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Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

Sala Constitucional acoge gestión de desobediencia y reitera obligación de construir pasos de fauna en la Ruta 32

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió una gestión de desobediencia contra el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por incumplir lo ordenado en la sentencia N.° 2021001189, que dispuso la construcción y habilitación de pasos de fauna en la Ruta Nacional 32, en el marco del proyecto de rehabilitación y ampliación de esa vía.

Mediante la resolución N.° 2026006130, dictada el 20 de febrero de 2026, el Tribunal reiteró al Director Ejecutivo del CONAVI, o a quien ocupe ese cargo, la obligación de cumplir lo ordenado desde enero de 2021, en el sentido de construir y habilitar los pasos de fauna en los tramos ya intervenidos, así como diseñar, planificar y ejecutar la construcción de los restantes pasos en los sectores que serán intervenidos próximamente, conforme a lo previsto por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La Sala constató que, aunque la administración ha realizado diversas gestiones técnicas, administrativas y contractuales para atender esta obligación, el cumplimiento no ha sido integral, lo que motivó acoger la gestión de desobediencia presentada por el recurrente.

El Tribunal advirtió que el incumplimiento de lo ordenado puede dar lugar a la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios contra las autoridades responsables y al eventual envío del caso al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia, conforme a los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Antecedentes de la orden judicial

La sentencia original, emitida el 22 de enero de 2021, ordenó al CONAVI construir y habilitar los pasos de fauna en un plazo inicial de tres meses, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental de la ampliación de la Ruta 32 y garantizar la conectividad ecológica y la protección de la fauna silvestre.

Posteriormente, en junio de 2021, la Sala otorgó una ampliación del plazo por 36 meses, reconociendo las complejidades técnicas, administrativas y presupuestarias asociadas a la ejecución de estas obras, pero reiterando la obligación de informar periódicamente sobre el avance.

En octubre de 2024, el Tribunal rechazó una nueva solicitud de ampliación del plazo, señalando que no existían motivos suficientes para concederla y reiterando la obligación de cumplimiento.

Finalmente, en mayo de 2025 y nuevamente en febrero de 2026, la Sala acogió gestiones de desobediencia al constatar que el cumplimiento no había sido total.

Importancia de los pasos de fauna

Los pasos de fauna constituyen estructuras esenciales para garantizar el tránsito seguro de especies silvestres a través de carreteras, reduciendo la mortalidad por atropellos y preservando la conectividad ecológica entre hábitats fragmentados por infraestructura vial.

Su implementación forma parte de las medidas de mitigación ambiental obligatorias en proyectos de infraestructura que atraviesan zonas de alta biodiversidad, como es el caso de la Ruta Nacional 32, que conecta el Valle Central con el Caribe costarricense.

La resolución reafirma el carácter vinculante de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional y la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar su cumplimiento efectivo, particularmente cuando están en juego la protección ambiental y el interés público.

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

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Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.

Cuando el “paraíso verde” empieza a crujir, el territorio habla

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Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Donde tiembla la narrativa oficial nos lleva al Caribe Sur de Costa Rica y pone en primer plano la experiencia del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven.

La crónica revela cómo, detrás del discurso de sostenibilidad, operan permisos fragmentados, vacíos normativos y procesos que convierten ecosistemas frágiles en negocios privados. También expone el costo humano de documentar, denunciar y sostener la defensa del territorio frente a intereses económicos consolidados.

Una lectura clave para comprender lo que ocurre cuando la protección ambiental se sostiene desde la soledad y el desgaste cotidiano.

Este es un texto compartido con SURCOS por el autor y el cual puede leer en la revista CASAdeNADIE:

👉 Léela aquí: https://revistacasadenadie.com/donde-tiembla-la-narrativa-oficial-cronicas-desde-el-caribe-sur-de-costa-rica/

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

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Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

Comunidades y ecologistas alertan por impactos socioambientales del Festival Envision en Osa

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  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento

Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.

La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.

El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.

Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.

Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.

Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.

En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.

Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.

Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.

Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.

Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.

Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.

Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.

  • Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.

  • Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.

Firman:

BLOQUE VERDE
BLOQUE AZUL
FEDERACIÓN ECOLOGISTA
APREFLOFAS
COSTA RICA POR LOS OCEANOS

Gandoca-Manzanillo: entre la denuncia ciudadana y la respuesta del Estado

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La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.

Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.

La brecha entre norma y realidad

Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.

Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable:
¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?

El rol de la denuncia ciudadana

Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.

En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Respuestas institucionales y límites operativos

Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.

Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.

Más que un conflicto local

Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.

La pregunta de fondo

La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central:
¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?

Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.

Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.

Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.


Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

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La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental

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El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.

Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.

Un territorio bajo tensión

El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.

Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:

  • Cambios en límites del refugio.

  • Permisos de construcción en zonas sensibles.

  • Intervenciones sobre humedales.

  • Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.

Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.

El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad

El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:

  1. ¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?

  2. ¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?

  3. ¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?

Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.

En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.

Más allá de Gandoca: lo que está en juego

El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:

  • La solidez del sistema de áreas protegidas.

  • La independencia técnica de las autoridades ambientales.

  • La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.

  • La vigencia real del principio precautorio.

Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.

Una disputa abierta

Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.

En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.

El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.

Denuncia por omisiones institucionales en Refugio Gandoca-Manzanillo

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El ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó nuevas gestiones formales ante el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y otras instancias del Estado en las que denuncia lo que califica como un proceso sistemático de degradación ambiental dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) y el Sitio Ramsar No. 783.

En su oficio MLV-0049-2026, fechado el 9 de febrero de 2026, Levy solicita una investigación “detallada y exhaustiva” contra la Administración del refugio por presuntas omisiones, complacencias e incluso posibles actos de corrupción vinculados con desarrollos turísticos e inmobiliarios dentro del área protegida.

Señalamientos principales

Entre los hechos denunciados se encuentran:

  • Eliminación de bosques maduros y cambio de uso del suelo en el Hotel Almendros y Corales.

  • Desvío de cauces, drenaje de humedales y rellenos con material en zonas sensibles.

  • Fraccionamiento de terrenos y apertura de caminos que habrían facilitado procesos de urbanización dentro del refugio.

  • Supuesta instrumentalización del Ministerio Público mediante denuncias incompletas o técnicamente deficientes.

  • Conflictos de interés por participación de empresarios turísticos en instancias ambientales regionales.

Levy fundamenta su denuncia en principios del derecho ambiental costarricense e internacional, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Convención Ramsar, de la cual Gandoca-Manzanillo forma parte.

Además, solicita:

  1. Investigación con participación de biólogos forenses del OIJ.

  2. Elaboración de mapas técnicos comparativos del bosque existente desde 1996.

  3. Identificación de funcionarios que habrían autorizado fraccionamientos o desarrollos.

  4. Aplicación del principio precautorio para suspender proyectos en trámite.

  5. Revisión de denuncias sanitarias relacionadas con descargas residuales.

Respuestas oficiales de SINAC-ACLAC

En los oficios SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-054-2026 y 079-2026, la Administración del Área de Conservación La Amistad Caribe responde a gestiones anteriores de Levy indicando que:

  • Se han realizado inspecciones técnicas.

  • Se han emitido criterios administrativos dentro de sus competencias.

  • Parte de la información solicitada no puede ser divulgada por encontrarse en procesos judiciales o administrativos en curso.

  • Algunas actuaciones corresponden a competencias de otras instituciones.

Las respuestas no coinciden plenamente con los planteamientos del denunciante, lo que mantiene abierta la controversia sobre el alcance real de la fiscalización institucional dentro del refugio.

Contexto más amplio

El RNVS-GM ha sido escenario de controversias jurídicas durante la última década, incluyendo acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley 9223 y debates sobre su Plan General de Manejo.

Las cartas de Marco Levy insisten en que existiría un patrón acumulativo de afectación ambiental que requeriría un abordaje estructural y coordinado entre Fiscalía Ambiental, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y autoridades ambientales.

El tema vuelve a colocar en el centro del debate público la tensión entre conservación ambiental, desarrollo turístico y gobernanza institucional en territorios de alta fragilidad ecológica y relevancia internacional.