Decreto sobre coincineración reaviva debate sobre el manejo de los residuos
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
El decreto 13936-S MINAE emitido por el gobierno para establecer requisitos de operación y límites máximos de emisión para las instalaciones de coincineración de residuos sólidos ordinarios en el país ha levantado la polémica nuevamente sobre el uso de esta tecnología en suelo costarricense.
Más de 40 organizaciones, entre las que se cuenta la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), han denunciado que dicho decreto permite la incineración de residuos sólidos en el país, lo cual produciría impactos negativos ambientales, sociales y en la salud.
El decreto publicado el 1° de setiembre en La Gaceta y firmado por el Presidente Luis Guillermo Solís, el Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez y el Ministro de Salud Fernando Llorca establece que la incineración debe considerarse como la última opción.
Opción controversial
La Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, publicada en 2010 permite el uso de esta tecnología de tratamiento térmico para la generación de energía a partir de residuos sólidos. Cinco años después, no existía ningún tipo de regulación que estableciera los requisitos de operación de las empresas dedicadas a este servicio en el país.
En 2014 el gobierno establece una moratoria mientras se preparaba un reglamento que regule esta actividad. “Es un reglamento sumamente riguroso y estricto y el mismo reitera lo que dice la ley, que únicamente se puede utilizar el tratamiento térmico para aquello que ya no tiene valor o utilidad” señala el jerarca.
Según el decreto la incineración debe ser la última opción, una vez cumplida la jerarquización en la gestión integral de los residuos establecida en el artículo 4 de la Ley N° 8839. El ministro Gutiérrez insiste en que el uso de la coincineración queda totalmente subordinada a la jerarquización de residuos sólidos que establece la ley que llama a reciclar, reutilizar y reducir los residuos sólidos en las casas.
Para los grupos ecologistas el decreto más bien viene a legalizar y alentar la implementación de esta técnica en el país por parte de varias municipalidades que hacen presión para implementar esta tecnología en sus cantones.
Andrés Díaz, representante de la Comisión de Asuntos Ambientales de la FEUCR, señala que actualmente la mayoría de las municipalidades no cumplen con la Ley, por eso ven con recelo que se cumpla lo que dice el decreto en cuanto a considerar la coincineración como última opción.
Los riesgos
La coincineración es un tratamiento térmico de residuos con recuperación de calor producido por la combustión. Existen diferentes procesos de tratamiento térmico, como la incineración por oxidación de residuos, la pirolisis que permite la descomposición térmica de la materia orgánica, la gasificación o el proceso de plasma.
Con esta tecnología las municipalidades podrían deshacerse de aquellos residuos domésticos generados en las viviendas y en cualquier otra fuente, que no puedan ser valorizables, es decir, aquellos que no pueden ser reciclados o aprovechados para la creación de nuevos materiales.
Uno de los puntos de mayor preocupación para las organizaciones sociales es que estos procesos generan gases contaminantes como dioxinas, furanos y metales pesados que son altamente peligrosos. Además de que trasforma los residuos en cenizas y escorias tóxicas.
El regente Químico de la UCR, M.Sc. Ariel Alfaro, comparte ciertas preocupaciones en cuanto a la aplicación de esta técnica en Costa Rica “hay que ver que se hace con las cenizas, que están mucho más concentradas de contaminantes que el producto original, bien controlado si se puede tener, pero el problema es que los controles deben sur muy estrictos”.
Tanto los grupos sociales como el Ministro de Ambiente coinciden en que uno de los riesgos es que la coincineración utilizada para generar electricidad requiere grandes cantidades de material, lo cual incita al aumento de la producción de basura en lugar de reducirla. En caso de que no se cumplan las cuotas pactadas con las empresas los municipios podrán verse obligados a pagar multas o incluso a traer basura de otros lugares e incluso importarla.
El Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez también ha expresado que esta tecnología no es una opción viable para el país por ser demasiado cara.
Jornada ciudadana
El pasado martes 9 de setiembre los grupos ecologistas llevaron a cabo una Jornada de acción ciudadana contra la incineración de residuos frente a Casa Presidencial para denunciar y proponer alternativas.
La activista y ex presidenta de la FEUCR Eva Carazo señala que además de la emisión de gases contaminantes la coincineración tiene un problema de fondo “nos impide mirar los patrones de producción y de consumo que estamos implementando como sociedad, genera una salida ´fácil` que es dárselos a una empresa para que los queme”.
En esta jornada promovieron el rechazo en el consumo, la valorización de residuos y reciclaje, el compostaje y producción de abonos a orgánicos como alternativas que deben implementarse en todos los cantones y hogares costarricenses.
Al respecto, Andrea Da Cruz, estudiante de gestión ambiental de la UNA e integrante del grupo Hacia basura cero Costa Rica, dijo que esta jornada busca concientizar y sensibilizar a la población sobre mejores prácticas de gestión de los residuos “la idea es enfocarse en reducir el consumo, reutilizar, reciclar y la idea es que todo vuelva a su ciclo normal”.
Responsabilidad
El tema de la coincineración de residuos sólidos se viene discutiendo en el país desde hace varios años. Algunas municipalidades han presionado para implementar esta tecnología como una solución para eliminar la basura que se produce en sus cantones.
¿De quién es la responsabilidad? En el debate actual, mientras los ecologistas y algunos diputados señalan al gobierno por levantar la moratoria y emitir el decreto que regula esta actividad, el Ministro de Ambiente señala como responsable a la Asamblea Legislativa donde se aprobó la Ley que permite su uso.
Los ecologistas insisten en que se obligue a las municipalidades a cumplir con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se fortalezca la educación ambiental y los programas de reciclaje y e compostaje de residuos biodegradables en todas las comunidades.
En última instancia ambos señalan que la responsabilidad también es de cada familia y cada ciudadano que debe cambiar sus patrones de consumo y comprometerse a reducir, reutilizar, reciclar y compostar.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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