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Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: claves para comprender sus riesgos y aprendizajes para Costa Rica

Seminario UNA: Jornadas por la democracia y los derechos humanos

En el marco del seminario de la UNA “Jornadas por la democracia y los derechos humanos”, cuya actividad pública del 27 de noviembre debió suspenderse por razones de seguridad institucional, compartimos el análisis central preparado por el académico salvadoreño Carlos Molina Velásquez. El documento completo —Bukele y el ascenso de la derecha autoritaria en El Salvador: lecciones para Costa Rica— ofrece una reflexión profunda sobre las condiciones que permitieron el surgimiento del régimen autoritario de Nayib Bukele y los aprendizajes que otros países, incluido Costa Rica, deben considerar ante el avance regional de los autoritarismos.

A continuación, un resumen de los contenidos expuestos por el autor.


1. Cómo surgió Bukele: condiciones políticas previas

Molina explica que Nayib Bukele inició en la política local bajo la bandera del FMLN, combinando elementos de marketing digital, liderazgo juvenil, una cuidada imagen pública y posiciones reformistas ambiguas. Aunque sus gestiones como alcalde tuvieron resultados limitados, logró proyectarse como la única figura “capaz de transformar la política”, especialmente en un contexto donde amplios sectores estaban desencantados con los gobiernos tradicionales.

La descomposición institucional previa fue decisiva: corrupción generalizada, descrédito de la función pública, vínculos de actores estatales con el crimen organizado y el desgaste de los principales partidos políticos —ARENA y FMLN— facilitaron la aparición de un liderazgo percibido como una ruptura radical.

2. El rol de las izquierdas y del movimiento social

Una parte de la militancia del FMLN migró hacia Bukele ante la frustración por la falta de renovación interna. Otras izquierdas sociales —feministas, ambientalistas, sindicales, organizaciones de derechos humanos— vieron en él una opción “progresista” frente al desencanto acumulado, más por rechazo al FMLN que por claridad programática.

El movimiento social llegó fragmentado y debilitado a este giro histórico, tras años de tensiones y divisiones generadas por las políticas neoliberales adoptadas por gobiernos autoproclamados de izquierda.

3. Economía, remesas y narrativa tecnológica

El texto señala que la economía salvadoreña —dependiente de las remesas y con sectores productivos debilitados— fue terreno fértil para las promesas de modernidad financiera que impulsó Bukele, como el bitcoin. Esta narrativa encontró eco en una población que por décadas ha sostenido su economía familiar gracias a ingresos externos y que ve en el éxito financiero un horizonte posible, aunque incierto.

4. Pandillas, crimen organizado y Estado de excepción

Las maras habían consolidado un control territorial amplio y una presencia violenta en zonas urbanas y suburbanas. Bukele negoció inicialmente con las pandillas —como gobiernos anteriores—, pero luego emprendió una intervención militarizada que suspendió garantías constitucionales y extendió un Estado de excepción permanente.

Aunque la criminalidad disminuyó en cifras oficiales y muchas comunidades experimentaron alivio frente a la violencia, miles de personas inocentes fueron detenidas, asesinadas o desaparecidas, y el aparato represivo se consolidó como herramienta central de gobierno.

5. Desmantelamiento del Estado de derecho

Desde 2021, Bukele consolidó un control total sobre los poderes del Estado: sustituyó magistraturas, suspendió el habeas corpus y promovió una “legalización de la ilegalidad” mediante la reserva o bloqueo de información pública, deuda opaca, opacidad en la gestión de la pandemia y debilitamiento de los controles democráticos.

El régimen se sostiene mediante:

  • culto a la personalidad,

  • partido único de facto,

  • eliminación de contrapesos,

  • persecución del pluralismo político,

  • control militar de la vida pública,

  • economía concentrada en la familia presidencial,

  • desinformación masiva y manipulación emocional.

6. Fascismo neoliberal y enemigo interno

El académico clasifica el régimen como fascismo neoliberal, caracterizado por:

  • culto mesiánico al líder,

  • vaciamiento de la representación democrática,

  • construcción de enemigos cambiantes (partidos, maras, periodistas, ONG, organismos internacionales),

  • criminalización de la pobreza como categoría política,

  • movilización emocional basada en el odio y la “deshumanización del otro”.

La narrativa del “enemigo” se ajusta según la coyuntura y sostiene una maquinaria de persecución que afecta especialmente a comunidades empobrecidas.

7. Ataque a los derechos humanos

Basado en análisis de Franz Hinkelammert, Molina plantea que la política de Bukele constituye una “metafísica de la inhumanidad”, donde los derechos humanos se presentan como obstáculos irracionales que deben ser sacrificados por la “seguridad” y la “medicina amarga”.

El régimen no oculta su desprecio por los derechos humanos: los muestra como instrumentos contra el pueblo y reivindica la violencia estatal como mecanismo legítimo de ordenamiento social.

8. ¿Puede replicarse el modelo en Costa Rica?

El autor concluye que el modelo puede inspirar intentos en otros países, pero depende de condiciones muy particulares. La tarea para Costa Rica, afirma, no es caer en el triunfalismo ni en el fatalismo, sino mantener una vigilancia activa sobre:

  • debilitamiento institucional,

  • erosión del pluralismo,

  • ataques a la prensa y a la independencia judicial,

  • uso político de la desinformación,

  • discursos de odio,

  • militarización simbólica y real,

  • concentración de poder en el Ejecutivo.

El mensaje final es una invitación al análisis responsable, la organización colectiva y la acción solidaria para impedir que derivas autoritarias puedan arraigarse en el país.


Descargar el documento completo

El texto íntegro de la exposición puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Bukele-y-el-ascenso-de-la-derecha-autoritaria-en-El-Salvador.pdf

Presentación del informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación”

El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a.m., se presentará el informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación” en la Sala de Prensa -3 de la Asamblea Legislativa. La actividad es organizada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), con el respaldo institucional de la Universidad de Costa Rica, la Asamblea Legislativa, y diversas organizaciones aliadas nacionales e internacionales.

El estudio analiza cómo las personas en Costa Rica perciben y experimentan la circulación de contenidos falsos en redes sociales, los riesgos que esto representa para el sistema democrático y las respuestas institucionales y sociales necesarias para enfrentar la desinformación. El informe se desarrolla en un contexto de creciente impacto de mensajes engañosos sobre la opinión pública, la confianza ciudadana y los procesos electorales.

La presentación ofrecerá un panorama actualizado sobre:

  • patrones de exposición a la desinformación,

  • niveles de confianza en las instituciones,

  • efectos emocionales y cognitivos provocados por contenidos falsos,

  • respuestas ciudadanas y estatales,

  • y recomendaciones para fortalecer una cultura democrática basada en información verificada.

Las personas interesadas en asistir pueden confirmar su participación en el siguiente formulario de inscripción:
🔗 https://ucr.cr/r/Rporx

Taller virtual del OPNA UCR: ¿Cómo interpretar las elecciones de 2026?

El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica invita a toda la ciudadanía a participar en el taller “¿Cómo interpretar las elecciones de 2026? Taller de Análisis del Proceso Electoral”, una actividad formativa especialmente relevante en el actual contexto político del país.

El taller será impartido por el equipo del OPNA y ofrecerá herramientas analíticas para comprender a profundidad el proceso electoral costarricense, los factores que influyen en la toma de decisiones electorales, las dinámicas de competencia política y los elementos clave que marcarán el rumbo de las elecciones nacionales de 2026.

La invitación fue compartida a SURCOS por el politólogo Rotsay Rosales, quien destacó la pertinencia de esta actividad para los públicos interesados en comprender la coyuntura decisiva que vive Costa Rica.

Datos de la actividad

  • Fechas: 20 y 21 de noviembre

  • Hora: 7:00 p.m.

  • Modalidad: Virtual sincrónica

  • Costo: Gratuito

  • Abierto al público

Para registrarse, las personas pueden escanear el código QR que aparece en la imagen o acceder mediante el enlace compartido en redes sociales del OPNA.

Organizan

  • Observatorio de Política Nacional (OPNA) – UCR

  • Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica

La dictadura del desprecio: el agro responde contra el insulto presidencial hacia Roy Fallas

Comunicado de la UNAG

Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.

Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.

Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.

La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.

Entre las principales demandas del agro destacan:

  • Políticas de apoyo real al agro costarricense.

  • Precios justos y control frente a importaciones desleales.

  • Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.

  • No al areteo.

  • No al transpacífico

  • Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.

José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.

La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

Seminario internacional abordará los derechos humanos y el crimen organizado en América Latina

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Rectoría, invita al Seminario Internacional “Derechos humanos y crimen organizado en América Latina: un desafío regional y global”, que se realizará los días 13 y 14 de noviembre en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía.

El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales en derechos humanos, seguridad, justicia y políticas públicas, para analizar los retos que enfrenta la región ante el crecimiento del crimen organizado y sus impactos sociales, económicos y políticos.

El miércoles 13 de noviembre, el seminario se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con la inauguración oficial y varios paneles temáticos.
El jueves 14 de noviembre, las actividades continuarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con la entrega del Premio Monseñor Leonidas Proaño 2025 y la continuación de los paneles temáticos.

La actividad es organizada en conjunto con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), y busca generar un espacio de reflexión y articulación sobre la defensa de los derechos humanos frente al avance de las estructuras criminales y los desafíos de la cooperación internacional en esta materia.

Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y realizar su inscripción en:
👉 rectoria.ucr.ac.cr/eventos o con el código QR de la imagen.

Arrancaron los encuentros regionales rumbo al Congreso Nacional por la Educación Pública

El pasado sábado 1 de noviembre en Pérez Zeledón dio inicio el proceso de encuentros regionales del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, una iniciativa promovida por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y el Pacto Nacional por la Educación Pública, con el apoyo de la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

La actividad marcó el arranque de un proceso participativo, plural e inclusivo que busca construir colectivamente un acuerdo nacional por la educación pública, fortaleciendo el sistema educativo costarricense y promoviendo una hoja de ruta compartida para su mejora.

El encuentro en Pérez Zeledón contó con la participación de personas de distintos sectores, edades y territorios, en un diálogo abierto sobre los desafíos, experiencias y oportunidades del sistema educativo.
Las organizaciones convocantes destacaron el éxito de esta primera jornada territorial y agradecieron el respaldo de las instituciones académicas y de las comunidades locales.

Encuentros regionales programados

Como parte del proceso hacia el Congreso Nacional por la Educación Pública —que se realizará en enero de 2026— se efectuarán encuentros regionales y sectoriales en todo el país, con el objetivo de recoger insumos y propuestas.

Las próximas fechas son:

  • San Carlos: 10 de noviembre, 2:00 p.m., TEC de San Carlos.
  • Limón: 14 de noviembre, 2:00 p.m., TEC de Limón.
  • Guápiles: 17 de noviembre, 1:00 p.m., UCR de Guápiles.
  • Sarapiquí: 18 de noviembre, 2:00 p.m., UNA de Sarapiquí.
  • Nicoya: 22 de noviembre, 9:00 a.m., Casa de la Cultura de Nicoya.
  • Puntarenas: 26 de noviembre, 9:00 a.m., sede de la UNED.

Las personas interesadas pueden inscribirse para participar en los encuentros regionales y sectoriales completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
👉 Formulario de inscripción a encuentros regionales

Información y contacto

Para consultas adicionales, pueden comunicarse al correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

Inseguridad, corrupción y economía: principales preocupaciones de la población, según encuesta del IDESPO-UNA

El Informe de Encuesta “Percepción sobre la coyuntura política y el proceso electoral nacional 2026”, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, revela que la inseguridad, la corrupción y los problemas económicos son las principales preocupaciones de la población costarricense, en el marco del proceso electoral de 2026.

La encuesta, realizada entre el 16 y el 25 de octubre de 2025 a una muestra de 901 personas, explora percepciones sobre la democracia, las instituciones y las expectativas ciudadanas frente a las elecciones del próximo año.

Preocupaciones centrales y confianza institucional

Según el informe, la seguridad, el crimen y la convivencia son considerados el principal problema nacional (53,5%), seguidos por la gobernanza y la corrupción (26,4%) y los problemas económicos y de empleo (13,6%).
Además, se evidencia una disminución de la confianza en las instituciones, siendo las universidades públicas (7,45) y las empresas privadas (7,04) las mejor valoradas.
En contraste, los partidos políticos (5,0), la Asamblea Legislativa (4,8) y los sindicatos (4,77) son las instituciones que generan menor confianza.

Participación e intención de voto

El estudio muestra que 61% de las personas encuestadas aseguran estar completamente seguras de votar en las elecciones nacionales de 2026, mientras que 6,6% afirma que no lo hará.
La intención de voto refleja una mayoría indecisa (52,4%), y entre quienes ya manifiestan preferencia, el partido Pueblo Soberano, con Laura Fernández, concentra el 28,1% de apoyo, seguido por Álvaro Ramos (Liberación Nacional) con 6,2%, y Ariel Robles (Frente Amplio) con 2,9%.

En el caso de las elecciones legislativas, 46% se declara indeciso, mientras que Pueblo Soberano lidera con 22%, seguido de Liberación Nacional (9,5%) y Progreso Social Democrático (5,6%).

Percepciones sobre el gobierno

El presidente Rodrigo Chaves Robles recibió la calificación más alta dentro del Poder Ejecutivo (7,03), seguido por los ministros de Seguridad (6,37) y de Obras Públicas y Transportes (6,34).
Las áreas mejor evaluadas del gobierno fueron economía (6,74), infraestructura (6,67) y salud (6,42); mientras que las peores calificaciones correspondieron a corrupción (5,84), pobreza (5,68) y seguridad ciudadana (5,26).

Medios y desinformación

La encuesta evidencia cambios en los canales de información electoral: la televisión (59%) y Facebook (58,9%) son los medios más utilizados, seguidos por TikTok (30%), lo que subraya la relevancia de las redes sociales en la formación de opinión pública y los riesgos de desinformación.

Democracia y cultura política

El 96% considera que “votar es un deber cívico” y el 70% cree que la campaña política es “una inversión necesaria para fortalecer la democracia”.
Sin embargo, solo el 45% dice sentirse identificado con un partido político, reflejando un distanciamiento creciente entre la ciudadanía y las estructuras partidarias tradicionales.

El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace:
Informe de Encuesta “Percepción sobre la coyuntura política y el proceso electoral nacional 2026” (PDF)

En consulta Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre

El Ministerio de Ambiente, al ser los 21 días del mes de octubre del dos mil veinticinco somete a conocimiento de las instituciones y público en general, el siguiente proyecto de normativa:

Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre

Para lo cual se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente de este aviso, para presentar únicamente a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), mediante el siguiente vínculo:

https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx las observaciones y comentarios con la respectiva justificación técnica o legal. La versión digital de este proyecto de normativa se encuentra disponible en el Sistema de Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía Industria y Comercio.

Colectivos feministas exigen investigación y transparencia en el INAMU ante denuncias de manipulación política

Diversas organizaciones feministas han manifestado públicamente su preocupación ante denuncias sobre el presunto uso político de recursos y acciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Las declaraciones señalan que esta situación vulnera la credibilidad institucional y los derechos de las mujeres, en un contexto de creciente instrumentalización de los temas de violencia de género con fines político-electorales.

El documento titulado “¡Qué vergüenza la presidenta ejecutiva del INAMU!”, difundido por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, detalla que desde 2022 el INAMU ha sufrido un proceso de debilitamiento institucional, vinculado a recortes, cierres de programas y decisiones administrativas que —según denuncian— han afectado su misión de protección a las mujeres. La red solicita la separación de sus cargos de la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga y de la funcionaria Claudia Blanco, por presunto uso indebido de recursos institucionales y participación en hechos que podrían configurar delitos de coacción o soborno, vinculados a intereses político-electorales.

Por su parte, la Coalición Feminista emitió el pronunciamiento “El cuerpo como moneda política”, en el que cuestiona el uso del discurso sobre violencia sexual como herramienta de manipulación política, señalando que “no se negocia con nuestros cuerpos, no se lucra con nuestro dolor, y no se juega con la dignidad de las mujeres por conveniencia política”.

A su vez, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía, en su declaración “Una fecha de horror”, repudia la utilización del cuerpo de las mujeres como “moneda política y territorio de abuso y control en esta campaña electoral de 2025”. La organización demanda la separación del cargo de las personas denunciadas y condenadas por delitos sexuales, incluyendo figuras del gobierno, y reclama que el INAMU retome el liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y América Latina.

El Comité de Auditorías Sociales, por su parte, respaldó las denuncias, expresando que la instrumentalización de la violencia sexual como estrategia política representa un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y desvirtúa la legitimidad de las denuncias de las víctimas reales de violencia.

Llamado conjunto a la acción

Las cuatro organizaciones firmantes —la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coalición Feminista, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía y el Comité de Auditorías Sociales— coinciden en exigir:

  1. Separación inmediata de sus cargos de las funcionarias denunciadas del INAMU, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.
  2. Apertura de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
  3. Restablecimiento del funcionamiento pleno del INAMU, garantizando su independencia y compromiso con los derechos de las mujeres.
  4. Fin a la manipulación política de la violencia de género, reafirmando el respeto a las víctimas y al principio de justicia.

“Las mujeres víctimas de femicidios, sus hijas e hijos sobrevivientes y miles de mujeres que viven situaciones reales de agresión no merecen este atropello, mucho menos de parte de la institución llamada a defenderlas y protegerlas”, es el espíritu que unifica los comunicados.

Imagen: https://concepto.de/movimiento-feminista/