El 1er Encuentro Agroecológico del Sur- Sur se presenta como un espacio para fomentar la colaboración entre los distintos representantes del sector del agro en la zona. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón, el próximo 5 de junio a partir de las 9 a.m, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente. Esta celebración representa un llamado a trabajar en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas libres de agroquímicos y fortaleciendo los lazos entre productores y consumidores locales.
Durante el encuentro se han planificado diversas actividades que incluyen charlas, talleres y conversatorios. Estos espacios de diálogo permitirán a los participantes intercambiar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas agroecológicas, manejo de cultivos, control natural de plagas y otras prácticas esenciales para una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las sesiones están diseñadas para inspirar a los asistentes a adoptar métodos sostenibles y a contribuir activamente al cuidado de nuestro entorno.
Entre las actividades se encuentra la Feria Agroecológica, un espacio en el que se exhibirán y comercializarán productos agroecológicos de alta calidad, fomentando a la vez las cadenas cortas de comercialización y los mercados locales. Los productores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y establecer vínculos directos con la comunidad, fortaleciendo la economía local y promoviendo el consumo responsable y saludable.
Asimismo, se llevará a cabo un intercambio de semillas, actividad que invita a los participantes a compartir variedades y conocimientos sobre cultivos adaptados a las condiciones locales. Además del encuentro, por medio de los talleres y conferencias se fomenta la interacción que facilitarán el intercambio de experiencias y la construcción de una red colaborativa en pro de la agroecología.
El encuentro se encuentra organizado por las organizaciones ambientalistas Montaña Verde, Red de agroecología Costa Rica y la Universidad Nacional. Para más información se puede contactar al correo electrónico aamontanaverde@gmail.com, al teléfono 86823299 o bien las redes sociales de las organizaciones involucradas.
Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada
San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025
En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.
Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental
Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.
Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.
La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro
La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:
• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental. • Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745. • Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). • Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente. • Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio. • Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación. • Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias. Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.
El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.
Un llamado a la acción: el poder de la unidad
La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.
El impacto de la desprotección
• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar. • Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural. • Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico. • Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio. • Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?
Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.
Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo
La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.
Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
Cali fue sede de la Cumbre Regional: Mujeres Líderes en Protección Marina
Más de 60 personas de 6 países participaron
En el marco del evento se conformó la Red de Mujeres Líderes en Protección Marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México
La Cumbre se desarrolla en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la aplicación de la legislación marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México”, liderado por WildAid, con el apoyo del Gobierno de Canadá.
Jueves 22 de mayo, 2025. Cali, Colombia. Durante tres días Cali Colombia fue el epicentro de la Cumbre Regional Mujeres Lideres en Protección Marina con representantes de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, México y Perú, desarrollada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la aplicación de la legislación marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México”, liderado por WildAid, con el apoyo del Gobierno de Canadá.
En este espacio se identificaron desafíos, oportunidades y retos desde las realidades interseccionales, intergeneracionales e interculturales, y se compartieron experiencias con el fin de fortalecer la aplicación efectiva de la legislación marina y el uso sostenible de los recursos marinos en el Pacífico Este Tropical, a través de la colaboración y la formación especializada.
El evento contó con la participación de más de 60 mujeres de seis países, quienes se desempeñan como autoridades marítimas, ambientales, pesqueras y líderes de comunidades.
“Como Presidenta Pro Témpore del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), reafirmo el compromiso de Colombia y de los países de esta alianza regional con la protección de nuestros océanos. Las mujeres en el territorio han sido históricamente las guardianas del conocimiento ancestral y del vínculo con el mar. Es fundamental que iniciativas como el CMAR las reconozcan, visibilicen y las sitúen en el centro de las decisiones por la vida, la biodiversidad y el futuro de nuestras comunidades”, indicó la Sra. Lena Estrada Añokazi, Ministra de Ambiente de Colombia.
En las actividades las participantes destacaron la importancia de reconocer los saberes tradicionales, la solidaridad y la unión, no solo entre pares sino también entre generaciones. En las intervenciones se brindaron recomendaciones técnicas para adaptar políticas públicas, marcos normativos, estructuras institucionales y presupuestos vinculados a la conservación marina con el fin de reflejar de mejor forma la participación de las mujeres en esta importante actividad. Adicionalmente, las personas asistentes comentaron la importancia del acceso a formación especializada y establecer redes de apoyo.
En su intervención, la Sra. Elizabeth Williams, Embajadora de Canadá en Colombia indicó: “A través de nuestra política exterior promovemos el liderazgo de las mujeres en la gestión de los recursos naturales, asegurando que su conocimiento sea parte del desarrollo sostenible. En este sentido, destacó la importancia de espacios como el de hoy, ya que son estos encuentros los que fomentan la colaboración, el intercambio de ideas y la generación de acciones concretas”.
Se crea la Red Regional de Mujeres en el Pacífico Este Tropical, Perú y México
El evento culminó con la firma de un Acuerdo de Voluntades para mejorar la aplicación de la legislación marina en el que las partes se llevan compromisos como la integración de acciones afirmativas de género y la habilitación del camino para la integración de programas como los Sellos de Igualdad de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se realizan en Costa Rica, para que puede generar transformaciones organizativas de alto impacto.
Además, estas entidades ofrecerán una capacitación virtual especializada a las participantes sobre herramientas para gestión basada en resultados en favor de la igualdad.
Además, en el marco del acuerdo, se crea oficialmente la Red Regional de Mujeres Líderes en Protección Marina. La Red contará con una estructura de coordinación conformada por representantes de cada uno de los países, quienes tendrán la misión de conducir este esfuerzo colectivo en su fase inicial.
Por su parte, Meaghan Brosnan, directora ejecutiva de WildAid, invitó a las personas participantes a recordar que “todas y todos, de manera individual y colectiva, podemos generar un cambio duradero y medible.” Ella agradeció el trabajo que cada una de las personas asistentes hace a diario en pro de la conservación de nuestros recursos marinos y terminó su intervención resaltando la importancia del trabajo conjunto, pues “la conservación es un trabajo en equipo” – señaló.
Adicionalmente, se dio lectura al Manifiesto por la Equidad de Género y el Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres en la Protección Marino-Costera por parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), reafirmando que solo mediante la participación plena, equitativa y justa de todas las personas podremos atender las amenazas urgentes que enfrentan los ecosistemas marino-costeros.
Todas las actividades de esta semana llevan el sello “UCR Libre de plástico” como una manera de reavivar el compromiso de la Universidad en la lucha contra la contaminación por plásticos y llamar a la reflexión sobre los problemas ambientales que genera este material en todo el planeta.
Del 2 al 6 de junio
Esta festividad año a año moviliza a cientos de estudiantes y personas funcionarias a actuar a favor del medio ambiente.
Del 2 al 6 de junio, la Universidad de Costa Rica vivirá una verdadera fiesta ambiental con la celebración de la Semana Ambiental UCR 2025, bajo el lema #SinContaminaciónPorPlástico, en consonancia con la temática propuesta por la Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente.
Este año al igual que años anteriores, la agenda se extiende por todas las regiones del país donde la UCR tiene presencia, con una programación que incluye talleres, conversatorios, ferias, caminatas, actividades culturales y ecológicas.
La inauguración se llevará acabo el lunes 2 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente con la charla titulada: “La sabiduría del caracol”. Ese mismo día, las actividades ambientales tomarán fuerza en bibliotecas de San Ramón y Grecia, así como en la Sede Guanacaste, que abrirá su jornada con un jardín polinizador y cerrará con música en vivo.
A lo largo de la semana, distintas sedes y recintos como la Sede de Guanacaste, Sede del Atlántico, Sede del Sur, Sede del Caribe, Sede de Occidente y la Sede Rodrigo Facio se unirán con propuestas que van desde reforestaciones, retos de movilidad sostenible, talleres de reciclaje creativo y limpieza de espacios naturales, hasta conversatorios sobre conservación y cine ambiental.
Para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, el miércoles 5 de junio, se llevará a cabo el conversatorio “Contaminación por plásticos: romper el ciclo antes de que sea tarde” a las 9:00 a.m. en el Aula Magna en la Ciudad de la Investigación. Durante este acto se realizará el lanzamiento oficial de la nueva línea de bolsas 100 % biodegradables y compostables que la UCR incorpora a su inventario de insumos amigables con el ambiente.
Como complemento a estas actividades, en el Salón Multiusos se presentará el Stand Educativo “Las mil caras del plástico”, el cual estará abierto de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. para motivar al público a explorar otras alternativas que permitan sustituir el plástico, principalmente los de un solo uso, y aprender cómo gestionar correctamente los residuos de diferentes tipos de plástico valorizable en nuestro país.
El miércoles 5 de junio, la institución también conmemorará el Día del Transporte Sostenible en la Universidad de Costa Rica con iniciativas como caminatas, clases de yoga y el hasta la iniciativa “A la U en Bici”. Ese día, por acuerdo del Consejo Universitario, sólo se permitirá el ingreso de vehículos cero emisiones. La medida aplica de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en todos los campus de la UCR.
La Semana Ambiental UCR 2025 promete ser un espacio de encuentro, conciencia y acción colectiva para avanzar hacia un futuro más sostenible, demostrando que la educación superior en unión con las comunidades locales puede marcar la diferencia.
El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.
El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.
El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.
Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.
En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.
La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.
El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.
Como se señala en los acuerdos oficiales:
“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”
Demandas clave del PCA:
Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.
Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.
Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomienda no aprobar el proyecto de ley expediente N.° 23.148, titulado Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril de 2025 (a partir del minuto 1:07:00).
Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas —incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)—, la UCR advierte que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.
“Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.
La Universidad subraya que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.
Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:
Los tipos de organizaciones beneficiarias de los permisos propuestos, ya que podrían abrir portillos para actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural de estas zonas.
La necesidad de que las actividades permitidas sean claramente delimitadas, con base en criterios técnicos que consideren las características ecológicas y geomorfológicas de cada territorio. La UCR enfatiza que estas actividades deben priorizar el beneficio de las comunidades costeras, y no el lucro de grandes empresas hoteleras. Se citan como ejemplo las experiencias lideradas por mujeres y grupos comunales en turismo de bajo impacto, como la observación de aves en manglares o la educación ambiental.
La importancia de incluir criterios de gestión del riesgo, considerando las condiciones oceanográficas y climáticas que podrían afectar significativamente la zona pública en ambas costas.
La necesidad de contar con un estudio de capacidad de carga, que funcione como instrumento técnico para que las municipalidades puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad de permisos a otorgar.
Finalmente, la Universidad insiste en que las municipalidades deben contar con un Plan Regulador Costero aprobado antes de autorizar cualquier permiso, ya que, de lo contrario, no se dispondría de criterios técnicos suficientes para garantizar una planificación responsable.
Esta postura coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones sociales, ambientales, comunales y académicas, que denuncian que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. El manifiesto advierte:
“La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, lo cual contraviene el principio de acceso universal consagrado en la Constitución Política.
Ambas voces —la académica y la ciudadana— coinciden en que el desarrollo sustentable de las zonas costeras no puede basarse en decisiones unilaterales ni en criterios meramente economicistas, sino en procesos de planificación integral, con participación comunitaria y sólidos fundamentos científicos.
La Universidad de Costa Rica y las organizaciones firmantes llaman a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.
Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.
Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.
En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta
“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.
El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.
Un síntoma alarmante: fauna parasitada
Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.
¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.
Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.
Impacto ecológico: más allá de las especies individuales
La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.
La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.
¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica
La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.
Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.
El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.
Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna
Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:
Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.
Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.
Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.
Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.
Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.
Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.
Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.
Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos
Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental
La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.
Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.
Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común
La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.
La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.
Galería
Nota informativa sobre contenido sensible
Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.
Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.
Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí:
El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.
Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.
El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.
La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.
La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.
A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.
Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.
El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.
En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.
El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.
Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.
Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.
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