Ir al contenido principal

5G en el ICE: otra historia deleznable

Gerardo Fumero Paniagua

Las imposiciones del gobierno 2022-2026 al ICE para la compra de la red 5G son totalmente inaceptables, tanto desde un punto de vista técnico como económico, y constituyen uno de los hitos más desafortunados de la historia de la contratación pública de este país.

El presidente ejecutivo del ICE, Ing. Marco Acuña Mora, declaró en Noticias Monumental el 21/11/2024, que la institución perdería $289 millones en los próximos 5 años si no fuese capaz de implementar 5G. Irónicamente, el ICE pudo haberlo hecho desde 2019, actualizando y ampliando la red 4G de Huawei, tal y como lo hicieron los demás operadores con sus propios equipos 4G en 2025, y a mayo de este año ya tenían 1,6 millones de líneas en servicio.

Ese mismo funcionario del ICE, el día 4/10/2023, también reconoció en Nuestra Voz, Radio Monumental, que el ICE había hecho una inversión de “entre $700 y $1.500 millones… en equipos de Huawei para su operador de telefonía celular, Kölbi. Toda la red de Kölbi de 3G y 4G es de Huawei”, dijo.

Sin embargo, cuando el ICE negociaba los equipos Huawei necesarios para su red 5G, en agosto del 2023, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., anunció una donación de $10 millones para ciberseguridad, expresando públicamente la preocupación del gobierno norteamericano por la participación de China en infraestructura crítica de Costa Rica: puertos y 5G. Acto seguido, el 29 de agosto del 2023, el presidente Rodrigo Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden para discutir temas de migración, economía y, fundamentalmente, “seguridad digital”.

El 31 de agosto del 2023, Chaves firmó el Decreto de Ciberseguridad No. 44196-MSP-MICITT, y el 4 de septiembre del 2023 se publicó en La Gaceta y entonces las negociaciones con Huawei debieron terminar.

Dicho decreto —vinculante para el ICE— considera de alto riesgo utilizar equipo suministrado por países no firmantes del Convenio de Budapest. Sin embargo, ese Convenio es fundamentalmente un instrumento de legislación penal y cooperación internacional para la lucha contra la ciberdelincuencia; así lo aclara el mismo Consejo de Europa al afirmar que no es un tratado de ciberseguridad, lo cual echa por tierra el argumento del Gobierno de garantizar la “seguridad cibernética nacional”.

En su artículo 10, inciso 4 el Decreto prohíbe utilizar hardware y software de empresas que, como Huawei, tienen origen en países no firmantes del Convenio y, en consecuencia, prohíbe la posibilidad de que el ICE utilice dichos equipos para sus servicios 5G, como sí lo hizo Claro, por ejemplo.

Ese Decreto le impuso al ICE un criterio “geopolítico” y mientras los privados operan bajo criterios de optimización financiera y eficiencia técnica, al ICE se le exige cumplir otra asimetría más en relación con los privados, un “estándar diplomático” que no se le exige a sus competidores y que no puede entenderse sino como un capricho más del Poder Ejecutivo, lo que le costará a todos los costarricenses cientos de millones de dólares adicionales.

Porque cualquier compra para 5G que no sea Huawei implica inversiones varias veces más caras, tal y como lo afirmó la auditora general del ICE, Lic. Ana Sofía Machuca el 12/01/2026, ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa: “… un nuevo proveedor implicaría … una red totalmente nueva; ahí las inversiones se superan en un 900% …”.

El ICE se vio obligado entonces a intentar varios malabares procurando sortear tan ruinosa imposición. Varios procesos licitatorios debieron soportar múltiples recursos de apelación, adjudicaciones «desiertas» y anulaciones parciales, ante procesos cuestionados y poco transparentes, pues tratando de orientar tales compras, se celebraron sin el menor sonrojo y con el mayor descaro del que se tenga memoria reuniones en Casa Presidencial y en el MICITT, entre el presidente de la República, la ministra del MICITT, diplomáticos de la Embajada estadounidense y funcionarios de Cisco (empresa fabricante estadounidense, siendo uno de sus representantes en el país la empresa Datasys).

Ante tales hechos, el diputado del PLN, Francisco Nicolás, denunció la existencia de una triangulación y contratos otorgados “a dedo” por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves a la empresa Datasys. Además, recalcó el vínculo entre la empresa Datasys y el secretario financiero, Carlos Valenciano Kamer, del Partido Pueblo Soberano, PPSO —el que llevó al poder al presidente Chaves—, todo con el pretexto de velar por la “seguridad cibernética nacional”.

El ICE finalmente adjudicó en abril del 2026 las tres primeras partidas de la Licitación No. 2025XE-000492-0000400001 para la compra de la red 5G al Consorcio Ericsson de CR SA, las cuales quedaron en firme el 9 de julio de 2026, cuando la Contraloría resolvió apelaciones en su contra, por $97,7 millones.

Las tres últimas partidas de la misma licitación fueron adjudicadas en firme el 30/10/2026, cuando la Contraloría resolvió apelaciones en contra de una primera adjudicación, y fueron otorgadas a IT Servicios de Información por $38,8 millones.

Finalmente, Datasys no pudo adjudicarse ninguna partida a pesar de sus apelaciones (pero en lo que va del 2022 al 2026 se le ha hecho al menos una compra al año, por más de $27 millones en equipos para kölbi). En conclusión, el ICE se vio obligado a adquirir equipos por $136,5 millones, cifra que supera 6,8 veces la solución evaluada por la Lic. Machuca ($20 millones) y 5,6 veces las inversiones hechas por Claro ($24 millones) para la red 5G y que implementó en 2025 solo ampliando y actualizando sus equipos 4G de Huawei.

De modo que el ICE (los costarricenses) pagaremos unos $100 millones de más, 45.000 millones de colones adicionales, gracias a las ocurrencias, caprichos y ambiciones de los genios de Zapote y a sus serviles jerarcas que ejecutan a ojos cerrados tan deleznables negocios.

ciberseguridad, contratación pública, Convenio de Budapest, geopolítica, Gerardo Fumero Paniagua, Huawei, ICE, red 5G, soberanía tecnológica, telecomunicaciones