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Historias de un caminante. ¿Cómo defender la salud en nuestras comunidades?

Edison Valverde Araya

El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.

Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.

Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.

El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.

Grupo de Apoyo Salud PASS
Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.

Sector agropecuario convoca a candidaturas presidenciales para hablar de seguridad y soberanía alimentaria

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario invita al conversatorio “Sobre el sector agropecuario nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, un espacio para que las candidaturas presidenciales a las elecciones 2026 expongan sus propuestas sobre el futuro del agro y la producción nacional.

La actividad se llevará a cabo el martes 9 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Campus Tecnológico Local San José, Recinto Zapote, ubicado 75 metros al este de la Rotonda de las Garantías Sociales.

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario incluye a la Corporación Hortícola Nacional, a UPA Nacional, a la UNAG y a UPIAV.

CONCEVERDE solicita anular la patente del Tajo Jucarza en San Rafael de Heredia

La organización ambiental CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia la cancelación del certificado de uso de suelo y/o de la patente municipal otorgada al Tajo Jucarza, ubicado en las montañas del cantón, por considerarlo incompatible con la normativa vigente y de alto riesgo para la salud y el ambiente.

En el oficio JFAC/CNV/010825, CONCEVERDE recuerda que la zona está clasificada como Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana, con uso predominantemente agrícola, donde la actividad de extracción de canteras es prohibida, especialmente si colinda con áreas residenciales. La explotación, catalogada como de riesgo A por el Ministerio de Salud, se desarrolla además en un área de alta recarga acuífera según el SENARA.

El documento cita resoluciones municipales y dictámenes previos que han declarado la incompatibilidad del uso de suelo y la ausencia del certificado conforme. La organización pide que, si dicho certificado existe, se proceda a su anulación por nulidad absoluta y, si no existe, se cancele de inmediato la patente. También solicita ser parte del procedimiento y recibir información oficial del proceso.

El oficio fue remitido con copia a personas vecinas, la Defensoría de los Habitantes, SENARA y diputaciones de Heredia.

Material enviado a SURCOS por CONCEVERDE.

Cuando las inquilinas e inquilinos se organizan: voces desde Los Ángeles por vivienda digna y justicia urbana

Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.

En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.

Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.

El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.

Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.

A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.

Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.

Puede ver el video y la información en este enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/inquilinas-e-inquilinos-en-lucha-voces-desde-los-angeles/

Retrocesos laborales y verdades a medias de las jornadas 4×3

Por Sharo Rosales Arce*

La historia confirma que los derechos no se han alcanzado pidiéndolos por favor, detrás de cada ley y cada derecho alcanzado existe una historia de resistencias y arduas luchas. Y en Costa Rica, nos volvemos a topar con el añejo y controversial debate sobre las jornadas laborales conocidas como “4×3”. Aprobar el Proyecto de Ley N. 24290 que se está discutiendo por la vía rápida en el plenario legislativo, y que quiere imponer Jornadas de 12 horas, significa un retroceso a modelos de trabajo no regulados (que pensamos estaban superados) y una bofetada a estas luchas, logros y derechos laborales. Se luchó por más de 150 años por jornadas más cortas, porque no era sostenible para la salud física personal, para la salud familiar y la salud mental… se luchó porque los cuerpos no aguantaban (y no aguantarán) las jornadas de largas horas de trabajo.

Pululan las verdades a medias en el discurso-promesa de modernización, más empleos y atracción de inversiones, así, se impulsa una reforma que permitiría jornadas extenuantes de trabajo de hasta 12 horas diarias por cuatro días seguidos, sin considerar el impacto social y humano que esta medida conlleva.

Esta medida no solo vulnera los derechos conquistados con esfuerzo histórico, sino que además amenaza la salud, el tiempo libre y los vínculos familiares y sociales de miles de personas trabajadoras.

Vamos por partes:

¿Qué implica trabajar 12 horas al día? Salud en riesgo

Mientras otros países avanzan hacia jornadas de 32 o 40 horas semanales buscando equilibrio, bienestar y jornadas más humanas, en Costa Rica algunos sectores desean girar en sentido contrario. Diversos estudios en salud ocupacional y psicología del trabajo (entre ellos de la OMS y OIT) han demostrado que jornadas prolongadas tienen efectos perjudiciales en la salud física, mental y emocional. Entre las consecuencias más documentadas se encuentran:

  • Fatiga crónica y agotamiento físico, afectando la salud personal física y mental.

  • Incremento del riesgo de accidentes laborales, especialmente en sectores industriales, poniendo en peligro la seguridad personal y colectiva.

  • Deterioro en la salud mental, con mayor incidencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

  • Desintegración de la vida familiar y social, al reducirse significativamente el tiempo para compartir en familia, para el cuidado personal, la recreación, o la crianza.

  • Mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas asociadas al estrés.

  • El derecho al descanso efectivo diario y a la conciliación entre la vida laboral y personal queda gravemente lesionado con este modelo.

Los anteriores efectos nocivos, no se limitan a las y los trabajadores, sino que, son extensivos a otras personas que configuran sus hogares.

Estamos hablando nada menos que, de la salud en riesgo. Al respecto Vladimir de la Cruz en su artículo “La jornada de trabajo de 4-3 no responde a la realidad nacional” Nos recuerda que la calidad del trabajo de una persona trabajadora está directamente proporcional con la calidad de vida de esa o ese trabajador. Y cita la propuesta de Roberto Owen 1817, de la jornada de 8 horas para el trabajo, 8 para la recreación y 8 para el descanso.

Ya desde el año 2021 la OMS y la OIT alertaron que las jornadas de trabajo prolongadas aumentan las defunciones por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares; anunciando peligros para la salud de quienes trabajen en estas condiciones. En este sentido vale rememorar que la importancia de los convenios de trabajo es que tienen como objetivo preservar la salud integral de las personas. Y, como apunta Paula Calderón Devandas: numerosos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo consagran el derecho a disfrutar del tiempo libre en los siguientes casos: a) en el descanso diario y semanal luego de la jornada laboral, b) en el descanso anual a través de vacaciones pagadas y c) en el descanso esporádico de los días feriados.

¿Una jornada voluntaria? ¿Qué tan voluntario es algo cuando la necesidad obliga?

Y aunque se insiste en que será una jornada “voluntaria”, que solo aplicará a ciertos sectores, en un país con altos niveles de desempleo y desigualdad, sabemos que la necesidad obliga a las personas con necesidad aceptar lo que sea.

Personas con compromisos económicos, que laboran con temor constante de perder su trabajo, no pueden negociar en igualdad de condiciones con aquellas personas que son sus empleadoras, porque media una relación de poder desigual. ¿Quién fiscalizará esa voluntariedad? Sin fiscalización, no hay garantía.

En palabras de Patricia Mora “La flexibilización de las jornadas laborales violenta el principio protector del derecho laboral. El proyecto fortalece la potestad unilateral, incurriendo en una variación abusiva de las condiciones de trabajo donde la persona trabajadora tendrá muy pocas posibilidades reales de negociación”.

Resulta falso entonces, que No es una imposición y que se trata de una jornada voluntaria que queda a juicio de la persona contratada. Esta persona trabajadora solo podrá elegir entre las condiciones precarizadas o quedar desempleada. Sobre todo, tomando en cuenta que, en muchos de estos lugares, se trabaja en estos horarios sin contratos. Donde son comunes las frases “esto es lo que hay ¿le sirve o no?” o “si a usted no le sirve este horario alguien lo querrá” o “si no le gusta puede renunciar”.

Resulta igualmente absurdo que los patronos presenten su propio estudio técnico que justifique aplicar jornada laboral de 12 horas, cuando precisamente esta propuesta de 4×3, está pensada para que las empresas no tengan que pagar jornada extraordinaria y al no pagar horas extras, aumenten sus ganancias económicas en detrimento del bienestar de los y las trabajadoras.

Mientras, para quienes sostienen la economía con su trabajo cotidiano, no habrá plata que alcance. Pues muchas familias en Costa Rica dependen del pago de las horas extras para subsistir, sobre todo cuando el costo de la vida y los alquileres cada día son más altos. Aprobar este proyecto de ley, significaría que ya no contarían con esa entrada, pero, además, significa también disminuir la posibilidad de conseguir empleos de calidad. Así que claramente, en la práctica, la voluntariedad es relativa cuando las opciones de empleo son escasas y las condiciones económicas son adversas.

¿Quiénes pagan el precio de esta reforma?

La realidad en países donde se han implementado fórmulas similares demuestra que las condiciones laborales tienden a precarizarse, especialmente para:

  • Personas jóvenes o sin experiencia, con bajo poder de negociación, terminan aceptando condiciones desfavorables con tal de estar empleadas. Recordemos que Costa Rica es en este momento el segundo país con mayor población joven desempleada en la región.

  • Padres y madres en condición de vulnerabilidad social y económica. Quienes no tienen acceso a servicios privados de cuido, tendrán menos tiempo disponible para cuidado familiar, y apoyo de hijos e hijas en los estudios. Además de menos ingresos por el no pago de horas extras.

  • Sectores subcontratados o tercerizados, donde la supervisión estatal es más débil.

  • Personas con discapacidad que requieren más pausas, adaptaciones y condiciones de trabajo accesibles, lo que es incompatible con el desgaste de estos horarios extensos. Este tipo de jornadas puede volverse un criterio de exclusión encubierto a quienes más necesitan inclusión y ajustes razonables para ejercer su derecho al trabajo.

  • Mujeres trabajadoras, muchas de las cuales tienen dobles jornadas (la mayoría no remuneradas) por las labores de cuido.

Las mujeres serán las más afectadas con esta nueva modalidad

Las personas más afectadas serán las mujeres, las jefas de hogar, las que perciben bajos ingresos… las que además de trabajar tienen que cuidar. Estas mujeres tendrían que incurrir en el pago extra de cuido privado de sus hijos e hijas, ante una Red de Cuido colapsada, con menos presupuesto asignado en este gobierno y con falta de planes de contingencia para este cometido. Pagarían también extra en transporte dependiendo de los nuevos horarios laborales, pues nuestro sistema de transporte público no funciona las 24 horas y según la hora la frecuencia de los buses disminuye.

Una jornada diaria para estas mujeres de 12 horas según Chacón Roldan, sería así, más o menos: 2 Horas de traslado, 12 Horas de trabajo, 1 Hora de descanso y comidas, 5 horas de trabajo doméstico, (hasta aquí un total de 20 horas), y 4 horas de sueño.

Así las cosas, el primer “ día libre”, será para caer desplomada y recuperar las 16 horas de sueño atrasado, el segundo día, tratar de ponerse al día con tareas rezagadas y tercer día adelantar labores, tratar de compartir con la familia (esperando coincidir en horario en algún momento) y, para deprimirse porque comienza de nuevo la misma jornada extenuante.

Montserrat Sagot afirma que “Este proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades socialmente asignadas a las mujeres” y al decir de Peggy Chamorro: “Nos la venden como una ilusión de tiempo y descanso. Juegan con nuestros anhelos, claro está. Pero es el permiso legal de explotar aún más la fuerza de trabajo, pagar menos por más, un banquete para los empresarios…Para las mujeres es llevar al límite el extractivismo de trabajo sobre nuestros cuerpos”.

Y ante este panorama que pone en riesgo salud tanto como derechos constitucionales y laborales, muchas mujeres se verán en la disyuntiva de tener que elegir, y esto puede significar una sustitución del empleo femenino por el masculino, agravando y perpetuando la desigualdad de género.

El trabajo es un derecho humano y no una “ganga u oportunidad”

El trabajo es un derecho humano fundamental, esencial para la realización de otros derechos y para poder vivir con dignidad. Implica el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado, en condiciones equitativas y satisfactorias.

En este marco, las horas extras deben ser reconocidas y pagadas a las personas trabajadoras, a modo de justo derecho y como el fruto de las décadas de luchas obreras desde antes de 1920, por una jornada de ocho horas diarias.

“Internacionalmente se ha venido cambiando la jornada de 48 horas semanales a una jornada de 40 horas semanales. Actualmente hay países europeos que tienen jornadas de trabajo semanal menores a las 40 horas, las tienen de 35 y 36 horas semanales, con mucho éxito productivo. Justamente los países que han reducido su jornada han mostrado que es más eficiente para el proceso productivo y para la generación de riqueza social, y para la salud de los trabajadores”. Vladimir de la Cruz

Claramente entendemos que esta propuesta (4X3) no resguarda los derechos de las personas trabajadoras, sino que los vulnera. Una jornada de 12 horas es una jornada cansada, que genera malestar físico y psíquico, desconectando a las personas de su mundo social, aislándolas también de sus familias debido a los horarios inversos. Cierra la posibilidad a las personas trabajadoras de concebir otra actividad económica y se constituye en un obstáculo para estudiar o aspirar al disfrute y superación en otras áreas de la vida.

Sus fans pregonan como una verdad que esta jornada generará más empleos, pero lo cierto es que, desde ya, en grandes empresas donde se laboran 3 turnos; se está pensando tener 2 jornadas de 12 horas, y eliminar la planilla de toda una jornada, así que no favorece el trabajo sino el desempleo, ahorrándose el seguro y las responsabilidades patronales y no pagando horas extras en adelante. Este modelo no es una mejora, es una trampa que afectaría directamente la salud e ingresos de miles de trabajadoras y trabajadores. ”¿Cuál será el beneficio económico para las personas que hipotequen su salud por necesidad? ¿podrán recobrarla, cuándo, cómo, a qué costo? ¿Desean las personas tener jornadas más largas por menos pago?

De una sabia amiga, escuché que para dar con la verdad se debe “Seguir el rastro del dinero ¿Quiénes son aquellos que se van a beneficiar económicamente con esta jornada 4×3? ¿Quiénes se favorecen en sus finanzas al aumentar la productividad a un menor costo, aunque esto represente pérdida de bienestar humano?

Queremos y podemos construir un modelo de desarrollo que respete los derechos alcanzados, ponga en el centro a las personas, promoviendo el bienestar colectivo por encima del lucro empresarial… porque la protección y cumplimiento efectivo del derecho al trabajo contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y prósperas.

Referencias

*Sharo Rosales Arce. Comunicadora, Gestora en desarrollo organizacional, investigadora y Consultora de Género.
Teléfono 8735 5593
sharo.rosales67@gmail.com

¿Quiere ayudar a mejorar los servicios de salud en su comunidad? ¡Participe en su junta de salud!

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invita a toda persona interesada a integrarse a su junta de salud local. Las inscripciones estarán abiertas del 3 de julio al 5 de agosto de 2025, y las elecciones se realizarán el 5 de setiembre.

Las juntas de salud son organizaciones auxiliares que colaboran con hospitales y áreas de salud, con el fin de mejorar la atención médica, optimizar la gestión de los servicios e impulsar la participación ciudadana. Están conformadas por siete personas representantes de distintos sectores.

Requisitos para postularse:

  • Ser mayor de edad
  • Tener cédula o DIMEX al día
  • Ser asegurado(a) de la CCSS
  • Vivir en el área de atracción del centro de salud
  • Tener tiempo para cumplir con las funciones
  • Estar al día con la CCSS
  • No haber sido condenado(a) penalmente

Si desea postularse, puede descargar el formulario y consultar los requisitos en:
www.ccss.sa.cr/juntas-salud

“Usted puede ser parte del cambio que necesita su comunidad”

Solicitan detener proyecto inmobiliario Puket en el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

Mediante el oficio AEL-00245-2025 dirigido al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el ciudadano Marco Levy Virgo solicitó formalmente la aplicación del principio precautorio in dubio pro natura para detener el proyecto inmobiliario conocido como Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio Ramsar n.º 783.

La solicitud se fundamenta en las consecuencias ambientales derivadas de la directriz 09-2023, así como en las irregularidades documentadas en el informe TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo. Este informe detalla afectaciones significativas en el ecosistema del humedal, incluyendo la tala ilegal, construcción de drenajes, introducción de especies exóticas y obras sin autorización en zona marítimo-terrestre.

El Refugio Gandoca-Manzanillo es un humedal de importancia internacional que alberga bosques anegados, manglares y especies como raphia taedigera (yolillo), pterocarpus officinalis (sangrillo) y prioria copaifera (cativo). Además, protege el acuífero Sixaola, recurso esencial para la región. De acuerdo con la Convención de Ramsar, Costa Rica tiene la obligación de garantizar su conservación y uso racional.

Según el documento enviado al ministerio, el terreno afectado presenta características de humedal y se encuentra íntegramente dentro de los límites de REGAMA. El informe citado denuncia la alteración de más de 9 hectáreas y la existencia de construcciones ilegales, canalización de aguas, así como una posible fragmentación de la propiedad con fines de urbanización.

Ante esta situación, se solicita la suspensión inmediata de toda actividad asociada al proyecto Puket y la revisión de la directriz 09-2023. También se pide investigar y sancionar las irregularidades ambientales detectadas, implementar un plan de restauración ecológica, proteger el acuífero Sixaola y verificar la legalidad de permisos otorgados.

Finalmente, se insta al ministerio de ambiente y energía a comunicar al secretariado de Ramsar las acciones adoptadas para garantizar la protección del sitio Ramsar n.º 783 y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Costa Rica.

Conferencia «Pancha Carrasco, una mujer que se adelantó a su época»

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la conferencia Pancha Carrasco, una mujer que se adelantó a su época por la historiadora Dra. Ana María Botey Sobrado.

La conferencia será virtual el miércoles 18 de abril a las 4:00 p.m. y se transmitirá por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/

Las Sombras de la esclavitud moderna

Frank Ulloa Royo

Costa Rica duerme, pero las sombras de la esclavitud no. Caminan por las paredes y las veredas, arrastran sus pies gastados sobre las angostas calles, sobre plantaciones, sobre fábricas, aparecen como sombras de albañiles sobre rascacielos que cambian el paisaje del viejo San José. No tienen rostro, solo cicatrices y algunas las señales del látigo y la horca. No tienen nombre, solo números. La historia les cerró el libro, dijo que la esclavitud era cosa del ayer, pero nunca atascó la puerta. Siguen aquí las sombras. Hoy una nueva ley pretende normalizar la jornada de doce a catorce horas, si agregamos el tiempo de traslado al hogar.

En la oscuridad del siglo XVIII, los esclavos africanos llegaban en barcos de madera, con grilletes oxidados mordiendo sus tobillos y con el temor de que eran traídos para ser comidos, pero despertando como esclavos en las plantaciones. Los traían para hacer crecer la caña, para tejer las redes del comercio, para servir mesas que nunca serían suyas. Pensaron que algún día serían libres, pero la libertad en Costa Rica se dio como el truco de un prestidigitador: ilusoria, rápida, fugaz. Se acabó la esclavitud en los papeles, pero no en las manos de quienes seguían trabajando hasta que su piel se confundía con la tierra.

Las sombras de la esclavitud se ocultaron en la servidumbre del siglo XIX, las mujeres que desgarraban su piel en el agua helada y retorcida, lavando ropas ajenas. Sus dedos se hinchaban hasta no sentir, sus espaldas se doblaban hasta perder la forma humana. Cuando la fatiga las consumía, sus cuerpos caían en las aguas turbias, disolviéndose en el tiempo. Nadie las nombraba. Nadie las lloraba. La esclavitud había cambiado de rostro, pero su hambre de vida seguía intacta.

Luego vinieron las leyes contra la vagancia. Costa Rica quería crecer y necesitaba obreros sumisos, hombres que trabajaran sin alzar la mirada. La pobreza no era un accidente, era un crimen y los niños y niñas eran entregados al patrón para ser educados en el trabajo. Quien no trabajara lo suficiente sería castigado, encerrado, expulsado de la sociedad. El látigo del capataz se convirtió en el bolígrafo del legislador, y la servidumbre encontró nuevos nombres: “desarrollo”, “productividad”, “progreso.”

Siglos después, las sombras miran hacia Singapur, donde las trabajadoras domésticas viven en casas que no son suyas, sirven comidas que nunca probarán, limpian habitaciones donde jamás dormirán. Llegan desde Indonesia, Filipinas, Myanmar. Sus nombres desaparecen cuando cruzan la frontera, sus identidades se diluyen en contratos de trabajo que las atan como esclavas modernas. No pueden salir sin permiso. No pueden descansar. Son piezas descartables en una economía que las consume y expulsa cuando ya no sirven.

Y ahora, en Costa Rica, se escuchan susurros en las oficinas gubernamentales: “Jornadas de 12 horas, como en Singapur, como en las grandes economías.” Los empresarios celebran, los políticos aplauden, algunos sindicatos alzan su voz, los gremios callan y el presidente dice que trabajar más es la respuesta al atraso del país. La historia se retuerce en su tumba. Los Mártires de Chicago observan desde el olvido, sus gargantas están todavía abiertas por la horca que les estranguló y aun las leyes les niegan el descanso.

Las sombras de la esclavitud ríen en la casa del patrón, caminan por las calles húmedas, sufren en silencio. No se fueron nunca. La esclavitud cambió de piel, pero sigue esperando nuevos cuerpos. Y cada vez que los trabajadores bajan la cabeza, que aceptan el cansancio de las largas jornadas como destino, las cadenas invisibles se cierran un poco más, y las carlancas les impiden caminar. La pregunta no es ¿si la esclavitud volverá? ¡La pregunta correcta es: ¿si alguna vez se fue?

Paperos costarricenses reportan pérdidas de hasta 15 000 millones por cambios en las normativas de importación

Por José Alejandro Sánchez Rodríguez | Con la voz experta de Dr. Arturo Brenes Angulo

El sector papero costarricense ha sido víctima de una serie de acontecimientos que, desde distintos frentes, han incrementado su ya maltrecha economía a lo largo de los últimos meses.

El pasado lunes 24 de marzo, tres representantes del sector papero nacional dieron declaraciones ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, denunciando pérdidas de hasta ¢15.000 millones a causa de políticas nacionales relativas al sector agrícola que —según indican— benefician al producto importado, el cual ha generado ganancias de hasta ¢4.500 millones a costa del producto nacional.

Los comparecientes hicieron referencia al decreto ejecutivo Nº 43853-MAG-MEIC-COMEX, aprobado en 2023, el cual facilita la importación de la llamada “papa industrial”, la cual es utilizada para la producción de alimentos procesados, como papas fritas o tostadas.

Debido al desabasto de papa en los meses recientes, que se debió en parte a la falta de estímulo en la producción por los bajos precios del tubérculo durante finales del 2023 e inicios del 2024 y la extensa temporada de lluvias de finales del 2024,  el Ministerio de Agricultura levantó también la restricción para el ingreso de papa para consumo fresco, con el objeto de mantener la oferta al consumidor. 

Sin embargo, esta medida tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, la papa importada compite deslealmente con el producto nacional y segundo, esta importación representa una puerta más, abierta al ingreso de nuevas plagas o enfermedades para el cultivo de la papa, que podrían aún no estar presentes en nuestro país.

El Dr. Arturo Brenes Angulo, investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) explica que el sector se vería seriamente afectado por el bajo precio con el que ingresaría la papa importada.

Por consecuencia, según lo establecido en decreto, la papa importada pasaría de tener un arancel para la nación más favorecida equivalente a un 45% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a un impuesto 14% de DAI (sin tomar en cuenta, en ambos escenarios, el impuesto del 1% por Valor Aduanero Mercancías Importadas). 

Debido además a que los precios de la mayoría de las hortalizas nacionales son regulados por intermediarios, estos ofrecerían menos por un tubérculo nacional que es producido sin las subvenciones con que cuenta el sector papero en Estados Unidos, afectando aún más los pobres ingresos de nuestros productores, que cada vez tienen el panorama más difícil debido a los altos costos de las semillas e insumos para la agricultura.

De acuerdo a Brenes, las papas que usualmente se importan son tratadas previamente, en las bodegas donde se almacenan, con productos que evitan su brotación y se mantienen a bajas temperaturas para conservar su calidad. Cuando son exportadas, se mantiene la cadena de frío dentro de los contenedores en los cuales se envían. Al llegar a nuestros puertos, usualmente se rompe la cadena de frío, lo que provoca que la papa se brote y se deshidrate, afectando incluso su sabor.  

El Dr. Brenes puntualizó que existe la posibilidad de que las papas importadas puedan venir infectadas con la enfermedad conocida como Zebra chip, provocada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum. Esta enfermedad se ha extendido en varios países de América Latina y aún no existe evidencia de que se encuentre en el país, por lo que debe evitarse su llegada. 

Hasta ahora, se ha logrado evitar la entrada de muchas enfermedades del cultivo gracias a las medidas fitosanitarias vigentes. Es necesario recordar que la N° 7664, la Ley de Protección Fitosanitaria, resalta en el Artículo 45 la importancia de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) “asegure” que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas o la protección de los vegetales”. Sin embargo, esta misma ley facilita que los requisitos sean establecidos a través de decretos ejecutivos, lo que permite que se generen cambios en las normativas de importación.

Discusión en plenario

El pasado 21 de abril la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez usó su intervención de control político en el plenario para hacer referencia al levantamiento de las restricciones fitosanitarias para la importación de papa y cebolla.

Ramírez denunció que las consecuencias favorecen de forma desleal a cierto grupo de importadores, los sugeridos por el Gobierno y el Banco Central, afectaciones a los productores nacionales y la falta de beneficios reales para los consumidores. La congresista también  hizo referencia a las enfermedades que podrían traer estas importaciones y a la competencia que supondría con la papa de mesa producida en el país. 

Puede escuchar la intervención completa en el siguiente enlace: 

Pronunciamiento de la Corporación Hortícola Nacional

Dentro de este mismo marco, la Corporación Hortícola Nacional se pronunció en contra de las acciones del SFE, aludiendo al peligro que sufre el productor nacional desde  frentes como la competencia desleal, las enfermedades que traerán los productos y las consecuencias que vendrían con las importaciones ilegales. La organización, se manifestó siempre a favor de la defensa de los productores nacionales. 

También aprovecharon para resaltar la importancia de que el SFE vele por la seguridad de los productos, proponiendo que la institución revise las lavanderías en Cartago y Zarcero, presuntos puntos de comercio ilegal en Costa Rica