La noche del sábado 6 de noviembre, cerca de 20 policías secuestraron a Evelyn Pinto Centeno de 62 años en su casa de habitación en Managua. Desde entonces no ha podido ser vista por sus familiares, ni se ha podido verificar su integridad física, ni su condición de salud.
A través de su vida tanto personal como laboral, Evelyn Pinto ha trabajado por los Derechos Humanos, en especial por los derechos de la niñez y la adolescencia, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Evelyn es una persona adulta mayor sobreviviente de cáncer, padece de hipertensión e insuficiencia renal crónica.
¡Exigimos su liberación inmediata y el respeto a su integridad física!
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
País experimenta fuerte reactivación económica, pero se expone a riesgos
La situación fiscal de Costa Rica ha mejorado sensiblemente, producto particularmente del crecimiento de los ingresos, que están alcanzando niveles incluso mayores que los de 2019.
Si bien durante 2021 se reflejan en el país tasas de crecimiento que han permitido la recuperación en la caída económica provocada por la pandemia en 2020, para el próximo año se proyectan presiones en el precio de la energía y los costos del transporte, así como en la disponibilidad de los alimentos, a la que también se unen los efectos del cambio climático.
Lo anterior forma parte de los resultados de la conferencia de prensa: Situación de la economía costarricense: balance 2021 y perspectivas 2022, desarrollada por Greivin Salazar y Fernando Rodríguez, economistas del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
El OES-UNA prevé que el 2021 cerrará con un déficit que rondará el 5% del PIB, incluso menor, dependiendo de la evolución de las ventas de bienes al cierre de año y el cobro del impuesto a la propiedad de vehículos.
En cuanto a la situación económica durante 2021, Salazar indicó que en el caso de Costa Rica la recuperación fue importante desde el cierre del tercer trimestre del presente año, pero bastante desigual, con las empresas del régimen definitivo aun ligeramente por debajo del nivel pre pandémico, mientras que las empresas de regímenes especiales recuperaron su nivel de actividad pre pandémica desde octubre del 2020.
El economista del OES agregó que, por sectores de actividad, ocho mantienen un nivel de crecimiento por debajo del crecimiento general de la economía, mientras que siete sectores crecen por encima de ese nivel. Asimismo, cuatro sectores económicos mantienen un nivel de actividad por debajo del nivel pre pandémico: las actividades inmobiliarias (casi igual al nivel de febrero del 2020), transporte y almacenamiento, administración pública y servicios sociales, y alojamiento y servicios de comida.
Rodríguez aseveró que el crecimiento sostenido en los impuestos a ingresos y utilidades, así como el crecimiento en la recaudación del IVA, explican lo que está pasando con los ingresos. “Por el lado de los gastos, el gasto de capital se ha venido recuperando, pero se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en el 2019, mientras que los intereses siguen creciendo a un ritmo sostenido”, comentó.
Ambos economistas sostienen que independientemente de la fortaleza de la recuperación, el planeta aún se enfrenta a los efectos directos de la pandemia, por los contagios que crecen, e indirectos por el impacto en mercados particulares. De ahí que las secuelas de la cuarta ola pandémica en Europa, hoy epicentro mundial de la enfermedad, son inciertos desde el punto de vista económico. “Estos factores están impulsando la inflación global y podrían afectar la capacidad de recuperación de las economías del mundo, incluyendo la nuestra”, recalcaron los especialistas de la UNA.
Entre buenas y malas
En relación con el empleo, Salazar manifestó que al cierre del tercer trimestre del 2021 faltaban por recuperar 114.527 puestos de trabajo que se perdieron debido a la pandemia, de este número 50.550 personas salieron del mercado y no han regresado, mientras 63.997 personas siguen desempleadas (buscando trabajo sin encontrarlo). En cuanto a la distribución de la recuperación del empleo, el formal ya alcanzó el nivel pre pandemia, sin embargo, el informal todavía tiene por delante un importante trecho para ubicarse en pre pandemia.
Sobre el desempleo, Salazar comentó que éste se sigue ensañando con las personas jóvenes, particularmente con las mujeres, lo que crea problemas para que grandes grupos de población puedan aprovechar el impulso de la recuperación económica que muestra el país. “Si bien Costa Rica avanza en una lenta recuperación del empleo, pero firme en el ámbito pre pandémico, mucho antes de la pandemia el desempleo ya era bastante alto, sin la mínima posibilidad de disminuir en la última década a niveles previos a la crisis económica global de 2008 y 2009”, mencionó Salazar.
Referente al sector externo la recuperación es clara, aunque también desigual con las empresas de regímenes especiales que levantaron rápidamente el crecimiento de sus exportaciones y sus importaciones, mientras que las empresas del régimen definitivo tardaron un poco más. No obstante, las exportaciones ya crecen a más de dos dígitos.
Entre tanto, el ingreso por concepto del turismo se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y aunque se reporta un mayor ingreso de turistas, todavía se está lejos de la recuperación plena del sector, lo que difícilmente suceda en 2022 (sobre todo considerando los efectos de la cuarta ola pandémica en el mundo desarrollado).
“Al ser el turismo la principal actividad generadora de divisas del país, es entendible que las reservas monetarias internacionales del Banco Central vengan en disminución, a pesar de la reducción de las compras de combustibles, las medidas sanitarias y la reducción de la movilidad”, subrayó Salazar.
En relación con la deuda pública, Rodríguez expresó que se mantiene el problema de su alto costo, que este año no tuvo tanto desahogo como el año pasado por la vía de créditos internacionales y cuya tasa promedio ponderada volvió a crecer en el 2021. Por esa razón, el OES-UNA mantiene la recomendación hecha semanas atrás, de buscar y concretar una colocación de eurobonos para el financiamiento del gobierno central en el corto plazo, para así aprovechar la ventana temporal de tasas bajas en los mercados internacionales que podría estar próxima a cerrarse.
En cuanto al gasto en intereses con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Rodríguez manifestó que este año alcanzaría 4,8% del PIB, siendo esta la partida de gasto de más rápido crecimiento de los últimos años. “Debido al auge de la economía y los mayores niveles de inflación, se prevé que la deuda del gobierno se reduzca ligeramente y así sería la primera vez que este indicador disminuye desde 2009”, dijo el economista.
A la vez, apuntó que la reducción en el costo del endeudamiento público debe convertirse en un objetivo principal de la política fiscal costarricense, aunque a la fecha aún está ausente del marco de medidas fiscales.
En cuanto a los macro precios, la inflación interanual ha repuntado recientemente y se empiezan a manifestar algunas presiones en la evolución de los precios locales, máxime en los costos de producción que se reflejan en el índice de precios al productor industrial y el índice de precios de materias primas importadas.
De igual forma, las presiones sobre el tipo de cambio se mantienen, aún y cuando cedan por factores estacionales al cierre del 2021, lo que cambiaría al inicio de 2022, salvo que se tenga acceso a flujos de financiamiento externo como sucedió en 2020.
Ajustes y variaciones
Rodríguez, coordinador del OES-UNA, detalló que las amenazas primordiales a la evolución económica del país en el corto y mediano plazo provendrán de la capacidad de recuperación de los principales socios comerciales, sobre los que se ciernen importantes dudas, ante complicaciones asociadas al entorno internacional, sobre todo aquellas relacionadas con el aumento de precios, la disponibilidad de recursos energéticos y el abastecimiento de bienes.
“La contención excesiva del gasto ha reducido la capacidad de impulsar la economía por la vía de una mayor inversión pública, la cual podría impactar negativamente la prestación de servicios públicos en 2022, de la misma manera que el deterioro del talento humano repercutiría en la productividad nacional, debido a los problemas de incorporación al mercado de trabajo de jóvenes y mujeres, pero que además puede convertirse en un problema de largo plazo debido a la situación del sector educativo”, señaló Rodríguez.
El experto argumentó que en relación con las presiones inflacionarias que tiene el país a la vista, de aplicarse la regla para 2022 en esas condiciones, la brecha que se abriría en los presupuestos de las instituciones sería importante. De ahí que resulta urgente ajustar la regla a un entorno de grandes variaciones en el corto plazo, lo que no está previsto en la actual redacción de la norma. “Es importante someter la regla a una serie de ajustes que permita un crecimiento racional del gasto y que deje de ser un instrumento de reforma implícita del Estado, por ejemplo: si seguimos aplicando la regla fiscal al gasto en educación, éste podría bajar del 6% del PIB en el transcurso de la próxima década, en medio de los graves problemas existentes en el sistema educativo nacional”, manifestó Rodríguez.
En el caso de la regla fiscal, es importante tener claro que esta no se diseñó para aplicarse en un entorno de crisis, lo que podría complicar la recuperación económica del país al extender su aplicación a los gastos de capital en 2022.
Política y economía
Para el OES-UNA, estos deberían ser los 8 principales temas económicos de la próxima campaña electoral:
Desarrollo productivo, reducción de la “dualidad económica” y generación de empleo (con énfasis en personas jóvenes).
Revisión y mejora de la “regla fiscal”.
Alcanzar la sostenibilidad fiscal sin competir con la recuperación económica.
Reducción de la dependencia energética (menor uso de hidrocarburos en el transporte).
Cierre de la brecha digital y fortalecimiento de la empleabilidad de las personas.
Introducción de incentivos para la transición a una economía verde.
Formalidad del empleo, valoración de las “contribuciones sociales” y transformación de las fuentes de financiamiento de los programas sociales.
Impulso a la resiliencia y a la capacidad de adaptación al cambio climático.
Compartimos el vídeo de la conferencia de prensa OES:
Se adjunta la presentación PDF de la conferencia de prensa.
El ciclo de webinarios Diplomacia Científica UCR: Puentes hacia la internacionalización, continuará en el 2022 y dará inicio el 25 de marzo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La OAICE y la Vicerrectoría de Investigación se unieron para realizar webinarios sobre diplomacia científica
Con el objetivo de fortalecer e impulsar la internacionalización de la investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica (UCR), la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), junto con la Vicerrectoría de Investigación, realizaron durante el 2021 un ciclo de webinarios que se llamó Diplomacia Científica UCR: Puentes hacia la internacionalización, y que se extenderá a lo largo del 2022.
La última sesión de este 2021, contará con la participación de la Dra. Gabriela Marín Raventós, profesora catedrática y directora del Programa de Posgrado en Computación e Informática, que se realizará el viernes 26 de noviembre.
Según explicó la Dra. Diana Senior Angulo, directora de la OAICE, esta iniciativa ha significado una excelente proyección para el impulso científico de las personas docentes, administrativas e investigadoras de la institución para desarrollar capacidades que colaboren en conseguir fondos internacionales para la investigación y posicionar el trabajo de la diáspora científica de la UCR en el exterior.
Además, se vinculan diversos actores clave del avance científico y diplomático del país como la Academia Nacional de Ciencias (ANC), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREE) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICITT), así como otras agencias y organismos de Cooperación Nacional que se encuentran en el país.
El ciclo de conferencias inició en mayo del presente año y se ha realizado un webinar por mes, presentados por la MPA. María Estelí Jarquín Solís, subdirectora de la OAICE y por el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor emérito.
En estos programas han participado académicos y académicas de la universidad quienes han reflexionado acerca de sus disciplinas y compartido experiencias de colaboración con redes de investigación e instituciones de otros países.
También se ha explicado cómo asesorar procesos de toma de decisión a nivel multilateral, bilateral y las habilidades para la consecución de fondos internacionales, acceso a subsidios y financiamiento, para que las nuevas generaciones conozcan de estas destrezas.
En este sentido ha sido muy importante la participación de las personas becadas de la UCR que se encuentran realizando posgrados en el extranjero, quienes han podido interactuar con los expositores.
Jarquín destacó que durante este 2021 se han impulsado espacios de coordinación sin precedentes entre la VINV y la OAICE, como una forma de fortalecer la intersección de dos aspectos claves para una universidad: la ciencia y la internacionalización. De esta articulación, nacen los Webinars sobre Diplomacia Científica, los cuales han permitido divulgar la trayectoria científica e internacional de investigadoras e investigadores de la UCR de gran renombre, así como identificar oportunidades de mejora para la gestión universitaria.
“También nos han permitido acercar a la Diáspora de la Universidad, compuesta por docentes y personas administrativas que se encuentran realizando sus estudios de postgrado en el extranjero y que tienen un potencial de contribución enorme, dado los ecosistemas de innovación en los que se encuentran. Actualmente son 164 personas becarias en 116 universidades de 21 países.
Sin duda, estos programas nos han permitido divulgar la importancia de la Diplomacia Científica para el presente y futuro de la institución, pero también para seguir posicionando a la UCR como un actor referente en la región.» recalcó Jarquín.
Por su parte, el Dr. Gutiérrez se manifestó complacido de ser parte del proyecto.
»Me complace mucho ser parte de este proyecto de los webinarios sobre diplomacia científica UCR. A lo largo de varios webinarios hemos visto ejemplos excelentes de la enorme capacidad y potencial que tenemos en la UCR para desarrollar cooperación internacional en el plano académico. Ha sido evidente la variedad de enfoques y posibilidades, presentados por personas con una trayectoria académica muy destacada. Sin duda, las experiencias mostradas constituyen un estímulo para toda la comunidad universitaria para desarrollar y consolidar esta línea de cooperación internacional. Así mismo, ha sido muy valioso conocer las perspectivas de personas de la diáspora académica de la UCR, quienes han aportado a esta construcción grupal. Los webinarios nos han mostrado la amplitud y las enormes posibilidades de los varios flancos de la cooperación académica internacional, y nos han permitido reflexionar sobre esta área estratégica del desarrollo institucional».
Asimismo, la Dra. María Laura Arias Echandi, vicerrectora de Investigación, señaló que se cuenta con una masa crítica muy buena, con investigadores de muy buena calidad pero indiscutiblemente la internacionalización es imprescindible para seguir mejorando, para hacer contactos, para desarrollar más gente, para poder cumplir con la necesidad que tiene el país y también para poder exportar mucho de lo valiosísimo que tenemos.
En los webinarios se han presentado el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor Emérito y premio Rodrigo Facio 2020; la Dra. Henriette Raventós Vorst, profesora e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM); el Dr. Guillermo Rosabal Coto, profesor e investigador de la Escuela de Artes Musicales, director del SIEDIN y Catedrático Humboldt 2020; la Dra. Gloriana Chaverri Echandi, profesora asociada de la Sede del Sur e investigadora asociada del Smithsonian Tropical Research Institute; el Dr. Luis Rosero-Bixby, profesor Emérito y catedrático; el Dr. Víctor Jiménez García, profesor catedrático de Fisiología y Biotecnología Vegetal en la Escuela de Agronomía y en el CIGRAS.
Dra. María José Cascante Matamoros, Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Por María José Cascante Matamoros, vicerrectora de Vida Estudiantil
Reflexiones en torno a la Universidad de Costa Rica
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es fundamental que como Universidad de Costa Rica reflexionemos sobre el grado de violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestra casa de estudios. Especialmente aquellas prácticas que perjudican a las personas en mayor grado de vulnerabilidad y en el caso de las mujeres estudiantes todo lo que pueda poner en riesgo la permanencia y graduación por motivos de género.
En colectivo debemos reflexionar sobre el aporte que hacemos para generar espacios para estudiar y trabajar sin acoso, sin violencia y en igualdad de condiciones. Parece fácil pero no lo es. Erradicar la violencia de género, la discriminación y el acoso debe ser una prioridad, debemos tener escucha y apertura para tomar decisiones y trabajar para responder adecuadamente. Sin olvidar que la igualdad es problema de todas las personas y no solamente de aquellas en condiciones vulnerables, los valores humanistas de nuestra universidad convocan a que todas las personas aportemos y trabajemos diariamente en la lucha por la igualdad.
Los últimos años nos han enseñado que el principal problema de género en la UCR es el acoso sexual y debe abordarse desde la perspectiva de género, pues, son principalmente, mujeres las víctimas. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer “de los casos que se tramitan en sede 97 % son de mujeres frente a un 3 % de los hombres, este último porcentaje incluye a hombres hostigados por otros hombres” (https://www.inamu.go.cr/acoso-sexual-en-el-trabajo).
De manera general, el nuevo reglamento ataca los problemas de fondo más importantes que han sido develados por los casos de acoso sexual y encubrimiento en la UCR de los últimos años. No obstante, se necesita una política integral que busque erradicar la cultura machista y de encubrimiento sobre el tema de acoso y violencia contra las mujeres y personas que se encuentren en posiciones de desventaja. Se necesita también un cambio territorial necesario para garantizar que todas las sedes y recintos de la universidad sean seguros para todas las personas.
Debemos trabajar en conseguir infraestructura inclusiva para estudiar y trabajar. Las personas necesitan igualdad de condiciones y un espacio seguro, por lo que debemos fortalecer la prevención. Así como, fortalecer las políticas de respeto a la diversidad sexual, religiosa, identitaria, cultural y de saberes en nuestra universidad. Esto implica un acercamiento interseccional a las problemáticas y la construcción de las políticas.
Otro tema prioritario es la consideración por las necesidades que tienen las estudiantes y compañeras docentes y administrativas en período de lactancia y maternidad. La UCR ha dado pasos iniciales con salas de lactancia y de cuido, pero debemos aspirar a tener un mayor alcance de los programas en todas las sedes y recintos; así como, introducir nuevas propuestas para que sus obligaciones privadas no afecten sus trayectorias académicas. También se debe trabajar con las profesoras y profesores para que comprendan la importancia de adaptar las demandas académicas a las necesidades de cuido y lactancia que tienen las estudiantes con hijos en edades tempranas. En esa misma línea del cambio cultural que debe operar en el personal docente, creemos que se deben reforzar las prácticas pedagógicas que generen espacio de libertad y respeto para que se elimine toda forma de autoritarismo y violencia en las aulas, con esto también contribuimos a ambientes estudiantiles más solidarios y humanistas.
Esa aspiración debe ir acompañada con un currículo más inclusivo y la visibilización del trabajo de las mujeres en cada área del conocimiento y en todos los cursos. También es importante que desde las unidades académicas y la Vicerrectoría de Docencia se promueva una política de reservas de plazas y concursos de antecedentes con visiones de Universidad inclusiva y con igualdad de género. La paridad y el desarrollo académico igualitario debe ser una aspiración en nuestras asambleas de escuelas, facultades y sedes.
Ruta por la igualdad
Para plantear una ruta de mejora por la igualdad es necesario retomar el diagnóstico en materia de género de la Universidad, tener estos insumos con datos históricos permiten la construcción colectiva de políticas que puedan contribuir a mejorar la desigualdad que existe en nuestra universidad. Visibilizar y caracterizar el problema existente es el primer paso para resolverlo.
Es momento de avanzar en esa aspiración de lograr una universidad segura, libre de violencia y acoso, que permita a estudiantes y académicas desarrollar su potencial y capacidades humanas de forma plena. Es una deuda cuya atención no podemos seguir posponiendo.
La actual administración es consciente de que se han hecho esfuerzos para la movilidad social a través de procesos y servicios ofrecidos por nuestras oficinas, el sistema de becas es esencial, la admisión diferida, todos los servicios y facilidades desarrolladas por las oficinas de orientación, bienestar y salud. No obstante, es fundamental plantear la lucha contra la desigualdad en todas sus extensiones como la ruta primordial para la universidad y a partir de ahí generar las condiciones para lograrlo.
María José Cascante Matamoros Vicerrectora de Vida Estudiantil, UCR
Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019
Nicolas Boeglin
En este mes de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, en colaboración con la Universidad del Rosario (Argentina). La obra se titula «El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y reúne contribuciones de especialistas de diversas latitudes del continente americano: el texto completo de la misma (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que: «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, a partir de falacias y de argumentos que se asemejan más a mitos y a leyendas promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables (Nota 1). Ello explica que de 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Desde este punto de vista, esta nueva contribución permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental. Es de notar desde ya que las economías de los Estados que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (como las de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá o Uruguay) no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Durante la reciente COP-26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente.
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) un valioso artículo que refuta los mitos y las leyendas creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica«, cuya lectura también recomendamos.
Los casos de Costa Rica, que persiste en no ratificar este instrumento y de Chile (que tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 2), al tratarse de los dos Estados que lideraron las negociaciones previas a la adopción del Acuerdo de Escazú (y que se extendieron por cinco años, siete meses y siete días).
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideran la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
Nota 1: En Costa Rica el equipo de periodistas de Doblcheck publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«, disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú«, disponibe en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales«. El talentoso equipo de comunicadores de LaPulla (Colombia) realizó un video de gran calidad que responde de igual manera a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacerse los congresistas» (disponible aquí).
Nota 2: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño le suene«, sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V & NALEGACH C., «¿Porqué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?» Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, Número 2, Noviembre 2020, disponible aquí.
Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Proyecto de ley en corriente legislativa podría abrir un portillo para desfinanciar fondos de ahorro y crédito de diversas instituciones.
Contrario a lo que se maneja en la opinión pública, el aporte patronal al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de RECOPE representa solamente 60 céntimos por litro de combustible.
Aunque se conoce poco de los Fondos de Ahorro y Crédito en Costa Rica, su rol ha sido fundamental en los últimos cuarenta años, en el país, para apoyar a las personas trabajadoras a concretar proyectos familiares y personales; estos requieren de financiamiento. En muchos casos, quienes tienen interés en estos no son sujetos de crédito, por no cumplir con estándares de riesgo establecidos por la banca pública y privada.
En este sentido, el Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de las personas trabajadoras de RECOPE, que fue creado mediante Convención Colectiva en 1978, este es uno de los 13 fondos de ahorro de personas trabajadoras, dentro de los que resaltan:
Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo (JAFAP) de la UCR.
Fondo de Jubilaciones de las personas empleadas del BCR.
Fondo de Garantías y Jubilaciones del BNCR.
Fondo de Garantías y Jubilaciones del BCCR.
Fondo de Garantías y Jubilaciones del ICE.
Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS.
Fondo de Jubilaciones de personas funcionarias y empleadas del ICT.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los vendedores de lotería.
Los fondos de ahorro funcionan bajo el principio de solidaridad, y, por eso, son de afiliación automática para todas las personas trabajadoras de una determinada institución. La estructura de los Fondos de Ahorro es similar a la de una asociación solidarista, donde el patrono aporta un porcentaje y la persona trabajadora otro. En el caso del Fondo de Ahorro de RECOPE, la empresa aporta un 57 % y la persona trabajadora, un 43 %, del aporte total de la conformación de este.
Por su visión solidaria, los fondos de ahorro buscan aportar al bienestar de la población a través de servicios de crédito, ahorro y espacio para recreación, en un sistema de solidaridad. En un contexto de crisis, son un principio fundamental para hacer frente a los retos que la situación socioeconómica del país presenta.
A pesar de su importante rol en el contexto actual, en la Asamblea Legislativa avanza con el proyecto de Ley 22.027 que elimina el aporte del empleador al Fondo de Ahorro de RECOPE. Con el fin de aprobar este proyecto, se ha querido posicionar que, en el caso de RECOPE, la eliminación de este aporte genera un impacto en la reducción del precio para el consumidor final; no obstante, es un argumento falaz, ya que la desfinanciación del Fondo de Ahorro de RECOPE no contribuye a la disminución del precio de los combustibles, pues solamente significa 60 céntimos menos por litro de gasolina plus.
Este argumento, además, se acompaña de posicionar la impresión de que los salarios de las personas trabajadoras de RECOPE son elevados, y se consideran como privilegios: la realidad dista mucho de estos planteamientos.
Al respecto, según datos de RECOPE, de las 1727 personas que laboran en la institución, un 56 % de las personas funcionarias y trabajadoras de RECOPE recibe un salario total menor a un millón de colones al mes por su labor, y solo un 6 % recibe un salario igual o superior a los ₡ 3.000.000. Un dato que destaca es que el 18 % de la población trabajadora gana menos de ₡ 500 mil colones; en muchos casos, es el único ingreso familiar, en un contexto donde el desempleo en nuestro país tiene los datos más elevados de América Latina.
Estos datos muestran la pertinencia de defender los fondos de ahorro que aportan bienestar a las personas trabajadoras desde los diversos servicios que realizan. Su estabilidad favorece la dinamización de la economía en momentos en que se requiere de capacidad adquisitiva para emprender proyectos de vivienda, educativos y otros que permitan la adquisición de bienes de consumo para favorecer los encadenamientos productivos y la generación de más oportunidades de trabajo, urgentes en la actualidad en nuestro país.
Vocero: Manuel Rodríguez Acevedo. Secretario General, Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
La construcción del corpus de la literatura colonial costarricense ya inició. Es mucho lo que resta por investigar, pero en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura ya comenzaron
En 1725, la ciudad de Cartago, capital de Costa Rica, celebró por lo grande la proclamación de Luis I, rey de España y de las Indias, segundo soberano de la casa de Borbón y sucesor de Felipe V, el Animoso. Imagen: cortesía del autor.
Hemos crecido con la certeza de que la literatura costarricense es una manifestación reciente, apenas nacida en las décadas finales del siglo XIX, del también naciente Estado nacional. Esa es, al menos, la idea fija que el sistema educativo se ha encargado de transmitir durante décadas a generación tras generación de jóvenes estudiantes. Esa tajante afirmación, ¿es totalmente certera? ¿No se escribieron textos literarios durante los cerca de 250 años de vida colonial?
Los estudios de los últimos años están demostrando que nuestros antepasados de la época colonial nos legaron documentos que pueden ser leídos como literarios, aunque en una primera impresión no lo parezcan. Con una mirada renovada, estamos percatándonos de que la vida cultural de la Costa Rica de los siglos XVI a XIX fue mucho más rica de lo que creíamos. Uno de los grupos de textos que permite cuestionar la imagen de nuestro pasado como desierto literario es el de las relaciones de fiestas y, dentro de ellas, hay una que merece una mención muy especial.
En 1725, la ciudad de Cartago, capital de Costa Rica, la más distante provincia del reino de Guatemala, celebró por lo grande la proclamación de Luis I, rey de España y de las Indias, segundo soberano de la casa de Borbón y sucesor de Felipe V, el Animoso. Tan solo una década atrás, los Borbones franceses se habían consolidado en el trono español merced a su triunfo en la guerra de sucesión que se desató en 1700 a la muerte de Carlos II, el Hechizado, último monarca de la casa de Habsburgo. El fallecimiento sin descendencia de Carlos II fue el detonante de un largo conflicto que durante quince años ensangrentó España y en el que se involucraron las mayores potencias europeas. Por todas estas circunstancias, la entronización de un nuevo Borbón constituía una inmejorable oportunidad para que las autoridades de Costa Rica, una marginal y casi olvidada región del vasto imperio español, manifestaran su lealtad hacia la nueva dinastía.
El 16 de noviembre de 1724, el gobernador Diego de la Haya Fernández recibió una Real cédula, firmada en Madrid el 3 de febrero de ese mismo año, en la que se le comunicaba la decisión del rey Felipe V de abdicar en favor de su hijo, el Príncipe de Asturias. El gobernador mandó que se publicara la noticia en la ciudad, como era lo acostumbrado en esos casos, a son de cajas de guerra, clarines y tiros de fusiles. El vecindario, acompañado por los repiques de las campanas del templo parroquial y del convento de San Francisco, aclamó en altas voces al nuevo monarca. Durante los días siguientes, se hizo lo propio en el cercano valle de Barva y en el más distante de Bagaces, así como en la ciudad de Esparza.
El 20 de noviembre, el gobernador, actuando con toda prudencia, dispuso trasladar los festejos en honor a Luis I al 21 de enero del siguiente año para así evitar los inconvenientes propios de la temporada de lluvias y, además, permitir “…que las Personas Prinzipales que an de concurrir se prevengan delas Galas, Aderezos y demas menesteres, nesessarios, para la mayor zelebridad de dicha Jura y Regosijos” (ANCR, Cartago, 306, Año 1725-1727).
Celebrar el advenimiento de un nuevo rey siempre fue de la mayor relevancia en las sociedades del llamado Antiguo Régimen. Cuando se producía la muerte de un monarca se abría un periodo de incertidumbre, pues había desaparecido la persona que encarnaba el poder político delegado por la divinidad. Por eso, las exequias fúnebres del rey fallecido y la proclamación de su heredero se sucedían con gran rapidez. El propósito era el de reducir a una mínima expresión ese interregno, ese espacio de angustia en el que todo el cuerpo social se tambaleaba en una especie de orfandad política. Por estas razones, y por otras que veremos más adelante, la ciudad de Cartago se aprestó a celebrar por lo grande el advenimiento de “nuestro rey y señor” don Luis I.
La relación de los festejos, que lleva fecha del 3 de febrero de 1725, da cuenta del amplio programa celebratorio que transformó la placidez de la aldeana capital de la provincia. Durante diez días de ese verano, Cartago, una ciudad de apenas unas sesenta casas, se transformó en un espacio casi que mágico para sus habitantes. Justamente, ese era el propósito de la denominada fiesta barroca, de la cual nuestros festejos populares son sus herederos. Veamos un poco en qué consistía ese entramado festivo
Las fiestas se abrieron con un desfile de las autoridades para depositar en el templo parroquial el estandarte real, verdadero símbolo de la monarquía y al que se le tributaban los mismos honores que al distante rey. Debemos recordar que los reyes españoles nunca visitaron sus territorios americanos —el primero en hacerlo fue, apenas, Juan Carlos I en 1977, es decir más de un siglo y medio después de la independencia— así que algunos objetos fueron dotados del poder de representar al rey y de recibir el tratamiento a él debido. Se trataba de objetos como el estandarte o pendón real, los retratos del rey y el sello real (sello que se empleaba para dotar de autoridad a los documentos oficiales). Por la noche, al son de cajas, clarines y descargas de fusiles, la ciudad se iluminó con lo que se conocía como “luminarias y candeladas”. En una aldea carente de alumbrado, esto debía de ser espectacular: la noche se convertía en día y la ciudad en un espacio escénico de maravilla que rompía la oscura cotidianidad.
El segundo día de la fiesta se inició con un nuevo desfile, al que le siguieron una misa cantada y un sermón, y por la tarde el evento magno de la proclamación en la plaza mayor. Desde un tablado levantado al efecto, el alférez real hizo ondear el estandarte al tiempo que gritaba tres veces a viva voz “Cartago, Cartago, Cartago, Castilla y las Indias por don Luis Primero”. El pueblo, al unísono, respondió “Viva nuestro rey don Luis Primero”. Una lluvia de monedas, aportadas por los vecinos pudientes, selló el ambiente de alegría general.
Durante las siguientes jornadas se sucederían las diversiones típicas de estas fiestas, muy similares a las que se practicaban en España y en todo el continente. Esto es muy llamativo y nos demuestra que la pobre y aislada Costa Rica no lo era tanto. En primer lugar, se contaba con el suficiente dinero como para organizar un fasto que reproducía, si bien a escala, los entretenimientos que también se celebraban en las grandes urbes virreinales. Y, en segundo término, porque demuestra un conocimiento bastante acertado de cómo se organizaba una fiesta de tal naturaleza y, lo que es más relevante para la investigación literaria, que la clase letrada cartaginesa estaba al tanto de los códigos de escritura del género literario de las relaciones de fiestas.
Ahora bien, ¿de qué diversiones hablamos cuando intentamos recrear lo que debió ser la fiesta de proclamación de Luis I en el Cartago de 1725? En realidad, se trata de un catálogo de actividades bastante diverso. Primero, debe considerarse que los rituales litúrgicos, las misas cantadas, los sermones y las procesiones eucarísticas, se contaban dentro de las diversiones. La oratoria sacra era altamente apreciada y un predicador bien entrenado en las artes de la retórica cristiana podía convocar verdaderas multitudes.
A estos actos religiosos deben sumarse otros más mundanos. Dentro de los más apreciados se encontraban los juegos caballerescos, que provenían de la época medieval y servían como entrenamiento militar para los jóvenes de la nobleza. En las fiestas cartagas, se hicieron encierros, se sortearon y se corrieron toros, se jugaron cañas, sortija, estafermo, alcancías y escaramuzas. Estos juegos fueron el eje de la fiesta, verdaderas demostraciones de habilidades ecuestres, de destreza, arrojo y fortaleza, cualidades muy apreciadas en una cultura masculina de exaltación de los valores militares.
La fiesta se vio enriquecida con dos espectáculos de mayor complejidad escénica. Uno fue la representación de una comedia de Calderón de la Barca, Afectos de odio y amor, precedida por una loa escrita por el propio gobernador Diego de la Haya. Meditémoslo un momento: en el Cartago de 1725 se lleva a escena una obra dramática de uno de los autores cumbre del Siglo de Oro español y se dice que los actores fueron “los vecinos de los valles”. Eso nos da otra imagen, una que no calza con la supuesta pobreza generalizada y el aislamiento de la provincia.
Tampoco concuerda con ello el otro espectáculo que recorrió las calles de Cartago, uno bastante desusado incluso en grandes ciudades como México o Lima. Por orden del gobernador, se dispusieron dos embarcaciones sobre ruedas y se las dotó de velas, aparejos e incluso mosquetes a modo de cañones. Las tripulaciones estaban compuestas por indígenas de los pueblos de Laboríos, Cot, Quircot y Tobosi, un grupo de los cuales se disfrazó de españoles y otro de indios de la montaña, que se enfrentaron en una verdadera batalla naval que hizo las delicias del público.
En 1725, la ciudad de Cartago, capital de Costa Rica, celebró por lo grande la proclamación de Luis I, rey de España y de las Indias, segundo soberano de la casa de Borbón y sucesor de Felipe V, el Animoso. Imagen: cortesía del autor.
Las naumaquias o representaciones dramáticas de batallas navales son conocidas desde la Antigüedad clásica y revivieron con el Renacimiento en el siglo XV, pero siempre fueron muy escasas porque su preparación era muy compleja e implicaba un gasto enorme. Durante el siglo XVII, Felipe IV gustó de estos espectáculos grandiosos que tenían lugar en el estanque del parque del Buen Retiro en Madrid, aunque la última naumaquia de que se tiene noticia fue la que organizó la ciudad de Valencia en 1755 con motivo de la canonización de San Vicente Ferrer.
Desconozco que se hayan organizado naumaquias en México, en Lima o en cualquiera otra de las grandes urbes americanos. En cambio, paradoja de paradojas, sí hubo una en Cartago. Por supuesto, en Cartago no existen un lago ni un río navegable, de modo que nuestra naumaquia se celebró, en un alarde de creatividad, sobre ruedas. Para usar una expresión frecuente en esa época, se organizó “según las posibilidades de la tierra”, que en lenguaje moderno significa que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía a mano.
Hasta aquí me he limitado a describir muy sucintamente el contenido de la relación de fiestas por la proclamación de Luis I. Pero este no es el trabajo de un crítico literario o de un historiador de la literatura. Nosotros no nos preguntamos solo qué dice un texto, sino que nos interesa aún más preguntarnos cómo lo dice. Esa es la especificidad de nuestro trabajo: el indagar las estrategias discursivas, las fórmulas retóricas, los juegos lingüísticos, que se emplean para construir los textos. Yo quisiera considerar que mi trabajo es algo así como el de un arqueólogo de la palabra que, con lentitud y cuidado, va limpiando y sacando a la luz esas elaboraciones lingüísticas del pasado. Por ello, quisiera explicar por qué esta breve relación de fiestas —son apenas doce folios manuscritos— es muy especial desde una perspectiva literaria.
En primer lugar, consideramos lo que en los estudios literarios denominamos el estatus genérico, es decir, de qué género literario se trata. En principio, parece obvio que es una relación de fiestas pues su contenido es el relato del ritual de proclamación que consagra la continuidad de la dinastía borbónica y del repertorio de juegos y diversiones propios de la fiesta barroca. Sin embargo, apenas en el primer párrafo del texto nos damos por enterados de que esto no es tan simple, de que hay algo extraño. Veamos cuáles son las primeras palabras de la relación:
El Sargento Mayor Don Pedro José Sáenz, Teniente General de esta Ciudad de Cartago, el Sargento Mayor Don José de Bonilla y Capitán Teodomiro Arias, Tenientes de Gobernador y Jueces de los Campos, por inopia de Cabildo y de Escribano, certificamos en la forma y manera que podemos a los Señores que la presente vieren, cómo […] (Sáenz, 2021: 30).
La palabra clave es “certificamos”. Con ella, la Relación se autodefine como certificación, con lo que se inscribe dentro del campo de la práctica notarial y convierte el texto en un instrumento público que garantiza la veracidad de su narración; sin embargo, tampoco se trata de una certificación notarial típica de las expedidas por un escribano en el ejercicio de sus funciones. Esta Relación es un ejemplo de una interrelación genérica entre un documento jurídico notarial y un texto literario del género relación de fiestas. Esta es una anomalía que desestructura los moldes genéricos, y que hasta ahora no había sido estudiada. Mi hipótesis es que estas libertades al escribir, este combinar géneros discursivos diversos, es posible gracias a la distancia de la provincia de Costa Rica respecto de los grandes centros de poder y cultura, y a que su clase letrada conoce los códigos de escritura, pero no los domina tan bien. Esa condición le otorga cierta libertad, cierta creatividad, que nos depara textos inusitados como el que hoy nos ocupa y que bien podría catalogarse de relación certificada de fiestas o certificación festiva.
En segundo lugar, las anomalías continúan. Recordarán ustedes que la narración inició con el recuento de la noticia de la abdicación de Felipe V en favor de su hijo Luis I y de las disposiciones del gobernador para celebrar la proclamación. En ese punto, la relación abre un paréntesis para referir que se recibió en Cartago el mensaje de que el pueblo de Ujarrás se había inundado, pero que los vecinos se habían salvado gracias a que unos misteriosos repiques de las campanas de la iglesia los habían mantenido en alerta. El gobernador se moviliza de inmediato, envía ayuda, y todo concluye con una serie de procesiones, misas cantadas, rosarios y letanías en honor a Nuestra Señora de la Concepción, a quien se atribuye el milagroso rescate de la población.
Aquí estamos ante un juego de cajas chinas o de muñecas rusas: es una relación de fiestas que contiene una relación de sucesos extraordinarios que, a su vez, conjuga las características de dos subtipos de relaciones, la de milagro (el tañido de las campanas) y la de sucesos naturales (la inundación de Ujarrás). Este es un buen ejemplo de lo que mencionaba líneas atrás: el dominio limitado de las reglas de escritura de los géneros discursivos (esto es, qué se puede decir y cómo decirlo) ofrece a estos cronistas cartagineses la posibilidad de innovar, de mezclar convenciones diversas, lo que da por resultado textos también diversos.
Además, esta narración inserta sobre el milagro y el suceso natural funciona como un mecanismo de legitimación del poder gracias al enlace que establece entre lo religioso y lo político. El tañido de las campanas, con toda su implicación simbólica como puente entre la esfera divina y la humana, y la salvación milagrosa de los habitantes enfatizan el carácter sagrado de la proclamación real y del ciclo festivo que la rodea. Algo muy relevante es que todo el relato se construye desde la perspectiva del Gobernador. Incluso, el eje de la acción se desplaza del desastre natural en sí y se ubica en la eficiente reacción de Diego de la Haya Fernández, pues más que narrar los sucesos lo que importa es subrayar la excelencia del funcionario real como gran protector de todos sus gobernados, una imagen positiva que se reforzará en el posterior recuento festivo. De esta manera, el ritual de la proclamación, espectáculo dirigido a asegurar la continuidad dinástica, funciona como exaltación del poder local.
Y esta última afirmación me sirve para presentar el tercer punto, que es, justamente, la constatación de que la escritura del relato de la fiesta barroca de proclamación del nuevo monarca español, en el fondo tenía otros propósitos. En teoría, lo que se buscaba era exaltar la figura del rey y con ello la transmisión de un sistema de control ideológico que fomentaba en los súbditos sentimientos de lealtad y agradecimiento hacia la dinastía reinante. Sin embargo, pronto percibimos que esta relación en concreto busca otro fin muy particular: la exaltación o promoción del gobernador Diego de la Haya Fernández.
Las relaciones de fiestas han sido consideradas como un género epidíctico en vista de que constituyen un extenso elogio de figuras políticas y religiosas, así como de la propia comunidad. En la relación de Cartago esa función epidíctica alcanza su momento álgido no cuando se refiere al distante y desconocido Luis I, sino cuando se trata la figura de don Diego de la Haya Fernández. En la descripción de su participación en el desarrollo de los festejos, la voz narrativa recurre a los mecanismos retóricos del sobrepujamiento y la amplificación: el Gobernador es el primero en reaccionar ante el desastre natural y luego es el gran organizador y protagonista de la semana de fiestas en torno a la proclamación. Sus amplias luces, su eficiencia y buen manejo de las relaciones con los diferentes grupos sociales (españoles, indígenas y mulatos) son el marco general que posibilita el lucimiento y éxito del aparato festivo, tal y como se hace ver en el episodio de la naumaquia. Esta representación de una batalla naval, pintada como de una espectacularidad nunca antes contemplada en la provincia, es el punto culminante que consagra su papel como autoridad máxima y como indispensable mediador entre grupos étnicos.
De esta forma, la proclamación del rey se convierte en una excusa para promover al Gobernador. Esto no debe sorprender, pues este documento fue enviado, muy diligentemente, por el propio Gobernador al Consejo de Indias, órgano encargado de la administración de los dominios españoles en América y, por lo tanto, de otorgar reconocimientos y nuevos nombramientos a los funcionarios reales.
Espero haber logrado demostrar que un documento que en apariencia solo nos da información referencial puede ser, al mismo tiempo, un texto literario. Por esta misma circunstancia, la construcción del corpus de la literatura colonial costarricense apenas inicia. Es mucho lo que resta por investigar y descubrir en archivos y bibliotecas, tanto en nuestro país como en el extranjero. El panorama es muy prometedor, pues durante los últimos cinco años los esfuerzos por promover los estudios coloniales desde la Universidad de Costa Rica han sido muy fructíferos. Hemos logrado constituir el Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos en el seno del Instituto de Investigaciones Lingüísticas —el cual ya reúne varios proyectos de investigación—, hemos organizado jornadas, mesas redondas, visitas a archivos, y pronto publicaremos el volumen colectivo titulado La palabra olvidada: la lengua y la literatura de Centroamérica entre la Colonia y la Independencia. Y tal vez el más importante de todos nuestros logros: nuestros estudiantes de licenciatura y de maestría están orientando sus tesis hacia la literatura y la lengua del periodo colonial, con lo que podremos asegurar que esta línea de investigación no será un esfuerzo aislado, sino que crecerá y nos permitirá, cada vez más, tender puentes entre nuestro pasado y nuestro presente.
Es una aventura de conocimiento verdaderamente apasionante.
Autor: Dr. Alexander Sánchez Mora. Profesor de la Escuela de Filología UCR.
Dr. Jorge Cortés Núñez, profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar). Foto: cortesía del Cimar.
La ampliación del territorio del Parque Nacional Isla del Coco es crucial para seguir protegiendo uno de los patrimonios marinos mejor conservados a nivel mundial.
Costa Rica es un país marino, el 92 % de su superficie es mar y, de este, la mayor parte es mar profundo. El 88 % del territorio nacional está por debajo de los 500 metros de profundidad y poco más de un tercio por debajo de los 3 000 metros de profundidad.
La riqueza de nuestros mares está apenas comenzándose a conocer y lo que hemos descubierto es que la biodiversidad es extraordinaria, pero a la vez frágil. Hemos podido ver a más de 1 000 metros de profundidad, en montes submarinos, corales negros que miden dos metros de alto, los cuales calculamos que podrían tener 4 000 años de edad.
Tanto las aguas poco profundas como las más profundas de Costa Rica son muy productivas y están todas interconectadas. El Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) es el más grande del país, no solo en área, sino también en riqueza marina y en generación de divisas. Además, la Isla del Coco es estratégica en términos geopolíticos.
El área terrestre del PNIC, la cima del volcán más grande de América Central, puede considerarse pequeña, pues tiene apenas 24 kilómetros cuadrados; es decir, aproximadamente la mitad de la Isla de Chira. Y aunque su área marina es más grande, necesita ser mucho mayor.
La Isla del Coco es un oasis verde en medio océano azul. Sus bosques son exuberantes por la cantidad de lluvia que cae allí, lo que la hace única en todo el océano Pacífico de América.
Pero la mayor exuberancia de la Isla del Coco es su mar y los montes submarinos que la rodean. El PNIC es uno de los mejor conservados biológicamente a nivel mundial y es visitada todos los años por buzos que han recorrido el mundo. Muchos lo hacen de manera recurrente, porque después de bucear en Indonesia, el Caribe y Australia, regresan a la Isla del Coco repetidas veces. Estos visitantes dejan millones de dólares en el país.
La Isla del Coco, ubicada a poco más de 500 kilómetros de la costa, le proporciona a Costa Rica un área marina gigantesca (cerca de 12 veces su área terrestre), de allí que seamos el país más extenso de América Central. Nos da fronteras no solo con Nicaragua y Panamá, sino también con Colombia y Ecuador.
El PNIC es estratégico en la conservación de especies marinas de todo el Pacífico Tropical Oriental, junto con las Islas Galápagos y otras islas de la región. Estas áreas marinas protegidas son la fuente de riqueza pesquera de la zona, porque son los criaderos que van a abastecer las áreas de pesca. De allí su gran importancia y la necesidad de conservarlas y protegerlas al máximo.
¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, no permitir ningún tipo de pesca dentro del área marina protegida y, segundo, hacer más grande, expandir el área de protección absoluta.
El mejor regalo que podemos hacer para comenzar de forma excelente el tricentenario de nuestra independencia es ampliar el área de protección alrededor de la Isla del Coco.
¡Hagamos más grande el Parque Nacional Isla del Coco para seguir haciendo historia y grandiosa a Costa Rica!
Caminar o andar en bicicleta son los modos de desplazamiento más económicos, democráticos y que producen menos emisiones de dióxido de carbono
Durante este día no habrá cierre de los accesos vehiculares en la UCR, sin embargo, se exhorta a la comunidad universitaria a hacer conciencia y evitar el uso del vehículo en su rutina diaria. Diseño: Ana María Sibaja.
Este miércoles 22 de setiembre la UCR celebra el Día Mundial sin Automóvil, una fecha en la que se alienta a las personas a utilizar medios de transporte sostenibles o no motorizado para desplazarse, una consigna que la Universidad viene impulsando desde hace más de una década con el objetivo de contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y promover estilos de vida saludables.
En Costa Rica, el sector transporte es responsable del 66% del consumo de hidrocarburos y del 54% de las emisiones de CO2 del país, según datos de la Secretaría de Planificación del Subsector Energía, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El CO2 y otros gases son los principales generadores del cambio climático, lo cual provoca un aumento en la temperatura de la atmósfera incrementando la severidad de los eventos climatológicos anuales.
“El Día Mundial sin autos nos ayuda a sensibilizar sobre la gran problemática que tenemos en torno a las emisiones que la flota vehicular está emanando hacia nuestro planeta, lo cual tiene implicaciones no solamente a nivel de cambio climático sino también en la calidad de vida de las personas”, acotó Cinthya Hernández, gestora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
En el caso de Costa Rica la principal contribución de emisiones de CO2 del sector transporte la realizan los vehículos particulares con un 41% del total, seguidos por el transporte de carga liviana como pesada, motocicletas, autobuses de servicios especiales, equipo especial y transporte público, según datos de MINAE.
Los vehículos particulares son los principales responsables de la emisiones de Co2 y de la congestión vehicular en las calles costarricences, un problema pasa factura a la salud, el ambiente y la economía del país. Foto: Cristian Araya, UCR.
Por eso, evitar el uso del vehículo particular es fundamental para contribuir con los esfuerzos nacionales y mundiales para limitar el calentamiento a 1,5ºC. y alcanzar la meta cero GEI lo antes posible, a más tardar a mediados de siglo, para lo cual se requiere el compromiso y aporte de todos los sectores gobiernos, empresas, universidades, ciudadanía y regiones del planeta.
Hernández recordó que la contaminación del aire es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, por lo que “el Día Mundial sin autos es un momento para reconocer la responsabilidad individual que tenemos con nuestro planeta, con nuestra salud, con nuestros allegados y con el resto de la humanidad”.
Por lo tanto, más allá de celebrar un solo día sin autos, la UCR hace un llamado a la comunidad universitaria a emprender cambios en su rutina diaria que favorezcan la movilidad activa (por ejemplo: caminar o andar en bicicleta), y a su vez, reducir el uso de vehículos particulares automotores que contaminan el ambiente y colapsan el espacio público.
Paralelamente, la Universidad trabaja en una estrategia institucional denominada Acción por el Clima UCR, liderada desde la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) en conjunto con Rectoría, que contemplará medidas de adaptación al cambio climático y acciones para reducir y mitigar las emisiones de GEI que se generan en las actividades de gestión universitaria. Entre ellas: reducir el tamaño de los vehículos y su cilindraje, así como sustituir los vehículos por híbridos o eléctricos y de combustibles alternativos no fósiles.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Dra. Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.
Por la Dra. Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica
En los últimos cinco años, la educación costarricense se ha visto afectada por varios problemas y eventos que han obligado a las autoridades en la materia a tomar decisiones cruciales sobre el rumbo del sistema educativo costarricense. Se pueden mencionar algunos de ellos, tales como: las huelgas del sector educativo, la carencia de una adecuada y veloz banda ancha para la comunicación por internet, la pandemia provocada por el COVID-19, el desempleo, la difícil situación económica provocada por una crisis fiscal de grandes dimensiones, la brecha existente entre la calidad de la educación primaria y secundaria de carácter pública y privada. Estos y otros eventos han agudizado los problemas estructurales, administrativos y financieros para sostener los planes y programas educativos a nivel nacional.
Un hecho innegable es que la educación en general requiere de una urgente y rápida transformación en los procedimientos administrativos y curriculares, así como en la normativa en materia educativa, que respondan a las necesidades del país. Al respecto, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unesco y la OCDE han advertido sobre los grandes retos y desafíos que debemos enfrentar los países del mundo para lograr una reactivación de las economías, así como de los diferentes sectores productivos que proveen bienes y servicios para la ciudadanía. La Educación es quizá uno de esos sectores que más resiente los embates de las decisiones en materia fiscal y tributaria que, a su manera, generan problemas económicos, ya que limitan las oportunidades para los diferentes sectores de la sociedad.
A través de los años, la educación se ha considerado un motor de movilidad y transformación social, es decir que los procesos de formación escolarizada desde el nivel básico hasta el nivel superior le garantizan a la sociedad una mejora sustancial en su nivel de vida, proporcionan oportunidades laborales bien remuneradas, así como bienestar y satisfacción a nivel personal.
Mediante datos, gráficos y figuras con su respectiva interpretación, el pasado 1.° de setiembre la presentación de los resultados del Octavo Informe de la Educación evidenció la situación educativa del país. Este panorama no es diferente al de los años anteriores, solo que a raíz de la pandemia se han agudizado los problemas que han venido a debilitar la educación costarricense desde hace un par de décadas atrás.
Es claro que los datos muestran vacíos, debilidades y deficiencias en el sistema educativo costarricense. Las diferentes entidades e instituciones vinculadas directamente con la educación, como el Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas estatales, tenemos una importante participación en la solución de los problemas señalados. No obstante, hay situaciones que se presentan en el informe que corresponden a entidades gubernamentales o instituciones autónomas, como el ICE y Fonatel, que deben garantizar a la ciudadanía el acceso a internet con una conectividad adecuada y eficiente.
Las instituciones de educación superior pública, en particular la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, deben analizar con cautela y con atención estos resultados, ya que las instituciones y entidades involucradas deben buscar soluciones inmediatas, así como de mediano y largo plazo con un enfoque multidisciplinario y de manera colectiva. Es decir, se requiere de un acuerdo nacional en el que participen todos los sectores, se escuchen todas las voces y se hagan lecturas de los diferentes contextos del país.
La Universidad de Costa Rica aporta al país profesionales con una formación de calidad que les permite competir con altos estándares de formación en sus diferentes carreras. De igual manera, cuenta con una amplia oferta de cursos y proyectos en los ejes de la investigación y la acción social. La relación de la Facultad de Educación con el Ministerio de Educación Pública es de larga data y, lejos de debilitarse el vínculo de colaboración, este debe fortalecerse con una agenda de proyectos de investigación y la puesta en marcha de un programa de capacitación y actualización para el personal docente en servicio.
Asimismo, la Universidad de Costa Rica, mediante los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras, proporciona confianza sobre la calidad de profesionales que gradúa y que, eventualmente, selecciona y contrata el Ministerio de Educación Pública, así como otras entidades del sector público y privado.
Es importante destacar que desde el Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) se desarrollan actividades y proyectos de investigación que abordan de una manera científica los problemas y las causas que los originan. De igual manera, se genera nuevo conocimiento a partir de los resultados de las investigaciones que se contabilizan con la publicación de artículos de revistas científicas en el campo de estudio.
Es importante destacar que las universidades públicas estatales, en particular la UCR, asumió con un gran compromiso y responsabilidad el reto de virtualizar los contenidos de los cursos de las diferentes carreras que se ofertaban en marzo del 2020 hasta la fecha. Las autoridades universitarias tomaron decisiones oportunas, ágiles y urgentes ante la necesidad de no interrumpir el ciclo lectivo que recién iniciaba. Esta decisión requirió un esfuerzo institucional compartido, es decir que el trabajo en equipo, la solidaridad y tener una actitud hacia el cambio y al aprendizaje continuo hicieron posible que la UCR pudiera dar una respuesta inmediata para ejercer la docencia desde la virtualidad.
Es obvio que se debió invertir en infraestructura tecnológica (conectividad, software y dispositivos electrónicos), pero la prioridad en ese momento, y lo continúa siendo hoy, es el estudiantado. También se hicieron cambios curriculares, de normativa y de procedimiento para flexibilizar los diferentes procesos de la Universidad.
El personal docente y el administrativo demostraron la voluntad y las capacidades humanas, cognitivas y emocionales para sobrellevar un ciclo lectivo desde la virtualidad. Se contaba con las habilidades informacionales y digitales para el diseño de recursos educativos y estrategias didácticas para la enseñanza virtual. Es decir, que en tiempos de crisis, surgieron interesantes experiencias de innovación docente para que el proceso enseñanza-aprendizaje de la población estudiantil no se viera afectado drásticamente.
A la fecha, la UCR continúa con programas de educación continua, desarrollo de investigaciones inter y multidisciplinarias sobre la enseñanza virtual, así como cursos para el manejo de herramientas y aplicaciones para la docencia. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos y es claro que la enseñanza virtual llegó a nuestras universidades para transformar la educación superior desde la presencialidad física.
Por lo tanto, es momento de escuchar todas las voces, de tomar acuerdos nacionales, de fortalecer el trabajo cooperativo, propiciar la firma de convenios de colaboración interinstitucionales, de gestionar recursos frescos para la puesta en marcha de proyectos de largo aliento y, por supuesto, garantizar a nuestros graduados condiciones de contratación y ambientes laborales sanos y dignos. De este informe se toma lo que corresponda analizar y es deber nuestro contribuir a la solución de los problemas nacionales, tal y como lo establecen los fines del Estatuto Orgánico de nuestra Universidad.
Finalmente, todo este esfuerzo institucional debe estar centrado en la persona estudiante, ello presupone flexibilizar y actualizar los procesos docente-administrativos y normativos con enfoque integral y emocional.
“La educación es y seguirá siendo… motor para la movilidad social y no cabe la menor duda de que es la llave que abre la puerta a las oportunidades”.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 7 de septiembre del 2021
Dra. Magda Sandí Sandí Decana de la Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica
