HOPE realizó una docuserie donde se expresan diversas formas de contribuir a lucha contra el cambio climático y con el fin de fomentar el uso sostenible del planeta.
Hope.laserie que trata de cómo resolver la crisis climática y ecológica nos muestra una pincelada de las propuestas.
1-Ecoductos: reconstruir los puentes y coser los ecosistemas para ayudar en su regeneración
2-Red estratégica de corredores ecológicos: permitan a la naturaleza regenerarse, prosperar y adaptarse
3-Bandas para polinizadores: aumenta la productividad, multiplica la biodiversidad, y reduce las plagas
4-Ciudades a favor de la naturaleza, ciudades verdes e híbridas
5-Restauración de ecosistemas a gran escala
Por hacer las paces con la naturaleza que nos sustenta. Únete a crowdfunding.
El máster Eduardo Madrigal, experto en viabilidades ambientales y exsecretario general de la Setena, el Lic Pablo Zúñiga Morales y el Dr. en Ciencias Biológicas, Freddy Pacheco León, se refieren a las consecuencias negativas que tendría, el concentrar en el ministro de Ambiente, las especializadas funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), según lo plantea un proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Alertan acerca de lo indebido que es trasladar desde un ente técnico-científico, a uno político, trascendentales funciones relacionadas con los procesos de viabilidad ambiental, cuando más bien abogan porque la Setena cuente con más recursos humanos y financieros, para mejorar su gestión independiente en el Estado; los expertos en el tema lo consideran como una regresión ambiental que hace vislumbrar roces inconstitucionales.
El pronunciamiento también indica que en Costa Rica aproximadamente de 2 000 a 3 200 costarricenses están vinculados directamente con el sector, y junto con sus familias conforman alrededor de 10 000 a 16 000 costarricenses que se ven perjudicados ante cualquier afectación en esta área.
“Un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense», así califica el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR al estudio de Incopesca que aumenta de 34 a 234 las especies susceptibles de explotación comercial. La Universidad de Costa Rica rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre hecho por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, denominado «Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024″ en relación con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de Costa Rica.
La lista fue publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, e incluye flora y fauna proveniente de diversos grupos, tales como: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. Para la UCR, esa nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. “Dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país” y se señala al Gobierno de la República la importancia de que los nuevos estudios que se realicen sobre la pesca de arrastre se elaboren con la rigurosidad científica correspondiente.
Del mismo modo, el pronunciamiento de la UCR señala que diferentes instancias especializadas de las universidades públicas del país han brindado criterios en torno a esta seria de problemáticas:
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR (Cimar), mediante el oficio CIMAR-159-2023, del 13 de abril de 2023.
La Escuela de Biología de la UCR, por medio del oficio EB-419-2023, del 14 de abril de 2023, manifestó su apoyo total al criterio del Cimar.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, mediante el oficio FCS-269-2023, del 14 de abril de 2023, envío el criterio del DEA. Pascal Oliver Girot Pignot, director de la Escuela de Geografía.
El pasado 8 de mayo de 2023, las personas directoras de las siguientes unidades académicas: Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, Escuela de Biología del Instituto Tecnológico, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, así como la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional y el director de la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la UTN, se pronunciaron y aseguraron que “No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del Incopesca sobre la información requerida”.
Además, la UCR también señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°14 de la Agenda 2030, establece la necesidad de proteger la vida submarina, debido a su rol fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. No obstante, este se ha visto limitado por la gran cantidad de contaminación y la sobreexplotación de la población marina, la cual afecta a los medios de vida de más de 3 000 millones de personas en el mundo, las cuales dependen de la biodiversidad marina.
MAG incorpora a la CNAA en la CTNBIO pese a evidente conflicto de intereses.
Se excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Por medio de decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.
14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.
El gobierno de Rodrigo Chaves elimina una representación del sector ambiental para sumar la participación de la CNAA, que dicho sea de paso tienen entre sus filas a las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos. Es decir, el MAG incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de los permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.
Es importante recordar que gracias a la participación de integrantes de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON) en la CTNBio, se pudo alertar en el 2012 a la población costarricense sobre la solicitud hecha por la subsidiaria de Monsanto, Delta & Pine Land Semillas Ltda., para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas. Lo cual fue recibido como una amenaza a la cultura del maíz muy presente en la zona. Gracias a esta alerta, organizaciones sociales y ambientales gestaron distintas acciones, como la Caminata en Defensa del Maíz, logrando detener el maíz de Monsanto y así proteger las semillas nativas o campesinas de una posible contaminación genética. Las movilizaciones sociales presionaron para que se lograra el 25 de julio del 2014, «Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica» (Nº 38538-C-MAG). Además, se ganó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional expediente 12-017013-0007-CO en el cual los magistrados dieron la razón a los argumentos ecologistas para proteger el maíz criollo de la amenaza de contaminación transgénica. Gracias a la participación de las organizaciones ecologistas se ha podido contar con la participación de especialistas en la materia como el Dr Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Entre el 2013 y el 2015, alrededor del 92% de las municipalidades adoptaron declaratorias de territorios libres de transgénicos. En el año en curso, se sumaron los cantones de Los Chiles y Paraíso de Cartago. En total, 74 cantones, de los 81 existentes, han emitido declaraciones municipales declarándose libres de cultivos transgénicos.
Este decreto de la administración Chaves-Robles contradice la resolución Nº 15017 – 2014 de la Sala Constitucional, que dispuso en un voto histórico, como obligatoria la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente. Además, el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.
La participación ciudadana en el proceso de tramitación implica el acceso a la información relacionada con dichos procesos, posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados. Este decreto ejecutivo representa un retroceso y una afrenta a tratados internacionales ya ratificados por Costa Rica como: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas frente a posibles efectos adversos de los OGMs.
El uso de fipronil amenaza la seguridad alimentaria del país, y afecta tanto a la salud humana como la de los ecosistemas. Ante la evidencia científica, el Iret-UNA reafirma su criterio de que su uso debe ser prohibido lo más pronto posible en el país.
Un decreto del 26 de agosto de 2022 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (43767-S-Minae) prohibía el uso del fipronil para formulaciones en plaguicidas de uso profesional, sin embargo, en la actualidad existe una propuesta de decreto para permitir este uso con dos restricciones menores: una advertencia en el etiquetado y en el material de empaque.
Ante esta propuesta el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), emitió un acuerdo donde reafirma el por qué se debe prohibir el uso del fipronil lo más pronto posible en el país.
Este insecticida actúa sobre el sistema nervioso, y se utiliza para el control de múltiples especies como gusanos de suelos y defoliadores, hormigas y termitas entre otras, aplicado foliarmente o incorporado al suelo, así como en aplicaciones veterinarias e industriales para el control de hectoparásitos en animales domésticos y productivos.
De acuerdo con datos del Iret-UNA entre 2017 y 2021 Costa Rica importó en promedio 2.373 kg de fipronil por año, y para el 2021 la importación fue de 4.291 Kg. Está registrado para su uso en cultivos de algodón, café, chile dulce, cítricos, dracaena, frutales, naranja, ornamentales, palma aceitera y piña, sin embargo, en distintos diagnósticos del Iret-UNA realizados entre 2014 y 2020 se encontró su uso en cultivos no autorizados como tomate y repollo. Iret-UNA encontró usos de fipronil muy altos en chile dulce (0,72 kg i.a./ha/ciclo de promedio ponderado) y otros menores en algodón (0,024), cítricos (0,001), tomate (0,01) y repollo (0,04), con el agravante que para estos dos últimos cultivos no existen registros autorizados para su uso.
Vuelo truncado
El fipronil se ha sometido a procesos de reevaluación de sus usos agrícolas aprobados por diversas agencias regulatorias del mundo, con el fin de evaluar la toxicidad para importantes organismos como los polinizadores, el resultado ha sido su prohibición en 38 países: 7 de África (Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo), los 27 países de la Unión Europea, Reino Unido, Vietnam, Argentina y Colombia. En todos ellos el punto básico fue evitar que se siga causando daño a las poblaciones de abejas y otros polinizadores.
En Colombia, cita el pronunciamiento, “la razón principal para tomar la decisión de prohibir el fipronil, fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de abejas entre 2016 y 2020. De acuerdo con los análisis del Instituto Colombiano Agropecuario, el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de US$7 millones en material biológico y de US$10 millones en producción de miel y polen. Esto sin mencionar la pérdida inestimable de otros servicios ecosistémicos brindados por las abejas, como la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas, pérdidas de otros insectos benéficos, depredadores naturales de plagas agrícolas. Además, de poder contaminar los cuerpos de agua, afectando negativamente la vida acuática y la biodiversidad”.
Otras investigaciones demostraron que la toxicidad aguda del fipronil para abejas melíferas es alta: entre 4 y 5 nanogramos por abeja, dependiendo de la forma de exposición, oral o por contacto. Estudios realizados por el Iret-UNA demostraron que la sensibilidad al fipronil en abejas jóvenes de la especie nativa sin aguijón Tetragonisca angustula (mariola) con la de Apis mellifera, es similar, y que una exposición prolongada (24 horas) a través de la dieta, causa mortalidad a concentraciones diez veces más bajas a la dosis letal reportada; así como una actividad motora reducida, afectación en el desarrollo y mantenimiento de las colonias, e incluso puede provocar su abandono. En la abeja sin aguijón Partamona helleri, la exposición oral a fipronil presentó cambios en el comportamiento relacionados con alteraciones citológicas en el cerebro que sugieren muerte celular.
“Conociendo la importancia de las abejas y la diversidad presente en nuestro país, argumentamos que el uso del fipronil y de otros insecticidas, pueden poner en riesgo el modelo de seguridad y autosuficiencia alimentaria, al no proteger de forma efectiva a las poblaciones de los cientos de especies de abejas y otros polinizadores que tenemos en Costa Rica, responsables de la polinización parcial o total de cientos de cultivos tropicales como el café (Coffea arabica), aguacate (Persea americana), achiote (Bixa orellana), naranja (Citrus spp), algodón (Gossypium sp), guayaba (Psidium guajava), pepino (Cucumis sativus), sandía (Citrullus lanatus), tomate (Solanum lycopersicum), melón (Cucumis melo), mango (Mangifera indica), chile (Capsicum spp), ayote (Cucurbita moschata), marañón (Anacardium occidentale), chayote (Sechium edule), maracuyá (Passiflora sp), carambola (Averrhoa carambola), tamarindo (Tamarindus indica), vainilla (Vanilla planifolia). También son de suma importancia para la polinización de árboles y especies de plantas nativas de nuestros bosques y zonas protegidas”, citan los especialistas.
Asimismo, el acuerdo remite a que en los últimos años, los apicultores registran afectación de sus colmenas por el uso del fipronil en actividades agropecuarias, provocando la muerte masiva de las abejas. Así lo destacó la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura: “Al menos 18 millones de abejas han muerto durante el 2021, en el país, producto de seis intoxicaciones masivas que, según denuncia, fueron causadas por el uso del agroquímico fipronil en labores agropecuarias”. Estos eventos se han dado en diferentes zonas del país, según informes brindados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Posible cancerígeno
Los investigadores también hacen referencia a que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica el fipronil como “posible carcinogénico en humanos” (USEPA, 1995). “Los estudios que han reportado signos de toxicidad por exposiciones inadvertidas, muestran que el fipronil puede causar efectos leves y temporales, predominando dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos. La exposición prolongada o repetida a fipronil y sus metabolitos, particularmente al fipronil sulfona, se asocia con efectos nocivos para la salud humana y animal, incluida la promoción de lesiones en las células neuronales. También provoca efectos de disrupción endocrina, lo que podría interferir con el equilibrio hormonal en el cuerpo humano”.
Existe además un creciente interés por investigar al fipronil como posible factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se sugiere que el fipronil sulfona se transfiere a través de la placenta al feto e incide en efectos adversos para la salud infantil Además, su impacto en células humanas asociadas con la función tiroidea, genera preocupación sobre sus posibles efectos en el desarrollo neurológico y el crecimiento de los niños.
Ante la evidencia científica, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, reafirma que:
El uso del insecticida fipronil debe ser prohibido lo más pronto posible en Costa Rica debido a sus efectos negativos, no solo en la salud humana, sino también en el medio ambiente, al ser un insecticida altamente tóxico asociado con la muerte de abejas, organismos que desempeñan un papel crucial en la polinización y el equilibrio ecológico. Además, se ha demostrado que tiene efectos dañinos en otros insectos benéficos y organismos acuáticos, afectando la biodiversidad en los ecosistemas. Además, se ha encontrado que el fipronil puede tener efectos perjudiciales para la salud humana, como la disrupción endocrina y la toxicidad para el sistema nervioso. Por lo tanto, su prohibición en Costa Rica sería un paso importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
En consecuencia, el Iret-UNA demanda actuar según los principios que rigen la materia ambiental, recordando que, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos.
Por lo tanto, recomendamos la cancelación de todos los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición de la importación, formulación, transporte, exportación y uso a nivel nacional, tanto para uso profesional, como veterinario y agrícola.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El mismo día que esto sucedía, el Ministerio Público del país, reseñaba que el 33% de las hectáreas donde se siembra piña en el país se ubican en Áreas Silvestres Protegidas o en humedales, pero que no cuentan con los recursos para atender este tipo de delitos ambientales.
No profundizamos en las afectaciones que produce este monocultivo en las personas trabajadoras y las violencias laborales que atraviesan, o los efectos negativos en las comundiades que viven en las cercanías, ni mucho menos aquellas poblaciones que se enfrentan a la intensificación de este cultivo, llegando a rodear sus hogares y espacios públicos. Ante estos eventos, la institucionalidad se comparta ajena, y hasta se podría decir que toma posición como supuestos promotores de la actividad económica, sacrificando el derecho al ambiente sano.
A partir de estos hechos, nos preguntamos ¿justicia para quién? Reflexionamos como este tipo de hechos evidencian cuales son los sectores privilegiados por parte de la institucionalidad estatal.
Tras solicitud hecha desde el 14 de abril del año 2021, la Municipalidad de Naranjo, y a pesar de otras gestiones relacionadas con esta solicitud hechas en ese mismo año, no había entregado la copia del expediente administrativo del proyecto del Tajo Gavilanes “completo y debidamente foliado”, como fue solicitado específicamente.
Un grupo ambiental naranjeño que se organizó para hacer frente a irregularidades ambientales que están ocurriendo en el Tajo Gavilanes y la naciente La Estrella (Rosario de Naranjo), acuerpó la presentación de un recurso de amparo presentado a la Sala IV el 20 de marzo de éste año.
La Municipalidad de Naranjo alegó, entre otras cosas, cuestiones de confidencialidad de lo solicitado, sin embargo, la misma Sala IV tras el proceso judicial llevado a cabo, estimó “que la actuación de la parte recurrida deviene en ilegítima y ha quebrantado flagrantemente el derecho fundamental de acceso a la información en su vertiente, ad extra”.
Ordenó finalmente en un plazo máximo de 10 días entregar el expediente.
Para consulta del caso:
Expediente: 23-006521-0007-CO
Resolución: N° 2023012845
Información suministrada por: Carlos Manuel Muñoz Jiménez
De la salud de los océanos depende la vida planetaria, no solamente provee de alimento a millones de personas sino que produce el 50% del oxígeno, es vital en los ciclos climáticos y sustenta actividades ecoturísticas alrededor del mundo.
Foto: Christian Zúñiga Gutiérrez, UCR
Día Mundial de los Océanos
Cada acción humana puede revertir el daño que está sufriendo el mayor ecosistema global que sustenta la vida en el planeta
Costa Rica es un país absolutamente marino, y aunque tradicionalmente la población ha crecido de espaldas al mar, su mayor riqueza biológica está en sus 572 877 km2 de territorio marino, un 92 % de su extensión, frente a sólo el 8 % de tierra firme.
En el marco del Día Mundial de los Océanos, que se celebra cada 8 de junio, el tema de la salud de los océanos recobra importancia, ya que de ellos dependen todos los hábitats propicios para la humanidad, el clima y sus ciclos de lluvia, el agua potable, la alimentación de grandes poblaciones y la calidad de vida de las personas que habitan en las costas.
La Universidad de Costa Rica (UCR), mediante el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), lidera investigaciones científicas que inciden en políticas públicas para la protección del recurso marino, y desde la Acción Social (VAS) se apoyan los liderazgos comunitarios que son vitales para dar un giro definitivo a la destrucción del mayor pulmón del planeta. El programa de Acción Social del CIMAR, denominado “Ciencias Marinas y Limnológicas para las comunidades” (ED-1242), la UCR comparte los conocimientos generados en sus investigaciones sobre los ambientes acuáticos con las comunidades mediante charlas, talleres, cursos, la producción de material audiovisual y el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos comunitarios que trabajan en la defensa y protección ambiental.
El Dr. Mario Espinoza Mendiola, coordinador del ED-1242, recalcó que el vínculo entre la investigación científica, la Acción Social y la docencia, así como con las comunidades, son parte del trabajo que se realiza desde el CIMAR. Además de fortalecer la presencia de la UCR en la sociedad, y la constante difusión en redes sociales, también se procura compartir con las personas lo que se hace en la universidad.
Una muestra de esto es el Primer Festival del Océano, que en el marco del Día Mundial de los Océanos, se está realizando en las comunidades de Cuajiniquil, el Jobo y en el parque central del cantón de La Cruz, en Guanacaste. Dicha actividad fue producto del esfuerzo de la iniciativa ciudadana denominada CC-Mar, que nació por idea de una estudiante del CIMAR.
Desde hace ocho años, el CIMAR ha estado presente en Bahía Santa Elena con una diversidad de proyectos científicos que han monitoreado las poblaciones de tiburones, rayas, tortugas y de peces de consumo comercial. Además de gestionar cambios en las prácticas de pesca y el ecoturismo que aseguren la sobrevivencia y la salud de las especies marinas de esa región.
Desafíos costarricenses
Para el Dr. Espinoza las zonas costeras costarricenses tienen grandes desafíos como la sobreexplotación del recurso marino, en parte por la pesca ilegal de barcos extranjeros que invaden el territorio. Muchas de esas embarcaciones siguen utilizando la pesca de arrastre para la captura de especies comerciales y no discriminan en otras, además de los enormes daños que causan en el fondo marino.
La mayor riqueza biológica de Costa Rica está en sus océanos, su territorio marino es de 572 877 km2 de marino, un 92% de su extensión frente al 8% de la superficie terrestre.
Foto: Christian Zúñiga Gutiérrez, UCR
En el caso de Bahía Santa Elena, “al estar en una zona fronteriza existe una fuerte actividad pesquera internacional que compite por el recurso marino. Esa sobrepesca es una amenaza muy importante que afecta a las comunidades costeras, se denota sobreexplotación de recursos y a los pescadores artesanales de la zona cada día les cuesta más sobrevivir en lo económico”, explicó el científico.
Por otra parte, muchos pescadores no han tenido las oportunidades formativas, que “no tienen las habilidades en otros idiomas o en finanzas para emprender, por lo que muchos no saben cómo enfrentarse a nuevas actividades”, agregó.
Gracias al fruto del trabajo del CIMAR en la zona de La Cruz, desde el año 2021, se fundó la organización CC-Mar, como un enfoque de participación ciudadana donde confluyen científicos, estudiantes universitarios, operadores turísticos, pescadores, entes gubernamentales y organizaciones comunitarias.
“Estamos tratando que CC-Mar se independice para que sea gestionada por la comunidad y formalizarla como una organización no gubernamental que pueda captar fondos y recursos. La idea es que con las personas y entidades agrupadas se puedan gestionar actividades ecoturísticas con valores agregados de sostenibilidad, y que se logre un beneficio local”, dijo Espinoza.
“En nuestro caso, todo el trabajo del CIMAR en las costas se refleja en las comunidades, con las que tenemos un gran enlace con esos liderazgos, que tiene un gran componente de sensibilización ambiental”, detalló.
Por eso, Gretel Vega Alemán, vecina de Cuajiniquil, La Cruz, levantó la voz y aseguró que “todavía falta promover la conciencia ambiental, pero las comunidades van en crecimiento y debido a la migración se están provocando daños en zonas protegidas. Por ejemplo, en ciertas áreas no se pesca, pero vienen personas de distintos lugares a hacer pesca ilegal por temporadas diciendo que desconocen las regulaciones de nuestro país”.
El trabajo que realiza el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) y sus impactos sociales brinda insumos para que organizaciones comunitarias, pescadores artesanales y operadores turísticos realicen sus actividades de manera que se aseguren la sobrevivencia de las especies marinas y los ecosistemas asociados a los océanos.
Foto: Christian Zúñiga Gutiérrez, UCR
La esperanza de cambio está en las pequeñas acciones. Por ejemplo, Vega se ha sumado al trabajo del Corredor Turístico Costero (CTC) y simultáneamente administra un área protegida por la Asociación para el apoyo y promoción del turismo en Bahía Junquillal.
“En mi caso como gestora del CTC nos proponemos dar a conocer el cantón como un destino turístico, apoyar a organizaciones locales y a la conservación ambiental. El vínculo que tenemos con el profesor Mario y la UCR nos incentiva a hacer el turismo a partir de las investigaciones, pero sin sobreexplotación. De hecho, el CTC nació a partir de otra investigación científica privada. Por su parte la UCR ha ayudado a concientizar a las comunidades para que vean el recurso de la zona como único, aprendan a protegerlo y todos los resultados de CC-Mar son demasiados importantes para el uso racional de los recursos, mediante los talleres y charlas impartidas”.
En el mismo sentido, Lissy Ruiz Gonzaga, una joven 22 años y estudiante de la carrera de Turismo Ecológico, impartida por la Sede de Guanacaste, comentó que hace unos años “la comunidad no sabía lo que hacía en investigación científica en la UCR; pero ahora se dan a conocer los resultados y la gente se interesa en apoyar y aprender. De esta forma se pueden involucrar en estos procesos porque los beneficia, ya que este enfoque social permite que la comunidad opine y participe”.
Al inicio CC-Mar empezó con operadores turísticos y pescadores deportivos, y actualmente se hacen monitoreos, se creó una brigada ecológica, y se sumaron la Municipalidad de La Cruz, guardacostas y grupos juveniles, recalcó Ruiz.
Para el Lic. Christian Zúñiga Gutiérrez, habitante de Santa Cruz, y estudiante de la Maestría en Desarrollo Sostenible con énfasis en Conservación, el CIMAR logró consolidar vínculos con el Área de Conservación Guanacaste (ACG) que tiene bajo su responsabilidad el Área Marino de Manejo Bahía Santa Elena, que desde 1986 ha impulsado el Programa de Educación Biológica, y posteriormente otro denominado Programa de Sensibilidad Marina.
Zúñiga, quien también cursó la carrera de Gestión Ecoturística en la Sede de Guanacaste de la UCR, actualmente es funcionario del ACG, destacó que la cogestión entre el CIMAR y la localidad ha tenido un gran impacto. “Es un trabajo excelente porque por ejemplo Bahía Santa Elena es una aula ecológica y las relaciones con las comunidades han mejorado mucho. Ellos tienen los botes y saben dónde están las especies marinas, y hemos hecho un buen complemento entre la ACG, comunidades y la UCR. A los pescadores artesanales los hemos involucrado en los monitoreos de especies, y el CIMAR ha sido bien recibido”.
De acuerdo con Zúñiga, las zonas costeras del país tienen problemas similares, cuyas poblaciones sienten el abandono institucional y que históricamente en las decisiones no son tomadas en cuenta. De ahí que reconoció que el aporte de la UCR “tiene un gran valor porque a las personas se les involucra en comités, actividades y este Primer Festival del Océano servirá para presentar a las comunidades las investigaciones científicas que se están haciendo y que no solo son extraerles conocimientos”.
“En nuestra región los jóvenes están participando en procesos ambientales, especialmente el relacionado con el recurso marino; pero esto debe ser un proceso constante a medida que ellos crezcan y creo que mediante organizaciones como CC-Mar se puede seguir promoviendo esa conciencia ambiental”, concluyó la gestora ambiental Gretel Vega Alemán.
Día Mundial de los Océanos (UCR, 2023)
Mediante la Acción Social del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) se comparte valiosa investigación científica con las comunidades costeras y personas que habitan en las riberas de ríos para generar cambios sustantivos en aras de la conservación y defensa de estos ecosistemas, fomentando el uso sostenible de los recursos ambientales a partir de relaciones armoniosas entre el ser humano y el ambiente. Producción y realización Hannia Rodríguez y Pedro Murillo.
En el 2025, Francia y Costa Rica coorganizarán la próxima cumbre de las Naciones Unidas sobre los Océanos: es una oportunidad única para desarrollar redes de cooperación entre nuestros países.
En el marco de celebración del Día de los Océanos, el Servicio de Cooperación de la Embajada de Francia y la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Universidad Nacional, organizan la conferencia “Océanos y Sociedades: hacia una red de cooperación franco- centroamericana”, a desarrollarse del 7 al 9 de junio en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, a partir de las 8 a.m. El 10 de junio los participantes realizarán una gira de campo previa inscripción.
La Conferencia ofrecerá un espacio de intercambio académico y científico sobre diferentes temáticas relativas a los océanos y las costas, considerando aspectos naturales, como también relativos a la sociedad civil. Este espacio posibilitará el desarrollo de charlas que delinearán el tema base a abordar en diferentes mesas redondas. Asimismo, se desarrollarán espacios de trabajo colaborativo y generación de redes para la construcción de alianzas científicas a futuro.
Los pilares temáticos girarán en torno a la gobernanza y gestión marino costera, la variabilidad climática y eventos extremos y la contaminación marino costera y sus impactos, acompañados de ejes transversales como lo son biodiversidad y sociedades.
El océano cubre el 71% del planeta y tiene un papel crucial en la regulación del clima. Es una reserva de biodiversidad y de recursos genéticos, energéticos y minerales, además de ser un sumidero de carbono y el mayor productor de oxígeno del planeta. Hoy en día, el 60% de la población vive en una franja costera de menos de 60 km; esta cifra aumentará al 80% en 2050. Según la OCDE, el océano contribuye al 2,5% de la riqueza mundial (1.500.000 millones de dólares). Sin embargo, el océano sigue siendo un mundo muy desconocido (pocas especies descritas, cartografía poco precisa, esfuerzo de investigación bastante escaso), a pesar de todas las amenazas a las que se enfrenta y de todas las oportunidades que representa para la humanidad. Para cerrar esa brecha, el decenio 2021-2030 fue declarado Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.
Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:
