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Convocan manifestación contra la guerra y la impunidad

Diversas organizaciones y personas ciudadanas convocan a una manifestación nacional contra la guerra y la impunidad, en la que se expresará rechazo a la participación de líderes vinculados con conflictos armados en actividades oficiales en el país, así como la exigencia de acciones judiciales ante presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La convocatoria plantea que Costa Rica, históricamente reconocida por su vocación pacifista, “no da la bienvenida a la guerra” y reafirma su compromiso con la paz. En ese marco, se solicita a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza para que se investiguen los hechos señalados y se proceda conforme a derecho.

En particular, se exige la detención inmediata de Isaac Herzog, presidente de Israel, a quien se le atribuyen responsabilidades en crímenes de guerra y de lesa humanidad denunciados en distintos países. Según se informa, la Red de Solidaridad con Palestina presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público solicitando su arresto.

La actividad se llevará a cabo el viernes 8 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m., frente a la Corte Suprema de Justicia en San José. Las personas organizadoras hacen un llamado a la participación ciudadana bajo consignas como “por la vida, por la dignidad” y en solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando que “Costa Rica es y será tierra de paz”.

La convocatoria es impulsada por la Red de Solidaridad con Palestina, junto con otros colectivos que promueven la justicia internacional, la paz y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se suman consignas como “no a la guerra, sí a la paz” y el rechazo a tratados como el TLC con Israel.

Voces diversas marcharon con sus mensajes este 1º de Mayo

Este viernes 1º de Mayo cerca de 7 mil personas llenaron de vida, música, baile, arte y resistencia la Avenida Segunda de San José para conmemorar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Mujeres, juventudes, personas trabajadoras, estudiantes, sindicatos, universidades públicas, organizaciones sociales, ambientales, defensoras de derechos humanos, colectivos en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, AyA, ICE, Banco de Costa Rica, etc. y partidos políticos caminaron juntas para decir con fuerza que en Costa Rica no aceptamos retrocesos en derechos, democracia ni soberanía.

El Primero de Mayo nace de las luchas históricas de las personas trabajadoras que dieron su vida por jornadas dignas, salarios justos y condiciones humanas. Gracias a esas luchas, hoy muchos derechos laborales son también derechos humanos fundamentales. Esta fecha también reconoce el trabajo de las mujeres, muchas veces invisibilizado, y la resistencia colectiva de quienes históricamente han sostenido la vida y las comunidades.

Esta colección de fotografías registra la memoria viva de una jornada amorosa, diversa y profundamente democrática. Un pueblo que marchó con alegría y esperanza para defender las instituciones públicas con sentido social que han hecho hermosa a Costa Rica, y para recordar que la dignidad, la justicia y los derechos se conquistan y se defienden en colectivo.

Este es un fotoregistro de Nayla Carvajal Sancho de Hablemos de Derechos Humanos para SURCOS Digital.

FRENASS convoca a marchar este 1° de mayo: “La Caja no se vende, la Caja se defiende”

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) llamó a la ciudadanía a movilizarse este 1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las conquistas históricas del sistema público de seguridad social. La convocatoria está programada para las 9:00 a.m. en el Parque de La Merced, en San José.

Con la consigna “La Caja no se vende, la Caja se defiende”, la organización sostiene que cada primero de mayo existen razones vigentes para salir a las calles a proteger derechos laborales, servicios públicos y garantías sociales construidas por décadas de lucha popular.

FRENASS ha mantenido una participación constante en debates nacionales vinculados al financiamiento, fortalecimiento institucional y autonomía de la CCSS. En pronunciamientos anteriores, el movimiento ha advertido sobre riesgos de privatización, debilitamiento presupuestario, tercerización de servicios y decisiones que podrían afectar la cobertura universal de salud y pensiones.

Defensa de la seguridad social

Para la organización, la Caja representa uno de los pilares más importantes del modelo solidario costarricense, al garantizar atención médica, pensiones y protección social para amplios sectores de la población.

El llamado de este año enlaza la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras con la defensa del sistema de seguridad social pública, en un contexto marcado por discusiones sobre sostenibilidad financiera, listas de espera, condiciones laborales del personal y rumbo institucional.

Jornada del 1° de Mayo

La movilización propuesta por FRENASS invita a personas trabajadoras, pensionadas, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar en una jornada de reivindicación social y defensa de lo público.

El mensaje difundido por la organización resume su convocatoria con una consigna central: proteger la Caja como patrimonio social del país y mantener viva la lucha por la seguridad social universal.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: 1° de mayo de 2026

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Parque de La Merced

  • Convoca: Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)

Corto “Ilustre” lleva al cine la defensa del Humedal de Coris-Bermejo y la trayectoria del ecologista Ricardo Muñoz

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) informó que respalda la difusión del cortometraje “Ilustre”, producción seleccionada en la cuarta edición del Festival Shorts Costa Rica 2026, que retrata parte de la trayectoria del reconocido ecologista Ricardo “Ilustre” Muñoz y una de sus principales luchas: la defensa del Humedal de Coris-Bermejo, en Cartago.

Según explicó la organización, el corto utiliza el lenguaje audiovisual para acercar al público a una causa ambiental de gran relevancia nacional, al tiempo que rescata la historia de una figura comprometida con la protección de los ecosistemas. APREFLOFAS destacó además el valor del arte como herramienta de comunicación para la conservación y la transformación social.

Un humedal de alto valor ecológico

La asociación subrayó la importancia ambiental del Humedal de Coris-Bermejo, al señalar su riqueza ecológica, su valor ecosistémico y la presencia de aguas termales y especies propias de este entorno natural. Indicó además que la situación del humedal mantiene expedientes abiertos en distintas instancias, entre ellas la Sala Constitucional, la Fiscalía, la Municipalidad, SETENA y la Defensoría de los Habitantes.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles sobre este ecosistema en el sitio web de APREFLOFAS:
https://www.apreflofas.or.cr/humedal-de-coris-bermejo/

Fechas y sedes de exhibición

El afiche informa que “Ilustre” estará disponible en CCM Cinemas Rohrmoser, San Carlos y San Ramón, con funciones programadas para:

  • 17 de abril – 6:30 p.m.

  • 23 de abril – 8:30 p.m.

Las entradas para el festival pueden adquirirse por los canales oficiales del evento.

Equipo de producción

  • Dirección: Mar Andrade

  • Producción: Lenin López

  • Iluminación: Rubén Jiménez

  • Sonido y edición: Antonio Moya

El proyecto cuenta con patrocinio de Paradise Rental y Paradise Fototienda, e invitación de APREFLOFAS, organización que este año celebra su 40 aniversario.

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.

Escuela Las Brisas de Pocosol está en condiciones precarias

La Defensoría de los Habitantes realizó una inspección a la Escuela Las Brisas, ubicada en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos y alertó sobre el estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 25 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita a esta escuela unidocente, el equipo de la Defensoría constató que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2015. A pesar de esto, las soluciones definitivas por parte del Estado han sido lentas, obligando a la comunidad estudiantil a convivir diariamente con graves deficiencias estructurales y sanitarias.

El centro no cumple con la Ley 7600. Carece de rampas para ingresar al centro educativo; tienen dos pequeños servicios sanitarios para toda la población: estudiantes, personal y visitas. El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento. Algunas latas del baño se encuentran prensadas con una tuca de madera. Las paredes externas de las dos únicas aulas están cubiertas con latas, carecen de cielo raso en pasillos y comedor, y las rejas de las ventanas de las aulas presentan un desgaste peligroso.

Tienen problemas de plagas como el comején y la presencia constante de serpientes. La Junta de Educación con la colaboración de vecinos, padres y madres de familia limpian constantemente las áreas verdes. Además, el centro cuenta con un solo extintor y no tiene señalización de rutas de evacuación.

El área de comedor opera con limitadas condiciones. La cocina eléctrica solo tiene un disco funcional y la de gas es muy pequeña. Las y los estudiantes no cuentan con sillas, debiendo sentarse en banquetas empotradas de cemento, y el lavamanos está ubicado en el jardín sin un soporte adecuado.

Los estudiantes deben caminar rutas de al menos tres kilómetros diarios al no contar con transporte estudiantil que llegue a la zona escolar. Asimismo, el centro educativo no imparte materias complementarias de inglés, música, educación física o religión, las computadoras asignadas están dañadas, y la conexión a internet es sumamente básica (3 a 5 megas).

La Defensoría determinó que existe una falta de comunicación clara y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública hacia la Junta de Educación. Aunque existe un trámite en curso en SICOP para la emisión de la orden de inicio de los planos constructivos a cargo de una empresa consultora privada, la Defensoría subraya la urgencia de que estas etapas de diseño y presupuesto se agilicen y se garantice una total transparencia con la comunidad sobre el cronograma de la obra. Asimismo, la Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice la atención de la Escuela Las Brisas, pues es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y limitan su derecho a la educación.

La DHR continuará dando un seguimiento estricto a este caso y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación Pública, velando por que los derechos de esta comunidad estudiantil no sigan siendo postergados.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Pensiones en la CCSS: Junta Directiva sólo traslada respuesta de mandos medios y el Gobierno no paga

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

2. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

3. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

4. La crítica de la Auditoría Ciudadana

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

5. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC.
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios.
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

  1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

  1. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

  1. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

  1. La crítica de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

  1. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Un análisis a partir de encuestas del CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia permite comprender por qué el enojo social, la inseguridad y la decisión tardía pesaron más que los cuestionamientos éticos en el voto presidencial y legislativo.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales, que dio el triunfo al Partido Pueblo Soberano en la Presidencia de la República y le otorgó una amplia bancada legislativa, ha generado una pregunta insistente en amplios sectores sociales, académicos y organizativos: ¿cómo es posible que, pese a denuncias éticas graves, cuestionamientos públicos a candidaturas electas, un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo y afectaciones visibles a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública y los organismos de seguridad, una mayoría del electorado optara por esa opción política?

Los estudios de opinión elaborados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) y la firma Demoscopia permiten ofrecer algunas explicaciones sólidas, sin recurrir a descalificaciones simplistas del electorado ni a interpretaciones basadas únicamente en impresiones posteriores al resultado.

Prioridades sociales: inseguridad, enojo y costo de vida

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de Demoscopia y del CIEP es la centralidad de la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, el desempleo y el costo de la vida como los principales problemas percibidos por la población. En esas mediciones, temas como salud pública y educación, aunque importantes, no ocuparon los primeros lugares en la agenda inmediata de preocupación ciudadana.

Este orden de prioridades ayuda a comprender que una parte significativa del voto fue emitida a favor de promesas de orden, control y ruptura con lo que se percibe como ineficacia del sistema, y en contra del miedo, el enojo y la frustración acumulada, más que como una adhesión explícita a propuestas orientadas a debilitar derechos sociales.

Decisión tardía y uso de atajos emocionales

Otro elemento clave es el alto nivel de indecisión hasta las últimas semanas, documentado tanto por Demoscopia como por los informes del CIEP publicados en enero. Una proporción relevante del electorado decidió su voto en el tramo final de la campaña, cuando el tiempo para evaluar programas de gobierno, trayectorias personales y consecuencias institucionales es limitado.

En contextos de decisión tardía, las personas tienden a recurrir a atajos cognitivos y emocionales: liderazgo percibido como fuerte, discursos confrontativos, promesas simples, narrativas de castigo a “los de siempre” o identidades políticas definidas más por oposición que por proyectos programáticos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué denuncias éticas graves no siempre se traducen en castigo electoral inmediato, especialmente cuando la prioridad está puesta en resolver problemas urgentes.

Seguridad y símbolos de “mano dura”: un refuerzo contextual

En este escenario, es razonable considerar que determinados gestos y anuncios simbólicos asociados al tema de la seguridad hayan reforzado percepciones de autoridad y control. Dado que la inseguridad aparece de forma reiterada como la principal preocupación ciudadana en las encuestas, propuestas divulgadas como la construcción de una megacárcel, así como la visita al país de figuras internacionales asociadas a políticas de “mano dura”, pudieron haber reforzado emocionalmente la idea de orden y firmeza, aun sin que existiera una evaluación detallada de su viabilidad, costos o consecuencias.

Metodológicamente, las encuestas no permiten afirmar una relación causal directa entre estos hechos y el resultado electoral. Sin embargo, en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, estos símbolos pueden actuar como catalizadores que inclinan percepciones y refuerzan decisiones ya frágiles o poco consolidadas.

Cuando la política no se conversa: el peso del silencio social

Un factor menos visible, pero crucial, aparece en los estudios del IDESPO: amplios segmentos de la población hablan poco o nada de política en sus entornos cercanos, ya sea en familia, con amistades o en espacios comunitarios. Este silencio cotidiano limita la posibilidad de procesar colectivamente información compleja, incluidos los cuestionamientos éticos.

Cuando no hay conversación social sostenida, las denuncias tienden a quedar aisladas, fragmentadas o absorbidas por un clima generalizado de desconfianza en la política, donde predomina la idea de que “todos son corruptos”. En ese contexto, lo ético no desaparece, pero pierde fuerza como criterio de decisión, frente a emociones más inmediatas como el miedo, el enojo o la sensación de urgencia.

Normalización del descrédito político

Los estudios del IDESPO y del CIEP muestran también altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la política es corrupta”. Esta percepción generalizada contribuye a que denuncias concretas sean relativizadas o normalizadas. Para una parte del electorado, el dilema no se formula como “quién es éticamente intachable”, sino como “quién puede enfrentar —o al menos confrontar— los problemas que más me afectan”.

¿Votaron entonces contra la CCSS, la educación o la democracia?

Las encuestas no permiten sostener que la mayoría del electorado haya votado explícitamente para debilitar la seguridad social, la educación pública o la división de poderes. Más bien, sugieren que muchas personas votaron priorizando otras urgencias, aun cuando esas decisiones puedan tener consecuencias negativas sobre derechos sociales históricamente conquistados.

La diferencia es fundamental: no se trata necesariamente de un voto de aprobación consciente, sino de un voto condicionado por el miedo, el enojo, la desconfianza y la percepción de crisis.

Desafíos para los movimientos sociales y la ciudadanía

El resultado electoral deja una lección clara: la disputa democrática no se resuelve solo en redes sociales ni en el plano de la denuncia ética. Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada enfrentan el reto de reconstruir la conversación política en las comunidades, en los hogares, en los barrios y en los espacios cotidianos donde se forma la conciencia ciudadana.

Escuchar antes de convencer, vincular la ética con experiencias concretas de la vida diaria —salud, seguridad, empleo, educación— y fortalecer la organización territorial aparecen como tareas urgentes. Sin diálogo social sostenido, la ética se diluye; sin trabajo comunitario, el enojo puede ser capitalizado por discursos autoritarios.

Para complementar este análisis le invitamos a leer la nota de este lunes 2 de febrero:
Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral. https://wp.me/p6rfbZ-y5B

Proyecto de ley busca impedir candidaturas con deudas con la CCSS

La iniciativa cuenta con respaldo ciudadano y mantiene abierta la recolección de firmas de apoyo

Un proyecto de ley orientado a fortalecer la ética pública y la defensa de la seguridad social fue presentado este jueves en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en una actividad coordinada por la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina. La iniciativa ingresó oficialmente a la corriente legislativa con el respaldo de catorce diputaciones de distintas fracciones, lo que refleja un apoyo político diverso en torno a la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La propuesta fue elaborada y promovida por el Movimiento en Defensa de la CCSS, organización que entregó el texto a la diputada Alfaro acompañado de 241 firmas de apoyo ciudadano. El proyecto plantea una reforma al Código Electoral, específicamente al artículo 148, con el fin de establecer requisitos mínimos de coherencia y responsabilidad social para quienes aspiren a cargos de elección popular.

La iniciativa parte del reconocimiento de la CCSS como uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sustentado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad, y como garante del derecho humano a la salud y a la protección social. En ese marco, el proyecto propone que las personas con deudas firmes y exigibles con la CCSS superiores a diez salarios base, y sin un arreglo de pago vigente, no puedan ser postuladas como candidatas a puestos de elección popular.

El texto establece una distinción clara entre morosidades estructurales y significativas y aquellas situaciones de carácter transitorio que afectan a personas trabajadoras independientes, aseguradas voluntarias o personas en condición de desempleo. En estos últimos casos, se reconoce la validez de los arreglos de pago vigentes como mecanismo legítimo de cumplimiento, evitando así sancionar la pobreza, la informalidad o circunstancias económicas adversas.

Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha insistido en que la reforma no busca excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino impedir que personas con incumplimientos graves y sostenidos con la seguridad social accedan a cargos de representación popular, fortaleciendo así la ética pública, la confianza ciudadana en el sistema democrático y la sostenibilidad del modelo solidario de seguridad social.

La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente preocupación social por el debilitamiento de la seguridad social y busca fortalecer la coherencia ética entre quienes aspiran a cargos de representación popular y sus obligaciones con el sistema solidario que sostiene el derecho a la salud y a la protección social. Desde el Movimiento en Defensa de la CCSS se ha reiterado que el proyecto no pretende excluir ni castigar a sectores vulnerables, sino establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes desean ejercer funciones públicas.

✍️ La ciudadanía interesada puede leer el proyecto y firmar en apoyo a esta iniciativa legislativa en el siguiente formulario, como respaldo a la defensa de la CCSS y al fortalecimiento de la ética pública:
👉 https://forms.gle/FpkLwkFnigjvnohc9

Puede ver la presentación del proyecto en el siguiente video a partir del minuto 17:10