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Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/

Participación comunitaria para analizar la gestión del agua en el Corredor Biológico Pájaro Campana

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El Comité Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas se reunieron el sábado 22 en Palo Verde de Chomes, para analizar la gestión del agua en el Corredor Biológico Pájaro Campana.

En la actividad, además, se conmemoró el Día del Agua y se analizó el estado del manejo del agua en los ríos del Corredor Biológico Pájaro Campana, que son los mismos que la Alianza de Comunidades ha venido defendiendo por años.

Compartimos fotos de la actividad.

Fraccionamientos en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo originan solicitud de investigación

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a las auditorías de la Municipalidad de Talamanca y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una investigación coordinada sobre presuntos fraccionamientos ilegales en áreas boscosas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según el oficio AEL-0097-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, estas acciones contravienen la sentencia N.º 2019-012745 de la Sala Constitucional, que en julio de 2019 declaró parcialmente inconstitucional la Ley N.º 9223 y ordenó al SINAC reincorporar al Refugio 188 hectáreas de bosque que habían sido desafectadas.

«Lejos de garantizar la conservación de estas áreas, el viceministro de Ambiente y Energía, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, no niega la existencia de fraccionamientos dentro del Refugio, sino que traslada la responsabilidad al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo», denunció Levy Virgo.

La AEL señala una contradicción en los argumentos oficiales, pues mediante el oficio DU-040-02-2025, el INVU certificó que no autorizó dichos fraccionamientos, responsabilizando al Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC y a la Municipalidad de Talamanca.

La denuncia fue remitida también a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental y autoridades municipales, solicitando se investiguen los oficios emitidos por el viceministro de Ambiente y se determinen responsabilidades por la autorización de desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas.

SURCOS comparte los siguientes documentos de referencia:

AEL-0050-2025

DVA-026-2025

DU-040-02-2025

AEL-0040-2025

DVA-006-2025

Personas vecinas piden cuentas por tala en cuenca alta del Río Durazno

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Comunidad y ASADA de Rancho Redondo alertan sobre posible afectación a fuentes de agua potable

Un grupo de personas vecinas usuarias de la ASADA de Rancho Redondo denunciaron nuevas actividades de tala en la cuenca alta del Río Durazno, una zona vital para el abastecimiento de agua potable de varias comunidades.

Según la denuncia presentada el sábado 22 de marzo ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), varios camiones fueron vistos transportando madera extraída de una zona cercana a las nacientes de agua que alimentan el río, aparentemente sin respetar las zonas de protección establecidas por ley.

«Siguen los camiones saliendo cargados de madera, no sabemos si es de una plantación de jaúl, pero según vecinas y vecinos se ha irrespetado la ribera del Río Durazno, una zona de protección acuífera», señala la denuncia dirigida al ministro Franz Tattenbach y al director de Aguas, Miguel Zeledón.

La comunidad solicita que se investigue si la extracción corresponde a una plantación legal y si se han respetado las disposiciones de la Ley Forestal 7575, la Ley de Aguas y otras normativas relacionadas con la protección ambiental.

Esta nueva denuncia se suma a otras dos presentadas anteriormente en la misma zona geográfica: una en Coronado y otra en la finca de los Bolaños en Guayabillos de Rancho Redondo.

Las personas denunciantes también expresaron preocupación por la lentitud en la atención de casos ambientales, señalando que funcionarios del ministerio les han informado que todavía están procesando denuncias del 2024.

«La escasez de agua y el calentamiento global ya llegaron», advierte la denuncia. Además, se expresa la preocupación de que estas actividades podrían comprometer aún más la disponibilidad del recurso hídrico en la región.

Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Ambiente ni la Dirección de Aguas habían respondido a la denuncia presentada por la comunidad.

Organizaciones apoyan reforma de la Ley Forestal en defensa de la cobertura de las montañas heredianas

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Conceverde, Yarca y el Comité Pro-Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia, se hicieron presentes a la conferencia de prensa convocada por el despacho del diputado Jonathan Acuña del Partido Frente Amplio, en apoyo a la urgente reforma de la Ley Forestal.

En un comunicado expresan: “Nuestra agenda, como grupos organizados por décadas en defensa y protección del recurso hídrico y forestal, exigimos la reforma a la ley 7575 tal y como ordenó la Sala Cuarta, reforma necesaria para detener las talas indiscriminadas, tanto en caminos públicos, como privados, así como el desplazamiento de comunidades y recurso forestal donde ha prevalecido el interés económico de diversas élites por encima del abastecimiento y acceso a servicios y condiciones dignas de las personas y la naturaleza”.

Las organizaciones agregan en su comunicado publicado por CONCEVERDE que “la articulación de los planes de ordenamiento territorial, la protección de recursos naturales, y la promoción de metodologías que incluyan la participación y fiscalización ciudadana son fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país”.

Disponible Cantos de Batalla volumen 2

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Fabián Pacheco comparte el volumen 2 de Cantos de Batalla.

Le invitamos a explorar, escuchar y ser parte mediante el siguiente enlace

Cantos de Batalla para aquellas personas que quieran unirse en coro, cuerpo y lucha en la defensa de la sagrada ecología y sus pueblos ancestrales.

Además, Fabián comparte un cancionero con fotos e historias de lucha que puede descargar aquí.

Celebre el Día Mundial del Agua en el Ojo de Agua este sábado 22 de marzo

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Balneario Ojo de Agua

Sábado 22 de marzo

Desde las 7:30 a. m.

En el marco del Día Mundial del Agua, la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral invita a la comunidad a sumarse a una jornada de celebración y conciencia ambiental. Este evento, que marca nuestro segundo aniversario como asociación, reafirma nuestro compromiso con la protección del agua y la comunidad.

Durante esta jornada especial, los asistentes podrán participar en actividades educativas, recreativas y artísticas, todas diseñadas para resaltar la importancia del agua como recurso esencial para la vida.

Estas actividades no serían posibles sin la unión y el apoyo de empresas y organizaciones locales de Belén, tales como Pollos del Monte, Llantas y Accesorios Belén, Pollo Raymi, Verdulería La Yunta, y la Asociación de vecinos de Barrio San Isidro.

Un tesoro natural que debemos proteger

El Ojo de Agua es un santuario natural cuya riqueza hídrica proviene del acuífero Barva, una de las principales fuentes de agua en la región. Sus aguas cristalinas fluyen desde los manantiales hasta las piscinas, el lago y finalmente el río La Fuente, asegurando la preservación de este ecosistema único en el Valle Central de Costa Rica.

Segunda edición: Homenaje a la Lucha Ambiental

En esta segunda edición de la celebración y del aniversario de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, se otorgará un reconocimiento especial a una organización ambientalista destacada en Costa Rica. Este año, el homenaje será para CONCEVERDE, en reconocimiento a su invaluable labor en la conservación de las montañas del norte de Heredia y la protección de la zona inalienable. CONCEVERDE ha sido clave en la defensa de los bosques de San Rafael de Heredia, Barva y San Isidro de Heredia, evitando la tala de montañas y promoviendo iniciativas de conservación que resguardan el equilibrio ecológico de la región.

Programa de Actividades

7:30 a. m. – Voluntariado ambiental

Jornada de riego y recolección de residuos.

Inscripción previa en el voluntariado: https://forms.gle/gzGMhkgFg3WJnSd99 (cupo limitado a 20 personas).

Beneficio especial: Los participantes del voluntariado tendrán entrada gratuita al balneario.

10:00 – 11:00 a. m. – Homenaje a CONCEVERDE

Ceremonia de reconocimiento a esta organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de las zonas de recarga de los mantos acuíferos en el norte de Heredia.

2:00 p. m. – Presentaciones artísticas en el restaurante del Ojo

Un espacio para relajarse y disfrutar del atardecer a la orilla del lago con música en vivo:

2:00 – 3:00 p.m. Wilson Arroyo (Folk)

3:00 – 4:00 p.m. Frank Arguedas (Rock)

4:00 – 6:00 p. m. Ema Beats (House)

Tarifas de Ingreso

General: ₡2,260

Adulto mayor: ₡1,130

Parqueo: ₡1,695

¡Agenden la fecha y celebremos juntos el Día Mundial del Agua en el Ojo de Agua!

Organiza:

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Comité Pro Bandera Azul Ecológica del Ojo de Agua

Para más información contactar a Carlos Venegas de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral al teléfono 6353-1835

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Encuentro para analizar la gestión del agua en el Corredor Biológico Pájaro Campana

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El Comité Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas se reunirán el sábado 22 en Palo Verde de Chomes.

En la actividad de conmemorará el Día del Agua y se analizará el estado del manejo del agua en los ríos del Corredor Biológico Pájaro Campana, que son los mismos que la Alianza de Comunidades ha venido defendiendo por años.

Para más información: Dany Villalobos 8781 4512.

Alerta en el Caribe Sur: la denuncia que evitó mayor impacto ambiental

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Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.

En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.

Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.

Prácticas conocidas para cometer delitos

Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.

Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.

Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.

Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.

La importancia de denunciar

Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.

Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.

El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.

Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria

A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.

Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.

Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.

Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica

Aspecto Clave Descripción
Definición La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.

Expediente legislativo 24.717 Crucitas entre el Oro y la Naturaleza: ¿Qué Camino Elegirá Costa Rica?

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Observatorio de Bienes Comunes, UCR

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.

Pueden descargar el documento aquí.

Impactos Ambientales: Un Ecosistema en Peligro

El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.

Minería Ilegal y Crimen Organizado

Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.

¿Qué es la minería a cielo abierto?

La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.

Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica

  • Desde la década de 1990 ha habido debates sobre la minería en Crucitas.
  • Cronología de leyes y sentencias clave:
    • 2002: Se impone una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
    • 2010: Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe esta actividad en todo el país.
    • 2010-2011: Tribunales nacionales anulan la concesión minera a Industrias Infinito S.A. por ilegalidades.
    • 2021-2023: Fallos de la Sala Constitucional ordenan acciones contra la minería ilegal en Crucitas.

El Arbitraje Internacional y la Regulación Vigente

El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.

Alternativas Sostenibles: Más Allá del Extractivismo

Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.

¿Qué sigue?

El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.

Minería a cielo abierto: ¿De que hablamos?

mpactos ambientales

Deforestación y pérdida de biodiversidad
  • La minería a cielo abierto requiere la eliminación de grandes extensiones de bosques y suelos, afectando ecosistemas completos.
  • En zonas como Crucitas (Costa Rica), la minería amenaza especies en peligro de extinción, como la lapa verde (Ara ambiguus), que depende del almendro amarillo para anidar y alimentarse.
  • También afecta corredores biológicos y reservas naturales, fragmentando hábitats y alterando los equilibrios ecológicos.
Contaminación del agua
  • Se generan residuos tóxicos que pueden filtrarse a ríos, acuíferos y lagos, afectando la calidad del agua potable.
  • En la minería de oro, se usa cianuro para disolver el metal, lo que puede ocasionar envenenamiento de cuerpos de agua si no se maneja correctamente.
  • La contaminación por mercurio, usado en la minería artesanal, se bioacumula en peces y afecta a las comunidades humanas cercanas.
Suelo y geología
  • La remoción masiva de tierra provoca erosión, deslizamientos y la pérdida de la capacidad productiva del suelo.
  • Se generan grandes escombreras y relaves (desechos tóxicos), que pueden filtrar metales pesados y sustancias químicas al ambiente.
Emisiones de gases y contaminación del aire
  • La voladura de rocas y el uso de maquinaria generan polvo tóxico y emiten gases de efecto invernadero.
  • Se liberan metales pesados como arsénico y plomo, afectando la salud de las comunidades cercanas.

Impactos sociales y económicos

Conflictos socioambientales
  • La minería a cielo abierto es un foco de conflictos entre comunidades, empresas y gobiernos debido a los impactos ecológicos y la falta de consulta a poblaciones locales.
  • En América Latina, se han documentado numerosos conflictos, donde comunidades indígenas y rurales han resistido proyectos mineros que afectan su territorio.
  • En Costa Rica, el caso de Crucitas ha sido un ejemplo de oposición social sostenida contra la minería a cielo abierto.
Minería ilegal y crimen organizado
  • Cuando los proyectos mineros son detenidos o prohibidos, muchas veces surge minería ilegal, vinculada al narcotráfico, explotación laboral y trata de personas.
  • En Crucitas, el OIJ ha identificado redes de minería ilegal desde 2017, asociadas a tráfico de mercurio, armas y corrupción de funcionarios.
Desplazamiento de comunidades
  • En muchos casos, los proyectos mineros implican desalojos de comunidades que viven en las áreas concesionadas.
  • Se generan cambios en el uso del suelo, afectando actividades económicas tradicionales como la agricultura y la pesca.
Dependencia económica y poca redistribución de beneficios
  • La minería a cielo abierto genera grandes ingresos para las empresas, pero pocos beneficios para las comunidades locales.
  • Muchas veces, los empleos son temporales y desaparecen una vez agotado el recurso.
  • Los gobiernos suelen depender de los ingresos mineros sin invertir en diversificación económica.

Breve cronología

Década de 1990

  • 1996: Decreto Ejecutivo 25700-MINAE declara la veda total del aprovechamiento de árboles en peligro de extinción.

Años 2000-2010

  • 2001 (17 de diciembre): Resolución R-578-2001-MINAE otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito.
  • 2002 (enero): Se publica en La Gaceta la resolución R-578-2001-MINAE.
  • 2002 (junio): Decreto Ejecutivo 30477-MINAE declara una moratoria nacional indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto.
  • 2002: Sentencia 2002-2486 de la Sala Constitucional reconoce la obligación del Estado de proteger la lapa verde y el almendro amarillo.
  • 2004: Sentencia 2004–13414 de la Sala Constitucional anula la resolución R-578-2001-MINAE por falta de estudio de impacto ambiental.
  • 2005 (enero): Resolución 119-2005-SETENA previene a Industrias Infinito por deficiencias en su Estudio de Impacto Ambiental.
  • 2005 (diciembre): Resolución 3638-2005 de SETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto Crucitas.
  • 2007: Presentación de cambio en la viabilidad ambiental del proyecto, posteriormente declarado ilegal.
  • 2008 (febrero): Resolución 170-2008-SETENA modifica la viabilidad ambiental del proyecto.
  • 2008: Decreto Ejecutivo 34801-MINAE declara el proyecto Crucitas de interés público.
  • 2009: Sentencia 2009-17155 de la Sala Constitucional no resuelve la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE.
  • 2010 (diciembre):
    • Sentencia 2010-4399 del Tribunal Contencioso Administrativo anula la concesión minera de Industrias Infinito.
    • Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.

Años 2011-2020

  • 2011 (noviembre): Sentencia 1469-F-S1-2011 de la Sala Primera confirma la anulación del proyecto minero.
  • 2014 (marzo): Infinito Gold presenta demanda ante el CIADI contra Costa Rica.
  • 2015 (noviembre): Sentencia 1438-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo sobre ejecución de la sentencia del 2010, luego anulada en 2017.
  • 2017:
    • Inician reportes sobre extracción ilegal de oro en Crucitas.
    • APREFLOFAS alerta sobre la contaminación por mercurio.
  • 2019:
    • OIJ inicia investigaciones sobre la minería ilegal en Crucitas.
    • Operaciones policiales detectan tráfico de oro y mercurio.
  • 2021 (junio):
    • Laudo del CIADI determina que Costa Rica no debe pagar indemnización a Infinito Gold.
    • Sentencia 2021-20047 de la Sala Constitucional ordena medidas contra la minería ilegal en Crucitas.

Años 2022-2025

  • 2023 (febrero): Nueva sentencia de la Sala Constitucional reitera la necesidad de acciones contra la minería ilegal.
  • 2024 (julio): Decreto Ejecutivo 44564-MINAE declara moratoria en Crucitas.
  • 2024 (septiembre): Investigación periodística revela que oro ilegal de Crucitas es transportado y lavado en Abangares.
  • 2024 (noviembre): El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y para reformar parcialmente el Código de Minería (Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982).
  • 2025 (marzo): APREFLOFAS presenta su criterio sobre el expediente legislativo 24.717 ante la Asamblea Legislativa.
La minería a cielo abierto es una de las actividades más controversiales en términos socioambientales. Su impacto va más allá del daño ecológico, generando desigualdades económicas, conflictos sociales y problemas de salud pública. En países con alta biodiversidad y modelos de desarrollo basados en el turismo y la conservación, como Costa Rica, su legalización pone en riesgo el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.

Crédito imagen: Semanario Universidad