El día de ayer, lunes 13 de junio del presente año 2022, se llevó a cabo, bajo el marco de la celebración del mes del Ambiente, la charla “Otra agricultura es posible gracias a la reducción de agroquímicos”, impartida por la unidad regional del INA.
En el evento se discutieron temas referentes a los peligros del uso de plaguicidas y vías para reducir su uso en los cultivos nacionales.
La capital josefina es una ciudad sucia, maloliente, con calles nunca lavadas, y aguas negras corriendo por algunos caños. El área metropolitana no posee un adecuado sistema de alcantarillado sanitario, lo que obliga a los usuarios al uso de los contaminantes tanques sépticos. A su vez, en sus calles se encuentran deambulando personas sin hogar, muchas veces consumidas por las drogas que realizan sus necesidades en las esquinas, mientras que las cuarterías, refugio de delincuentes, son avaladas por el ojo ciego de la municipalidad.
Los ríos aledaños, se han convertido en los receptores de inmundos fluidos lixiviados, descargados impunemente desde vertederos de basura inmundos con «marca de la Alcaldía». Que junto al excesivo y a veces innecesario uso de plásticos, tan usado para empacar y encarecer las frutas en los supermercados, enferman tan silenciosamente a sus habitantes como lo hace la altamente contaminante flota vehicular, que sin árboles espera los tres o cuatro “proyectos de arborización” inaugurados por el despreocupado alcalde. Así es el ambiente en nuestra insegura ciudad capital.
¿Hubo algún motivo para «celebrar» el DÍA DEL AMBIENTE en la ciudad de San José?
El gobierno ha convocado a sesiones de la Asamblea Legislativa el proyecto para legalizar pozos ilegales. Expediente 22709.
Los diputados proponentes, todos de RESTAURACIÓN NACIONAL, reconocen en su exposición de motivos, la existencia de miles de pozos perforados ilegalmente.
También, dicen que esta ilegalidad pone en riesgo a los exportadores de frutas, por la reticencia de los clientes en los mercados a ser cómplices de esta situación.
Lo que no dicen los exdiputados, es que estas personas cometen el delito de USURPACIÓN DE AGUAS, penado en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.
Ellos, como diputados, tenían la obligación de denunciar a esos ladrones.
Claro, hay otros cómplices necesarios para que este abuso se dé hace años, con graves daños para la economía del país y el medio ambiente.
En uno de los Decretos Ejecutivos que se han emitido sobre este asunto dice: –
Decreto 35882-MINAE, Artículo 16.-Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Se procederá ordenar el cierre de los pozos que no cumplan con lo estipulado en el presente Reglamento. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.
Da la casualidad de que hace como 30 años que JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN es DIRECTOR DE AGUAS de MINAE.
Así que no tiene quite.
Si hay pozos ilegales, y claro que los hay, y se estiman en decenas de miles, es total responsabilidad de este funcionario.
Él tramitó y gestionó 3 amnistías en 2002, 2020 y 2019. Allí se perdonó por Decreto y legalizó al menos 1.323 pozos ilegales.
El señor Zeledón ya ha impulsado también 3 proyectos de ley anteriores con el mismo fin. Exp. N° 17.742, N° 17.694 y N° 21.061. Todos fracasaron.
Por los artículos de la ley propuesta, queda claro, que el proyecto es para beneficio de los GRANDES EXPORTADORES.
Recalquemos, los productos agrícolas, principalmente las frutas, tienen un alto porcentaje de agua. Así es que exportamos agua.
Esto queda más claro que el agua. Por ejemplo, el artículo 2 habla de beneficiar a “quienes tengan uno o más pozos no inscriptos”.
No se indica nada de cuantos ya tienen inscriptos y concesionados.
El artículo 4 le otorga la potestad de definir el caudal que quiere explotar. Sin estudios ni criterio técnico alguno.
No se pone ningún requisito de límite al caudal a explotarse en cada cuenca. ES UN SUICIDIO AMBIENTAL.
En el comunicado del GOBIERNO dice la ministra Bonilla. – ´´Se pretende evitar la desaparición de fincas de pequeños y medianos productores, para asegurar el abastecimiento de los alimentos y sostener la actividad agropecuaria en las zonas rurales”.
Las posibilidades son, la ministra no ha leído el proyecto, no lo ha entendido o simplemente miente.
Además, parece que nadie ha leído la OPINION de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA sobre este proyecto.
Con fecha 4 de marzo 2022 se remitió el oficio DFOE – SOS-0109.
Que entre las “pequeñas anormalidades” señala que el artículo 8 les otorga el derecho de concesión sin poner plazo, lo que se interpreta A PERPETUIDAD. Les da, les regala el agua tuya y mía, a los empresarios privados para siempre.
Además, señala que no se toma en cuenta la prioridad del agua para la población, ni los estudios técnicos de caudales disponibles, ni la planificación existente.
La Contraloría enfatiza que “se garantice la mayor satisfacción del interés público, el justo equilibrio entre el mayor bienestar de los habitantes del país, la producción agropecuaria, el derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y el acceso al agua.”
Adjuntamos este documento para que lo lean.
Esto no es lo que prometió el señor RODRIGO CHAVES al pueblo de COSTA RICA.
Para enmendar el horror, propio de inicios de gestión del gobierno, solicitamos el retiro inmediato de tal proyecto de la ASAMBLEA LEGISLATIVA.
El 8 de junio de 2022, se realizó el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común”, organizado por el Programa Kioscos socioambientales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La intencionalidad de este foro fue exponer sobre la mesa, temas primordiales como el uso alarmante de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, mencionado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, del riesgo para la salud humana y el ambiente, la conservación del medio, el uso sostenible de los recursos naturales, los retos y desafíos, entre otros. Se indicó en dicho informe que, los plaguicidas usados son de alta peligrosidad, estableciendo un rango significativo de uso muy por encima de países del continente que poseen condiciones agrícolas similares a las de Costa Rica.
La mesa de panelistas fue integrada por el representante residente adjunto del PNUD Kifah Sasa; la Docente en la Escuela de Salud Pública, Rebeca Alvarado; el Químico David Bolaños; el Químico Ambiental Clemens Ruepert; la Síndica del distrito Cipreses de Cartago, Isabel Méndez y la moderadora Isabel Avendaño.
El incremento de la temperatura de la superficie del mar es una de las grandes amenazas que enfrentan los corales.
FAICO y ACMC realizarán conversatorio “Perspectivas futuras de las Áreas Marinas Protegidas oceánicas en Costa Rica: uniendo voces por el océano”
San José, 7 de junio 2022. A pesar de los múltiples llamados y de las advertencias sobre el impacto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el planeta, el panorama continúa siendo crítico, según se advierte en el más reciente informe sobre el cambio climático, dado a conocer por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Dentro de las afectaciones, que más preocupan a los expertos están: una mayor acidificación y el constante derretimiento del hielo marino y de los glaciares, lo que implica que el mar seguirá subiendo y las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas, tal y como se observa en la actualidad.
A pesar de este panorama tan crítico, todavía tenemos una oportunidad para disminuir las consecuencias del cambio climático, pero para lograrlo se requiere sumar esfuerzos y desarrollar acciones que tengan un impacto directo, tal es el caso de la reciente ampliación de las áreas marinas protegidas alrededor de la Isla del Coco, lo que permitió a Costa Rica convertirse en una de las primeras naciones en lograr proteger el 30% de su superficie terrestre y marina, meta que espera lograrse a nivel global en el año 2030.
En el marco del Día Mundial de los Océanos que se conmemora este 8 de junio, FAICO, Amigos Isla del Coco en conjunto con el Área de Conservación Marino Coco (ACMC), hacen un llamado a la acción para poner freno al deterioro en la salud de nuestros mares. Ambas organizaciones replican el llamado de las Naciones Unidas (ONU), que pide UNIR LAS VOCES POR LOS OCÉANOS.
Para Alejandra Villalobos, directora Ejecutiva de FAICO, las acciones y medidas deben implementarse a corto plazo ya que según indica, “los océanos son la principal fuente de vida, que además estabiliza el clima y acumula carbono, actuando como un gigantesco sumidero de gases de efecto invernadero. Los aportes de los océanos son innumerables, recordemos que además albergan una cantidad inimaginable de biodiversidad y apoyan directamente al bienestar humano”.
Por su parte, Gina Cuza, directora del Área de Conservación Marina Coco (ACMC) hace un llamado para desarrollar acciones de mayor impacto y resiliencia “nuestros océanos son los pulmones del planeta, una fuente importante de alimentos, salud, recreación y una parte fundamental para el equilibrio de todas las formas de vida de la biosfera. Lamentablemente, el ser humano ha generado acciones que conllevan a la degradación de los ecosistemas marinos y de no generar un cambio esta afectación puede ser irreversible”, alertó Cuza.
Celebración Día del Océano
En este contexto, El Área de Conservación Marina Coco y FAICO, Amigos Isla del Coco, organizaron un conversatorio virtual denominado “Perspectivas Futuras de las Áreas Marinas Protegidas Oceánicas en Costa Rica: Uniendo Voces por el Océano”.
El objetivo de esta actividad es hacer conciencia y educar sobre el rol fundamental de las áreas marinas protegidas, en la sostenibilidad de nuestro océano. Además, durante el encuentro se pondrá énfasis en los esfuerzos realizados por Costa Rica en temas de conservación marina y en los retos y acciones que aún nos quedan pendientes.
La actividad será abierta al público y se realizará:
Dia: 9 de junio
Hora: 3pm
Se transmitirá por el Facebook del Parque Nacional Isla del Coco.
Compartimos las declaraciones de Alejandra Villalobos, directora ejecutiva de FAICO y Gina Cuza, directora del Área de Conservación Marino Coco (ACMC).
Quema que se realiza previamente al cultivo de caña en Pácifico Central en Puntarenas. Foto Cortesía de: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Comprender las causas y el contexto de comunidades en conflictos socioambientales por prácticas extractivistas y la aplicación de estrategias en educación ambiental son acercamientos que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla por medio de dos diferentes proyectos de acción social.
El proyecto TC-590: Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales, tiene como objetivo principal sistematizar y problematizar conflictos socioambientales que las comunidades enfrentan por el uso de recursos naturales en su territorio bajo una lógica extractivista que amenaza con dañar el entorno natural, así como el tejido social vinculado a este territorio.
El trabajo se ha realizado en 15 comunidades con aproximadamente 300 personas vinculadas a organizaciones comunales, asociaciones ambientalistas, asociaciones de desarrollo y Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), grupos de vecinos y vecinas y personas que participan de procesos de defensa y cuido del territorio y los bienes comunes a nivel nacional.
Desde el año 2018 las acciones del proyecto se han concentrado en el Pácifico Central y el Pacifico Sur por la defensa del agua, entendida como un bien común en conjunto con organizaciones como la Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas, Comisión Rios Vivos, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador.
Para Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del proyecto, éste “problematiza los extractivismos desde esta lógica neoliberal capitalista pero también es colonialista y patriarcal, es decir hablamos de una trenza de dominaciones en la que confluyen estas tres formas, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado (…) Es una apuesta política ya que no solo se trata de acompañar a las comunidades sino de comprender el contexto en que nos encontramos y por qué estos territorios son los elegidos por estas formas extractivistas”, concluyó.
Defender a los defensores
Desde el año 2021 se redirigen esfuerzos en la protección de las personas que defienden los territorios, a propósito de los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales como el caso de Sergio Rojas, Jerhy Rivera y Jairo Mora.
Para Muñoz el primer logro es permanecer acompañando durante 13 años a las comunidades, otro aspecto a resaltar es el procesos de concientización y formación de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario, acercándose a lógicas críticas y sociales de abordaje de los conflictos.
Capacitación realizada en Chomes. Fotografía: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Por otro lado, el trabajo interdisciplinario en el TCU ha permitido la revalorización de saberes provenientes de las comunidades, el encuentro y el intercambio así como la problematización constante, han permitido generar y construir teoría académica.
El trabajo detrás de un vaso de agua
El presidente de la ASADA y miembro de la Alianza de Comunidades de Puntarenas, Leonado Cordero Mojica, declaró que han trabajo en conjunto con la UCR en la atención de varios conflictos socioambientales en el cantón de Chomes. Entre ellos destacan las quemas, la siembra de caña, la extracción de materiales en la riviera de los ríos y luchas por el acceso a agua de las ASADAS.
“El proyecto ha sido muy importante para nosotros, nos han dado las herramientas de lucha, cómo defendernos“ argumentó Cordero. Destacó la importancia de las capacitaciones, el empoderamiento y acompañamiento del proyecto para enfrentarse a los intereses de las grandes empresas y el conocimiento de la institucionalidad para gestionar y documentar correctamente las denuncias.
“Nos hemos sentido acompañados, nos han brindado información que ha sido muy importante para nosotros”, indicó Cordero.
Uno de los casos de éxito es cuando se detuvo la concesión de un quebrador en el Río Guacimal. Esta maquinaria que pulveriza las piedras de los ríos para producir arena, genera un sedimento que afecta la vida marina y esteros, por lo que también altera la vida socioeconómica de la zona ya que la población depende de la producción de mariscos, crustáceos y peces.
Las herramientas, talleres, conocimientos y procedimientos brindados a la comunidad y la alianza, les ha permitido fortalecerse para enfrentarse a los intereses de grandes empresas.
Un trabajo similar ha ocurrido con la negociación con finqueros para que permitan el acceso al agua potable en las ASADAS. “La gente solo abre el tubo y sale agua, pero no tiene idea del trabajo que hay detrás (…) Cuando yo era niño tenía que caminar mucho para jalar agua y poder bañarme, no sabía de qué color era esa agua y hoy mi sobrino podrá tomar esa agua sin enfermarse (…) ¡vieran que rica y que buena es el agua de Chomes!”, concluyó.
El trabajo en escuelas es fundamental para el proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental. Foto cortesía del proyecto.
Actividades humanas en armonía con la cultura ambiental
En la Sede del Atlántico de la UCR se desarrolla el proyecto TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental, cuyas acciones se concentran en el cantón de Jiménez.
Este proyecto tiene como objetivo promover prácticas ambientales en instituciones, organizaciones y comunidades de influencia del Recinto de Turrialba de la Sede del Atlántico, específicamente en los cantones de Turrialba y Jiménez, que fomenten una cultura ambiental en que las actividades humanas se lleven a cabo en armonía y con sustentabilidad ambiental.
Para tal efecto, se ha trabajado en escuelas y colegios, como Escuela de la Suiza de Turrialba, Escuela de Cecilio Lindo o, Escuela de Guayabo, Escuela de Pejibaye. Se realizaron invernaderos, talleres de sensibilización, separación y manejo de residuos orgánicos, composteras.
Con la Municipalidad de Jiménez en conjunto con la carrera de Ingeniería Agrónoma e Ingeniería en Desarrollo Sostenible -las cuales se imparten en la Sede del Atlántico-, se desarrolla un diagnóstico para la elaboración de un Plan de adaptación y mitigación de cambio climático orientado a la prevención de inundaciones y arborización.
A la izquierda se muestra el proceso de recuperación de un invernadero en una de las escuelas donde se desarrolla el proyecto. Fotos cortesía del proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental.
“Me parece que este proyecto es una iniciativa importante como parte de todas las que tiene la Universidad con el tema ambiental. La Universidad ha hecho muchos esfuerzos, apoya la Unidad de Gestión Ambiental en la Sede del Atlántico y nosotros somos un producto más de gestión ambiental que inevitablemente creció en la sede y tiene la necesidad de proyectarse a la comunidad”, declaró Gerardo Peréz León, coordinador del proyecto.
En época de pandemia se generaron una serie de infografías con información importante para la región e incluso algunas con el Clodomiro Picado, sobre el comportamiento de las serpientes, orientado a la prevención de las mordeduras.
El lema «Una sola Tierra» inspira las celebraciones a nivel mundial del Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya que fue el empleado en la primera Conferencia de Estocolmo de 1972, un evento que puso el medio ambiente en la agenda global y condujo al establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente.
Del 6 al 10 de junio en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica se realizarán actividades académicas y recreativas en torno al medio ambiente
Desde los bosques hasta los océanos, desde San José hasta Puntarenas, decenas de universitarios se organizan durante la Semana Ambiental para celebrar y cuidar nuestra casa común: el planeta Tierra, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Inspirados bajo el lema “Una sola Tierra”, propuesto por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para este año, la comunidad universitaria se une para promover iniciativas que ayuden a vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza.
Conversatorios, charlas, ferias, resultados de investigaciones que abordan los principales problemas ambientales, proyectos de acción social que movilizan comunidades para proteger los recursos naturales, actividades recreativas que estimulan el contacto con la naturaleza y la conciencia ambiental son parte del amplio programa de actividades.
«La Universidad de Costa Rica, también se ha propuesto ser uno de esos agentes, en el ámbito interno, nacional e internacional que promueva y, sobre todo, lidere acciones en pro del ambiente», señaló el Dr. Roberto Guillén Pacheco, vicerrector de Administración. Por eso, en las Políticas institucionales que rigen para los años 2021 al 2025, se incluye un eje de Compromiso ambiental que establece el fortalecimiento de la cultura institucional en defensa del ambiente y su sustentabilidad y se realizan acciones puntuales para contribuir al proceso de descarbonización de la sociedad costarricense, entre otros aportes.
“Estamos justo en el momento de tomar acciones reales, no solo acciones escritas en el papel, en las políticas, en un decreto o en una ley, sino que sea la puesta en práctica ya, tenemos solamente 8 años de tiempo para que el proceso de reversión de la degradación de los ecosistemas pueda darse. Así que estamos en una época completamente clave”, agregó Cinthya Hernández Gómez, coordinadora de la Semana Ambiental y gestora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
Hernández destacó además que se tienen ejes muy claros para trabajar, como lo es la contaminación ambiental, el cambio climático, el ritmo de consumo y la restauración de ecosistemas. Através de las diversas propuestas e iniciativas universitarias (desde la acción social, la investigación, la docencia y la gestión administrativa) se realiza un aporte sustantivo en cada uno de estos ejes.
De costa a costa
En esta ocasión la Sede del Caribe dará el banderazo de salida a la celebración, iniciando este viernes 3 de junio con una feria con stands de iniciativas ambientales. Tendrá además un conversatorio sobre “Acciones resilientes para la reactivación económica” y una charla sobre “Problemática de la Isla Quiribrí (Uvita): especies invasoras”, entre otras actividades.
En la otra costa, la Sede del Pacífico, concentrará sus actividades en el Parque Marino, el miércoles 8 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Ese día realizarán una limpieza de playa y monitoreo de residuos sólidos, liberación de tortugas, pasacalles, feria de residuos y la presentación oficial del Plan de manejo de los recursos culturales de isla San Lucas.
En la Sede de Guanacaste, los estudiantes realizarán actividades de sensibilización sobre la gestión de las colillas de cigarro (marco de proyecto de Ley) e iniciarán un movimiento para la reducción del plástico. Durante la semana habrá actividades deportivas, recreativas e informativas relacionadas con la temática ambiental para el estudiantado.
En Golfito, la Sede del Sur iniciará la semana con una charla sobre retos y logros ambientales, realizarán una recolección de residuos, una cleteada y una exhibición de obras bibliográficas de temática ambiental que estará disponible en la Biblioteca de la Sede durante toda la semana.
Día del Transporte Sostenible: Solo vehículos cero emisiones
El lunes 6 de junio se celebrará el Día del Transporte Sostenible, como un acto simbólico para generar conciencia sobre la contaminación vehicular y propiciar el uso de medios de transporte alternativos. Ese día se cerrará el acceso vehicular en todas las sedes y recintos, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Podrán ingresar al campus únicamente los vehículos 100 % eléctricos (no híbridos), vehículos con placa de discapacidad y vehículos de emergencia. Esta medida fue tomada por acuerdo del Consejo Universitario en el 2008 en conmemoración del Dia Mundial del Ambiente y aplica desde entonces en todas las instalaciones de la UCR en todo el país.
De acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), desarrollado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la mayoría de las emisiones nacionales (41,55%) proviene del sector transporte y son de dióxido de carbono (CO2). Desde 1990, el transporte es la categoría con mayor aumento en sus emisiones (243%), por lo que urge reducir el uso de vehículos contaminantes y avanzar hacia el transporte eléctrico u otros medios alternativos.
«Esta emergencia mundial, según las Naciones Unidas, nos exige reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030, pues si no lo hacemos la exposición al aire contaminado aumentará en un 50% en esta década; y los desechos plásticos que van hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040, entre otras muchas consecuencias de las que nuestro país no se escapa», acotó el Dr. Roberto Guillén.
En la sede central
El lunes 06 de junio el campus universitario es totalmente para que las personas que se trasladen en medios de transporte sostenible disfruten del entorno natural sin humo ni ruido de carros. Ese día no ingresan vehículos de combustión interna por lo que es posible escuchar el canto de los pájaros y admirar con más detenimiento la flora y fauna que habita el campus.
Para disfrutar de este día sin humo a las 9:00 a.m. saldrá del Pretil una caminata ecológica que continuará por el puente que conecta la Finca 1 y 2 y finalizará en la Finca 3 (Instalaciones Deportivas). Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad universitaria. Para participar se debe llenar el siguiente formulario: http://ucr.cr/r/CXot
Al finalizar la caminata, se realizará el acto oficial de celebración del Día Mundial del Ambiente que abre el calendario de actividades de toda la Semana Ambiental, a las 10:00 a.m en las Instalaciones Deportivas de la UCR. Allí las autoridades universitarias y los estudiantes de la Federación Indígena Estudiantil realizarán un trueque simbólico de árboles por semillas.
Esta actividad contará con la participación de los estudiantes del Programa Integral de la Persona Adulta Mayor (PIAM) y de los niños y niñas del Centro Infantil Laboratorio como invitados especiales. Posteriormente se procederá con la siembra de 125 árboles producidos en el vivero institucional administrado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
La Sede de Occidente iniciará la semana con la charla “Cambio climático: un reto para la conservación de nuestras Áreas Marinas Protegidas” que se realizará el lunes 6 de junio en el Recinto de Grecia. Además, ofrecerá una charla virtual sobre Economía Circular y celebrará el V Encuentro de Experiencias Ambientales Municipalidades de Occidente. El programa además incluye actividades recreativas y recolección de residuos valorizables, tanto en San Ramón como en Grecia.
En Turrialba, la Sede del Atlántico ofrecerá dos charlas el martes 7 de junio, una sobre “Abejas para la Sostenibilidad” y otra titulada “Cambiando el rumbo de la conservación de tiburones y rayas en Costa Rica”, el jueves y el viernes también ofrecerán charlas relacionadas con temas marinos. Durante esta semana además se conversará sobre el Plan Municipal de Residuos de Turrialba.
«Como vemos, las acciones son muchas, pero sabemos que todavía faltan muchas más para mejorar y reducir la incidencia de esa emergencia planetaria, la cual nos refiere las Naciones Unidas; de ahí el llamado urgente a seguir implementando prácticas ambientales, en la Universidad, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en los lugares turísticos que visitamos y por qué no, también cuando salimos fuera del país tenemos que ser embajadores de la sostenibilidad costarricense para un mundo mejor», reflexionó el Dr. Roberto Guillén.
Finalmente, en esta Semana Ambiental, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con la restauración de los ecosistemas y en especial con el repoblamiento de los corredores biológicos interurbanos por medio de la siembra de árboles: 125 árboles en la Sede Rodrigo Facio. Además, durante esa semana se plantarán decenas de árboles más en las sedes y recintos con la colaboración de estudiantes y personas funcionarias.
Katzy O`neal Coto, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Diputaciones de Cartago del PLN y FA piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud sobre contaminación en el agua de Cipreses Oreamuno Cartago
Se realizará foro académico para esclarecer discusión técnica ante los hallazgos de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil en el agua de Cipreses
En el marco del Día Mundial del Ambiente se llevará cabo el foro PLAGUICIDAS EN COSTA RICA, EL AGUA DE CIPRESES Y EL CUIDO DEL BIEN COMÚN en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, el próximo 08 de junio a las 5:00PM de forma presencial (se adjunta afiche del foro).
El objetivo de este importante espacio es poder analizar los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago que vienen encontrándose por parte del IRET de la UNA. (adjunto análisis UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021). El clorotalonil fue prohibido en Europa y 17 países más por contaminar el agua con dichos productos de degradación y es lo que precisamente está sucediendo en la zona Norte de Cartago según denuncian voces de los habitantes desde la comunidad de Cipreses.
En el foro también estará presente en mesa la experta de la UCR, Rebeca Alvarado, quien en coordinación con el PNUD han dado a conocer recientemente el informe: Diagnóstico De Afectación A La Salud Por Uso De Agroquímicos En Costa-Rica (https://impactoplaguicidas.cr/repositorio/diagnostico-de-afectacion-a-la-salud-por-uso-de-agroquimicos-en-costa-rica/) donde se evidencia que solamente en el tratamiento de dolencias, incapacidades, y pérdida de productividad asociada al alto consumo de plaguicidas Costa Rica paga $9 millones al año. Eso sin contar y sin haber podido estimar las enfermedades crónicas de personas expuestas a plaguicidas como son las malformaciones congénitas, el cáncer, entre otras…
Costa Rica es uno de los países den el mundo de mayor consumo de agrotóxicos en el mundo según se han dado a conocer el reciente informe del PNUD https://impactoplaguicidas.cr/.
“Mientras los sectores corporativos industriales que lucran en el negocio de venta y consumo de plaguicidas exigen la entrada de nuevas moléculas, nadie está hablando de sacar del mercado nacional los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países por ser altamente tóxicos y contaminantes, como por ejemplo el clorotalonil, que como podemos ver se ha encontrado en el agua de nuestra ASADA en Cipreses y bien sabemos del riesgo que esto representa para nuestra salud” Indicó Jordan Vargas vocero del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago que hoy lucha por la protección ecológica de las nacientes y la no aplicación de agrotóxicos en el área de recarga acuífera de las nacientes de su comunidad.
Por su parte la diputada Rosaura Méndez, Segunda Prosecretaria PLN y el Diputado Antonio Ortega del Frente Amplio piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud y han enviado escritos (ver adjuntos) desde sus despachos pidiendo explicaciones. Las diputaciones de Cartago cuestionan la falta de capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas ya que no tienen capacidad técnica de esclarecer la denuncia que con análisis de laboratorio en mano han hecho los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses (se adjunta memorando del AYA GSUD-UEM-GAR-2022-01098).
Integrantes del Frente Ecologista de Cipreses reconocen el gran apoyo que la diputada Rosaura del PLN de Cartago y Antonio Ortega del Frente Amplio están dando por el cuido del bien común, la salud pública y los recursos naturales con sus acciones concretas como diputaciones de la provincia y se evidencia el compromiso real con el bienestar de la gente.
La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la alta incidencia en cáncer estomacal que bien se conoce en la provincia y su relación con el consumo de plaguicidas.
Se le invita a la actividad “Plaguicidas en Costa Rica: El agua de cipreses y el cuido del bien común”, realizada en un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, Kioscos Socioambientales y Frente ECO-CIPRESES.
La actividad contará con los siguientes panelistas:
Sr. Kifa Sasa. PNUD C.R
Sra- Rebeca Alvarado. UCR
Sr.Darner Mora. Laboratorio Nacional de Aguas (Sin confirmar)
Sr. Clemens Ruepert. IRET-UNA
Sra. Isabel Méndez. Frente Eco-Cipreses
Moderadora: Isabel Avendaño Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.
La actividad se realizará en el marco de la celebración del Día Mundial Medio Ambiente y tendrá lugar el miércoles 08 de junio a las 5:00 pm en la sala de la biblioteca Eugenio Fonseca en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Se transmitirá en vivo desde las páginas de Facebook de Kioscos Socioambientales UCR y Facultad de Ciencias Sociales.
“Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica.Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022.
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022.
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que “en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro”. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Monstrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas). Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación que se materializó el 31 de mayo, con 33 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado y nota de Emol).
Un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado de Chile vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, el cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando a la Cámara alta (Senado): véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022.
Las indiscutibles mayorías obtenidas en ambas cámaras del Poder Legislativo chileno evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan mayormente sino a muy pocos, y que forman parte del pasado.
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de adhesión correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como bien se sabe.
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
El largo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como CEPAL): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado este 31 de mayo constituyen importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo – de forma conjunta – en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como lo explicaremos en algunas de las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente… ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente así como a mayor acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para un/a costarricense.
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros estimables lectores a esta publicación de la CEPAL titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú«. En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la CEPAL difundido a raíz de una reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles«: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2).
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
En relación a la afirmación anterior, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 (cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense). Recientemente el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre reservas de petróleo en Costa Rica hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 3): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por sectores empresariales y sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 4). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria refirió a las complejas – e insondables – relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48)
No obstante, a esta extraña coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza costarricense: se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado en Costa Rica (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de la justicia de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo creativo.
Es de notar que este extraño «descubrimiento» (Nota 5) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el Magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 6).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 7). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 8).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omiso en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú a venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante vergonzosa – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares en América Latina.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos influyentes sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la insólita mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe indicar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la CEPAL, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 9). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , el primer paso en Chile que inició la senda en dirección de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta (Nota 10).
– – Notas – –
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la CEPAL ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: La expresión «affaire» refiere al complejo entramado político-empresarial (y a un nutrido grupo de personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 4: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre«, del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: “La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“ Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal.«
Nota 5: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 6: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 7: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión». En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 8: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 9: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarrollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 10: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de Le Figaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
