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Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Un análisis a partir de encuestas del CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia permite comprender por qué el enojo social, la inseguridad y la decisión tardía pesaron más que los cuestionamientos éticos en el voto presidencial y legislativo.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales, que dio el triunfo al Partido Pueblo Soberano en la Presidencia de la República y le otorgó una amplia bancada legislativa, ha generado una pregunta insistente en amplios sectores sociales, académicos y organizativos: ¿cómo es posible que, pese a denuncias éticas graves, cuestionamientos públicos a candidaturas electas, un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo y afectaciones visibles a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública y los organismos de seguridad, una mayoría del electorado optara por esa opción política?

Los estudios de opinión elaborados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) y la firma Demoscopia permiten ofrecer algunas explicaciones sólidas, sin recurrir a descalificaciones simplistas del electorado ni a interpretaciones basadas únicamente en impresiones posteriores al resultado.

Prioridades sociales: inseguridad, enojo y costo de vida

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de Demoscopia y del CIEP es la centralidad de la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, el desempleo y el costo de la vida como los principales problemas percibidos por la población. En esas mediciones, temas como salud pública y educación, aunque importantes, no ocuparon los primeros lugares en la agenda inmediata de preocupación ciudadana.

Este orden de prioridades ayuda a comprender que una parte significativa del voto fue emitida a favor de promesas de orden, control y ruptura con lo que se percibe como ineficacia del sistema, y en contra del miedo, el enojo y la frustración acumulada, más que como una adhesión explícita a propuestas orientadas a debilitar derechos sociales.

Decisión tardía y uso de atajos emocionales

Otro elemento clave es el alto nivel de indecisión hasta las últimas semanas, documentado tanto por Demoscopia como por los informes del CIEP publicados en enero. Una proporción relevante del electorado decidió su voto en el tramo final de la campaña, cuando el tiempo para evaluar programas de gobierno, trayectorias personales y consecuencias institucionales es limitado.

En contextos de decisión tardía, las personas tienden a recurrir a atajos cognitivos y emocionales: liderazgo percibido como fuerte, discursos confrontativos, promesas simples, narrativas de castigo a “los de siempre” o identidades políticas definidas más por oposición que por proyectos programáticos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué denuncias éticas graves no siempre se traducen en castigo electoral inmediato, especialmente cuando la prioridad está puesta en resolver problemas urgentes.

Seguridad y símbolos de “mano dura”: un refuerzo contextual

En este escenario, es razonable considerar que determinados gestos y anuncios simbólicos asociados al tema de la seguridad hayan reforzado percepciones de autoridad y control. Dado que la inseguridad aparece de forma reiterada como la principal preocupación ciudadana en las encuestas, propuestas divulgadas como la construcción de una megacárcel, así como la visita al país de figuras internacionales asociadas a políticas de “mano dura”, pudieron haber reforzado emocionalmente la idea de orden y firmeza, aun sin que existiera una evaluación detallada de su viabilidad, costos o consecuencias.

Metodológicamente, las encuestas no permiten afirmar una relación causal directa entre estos hechos y el resultado electoral. Sin embargo, en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, estos símbolos pueden actuar como catalizadores que inclinan percepciones y refuerzan decisiones ya frágiles o poco consolidadas.

Cuando la política no se conversa: el peso del silencio social

Un factor menos visible, pero crucial, aparece en los estudios del IDESPO: amplios segmentos de la población hablan poco o nada de política en sus entornos cercanos, ya sea en familia, con amistades o en espacios comunitarios. Este silencio cotidiano limita la posibilidad de procesar colectivamente información compleja, incluidos los cuestionamientos éticos.

Cuando no hay conversación social sostenida, las denuncias tienden a quedar aisladas, fragmentadas o absorbidas por un clima generalizado de desconfianza en la política, donde predomina la idea de que “todos son corruptos”. En ese contexto, lo ético no desaparece, pero pierde fuerza como criterio de decisión, frente a emociones más inmediatas como el miedo, el enojo o la sensación de urgencia.

Normalización del descrédito político

Los estudios del IDESPO y del CIEP muestran también altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la política es corrupta”. Esta percepción generalizada contribuye a que denuncias concretas sean relativizadas o normalizadas. Para una parte del electorado, el dilema no se formula como “quién es éticamente intachable”, sino como “quién puede enfrentar —o al menos confrontar— los problemas que más me afectan”.

¿Votaron entonces contra la CCSS, la educación o la democracia?

Las encuestas no permiten sostener que la mayoría del electorado haya votado explícitamente para debilitar la seguridad social, la educación pública o la división de poderes. Más bien, sugieren que muchas personas votaron priorizando otras urgencias, aun cuando esas decisiones puedan tener consecuencias negativas sobre derechos sociales históricamente conquistados.

La diferencia es fundamental: no se trata necesariamente de un voto de aprobación consciente, sino de un voto condicionado por el miedo, el enojo, la desconfianza y la percepción de crisis.

Desafíos para los movimientos sociales y la ciudadanía

El resultado electoral deja una lección clara: la disputa democrática no se resuelve solo en redes sociales ni en el plano de la denuncia ética. Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada enfrentan el reto de reconstruir la conversación política en las comunidades, en los hogares, en los barrios y en los espacios cotidianos donde se forma la conciencia ciudadana.

Escuchar antes de convencer, vincular la ética con experiencias concretas de la vida diaria —salud, seguridad, empleo, educación— y fortalecer la organización territorial aparecen como tareas urgentes. Sin diálogo social sostenido, la ética se diluye; sin trabajo comunitario, el enojo puede ser capitalizado por discursos autoritarios.

Para complementar este análisis le invitamos a leer la nota de este lunes 2 de febrero:
Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral. https://wp.me/p6rfbZ-y5B

Proyecto de ley busca impedir candidaturas con deudas con la CCSS

La iniciativa cuenta con respaldo ciudadano y mantiene abierta la recolección de firmas de apoyo

Un proyecto de ley orientado a fortalecer la ética pública y la defensa de la seguridad social fue presentado este jueves en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en una actividad coordinada por la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina. La iniciativa ingresó oficialmente a la corriente legislativa con el respaldo de catorce diputaciones de distintas fracciones, lo que refleja un apoyo político diverso en torno a la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La propuesta fue elaborada y promovida por el Movimiento en Defensa de la CCSS, organización que entregó el texto a la diputada Alfaro acompañado de 241 firmas de apoyo ciudadano. El proyecto plantea una reforma al Código Electoral, específicamente al artículo 148, con el fin de establecer requisitos mínimos de coherencia y responsabilidad social para quienes aspiren a cargos de elección popular.

La iniciativa parte del reconocimiento de la CCSS como uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sustentado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad, y como garante del derecho humano a la salud y a la protección social. En ese marco, el proyecto propone que las personas con deudas firmes y exigibles con la CCSS superiores a diez salarios base, y sin un arreglo de pago vigente, no puedan ser postuladas como candidatas a puestos de elección popular.

El texto establece una distinción clara entre morosidades estructurales y significativas y aquellas situaciones de carácter transitorio que afectan a personas trabajadoras independientes, aseguradas voluntarias o personas en condición de desempleo. En estos últimos casos, se reconoce la validez de los arreglos de pago vigentes como mecanismo legítimo de cumplimiento, evitando así sancionar la pobreza, la informalidad o circunstancias económicas adversas.

Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha insistido en que la reforma no busca excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino impedir que personas con incumplimientos graves y sostenidos con la seguridad social accedan a cargos de representación popular, fortaleciendo así la ética pública, la confianza ciudadana en el sistema democrático y la sostenibilidad del modelo solidario de seguridad social.

La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente preocupación social por el debilitamiento de la seguridad social y busca fortalecer la coherencia ética entre quienes aspiran a cargos de representación popular y sus obligaciones con el sistema solidario que sostiene el derecho a la salud y a la protección social. Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha reiterado que el proyecto no pretende excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes desean ejercer funciones públicas.

✍️ La ciudadanía interesada puede leer el proyecto y firmar en apoyo a esta iniciativa legislativa en el siguiente formulario, como respaldo a la defensa de la CCSS y al fortalecimiento de la ética pública:
👉 https://forms.gle/FpkLwkFnigjvnohc9

Puede ver la presentación del proyecto en el siguiente video a partir del minuto 17:10

¿Por quién votar?

Por Franklin Chang Díaz

Una vez más nos toca a los costarricenses escoger a nuestros líderes para los próximos cuatro años. Es un derecho que cada vez usamos menos, quizás por apatía, frustración, o la simple sensación de impotencia ante la inercia de una maquinaria gubernamental entrabada por muchos años.

Pero debemos rechazar esos sentimientos. Este primero de febrero, seremos llamados de nuevo a designar a quiénes les entregaremos el poder. Hay que estudiar a las 20 candidatas y candidatos y hay que ir a votar. Abstenerse del voto es abdicar a nuestra democracia, a nuestro deber ciudadano. Tal vez sin darnos cuenta, el abstencionismo que hemos experimentado en los últimos años, poco a poco, ha ido mellando el filo de nuestra democracia, antes un ejemplo a nivel mundial. Hoy en Costa Rica, la elección de nuestros líderes es decidida por un porcentaje cada vez menor de la ciudadanía; esta es una receta para caer en la dictadura. Recuperarnos de esa posible caída es doloroso en el mejor de los casos, y sangriento en el peor. El primero de febrero hay que votar por alguien, pero ¿por quién?

La decisión de por quién votar es decidir a quién vas a contratar para encomendarle tu futuro y el de tu familia; ¿quién se encargará de proteger tu comunidad y a tus niños en la escuela? ¿quién se encargará de darles una excelente educación, velar por la salud de tu familia, mejorar la infraestructura vial – sin presas, proveer electricidad económica y fiable y transporte público eficiente y limpio? ¿quién mejorará tus oportunidades de trabajo y reducirá la obscena desigualdad que continúa creciendo en la sociedad costarricense?

De seguro contratarás a un equipo de primer calibre, con un plan bien trazado, no uno de aspiraciones teóricas, sino de objetivos concretos, presupuestados y realizables, y con hitos y entregables claramente definidos; un plan que será dirigido por una o un líder que te dé la confianza de que hará bien el trabajo, con reconocida experiencia en administración, con capacidad, tanto de persuasión como de negociación, porque el trabajo requerirá de ambas para el diálogo con el congreso. Finalmente, todos estos atributos se sumarán al más importante de todos: Una ética inquebrantable.

Les comparto el esquema que uso para decidir por quién voy a votar, una simple herramienta que nuestros maestros utilizaban (aquí en escala de 1 a 5) para cuantificar y calificar ordenada e individualmente a los 20 candidatos, en función de los atributos que acabo de mencionar. Aquí se las paso como referencia, porque, en la confidencialidad del voto, cada uno tendrá que producir su propia evaluación personalizada.

Tu voto debe responder, no a encuestas ni pronósticos, o evitar que otro gane, si no, a la honradez y ética del individuo, a su carácter y capacidad de negociar y concretar, a su trayectoria y experiencia, a la solidez de su equipo, y a la viabilidad de su programa. Hoy por hoy, nos debe interesar más la honradez que el carisma, más las soluciones prácticas que la pureza ideológica. Las acciones hablan más que las palabras y nos interesa no solo qué, sino que también el cómo. Algunas notas sobre los atributos que considero importantes, y que puedes ajustar por los tuyos.

Ética y honradez. Todo empieza por ahí. Se trata de los valores básicos que como sociedad hemos venido descuidando y que nuestro presidente debe ayudarnos a restaurar. Es la base estructural sólida e inquebrantable, donde se construye la verdadera prosperidad. Su liderazgo deberá cambiar las palabras estridentes y la retórica punzante por el comportamiento intachable, por el ejemplo de sus accionar y por la cero tolerancia a la incompetencia y a la mediocridad.

Plan de gobierno. Dicen que el que “falla en planear, planea fallar.” El plan de gobierno es indispensable. Todos y todas tienen uno. Sin embargo, lo que busco no es una lista de aspiraciones, si no una de resultados concretos, presupuestados y calendarizados. Ya sabemos lo que hay que hacer; ahora queremos saber cómo lograrlo dentro de un marco práctico y realista con resultados en menos de cuatro años. Es preferible un plan modesto y realizable que uno ambicioso pero inalcanzable.

Experiencia en administración. ¿Encomendaríamos nuestro barco a un capitán sin experiencia?, ¿nuestro cuerpo a un cirujano sin práctica? Por más que planifique, el administrador debe conocer los riesgos, prepararse para lo imprevisto y saber adaptarse. Aquí, la experiencia tiene un valor incalculable.

Calibre de su equipo. En el campo de juego, aún con un goleador de primera, perderemos el partido si no tenemos un equipo de primer calibre, bien entrenado y con jugadores que buscan el éxito colectivo y no el protagonismo a costillas de sus compañeros.

Capacidad de negociar. Ningún acuerdo, negocio, o contrato es perfecto, por lo que las y los grandes estadistas deben saber negociar dentro de un marco ético y lineamientos solidarios a los principios de igualdad y libertad con los que nuestra gran sociedad fue fundada.

Capacidad de concretar. Valoro en mi líder la capacidad de convertir palabras en hechos, de proyectos conceptualizados a proyectos inaugurados, de evitar la “parálisis por análisis.” Siempre habrá riesgo, pero después de un estudio concienzudo y serio, hay que actuar con valentía y decisión.

Comunicación. En un mundo lleno de des-información, nuestro presidente debe comunicar la verdad con precisión, con base en hechos y sin exceso de palabras.

Espero que les sea útil. Nos vemos en las urnas el 1 de febrero.

Mucho ruido, poca verdad: cortinas de humo y manipulación

Por Sharo Rosales Arce

Entender su uso para seguir cuestionando, disintiendo y denunciando

¿Qué son y cómo funcionan?

Una cortina de humo no es solo una expresión popular. Existe un amplio respaldo teórico desde la comunicación, la sociología del poder y la psicología social que explica cómo gobiernos autoritarios, líderes tiránicos o élites con poder desvían deliberadamente la atención pública para atenuar, ocultar o desplazar temas que amenazan su control, su conveniencia política o que evidencian escándalos, abusos o fracasos estructurales.

La cortina de humo funciona cuando logra que el público mire en otra dirección. Opera activando emociones primarias como el miedo, la ira o el odio, ya sea enardeciendo a las personas o paralizándolas, dificultando así la acción colectiva y la toma de decisiones racionales. También funciona mediante la creación de enemigos simbólicos o imaginarios sobre los cuales descargar frustraciones sociales.

¿Cómo lo logran? ¿Cuál es la estrategia?

A continuación, algunas teorías y modelos clave que permiten comprender este fenómeno.

Teoría de la Agenda Setting (McCombs y Shaw)

Esta teoría plantea que los medios de comunicación no determinan directamente qué pensar, pero sí influyen decisivamente en sobre qué pensar, ya que la relevancia que la audiencia otorga a un tema depende en gran medida del énfasis y la cobertura que reciba en la agenda mediática.

Aplicada a las cortinas de humo, esta teoría permite observar cómo gobiernos y líderes impulsan temas emocionales, escandalosos o polarizantes (apelando al morbo, al miedo o a la ira) con el objetivo de desplazar la atención de asuntos medulares de interés público, como casos de corrupción, crisis económicas o indicadores desfavorables de gestión. De este modo, se sobredimensionan eventos secundarios, se especula o incluso se miente para silenciar los problemas realmente relevantes.

Un ejemplo recurrente, especialmente en contextos electorales, es la activación de debates morales, la construcción de conflictos ficticios entre “los buenos y los malos”, la creación de enemigos internos o externos y la activación de guerras en momentos de crisis.

Estas estrategias suelen ir acompañadas de la producción de narrativas alternativas que son reproducidas acríticamente por redes sociales y algunos medios de comunicación, construyendo relatos que justifican, relativizan o invisibilizan desaciertos y abusos de poder. Así, la causa de los problemas nunca se presenta como estructural, sino que se deposita la culpa en “otros” ya sea opositores políticos, personas migrantes, minorías o supuestas conspiraciones.

La Teoría del Espectáculo (Guy Debord)

En La sociedad del espectáculo (1967), Guy Debord describe cómo el capitalismo transforma la vida social en una acumulación de imágenes y representaciones que sustituyen la experiencia real por una “realidad-apariencia paralela”, alienando a las personas y convirtiéndolas en espectadoras incluso de su propia existencia.

En las sociedades contemporáneas, la política se ha convertido en espectáculo, y éste no solo vende, sino también funciona como una poderosa cortina de humo. El exceso de imágenes, escándalos y declaraciones ruidosas distrae, fragmenta la atención y dificulta la reflexión crítica de la ciudadanía. Múltiples estímulos compiten simultáneamente por la atención, aumentando el riesgo de que las personas pasen de ser actores políticos a meros espectadores pasivos de “shows políticos” cuidadosamente montados.

El uso tiránico de esta estrategia se sostiene mediante un estado de shock permanente aparejado a la saturación de la agenda con eventos irrelevantes pero llamativos, que absorben tiempo y energía social.
Cuando todo es espectáculo, nada importa realmente.

Teoría del Framing o del Encuadre (Goffman / Lakoff)

La teoría del framing de Goffman popularizada y aplicada a la política por Lakoff, sostiene que la manera en que se narra un acontecimiento proporciona un marco de interpretación que guía la comprensión de las audiencias a través de códigos o “pistas” No solo importa qué se comunica, sino cómo se comunica. Los marcos funcionan como guías o mapas mentales que orientan la interpretación de la realidad.

En contextos de manipulación política, estos encuadres se diseñan de forma intencional (y malintencionada), apelando a miedos, suspicacias, prejuicios y antagonismos. En esta manera de “construir la realidad”, actores políticos seleccionan, enfatizan u omiten información para moldear percepciones, opinión y actitudes públicas de acuerdo a sus intereses.

Así, con esta Cortina de humo discursiva, una persona disidente pasa a ser presentada como enemiga; una mujer víctima de femicidio como provocadora de su propia muerte; quien defiende la justicia social como “comunista”; una funcionaria que denuncia irregularidades como “entorpecedora de la gestión”. A la represión se la denomina “orden”, a la amenaza “prevención” y a la censura “protección”.

El marco determina la interpretación y, en muchos casos, bloquea el pensamiento crítico.

La Doctrina o Estrategia del Shock (Naomi Klein)

Naomi Klein explica cómo fuerzas políticas, corporativas y élites aprovechan crisis reales o fabricadas para imponer medidas impopulares y violentas, capitalizando el miedo, la confusión y el trauma social para evitar la resistencia.

Esta perversa estrategia constituye una cortina de humo organizada que busca provocar caos y sensación de urgencia. Se concreta mediante una avalancha de datos, acusaciones falsas o informaciones contradictorias que no dejan tiempo para argumentar o refutar, ya que un nuevo conflicto se instala de inmediato.

El objetivo es mantener a la población emocionalmente desregulada, cansada y desorientada, reduciendo su capacidad de organizar oposición o resistencia. No resulta extraño, entonces, que ante una crisis de seguridad se propongan leyes represivas, o que frente a una crisis económica se impulsen recortes sociales. Medidas (deliberadas a costa de los intereses y derechos ciudadanos) que serían ampliamente rechazadas en contextos normales logran así ser implementadas.

Psicología del Autoritarismo y construcción del enemigo

Diversas corrientes de la psicología social señalan que las personas pueden aceptar el autoritarismo cuando sienten miedo, buscan orden o se identifican con figuras percibidas como “fuertes”. El tirano conoce estos mecanismos y los explota, promoviendo la hostilidad hacia lo diferente y ofreciendo enemigos visibles sobre los cuales proyectar frustraciones, mientras oculta su propia violencia.

Se construye una narrativa simple y maniquea: nosotros versus ellos, buenos versus malos. La cortina de humo opera aquí a nivel psíquico, desviando el malestar social hacia chivos expiatorios.

Estas prácticas no son exclusivas de los gobiernos. También se observan en líderes y tiranos cotidianos: personas manipuladoras o abusivas que generan drama, victimización estratégica y conflictos emocionales para evitar rendir cuentas. El patrón de la Cortina de Humo es el mismo: desviar la atención del abuso hacia el conflicto.

Posverdad y saturación informativa

Dos fenómenos contemporáneos e interconectados que agravan este escenario. Por un lado, la posverdad, definida por la RAE como la “distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública”. En este contexto, la verdad pierde peso frente a narrativas emocionalmente atractivas, simplificadas y prefabricadas. Algunos ejemplos son: esparcir rumores, hacer acusaciones falsas de personas que denuncian abusos, que visibilizan retrocesos o invitan al debate de ideas con argumentos, propagar teorías conspirativas, enmascarar como víctimas a los victimarios, entre otros.

Por otro lado, la saturación informativa supera la capacidad de procesamiento de las personas. El exceso de datos, noticias falsas y desinformación genera ansiedad, dificultad para tomar decisiones, confusión y parálisis cognitiva. La verdad no siempre se oculta; muchas veces se ahoga en un mar de versiones contradictorias, produciendo cansancio, apatía y rendición ciudadana.

Desmontar la cortina es un acto político

Aceptar una cortina de humo es renunciar a comprender. Las cortinas de humo no son errores de comunicación ni fenómenos accidentales: son estrategias deliberadas de poder. Funcionan porque apelan a emociones primarias, saturan la atención, simplifican la realidad y desplazan la responsabilidad. Su eficacia no radica solo en quien las produce, sino también en el terreno social donde encuentran silencio, cansancio o resignación.

Frente a ello, pensar críticamente se convierte en un acto profundamente político. Preguntar quién gana con determinada narrativa, qué temas desaparecen cuando otros irrumpen con estridencia, a quién se construye como enemigo y qué derechos se recortan mientras miramos hacia otro lado (distraídos/as con el show), es una forma de resistencia cotidiana.

Cuestionar, disentir y denunciar no es incomodar por deporte. Es defender la posibilidad misma de una democracia viva. En tiempos de espectáculo permanente, posverdad y saturación informativa, sostener la reflexión, el diálogo argumentado y la memoria colectiva es hacer la diferencia.

Desmontar una cortina de humo implica rehusar ser personas espectadoras pasivas, negarse a aceptar verdades prefabricadas y recuperar la responsabilidad de mirar de frente aquello que el poder intenta ocultar. Porque cada vez que alguien nombra el abuso, señala la manipulación o insiste en la complejidad, la cortina se resquebraja.

Y es en ese resquicio (incómodo, valiente, lúcido y necesario) donde aún es posible construir justicia, dignidad y futuro.

Referencias Bibliográficas

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. Harper & Brothers.

Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo. Buchet-Chastel.

Fromm, E. (1941). El miedo a la libertad. Farrar & Rinehart.

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.

Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Metropolitan Books.

Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant!: Know your values and frame the debate. Chelsea Green Publishing.

McCombs, M. E. (2004). Setting the agenda: The mass media and public opinion. Polity Press.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187. https://doi.org/10.1086/267990

Oxford Dictionaries. (2016). Post-truth. Oxford University Press.

Real Academia Española. (2017). Posverdad. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.).

Por Máster Sharo Rosales Arce. Comunicadora. Es investigadora de género y gestora en desarrollo organizacional.

Debate presidencial sobre migración y refugio convoca consulta ciudadana y publica sus documentos oficiales

En el marco del proceso electoral de 2026, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio impulsa un debate presidencial especializado en migración, centrado en los ejes de integración, derechos humanos y seguridad, con el objetivo de colocar estos temas en el centro del diálogo democrático nacional.

Como parte de este esfuerzo, el Comité Organizador abrió un proceso de consulta ciudadana, mediante el cual la población puede enviar preguntas que podrían ser seleccionadas para el bloque de participación del público durante el debate. Esta iniciativa busca fortalecer la centralidad ciudadana y garantizar que las preocupaciones sociales en torno a la migración y el refugio sean consideradas directamente por las candidaturas presidenciales.

El debate presidencial se realizará el 13 de enero de 2026, en San José, con una duración aproximada de tres horas y transmisión en vivo a través de plataformas digitales, permitiendo el acceso amplio y gratuito de la ciudadanía.

Documentos oficiales del debate

De manera complementaria, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio hizo públicos los documentos oficiales que regulan y fundamentan el debate, los cuales establecen sus principios, objetivos y reglas de funcionamiento. Entre estos documentos se encuentran:

  • El Reglamento oficial del debate presidencial sobre migración, que define su carácter vinculante, los principios rectores, las reglas de participación, los tiempos de intervención y las normas de conducta.
  • El Marco fundacional, que explica el sentido político y democrático del debate, así como su enfoque en derechos humanos, integración y seguridad desde una perspectiva regional y ciudadana.
  • El Formato oficial del debate, donde se detallan los bloques temáticos, la estructura de preguntas y el rol de la moderación.

Estos instrumentos buscan garantizar equidad, neutralidad, transparencia y respeto democrático, así como condiciones de accesibilidad, incluyendo interpretación en LESCO y transmisión gratuita.

Un espacio para el diálogo democrático

El debate presidencial sobre migración se concibe como un espacio de discusión sustantiva, orientado a contrastar propuestas y visiones de país en torno a uno de los temas más sensibles y complejos del contexto nacional y regional. La iniciativa subraya la importancia de abordar la migración no desde enfoques simplistas o punitivos, sino desde una mirada integral que reconozca la dignidad humana, la seguridad y la convivencia social.

La Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio reiteró que este proceso busca fortalecer la democracia, promover la participación informada y contribuir a un debate público más responsable en el actual proceso electoral.

Comité Organizador / Debate presidencial sobre Migración: Integración, Derechos Humanos y Seguridad:

Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (CICDE, UNED)
Centro de Acción para la Libertad (CAL)

Puede utilizar los códigos QR para la consulta ciudadana y para las descargas.

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Compromisos-en-defensa-y-fortalecimiento-de-la-Salud-Publica-y-la-CCSS.pdf

Alcalde se resiste a acuerdo municipal para proteger el Cerro Chompipe

El alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia manifestó públicamente su oposición a un acuerdo del Concejo Municipal que respalda el traspaso de aproximadamente 155 hectáreas del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el fin de asegurar su protección absoluta como parte de la zona inalienable establecida por la Ley n.° 65 de 1888.

La posición del jerarca municipal fue expresada recientemente en su cuenta de Facebook, donde afirmó que la municipalidad no ha traspasado ni traspasará terrenos al MINAE, y sostuvo que no existe obligación judicial para hacerlo. Asimismo, cuestionó que áreas boscosas protegidas pasen a manos de un ministerio que, a su criterio, ha sido negligente y desfinanciado, y anunció su intención de vetar el acuerdo municipal, al considerar que responde a posiciones políticas dentro del Concejo.

La posición de CONCEVERDE

Ante estas manifestaciones, la organización ambiental CONCEVERDE reiteró que el tema no depende de la voluntad política del alcalde ni de criterios discrecionales, sino del cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Según la organización, existen dos resoluciones firmes de la Sala Constitucional (votos 12109-2008 y 017109-2023) que ordenan al Estado, a través del MINAE, recuperar y administrar los terrenos comprendidos dentro de la zona inalienable, incluso aquellos que figuren registralmente a nombre de municipalidades.

CONCEVERDE subraya que dichas resoluciones tienen efectos erga omnes, por lo que obligan a todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades, y que la administración de parques nacionales y zonas inalienables corresponde legalmente al MINAE, conforme a la Ley de Parques Nacionales y la Ley N° 65.

La organización cuestiona además que la municipalidad haya optado por conformar una comisión interna para analizar el tema, en lugar de consultar a la Procuraduría General de la República, órgano competente para emitir criterios jurídicos vinculantes sobre la administración de bienes del Estado.

Debate sobre protección ambiental y gestión institucional

CONCEVERDE también rechazó los señalamientos del alcalde sobre la supuesta incapacidad del MINAE para proteger estos territorios. A su juicio, las deficiencias de instituciones públicas como el MINAE responden en gran medida a procesos de desfinanciamiento político, lo cual no justifica despojar a estas entidades de sus competencias legales ni trasladarlas a gobiernos locales que, según la organización, han mostrado tolerancia frente a construcciones ilegales y desarrollos desordenados en zonas sensibles.

En ese sentido, la organización ambiental alertó sobre eventuales intenciones de impulsar proyectos de carácter ecoturístico en el Cerro Chompipe, bajo figuras jurídicas que —afirman— no serían viables legalmente por tratarse de terrenos inalienables y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo, al que fueron anexados mediante decreto ejecutivo en 2015.

Observaciones preliminares y llamado a la cautela

CONCEVERDE informó además que se encuentra revisando planos e información catastral relacionada con los terrenos del Cerro Chompipe, y que ha detectado posibles inconsistencias preliminares entre las áreas registrales y las medidas catastrales reportadas por la municipalidad. No obstante, la organización indicó que estas observaciones están en fase de verificación, por lo que evitó adelantar conclusiones hasta contar con información plenamente confirmada.

La controversia se suma a una serie de gestiones y pronunciamientos previos, publicados por SURCOS, en los que organizaciones ambientales han exigido el cumplimiento de las resoluciones constitucionales y la protección efectiva de este patrimonio natural, clave para la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas de la región herediana.

Gracias: la palabra más linda

Pbro. Glenm Gómez Álvarez

Estaba concentrado en escribir un texto para la Navidad cuando una tarea doméstica me obligó a detenerme. Me levanté, fui hasta la lavadora, acomodé la ropa, casi automáticamente, y volví al escritorio tratando de no perder la idea. Antes de sentarme, le pedí a Alexa —ese asistente de voz presente en tantas casas— que me avisara cuando terminara el ciclo.

Cuando la alarma sonó, en lugar de decir “stop”, dije “Alexa, gracias”, un lapsus. No lo pensé. Me salió. Y respondió: “Acabas de decir la palabra más linda que la humanidad ha inventado”.

Me detuve en seco. La cabeza me explotó: una idea inesperada acababa de romper la rutina. Una máquina, programada para asistir, incapaz de pensar o comprender como una persona, puso en perspectiva algo profundamente humano: agradecer. Alexa, sin pretenderlo, activó una alarma aún más urgente. Una voz sin alma puso en evidencia lo que, en medio de la prisa, tantas veces olvidamos: la necesidad de agradecer, la urgencia de la gratitud por encima de cualquier tarea.

Vivimos instalados en la exigencia: al calendario le pedimos resultados, a la vida le pedimos explicaciones, a los demás les pedimos respuestas. En medio de tanta presión, el agradecimiento se vuelve un gesto rápido. Pero agradecer no es cortesía: es reconocer que no todo nos pertenece ni está en nuestras manos realizarlo, que no todo lo hicimos solos, que hay cosas que llegaron como regalo, sin haberlas buscado ni negociado.

Quizá lo que necesitamos, en estos últimos días del año, no es tanto hacer balances ni prometer más, sino hacer una pausa y decir con verdad: Gracias.

Convendría entonces preguntarse: ¿gracias por qué?

Dar gracias por haber llegado hasta aquí, incluso con cansancio; por la salud que sostuvo y por la fragilidad que obligó a bajar el ritmo; por quienes permanecieron a nuestro lado y por quienes se fueron, dejando una ausencia que también enseña. Por el trabajo que dio estabilidad o por el desempleo que forzó a replantear el rumbo.

Dar gracias por la palabra dicha a tiempo y por el silencio que evitó un daño mayor. Dar gracias por lo pequeño, eso que no entra en los balances ni en las memorias oficiales: una comida sin prisa, una conversación honesta, una tarde en paz. Dar gracias incluso por lo que no salió bien, porque también allí hubo límite, verdad, aprendizaje. Gracias por lo que duele, y, sin embargo, no nos destruye.

Dar gracias por lo inesperado que nos obligó a improvisar; por las puertas que se cerraron y nos hicieron buscar otras. Dar gracias por las manos que nos sostuvieron cuando flaqueamos y por las veces en que tuvimos que sostener a otros, descubriendo que la solidaridad es real. Dar gracias por las risas que aparecieron sin plan y por las lágrimas que limpiaron lo que no podíamos cargar solos. Dar gracias, incluso, por la incertidumbre, porque nos enseñó a confiar más allá de lo que controlamos.

Resulta desconcertante que una inteligencia artificial —tan eficaz como impersonal— nos recuerde algo que solemos olvidar: que dar gracias es, como la expresión atribuida a Lao Tsé, “la memoria del corazón”. Dar gracias nos desarma de la autosuficiencia y nos devuelve a lo esencial: la vida, antes que un proyecto, es un don.

Tal vez cerrar este año 2025 no consista, desde ya, en prometer más, sino en agradecer mejor. No en multiplicar propósitos, sino en reconocer lo recibido. Decir gracias no como una palabra apresurada, sino como un modo de habitar el tiempo. Repetirla —gracias, gracias, gracias— casi como una letanía que vuelve la gratitud un acto coral, compartido, secularmente litúrgico.

Tenía razón aquella voz sin alma: gracias es una palabra hermosa. Cerrar el año no es exigir más ni multiplicar promesas. Es detenerse, reconocer lo recibido y dejar que la gratitud nos habite.

Decir gracias como la palabra que sostiene la vida. La más linda y más honda. Y, a juzgar por cómo vivimos, una palabra urgente. «Den gracias en toda circunstancia» (1 Tes 5,18).

Cuando proteger se convierte en censurar: el riesgo de silenciar la voz de una niña en nombre del interés superior

Por Virginia Murillo Herrera
Presidenta ejecutiva
Defensa de Niñas y Niños Internacional – Costa Rica

El principio del interés superior de la persona menor de edad ha sido una conquista histórica. Es quizás uno de los principios más complejos en su aplicación porque puede pecarse al actuar en su nombre, desde una mirada adultista y adultocéntrica. Costa Rica ha acogido este principio al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que ha permitido avanzar hacia un enfoque de derechos, superar la vieja doctrina de la “situación irregular”.

La nueva doctrina de Protección Integral viene a reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos, con voz, criterio y capacidad de participar como actor social y político al tener el derecho de opinar sobre los asuntos que les interesen y les afecten. Ellos y ellas son reconocidos como personas con derechos, con capacidad de opinar, participar, ser parte y sentirse parte dentro de su familia, su comunidad y la sociedad en general.

Por eso preocupa profundamente que, en pleno siglo XXI, una institución rectora como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recurra a ese mismo principio para justificar una acción que, lejos de proteger, censura, expone y vulnera a la niña que dice defender.

La apertura de una investigación porque la hija de un candidato presidencial expresó públicamente su opinión sobre la situación del país y del gobierno actual no solo es desproporcionada: es un retroceso conceptual y ético. Es volver a una visión paternalista donde la niñez debe ser callada “por su propio bien”, como si opinar fuera un riesgo y no un derecho.

La libertad de expresión es un derecho de las niñas, niños y adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño es clara: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión, a ser escuchados y participar en los asuntos que les afectan. La política pública, la situación del país, el clima social, político y económico, la educación, el acceso a servicios básicos, las violencias, la seguridad y el bienestar colectivo les afectan directamente.

No hay nada más legítimo que una niña que, acompañada por su familia, expresa lo que piensa sobre el país en el que vive.

¿Acaso no vemos todos los días a niñas y niños leyendo discursos escritos por personas adultas en actos cívicos?
¿No se les entrevista en el primer día de clases, en festividades, en actividades deportivas o culturales?
¿No se les invita a opinar cuando sus palabras resultan “tiernas”, “decorativas” o políticamente inocuas?

Sin embargo, cada vez es más frecuente ver cómo personas menores de edad organizadas hablan, proponen y hacen incidencia para que las personas tomadoras de decisión les escuchen y les tomen en cuenta con seriedad. ¿Por qué entonces se cuestiona su derecho a opinar solo cuando lo que dicen incomoda?

Aprender mirando no significa repetir sin conciencia

Es cierto que niñas, niños y adolescentes aprenden observando, escuchando y repitiendo. Así funciona el desarrollo humano. Pero aprender por observación no significa ausencia de criterio. No significa falta de conciencia. No significa incapacidad para comprender lo que viven.

La evidencia internacional muestra que, desde edades tempranas, niñas y niños desarrollan pensamiento crítico, capacidad de análisis y comprensión de su entorno. Pueden identificar injusticias, expresar desacuerdos, formular preguntas y construir opiniones propias.

Reducir su voz a un simple eco de las personas adultas es desconocer su autonomía progresiva y su capacidad de comprender el mundo que habitan.

Por otro lado, no menos importante, es necesario señalar que el acompañamiento familiar no es un delito. En este caso, la niña se expresó con el consentimiento y acompañamiento de su familia, como ocurre en miles de situaciones cotidianas.

No se cuestiona cuando una madre o un padre autoriza que su hija participe en un concurso, en una entrevista escolar o en un acto público. ¿Por qué habría de cuestionarse cuando la opinión de la niña se refiere a la realidad nacional?

La intervención del PANI no solo desconoce el rol protector de la familia, sino que envía un mensaje peligroso: que la niñez debe callar cuando su opinión toca temas “sensibles”. Ese mensaje contradice décadas de avances en participación de niñas, niños y adolescentes y en el ejercicio de la ciudadanía.

El adultocentrismo disfrazado de protección

La actuación del PANI revela un patrón conocido: el temor de la persona adulta ante la opinión de las personas menores de edad. Cuando una niña expresa un pensamiento crítico, informado y propio, la reacción institucional no debería ser silenciarla, sino reconocerla, apoyarla y potenciar espacios para ser escuchada y tomada en cuenta.

La protección no puede convertirse en un mecanismo para controlar la voz de niñas, niños y adolescentes, ni mucho menos para intervenir en un contexto electoral.

El argumento de que se actúa “en aras del interés superior” pierde legitimidad cuando la propia institución sobreexpone a la niña, la coloca en el centro de un debate nacional y la convierte en objeto de escrutinio público. Lo que pudo haber sido una opinión más en el espacio democrático se transformó, por decisión institucional, en un escándalo mediático que la niña no provocó.

Un país con poca educación político-partidista no puede darse el lujo de censurar

Costa Rica tiene una larga tradición democrática, pero una escasa cultura político-partidista desde edades tempranas. No existe un espacio sistemático donde niñas, niños y adolescentes aprendan sobre ideologías, diferencias programáticas, historia política o participación ciudadana.

En un país donde no se enseña a pensar políticamente, sino a evitar el tema, la censura institucional no solo es injustificada: es contraproducente.

El desafío es educativo: formar pensamiento crítico, autonomía de criterio y capacidad de discernimiento, no impedir que las niñas, niños y adolescentes opinen. La democracia se fortalece cuando se enseña a participar, no cuando se castiga la participación. Por eso, “participando se aprende a participar”, “Participando se ejerce la democracia” y “Participando se ejerce la ciudadanía”.

El riesgo de volver a la “situación irregular”

La doctrina de la situación irregular consideraba a niñas, niños y adolescentes como objeto de tutela, incapaces de opinar, decidir o participar. Costa Rica superó esa visión hace más de treinta años.

Sin embargo, acciones como esta recuerdan que el retroceso siempre es posible si no se vigila el uso —y abuso— del principio del interés superior. Este no puede ser un comodín para justificar decisiones arbitrarias ni un instrumento para limitar derechos. Su función es orientar políticas que amplíen libertades, no que las restrinjan.

La verdadera protección es garantizar la voz, no silenciarla

La pregunta que deberíamos hacernos no es si una niña, un niño o una persona adolescente puede opinar sobre el país. La pregunta es: ¿cómo se siente esa niña cuando la institución encargada de protegerla la expone públicamente, la investiga y la convierte en objeto de debate nacional?

La protección auténtica escucha, acompaña, respeta y reconoce. No censura. No castiga. No instrumentaliza.

La ciudadanía de niñas, niños y adolescentes existe, nos guste o no su opinión

En DNI Costa Rica hemos insistido en que la ciudadanía no empieza a los 18 años. Ni es solamente cuando se ejerce el voto a esa edad.

Niñas, niños y adolescentes ejercen ciudadanía todos los días: opinan, participan, cuestionan, proponen. No votan, pero viven las consecuencias de las decisiones políticas. Por eso su voz es legítima y necesaria. La democracia se fortalece cuando más personas participan, no cuando se les silencia. Y la niñez no es la excepción.

Hacia una estrategia nacional de participación infantil y adolescente

Desde DNI Costa Rica hemos insistido durante años en la necesidad de una estrategia nacional de participación de niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo relativo a su presencia en espacios públicos. No basta con reconocer su derecho a opinar: hay que crear las condiciones para que esa participación sea segura, respetuosa, formativa y efectiva.

Hemos impulsado espacios de diálogo con amplia participación de niñas, niños y adolescentes. Recientemente realizamos una consulta que recoge cómo viven la participación y cómo desean que se promueva. Sus aportes son claros, profundos y orientadores¹.

Deseamos presentar al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia los resultados y la propuesta construida con la voz de las propias personas menores de edad. Costa Rica necesita una política pública que no tema a la opinión de las personas menores de edad, sino que la reconozca como un pilar democrático y como aliadas y aliados estratégicos, como ciudadanos y ciudadanas que son.

La voz de una niña no amenaza la democracia. Lo que la amenaza es que las instituciones encargadas de protegerla decidan callarla.

“Las niñas y los niños no son el problema, están en problemas”

Como país estamos en peligro. Cuando la democracia se debilita, cuando la libertad de expresión se restringe y cuando la garantía de los derechos humanos se retrocede y debilita, no solo peligra la institucionalidad: peligra la vida cotidiana de quienes más dependen de ella.

Es igualmente cierto afirmar que “las niñas y los niños no son el problema, están en problemas”. La situación actual de muchas niñas, niños y adolescentes en Costa Rica dista de ser la deseada. No son una minoría: representan más del 30 % de la población nacional, y una parte significativa vive en condiciones precarias, en riesgo y en vulneración de derechos.

El quehacer de la institucionalidad pública no es censurar ni castigar, sino garantizar derechos sin discriminación y crear oportunidades reales. Es invertir de manera correcta y suficiente para hacer realidad los derechos humanos y permitir que se ejerzan y gocen plenamente sin discriminación alguna.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a concentrarnos en lo esencial: el desarrollo integral de las personas menores de edad y el fortalecimiento de una institucionalidad que garantice condiciones dignas para ellas y sus familias. Esa es la verdadera protección y ese debe ser el norte ético de toda democracia que aspire a llamarse justa.

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica es una organización con 31 años de trabajo sistemático, independiente, apartidista y aconfesional, dedicada a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.