La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.
En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.
Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.
«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.
La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:
Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.
Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.
Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.
Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.
El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.
El VI Festival Madremonte se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo en el corazón del Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, al sur de Costa Rica. Esta edición se celebra bajo el tema “Aguas Madres”, honrando las aguas del mes de mayo como símbolo de vida, fertilidad, regeneración y memoria territorial.
Madremonte es un encuentro que fusiona arte, pensamiento crítico, saberes ancestrales, naturaleza y comunidad. Surgió como una idea inspirada por la artista y pensadora Guadalupe Urbina, quien una vez más será parte del concierto principal del festival.
Este año el festival contará con una destacada participación de artistas y colectivos provenientes de distintas regiones del país:
Guadalupe Urbina Rialengo Maf É Tula Karol Barboza Fabián Pacheco Sanador (banda del sur de Costa Rica) Luz María Romero Paloma Coronado (experiencia sonora con cantos indígenas e instrumentos prehispánicos) Vampel Lucas y Marypaz (facilitadores de Danzas de Paz Universal) Berenice Jiménez y Eddie Monge Armando Jiménez
Además de los conciertos, el Festival Madremonte ofrece una programación rica en actividades artísticas, educativas y espirituales:
Conversatorio Pre-Festival: Armonía y Derechos de la Naturaleza (28 de abril, UNA y Longo Mai) con destacadas figuras como Fernando de Carvalho Dantas, Germana de Oliveira, Roland Spendlingwimmer y Rebecca Lemos Igreja. Taller de Arte Efímero en el bosque tropical con Herminia Martínez (España) Taller de Danzas de Paz Universal Conversatorio sobre Soberanía Medicinal y Alimentaria con Casa Madremonte Mesa de diálogo de abuelos y abuelas de Longo Mai dirigida por Guadalupe Urbina Gira de campo: Ambaibo y ecosistemas de Longo Mai Taller de elaboración de pupusas con Edith Quijano Exposición fotográfica: Longo Mai, Tierra para Refugiados, por Priscilla Mora Flores
La Escuela de la Tierra, organización comprometida con la educación, la cultura, los derechos humanos y la defensa de la naturaleza, será parte fundamental de esta edición, articulando propuestas formativas y conversatorios que nutren el espíritu del festival.
El concierto principal este año se celebrará dentro del Refugio, integrando música y naturaleza en un mismo escenario lleno de vida.
Recomendaciones importantes: Se invita al público a traer linterna, repelente de mosquitos, botas de hule, zapatos caminadores para la selva, impermeables y todos los implementos necesarios en caso de acampar.
Reservaciones y más información: WhatsApp: +506 6431 4978
Un espacio de encuentro, arte y memoria para recordar que el agua es origen, camino y destino común.
El deshielo de los polos y el aumento de la temperatura del planeta, además de las actividades producidas por las personas, provocan un aumento de la erosión en las zonas costeras. Del 1 al 3 de abril, se realizó en playa Bonita, Limón, el I Taller Centroamericano sobre erosión costera.
“La erosión costera puede entenderse como una pérdida temporal de sedimentos que después no son recuperados, y puede obedecer a causas naturales o sociales. La erosión costera al retirar la arena puede acortar las playas y también puede destruir infraestructura que se encuentra sobre la playa”, explicó Gustavo Barrantes, investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional.
El objetivo de este taller, de acuerdo con Barrantes, fue tener un diálogo entre investigadores para comprender cuál es el problema a nivel de cada país, tener un panorama regional y después encontrar opciones metodológicas para monitorear y comprender las transformaciones que la costa está sufriendo en el momento de ascenso del nivel del mar.
En esta a actividad participaron representantes de Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de instancias locales como la Municipalidad de Talamanca, la Municipalidad de Limón, instituciones públicas como Área de Conservación la Amistad Caribe, la Comisión Nacional de Emergencias, la Fuerza Pública y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otras.
Para Alexandra Bellayer-Roille, embajadora de Francia en Costa Rica, “esta iniciativa tiene como objetivo crear una red de investigadores y de estudiantes de doctorado por ejemplo, para crear vínculos científicos y universitarios entre varios actores de la región”.
De acuerdo con Haydée Beltrán, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, en su país hay poca preocupación por el tema. “Hay diversos puntos en los cuales tenemos problemas de erosión costera, estos en este momento no se abordan directamente debido a que hay una impresión en las personas de que no sucede, a excepción de puntos donde la erosión llega a cierto grado en la cual ya está destruyendo algunas comunidades o algunas zonas que son áreas naturales o protegidas”.
En este momento, según la investigadora, se trabaja en estudios especializados para determinar las tasas de sedimentación y erosión y el impacto que están teniendo.
Guiselle Guerra, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá, afirma que desde la academia se atiende la erosión costera a través de proyectos de investigación e iniciativas que estiman la erosión costera y tratan de identificar puntos de interés.
“Hemos encontrado puntos que la comunidad ha establecido que hay mucha erosión, y lo podemos corroborar con imágenes satelitales y estudios de campo, donde la erosión puede llegar hasta a 10 m por año. Hay lugares que tienen erosiones máximas de estos valores y estamos tratando de divulgar e involucrar a la comunidad científica y a la comunidad local para que entiendan la magnitud de la erosión costera, y podamos formular más proyectos de investigación a nivel de academia, pero también a través de institucionales como el Ministerio de Ambiente y otros vinculados a la gobernanza”.
Parte de la discusión de este taller, se centró en cómo se incorpora esta información de erosión costera en el ordenamiento territorial. Para Gustavo Barrantes, “se debe tener comprensión de cuál es este nuevo límite del mar con la tierra, porque la erosión lo está corriendo, y no podemos tener un límite fijo que no responda a esta dinámica actual del planeta. Una vez que encontremos cuál es un buen indicador de dónde está la posición de la costa, podemos planear cómo ordenar lo que se encuentra detrás, procurando tener la infraestructura necesaria en la zona costera, puertos o actividad turística básica, y dejar las demás actividades protegidas por un área de amortiguamiento que haga que estos procesos tomen su tiempo, se acomoden y no afecten a las comunidades que habitan detrás”.
El crear un protocolo estandarizado de medición para la región centroamericana, depende de acuerdo con José Valverde, académico de la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional, d ellos recursos y formación de cada grupo de trabajo, donde además se creen protocolos que responsan a las potencialidad de cada grupo y sus intereses.
“Este es un estudio muy importante para la Embajada de Francia aquí en Costa Rica, pero también para las embajadas de Francia en otros países vecinos de América Central, y se inscribe en un programa que se llama FEF que es el Fondo Francés para el Océano, que está dirigido a financiar el estudio y la investigación sobre el océano y las zonas costeras. Todo esto se inscribe en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano que Costa Rica y Francia van a copresidir dentro de algunas semanas, en junio, en Niza, en el sur de Francia”
El taller fue organizado por Programa de Geomorfología Ambiental, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA, el Área de Conservación la Amistad Caribe del Ministerio del Ambiente de Costa Rica y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Contó además con el patrocinio de la Embajada de Francia y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El próximo miércoles 24 de abril a las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro “Redes de Monitoreo en Costa Rica: Clave para la Gestión del Riesgo”, en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa.
Este evento, organizado por el despacho de la diputada Rosaura Méndez Gamboa, tiene como objetivo destacar la importancia de las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico del país, en el marco del Expediente N.º 24.738, que propone una reforma a la Ley Nacional de Emergencias (Ley N.º 8488) para asegurar su financiamiento permanente.
Asimismo, entre las 2:30 p.m. y las 6:00 p.m., previo al inicio del foro, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), la Red Sismológica Nacional (RSN: UCR-ICE) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS-UCR) estarán exhibiendo parte del instrumental que emplean en sus labores diarias de monitoreo.
(Bloqueverde 22-4-25).Costa Rica, país megadiverso y reconocido internacionalmente por su imagen verde, atraviesa hoy una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. Mientras el mundo conmemora el Día de la Madre Tierra, el gobierno costarricense impulsa reformas, toma decisiones y mantiene omisiones que profundizan un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el saqueo de la naturaleza y la impunidad ambiental.
Una de las amenazas más urgentes es la reforma normativa que permitiría legalizar la contaminación por plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. El Ministerio de Salud pretende modificar el reglamento actual para que ya no se prohíba la presencia de agroquímicos en las fuentes abastecidas por el AyA y las Asadas. De firmarse este decreto, el agua contaminada seguiría distribuyéndose sin garantía sanitaria, violando los principios precautorio e in dubio pro aqua, así como el artículo 50 de la Constitución Política.
A esto se suma el incumplimiento sistemático de leyes ambientales, marítimas, de ordenamiento territorial y de protección de la Zona Marítimo-Terrestre. Los manglares, humedales y refugios de vida silvestre están siendo arrasados para abrir paso a proyectos inmobiliarios y turísticos que se desarrollan sin controles efectivos. En tierra, la tala ilegal y la expansión urbanística se imponen sobre los ecosistemas. En el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y la permisividad estatal provocan un ecocidio silencioso y constante.
La situación de los tiburones expone esta contradicción con crudeza: Costa Rica es el quinto país exportador de aletas de tiburón en el mundo. Lejos de proteger estas especies clave para el equilibrio marino, las políticas actuales promueven su exterminio bajo la fachada de la sostenibilidad.
La erosión de la imagen ambiental del país es evidente. A tan solo un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio 2025), el gobierno eliminó la financiación y el respaldo institucional al decreto que daba seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta acción compromete la capacidad del país para articular esfuerzos nacionales e internacionales y pone en duda su legitimidad como líder ambiental global.
¿Cómo puede una nación hablar de liderazgo oceánico mientras incumple los compromisos ambientales en su propio territorio? ¿Cómo puede celebrar la vida silvestre cuando se permite que los ecosistemas colapsen y las especies desaparezcan?
Costa Rica alberga más de 8.500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 205 de mamíferos y 850 especies de aves. Sin embargo, más de 200 especies de fauna están amenazadas y 40 están en peligro de extinción, entre ellas la lapa roja, la lapa verde y el oso hormiguero gigante.
Hoy no hay nada que celebrar. Hoy alzamos la voz por los ecosistemas devastados, por el agua envenenada, por la biodiversidad arrinconada. Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus obligaciones constitucionales, que las leyes se respeten, que la conservación deje de ser un discurso vacío.
Hoy, en conmemoración del Día de la Tierra, rendimos homenaje a las personas valientes que, día tras día, defienden la naturaleza y sus territorios.
La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, FECON, Bloqueverde, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, se unen para visibilizar a los defensores ambientales, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.
Así dice unos rotulitos que se encuentran pegados en uno de los buses de transporte público. Y aunque parezca desfasado con la realidad actual, la gente hace caso, tira la basura por la ventana sin pensar que estaba ensuciando los lugares por donde pasa. La gente “culta” tiraba la basura por la ventana, la gente “inculta” la tiraba dentro del bus.
Y la cantidad de gente fue creciendo y el campo se fue disminuyendo. Se empezaron a formar las ciudades y aumentó la cantidad de basura. Entonces hicieron campañas para que la gente pusiera la basura “en su lugar”, en el “basurero”. Así la gente “culta” buscaba un basurero y echaba la basura, la gente “inculta” la seguía tirando en la calle.
Y aquella basura recogida por la municipalidad va a parar a los ríos o a los barrancos contaminándolo todo. Algunas comunidades hicieron los “rellenos sanitarios” que terminaron en simples “botaderos de basura”.
La basura genera dos resultados lamentables: la contaminación de los recursos naturales y la proliferación de enfermedades infectocontagiosas. Hoy no basta echar la basura en un basurero porque tarde o temprano se la llevan al botadero donde sigue contaminando. Entonces tenemos que tomar otra actitud con respecto a la manera en que manejamos la basura: debemos separarla para reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que lo permita, reducir la cantidad y aprender a recomprar productos menos contaminantes.
Si clasificamos la basura todos ganamos. Gana el que la entrega y gana el que la vende.
Ahora es posible vender las botellas, las bolsas plásticas y el papel, las latas de aluminio, el hierro y otros.
Con las cáscaras y sobros de comida se produce en poco tiempo abono orgánico que puede utilizarse en cualquier cultivo. Cada ciudadano, cada familia, cada comercio, cada industria, cada pueblo, debe contribuir a esta nueva cultura de manejar y tratar la basura, con ello todos ganamos, por eso debemos poner nuevos rótulos en los autobuses que digan “demuestre su cultura, clasifique la basura”.
En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.
Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.
Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.
Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.
Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.
Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.
Pero….¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?
Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”
Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.
Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”
Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.
La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”
Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.
Medidas que solo resisten con ojos encima
Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.
Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.
Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel
Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.
El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.
¿Cuál es la forma de operar?
Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.
Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.
«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.
Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur
El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.
Entre los principales efectos están:
Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.
En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.
Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.
En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.
En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.
Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.
Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.
Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio
Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.
Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.
Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur
Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.
El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.
La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.
Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.
Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica
En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.
Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.
La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.
Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
