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Pronunciamiento: “Nos unimos en defensa de la soberanía, la seguridad y la paz duradera en nuestra región”

Nosotros, los parlamentarios y dirigentes políticos abajo firmantes de toda América Latina y el Caribe, nos unimos en defensa de la soberanía, la seguridad y la paz duradera en nuestra región frente a la inminente amenaza de intervención armada en Venezuela.

Nuestro continente logró un triunfo histórico cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró a la región como una «Zona de Paz», hace una década. Esta declaración representó la voluntad colectiva de nuestros pueblos: resolver nuestras diferencias a través del diálogo y la cooperación, y no a través de la violencia y la intervención.

Hoy, ese triunfo está bajo amenaza.
La administración Trump está intensificando una peligrosa escalada militar frente a las costas de Venezuela, desplegando fuerzas navales en el Caribe en preparación para una posible intervención armada.

El pretexto es conocido. El presidente Trump justifica la intervención de los Estados Unidos en Venezuela como un medio para combatir los «cárteles», celebrando los ataques letales contra pescadores acusados de transportar drogas. Ya hemos vivido esta catástrofe. En Colombia, en México y en toda nuestra región, la primera «guerra contra las drogas» de los Estados Unidos solo trajo consigo derramamiento de sangre, despojo y desestabilización.

Ahora, la administración Trump planea liderar una nueva «guerra contra las drogas».
Esa guerra parece empezar con un cambio de régimen en Venezuela, pero sabemos que no terminará ahí. Estados Unidos ya está amenazando con ataques ilegales con drones en suelo mexicano en nombre de su «seguridad nacional». Si no defendemos la paz ahora, corremos el riesgo de una nueva ola de intervenciones armadas en toda la región, lo que desencadenaría una crisis humanitaria de proporciones inimaginables en todos nuestros países.

Ya vivimos esta pesadilla antes.
Las intervenciones militares de Estados Unidos en el siglo XX resultaron en dictaduras, desapariciones y décadas de trauma a nuestras naciones. Conocemos el terrible costo de permitir que potencias extranjeras hagan la guerra en nuestro continente. No podemos permitir, ni permitiremos, que la historia se repita.

Solo la unidad de todas las fuerzas políticas organizadas de América Latina y el Caribe es lo suficientemente poderosa como para evitar esta catástrofe. A pesar de nuestros diferentes contextos políticos, compartimos una causa común: la soberanía de nuestras naciones y la seguridad de nuestros pueblos. Debemos permanecer unidos ahora.

Es nuestra responsabilidad defender la Zona de Paz. El futuro de nuestro continente depende de nuestra unidad en este momento.

Firmantes

Larga lista de firmantes de toda América Latina y el Caribe, entre ellos representantes de Bolivia, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Cuba, Ecuador, Costa Rica y otros países.

Puede ver la lista completa en este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Zona-Paz4.jpg

Devolución de dineros del ROP moviliza a personas pensionadas

El presidente de la Seccional de Pensionados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Walter Quesada Fernández, hizo un llamado público a las personas pensionadas y trabajadoras a mantenerse vigilantes y activas frente al avance legislativo del proyecto de ley para la devolución de los recursos que cada persona tiene en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Quezada explicó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde debe discutirse y aprobarse en las próximas semanas, y que este paso resulta clave para que continúe su trámite y pueda ser convocado posteriormente por el Poder Ejecutivo.

“Quedan únicamente dos semanas para que se discuta y se apruebe en comisión el proyecto de devolución del ROP, y tenemos que hacer la mayor presión para que los diputados y las diputadas tomen esa decisión”, señaló.

El dirigente sindical también destacó la necesidad de que el presidente Rodrigo Chaves Robles incluya el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias, que comenzará en noviembre, y reiteró que la ANEP está recogiendo firmas para solicitar formalmente dicha convocatoria.

Según explicó, las personas pensionadas enfrentan dificultades económicas derivadas de la entrega parcial y diferida de los fondos del ROP, por lo que el sindicato insiste en la urgencia de reformar el sistema y devolver a los cotizantes el control de sus ahorros previsionales.

“Ese dinero nos pertenece y solo con nuestra presión vamos a lograr que nos lo devuelvan, por ello cada comunidad y sector del país debe organizarse para movilizarse a la Asamblea Legislativa este martes 21 a las 10 de la mañana”, enfatizó Quesada.

Puede ver el video completo con el mensaje de Walter Quesada Fernández aquí:

Atraso en el asfaltado de la Ruta Nacional 811: Comunidades exigen respuestas

Comunicado de la Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811

La situación en torno al asfaltado de la Ruta Nacional 811 ha tomado un giro preocupante. A pesar de que el proyecto estaba programado para concluir el pasado 6 de octubre, según el cartel de licitación y el contrato respectivo, los trabajos siguen sin terminar. Peor aún, desde el 1 de octubre, la empresa constructora DINAJU paralizó todos los trabajos en la superficie de ruedo de la carpeta asfáltica.

En una reunión celebrada el pasado 9 de octubre en la comunidad de Santa Rosa, con la participación de una delegación del Concejo Municipal, la empresa constructora, vicealcaldes, Concejo de Distrito de Río Jiménez, organizaciones comunales y vecinos, se informó que la obra no se pudo concluir en la fecha establecida debido a un supuesto retraso en los pagos por parte de JAPDEVA. Según la versión de la empresa y la Municipalidad, el retraso en los pagos asciende a más de 750 millones de colones, correspondientes a tres meses, lo que ha generado un desfinanciamiento económico en la empresa.

La delegación del Concejo Municipal de Guácimo redactó una minuta e informe que se leyó en la pasada sesión ordinaria del Concejo Municipal el martes 14 de octubre. En dicha sesión, se tomó el acuerdo unánime de convocar al departamento del SIOP de la Municipalidad de Guácimo, JAPDEVA y CONAVI para que den explicaciones y se resuelva de inmediato esta situación.

La Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 y demás organizaciones comunales se mantendrán atentas a las respuestas y soluciones que darán estas instituciones en la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal de Guácimo, programada para el martes 21 de octubre. De no obtener respuestas satisfactorias, se movilizarán el miércoles 22 de octubre a las 7 am en el Parque de Guácimo como medida de presión.

Las comunidades afectadas exigen respuestas y soluciones inmediatas a esta situación que ha generado un clima de desconfianza en los controles y las instituciones que participan en el proyecto. La falta de transparencia y la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos son inaceptables y requieren una atención urgente.

La Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 y las organizaciones comunales reiteran su compromiso de luchar por la conclusión del proyecto y exigir rendición de cuentas a las instituciones involucradas. La comunidad espera que se tomen medidas concretas para resolver esta situación y garantizar la finalización del asfaltado de la Ruta Nacional 811.

Usuaria de perros guía advierte que proyecto de ley amenaza sus derechos y autonomía

Una persona con discapacidad visual y usuaria de perro guía, alertó sobre los riesgos que plantea el proyecto de ley expediente N.º 24.124, impulsado por el diputado Yonder Salas, del partido Nueva República, el cual —según explicó— atenta contra los derechos y la independencia de las personas usuarias de perros guía en Costa Rica.

En un video compartido con SURCOS, la joven resumió en cuatro puntos las principales preocupaciones sobre el texto legislativo, que regula aspectos de certificación, monitoreo y manejo de los perros guía y sus usuarios.

Cuatro disposiciones cuestionadas

  1. Monitoreo anual obligatorio
    El proyecto plantea que cada equipo de usuario y perro guía debe someterse a un monitoreo anual. La joven explicó que esto sería inviable, pues los perros guía que existen actualmente en Costa Rica provienen de escuelas extranjeras —ya que el país no cuenta con centros de entrenamiento locales—, lo que implicaría viajes anuales al exterior o visitas de instructores internacionales, con costos excesivos y complicaciones logísticas.

  2. Restricción en la validez de los carnets de identificación
    El texto establece que solo serán válidos los carnés emitidos por centros de adiestramiento registrados en SENASA, lo que dejaría sin reconocimiento a los perros guía formados en el extranjero.
    “Eso significaría que perderíamos el derecho de ingresar a lugares públicos con nuestros perros guía”, señaló.

  3. Decisión sobre el retiro del perro guía
    El proyecto otorga a SENASA la potestad de decidir si el usuario puede conservar a su perro cuando este se retire.
    “Esto violenta nuestros derechos, porque los usuarios pagamos un monto simbólico por el perro, asumimos sus gastos veterinarios y de alimentación, y además existe un fuerte vínculo emocional que no puede ignorarse”, explicó.

  4. Restricciones sobre quién puede cuidar del perro guía
    Se exige que, si el usuario no puede atender temporalmente al perro, solo una persona con la misma capacitación recibida en el extranjero podrá hacerlo.
    “Esto limita nuestra autonomía, porque no hay en el país quien tenga esa formación específica”, agregó.

La denunciante insistió en que estas disposiciones podrían restringir la movilidad, la independencia y los derechos adquiridos por las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía, y pidió que el tema sea revisado con criterio técnico y respeto a los principios de accesibilidad e inclusión.

Video completo disponible aquí:

Campaña de hombres pide a Fabricio Alvarado renunciar a la inmunidad

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

Ante el movimiento que se ha gestado para exigir la renuncia a la inmunidad de Fabricio Alvarado, algunos sectores han pretendido minimizar y desvirtuar el proceso mediante el argumento de que se trata de una persecución política por parte de algunas mujeres de ideas extremas.

Por lo anterior, es muy importante demostrar que somos muchísimos los hombres que también exigimos esta renuncia a la inmunidad, y por las mismas razones esgrimidas por las mujeres, porque nos oponemos claramente a la cultura patriarcal que favorece y permite la violencia de género y particularmente el abuso sexual.

Si usted coincide con esta posición, por favor, ingrese al siguiente enlace para que revise el documento y, si lo tiene a bien, lo firme indicando su nombre completo y su número de identificación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9D3-LNZuwl_GgcMOd-ryWM3HZBOSTejeFOnEQOgmPxmWkw/viewform?usp=header

Entre más firmas se recaben más evidente será nuestra posición como hombres sensibles y conscientes y mayor será la presión para lograr un proceso judicial sin atrasos ni privilegios. Por favor, ayude también a circular esta iniciativa circulándola por las redes sociales.

Proponen declarar Benemérita de la Patria a Filomena Navas Salazar, lideresa indígena Bröran

Integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 2022-2026 presentaron un proyecto de ley para declarar Benemérita de la Patria a doña Filomena Navas Salazar, mujer indígena del pueblo Bröran, en reconocimiento a su legado en la defensa de los derechos humanos, la promoción del liderazgo femenino, la protección del territorio indígena y la preservación del conocimiento ancestral.

Nacida el 7 de julio de 1926 en Térraba de Buenos Aires, Puntarenas, Filomena Navas destacó como lideresa comunal y defensora de los derechos colectivos. Fue la primera mujer indígena en Térraba en ejercer el derecho al voto en 1953, impulsando desde entonces la participación política de las mujeres. También se involucró en juntas de educación, comités de salud y pastorales, promoviendo la construcción del puesto de salud de su comunidad y la defensa del territorio Bröran frente a la deforestación.

Además de su liderazgo político y social, Filomena preservó y transmitió saberes ancestrales: dominaba la lengua Bröran, la medicina natural, la cocina tradicional y las técnicas de hilado con tintes naturales. Fue reconocida por recorrer largas distancias llevando medicinas, apoyar la construcción del acueducto local y fomentar la educación de la juventud, incluso colaborando con el Colegio de Buenos Aires en tiempos en que era el único centro educativo en la zona.

El proyecto de acuerdo resalta que su vida es ejemplo del papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas y rurales en la organización comunitaria, la seguridad alimentaria, la preservación cultural y el cuidado de los bienes comunes. La declaratoria, subrayan las proponentes, sería un acto de justicia histórica y reparación simbólica hacia las mujeres invisibilizadas en los relatos oficiales.

Doña Filomena Navas Salazar falleció en 2006, pero su legado perdura en su familia, especialmente en sus hijas, quienes hoy también son lideresas comunitarias. Con este reconocimiento, se busca visibilizar su aporte y el de tantas mujeres indígenas que han sido pilares en la construcción social y cultural de Costa Rica.

La imagen de doña Filomena que acompaña esta nota fue aportada por su hija, la también lideresa indígena Elides Rivera Navas.

ASIDEHU articula esfuerzos en derechos humanos y migración mediante proyectos y la Mesa de Diálogo

Jhoswel Antonio Martínez, en representación de la organización ASIDEHU, presentó el trabajo que se realiza en articulación con el TCU-738 de la Universidad de Costa Rica. En su exposición destacó que ASIDEHU es una organización sin fines de lucro que, desde la interculturalidad, se dedica a la observancia, defensa y promoción de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La organización brinda acompañamiento en asesoría legal y migratoria, atención en salud física y mental, acceso a educación, alimentación y capacitación, así como apoyo económico en casos de extrema pobreza. Entre sus objetivos se encuentran la defensa jurídica, el estudio e investigación de necesidades sociales, la formación en derechos humanos, la promoción de valores cívicos y democráticos, y la organización de acciones humanitarias para atender a poblaciones vulnerables.

Uno de los ejes destacados fue la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio (MDMR), convocada por ASIDEHU como un espacio de articulación entre organizaciones que trabajan con población migrante, solicitante de refugio, refugiada, desplazada forzada y apátrida. Según explicó Martínez, este espacio busca incidir en políticas públicas mediante dinámicas de interacción y estrategias conjuntas, privilegiando la pluralidad y la horizontalidad en la toma de decisiones.

Asimismo, se expusieron campañas de acceso a derechos humanos e información para personas migrantes, con materiales en diversos idiomas como español, miskito, inglés y mayagna, difundidos mediante redes sociales y medios de comunicación. Estas iniciativas buscan atender la falta de información específica y acercar los procesos de refugio y otras categorías migratorias a las comunidades.

ASIDEHU también ha sostenido acuerdos con la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, que permiten apoyar a personas con dificultades de lectoescritura en el llenado de formularios de solicitud, así como capacitar a estudiantes en trabajo de campo y brindar asesoría en espacios comunitarios e iglesias.

En el ámbito legislativo, la organización impulsa procesos de incidencia y reforma en materia migratoria. Martínez indicó que existen contactos y propuestas concretas que se canalizan en coordinación con grupos de trabajo en la Asamblea Legislativa.

De esta manera, ASIDEHU fortalece su papel como actor clave en la defensa y promoción de los derechos humanos, articulando esfuerzos académicos, sociales y políticos en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica.

Historias de un caminante. ¿Cómo defender la salud en nuestras comunidades?

Edison Valverde Araya

El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.

Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.

Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.

El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.

Grupo de Apoyo Salud PASS
Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.

Sector agropecuario convoca a candidaturas presidenciales para hablar de seguridad y soberanía alimentaria

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario invita al conversatorio “Sobre el sector agropecuario nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, un espacio para que las candidaturas presidenciales a las elecciones 2026 expongan sus propuestas sobre el futuro del agro y la producción nacional.

La actividad se llevará a cabo el martes 9 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Campus Tecnológico Local San José, Recinto Zapote, ubicado 75 metros al este de la Rotonda de las Garantías Sociales.

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario incluye a la Corporación Hortícola Nacional, a UPA Nacional, a la UNAG y a UPIAV.

CONCEVERDE solicita anular la patente del Tajo Jucarza en San Rafael de Heredia

La organización ambiental CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia la cancelación del certificado de uso de suelo y/o de la patente municipal otorgada al Tajo Jucarza, ubicado en las montañas del cantón, por considerarlo incompatible con la normativa vigente y de alto riesgo para la salud y el ambiente.

En el oficio JFAC/CNV/010825, CONCEVERDE recuerda que la zona está clasificada como Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana, con uso predominantemente agrícola, donde la actividad de extracción de canteras es prohibida, especialmente si colinda con áreas residenciales. La explotación, catalogada como de riesgo A por el Ministerio de Salud, se desarrolla además en un área de alta recarga acuífera según el SENARA.

El documento cita resoluciones municipales y dictámenes previos que han declarado la incompatibilidad del uso de suelo y la ausencia del certificado conforme. La organización pide que, si dicho certificado existe, se proceda a su anulación por nulidad absoluta y, si no existe, se cancele de inmediato la patente. También solicita ser parte del procedimiento y recibir información oficial del proceso.

El oficio fue remitido con copia a personas vecinas, la Defensoría de los Habitantes, SENARA y diputaciones de Heredia.

Material enviado a SURCOS por CONCEVERDE.