacional para la hidroeléctrica San Rafael

Compartido en redes digitales por James Carazo.

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Se logran acuerdos en Concejo Municipal a favor de La Carpintera

El pasado 10 de enero se convocó a los amantes de la naturaleza de la Gran Área Metropolitana, GAM, a la sesión del Concejo Municipal de La Unión con el objetivo de salvar los cerros de La Carpintera de la gran cantidad de construcciones y quemas que se están llevando a cabo en este lugar.

Según asistentes, la sala del Concejo Municipal estaba totalmente llena y se logró una resolución inmediata del tema con solo un regidor en contra.

Les compartimos los acuerdos del Concejo.

 

*Imagen de Otilio Núñez.

Enviado por Paulina Mata Monge.

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En Turrialba quieren los ríos libres

  • No a las represas en el río Bonilla

Vea el siguiente video en el cual se denuncia que la Catarata La Bruja, ubicada en el río Bonilla, será represada por la empresa H. Solís para producción de energía privada.

El río Bonilla es parte de la sub cuenca del río Reventazón, la cual tiene más de diez represas en su cauce.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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