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Participación en el Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática, Cumbre de los Pueblos y COP30. Belén, Brasil 5 – 15 noviembre 2025

Jiri Spendlingwimmer / Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Brasil el “Gigante del Sur”

Brasil posee una superficie de 8 500 000 km2, una población de 215 millones de habitantes, aunque la lengua oficial es el portugués, se hablan más 300 lenguas indígenas, es el país #1 del continente en riqueza hídrica y biodiversidad, el bosque de las amazonas es de suma importancia para el clima del continente y el mundo.

Políticamente, Brasil es una de las potencias regionales del continente; en el contexto actual de disputa geopolítica mundial, el gobierno de PT y del presidente Lula buscan una mayor soberanía.

A nivel de movimientos sociales, por lo que conozco, la mayor fuerza de articulación del continente también se encuentra en Brasil, el “Gigante del Sur”.

Cumbre de los Pueblos y Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática

La Cumbre de los Pueblos fue un importante evento, al cual acudieron representantes de más de 1000 organizaciones y 70 000 participantes de todo el mundo; la Cumbre de los Pueblos representa la alianza, alternativas y resistencias de los pueblos y organizaciones frente al poder de los gobiernos y las corporaciones presentes en la COP30.

En el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica participamos en la Cumbre de los Pueblos por invitación del “Movimento dos Atingidos por Barragens” (MAB) de Brasil, una organización de base comunitaria con presencia en 21 de los 26 estados federados del Brasil, y el MAR, el Movimiento de Afectados por Represas, en el cual participan más de 40 organizaciones de 21 países del continente, incluyendo Costa Rica.

Así como la alianza BRICS en la cual participa Brasil y otros países latinoamericanos y potencias del sur global son una importancia alternativa al orden hegemónico desafiando el imperialismo de EE UU y el poder económico del bloque G7; a nivel de movimientos sociales el MAR presento oficialmente el 12 de noviembre del 2025 en la Amazonia Brasileña su proyecto de construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, Crímenes Socioambientales y Crisis Climática con participación de 70 organizaciones de base de 60 países en los 5 continentes.

Como miembro de la organización nacional Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica me parece interesante e importante formar parte de estas nacientes estructuras contrahegemónicas surgidas en Brasil y Latinoamérica e impulsadas desde los países del sur.

Conclusión

El MAB y MAR son un ejemplo a seguir en cuanto a logros y objetivos que se pueden alcanzar cuando se trabaja con unión, organización y construcción de alianzas con organizaciones que comparten los mismos objetivos; esto es de suma importancia para contrarrestar la sociedad de hoy en día en la cual avanzan los valores de individualismo, mercantilización y competencia que promueve la cultura neoliberal, así como la economía capitalista de explotación de la naturaleza y el hombre.

Enlaces de interés

  • “Manifiesto y anuncio de la construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, por los Crímenes Socioambientales, y la Crisis Climática”

https://marglobal.org/2025/11/13/manifiesto-publico-y-anuncio-de-la-edificacion-del-movimiento-internacional-de-poblaciones-afectadas/

Presentarán investigación inédita sobre minería ilegal y su expansión en territorios protegidos

La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.

El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica.
La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.

Detalles del evento

Panel de presentación

  • Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica

  • Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)

  • Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)

  • Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.

Investigación completa

Puede leerse en:
https://revistaraya.com/la-multinacional-del-oro-que-le-abrio-las-puertas-a-la-mineria-ilegal-en-tierras-protegidas-de-costa-rica.html

¿Cómo medir nuestro impacto para construir un futuro sostenible?

Por Sofía Morera Oses

En julio de 2025, se registró el Día del Sobregiro de la Tierra, lo que quiere decir que la humanidad ya había consumido todos los recursos que la naturaleza puede regenerar de manera sustentable en un año; convirtiéndose en el sobregiro ecológico más anticipado del que se tenga registro (WWF, 2025).

La Red Global de la Huella Ecológica (GFN) junto con la Universidad de York, indicaron que actualmente la humanidad está haciendo uso de los recursos naturales un 80% más rápido que la capacidad en que los ecosistemas pueden regenerarse, lo que equivale a consumir los recursos de casi dos planetas Tierra para sostener ese nivel de actividad; este consumo insostenible de recursos naturales no solo afecta a la población actual, sino que compromete en gran medida la seguridad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras (WWF, 2025).

Con el objetivo de evaluar el impacto ambiental y promover acciones hacia un desarrollo sostenible se puede usar la Huella Ecológica, la cual es un indicador que mide el impacto de la actividad humana en el planeta, para esto, cuantifica la superficie biológicamente productiva necesaria para proveer los recursos consumidos y absorber los residuos generados por una persona, actividad o comunidad; la unidad de medida que se utiliza es la hectárea productiva (WWF, 2024).

Es decir, permite conocer la sostenibilidad del modo de vida y comparar regiones o países, entendiendo que no todos los países o personas demandan la misma cantidad de recursos, por lo que la huella que produce cada país/persona es diferente (WWF, 2024).

Por ejemplo, un ciudadano promedio de EE.UU. puede tener una huella ecológica de 8.2 hectáreas mientras que en Costa Rica es de aproximadamente 2 hectáreas por habitante. Ambos indicadores, superan el parámetro de comparación es la biocapacidad de la Tierra, que es actualmente de 1,6 hectáreas globales por persona, según el informe de World Wildlife Fund (WWF).

También se puede utilizar la Huella de Carbono, que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que emiten las actividades humanas tanto directa como indirectamente (como el uso de combustibles fósiles en el transporte, industria, energía y agricultura), se mide en toneladas de CO2 equivalente (Espíndola y Valderrama, 2011). Entre más emisiones se generen, más se aporta al calentamiento global y por tanto al cambio climático.

Poder medir la huella de carbono resulta clave para diseñar planes de mitigación y reducción de emisiones en los países, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Todas las personas tenemos una huella de carbono, hay diversos factores que influyen en el tamaño de esa huella, por ejemplo, del consumo de cada persona, los productos que suelen comprar, la dieta que tienen, cómo viajan, la forma en que se utiliza la energía en los hogares, etc.

Para ayudar al planeta, debemos:

Reducir el consumo de energía, aunque en Costa Rica la energía proviene en su mayoría de fuentes renovables, es fundamental ser conscientes de nuestro consumo de energía. Desconecte los aparatos electrónicos que no esté utilizando, evite dejar luces encendidas y revise las conexiones de su hogar.

Mejorar los hábitos de consumo, la producción de cualquier producto requiere el uso de energía y consumo de recursos naturales. Compre menos, reutilice, recicle y aproveche los productos de segunda mano. Antes de comprar algo, hágase la pregunta “¿realmente lo necesito?”.

Viajar responsablemente, los automóviles son sumamente contaminantes, si tiene la oportunidad opte por un auto eléctrico. También puede disminuir el uso: haga menos viajes, comparta el viaje, utilice transporte público o viaje en bicicleta siempre que pueda.

Para evaluar su propia huella y reflexionar sobre su estilo de vida actual, puede escanear los códigos QR. A la izquierda Huella Ecológica y a la derecha Huella de Carbono:

Bibliografía

Espíndola, C; & Valderrama, J. 2011. Huella del Carbono. Parte 1: Conceptos, Métodos de Estimación y Complejidades Metodológicas. Información Tecnológica Vol. 23 Nº 1 – 2012. https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v23n1/art17.pdf

WWF (World Wildlife Fund). 2024. ¿Qué es la huella ecológica?, ¿Cómo se produce? ¿Cómo la podemos reducir? Consultado el 05 de noviembre, 2025. https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/

WWF (World Wildlife Fund). 2025. La Tierra vive en 2025 el sobregiro ecológico más anticipado del que se tenga registro. Consultado el 05 de noviembre, 2025. https://wwf.panda.org/es/?14374441%2FLa-Tierra-vive-en-2025-el-sobregiro-ecologico-mas-anticipado-del-que-se-tenga-registro

Análisis del Proyecto de Ley 24.932 y la minería en Abangares

Compartimos el análisis del Observatorio de Bienes Comunes UCR sobre el Proyecto de Ley 24.932 y la minería en Abangares. Una mirada crítica a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que hoy atraviesa el país.

Puntos clave para profundizar:

* El proyecto protege la actividad minera, no el territorio.

* Riesgos por falta de controles, trazabilidad y verificación ambiental.

* Un MINAE debilitado que no puede fiscalizar la minería.

* Dependencia económica que genera vulnerabilidad social en Abangares.

* Aumento del riesgo para el agua y la salud por contaminación y sedimentación.

* Contradicción histórica: país “verde” vs. presiones extractivas crecientes.

* Llamado a replantear actividades económicas y reparar daños socioambientales.

* Pronunciamiento de organizaciones alerta sobre portillos legales y economías criminales.

👉🏽 Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-en-abangares-bienes-comunes-y-una-gobernanza-ambiental-en-crisis-una-mirada-critica-al-proyecto-de-ley-24-932/

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón

Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Presentación del capítulo de Ambiente del Informe Estado de la Nación será este jueves en la Asamblea Legislativa

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental invita a la presentación del capítulo de Ambiente del Informe del Estado de la Nación, una actividad bimodal dirigida a personas interesadas en comprender la situación ambiental del país y los principales hallazgos del informe más reciente.

La sesión se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa (Edificio A, piso -3). La exposición estará a cargo del Magíster Leonardo Merino Trejos, politólogo y coordinador del Informe Estado de la Nación en la sección correspondiente al diagnóstico ambiental.

Según la convocatoria, las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario oficial disponible en línea o por los canales de contacto habilitados por el Parlamento Cívico Ambiental. La modalidad virtual estará disponible exclusivamente para las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, mientras que la participación presencial está abierta mediante inscripción previa.

Inscripción presencial:
Formulario oficial:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqajeF1Hvg8LlT6o_u8QWsIfxWrldPU0jrDvBDKS5-zpSbg/viewform

También pueden inscribirse escribiendo a mbarrionuevo@asamblea.go.cr o llamando al 2243-2995.

La actividad forma parte del esfuerzo del Parlamento Cívico Ambiental por fortalecer el acceso público a información rigurosa y promover el debate informado sobre la situación del ambiente en Costa Rica.

PCA alerta sobre escalada de intimidación contra defensores ambientales en Costa Rica

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica
Lunes 17 de noviembre de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) hace un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional ante la creciente intimidación, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.

Hoy difundimos el Manifiesto condenando la intimidación contra los defensores del ambiente en Costa Rica – noviembre 2025, respaldado por 38 organizaciones. Este documento alerta sobre el deterioro de la DEMOCRACIA y en particular de la democracia ambiental y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural de los costarricenses.

El manifiesto denuncia:

La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.

El uso creciente de procesos judiciales abusivos que buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.

Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.

Por esta razón, el PCA:

Reafirma que no puede existir democracia sin democracia ambiental.

Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las obligaciones internacionales del Estado costarricense.

Reitera su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.

Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.

El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen que defender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Costa Rica retrocede en gestión ambiental: Estado de la Nación 2025

Observatorio de Bienes Comunes

Desde el Observatorio compartimos nuestro análisis sobre la situación ambiental del país, basado en el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los hallazgos muestran retrocesos significativos en la gestión ambiental de Costa Rica y un debilitamiento de los bienes comunes que debería preocuparnos a todos.

Algunos puntos clave del análisis:

🔹 Reformas regresivas: cambios normativos que reducen la protección del agua potable, flexibilizan el registro de plaguicidas y aumentan la presión turística en áreas protegidas.

🔹 Debilitamiento del Sinac: recortes presupuestarios, pérdida de personal y mayor centralización del poder ambiental en el Minae.

🔹 Conflictos territoriales: casos como Gandoca-Manzanillo y el Pacífico Norte muestran privatización de facto del litoral, presiones del turismo e inequidad en el acceso al agua.

🔹 Tendencia crítica: el país transita de un enfoque ambiental público a uno orientado por intereses privados, afectando el acceso a la costa, al agua y a la biodiversidad.

Este análisis aporta claves importantes para comprender el rumbo socioambiental del país y la defensa de los bienes comunes. 🌎💧

👉 Lea la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-retrocede-en-gestion-ambiental-decisiones-gubernamentales-erosionan-los-bienes-comunes-estado-de-la-nacion-2025/

Eco Posada Ecuménica por la Justicia Climática

  • Sábado 15 de noviembre, 5:00 p.m. Parque Kennedy, San Pedro

  • El evento está abierto a todo público.

Diversas iglesias, colegios religiosos, instituciones ecuménicas, grupos de fe y organizaciones ecologistas se reunirán este sábado 15 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Parque Kennedy de San Pedro, para celebrar una Eco Posada Ecuménica por la Justicia Climática.

Será un acto simbólico y esperanzador, con cánticos, oraciones, villancicos y mensajes de fe, en el que diferentes denominaciones religiosas se unirán al llamado global por la acción climática, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP30) que se desarrolla estos días en Belém do Pará, Brasil.

Las posadas son una tradición que recuerda la búsqueda de alojamiento de María y José antes del nacimiento de Jesús en Belén. En esta ocasión queremos asociarlas con el otro Belém, el de la Amazonía brasileña, donde pueblos organizados, iglesias y comunidades buscan hoy una posada segura y saludable. Ya no se trata solo de María, José y el niño Jesús, sino de todos los seres vivos que habitamos nuestra Casa Común”, expresó Karla Ann Koll, directora de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) y una de las organizadoras del evento.

Organizan y acompañan

Participan la Iglesia Episcopal Costarricense, la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia, la Iglesia Metodista Wesleyana, la Iglesia Bautista de San Pedro-Gedeón Urbano, el Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, el Movimiento Laudato Si’, COECOCieba y la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL).

La actividad forma parte de las acciones de la Red de Fe por la Justicia Climática: Abya Yala, América Latina y el Caribe, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Montes de Oca.

Fe, ecología y esperanza compartida

Las Eco Posadas buscan reafirmar que la fe también es una fuerza para defender la vida y el planeta, y que el compromiso espiritual puede contribuir a construir otro futuro posible, más justo y sostenible.

La crisis climática no conoce fronteras, pero su impacto es profundamente desigual: afecta con mayor dureza al llamado Sur Global, donde las comunidades más pobres y vulnerables enfrentan las consecuencias de un modelo de desarrollo injusto.

Ante este panorama, el encuentro invita a reconstruir la esperanza desde lo cotidiano, desde la acción de las personas, colectivos y comunidades organizadas, capaces de generar conciencia y promover cambios lentos pero sostenidos.

El evento está abierto a todo público y si quiere unirse a la organización y actividades futuras puede hacerlo con este enlace:

https://chat.whatsapp.com/JDg1ibaUy73KbNfUOdaQpC

Contexto internacional

Del 10 al 21 de noviembre se celebra en Belém, Brasil, la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Esta edición se centra en los esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C, aunque las negociaciones enfrentan un contexto complejo: las emisiones siguen en aumento, la crisis climática se agrava, y el rearme mundial desvía recursos necesarios para una transición energética justa y participativa.

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.