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¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

Observatorio de Bienes Comunes

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

  • Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.

  • Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.

  • Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.

  • Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.

  • Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema

Acciones Realizadas

  • Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.

  • Uso de parte del terreno para actividades comerciales.

  • Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

  • Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.

  • Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.

  • Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

  • 2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.

  • 2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.

  • 2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.

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¿Sobreviven las serpientes tras ser reubicadas? Científico de Posgrados de la UCR busca la respuesta

Felipe Triana Rincón, estudiante de la Maestría Académica en Biología del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica lidera una investigación pionera que busca generar datos clave sobre la ecología espacial de las serpientes y su adaptación tras ser reubicadas.

El problema es que no sabemos qué pasa cuando en vez de matarlas, las reubicamos en un bosque cercano. ¿Sobreviven? ¿Logran adaptarse? No existen datos sobre esto, y mi investigación busca responder esas preguntas con evidencia científica”, expresó Triana.

En su tesis titulada “Evaluación de los programas de reubicación de serpientes en Costa Rica a partir de la ecología espacial de Crotalus simus (Serpentes: Viperidae)”, Triana aborda una problemática recurrente en el país: el miedo y desconocimiento hacia estos reptiles, que frecuentemente lleva a su eliminación cuando se encuentran cerca de áreas urbanas. “Serpiente buena para la gente es serpiente muerta”, explica Triana.

Gracias a esfuerzos del Instituto  Clodomiro Picado en conjunto con Bomberos de Costa Rica, se ha implementado un programa donde las personas pueden llamar al 911 para que las serpientes sean trasladadas en lugar de sacrificarlas. Sin embargo, hasta ahora no se ha analizado cómo estas reubicaciones afectan su comportamiento y supervivencia.

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), en estos 50 años de su fundación, continúa reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la investigación. La Maestría Académica en Biología es un ejemplo del impacto positivo de estos programas, al formar profesionales que aportan soluciones a problemáticas ambientales urgentes.

Desde el SEP siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento y una de ellas en las ciencias básicas, consolidándonos como el sistema de posgrados más robusto de la educación pública y privada en Costa Rica”, concluyó la Dra. Flor Jiménez Segura, decana del SEP.

Un estudio pionero para la conservación

Las serpientes cumplen un papel fundamental en los ecosistemas al regular poblaciones de roedores y otros animales que, sin control, podrían generar desequilibrios. Sin embargo, su conservación sigue siendo un reto, en gran parte por la falta de información.

A nivel de investigación, mi proyecto de posgrado es el tercero en América Latina en generar datos espaciales sobre una víbora”, señala Triana. “Sin datos ecológicos confiables, la conservación de especies se hace a ciegas. No podemos asegurar que lo que estamos haciendo realmente funciona”.

Este trabajo contribuirá no solo al conocimiento científico en Costa Rica, sino también a la generación de mejores estrategias de conservación en toda la región.

Mag Olga Marta Ramírez Hernández
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
 

Costa Rica erosiona su imagen ambiental a un mes de la cumbre oceánica al retirar apoyo a la Agenda 2030

El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.

A un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025), Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso ambiental.

Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.

¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?

Porque este caso no es el único. Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida, marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.

Esta decisión se enmarca en un patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una cumbre dedicada al océano.

A esto se suman graves retrocesos en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del patrimonio natural del Estado.

En materia de agua y salud pública, la situación no es mejor. El gobierno ha aumentado ilegalmente —pues está contra el reglamento vigente— los niveles permitidos de pesticidas en el agua potable, lo que atenta contra los derechos humanos, la salud y el cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Toda la zona norte de Cartago enfrenta niveles peligrosos de contaminación con degradados del clorotalonil en sus nacientes y pozos, superando los límites establecidos por la legislación vigente. Para legalizar dicha acción, propuso elevar los niveles de contaminación mediante una modificación al Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, que fue rechazada por todas las Universidades Públicas, ARESEP, Defensoría de los Habitantes, la Academia de Ciencias y sociedad civil.

Todos estos hechos no son aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público, prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.

Cambio de rumbo. Hace unos seis meses, Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República, decía: Desde el Gobierno de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la implementación de la Agenda 2030, clave para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Con el 41% de los indicadores ODS mostrando un comportamiento desfavorable, es urgente que todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector privado y la sociedad civil, intensifiquen sus esfuerzos para reducir las brechas sociales, económicas y ambientales”. ¿Entonces, este es el compromiso y la consecuencia unos meses después?

Esta nueva contradicción del gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda 2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta agenda?

Esta decisión genera más dudas que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo, envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el carácter público y democrático de sus políticas ambientales.

Asociación solicita al MINAE informes sobre protección del acuífero de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.

Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.

La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.

Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:

  1. Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.

  2. Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.

  3. Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.

  4. Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.

  5. Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.

  6. Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.

En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.

La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Imagen: Semanario Universidad.

Denuncian muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

  • Sospechan de descargas de sedimentos de mina cercana

El pasado fin de semana, vecinas y vecinos de Miramar detectaron la muerte de una gran cantidad de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, a la salida de la mina Bellavista, hasta varios kilómetros río abajo, llegando al histórico «Puente Negro», camino a la comunidad de Río Seco.

Según testimonios de la comunidad, se contactaron a MINAE, Fuerza Pública y el Ministerio de Salud sobre el incidente, pero se desconoce si se realizaron muestreos o denuncias. Las personas denunciantes tienen gran preocupación, ya que este es un sitio frecuentado por visitantes, especialmente durante la Semana Santa.

Si bien aún se desconoce la causa exacta de la contaminación, la mina Bellavista, ubicada en la parte alta de Miramar de Puntarenas, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en su administración y posibles daños ambientales (ver cronología abajo).

Dayana Rojas de la Asociación Civil Pro Natura, de Miramar aseguro les informaron que “esta situación se origina a partir del punto conocido como ‘El Salto’ donde se observa una importante descarga de sedimentos en el río, pero aguas arriba a escasos 50 metros se puede ver que el río mantiene su fauna normal… Además, los vecinos aseguran que pudieron mapear el fenómeno por más de 6 kilómetros recorriendo la cuenca del río, hasta llegar al Puente Negro”(audio).

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles expresó su preocupación por la gestión de la mina y solicitó al Ministerio de Salud una inspección exhaustiva para evaluar sus operaciones y determinar si se cumplen las normativas ambientales y de seguridad (Mundo.cr, 16-10-24).

Estas preocupaciones se basan en denuncias previas, como la presentada por Diego Leonardo García, exsupervisor del Proyecto Minero Bellavista, quien advirtió sobre el depósito de residuos en áreas sin la debida impermeabilización, lo que podría provocar contaminación del agua subterránea. Además, señaló que las piletas de emergencia carecen de sistemas adecuados de detección de fugas y que las descargas de la planta podrían estar afectando negativamente al río Ciruelas (Ver denuncia).

Según la presidenta de Pro Natura “a todo esto se suma la inexistencia de actas, o registros de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (o COMIMA) desde hace más de 10 años, que permita garantizar el control y el seguimiento ambiental de las actividades de un proyecto de categoría A, como éste y la negativa de la SETENA de reactivarla alegando que el expediente se encuentra secuestrado como parte del Caso Comején”.

Finalmente aseguró que “lamentablemente a pesar de las múltiples denuncias las autoridades locales e instituciones estatales han sido omisas para dar seguimiento al tema de aseguramiento de la calidad del recurso hídrico en nuestro cantón, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y tras el colapso de una mina clandestina hace pocas semanas donde se cobró la vida de un trabajador y otro resultó gravemente herido, la comunidad espera que como mínimo se tomen las muestras de agua para los análisis físico-químicos correspondientes y se desarrollen investigaciones rigurosas”.

Miramar: un «Territorio de Sacrificio»

La minería en Miramar, en sus diversas formas (legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea), ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un «Territorio de Sacrificio».

Por otro lado, una investigación del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR reveló la existencia de un enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica, con al menos 59 solicitudes de concesión que abarcan 779,52 km² (1,52 % del territorio nacional). Entre los cantones más afectados se encuentra Miramar, donde más del 31,86 % de su superficie está solicitada para exploración minera, incluyendo su área urbana (UCR).

Cronología de denuncias sobre la mina Bellavista

2007: Suspensión de operaciones debido a deslizamientos de tierra que afectaron la estabilidad del proyecto minero (UCR).

Marzo de 2009: Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, denunció el abandono de la mina por parte de la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation, señalando incumplimientos de compromisos ambientales y posibles contaminaciones de los mantos acuíferos y del río Ciruelas con metales pesados y cianuro (UCR).

Enero de 2011: Sonia Torres publicó un artículo sobre los impactos de la mina Bellavista en el paisaje y corredores biológicos de la región (SURCOS Digital).

Mayo de 2011: El grupo Miramar al Grano denunció irregularidades en una auditoría de la mina, señalando inconsistencias en la evaluación ambiental (Semanario Universidad).

Mayo de 2013: Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A. demandaron a la SETENA para reactivar la extracción de oro en la mina Bellavista (Semanario Universidad).

Setiembre 2023: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para el cierre del laboratorio de la empresa debido a la detección de plomo en sangre de trabajadores (Semanario Universidad).

Julio de 2024: El académico Álvaro Sagot expresó preocupaciones sobre la minería en Costa Rica y los impactos del proyecto Bellavista en Miramar (Radio Columbia).

Agosto de 2024: Se anunció la intención de elevar una denuncia ante la ministra de Salud por presunta contaminación química en el río Ciruelas, vinculada a la mina Bellavista (El Mundo).

Octubre de 2024: Durante la sesión ordinaria N°24-2024 del Concejo Municipal de Montes de Oro, se discutieron preocupaciones sobre la mina Bellavista. Diego Leonardo García presentó una denuncia con evidencia fotográfica sobre irregularidades en la planta (Municipalidad de Montes de Oro).

o Fotos y videos: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hf0On7vZVGiICuX4eMAWDwuE86XfUkxL

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organización solicita información sobre situación del Sitio Ramsar Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó información detallada sobre el Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, y áreas asociadas en el cantón de Talamanca, mediante un oficio dirigido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El documento AEL-00120-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, fundamenta la solicitud en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, y hace referencia al Informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.

En la solicitud enviada a David José Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, y Rotney Piedra Chacón, encargado de Humedales, se requiere información específica sobre cuatro aspectos principales:

La organización pide las coordenadas oficiales y actualizadas del Sitio Ramsar 783, conforme se especifica en un oficio de enero de 2025. También solicita un informe sobre los ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Talamanca, detallando si son personas físicas o jurídicas y su ubicación respecto a bosques o humedales.

El documento requiere además una descripción y delimitación de ríos y quebradas ubicadas en el litoral de Talamanca, así como un mapa descriptivo de todos los humedales oficialmente documentados en Playa Negra.

Según se indica en la carta, esta información es requerida para fines legales y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El documento fue remitido también a expedientes judiciales, diputados de la Comisión de Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Alcaldía Municipal de Talamanca.

Adjuntamos dos documentos de referencia aportados por la organización. Les invitamos a descargarlos para conocer en detalle la información.

SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.pdf

SINAC-SE-DE-0046-2025

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.

Valles y montañas… entre la agonía y la muerte

Marco Tulio Araya Barboza

De pronto aparece verde como una gran alfombra tapizada de pinos, maizales y frijolares. Al avanzar valle adentro la fertilidad de sus tierras brota como negra simiente deseosa de semillas. Pero al levantar la vista para admirar las montañas protectoras de los valles y generosas en manantiales, nos encontramos con un inmenso lunar, con un horrible cráter de tierra erosionada y estéril justo encima de los pueblos.

Es la mina” dice con retenido rencor un campesino. Algo malo está pasando con la mina que se muestra en las palabras, en las miradas, en los cuerpos. Es como una inmensa desilusión que los viene envolviendo y que se arrastra por el valle envenenando los cuerpos, pero sobre todo las almas.

Es la decepción que salta a la vista cuando los sueños se ven truncados; es la amargura fruto del engaño, porque cuando la empresa minera iba a iniciar operaciones prometieron empleo bien remunerado, educación, buenas carreteras, salud, mejores viviendas, trabajo, trabajo para todos. Hablaron de progreso y bienestar y quién no quiere un legado de felicidad para sus hijos.

En Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, se repite esta historia: un buen grupo de vecinos se ilusionó… fueron contagiados con la fiebre del oro, esa extraña enfermedad que solo se cura con el tiempo, cuando la persona se percata de que el oro se le escapa de las manos, cuando la persona ve que el oro en lugar de brillar nubla y en lugar de alegrar entristece.

Porque da tristeza ver hoy los callejones secos y empedrados por donde, no hace mucho, bajaban de los cerros cantando los ríos y las quebradas.

Porque da tristeza ver la piel escamosa que pica y arde al contaminarse con el agua y con el aire antes limpio y puro.

Porque da tristeza ver la cabeza de los niños y niñas con pellizcos arrancados por las sustancias dañinas que antes de la mina no existían.

Lo más grave es que la intoxicación es lenta pero letal, a tal grado que muchos habitantes de estos valles, aún no saben que día a día y poco a poco se están envenenando.

La prohibición de la minería metálica es un paso hacia adelante, porque la minería no es una opción de desarrollo o bienestar, al contrario, las comunidades donde opera una mina siempre quedan en peores condiciones económicas, sociales y ambientales que como estaban. Los empresarios mineros se llevan las riquezas y dejan la tierra, el agua y los bosques contaminados por años y años.

Las opciones duraderas para los habitantes de los campos son, entre otras, la agricultura orgánica y el turismo rural pero estas actividades no se pueden dar donde opera una mina ni después de que se van. Cuando el oro se acaba la empresa se va y la contaminación sigue afectando por décadas y hasta siglos. ¿Quién descontamina la tierra y el agua? ¿Quién desintoxica la población?

En Costa Rica quieren revivir el fantasma de la minería metálica lo cual es un paso hacia atrás. El saqueo criminal que hacen coligalleros ilegales no es excusa para abrir de nuevo las compuertas a la contaminación. Lo que falta es voluntad política para defender nuestra soberanía.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

Asociación ecologista solicita pronunciamiento sobre Acuerdo de Escazú

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para expresar su apoyo a la reforma del Código Penal y solicitar un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú.

En un documento oficial con fecha 21 de marzo de 2025, la organización, representada por Marco Levy Virgo, destacó la importancia de la reforma que busca agilizar los procesos judiciales y fortalecer el acceso a la justicia.

La comunicación enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional enfocado en la información, participación pública y justicia en temas ambientales.

La asociación señala que históricamente las personas han enfrentado discriminación estructural en la atención de denuncias ambientales, evidenciando obstáculos en los procesos administrativos y judiciales.

El documento solicita que un pronunciamiento judicial reafirme el compromiso con la democracia ambiental y garantice la transparencia de las instituciones públicas en la defensa del entorno.