Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.
Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare.
Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.
Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.
La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.
Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.
Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.
En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.
El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.
Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización.
En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto.
De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial.
En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región.
El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia.
Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida.
El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha.
Juventudes PAC, en conjunto con la Comisión de Estudios y Programas, invita a toda la comunidad a participar en un espacio de diálogo sobre los desafíos del sector agropecuario y la crisis climática. La discusión contará con la participación de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura, Ana Cristina Quirós, exviceministra de Agricultura, y Daniela Alpízar, productora ganadera.
El evento es el próximo 29 de octubre de 2024, a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica, en la plataforma Zoom. Para unirse a la reunión, utilice el enlace y los detalles proporcionados:
-Ministro de Ambiente y Energía guarda silencio ante posición país en materia de biodiversidad
-Organizaciones preocupadas por falta de información por parte de las autoridades en materia de la COP16
Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.
Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4) acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).
La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.
Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.
A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.
El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.
El Parque Nacional Corcovado se extiende en una superficie de 42 560 hectáreas terrestres y 3 354 hectáreas marinas. Su punto más alto alcanza los 782 m. sobre el nivel del mar.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
En contra del proyecto Planet Gold Costa Rica
El Gobierno de Costa Rica apoya el proyecto “Planet Gold Costa Rica”, que pretende autorizar la extracción minera de oro, incluso en parques nacionales protegidos, lo cual viola leyes ambientales del país.
En la Asamblea de Escuela, todo el personal docente de la Escuela de Bilogíade la Universidad de Costa Rica (UCR), aprobó la oposición de esta Unidad Académica contra cualquier intento de autorizar la extracción minera artesanal en el Parque Nacional Corcovado.
En el comunicado emanado de la Asamblea de Escuela se dice que “es imperativo que el proyecto Planet Gold Costa Rica no ingrese al Parque Nacional Corcovado, para así preservar su biodiversidad y garantizar la continuidad de un ecosistema tan amenazado y reducido como el Bosque Lluvioso del Pacífico con toda su biodiversidad. Es por el tesoro verde que nos enriquece a todos los costarricenses, que decimos no a la extracción minera en el Parque Nacional Corcovado”.
Este Parque protege la mayor extensión continua y de mejor calidad del Bosque Lluvioso del Pacífico, ecosistema en peligro que se ubica en una estrecha franja en el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá.
La minería dentro de los parques nacionales está prohibida por ley, ya que es una amenaza a la conservación de los hábitats naturales y sus funciones ecológicas.
Con más razón debe evitarse en el Parque Nacional Corcovado, que alberga un ecosistema sensible y vulnerable, además de que constituye un orgullo para el país, pues la Península de Osa cobija más de un 3% de la biodiversidad del planeta.
Este Parque representa un tesoro verde, no solo para el Costa Rica, sino para el mundo, advierte la Escuela de Biología de la UCR que plantea la pregunta: ¿Por cuánto oro venderías el sitio más biodiverso del planeta?
Especies únicas de plantas y animales
Para demostrar la importancia del Parque Nacional de Corcovado, las personas biólogas de la UCR detallan en el comunicado las raras especies de plantas y animales que están protegidas ahí, muchas de las cuales son únicas de esa zona.
Tal es el caso del pájaro Tangara-Hormiguera Carinegra (Driophlox atrimaxillaris), o de la orquídea más pequeña de nuestro país (Platystele tica), así como la especie de los árboles más altos de toda América Central (Huberodendron allenii).
Como si fuera poco, el Parque Nacional Corcovado alberga las poblaciones de aves más numerosas del mundo de la Cotinga Turquesa (Cotinga ridgwayi), la Cotinga Piquiamarilla (Carpodectes antoniae), y el Colibrí de Manglar (Chrysuronia boucardi).
El equipo de Biología de la UCR llama la atención sobre el hecho de que “una hectárea de bosque de la Península de Osa tiene más especies diferentes de árboles que una del Amazonas brasileño. Esto incluye verdaderos gigantes como el emblemático Ajo negro (Anthodiscus chocoensis), el camíbar (Copaifera camibar) y los guapinoles negros recientemente descubiertos (Hymenaea osanigraseminae y Prioria peninsulae)”.
Adicionalmente señala que “impresiona a cualquiera que existan allí poblaciones saludables de danta (Tapirella bairdii), chancho de monte (Tayassu pecari) y el emblemático jaguar (Panthera onca), del cual las autoridades sólo parecen preocuparse metafóricamente”.
El Parque Nacional Corcovado fue declarado como “Área Importante para la Conservación de las Aves” a nivel mundial, por parte de BirdLife Internacional.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Reconocimiento internacional
El personal docente de Biología de la UCR recalca en el comunicado que, además de estas especies ya descritas, “continuamente siguen apareciendo especies nuevas para la ciencia en los bosques del Parque Nacional Corcovado. Con grandes esfuerzos científicos, entre 1990 y 2005 se describieron 57 especies nuevas de plantas en la Península, de las cuales 52 se consideran únicas en el mundo, es decir endémicas de la zona. Desconocemos qué más esconden estos bosques”.
Por estas características el Parque Nacional Corcovado y la Península de Osa han recibido varios reconocimientos y premios internacionales. Entre ellos, BirdLife Internacional y todos sus socios a nivel mundial nombraron a Corcovado como “Área Importante para la Conservación de las Aves” a nivel mundial. Por su parte, la prestigiosa National Geographic Society premió a Corcovado como el sitio biológicamente más intenso del planeta.
Eso representa un extraordinario reconocimiento para nuestro país, pero también una enorme responsabilidad de conservación que compartimos todos los y las costarricenses. Por todas esas sobradas razones es que la Asamblea de Escuela de esta Unidad Académica de la UCR se opone a cualquier explotación de los recursos del subsuelo mediante prácticas de extracción artesanal o semiindustrial.
El Parque Nacional Corcovado conserva la orquídea más pequeña de nuestro páis (Platystele tica), cuyo tamaño se ve en la imagen comparada con la punta de un lápiz. (Foto: Dr.Adam Philip Karremans, UCR)
Aunque no brilla, es oro
El equipo científico de Biología de la UCR explica que la minería de oro en el Parque Nacional Corcovado, “aún sin el uso de cianuro o mercurio, aumentaría la liberación de sedimentos en los ríos de la península, especialmente si se autoriza el uso de motobombas, y la construcción de túneles. De igual forma incrementaría la acumulación de desechos sólidos, ruido y luces artificiales dentro del parque, perturbando de manera directa los ciclos reproductivos de las especies y dañando sus hábitats”.
Además, señala que la minería va en contra del ecoturismo, el cual contribuye significativamente a la economía local y ha sido motor de movilidad social para muchas comunidades locales.
Por lo tanto, “no podemos poner en riesgo el oro verde por el oro que nos empobrece como país. Vale recordar que el oro es un recurso finito, por tanto, no es una solución sostenible a los problemas socioeconómicos de nuestra población rural. El manejo responsable de la exuberante riqueza natural ha sido y seguirá siendo fuente de empleo directa e indirecta en toda Costa Rica por generaciones.
El Estado debe promover alternativas de desarrollo para Osa que gestionen la verdadera riqueza del país de manera que se distribuya, de forma sostenible, con justicia social y ambiental”.
“Sólo Costa Rica tiene el privilegio y, especialmente, el compromiso de ser custodio y asegurar la preservación del Parque Nacional Corcovado con su biodiversidad única. La minería de oro, y de cualquier tipo, no tiene lugar dentro de esa reserva biológica. El oro verde es el único a extraer mediante un uso turístico responsable que deja millones de dólares al Estado y a las familias de Osa y Puerto Jiménez”, concluye el comunicado.
Manrique Vindas Segura Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.
Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.
Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”
El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.
El 11 de octubre del 2024 la Asociación Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones de tener en funcionamiento el Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del MINAE. Este fue declarado con lugar, y se ordenó a Laura Fernández Delgado, en condición de Ministra de la Presidencia, que dentro del plazo de dos meses, se realicen todas las actuaciones a fin de designar a los miembros faltantes en el Tribunal Ambiental Administrativo. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Esto, debido a que la Constitución Política recoge implícitamente el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esta obligación se acentúa al tratarse de casos en los que está de por medio la tutela de la protección ambiental, derivado del artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.
Abajo anexamos la sentencia completa, y le invitamos a leerla e informarse acerca de este tema tan relevante para Costa Rica, siendo este un país baluarte del medio ambiente, cuya administración se le insta en este caso a actuar con celeridad para resolver situaciones de índole ambiental, para defender su patrimonio. Además, puede ver en anexo el PDF con el comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El miércoles 16 de octubre a las 6:00 pm, por medio de una transmisión en el Facebook Live de SURCOS Digital, se estará realizando un foro en vivo en donde se va a analizar el futuro de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica y la posible reactivación de esa actividad en Crucitas. La Alianza por una Vida Digna junto a Kioscos Socioambientales UCR organizan la actividad.
Vamos a contar con la participación de tres personas expertas en el tema: Jorge Lobo – biólogo y profesor jubilado de la UCR; Álvaro Sagot – abogado y profesor de Derecho Ambiental de la UCR; y Yanet Rojas – activista de los colectivos Abriendo el Surco y Frente Contra la Minería a Cielo Abierto.
Sintonizá en vivo por Facebook Live en la página de SURCOS Digital y sumate a la conversación. ¡Tu voz y tu opinión son esenciales!
Recomendó a alcalde y Concejo Municipal de Talamanca suspender cualquier acto de aprobación
La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a la investigación que lleva a cabo respecto al proceso del Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, emitió una alerta temprana donde comunicó a la Municipalidad de Talamanca hallazgos preliminares que deben ser atendidos en tres puntos importantes.
Una de las advertencias emitidas por la Defensoría tiene relación con la falta de consulta a los pueblos indígenas, donde se constata el incumplimiento del procedimiento establecido en el Convenio 169 de la OIT y el Mecanismo Nacional de Consulta Indígena; se evidencia la inobservancia de un elemento formal para la constitución del acto administrativo como es la consulta. La Defensoría solicitó información a la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quienes informaron que no consta ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo o del Gobierno Local de Talamanca, para la apertura del proceso de consulta indígena relacionado con el Plan Regulador en la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita.
Considera la Defensoría que las autoridades nacionales y locales deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, por tanto, el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, incluyendo su derecho a la consulta respecto de toda actividad que afecte sus derechos e intereses.
La otra situación que se planteó al ayuntamiento tiene relación con los derechos a la información y participación de la población local, pues si bien se realizaron algunas charlas informativas y una audiencia pública según la Ley de Planificación Urbana, previamente no se aportó a las personas interesadas copia del expediente ni información sustantiva para garantizar una participación activa e informada, ni se hizo la devolución de las inquietudes manifestadas por los y las habitantes.
Adicionalmente a ello se abordó el tema sobre la rectificación de los límites del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo y la delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del cantón de Talamanca, previo a la adopción del plan regulador, siendo que se estima que las instituciones involucradas en la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca – Distrito Cahuita, elaboraron un plan regulador a partir de la ley 9223 que la Sala Constitucional declaró inconstitucional en el año 2019, y que a la fecha, continúa sin cumplir con dicha resolución.
Llama la atención que las distintas instituciones consultadas por la Defensoría sobre el trámite actual del Plan Regulador, externaron criterios que no se corresponden entre sí. Por ejemplo, la municipalidad señala que ya cumplió con lo dispuesto por la Sala Constitucional al llevar a cabo la audiencia pública y de esa manera realizar la consulta a la población indígena, y que el trámite del Plan Regulador Costero ha estado a cargo del INVU, de manera tal que el expediente administrativo se encuentra en poder de dicha institución.
No obstante, el INVU indicó a esta Defensoría que el plan regulador debe ser ajustado a una nueva resolución de la Sala Constitucional que ha ordenado al SINAC a través del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) actualizar la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y a la Municipalidad y al INVU el ajustar la Zonificación del Plan vigente a esta nueva delimitación del PNE, para lo cual se está a la espera de que el ACLAC desarrolle lo que le corresponde para poder establecer un plan de trabajo y un cronograma de actividades que nos permitan ajustar la propuesta. Mientras tanto el ICT indicó que luego de la resolución de la Sala Constitucional, se llevó a cabo la audiencia pública, la municipalidad solicitó la conformación de la “comisión tripartita” para analizar las “nuevas” observaciones que se derivaron de la segunda audiencia y que a la fecha está a la espera de ser convocada para el trabajo de esta comisión.
La Defensoría recomendó al Alcalde de Talamanca realizar la consulta indígena tal como se indicó anteriormente y se le solicitó que, en un plazo de tres meses, presente a esta Defensoría un listado de canales de información a la ciudadanía y de mecanismos de participación que serán habilitados para continuar la construcción participativa e informada del Plan Regulador y de otras políticas, planes y programas que impulse y que afecten los intereses de las y los munícipes, de manera que se puedan subsanar las limitaciones que ha tenido hasta ahora el ejercicio de este derecho fundamental.
Adicionalmente se recomendó al Concejo Municipal de Talamanca que, en virtud del incumplimiento en que ha incurrido el gobierno local respecto de la consulta previa, libre e informada a la población indígena, así como el desacato de lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia 31756-2023 del 7 de diciembre de 2023, suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, hasta que se cumpla con ese derecho fundamental y requisito formal para la validez del acto.
Además, en virtud del incumplimiento en que han incurrido otras instituciones respecto de la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y del consiguiente desacato de las sentencias 12745-2019, 3959-2024, 4692-2024, 10951-2024 y 26300-2024 emitidas por la Sala Constitucional, se alerta a ese Concejo Municipal a efecto de suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero en el distrito de Cahuita, hasta tanto no se haya cumplido con la debida delimitación de ese Refugio natural.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En París, en la primera Conferencia por la Protección del Árbol y el Bosque, el 5 de febrero de 1986, Thomas Sankara como presidente de Burkina Faso presentó los esfuerzos que estaba llevando adelante el pueblo burkinés en torno a la protección ambiental.
En este discurso, Sankara plantea los grandes desafíos que tiene el antiimperialismo para buscar sus propias respuestas ante la crisis socioecológica que envolvía a los pueblos africanos. Llama la atención sobre las asimetrías y los intereses económicos que deforman los supuestos principios imperantes de «protección ambiental» y la necesidad de posicionar esta lucha por la naturaleza como una reivindicación política popular y democrática.
Concluye, que está lucha en defensa de los árboles y el medio ambiente, es un esfuerzo humano por la defensa de la vida, y que está se materializará cuando el verde de la abundancia, de la alegría y la felicidad conquisten sus derechos.
Con esta infografía queremos invitarles a pensar los diversos legados de pensamientos y prácticas que desde las luchas antiimperialistas y panafricanismo han problematizado y enriquecido las dimensiones de las luchas socioambientales.
