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Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Asociación reitera denuncia contra ministro de Ambiente por presuntos delitos ambientales

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) envió el pasado 7 de mayo un oficio al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reiterando su denuncia formal contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntos delitos ambientales.

En el documento AEL-00209-2025, la organización aclara y enfatiza los puntos expuestos en una denuncia previa (AEL-00201-2025) del 3 de mayo, señalando que la respuesta recibida por parte de la Fiscalía General fue inadecuada al remitir el caso a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, instancia que, según indican, carece de potestad para investigar a un miembro de los supremos poderes.

La asociación manifiesta que el ministro Tattenbach Capra emitió la Directriz 09-2023, que habría permitido desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas como humedales, bosques, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, causando daños al Sitio Ramsar 783, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Adicionalmente, la AEL denuncia el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), cuestionando su idoneidad para el cargo por ser especialista en Turismo Sostenible y no reunir, según su criterio, las condiciones necesarias para el manejo de Áreas Silvestres Protegidas.

En el oficio, la asociación refiere la existencia de un expediente penal (23-000041-0611-PE) que, señalan, permanece inactivo. También hacen mención a un insumo (DFOE-DEC-01-00004-2024) dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La organización solicita la intervención directa del fiscal general para detener lo que describen como «desmanes del ministro» y expresan preocupación por una posible situación de crimen organizado en la gestión de recursos naturales. El documento fue remitido también a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía de la República.

Puede consultar los siguientes documentos como referencia del caso:

Directriz No.09-2023-ACLAC (2)

SINAC-SE-DE-0046-2025-

RESOLUCION_DFOE-DEC-5250(20012)-2024

Denuncia por actividades nocturnas en el Parque Nacional Braulio Carrillo

El pasado 6 de mayo el colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció una actividad realizada en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, María Elena Fournier, de Yiski, realizó la queja ante la auditoría interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Por medio del oficio SINAC-UAI-138-2025 se remite la denuncia a la dirección de áreas de conservación central, dada su competencia y con el propósito de presentar una respuesta ante los hechos descritos.

El cuestionamiento surge a raíz de la realización de una actividad deportiva nocturna acompañada de una cimarrona en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barva. Dicho evento generó inquietud sobre la consideración de los posibles impactos ambientales. Este reclamo refleja el sentir de quienes consideran que la gestión de las áreas protegidas debe priorizar la preservación por encima del entretenimiento.

El colectivo ciudadano expresó su preocupación ante el posible respaldo de los funcionarios del parque nacional para el desarrollo de dichas actividades. Además, aseguran que el ruido producido por la música y la concentración de personas en horas nocturnas pueden alterar la vida silvestre. CONCEVERDE reclama la falta de monitoreo y regulación por parte del SINAC sobre este tipo de actividad ajenas al disfrute convencional de las áreas de conservación. Igualmente exigen la realización de estudios sobre los efectos que estas actividades pueden tener en la flora y fauna del lugar.

CONCEVERDE aclara que su reclamo no busca desacreditar la importancia de las actividades deportivas y culturales, sino cuestiona el espacio en el que se realizan y el accionar de las autoridades institucionales. En una propuesta, sugieren que eventos de esta naturaleza sean trasladados a espacios públicos más adecuados, como para este caso específico los parques centrales de Barva y Heredia, donde podrían llevarse a cabo sin comprometer la biodiversidad ni afectar el equilibrio ambiental de una área protegida. Con esta denuncia, el colectivo insta a las autoridades a tomar medidas concretas en la protección de los parques nacionales y a reforzar su compromiso con la conservación del patrimonio natural de Costa Rica.

Por medio del siguiente enlace, se puede observar un video publicado en la página de Facebook “Heredia por Media Calle” de la actividad en cuestión. La publicación se registra el 3 de mayo bajo el título: “#VolcánBarva | En este momento, cimarrona alegra la primera edición de la caminata nocturna Volcán Barva 2025.”

https://www.facebook.com/herediapormediacalle/videos/1194911405164880/?rdid=hwL3VTkqev6Eedbp#

Diputado denuncia destrucción de bosques en Portalón y su posible relación con financiamiento de campaña presidencial

El diputado Ariel Robles Barrantes ha presentado una denuncia formal ante la fiscalía por la destrucción de bosques en Portalón de Quepos, un área cercana al río Savegre, considerado uno de los ríos más limpios de Centroamérica, y ubicada en un corredor biológico conocido como Paso de las Dantas.

Según señaló el legislador, la denuncia fue interpuesta el 5 de septiembre mediante un oficio dirigido a la fiscalía. En esta se acusa al gerente de una constructora de estar destruyendo los bosques de la zona.

El diputado mostró imágenes comparativas donde se aprecia que en 2020 y 2023 existía una cobertura boscosa que actualmente ha sido eliminada. De acuerdo con la denuncia, el representante de la empresa inmobiliaria ha manifestado en conferencias su intención de desarrollar en Portalón «un nuevo Tamarindo«.

Robles Barrantes indicó que, tras su denuncia, la fiscalía abrió una investigación y confirmó la deforestación en el área, realizada con «una viabilidad ambiental otorgada de forma muy particular y extraña».

El legislador señaló que el empresario es uno de los principales financistas de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, con una inversión que superaría los 150 millones de colones.

«¿Será que nuevamente estamos pagando todas las deudas de la campaña de Rodrigo Chaves con los bosques de nuestro país? No es la primera vez que pasa, es la segunda. Y es la segunda que tenemos que llegar a la fiscalía a detener, mediante denuncias, un procedimiento de pago de deuda de la campaña política del presidente», expresó el diputado.

La fiscalía ha ordenado detener las actividades de deforestación mientras continúa la investigación sobre estos hechos denunciados por el legislador.

Ambientalista solicita intervención urgente para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a altas autoridades del país para proteger el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y el Sitio Ramsar 783, ubicados en el Caribe Sur de Costa Rica.

En el documento AEL-00201-2025, con fecha del 3 de mayo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirige un llamado a la procuradora general de la República, la contralora general de la República, la fiscal de la República y el fiscal general de la República.

Incumplimiento de sentencia constitucional

La solicitud señala que existe un incumplimiento de la sentencia 2019-12745 de la Sala Constitucional, que ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Procuraduría General de la República delimitar y reincorporar 188 hectáreas de bosque al refugio en un plazo de 12 meses. Según indica el documento, este mandato no se ha cumplido a más de cinco años de emitido.

Cuestionamientos a informes técnicos

El escrito cuestiona la credibilidad de los informes técnicos del SINAC y el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). Menciona específicamente que en mayo de 2024, el SINAC desacreditó un estudio previo que identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, reduciendo esta área en 91,7 hectáreas «sin justificación técnica sólida», según lo cuestionado por la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría.

Situación del Sitio Ramsar 783

La denuncia señala que la administración del REGAMA ha centrado su narrativa en la recuperación de 188 hectáreas de bosque, «ignorando la integridad del Sitio Ramsar 783». Según el documento, este humedal de importancia internacional sufre drenajes, cambios en los cursos de quebradas, y ausencia de delimitación de RIAS, humedales y manglares.

El texto menciona que la directriz 09-2023, emitida por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, invalidó un estudio de 2021 sobre 13 humedales en Talamanca.

Presuntas irregularidades administrativas

El documento señala presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés, mencionando específicamente el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del ACLAC y la emisión de permisos de tala cuestionados, como el 011-2024-ACLAC-SLT otorgado a Playa Manzanillo S.A.

Denuncias sobre acoso a defensores ambientales

Levy Virgo menciona en el documento que, como denunciante y defensor de los derechos humanos ambientales, ha sido «víctima de vandalismo en mi vivienda y vehículo, así como de acciones legales intimidatorias en los tribunales de Limón».

Peticiones concretas

El documento concluye con seis peticiones específicas:

  1. La recusación de funcionarias y funcionarios del SINAC involucrados en la gestión técnica del REGAMA.
  2. Un abordaje integral del Sitio Ramsar 783.
  3. El nombramiento de una fiscalía especial para investigar las presuntas redes de crimen organizado.
  4. Coordinación interinstitucional para supervisar el cumplimiento de sentencias.
  5. Protección a personas defensoras ambientales.
  6. Investigación de responsabilidades de exfuncionarias y exfuncionarios.

Esta denuncia se suma a otras acciones que el ambientalista ha realizado previamente, y que han sido publicadas en SURCOS.

Foro analizará impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña

Este lunes 5 de mayo a las 06:00 pm se realizará un foro en vivo titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña, Pacífico Sur».

El evento contará con la participación de Rosi Naranjo, integrante de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta; Jorge Lobo, biólogo y profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica; y Javier Rodríguez, representante de la Fundación Promar. La moderación estará a cargo de José María Gutiérrez, de la Alianza por una Vida Digna.

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital, en colaboración con la Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, la Escuela de Geografía UCR, y Kioscos Socioambientales.

Las personas interesadas pueden conectarse a través de la página de Facebook de SURCOS Digital para participar de este espacio de análisis sobre los efectos del desarrollo inmobiliario en esta importante zona del Pacífico Sur costarricense.

Playas de Costa Rica entre las más contaminadas con botellas plásticas

Un reciente informe del programa Científicos de la Basura, desarrollado por la Universidad Católica del Norte de Chile, reveló que Costa Rica está entre los países con mayor acumulación de botellas plásticas en sus playas continentales. La investigación, titulada En busca del origen de las botellas plásticas, abarcó 92 playas continentales, 15 playas insulares y 38 ciudades en 10 países de América Latina, con la participación de más de 1.000 voluntarios entre escolares, docentes, investigadores y miembros de la comunidad, quienes se dieron a la tarea de recolectar los desechos.

Juan Manuel Muñoz, biólogo del Programa Parque Marino del Pacífico de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (ECB-UNA), integra esta iniciativa desde el 2019. “Costa Rica forma parte de esta importante red internacional, que determina no solo la cantidad, sino de una manera estandarizada el tipo de desechos que se acumulan en las costas”.

El informe, destaca que las playas de Centroamérica registraron las mayores abundancias de residuos plásticos en el Pacífico. En estas zonas, se recolectaron un promedio de entre 1,4 ítems por persona por minuto, mientras que en las ciudades la cifra fue de 0,9 ítems por persona por minuto.

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tuvieron las mayores abundancias en playas continentales, mientras que México, Colombia y Ecuador registraron las menores. En áreas urbanas, Panamá y Guatemala destacaron con mayores cantidades promedio.

En Costa Rica las botellas plásticas y tapas sueltas fueron los desechos predominantes en las playas y áreas urbanas. Además, comparte junto a las Islas oceánicas y Panamá, la particularidad de que una parte significativa de estos residuos proviene de otros países, especialmente de China, Norteamérica y Europa, lo que sugiere que las corrientes marinas y el tráfico marítimo ilegal contribuyen a la acumulación de basura en las costas costarricenses.

De acuerdo con Muñoz, “si bien a nivel general las mayores abundancias se encontraron en las playas, en el caso de Costa Rica, las ciudades de Puntarenas y El Roble mostraron mayor cantidad de desechos que los encontrados en las playas”.

Empresas más contaminantes

El estudio identificó un total de 356 marcas de bebidas pertenecientes a 254 empresas. A nivel regional, The Coca-Cola Company fue la principal responsable de los residuos plásticos, seguida de PepsiCo Inc. y AJE Group. En Costa Rica, estas mismas compañías también lideran la lista de contaminación, con una mayor presencia de envases de tamaño personal (0,5 – 0,9 L), principalmente de refrescos carbonatados, bebidas energéticas y agua embotellada.

El informe recomienda varias estrategias para abordar el problema de la contaminación por plásticos en la región, con especial énfasis en Costa Rica, por ejemplo el promover el uso de envases retornables, exigir a las empresas productoras de bebidas que implementen programas de recuperación y reciclaje de sus envases y promover la colaboración internacional con acuerdos globales para mitigar la contaminación en ecosistemas vulnerables.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Investigación revela restauración ecológica en la Fila Brunqueña ahora amenazada por desarrollo turístico

SURCOS comparte la siguiente información, que, aunque es producto de una investigación del 2010, muestra cómo la gran industria turística e inmobiliaria ha afectado la ecología de la Fila Brunqueña, y así mismo, de otras regiones del país.

La Fila Brunqueña experimentó una importante restauración ecológica en las cuatro décadas que se cumplieron en 2010, según revela un estudio realizado por el Dr. Carlos Morera Beita, profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional.

Esta investigación, publicada en la Revista Geográfica de América Central (Nº 44, I Semestre 2010), caracteriza la estructura del paisaje durante los años 1960, 1972 y 2007 utilizando diversos índices biométricos como forma, borde, tipo de uso y tamaño de fragmento.

El estudio concluye que los espacios rurales de esta región se han transformado aceleradamente en las últimas décadas producto de cambios en las dinámicas económicas. Según explica el Dr. Morera en ese informe del 2010, «durante los cuarenta últimos años se ha presentado una fuerte restauración ecológica, condiciones que están amenazadas en el actual desarrollo turístico».

La vertiente noroeste de esta fila costeña ha evidenciado un notable desarrollo turístico en la última década, impulsado principalmente por el mejoramiento de las vías de comunicación y por sus excepcionales condiciones paisajísticas, caracterizadas por ecosistemas naturales y la cercanía con la costa.

El modelo turístico emergente en el Pacífico Sur se basa en la pequeña escala y con fuerte presencia de segundas residencias dominadas por capital extranjero, especialmente en sectores montañosos con fuertes pendientes y alto valor ecológico.

Esta situación ha motivado el establecimiento del Paso la Danta como corredor biológico que conecta ecosistemas costeros con ecosistemas de montaña, aunque existe preocupación por los posibles efectos ecológicos adversos generados por la expansión de la actividad turística.

Para la realización de este artículo, el Dr. Morera contó con el apoyo de Luis Fernando Sandoval y Fresie Camacho.

Le invitamos a leer el artículo completo a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1ew4xs2V_PrkPPQGys4FhIiEfnlMUSK-SDelaonMvphA/edit?usp=sharing

Imagen: UNA Comunica.

Comunidad denuncia tala injustificada que destruirá parte de bosque en Puerto Viejo de Talamanca

  • Movilización comunitaria este lunes 28 de abril.
  • SINAC indujo al juez a tomar una decisión desproporcionada.
  • AyA obligado a eliminar árboles de un parche de bosque

Bloqueverde (25-04-2025). Puerto Viejo, Talamanca – Un grupo de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales del Caribe Sur se moviliza para frenar la tala de un grupo importante de árboles pertenecientes a un bosque ubicado en las inmediaciones de la planta de tratamiento del AyA en Puerto Viejo, en la calle conocida como «del Gueto«. La orden de tala fue emitida por el Juzgado Agrario de Limón (Exp. 24-000326-0465-AG) como parte de un proceso judicial, pero la comunidad denuncia que se trata de una medida desproporcionada, sin estudios técnicos formales, que pone en riesgo un ecosistema boscoso valioso.

Entre las especies que se pretende talar se encuentran guácimos y sangrillos, árboles nativos de gran tamaño que cumplen funciones clave para la biodiversidad local. Estos árboles forman parte de un bosque secundario maduro que se ubica dentro de una zona de protección de una quebrada y que alberga una gran diversidad de flora y fauna, entre ellas: aves, mariposas morfo, monos aulladores, perezosos (símbolo nacional de Costa Rica), martillas y una variedad de insectos polinizadores.

El guácimo es conocido por su rápido crecimiento, su capacidad para prosperar en suelos pobres y su gran valor para la fauna silvestre, ya que sus frutos son alimento para múltiples especies. Además, contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a capturar carbono. El sangrillo, por su parte, es típico de humedales y zonas inundables, y resulta especialmente vulnerable a alteraciones del terreno. Aunque no esté enfermo, su debilitamiento ocurre por la desecación de humedales; sin embargo, el SINAC suele autorizar su corta casi automáticamente, sin considerar estos factores ecológicos ni los impactos acumulados y sinérgicos sobre el ecosistema

Según la comunidad, no existe un informe técnico riguroso que justifique esta corta desmedida e injustificada. Su ejecución generará daños significativos al bosque y a su fauna. La resolución judicial se sustenta únicamente en un reconocimiento visual y verbal por parte del SINAC y el AyA, sin contemplar el impacto ambiental de largo plazo ni considerar alternativas como la poda dirigida o el manejo arbóreo especializado.

Vecinas y vecinos advierten que, dada la altura y el diámetro de los árboles, así como la densidad del sotobosque, su tala implicaría abrir brechas que destruirán muchas especies de vegetación secundaria. La caída de los árboles también afectaría gravemente el hábitat de aves, monos y otras formas de vida silvestre.

“Este tipo de bosques urbanos no solo tienen un valor estético o simbólico, sino que actúan como corredores biológicos, reguladores del microclima, protectores del recurso hídrico y refugio de biodiversidad. En Puerto Viejo, donde el desarrollo urbano avanza aceleradamente, cada árbol cuenta”, señala un artículo del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

El Observatorio también advierte que “otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentarse a lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional”.

Incluso la vecina que interpuso la denuncia original ante el tribunal ha expresado que su intención nunca fue la tala completa del bosque, sino que se atendiera un riesgo puntual. No obstante, el SINAC indujo al juez a autorizar la eliminación total del parche boscoso, lo cual ha generado un fuerte rechazo comunitario.

La comunidad convoca a una movilización este lunes 28 de abril desde tempranas horas de la mañana en el sitio afectado, para exigir la suspensión de la tala y una revisión de la resolución judicial. Solicitan además una evaluación ambiental rigurosa, con participación de especialistas y actores locales. También piden que el AyA asuma su responsabilidad por la falta de mantenimiento en la finca, lo que contribuyó al deterioro de algunos árboles.

Para Bloqueverde, este conflicto recuerda lo sucedido con la tala ocurrida en el sector de Tirol, en San Rafael de Heredia, pero en esta ocasión se trata de especies nativas ubicadas en una zona de protección hídrica. Además, resulta especialmente alarmante que mientras el SINAC actúa con rapidez para autorizar la tala en zonas sensibles, permanece pasivo frente a la deforestación, el drenaje de humedales y la construcción, todas realizadas de manera ilegal en la finca conocida como “los Puckets”, dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.