SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción:
La Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de San Rafael, en su sesión No. 356, celebrada el 14 de febrero de 2025, ante la situación que se ha venido presentando en la zona norte de nuestro cantón, con la corta indiscriminada de árboles de ciprés y otras especies, acordó por unanimidad declarar lo siguiente:
1.- Uno de los atractivos turísticos más importantes del norte de nuestro cantón ha sido la belleza escénica contemplada por nuestros visitantes desde las partes más altas de nuestro relieve geográfico.
2.- Con el transcurso de los años, esa belleza escénica se ha visto muy afectada con acciones de los dueños de propiedades, quienes han arrasado sin ningún control con centenares de árboles, sin que la legislación costarricense proteja nuestra zona de recarga acuífera por excelencia.
3.- A pesar de existir una disposición de la Sala IV desde el año 2007, o sea hace 17 años, en la cual se ordena a la Asamblea Legislativa a legislar para remediar este proceder indiscriminado contra la naturaleza de nuestros cantones heredianos, poco se ha avanzado por la oposición de los grupos económicos poderosos que una y otra vez se han opuesto a que se haga una legislación adecuada para un país que presume de ser defensor de la ecología y el medio ambiente.
4.- Con la corta de los cipreses en la zona del Tirol, queda evidenciada la poca o nula posibilidad para las autoridades municipales, actuando como gobierno local, de defender nuestra belleza escénica, nuestro medio ambiente y nuestra ecología y al contrario, pasan a ser los “malos” de la película.
5.- La venta de propiedades en la zona norte de nuestros cantones, a personas que no tienen ninguna conciencia de los valores de nuestro terruño, complica el pano- rama y enfrenta nuestras comunidades a una posibilidad de futuros deslaves y otras amenazas cuando los terrenos son expuesto a la lluvia y la erosión constante.
6.- Nuestra organización comunal, en representación de las 12 asociaciones de desarrollo del cantón de San Rafael de Heredia hace un llamado a la opinión pública nacional para que se pronuncie contra este atentado a la madre naturaleza y de manera conjunta produzcamos una reacción en las siguientes entidades:
A- En la Asamblea Legislativa, para que, de una vez por todas, propicie una ley forestal que defienda las especies no nativas o autóctonas de la zona.
B- En los concejos municipales de San Rafael. San Isidro, Barva y Santa Bárbara para que defendamos juntos la belleza escénica de nuestros territorios y se impulsen los acuerdos necesarios para que cesen estos atropellos a la naturaleza de nuestros cantones.
C.- A las organizaciones comunales, sociales, ambientalistas y representantes de la lucha por la naturaleza para que se manifiesten en todos los medios para que se detengan este tipo de disposiciones legales que atentan contra el medio ambiente y la sana convivencia de nuestras comunidades.
Finalmente se acuerda enviar este comunicado a todos los medios de comunicación escrita, televisiva y digital de nuestro país, a la Asamblea Legislativa, a los concejos municipales de la provincia de Heredia, a las asociaciones comunales, programas de bandera azul ecológica y otras organizaciones ambientalistas y ecologistas para que entre todos produzcamos un cambio real al status quo que nos dejará sin naturaleza que admirar en los próximos lustros.
Cuerpos destrozados, desmembrados, quemados, imposibles de identificar, después de la espantosa explosión, yacían por doquier. Gran parte de la terminal portuaria, y grandes extensiones de Texas City, condado de Galveston, habían sido arrasadas, por un estruendoso estallido, sucedido en el buque de carga S.S. Grandcamp, desde donde se generó una instantánea y violenta onda expansiva, seguida por ardientes e inmensas llamaradas. Cinco mil heridos, y alrededor de 600 personas, de todas las edades, fallecidas, fue el resultado de esa catástrofe, sucedida el 16 de abril de 1947. Suceso inolvidable, recordado con mucho dolor, por los damnificados que vivían, incluso, a varios kilómetros del lugar.
Otra muy similar explosión, ocurrió en agosto del 2015, en el puerto de Tianjin, al norte de China. Destrozados sus órganos internos, por la potente onda expansiva, seguida por llamas infernales, dejaron por su veloz paso, cientos de heridos moribundos, y, oficialmente, 173 muertos. El desastre fue total, estimándose que la detonación, literalmente ensordecedora, fue equivalente a la explosión de ¡256 toneladas de dinamita!
Provocadas por la misma causa, una treintena de explosiones, se han contabilizado en el mundo, a partir del 1916, por lo cual, no se puede afirmar, que ese tipo de explosiones accidentales, sean «muy raras», porque, en realidad, no lo son; los hechos así lo demuestran.
Otro caso, particularmente impactante, sucedió en 1921, en una planta en Oppau, Alemania, donde 4.500 toneladas de nitrato de amonio, como en los casos anteriores, causaron una dantesca explosión, que provocó la muerte a ¡más de 500 personas, y más de mil heridos graves!, que hicieron colapsar los servicios hospitalarios.
En América Latina, los hermanos argentinos, sufrieron el atentado más trágico de su historia, un 18 de julio de 1994, cuando una explosión, también con nitrato de amonio, destrozó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
Un año después de la tragedia vivida en Argentina, sucedió otro caso muy doloroso, esta vez en Estados Unidos, en abril de 1995, cuando los terroristas Timothy McVeigh y Terry Nichols, usaron dos toneladas de nitrato de amonio, para un ataque con un camión bomba, contra un edificio federal de la Ciudad de Oklahoma, provocando la muerte de 168 personas, y cientos de heridos graves.
Los anteriores ejemplos tienen en común la misma causa, una sustancia química, sólida, cristalizada, usada para fabricar explosivos para minería y para demoliciones de grandes estructuras como edificios y represas, y como materia prima para la industria de fertilizantes. Hablamos del nitrato de amonio, que, pese a que no es explosivo por sí mismo, sí provoca, como potente agente oxidante, explosiones tan grandes como las anotadas, cuando, circunstancialmente, alguna sustancia cercana alza llama, o cuando se usa como arma mortal por grupos terroristas, que lo combinan con un detonante.
Antes de justificar ante ustedes, amigos lectores, la razón de esta urgente llamada de atención, que en verdad esperamos sea atendida por nuestras autoridades, por su importancia, cabe anotar sobre otra terrible explosión de nitrato de amonio, sucedida hace tan solo cuatro años y medio, en el puerto de Beirut, en el Líbano. Resulta que, desde una bodega, cercana al muelle, que contenía 2.750 toneladas del producto, que habían sido incautadas a un barco ruso, de bandera eslovena, supuestamente almacenadas en condiciones seguras (¡como siempre aseguran!), cumpliendo todas las regulaciones ambientales. Ello, aunque las autoridades del puerto habían advertido, varias veces, del peligro que significaba la presencia de esa sustancia en el lugar, por lo que urgían su remoción.
La explosión fue tan violenta, que el Observatorio Sismológico de Jordania estimó la energía liberada por la explosión, comparable con la de un terremoto de magnitud 4.5 en la escala Richter. En tanto el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aunque informó que la explosión se midió como un terremoto de magnitud 3,3, estimó que su magnitud quizá fue mayor, pues fue a ras del suelo, donde se formó un cráter de 43 metros de profundidad.
Los fallecidos fueron unas 170 personas, los heridos graves más de 5.000 y, provocó el desplazamiento de unas 300.000 personas, entre ellas, 80.000 niños, pues fue tan grande, que también se sintió en Turquía, Siria, Israel, Palestina, partes de Europa, e incluso se escuchó en Chipre, a más de 240 km de distancia.
Pues bien, con esos antecedentes, suficientemente conocidos y documentados, habitantes del vecino Panamá, luego de que, por protestas públicas, se lograra el cierre de una gran mina de cobre, que se desarrollaba en una zona colindante al Parque Nacional La Amistad, que compartimos ticos y canaleros, se percataron que, en el lugar, están depositadas cerca de 8.000 toneladas de nitrato de amonio, ¡cantidad varias veces superior, a las 2.750 toneladas que provocaran la tragedia en Beirut!
Y, obviamente preocupados por la seguridad y supervivencia de sus compatriotas de todas las edades, los hermanos panameños, con la energía y responsabilidad, que demanda una situación semejante, exigieron a su gobierno, obligar a la empresa minera, a sacar rápidamente de su territorio, hasta el último kilogramo del potente químico, propiedad, aparentemente, de otra empresa dedicada a la fabricación de explosivos.
Lo que menos imaginaron los panameños, y por eso, preocupados nos advirtieron de ello, es que el destino escogido para almacenar el nitrato de amonio que, con razón les desvela, es, nada menos, que el territorio costarricense. Según se ha informado, las primeras 2.000 toneladas de nitrato de amonio, se transportarían por tierra, hacia el cantón puntarenense de Esparza, localidad de Macacona, donde la empresa dueña del producto químico, tiene un terreno donde podría depositarlo. Información confirmada por periodistas del Semanario Universidad, el recién pasado 28 de enero, y el periódico La Nación, en su edición del 5 de febrero, donde se identifica a la propietaria del nitrato de amonio, con el nombre de Austin Powder; con casa matriz en Cleveland, Ohio, dedicada a la industria de explosivos, dice su página de Internet.
Aunque la prensa consigna que esa empresa estadounidense, dueña y a cargo del transporte por tierra, informa que se trata solo de una parte (2.000 toneladas) del total almacenado en Donoso, Panamá, los vecinos del sur nos confirman, que el compromiso es sacar, de suelo panameño, todo lo allí depositado, y que, así lo exigirán. Tal evidente contradicción, entre otras, habrá de aclararse con los representantes de la citada empresa, por parte de nuestras autoridades ministeriales.
Por ejemplo, nuestra legislación ambiental, ejecutada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), establece que, por las características de ese proyecto, indiscutiblemente clasificado como de Alto Impacto Ambiental Potencial, “en función de la naturaleza de su proceso productivo, y de sus efectos ambientales combinados, acumulativos o individuales”, que, como en este caso, se relaciona con el peligroso transporte por tierra, de miles de toneladas de nitrato de amonio, así como de su almacenamiento, de la posible fabricación de explosivos, y de su manejo en general.
Pese a que desconocemos el expediente procesado en la Setena (que nos comprometemos a analizar), con el cual se habría otorgado la Viabilidad Ambiental a tan amenazante proyecto, nos atrevemos a especular, que dentro de los aspectos ambientales de relevancia, que seguramente habrían sido tomados en cuenta, han de haberse considerado, los importantes criterios relacionados con la dimensión, pues es totalmente diferente, hablar de 200 toneladas de nitrato de amonio, comparado con 2.000, o, como afirman en Panamá, 7.800 toneladas.
Frente a esas circunstancias, se manejan aspectos ambientales, definidos por la misma Setena, que incluyen, entre otros, «El manejo de sustancias peligrosas (por ejemplo: combustibles, agroquímicos, explosivos, u otras sustancias químicas o biológicas peligrosas)». En fin, se trata de aspectos pertinentes, muy conocidos, por los profesionales de la Setena, así como por los que, en el MOPT y el Ministerio de Salud, habrían otorgado, imaginamos que ¡con especial cuidado!, los permisos relacionados con las particularidades del transporte, de algo tan impactante, como son las características de los vehículos usados, las rutas en nuestro país, los horarios, accidentes potenciales, atención de emergencias, etcétera, así como el lugar del almacenamiento, comunidades cercanas, características de la planta física, capacitación del personal, tiempo del almacenamiento, posible reexportación del químico, etcétera, y, por supuesto, los muy relevantes permisos otorgados por la Municipalidad de Esparza, ojalá, en estrecha coordinación, con los tres ministerios responsables de la seguridad de los habitantes, MINAE, MOPT y Salud.
Por la trascendencia que tienen las medidas de control y mitigación de eventuales accidentes atendibles, los costarricenses todos, y los habitantes de Esparza y otras localidades cercanas al kilómetro 101 de la carretera Interamericana norte, solicitamos públicamente a las autoridades ministeriales y del gobierno local, que han tenido que ver con los permisos otorgados a este proyecto de alto impacto ambiental, una aclaración en que, con los detalles imprescindibles, le aclaren a los habitantes las particularidades del mismo, y el por qué le fueron otorgados los permisos que, suponemos, fueron tramitados. La prudencia es sabia consejera, es oportuna, es fundamental, para prever la posibilidad de una horrorosa explosión con nitrato de amonio, que, como hemos analizado, no es inevitable.
Imagen: explosión ocurrida en Beirut aportada por el autor.
Ante los hechos de tala de ciprés en San Rafael de Heredia, el Colectivo Ciudadano Conceverde manifiesta:
Reconocemos la importancia de suspensión de tala, así como debida investigación que la alcaldía está desarrollando con el fin de buscar la mejor forma de abordar la problemática de tala que se da en nuestro cantón.
Aunque la tradición paisajística de las partes altas de San Rafael históricamente se ha caracterizado por ser el ciprés, la reforestación con especies nativas debería ser la aspiración a largo plazo si queremos procurar un adecuado ecosistema acorde a las necesidades de hábitat y alimentación de la fauna en esta zona.
Estos eventos ponen en evidencia los vacíos legales y falta de voluntad de las autoridades nacionales y municipales, en términos de planificación urbana, criterios forestales y políticas cantonales en temas de ambiente, infraestructura vial y gestión inmobiliaria.
Por tanto, solicitamos:
A las autoridades del gobierno local no caer en la repetición de vicios administrativos que afecten la planificación urbana de nuestro cantón.
Desarrollar políticas cantonales alrededor de la reforestación, «desarrollo inmobiliario» e infraestructura que respete no solo el resguardo de la naturaleza y que promueva mecanismos de participación ciudadana en la construcción de dichas políticas.
Solicitar el apoyo legislativo para la revisión y mejoras en beneficio y protección de ambiente sobre marcos legales como la Ley Forestal.
La ciudadanía ha sido contundente en manifestar su descontento con el abordaje, falta de atención y desconocimiento de las autoridades sobre este proceso, ignorar las demandas ante estos hechos es ignorar una vez más las voces, ejercicio cívico y hasta la recaudación que financia la gestión municipal de quienes han dado su voto para posicionar liderazgos que sean capaces de atender respetuosa y diligente mente estas denuncias.
María Elena Fournier, en nombre de la Comisión Vías y Vida Silvestre envió un oficio a los jerarcas del MOPT, el MINAE, y el Área de Conservación Central del SINAC con una consulta en acerca de si se han construido pasos de fauna en los diferentes corredores biológicos interurbanos de la Gran Área Metropolitana. Esto incluye Tres Ríos, Rancho Redondo, cuencas de los ríos María Aguilar, Torres, Tiribí, y Virilla.
En la carta se indica que “estamos tratando de aportar desde la sociedad civil y apoyados por universidades públicas, para que podamos tener una red de pasos de fauna aéreos, subterráneos, superiores en todo el país y que nuestro ejemplo sirva para el resto de Mesoamérica (México hasta Colombia)”.
María Elena Fournier agrega:
“Nuestra experiencia de participación ciudadana responsable con la ampliación de la Ruta 32, nos ha demostrado la importancia de que las diferentes instituciones del Estado como en este caso el MOPT-CONAVI, el MINAE-SINAC, la sociedad civil, universidades públicas trabajemos de la mano y no en forma aislada, unificar la ecología con la ingeniería entre otras disciplinas, en el caso específico de los pasos de fauna aéreos y subterráneos”.
Día Mundial de los Humedales: Protejamos Nuestros Ríos
Cada 2 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de los Humedales, recordándonos la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación del clima y el abastecimiento de agua. En Costa Rica, el Humedal de Caño Negro, reconocido como sitio Ramsar, depende directamente del caudal del Río Frío. Sin embargo, este río enfrenta amenazas crecientes debido a la extracción de sus recursos y la falta de una gestión adecuada por parte de las autoridades responsables.
Actualmente, la mayoría de las concesiones otorgadas para la explotación de materiales en los ríos son públicas, pero esto no garantiza que se estén manejando de manera sostenible. Es fundamental que las comunidades de Guatuso y Caño Negro se mantengan vigilantes y exijan transparencia en la administración de estos recursos. La creación de una auditoría ciudadana permitiría un mayor control sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales y evitaría abusos que comprometan la salud del ecosistema.
Regenerar un río es una tarea casi imposible. A diferencia de otras prácticas donde se extrae material y que eventualmente puede recuperarse, un río que ha sido contaminado, dragado y sobreexplotado pierde su capacidad de renovar el agua y mantener la vida. Es por eso que no solo debemos monitorear las concesiones públicas, sino también prevenir cualquier intento de otorgar concesiones privadas que podrían profundizar aún más el deterioro del Río Frío y sus lagunas.
Si se empiezan a otorgar concesiones privadas sin un control adecuado, se corre el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre la conservación ambiental. La falta de regulación efectiva podría acelerar el daño al ecosistema y debilitar la capacidad de recuperación de los humedales. Este escenario pondría en peligro la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que benefician a toda la comunidad.
La protección de los humedales no es solo responsabilidad del gobierno o de organizaciones ambientales. Como ciudadanos, debemos exigir una gestión responsable que priorice el bienestar de los ecosistemas sobre los beneficios económicos de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la administración de los recursos naturales.
En este Día Mundial de los Humedales, hacemos un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros ríos enfrentan amenazas constantes. Debemos organizarnos, denunciar, exigir soluciones y recordar que los humedales son patrimonio de todos. ¡Sigamos vigilantes y defendamos lo que nos pertenece!
Los humedales no tienen fronteras: La importancia de una protección compartida
El grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se une a la celebración del Día Mundial de los Humedales, recordándonos la gran riqueza natural que posee Guatuso. En esta región existen extensas áreas de humedales, como Caño Blanco, un ecosistema de gran importancia para la biodiversidad. También se encuentran otros humedales significativos en Mónico, La Unión y desde Moravia Verde hasta Cañas y la frontera con Nicaragua. Estos ecosistemas no solo albergan una gran diversidad de flora y fauna, sino que también son esenciales para la regulación del agua y la vida de muchas comunidades.
Uno de los aspectos clave de estos humedales es su carácter transfronterizo. Cuando hablamos de su conservación, debemos reconocer que estos ecosistemas no tienen límites políticos. La protección del Humedal de Caño Negro, por ejemplo, no es solo responsabilidad de Los Chiles, sino también de Guatuso, Nicaragua y todas las comunidades que dependen de él. Entender esta interconexión es fundamental para su defensa, ya que las afectaciones en una parte del humedal impactan todo el ecosistema, sin importar en qué país o cantón se encuentren.
La vulnerabilidad está servida
Sin embargo, este frágil ecosistema enfrenta amenazas crecientes. Actividades como la pesca irresponsable, la expansión de piñeras y las empresas de tubérculos han venido a vulnerabilizar aún más los humedales del Río Frío. El uso intensivo de agroquímicos, la contaminación del agua y la alteración de los cauces naturales ponen en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de muchas comunidades locales.
Los humedales no pueden verse únicamente como territorios delimitados por fronteras humanas; son ecosistemas vivos y universales que pertenecen a todos. Su conservación requiere cooperación entre comunidades, países y organizaciones, asegurando que las decisiones que se tomen para su manejo sean integrales y sostenibles. La falta de protección en un sector puede significar la degradación de todo el ecosistema, afectando no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida de quienes dependen de estos cuerpos de agua.
En este Día Mundial de los Humedales, el llamado es claro: debemos reconocer que la defensa de estos ecosistemas nos concierne a todos. La comunidad de Maquengal y el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío reiteran su compromiso de vigilar y exigir una gestión responsable, sin distinciones de fronteras. La protección de los humedales es una tarea compartida, y solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar que sigan cumpliendo su papel vital para las futuras generaciones.
Es importante señalar que en este contexto que estamos atravesando de alta vulnerabilidad de nuestros ecosistemas el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se opone rotundamente a las concesiones privadas para extracción de material.
Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.
Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:
«Es una decisión demasiado buena, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevo luchando. Que, en el mismo momento, se diga: ‘saca esa vara de vuelta’. Y, por supuesto, se abrirá un expediente contra esa compañía…»
¿Qué está pasando? Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.
Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.
La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.
¿Por qué importa el cuidado de los humedales? Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.
Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.
Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.
Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.
A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Las comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.
A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.
Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.
Defensores ambientales: Un pilar clave en la protección del Caribe Sur
Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.
Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.
La diputada socialcristiana Vanessa Castro presentó a la corriente legislativa el expediente 24.804, titulado “Ley de conservación de arboretos para la biodiversidad y educación ambiental”. Esta iniciativa tiene como propósito principal la protección de especies arbóreas amenazadas en el país, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Costa Rica. Además, busca desarrollar espacios educativos y de sensibilización ambiental a través de los arboretos, los cuales estarán abiertos a ciudadanos de todas las edades y niveles educativos, promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad.
Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta es fomentar el turismo científico y educativo, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico sostenible de diversas comunidades del país. Para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los arboretos, la responsabilidad recaerá en las municipalidades y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello, se creará un Fondo Verde, cuya función será financiar exclusivamente la creación, administración y mantenimiento de estos espacios. Dicho fondo será gestionado por el SINAC y recibirá aportes del Estado, donaciones nacionales e internacionales, así como contribuciones provenientes de alianzas público-privadas.
Asimismo, el proyecto de ley plantea la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas que colaboren con la creación y mantenimiento de los arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios de cooperación. Estos beneficios incluirán deducciones tributarias sobre el impuesto sobre la renta y exenciones parciales del impuesto de bienes inmuebles, con el propósito de incentivar la participación del sector privado en la conservación ambiental.
La propuesta legislativa contó con el aporte de expertos en la materia, como el profesor Franklin Sandí Murillo, docente de biología en la Universidad de Costa Rica (UCR); la doctora Magda Cecilia Sandí, coordinadora de la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO; y el consultor peruano en ecología y conservación Héctor Alexis Luque Machaca. Con este proyecto, Costa Rica reafirma su compromiso con la conservación ambiental y la educación, apostando por la integración de la ciencia, la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.
Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa Castro.
La sostenibilidad pesquera en Costa Rica enfrenta un desafío crítico. Expertos en ciencias marinas, académicos, representantes de la sociedad civil y tomadores de decisión se reunieron el pasado 27 de enero en la Asamblea Legislativa en el Encuentro Técnico sobre Pesca Sostenible, organizado por la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental. Esta actividad fue concebida como un espacio esencial para generar insumos que alimenten el debate sobre el proyecto de ley N.° 24263 Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica que llegó a consulta al Parlamento Ambiental y que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.
Durante el conversatorio, especialistas abordaron temas clave como la sobreexplotación de especies, la falta de datos biológicos y socioeconómicos, la captura incidental, los efectos del cambio climático y la necesidad de reformas en la autoridad pesquera. Se destacó la necesidad de un manejo pesquero integral, basado en ciencia y gobernanza transparente, para evitar el colapso de los recursos marinos y asegurar el bienestar de las comunidades costeras.
Un punto de consenso fue la urgencia de implementar medidas inmediatas, aun cuando la información sobre las poblaciones pesqueras sigue siendo limitada. «No podemos esperar a tener todos los datos; debemos actuar ya con el conocimiento disponible y aplicar el principio precautorio», enfatizó Moisés Mug, biólogo pesquero con más de 40 años de experiencia.
El evento se desarrolló bajo la metodología Speed Talk, en la que cada experto contó con 10 minutos para presentar su visión sobre los elementos esenciales de la pesca sostenible. Entre las principales conclusiones, se resaltó la necesidad de:
Generar datos científicos sólidos sobre las especies objetivo para establecer límites de captura sostenibles.
Garantizar la transparencia en la actividad pesquera, asegurando que la información sobre capturas y esfuerzos de pesca esté disponible al público.
Fortalecer la gobernanza pesquera con un enfoque interdisciplinario e inclusivo, donde la academia, las ONG y el sector pesquero trabajen en conjunto.
Promover la diversificación económica en las comunidades pesqueras, impulsando alternativas sostenibles como el ecoturismo marino.
Incorporar estrategias de adaptación al cambio climático, ante la inminente reducción de especies y cambios en los ecosistemas marinos.
Los diputados presentes en el evento expresaron su compromiso con la sostenibilidad pesquera. «El desarrollo no puede existir sin equidad y sin respeto por el ambiente», afirmó el diputado Ariel Robles Barrantes del Partido Frente Amplio. Por su parte, la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista subrayó la importancia de tomar «una posición firme y estratégica para asegurar la conservación de nuestro océano.»
El presidente de la Comisión Marino Costera, Damián Martínez Fernández, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar un enfoque participativo en la creación de políticas públicas: «El desarrollo de una pesca sostenible es vital para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de Costa Rica. Mejorar este proyecto de ley con las sugerencias de los expertos y expertas es una oportunidad que no podemos dejar pasar.»
El encuentro concluyó con un llamado a la acción para reformar la gestión pesquera en Costa Rica, reforzar la fiscalización de la pesca ilegal y garantizar que las leyes ambientales sean efectivas y respetadas. Los hallazgos del evento serán recopilados en un documento técnico que se entregará a los tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas.
Con un país cuya economía y seguridad alimentaria dependen en gran medida de sus recursos marinos, el mensaje es claro: la pesca sostenible es una necesidad urgente, no solo para la conservación del ecosistema, sino para la supervivencia de miles de familias que dependen del mar.
Población reacciona con alegría y afinidad por la defensa de los ecosistemas y en contra de este gobierno ecocida.
(31/01/2025) La mañana de este viernes un grupo de manifestantes integrantes del Bloque Verde recorrieron las principales calles de la capital para llevar, con música y alegría, un mensaje de protesta contra la gestión del ministro de Ambiente Franz Tattenbach Capra. Una acción ecologista no violenta que se ha vuelto popular en redes sociales.
Al son de la canción “El ministro aserrín” compuesta por Bloque Verde e interpretada al ritmo de calipso cuyo coro denuncia la deforestación en el humedal de Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Caso de destrucción ambiental que destapó una cadena de actuaciones ilegales y de aparente tráfico de influencias a favor de empresarios inmobiliarios en contra de los ecosistemas del Caribe Sur.
Para Federico Lizano, activista de Bloque Verde: “la jornada de perifoneo en contra del ministro Tattenbach fue una acción contundente y necesaria ante la alarmante destrucción ambiental que está ocurriendo en Costa Rica. Fue muy alentador ver a la gente en las calles apoyando el movimiento, alzando la voz y reforzando un discurso que defiende nuestros recursos naturales frente a políticas que favorecen su deterioro.”
Además del perifoneo, se entregaron pronunciamientos en defensa de Gandoca Manzanillo en la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, en el MINAE y en la Contraloría de la República.
Para la licenciada en derecho y ambientalista Silvia Matamoros fue evidente el respaldo de la gente cuando escuchaba el mensaje en defensa de los ecosistemas. Tanto en el Mercado Central, como en las distintas calles y avenidas josefinas hubo cientos de muestras de simparía por el mensaje ecologista. Muchas personas dieron su adhesión por medio de la recolección de firmas para pedir la renuncia de Franz Tattenbach como ministro de Ambiente.
“El respaldo ciudadano demuestra que el país no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras se toman decisiones que comprometen nuestro patrimonio ambiental. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la protección de nuestros ecosistemas.” Señaló Matamoros.
