Desde hace meses, varias personas vecinas de Bebedero vienen alertando sobre la tala ilegal en la montaña, se harán presentes en la Municipalidad.
SURCOS comparte el material informativo enviado por la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE).
SURCOS comparte la siguiente información:
El Grupo Ecologista está buscando personas voluntarias que quieran unirse a nuestra causa en la lucha contra la co-incineración en León Cortés y la Zona de Los Santos.
Si desea formar parte activa de este esfuerzo, le animamos a llenar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/FsBN8taSk9aos33c7
¡Su compromiso puede marcar la diferencia!
A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.
Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:
Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.
El Programa de Gestión Local de la UNED trabaja en el desarrollo del 3° Festival Ambiental de La Gamba de Golfito, a realizarse el sábado 26 de agosto 2023, en el Salón Comunal de 8:00 am a 4:00 pm.
En este festival se realizarán conversatorios, exposiciones, actividades deportivas, educación ambiental, caminata al Parque Nacional Piedras Blancas, entre otras actividades para el disfrute de las personas de la comunidad de La Gamba y personas de organizaciones comunales y campesinas de la región que estarán acompañando el evento.
El Festival tiene como objetivo el involucrar a la comunidad de La Gamba en los procesos de sensibilización por el cambio climático y la protección del medio ambiente, compartiendo en todo momento acciones que coadyuban a generar interés tanto a nivel comunal como institucionales, para un adecuado manejo de los recursos naturales en pro y en beneficio de la colectividad.
Además, de mantener una relación estrecha con el Parque Nacional Piedra Blanca, el cual se encuentra en la parte territorial de la comunidad de La Gamba. La propuesta es que produzca un manejo compartido de las actividades que se desarrollan en el Área de Conservación de Osa, para que le permita una participación activa y fructífera a la comunidad de La Gamba.
Durante el desarrollo del festival, se proponen actividades en coordinación con las siguientes instituciones gubernamentales, la academia y organizaciones comunales:
Organizaciones comunales:
ADI – ASADA – Productores – Ambientalistas – Mujeres – Jóvenes – Artesanos.
Academia aliada:
UCR – UNA – UNED
Invitar a diferentes instituciones gubernamentales como:
MINAE- ACOSA – SINAC – INDER – MAG – ICT – JUDESUR – ICE – Municipalidad – Bomberos.
Un eje temático para la presentación artística es el agua.
Además:
Taller sobre compostaje.
Cuenta cuentos.
Estación de pintura con niños.
Presentación de música rock Syroplasma.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
Le invitamos a ver el video con la exposición.
SURCOS comparte el siguiente informe enviado a nuestra redacción por el doctor Helven Naranjo-Madrigal, científico pesquero.
Resumen
El presente informe ofrece un diagnóstico del estado de explotación del Pez Vela en el Pacífico Oriental Tropical (POT) en base a revisión de datos e información analizada por entes competentes (p.ej. CIAT).
Además, se ofrece una reseña de la teoría y los enfoques metodológicos que se usan en ciencias pesqueras para estimar tamaño y condición de stocks pesqueros, así como tendencias de Abundancia Relativa. Esta revisión derivó en fundamentos para valorar científicamente investigaciones que han estimado tendencias de Abundancia Relativa de pez vela en Centroamérica y Costa Rica.
Se lograron identificar serias inconsistencias en datos utilizados para estimar abundancia relativa de Pez Vela en Centroamérica y Costa Rica, así como debilidades metodológicas que repercuten transversalmente en resultados y conclusiones de investigaciones científicas. Se exponen resultados espurios y limitados alcances para aportar al conocimiento de la dinámica de explotación y crear políticas para proteger o aprovechar racionalmente el Pez Vela en la región. Por lo cual, las iniciativas que buscan prohibir la comercialización del Pez Vela en la región carecen de fundamento científico-técnico.
Se proponen opciones para solventar la problemática estructural que enfrenta Costa Rica en temas de evaluación y gestión de pesquerías, así como recomendaciones para mejorar el desempeño de las pesquerías de Pez Vela y demás picudos en el POT y en Costa Rica.
Versión en inglés: https://www.researchgate.net/publication/373294131_Status_of_Sailfish_Stock
En 51.100 km2 Costa Rica alberga el cinco por ciento de la biodiversidad mundial, dato que no contempla la riqueza de la fauna marina que habita en sus costas. La observación de ranas de ojos rojos, lapas, monos y dantas, ballenas y delfines, es solo una de las actividades que el país promueve para la atracción del turismo, y miles de extranjeros y nacionales, son cautivados por estas y otras especies en las visitas a parques nacionales y áreas protegidas.
Expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que la falta de capacitación a guardaparques, la escasa educación ambiental y sensibilidad hacia estos recursos, falta de regulación y ejecución de la reglamentación vigente y el inevitable desarrollo urbano, podrían pasarle factura al país, y acabar poco a poco con la “gallina de los huevos de oro”.
Para Laura Porras, académica del Icomvis-UNA, uno de los principales desafíos se centra en la interacción entre la gente y los animales silvestres. “En los parques tenemos un rótulo que dice prohibido alimentar a los animales, pero tanto los visitantes como el sector turístico desarrollan esta práctica porque con ello los atraen y llevan la mejor foto”.
Según Grace Wong, también investigadora de dicho Instituto, el sector tiene contradicciones. “Un hotelero llama al Sinac porque hay un cocodrilo cerca de la playa y ellos consideran que es una amenaza para el turista, los funcionarios remueven el animal, pero resulta que este individuo era un controlador de poblaciones de mapaches, con el aumento de mapaches hay más personas mordidas por estos animales que se han acostumbrado a robar comida de los visitantes y el sector hotelero llama de nuevo porque los mapaches ponen en riesgo al turista. ¿son los animales responsables de este comportamiento?”.
De acuerdo con la investigadora hace falta la aplicación de la normativa legal, pero también es necesario educar a los visitantes para que comprendan que los animales silvestres no deben de recibir alimento de los turistas porque los afecta negativamente.
Tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio que se ha visto en el ojo de la polémica por la cantidad de visitantes que ingresan. “Manuel Antonio es una zona protegida y tiene como prioridad conservar la biodiversidad que alberga, además, tiene la peculiaridad de proteger una subespecie endémica del país en un área bastante pequeña. Es importante mantener esa prioridad de conservación, se puede visitar claro que sí, para eso se hacen las zonificaciones de áreas de uso público pero esas zonificaciones tienen que aclarar cómo, cuándo y dónde pueden estar los turistas. Cabe resaltar que la mayoría de las interacciones las provoca la presencia de alimento de los turistas, y la necesidad de los asistentes de acercarse a la fauna para las fotografías, el contacto y ese tipo de cosas”, detalló Porras.
Para Eduardo Carrillo, académico jubilado de la UNA, quien por más de 35 años ha trabajado en estimar el estado de salud de los bosques a través de especies indicadoras como el jaguar y sus presas, existen suficientes políticas para la protección pero que no se ponen en práctica.
“El país hizo un gran esfuerzo en los 70 con la creación de las áreas protegidas, pero después de eso las abandonamos paulatinamente, los guardaparques no tienen la suficiente capacitación ni el equipo para trabajar, todos sabemos que hay extracción ilegal de oro en Corcovado, pero hacemos muy poco para resolver el problema. Políticas nos sobran, lo que hace falta es ponerlas en práctica”.
Carreteras asesinas
Por otra parte, la creación de infraestructura, aunque necesaria para el desarrollo económico, tiene su impacto en la vida silvestre. Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA, fue uno de los pioneros en evaluar el impacto de carreteras construidas y en ampliación, en el futuro se plantea ver los impactos de los parques eólicos y represas, y de acuerdo con sus investigaciones, es urgente que el país norme este tipo de construcciones.
“En carreteras nacionales como la de la Ruta 32, Carara o la que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, puede haber entre 1000 y 3000 animales muertos por año, siendo este un dato conservador porque son producto de un muestreo en un tiempo específico; anfibios y reptiles son las principales víctimas, pero en 10 años hemos podido observar jaguares y pumas”.
Según Sáenz, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), incluya una norma o disposición en el Manual de Carreteras para mitigar el impacto tanto en el diseño, como durante la construcción y funcionamiento de la infraestructura.
También es vida silvestre
Para Lilliana Piedra, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la conservación está más relacionada a una parte ética y moral del ser humano. “Si me limitan a acercarme a 20 metros de una ballena, quiero estar a cinco, esto no se arregla con una ley, yo coincido en que hace falta educación ambiental y una mayor sensibilización de que aquello no es un objeto, sino un ser vivo que al igual que yo merece respeto”.
De acuerdo con Piedra, en materia marítima existe además mucha inseguridad jurídica. “El Sinac maneja una parte, el Incopesca emite ciertas regulaciones, pero el control es del Servicio Nacional de Guardacostas, y hacer de estas entidades un engranaje es algo complejo. Los procesos de gestión y manejo están concentrados en la parte continental, eso limita a que haya buenas iniciativas para conservar los recursos pesqueros”.
Acciones como el pésimo manejo de aguas residuales, la deforestación en la zona continental, técnicas de producción agrícolas poco sostenibles, sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado de los desechos sólidos, asfixian, según Piedra, la vida marina.
Los investigadores coinciden en que el país no necesita de más leyes para la conservación de la vida silvestre, sino de una aplicación más efectiva de las mismas, de lo contrario, uno de los principales atractivos del país estaría en riesgo.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Limón, 21 de agosto del 2023. Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. El artículo 50 de la Constitución Política de la República tutela como “derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”. A pesar de lo anterior, la propuesta del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita se empeña en impulsar un desarrollo turístico voraz que atenta contra el uso, la protección, la sostenibilidad, la conservación y la adecuada gestión del recurso hídrico, sin importarle que ya el AyA ha confirmado que actualmente las fuentes de abastecimiento de los acueductos no tienen caudal suficiente para satisfacer la demanda.
Actualmente, el AyA asegura que “cuenta con dos sistemas de abastecimiento en el Cantón de Talamanca, el sistema HC- A-01 Hone Creek – Puerto Viejo y el sistema HC-A-02 Cahuita. Entre ambos sistemas se tiene un total de 3,892 servicios de agua potable activos, que benefician a una población aproximada de 12,454 habitantes, ubicados en los distritos de Cahuita, Bratsi y Sixaola”. Sin embargo, y según el informe brindado por el AyA ante la consulta del medio Delfino.cr, el sistema abastecimiento de Hone-Creek presenta un déficit hídrico de -21.5% y el de Cahuita un déficit de -44.4%. Producto de esto, el AyA afirma que actualmente “no se emiten disponibilidades de agua, ni cartas de capacidad hídrica para nuevos desarrollos, ni se autorizan extensiones de ramal” (ver documento de AYA).
Esta situación no pasa desapercibida por los habitantes de la zona, quienes constantemente sufren por no contar con un acceso digno a este derecho constitucional. La vecina Mónica Zúñiga Rivera, quien es ecologista y activista, afirma que:
El problema del agua ha ido en aumento. En el 2018 y durante la pandemia siempre había agua, luego de la pandemia, empezó a faltar. El problema se agrava aún más con las actividades festivas, feriados y los meses de verano, y no hay lugar donde llamar para poner la queja. Como vecinos nos sentimos impotentes ante un AyA que no resuelve, que miente y que solo se preocupa por los grandes hoteles. Porque esos, siempre tienen agua en sus piscinas y en sus jacuzzis.
En una pequeña encuesta levantada entre la comunidad, algunos habitantes locales comentan que han solicitado el recurso en varias oportunidades negándoselas en todas ellas. Los nuevos habitantes comentan que les resulta más complicado el camino oficial con los permisos de construcción ya que para aprobar planos se requiere de una carta del AYA. No se entiende como la municipalidad continúa otorgando permisos de construcción sin el requerimiento básico del agua.
Sobre la calidad del agua, el AyA asegura: “que todas estas comunidades se abastecen de agua de calidad potable, de acuerdo con los resultados de control de calidad del agua realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA”. Sin embargo, la vecina de Puerto Viejo Maritza Medrano Gómez desmiente lo señalado por el AyA en su informe, indicando que
“No solamente que el agua viene amarilla, también viene con olor a cloro, son dos componentes ahí… el agua tras de que no hay, cuando hay viene con un color extremadamente amarillo que es imposible tomarlo. Cuando se abre el grifo en la mañana el olor y sabor a cloro son insoportables, razón por la cual nos vemos obligados a comprar bidones, lo cual no es rentable y no todos pueden comprar. El recibo que pagamos al AyA se supone que es por agua potable y si es potable por qué no tienen una medición de cloro más controlada”.
Sobre lo que denuncia doña Maritza, el informe técnico elaborado por la Intendencia de Agua de la ARESEP (ARESEP- IN-0036-IA-2023) confirma que el Caribe Sur y Talamanca
(…) sufren de racionamientos, no hay disponibilidad para nuevos servicios, [y] algunos presentan inconformidades en la calidad del agua. Además; hay períodos en los que no disfrutan de un servicio continuo, en algunos casos debido al estrés hídrico que se presenta en la zona y las características particulares de los acuíferos de esa región. (pg.31)
La situación de escasez y baja calidad del agua, no sólo se encuentra en las costas. Signia Villanueva, presidente de la ADI del Territorio Indígena Keköldi denuncia que en el caso de la población que vive en el territorio, la mayoría no tienen acceso al agua potable por ser viviendas retiradas de la calle principal y que por esta razón el AyA no les brinda estos servicios de abastecimiento. Las viviendas cercanas a la calle principal que sí cuentan con este servicio presentan la misma problemática que las comunidades costeras: color amarillento del agua, olor y sabor a cloro insoportable, y el faltante del mismo diariamente. Lo anterior a pesar de que la comunidad del territorio ha solicitado la instalación de ramales del agua para las comunidades que no tienen acceso a la misma.
La mayoría de las personas que viven cerca de la calle pública si tienen agua potable, el problema que tenemos en el territorio es que hay muchas personas que necesitan los ramales y esa es una de las problemáticas que tenemos con el AyA porque ellos dicen que es un proceso largo y costoso y esta situación la hemos presentado hace más de 4 años y no tienen soluciones a esto. Hoy en día, hay personas en la comunidad que necesitan agua potable, pero por la situación de los ramales no tienen.
A pesar de la indiferencia que ha demostrado el AyA con el abastecimiento de agua para los territorios indígenas, se les está presionando para que permitan ampliar la capacidad de extracción y almacenamiento del tanque que se encuentra ubicado en territorio Keköldi. Con la excusa de llevar agua para la construcción de un nuevo centro de salud (CAIS) en Cahuita, la Institución pretende realizar una instalación más grande y anexar tuberías adicionales con el fin de aumentar la cantidad de recurso que se extrae del territorio para ser aprovechada no sólo por las comunidades, sino que también por los hoteles y el desarrollo turístico de la zona costera. Dulcelina Sánchez, miembro de la ADI Keköldi y habitante del territorio comenta que
Estamos molestos en este caso porque nos ponen entre la espada y la pared de que si no damos ese permiso el CAIS no se va a construir, que nos están obligando a dar el permiso, pero no nos quieren ayudar con el suministro de agua al Territorio con los ramales (…)
Los pueblos realmente están un poco incómodos porque este hospital es importante pero cómo hacemos con las personas que realmente necesitan las aguas y no pueden solicitar que se les conecte de los tanques que están dentro del territorio. Peor aún, sospechamos que el AyA no está solicitando ese permiso sólo para el Hospital y creemos que más que todo va a beneficiar a todas esas áreas de Puerto Viejo dedicadas a atender a personas turísticas y para todos los hoteles. Entonces ese es el caso, que estamos inconformes porque ellos tienen las instalaciones en el territorio pero para las personas de afuera y los que estamos aquí también necesitamos agua y nos ponen trabas desde un inicio.
Mientras es evidente que la realidad y los datos dicen que el agua es escasa, poco disponible y se está agotando la propuesta de Plan Regulador asegura “no se requieren inversiones en el rubro de abastecimiento de agua potable, ya que la capacidad instalada actual y prevista a 20 años, garantiza la satisfacción de la demanda de este servicio, tanto para la ZMT como para las comunidades vecinas” (pg. 15). No obstante, el Caribe Sur es la región con mayor estrés hídrico del país con un 85% de los sistemas de acueductos y además presenta la proyección más baja del país para satisfacción de la demanda a 5 años, según el ARESEP (ARESEP- IN-0036-IA-2023).
La escasez y la baja calidad del agua potable son un elemento más dentro de la larga lista de irregularidades que los vecinos y habitantes del cantón de Talamanca han identificado en la propuesta de Plan Regulador que impulsan la Municipalidad, el INVU y el ICT. Hacemos un llamado a todos los costarricenses y ciudadanos de este país a estar vigilante de las desigualdades en el abastecimiento de agua y las intenciones de impulsar una agenda egoísta, agresiva y extractiva de explotación del recurso hídrico en territorios indígenas para cubrir las necesidades del plan de desarrollo turístico costero impulsado por el Gobierno local y el Poder Ejecutivo.
OILWATCH COSTA RICA; Fabian Pacheco y Mauricio Álvarez
Hoy se inicia un nuevo capítulo para Ecuador y para el mundo entero ante los resultados electorales para detener la explotación petrolera en Yasuní. Ayer 20 de agosto más de doce millones de ecuatorianos se dieron cita para escoger presidente y además votar contra el avance de las petroleras en lo que se considera el “corazón” de la amazonia ecuatoriana.
Con más del 98% de actas escrutadas, según el Consejo Nacional Electoral: el sí al Yasuní se impone con 58.99% con un total de 5 243 703 personas frente a un 41.01% a favor de la explotación petrolera que sumó a 3 645 334 personas. La pregunta que contestaron fue: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”
El llamado “Bloque 43-ITT” ocupa un sector del Yasuní, un área natural protegida que abarca un millón de hectáreas y hasta donde se conoce alberga más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces. Pero su principal función es ser parte de la casa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario conocidos como “tagaeri”, “taromenane” y “dugakaeri”,
Ecuador ha definido en una consulta histórica detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Este referéndum es fruto de un arduo proceso de más de dos décadas de trabajo de la sociedad ecuatoriana que comprende que la verdadera riqueza de este país se encuentra en su biodiversidad y no en el petróleo y la industria destructiva que lo extrae.
Esta decisión sin precedentes se nutre en una larga historia de desastres ambientales que han dañado de forma devastadora la salud de las comunidades y sus ecosistemas y que nutre la conciencia del pueblo ecuatoriano plasmada hoy en las urnas con un: sí a la vida, con un sí a la Amazonia y con un sí al Parque Natural Yasuní.
Ha sido un proceso de deliberación y discusión nacional muy rico, por primera vez se ha logrado llevar a tan alto nivel esta discusión ecológica y someter a consulta popular el futuro de los ecosistemas amazónicos. Este referéndum abre un nuevo capítulo para la defensa de la vida en el continente.
Los resultados de este referéndum constituyen un paso firme hacia la transición de una sociedad post petrolera en América Latina. Una transición justa hacia la reparación ecológica que hoy se muestra como una realidad posible que empieza a amanecer desde el centro de una América herida.
Esta es una gran oportunidad para pensar en cómo se va a desmantelar, cerrar y clausurar la infraestructura petrolera de forma responsable y ordenada. Se debe exigir el debido saneamiento ambiental. Se debe exigir la reparación y restauración ecológica. Las empresas responsables como lo es Petroecuador no pueden sencillamente desaparecer y abandonar las áreas de explotación y extracción sin hacerse responsables de los daños ambientales y sociales que resultan de su insostenible extracción, con el agravante de haberlo hecho dentro de un parque nacional dedicado a la conservación, siendo una de las áreas de mayor diversidad ecológica en el mundo.
Más allá de celebrar el triunfo en defensa de la vida, también es momento de estar vigilantes para la no repetición de este tipo de crímenes ecológicos, para que no se vuelva a cometer estos delitos ambientales que a todas luces han dañado el tejido socio-ecológico amazónico del Ecuador. Porque la extracción petrolera en Yasuní ha sido un crimen donde incluso se ha ocultado la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se ha evidenciado una criminal actitud del gobierno y las industrias extractivas en ignorarlos.
La consulta del Yasuní plantea una transición territorial que protege los ecosistemas, la vida y la Amazonia. Esta Consulta abre las puertas a un avance enorme para la humanidad ya que sin la Amazonia no sería posible la vida en el planeta.
La deuda ecológica de la industria petrolera también es un tema a discutir en el marco de esta consulta histórica y el desmantelamiento respectivo de su carcasa extractivista con todos sus costos económicos y ecológicos para el país. Petroecuador debe asumir su deuda ecológica y el caso de Yasuní es una buena oportunidad para estudiar las implicaciones de desmantelar dicha infraestructura.
Para Oilwatch Costa Rica ha sido un honor poder participar en calidad de observadores internacionales de estas elecciones y en este proceso en nuestro país hermano del Ecuador. Las organizaciones ecologistas, indígenas de Ecuador no están solas en esta contienda histórica y medular en defensa de la vida en el planeta. De corazón estamos con ustedes.
Sumada a la moratoria petrolera que Costa Rica ha mantenido desde hace más de veinte años a pesar de las presiones internacionales, este referéndum en Ecuador permite dilucidar la necesidad urgente de construir una sociedad post petrolera y llega a tejer y nutrir la resistencia que desde las comunidades locales y el ecologismo internacional hemos sabido sostener en defensa de la vida misma.
Hoy el Gobierno de Costa Rica nuevamente recae en la tentación de abrir dicho paraíso a la industria extractivista de gas sin ni siquiera respetar el consenso socio-político costarricense que ha sabido orientar el desarrollo nacional hacia actividades respetuosas para con la mega diversidad biológica que alberga el territorio costarricense. No sólo se retrata el gobierno de Chaves desde una perspectiva cavernaria, demagógica y desesperada, sino que delatan su irresponsable discurso trasnochado y anclado en el pasado que la humanidad debe superar.
Los resultados de los comicios en defensa del futuro del Planeta muestran el camino correcto para el buen desarrollo de la humanidad. Desde el centro del mundo hoy resplandecen los resultados de esta histórica consulta que alumbra hacia el futuro y remueve el crudo que no debe oscurecer la vida y la esperanza de una nueva humanidad en este hermoso planeta.
Derecho de respuesta solicitado por la empresa
Con relación a la publicación realizada por SURCOS DIGITAL.COM en su edición digital del jueves 17 de agosto de 2023, titulada “Hotel Riu Guanacaste solo destruye”, amparados en el ejercicio del derecho de respuesta consagrado en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el artículo 29 de la Constitución Política nos permitimos aclarar lo siguiente:
