El Comité Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas se reunirán el sábado 22 en Palo Verde de Chomes.
En la actividad de conmemorará el Día del Agua y se analizará el estado del manejo del agua en los ríos del Corredor Biológico Pájaro Campana, que son los mismos que la Alianza de Comunidades ha venido defendiendo por años.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Prácticas conocidas para cometer delitos
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
La importancia de denunciar
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica
Aspecto Clave
Descripción
Definición
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad
La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones
Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones
Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial
Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias
Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.
El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.
Minería Ilegal y Crimen Organizado
Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.
¿Qué es la minería a cielo abierto?
La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.
Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica
Desde la década de 1990 ha habido debates sobre la minería en Crucitas.
Cronología de leyes y sentencias clave:
2002: Se impone una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
2010: Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe esta actividad en todo el país.
2010-2011: Tribunales nacionales anulan la concesión minera a Industrias Infinito S.A. por ilegalidades.
2021-2023: Fallos de la Sala Constitucional ordenan acciones contra la minería ilegal en Crucitas.
El Arbitraje Internacional y la Regulación Vigente
El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.
Alternativas Sostenibles: Más Allá del Extractivismo
Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.
¿Qué sigue?
El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.
Minería a cielo abierto: ¿De que hablamos?
mpactos ambientales
Deforestación y pérdida de biodiversidad
La minería a cielo abierto requiere la eliminación de grandes extensiones de bosques y suelos, afectando ecosistemas completos.
En zonas como Crucitas (Costa Rica), la minería amenaza especies en peligro de extinción, como la lapa verde (Ara ambiguus), que depende del almendro amarillo para anidar y alimentarse.
También afecta corredores biológicos y reservas naturales, fragmentando hábitats y alterando los equilibrios ecológicos.
Contaminación del agua
Se generan residuos tóxicos que pueden filtrarse a ríos, acuíferos y lagos, afectando la calidad del agua potable.
En la minería de oro, se usa cianuro para disolver el metal, lo que puede ocasionar envenenamiento de cuerpos de agua si no se maneja correctamente.
La contaminación por mercurio, usado en la minería artesanal, se bioacumula en peces y afecta a las comunidades humanas cercanas.
Suelo y geología
La remoción masiva de tierra provoca erosión, deslizamientos y la pérdida de la capacidad productiva del suelo.
Se generan grandes escombreras y relaves (desechos tóxicos), que pueden filtrar metales pesados y sustancias químicas al ambiente.
Emisiones de gases y contaminación del aire
La voladura de rocas y el uso de maquinaria generan polvo tóxico y emiten gases de efecto invernadero.
Se liberan metales pesados como arsénico y plomo, afectando la salud de las comunidades cercanas.
Impactos sociales y económicos
Conflictos socioambientales
La minería a cielo abierto es un foco de conflictos entre comunidades, empresas y gobiernos debido a los impactos ecológicos y la falta de consulta a poblaciones locales.
En América Latina, se han documentado numerosos conflictos, donde comunidades indígenas y rurales han resistido proyectos mineros que afectan su territorio.
En Costa Rica, el caso de Crucitas ha sido un ejemplo de oposición social sostenida contra la minería a cielo abierto.
Minería ilegal y crimen organizado
Cuando los proyectos mineros son detenidos o prohibidos, muchas veces surge minería ilegal, vinculada al narcotráfico, explotación laboral y trata de personas.
En Crucitas, el OIJ ha identificado redes de minería ilegal desde 2017, asociadas a tráfico de mercurio, armas y corrupción de funcionarios.
Desplazamiento de comunidades
En muchos casos, los proyectos mineros implican desalojos de comunidades que viven en las áreas concesionadas.
Se generan cambios en el uso del suelo, afectando actividades económicas tradicionales como la agricultura y la pesca.
Dependencia económica y poca redistribución de beneficios
La minería a cielo abierto genera grandes ingresos para las empresas, pero pocos beneficios para las comunidades locales.
Muchas veces, los empleos son temporales y desaparecen una vez agotado el recurso.
Los gobiernos suelen depender de los ingresos mineros sin invertir en diversificación económica.
Breve cronología
Década de 1990
1996: Decreto Ejecutivo 25700-MINAE declara la veda total del aprovechamiento de árboles en peligro de extinción.
Años 2000-2010
2001 (17 de diciembre): Resolución R-578-2001-MINAE otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito.
2002 (enero): Se publica en La Gaceta la resolución R-578-2001-MINAE.
2002 (junio): Decreto Ejecutivo 30477-MINAE declara una moratoria nacional indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto.
2002: Sentencia 2002-2486 de la Sala Constitucional reconoce la obligación del Estado de proteger la lapa verde y el almendro amarillo.
2004: Sentencia 2004–13414 de la Sala Constitucional anula la resolución R-578-2001-MINAE por falta de estudio de impacto ambiental.
2005 (enero): Resolución 119-2005-SETENA previene a Industrias Infinito por deficiencias en su Estudio de Impacto Ambiental.
2005 (diciembre): Resolución 3638-2005 de SETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto Crucitas.
2007: Presentación de cambio en la viabilidad ambiental del proyecto, posteriormente declarado ilegal.
2008 (febrero): Resolución 170-2008-SETENA modifica la viabilidad ambiental del proyecto.
2008: Decreto Ejecutivo 34801-MINAE declara el proyecto Crucitas de interés público.
2009: Sentencia 2009-17155 de la Sala Constitucional no resuelve la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE.
2010 (diciembre):
Sentencia 2010-4399 del Tribunal Contencioso Administrativo anula la concesión minera de Industrias Infinito.
Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.
Años 2011-2020
2011 (noviembre): Sentencia 1469-F-S1-2011 de la Sala Primera confirma la anulación del proyecto minero.
2014 (marzo): Infinito Gold presenta demanda ante el CIADI contra Costa Rica.
2015 (noviembre): Sentencia 1438-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo sobre ejecución de la sentencia del 2010, luego anulada en 2017.
2017:
Inician reportes sobre extracción ilegal de oro en Crucitas.
APREFLOFAS alerta sobre la contaminación por mercurio.
2019:
OIJ inicia investigaciones sobre la minería ilegal en Crucitas.
Operaciones policiales detectan tráfico de oro y mercurio.
2021 (junio):
Laudo del CIADI determina que Costa Rica no debe pagar indemnización a Infinito Gold.
Sentencia 2021-20047 de la Sala Constitucional ordena medidas contra la minería ilegal en Crucitas.
Años 2022-2025
2023 (febrero): Nueva sentencia de la Sala Constitucional reitera la necesidad de acciones contra la minería ilegal.
2024 (julio): Decreto Ejecutivo 44564-MINAE declara moratoria en Crucitas.
2024 (septiembre): Investigación periodística revela que oro ilegal de Crucitas es transportado y lavado en Abangares.
2024 (noviembre): El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y para reformar parcialmente el Código de Minería (Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982).
2025 (marzo): APREFLOFAS presenta su criterio sobre el expediente legislativo 24.717 ante la Asamblea Legislativa.
La minería a cielo abierto es una de las actividades más controversiales en términos socioambientales. Su impacto va más allá del daño ecológico, generando desigualdades económicas, conflictos sociales y problemas de salud pública. En países con alta biodiversidad y modelos de desarrollo basados en el turismo y la conservación, como Costa Rica, su legalización pone en riesgo el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.
El almacenamiento de carbono en los suelos ha cobrado relevancia en los mercados internacionales de carbono, ya que representa una oportunidad para la conservación de suelos y la generación de incentivos económicos para el sector forestal.
El próximo lunes 24 de marzo, en el marco del II Congreso de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, especialistas, propietarios de plantaciones forestales y actores clave del sector, se reunirán en el Taller: Posibilidades para un proyecto de Créditos de carbono del suelo en plantaciones forestales en Costa Rica, organizado por El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (Inta) y el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional de Costa Rica (Inisefor-UNA), con el apoyo de la Cooperación al Desarrollo del Grand Ducado de Luxemburgo.
El taller se plantea como un primer paso hacia el desarrollo de un proyecto piloto en Costa Rica, con el fin de impulsar un esquema innovador que no solo beneficie la sostenibilidad de los suelos forestales, sino que también genere valor económico para los productores mediante la participación en los mercados de carbono.
El almacenamiento de carbono en suelos es el proceso mediante el cual los suelos capturan y retienen carbono en forma de materia orgánica y compuestos minerales. Es una parte clave del ciclo del carbono y contribuye a la mitigación del cambio climático al reducir la cantidad de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera. En Costa Rica, el rol de las plantaciones forestales en este contexto sigue siendo un campo poco explorado, por lo que este taller busca abrir un espacio de discusión y aprendizaje colaborativo.
El evento contará con expertos en metodologías de medición y certificación de carbono en suelos forestales, entre ellos Ana Lupi, representante del Inta; Angelo Sartori, director Senior de Government and Policy Engagement de VERRA, plataforma líder en certificación de créditos de carbono; Arturo Ureña, coordinador Técnico del programa Scaling up Climate Ambition on Land Use and Agriculture (SCALA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Andreina Malavasi, especialista en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Gilmar Navarrete, director de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Durante la jornada, se abordarán temas como los requisitos para la certificación de proyectos, la recarbonización de suelos agrícolas y las oportunidades de financiamiento disponibles para el sector privado.
El evento, que se realizará en las instalaciones del Museo de Cultura Popular, ubicado en Barva de Heredia, está dirigido a propietarios y gestores de plantaciones forestales, investigadores, instituciones gubernamentales, empresas interesadas en sostenibilidad y mercados de carbono, así como organizaciones ambientales.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025
En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.
La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.
La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.
La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.
Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.
Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El 30 de diciembre de 2024 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el Recurso de Amparo. En la presente nota podrá ver cómo puede apoyar con una coadyuvancia.
Resumen
El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, argumentando que el Poder Ejecutivo y la SETENA han omitido incluir la evaluación de los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Sostiene que el Decreto Ejecutivo 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 21 de diciembre de 2022, que regula la evaluación ambiental en el país, no contempla la obligación de evaluar los riesgos e impactos climáticos de los proyectos, ni establece medidas de mitigación o adaptación al cambio climático.
El demandante argumenta:
Violación de derechos constitucionales y convencionales: Se argumenta que la omisión en la evaluación climática vulnera el derecho de las generaciones presentes y futuras a un clima seguro, en el marco del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ausencia de regulación sobre cambio climático en la EIA: El Decreto Ejecutivo vigente no obliga a evaluar el impacto climático de los proyectos ni establece medidas de mitigación y adaptación.
Inacción de la SETENA: La institución no ha emitido guías, acuerdos o resoluciones que exijan considerar el cambio climático en los procesos de evaluación ambiental.
Incompatibilidad con estándares internacionales: Se invocan múltiples instrumentos internacionales y jurisprudencia que respaldan la necesidad de integrar el cambio climático en los estudios de impacto ambiental.
La Sala Constitucional admitió el recurso y ordenó que la ministra de la Presidencia, el ministro de Ambiente y Energía y el secretario general de SETENA presenten un informe sobre los hechos denunciados dentro de tres días hábiles. Setena y Minae reconocen que no existe una guía que incorpore la variable climática a la fecha. Señalan que a finales de año podrían tener algún avance.
Se advierte que, de no responder dentro del plazo, se podrían dar por ciertos los hechos alegados por el recurrente y fallar a favor del recurso.
Puede leer la información completa mediante este enlace.
NOTA: Cada persona u organización puede agregar una coadyuvancia. El amparo debe ser presentado en la Sala Constitucional y puede ser personalizado con los argumentos que gusten. Este es el texto de un formato general que puede ser copiado, completado y presentado:
RECURSO DE AMPARO CONTRA SETENA POR NO TENER GUIAS CLIMÁTICAS
EXPEDIENTE: N ° 24-035889-0007-CO
SEÑORES
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La (PONER EL NOMBRE Y CÉDULA DE LA PERSONA QUE FIRMA) atenta manifiesto:
Primero: Me apersono ante su Autoridad a efecto de presentar coadyuvancia activa en este recurso de
amparo.
Segundo: Mi legitimación emana de la norma 50 constitucional.
Tercero: Considero que es inconstitucional que la SETENA no tenga protocolos, ni guías ambientales climáticas, lo anterior es contrario al ACUERDO DE PARÍS y otros convenios ratificados.
Cuarto: Pido que se establezca en sentencia que el amparo lleva razón en todo. Pido que se disponga que el Ejecutivo ha violentado obligaciones nacionales así como internacionales, al aprobar las obras, proyectos y actividades, que han obtenido licencias ambientales en el pasado por violación al principio de tutela científica.
CUESTIONES DE TRAMITE
A los efectos atiendo notificaciones al correo electrónico:
Las denuncias ambientales son fundamentales para la preservación de los ecosistemas y el cumplimiento de la legislación ambiental. Permiten identificar y frenar actividades ilegales como la deforestación, contaminación y destrucción de hábitats, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Además, garantizan la rendición de cuentas de quienes incumplen las normativas y fomentan una cultura de respeto por el medio ambiente. La participación ciudadana es clave para prevenir daños irreversibles y asegurar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.
Denuncia ambiental en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca
Desde el 2016 hasta la fecha, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó labores de vigilancia y denuncia sobre un terreno ubicado entre el Hotel Selina y el Hotel Rocking J’s, en Cocles, contiguo a la zona pública. Según una revisión del SINAC, este sector cuenta con la Certificación SINAC-ACLAC-PNE-C 011-2017, emitida por la Dirección del Área de Conservación Amistad-Caribe, que lo declara parte del Patrimonio Natural del Estado.
La documentación muestra que el demandado, junto con otras personas, habría intervenido el terreno sin autorización, a pesar de su protección legal. La denuncia incluye inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como solicitudes de medidas cautelares para detener los daños y permitir la regeneración del bosque costero. También se señala la posible responsabilidad de la Municipalidad de Talamanca en la entrega de permisos irregulares.
Cronología de los hechos
22 de abril de 2016: Se observa a un hombre chapeando vegetación en el terreno. La policía interviene y detiene la actividad. Más tarde, el demandado se presenta molesto en un negocio del denunciante.
12 de agosto de 2017: Se realiza una gran chapea del terreno. Se notifica al MINAE, que inspecciona pero no encuentra a nadie. En una reinspección posterior, se encuentra al demandado en el terreno y se levanta una denuncia.
13 de agosto de 2017: Inspección oficial del SINAC confirma el corte de vegetación en la zona marítimo-terrestre.
23 de agosto de 2017: El demandado admite la chapea y la justifica alegando razones de seguridad.
28 de diciembre de 2017: Se observa al demandado fumigando el terreno.
23 de marzo de 2018: Personas vuelven al terreno con machetes. Se llama al 911, pero los responsables se esconden antes de que llegue la policía.
24 de marzo de 2018: Se graba en video al demandado dentro del terreno con productos de fumigación.
21 de noviembre del 2024: Se reporta y denuncia chapeado en la zona marítimo terrestre.
Acciones continuaron
El último aviso que realizó Vangoidsenhoven fue el 21 de noviembre de 2024, cuando llamó a la policía y comprobó la presencia de personas realizando actividades en el terreno, a pesar de las medidas cautelares vigentes. Phillipe señala que, desde 2016, cada tres o cuatro meses se han enviado peones para realizar labores; no han dejado de chapear, fumigar y llevar a cabo otras acciones desconocidas.
A pesar de las múltiples advertencias de las autoridades y de que los responsables han sido identificados, la actividad ilegal continúa. Phillipe denuncia: “Aun así, siguen, siguen y siguen. A pesar de las medidas cautelares, enviaron a dos peones. El denunciado no estuvo ahí porque sabe lo que está pasando”.
El personal del MINAE ha indicado que, si se detecta actividad en el terreno, debe ser denunciada ante el MINAE o directamente a la policía. Quienes incumplan estas disposiciones deben ser arrestados y llevados a la Fiscalía.
Sin embargo, gracias a la vigilancia y las denuncias constantes, se ha logrado frenar en parte estas acciones. Sin este esfuerzo, probablemente el bosque ya no existiría.
Eventos ocurridos el pasado 21 de noviembre del 2024
La Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, en su Artículo 12, establece que sin autorización legal, está prohibido explotar la flora y fauna, cercar terrenos, construir edificaciones, cortar árboles, extraer recursos o realizar cualquier tipo de desarrollo o actividad en estas áreas protegidas
La urgencia de proteger el bosque costero
Actualmente, este terreno cuenta con medidas cautelares, pero sigue siendo necesaria una intervención urgente para garantizar su protección y regeneración.
Los bosques costeros son fundamentales para: Proteger contra la erosión y marejadas, reduciendo el impacto de fenómenos climáticos extremos. Refugiar una gran diversidad de flora y fauna, muchas veces endémica o en peligro de extinción. Capturar carbono y mitigar el cambio climático, ayudando a reducir los gases de efecto invernadero. Mantener el equilibrio ecológico y la calidad del agua, beneficiando la biodiversidad y el bienestar humano. Sostener actividades económicas como el ecoturismo y la pesca, que dependen de un ambiente saludable
La vigilancia ambiental y la denuncia de actividades ilegales son fundamentales para preservar estos ecosistemas. Proteger el Humedal de Cocles es responsabilidad de toda la sociedad y un llamado urgente para que las instituciones cumplan su deber.
Eventos enfrentados por Philippe por sus labores de vigilancia y denuncia.
Durante su labor, Phillipe ha estado expuesto a constantes agresiones, como se evidencia en los videos que nos proporcionó, llegando incluso a ser amenazado en su propio negocio.
La primera vez ocurrió en 2016, cuando, tras observar actividades ilegales de chapeo en el terreno y alertar a la policía, lograron detenerlas. Phillipe relata que, al llegar a su negocio, aproximadamente una o dos horas después, el denunciado llegó con un peón, reclamando en voz alta y de manera amenazante: “¿Qué estás haciendo? Ese terreno es mío, puedo hacer lo que me dé la gana”.
En otra ocasión, el denunciado y su pareja comenzaron a seguirlo mientras conducía. Para Vangoidsenhoven, es fundamental denunciar estos hechos, pues forman parte de las estrategias utilizadas para amedrentar y silenciar. Situaciones como estas explican por qué pocas personas se atreven a denunciar, ya que temen sufrir agresiones similares.
Es crucial visibilizar estos episodios de violencia que enfrentan las personas defensoras del ambiente, solo por el hecho de proteger la naturaleza.
Marco Levy Virgo, representante de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología envió una carta al fiscal general Calo Díaz, en la cual pide “la indagatoria del señor ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra por la inconvencionalidad de la Directriz 09-2023 emitida, la cual contiene umbrales desregulatorios ambientales que son contrarios a la Constitución Política”.
El representante ecologista expone, en referencia al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que tal directriz violenta “el bloque de normas y principios constitucionales ambientales existentes en Costa Rica”. Levy Virgo detalla que se irrespetan los artículos 7, 9, 50 y 89 constitucionales y la Convención de la Diversidad Biológica, entre otros instrumentos.
Además, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a la fiscalía general la interposición de denuncia penal en contra del ministro de Ambiente y Energía “por los delitos de desobediencia y prevaricato”.
Así mismo, que “se suspenda la aplicación de la citada Directriz 09-2023, de conformidad con los principios preventivos y precautorios establecidos en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, así como los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental”.
Finalmente, Levy Virgo pide que “se me indiquen los fundamentos fácticos y legales por los cuales el ministro de Ambiente lleva más de dos años sin ser indagado como corresponde por usted como responsable de la fiscalía general de la Republica”.
La gestión de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se fundamenta como prueba en un documento de la Defensoría de los Habitantes en el cual se piden “medidas cautelares que suspendan las prácticas imperantes de tala, rellenos de humedales, construcciones y concesiones, sobre una zona indebidamente delimitada por así haberlo declarado la misma Sala Constitucional” para el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
El escrito señala que “se aporta prueba para mejor resolver en contra del ministro de Ambiente y Energía Señor Franz Tattenbach Capra por presunto prevaricato y favorecimiento al emitir entre otras acciones presuntamente irregulares la Directriz 09-2023”.
En esa prueba, -que se expone en el documento de la Defensoría citado-, se pide que la Sala Constitucional expida “una medida cautelar en gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019; ante desobediencia acreditada mediante sentencia 26300-2024 del 10 de setiembre de 2024”.
En el marco del Día Internacional de la Vida Silvestre, es urgente alzar la voz sobre la devastación ambiental en Costa Rica. A pesar de su imagen de país verde y comprometido con la conservación, la realidad muestra un panorama alarmante de ecocidio y destrucción de hábitats esenciales para la biodiversidad. La deforestación, la expansión urbanística descontrolada, el monocultivo, la contaminación y la pesca industrial están acabando con ecosistemas fundamentales para la vida silvestre en tierra y mar.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), responsable de la protección ambiental, ha fallado en su deber de resguardar estos espacios. En tierra, la tala ilegal y los proyectos inmobiliarios avanzan sin un control efectivo, destruyendo bosques y desplazando especies. En el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y la falta de regulación efectiva permiten que los ecosistemas marinos se degraden rápidamente, afectando especies clave para el equilibrio ecológico.
Entre estas especies, los tiburones destacan como vida silvestre amenazada. Sin embargo, en lugar de ser protegidos, Costa Rica es el quinto país que más exporta aletas de tiburón en el mundo. Esto es una contradicción inaceptable para una nación que se jacta de ser un líder ambiental. Proteger la vida silvestre significa reconocer que los océanos también son parte de nuestro patrimonio natural y que sin tiburones, los ecosistemas marinos colapsan. La conservación no puede ser solo un discurso: es hora de exigir acciones reales y contundentes.
El Día Mundial de la Vida Silvestre, celebrado cada 3 de marzo, fue proclamado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha conmemora el aniversario de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en 1973.
Costa Rica es un país megadiverso, con una gran cantidad de especies animales y vegetales. Según datos del SINAC, el país alberga más de 8.500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 160 especies de anfibios, 205 especies de mamíferos y 850 especies de aves. Se estima que existen más de 360.000 especies de insectos, incluidos mariposas, abejones, hormigas y abejas.
No obstante, más de 200 especies de fauna se encuentran en peligro debido a la reducción de sus poblaciones, y 40 especies están registradas como en peligro de extinción. Entre estas se destacan la lapa roja, la lapa verde y el oso hormiguero gigante, cuyas poblaciones están seriamente amenazadas.
Es hora de que Costa Rica se comprometa de manera firme y efectiva con la protección de su rica biodiversidad y que su imagen como líder en conservación sea respaldada por acciones concretas y responsables.
Desde ayer, vecinos y defensores del humedal de Coris, en Cartago, han sido testigos de la destrucción parcial de este valioso ecosistema, sin que las autoridades tomen medidas al respecto. El humedal, que alberga nacientes de agua, un manantial natural y fuentes hidrotermales, es crucial para la biodiversidad de la zona. Además, juega un papel fundamental como zona de recarga acuífera, extendiéndose desde Coris hasta la Laguna de Doña Ana, en Paraíso.
Las acciones realizadas incluyen lo que parece ser el dragado y el relleno del humedal. El año pasado, las organizaciones defensoras del medioambiente ya habían denunciado a la finca La Mara por actividades similares.
Los humedales, por su propia naturaleza, son esenciales para la observación de aves y otros animales asociados a estos ecosistemas. En un contexto urbano, también ayudan a mitigar los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones, al absorber el exceso de precipitaciones. Asimismo, la vegetación presente en estos humedales actúa como un filtro natural que mejora la calidad del agua. Por todas estas razones, los humedales están protegidos por la ley en todo el país.
Proteger contra la erosión y marejadas, reduciendo el impacto de fenómenos climáticos extremos.
