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Mujeres de la CTRN envían carta al presidente Carlos Alvarado

SURCOS recibió la siguiente carta para su publicación:

Carta al Presidente Carlos Alvarado
¿Cuándo va a empezar a gobernar para el pueblo?

POR UNA COSTA RICA
MÁS JUSTA Y SOLIDARIA

Rose Mary Rodríguez Bustos
Secretaría de Género, CTRN

Señor presidente Carlos Alvarado Quesada, en nombre de millones de mujeres trabajadoras del país, la Secretaría de Género y la Comisión de Apoyo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum, deseamos expresar nuestras serias preocupaciones a raíz de la situación tan crítica por la que atraviesa el pueblo de Costa Rica, principalmente la clase trabajadora.

Somos conscientes que el mundo pasa por una gran crisis económica y social como resultado del impacto del coronavirus Covid-19, pandemia que ha logrado enfermar a ricos y pobres y ha demostrado al mundo que el poder de la naturaleza es más fuerte que todo el poderío económico.

Lamentablemente la mayor afectación la sufren los más débiles, mujeres, adultos mayores, niños y niñas como consecuencia ya del propio sistema injusto en que vivimos y ahora, acrecentada por el impacto en la clase trabajadora, que es una sola y no como falsamente se ha hecho creer separándola entre pública y privada.

Señor Carlos Alvarado Quesada, su gobierno nos ha pedido ser solidarios con las personas que más necesitan. ¿Le parece a usted que la clase trabajadora debe ser más solidaria, cuando su gobierno se ha ensañado con cargar con impuestos a la canasta básica y los servicios que muchas mujeres prestamos; ¿acaba de suspender el ajuste salarial en el sector público mientras le abre las puertas a un conjunto de medidas que favorecen a un sector empresarial que es único gran ganador, como siempre, con las políticas económicas de los gobiernos?

Dicen ustedes que esos recursos que nos siguen quitando son para usarlos para contrarrestar los efectos del Covid-19.

Y no satisfecho con tanta medida en detrimento de la clase trabajadora, habla de un impuesto solidario a los salarios a partir de 1.100.000 (un millón cien mil colones). Señor presidente, ¿Tiene conocimiento de cuántas personas llegan a ganar ese monto, mismas que deben tener entre unos 20 años de trabajar, además haber laborado horas extras si es que existen?

Estamos en una situación como país y como población que nunca hemos vivido y a raíz de esto, las decisiones que se toman deben ser muy bien pensadas. No solo extraordinarias, como usted dice. Esta emergencia, se ha convertido en un reto y preocupación más que las familias costarricenses tienen que enfrentar, mientras no vemos ni una sola medida que pretenda reducir la obscena práctica empresarial de evadir el pago de impuestos. Esta crisis va para largo y quisiéramos verlo a usted amarrarse la faja con esos evasores. Las mujeres nunca vamos a permitir que nuestros hijos e hijas se queden sin un bocado por no cobrarle a quienes nos deben y no nos quieren pagar.

¿Realmente se ha tomado el tiempo para pensar en que obligatoriamente la clase trabajadora paga sus impuestos cada mes? Se nos rebaja el impuesto a la renta, el pago obligatorio de la CCSS, el de Hacienda, entre otros y a estos impuestos le debemos agregar los préstamos para vivienda, estudios de nuestros hijos, alimentación de la familia, pago de servicios, transporte etc. ¿Ha pensado en las miles mujeres jefas de hogar, profesionales o no, que deben mantener a sus familias (hijos, madre, personas con algún grado de discapacidad, etc)?

Usted está castigando a las más frágiles. ¿Por qué no se dirige a aquellos salarios que sobrepasan los ¢3 millones en adelante como lo han hecho otros países y a las ganancias de capital? Recordemos que la aplicación de ese impuesto tendrá un efecto en cadena: la señora que cuida a los niños y personas mayores, el señor que hace el jardín, la pulpería del barrio por cierto cada día en extinción, servicios y hogares que se benefician.

Es hora de que usted le cobre a los que no pagan. No tenga miedo. Las mujeres trabajadoras del país le apoyaremos. Queremos ver medidas contra los evasores, queremos que refuerce la policía fiscal y los inspectores para que persigan a esos grandes evasores. ¿O es que les tiene miedo, o es que los tiene metidos hasta en la cocina? ¿Hasta cuándo los grandes evasores pagarán lo que les corresponde? ¿Será que sólo las personas trabajadoras conocemos y practicamos el principio de solidaridad?

Ya no más abuso, ya no más ultraje para con la clase trabajadora del país. ¿Cuándo va a empezar a gobernar para este humilde pueblo que lo eligió con la esperanza de una Costa Rica más justa y equitativa?

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Secretaría de Género y su Comisión de Apoyo, queremos invitarlo a que nos sentemos con un grupo de mujeres trabajadoras y conversemos sobre nuestras realidades y propuestas por una sociedad más justa y equitativa de nuestro país.

POR UNA COSTA RICA
MÁS JUSTA Y SOLIDARIA
Rose Mary Rodríguez Bustos.
Secretaría de Género, CTRN.

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en el ojo de la pandemia (VI)

Manuel Hernández

El trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho.”

Hoy, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que probablemente pasará muy  -convenientemente- inadvertido por la cruzada sanitaria que globalmente se acomete contra la fatídica pandemia.

Los y las trabajadoras del hogar –trabajo doméstico remunerado- son aquellas personas que prestan un servicio remunerado en una residencia u hogar y para el mismo, incluidas tareas domésticas, el cuido de personas y otros cuidados personales.

Este amplio colectivo, mayoritariamente conformado por mujeres, normalmente ha sido confinado a un estado de excepción, marginado de la aplicación efectiva de la legislación laboral, que reconoce el derecho a la jornada de trabajo, vacaciones y descansos remunerados, entre otros, quienes además devengan las peores remuneraciones.

La condición de vulnerabilidad que tanto flagela a este colectivo laboral, es producto de una exclusión y discriminación de carácter histórica, estructural, inherente a este sistema económico y político que ha sido abiertamente desnudado, en tan poco tiempo, por la crisis sanitaria.

Esa condición de vulnerabilidad de las mujeres que realizan esa actividad laboral, se recrudece en épocas de pandemia, como la que actualmente atravesamos, quienes están sufriendo la violencia de un exultante sistema que les está privando de su empleo o sus maltrechos salarios.

Además, así como en estos tiempos de aflicción, aumenta la violencia intrafamiliar, las trabajadoras de servicios domésticos quedan todavía más expuestas al incisivo acoso sexual y laboral.

No se podría dejar pasar esta fecha, sin hacer un reconocimiento a estas humildes trabajadoras, que pese a la importancia de la actividad que realizan, su trabajo se subestima tanto y se paga tan poco, a quienes por su aporte invaluable en esta época tan aciaga, les corresponde un merecido y simbólico aplauso, así como también se ha tributado a otros colectivos que atajan la conjura que se extiende en todo el planeta.

Pero de los aplausos no se vive, ni se come, ni siquiera los artistas que dependen enajenadamente del aplauso frenético de su público.

Las trabajadoras del hogar la están pasando muy mal, de lo peor, por lo que resulta impostergable que el Estado, de una vez por todas, asuma su responsabilidad  social y se concreten las siguientes medidas:

1.- Es absolutamente urgente la definición de una política pública integral, que se materialice en medidas de compensación social que proteja los colectivos de personas más vulnerables, que han sido despedidas, dejado de percibir sus salarios, a consecuencia de la suspensión contractual, o que sus remuneraciones se han recortado; todo  al amparo de una legislación de emergencia, que  le transfiere a la Inspección de Trabajo la ejecución de la guillotina contra los derechos más preciados de la clase trabajadora.

Con la misma urgencia que se aprobó esa legislación de excepción, se debieron aprobar conjuntamente las medidas de mitigación de la situación social de aquellas trabajadoras.

No se puede seguir postergando y dejar para las calendas griegas, el reconocimiento de una prestación extraordinaria o subsidio de desempleo, de carácter temporal, que asegure a estos colectivos satisfacer razonablemente sus principales e inaplazables necesidades y las de sus familiares.

2.- La Inspección de Trabajo, ahora con uniforme de verdugo, dedicada a licenciar la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas de trabajo, con la misma eficacia que está resolviendo estas impropias gestiones patronales, con carácter prioritario, debe enfocarse a atender las consultas y tramitar de manera célere las denuncias que presenten las trabajadoras del servicio doméstico, ya sea por violación de sus derechos laborales, porque su patrono no implementa las medidas de seguridad  necesarias para protegerse del riesgo del covit19, o porque estén sufriendo acoso aboral o sexual.

3.- Por último, el Poder Ejecutivo no puede retrasar más la sumisión de la ratificación del Convenio N° 190 de OIT, acerca del acoso y violencia en el mundo del trabajo, que particularmente tutela estos colectivos tan vulnerables.

Imágenes: OIT, ISP

Colegio de Trabajadores Sociales ante propuesta de más impuestos a la clase trabajadora

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Comisión de Realidad Nacional y las personas profesionales que atendemos cotidianamente las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad. Hoy 28 de marzo de 2020, hacemos un llamado vehemente a la sensatez por parte de las esferas de poder políticas y económicas del país, considerando que:

  1. El actual Gobierno de la República, firmó el 3 de diciembre del año 2018, la ley 9636, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, «LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO», a pesar del llamado de la clase media trabajadora, durante semanas de manifestaciones multitudinarias, a negociar una ley progresiva que no afectara de manera tan significativa sus ingresos.
  2. El 21 de marzo de 2020, se aprueba la ley denominada: «AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL». Ley 9832, como medida para las empresas que vean afectados sus ingresos en al menos un 20% en relación al mismo mes del año anterior, provocado por un suceso declarado de emergencia nacional.
  3. El 24 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante su página oficial emite un comunicado de prensa que anuncia medidas laborales en el sector público para combatir el Covid- 19, entre ellas: «Creación de un plan básico de funcionamiento y cancelaciones a los aumentos salariales a los funcionarios». Como medida de reducción del impacto de la crisis económica del país.
  4. Las instituciones públicas costarricenses han respondido a la emergencia y han demostrado la responsabilidad en la atención de la Pandemia del Covid-19.
  5. La emergencia nacional ha sido acogida por la mayoría de sectores adoptando la medida de seguridad de quedarse en casa, situación que desmoviliza a las y los trabajadores.
  6. Una gran cantidad de personas del sector independiente y empresarial van a ver sus ingresos reducidos al mínimo, sin poder garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
  7. El día 26 de marzo, el señor Rodrigo Chaves, Ministro de Hacienda, anunció la propuesta del Gobierno de un impuesto solidado a los salarios mayores de ₵500,000 (quinientos mil colones), para «ayudar» a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Noticia que fue después reversada por el presidente de la república Carlos Alvarado.
  8. El día 27 de marzo, el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, plantea un impuesto solidario de carácter temporal para salarios que superen el ₵1,000,000 (un millón de colones).
  9. Previo a la pandemia, muchas familias en pobreza y pobreza extrema veían comprometida su salud física y mental debido a la dificultad de cubrir los costos de la canasta básica.
  10. La exclusión económica y la desigualdad en el país son históricas, por lo que impactan derechos básicos para la vida humana como vivienda y salud.

Consideramos, por lo tanto:

  1. Invitar al Gobierno Central y Ministerio de Hacienda a gravar a los grandes capitales y empresas evasoras, con el fin de no aniquilar la economía básica de sectores que deben sobrevivir con ingresos per cápita en vulnerabilidad que no permiten la cobertura de servicios ni la canasta básica. Así como, ofertar deducciones de sus propios ingresos, evitando así recargar en la clase media- baja trabajadora el peso de la crisis económica que enfrenta el país.
  2. Reflexionar que, a pesar del constante aumento en el costo de vida, el sector público brindó su aporte al no percibir el aumento anual. De igual forma, parte de los salarios se encuentran sujetos al pago de impuesto de renta y en calidad de consumidoras, las personas pagan el reciente impuesto al valor agregado. Por ello, recomendamos que la contribución solidaria grave los salarios (públicos y privados) y pensiones de aquellas personas que se ubiquen a partir del quinto decil más alto según los salarios reportados[1].
  3. Recordar a la Asamblea Legislativa y gobernantes del país, que la ciudadanía les escogió como servidores públicos y que las medidas redistributivas solidarias inician cuestionando los propios privilegios.
  4. Solicitar al Poder Ejecutivo que brinde criterios claros de selección de las personas que recibirán subsidios por afectación del COVID-19; así como, habilitar y diversificar los medios de comunicación y espacios de participación accesibles para aquellas personas que no cuentan con recursos digitales para optar por el beneficio.
  5. Instar que las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean cuidadosas, solidarias, sostenibles y transparentes; de lo contrario, las acciones pueden vulnerabilizar aún más a quienes disponen de menos recursos para garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.
  6. Hacer un llamado de atención a los habitantes del país a dar seguimiento y fiscalizar los actos del Gobierno y las propuestas que después de salir a la luz, sean desmentidas públicamente. La corrupción se gesta, la mayoría de las veces, desde la complicidad y el silencio.
  7. Considerar como un deber ético de nuestra profesión el pronunciarse ante la injusticia y defender los derechos de los sectores en pobreza, pobreza extrema y población vulnerable en torno a su acceso a la salud.
  8. El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica pone a disposición la experiencia de personas profesionales en torno al diseño, ejecución y evaluación de Políticas Sociales, que garanticen bajo un enfoque de derechos los criterios y medios más adecuados para la distribución de dichos recursos.

Según la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en su artículo 1 corresponde a este ente “b. Velar por que se cumplan los principios éticos de la profesión”, “c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados” y “d. Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente”.


[1] Según datos a los que se tuvo acceso reportados por la CCSS con base en la Dirección General de Hacienda, el quinto decil se encuentra en un rango entre 2,250,000 y 2,500,000 colones. Para más información consultar sem anarioun iversidad .com/p ais/cuantos-son-y-cuanto-es-el-salario-d e-los-sup erricos/.

Imagen ilustrativa.

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FENTRAGH facilita proceso de organización sindical en sus afiliadas

Dania Obando, secretaria general de SITRAPA (Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines) y secretaria de género y medio ambiente de FENTRAGH, nos comparte que en dicho sindicato no se cuenta con licencia sindical, por lo que las labores sindicales las hacen por las tardes después de las jornadas laborales, inclusive los domingos.

Maikol Hernández, secretario general de FENTRAGH, en la reunión que realizaron el pasado mes de febrero propuso y posteriormente se aprobó, la compra de una motocicleta para este sindicato, ya que las fincas son bastante separadas y no contaban con un medio de transporte. Con este gran aporte los y las compañeras de SITRAPA van a poder atender más las necesidades de los y las trabajadoras en las diferentes regiones afiliadas: Coto, Puerto Cortés, Puerto Jiménez y Los Celajes.

 

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ANEP: “Subsidio ofrecido por Gobierno dejaría a miles en la miseria total”

-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja

-El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales

La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.

Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!

Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?

Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.

La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.

Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.

Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.

La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.

 

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SEC Gobierno desviste un santo para vestir otro

El SEC rechaza rotundamente la propuesta abusiva y maquillada con el nombre de “aporte solidario”, que propone el Gobierno, por ser un impuesto más al salario, el cual viene a golpear a la clase trabajadora del sector público.

Una vez más podemos observar cómo recargan a esta clase asalariada propuestas que llevarán a la debacle de sus familias, mientras los aportes solidarios de los que más tienen se eximen descaradamente.

La clase económicamente poderosa se sigue privilegiando con medidas que protegen su capital, aun cuando la contención de la problemática provocada por el Covid-19 es responsabilidad de todos. Este grupo debe entender que una crisis de salud no debe generar otra crisis de carácter social.

Exigimos un diálogo asertivo y transparente para que juntas y juntos busquemos salidas razonables.

¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les recordamos los “Panamá Pappers”

Estudios y estadísticas presentadas meses atrás, provocaron que el Poder Ejecutivo hiciera correr a todo el entramado financiero para que ajustaran y rebajaran tasas de interés, además para que se le adecuaran deudas a las trabajadoras y los trabajadores, en su mayoría cabeza de familia y del sector público por estar altamente endeudados. Es así como se hizo la propuesta denominada “Salvamento”, exigiendo a todas las instancias financieras poner en ejecución el mismo.

Siendo así, no comprendemos cómo es que hoy se presenta una propuesta nueva denominada “Aporte Solidario” que no deja de ser un impuesto más al salario, es decir, “la misma mona con distinto rabo”.

Para el Magisterio Nacional es llevar a la debacle a las familias de las trabajadoras y trabajadores activos, pensionados y jubilados, que aún hoy muchos de ellos no han recibido su salario completo.

Es por esta razón que rechazamos rotundamente dicha propuesta la cual se camufla con la crisis que esta Pandemia del Covid-19 ha generado.

De tal manera apelamos a la sensatez de las diputadas y los diputados para que esta propuesta no sea aprobada, ya que vendría a romper la paz social del país.

Reiteramos el llamado al Magisterio Nacional de estar a disposición de tomar las medidas requeridas para defender la estabilidad laboral y económica de sus familias, esto si no se establece un proceso de diálogo y negociación donde juntas y juntos busquemos medidas para enfrentar esta crisis económica que ha provocado el COVID-19.

¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les recordamos los “Panamá Pappers”, o la cantidad de empresas que durante muchos años reportaron en cero sus ganancias.

 

Foto ilustrativa: Semanario Universidad

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Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS

El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.

Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.

Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:

1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.

2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.

3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.

4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.

5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.

6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.

Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.

Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.

En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.

Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.

En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.

Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.

De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.

Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.

Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.

CTRN pide a presidente que no cargue más al sector laboral

En un video de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), su presidente, Lenin Hernández Navas hace un llamado al mandatario Carlos Alvarado Quesada, para que la crisis por el COVID-19 sea asumida por grandes empresas y no por el sector laboral. Le compartimos la exposición:

Dos rutas políticas muy diferentes de mitigar la situación de las personas trabajadoras (V)

“Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.” (F. García Lorca)

Manuel Hernández

A instancia de las exigencias formuladas por los sindicatos de trabajadores, el 27/03/2020, el Gobierno del Estado Español emitió un Real Decreto-Ley, que complementa las medidas de emergencia, en el ámbito de las relaciones laborales, para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo y recientísimo decreto de gobierno, consiste en la prohibición de los despidos y extinciones de contratos de trabajo, por fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, que se relacionen con la emergencia sanitaria que lamentablemente tanto está golpeando ese país.

Esta medida comprende la prohibición de la extinción de los contratos temporales, que constituye una característica estructural del mercado de trabajo español, que principalmente concentra la contratación de jóvenes y mujeres.

Todo despido o extinción contractual que violente estas disposiciones normativas es absolutamente nulo.

Mientras estas medidas progresistas se toman en ese país europeo, por contrario, en esta suiza centroamericana, se han dictado medidas legislativas y de gobierno unilaterales y autoritaristas.

En realidad, corresponde acotar estas expresiones, y en su lugar, resulta más acertado afirmar que esas medidas han sido parcialmente unilaterales y autoritarias, porque han sido consensuadas únicamente con los sindicatos o cámaras empresariales, excluyendo la participación de los sindicatos que representan los legítimos intereses de las y los trabajadores.

Además, las medidas laborales promulgadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno son salvajes, porque licencian los despidos, la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de los salarios, esquilmando a la clase trabajadora más explotada; que vive en una situación de emergencia social y económica desde hace tiempo, mucho antes que apareciera esta grave pandemia.

Entonces, existen dos caminos políticos muy diferentes de resolver las emergentes e imperiosas necesidades de las y los trabajadores: concertar exclusivamente con los sindicatos patronales, descargando todo el peso social y económico de la crisis en la gente más empobrecida, o por contrario, atender las demandas de los sindicatos de trabajadores, procurando medidas de redistribución democráticas que mitiguen las consecuencias de la crisis en este pauperizado sector de la población.

En “nuestro” país, queda absolutamente claro el camino que pactó y escogió la clase política gobernante.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Ilustración: https://blog2iessantalucia.com/2019/03/16/charla-sobre-participacion-ciudadana-3o-eso/

Sindicato de Hacienda al ministro: solidario no… confiscatorio

SURCOS recibió el siguiente mensaje enviado por SITRAHSAN al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles:

Señor Ministro:

Consideramos a partir de su interés de aplicar un impuesto solidario a los empleados públicos, que los trabajadores Públicos ya contribuimos suficiente con el Gobierno, en aplicación de la retención salarial por el Impuesto de Renta.

La falta de liquidez del gobierno no es atribuible al empleado público, eso concierne al mal manejo de las finanzas públicas y en mucho a la impericia de los políticos de turno.

Hay que trabajar y legislar también, en la moratoria banquera de los trabajadores en general, las cifras de las millonadas que mantienen están reflejadas en la página web del Banco Central, dicho de otra manera; su capacidad para los números, le debe brindar el panorama ideal

No se vale pedirle más sacrificio al empleado público, cuando se tiene por demostrado en la Contraloría General, que el empleado público contribuye más que los profesionales liberales o inclusive las grandes empresas que declaran CERO IMPUESTOS, teniendo ingresos multimillonarios.

Si hay crisis, la misma debe obligar a todos contribuir, no se vale, decir que grandes consorcios turísticos, abrigados durante muchos años a leyes que los exoneran, a grandes restaurantes que declaran como régimen simplificado y sus platos valían hasta 35 mil colones, en fin las empresas por ley, permiten consignar para pagar los impuestos, en el balance general, las provisiones sean por aguinaldo, por vacaciones, por cesantía y otros derechos laborales, que al final se conoce financieramente, como escudos fiscales.

Recuérdese, que mucho empleado público tiene el salario hipotecado, por qué entonces, no aplicar esos gastos como deducibles para el proyecto que está formulando denominado IMPUESTO SOLIDARIO, el cual al final sería para la población laboral IMPUESTO CONFISCATORIO, debido a que el empleado público tiene comprometido su ingreso para pagar la casita.

Señor Ministro, aterrice; el funcionario promedio no tiene su posibilidad de pagar CASH casi un millón de dólares por una “casa”, entonces por qué no gravar las grandes mansiones o propiedades de miles de manzanas o hectáreas cuyos dueños han gozado de exoneraciones en materia agropecuaria, por qué no gravar los capitales en activos de las distintas clínicas privadas que gozan de exoneraciones por insumos médicos, y todos esos datos los tiene a la mano debido a que los puede conocer por ser datos generales, en nada serían confidenciales, cada sector de la economía es cuantificable y ese parámetro le brindaría un indicador de impacto muy preciso, aunque hay datos irregulares por evasión o elusión o fraude fiscal.

Por qué no pensar en retener los pagos de proveedores del gobierno en insumos médicos, si se muere el asegurado, se les cae el negocio, por qué no retener un porcentaje de lo facturado al gobierno en general para ese propósito y también detener la construcción de infraestructura, negocio de unas pocas constructoras. De los alquileres, ya conoce bastante.

En fin; soluciones hay muchas, actores de interés también, de tal manera que si conoce la política fiscal del país, no se vale que en 15 días de pandemia los grandes consorcios financieros, hoteleras, otros turísticos, y quien “más pinol traga” se diga estará en crisis, cuando han comerciado durante muchos años.

Y tal cual recomendamos en otro correo, debe restringir la transacción electrónica de los fondos financieros en los bancos de esos grandes capitalistas, para que no quiebren el país, o se terminen robando los derechos laborales que le asisten a los trabajadores.

Enviado a SURCOS por el licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.

Ilustración: https://www.ciat.org/mejoramiento-de-la-administracion-de-justicia-tributaria/