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La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. (Z. Bauman)

Un ejercicio comparado Argentina-Costa Rica

Manuel Hernández

A título únicamente ilustrativo, por muchas razones, me seduce comparar las medidas laborales de emergencia, que en tiempos de pandemia, adoptaron dos gobiernos de América Latina: la Nación de Argentina y nuestro infaltable sistema democrático.

En parte, una de las razones es que, como sabemos, cuando asumió recientemente la Casa Rosada Alberto Fernández, Argentina estaba y sigue estando en una situación económica y financiera muy seria, mucho más grave –como decía Benedetti- que la situación de nuestro país, cuando irrumpió esta virulenta e interminable pandemia.

Pues bien, sin más introducción, paso a comparar, de manera muy breve, las medidas laborales de emergencia y temporales adoptadas por ambos Gobiernos:

1.- El Gobierno de la Nación de Argentina le aseguró a todos los trabajadores y trabajadoras la percepción íntegra de los salarios.

Nuestro vernáculo gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, hasta un 75% de las horas por semana y en consecuencia, proporcionalmente la rebaja de los salarios.

Este proyecto, mediante una vía ultra rápida, es hoy una exultante ley de la Republica.

2.- El de Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo.

El criollo promovió frenéticamente la suspensión de los contratos de trabajo y promulgó una normativa reglamentaria que licencia, también por la vía ultra rápida, la autorización de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada de trabajo, sin la menor intervención de los trabajadores afectados, cuyas resoluciones ministeriales se editan como rotativos de periódicos.

Al hilo de estas licenciosas resoluciones de la Inspección de Trabajo, que irónicamente le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos, tienen en cuarentena el hambre confinada en sus estómagos y además, a más de 71.000 se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

Además, como si lo anterior no fuera poco, están por resolverse más de 700 solicitudes patronales pendientes, de acuerdo con el último corte oficial, al 20 de abril, de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de MTSS.

La suspensión de los contratos de trabajo, por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar por otro período igual, que veremos hasta donde va a extenderse más esta medida gubernativa, en realidad, en la práctica, configuran despidos encubiertos, que despojan a las y los trabajadores de un derecho fundamental, esencial; es decir, todo un fraude de ley que se cohonestó.

 3.– El gobierno de Argentina prohibió los despidos, salvo los disciplinarios, como lo hicieron también, vale acotar, los gobiernos de Italia y después España.

Por contrario, el gobierno más pura vida, no estableció ninguna medida que limite los despidos de las y los trabajadores, a los cuales se les dio luz verde, que son miles las personas que perdieron su empleo.

En resumen, tenemos, por una parte, un gobierno que apostó por resguardar a las y los trabajadores, proteger el empleo y el salario, y por otra parte, un gobierno de unidad neoliberal, manejado por un sindicato, si por un sindicato, pero un sindicato patronal, que apostó exclusivamente por los espurios intereses del empresariado.

El problema, entonces, ya no es solo cómo se distribuye la riqueza, sino además, parafraseando a Ulrich Beck, cómo políticamente se distribuyen los riesgos y los daños sociales y económicos de la pandemia.

No son daños colaterales, como por ahí afirman algunos, son daños estructurales inherentes a un modelo fundado en la explotación de la clase trabajadora.

UNDECA solicita licencia remunerada para personal con aislamiento domiciliar por contacto con COVID-19

Escrito en . Publicado en Trabajo.

UNDECA desde el inicio de la pandemia, hizo las gestiones para que se reconociera como un riesgo de trabajo la incapacidad por Covid-19. El día de hoy presentamos un nuevo reclamo ante la Junta Directiva de la CCSS, en tutela de los intereses de todo el personal de la institución, que están cumpliendo un papel determinante, de primer orden, en la atención sanitaria de la situación tan aciaga que estamos viviendo por este virus tan letal.

A las personas trabajadoras, que mediante una medida sanitaria se ordena su aislamiento domiciliar (cuarentena obligatoria), porque con ocasión del desempeño de sus labores, han tenido contacto con un paciente o compañero de trabajo diagnosticado positivo por coronavirus, y que, en definitiva, no resulte positivo por aquella enfermedad, se les tramita una incapacidad común, a cargo de la CCSS.

El servidor no solo sufre un menoscabo emocional por la incertidumbre y la desgastante espera, sino que producto de esta incapacidad, se les reconoce el pago de un subsidio que, desafortunadamente, implica una reducción proporcional del aguinaldo, el salario escolar y las vacaciones.

UNDECA solicitó a la Junta Directiva un transitorio al artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales, o que disponga un acuerdo para evitar esta afectación patrimonial, de forma que, en lugar de una incapacidad se reconozca los días de aislamiento sanitario como una licencia.

Los y las trabajadoras de la Caja diariamente ejercen su labor con dedicación y valentía, a pesar de la amenaza potencial de contagio con el mortal virus, por lo que es completamente justo y merecido el beneficio solicitado.

San José, 21 abril 2020

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Sector público: primera línea de defensa contra el COVID-19 y otros ataques

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Para el SEC es de profunda preocupación la ruta por la que ha llevado la discusión del Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.

Es inaudito que en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica provocada por la Pandemia del COVID-19, pretendan aprobar ese presupuesto donde casi el 70% será destinado al pago de Deuda Externa.

Consideramos que la prioridad debe ser única y exclusivamente hacer frente a los gastos que genera nuestro sistema de salud pública y solventar las necesidades apremiantes de los sectores más pobres del país, incluyendo aquellas familias que ciertas empresas retrogradas conservadoras dejaron en abandono al reducir jornadas, suspender contratos y despedir personal ¡Es injusta y repugnante esa conducta!

Alertamos que en ese presupuesto extraordinario se establece un recorte de ¢11,3 mil millones, que provienen del no pago de anualidades a los trabajadores del sector público, esto sin estar en discusión el proyecto de ley 21917 sobre las anualidades.

Basta de tanta persecución, represión y amenazas contra el Sector Público, de pretender arrebatarle los componentes salariales de ley que con justo derecho y dignidad se han ganado (dedicación exclusiva, carrera profesional. salario escolar, aguinaldo y otros).

Es el momento de que el Poder Ejecutivo recurra a los entes internacionales para que busque financiamiento que ayude a resolver el problema estructural de la economía nacional sin tener que arrodillarnos ante el yugo opresor del condicionamiento, que además pone en riesgo nuestro Estado Social de Derecho, dicho en otras palabras: “No entregarnos a las políticas neoliberales de la privatización y recorte del Estado”, no debemos aceptar este chantaje.

La crisis que enfrentamos debe ser atendida con la solidaridad de todas y todos, aportando proporcionalmente de acuerdo con nuestras posibilidades sin egoísmos y sin intereses particulares, sin intereses neoliberales salvajes.

Costa Rica somos todas y todos, el sector público está en la primera línea de defensa ante esta pandemia, no lo desgasten más, ya que mantener este ataque podría aumentar el detrimento social de miles de familias.

“Evasores y Elusores YA ES HORA DE que aporten a esta crisis, en vez de escudarse en el SECTOR PÚBLICO”

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por SEC CR.

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CTRN pide respuesta a autoridades por finanzas de sector laboral

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Compartimos las siguientes consultas enviadas a diputados, diputadas, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central en cuanto a la situación financiera de amplios sectores laborales y de pequeñas empresas afectadas por la crisis económica provocada por el COVID-19. Las cartas son firmadas por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

Nota-a-PBCCR-y-MH-SSS-CTRN-04-2020Descarga
Consultas-de-la-Secretaría-de-Seguridad-Social-de-la-CTRN-a-diputados-y-diputadasDescarga

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SINTRAJAP denuncia falta a deber de probidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) envió a SURCOS un documento en el cual se denuncia “cobros irregulares en JAPDEVA faltando al deber de probidad”.

La dirigencia sindical se pregunta si lo que busca la presidencia ejecutiva y otras instancias del gobierno es desaparecer a JAPDEVA.

“Denunciamos formalmente a la Administración de JAPDEVA, representada en la figura de la Licda. Andrea Centeno, como responsable de la pérdida de recursos de la institución en lo referente a los servicios portuarios, le indicamos que en reiteradas ocasiones nuestra organización ha enviado notas y presentado alternativas para cobrar todos los servicios que brindamos, sin embargo, hasta el día de hoy los seguimos regalando”.

El sindicato agrega que “en el pasado nos indicaban que no había espacio para organizar de forma correcta el trabajo en los muelles como se acostumbra a nivel mundial o la competencia más cercana que es APM, sin embargo, una vez que nos quitan la carga ilegalmente nos sobra espacio por la poca carga que estamos manejando, por lo que ya no hay excusa para no implementar un mecanismo operacional que nos permita cobrar por todos los servicios que podemos brindar y no seguir regalando los servicios”.

SINTRAJAP detalla que no se utiliza la disponibilidad de maquinaria, no se pesa la carga a la entrada, se contrata maquinaria privada quedando en desuso la propia de la institución y por tanto se da la imposibilidad de ingreso por este concepto, se omite el uso de conexiones de tomas eléctricas, no se realiza la recepción y adelanto de cargas de exportación previo a la operación de los buques en el patio de almacenamiento”.

La organización laboral expone que “esta situación está afectando gravemente, ya que se impide mejorar los ingresos a JAPDEVA provocando un perjuicio económico por la falta de ejecución del reglamento portuario”.

Si JAPDEVA usa todos los equipos para brindar todo el servicio cobraría $117 dólares, pero solo cobra el uso del muelle o servicio de carga y descarga, que ronda los $17 dólares, perdiendo por cada movimiento de contenedor $100 dólares.

“Lo anterior significa incumplimientos de deberes a la ley orgánica de JAPDEVA (artículos 29, inciso b y conexos) y al reglamento de operaciones portuarias en sus artículos 3, 4, 51, 57, 61 y 72”, dice el comunicado.

“No entendemos como la alta administración puede justificar no cobrar, aun cuando estos servicios están aprobados, y peor aún, estando la institución necesitada de ingresos. Solo una administración que no defienda la ley de JAPDEVA puede estar permitiendo estas cosas”, indica SINTRAJAP.

Otras faltas

A lo anterior, se suman compromisos incumplidos con las personas que se acogieron a la prejubilación. Hay casos de hasta 5 meses a quienes no se aplica lo establecido en la Ley 9764, y por ello, esas familias están a la espera del pago por pensión.

En una nota dirigida a autoridades nacionales y a la ciudadanía, el sindicato llama la atención en torno a “la inseguridad laboral de los trabajadores de JAPDEVA y Limón, al mismo tiempo, que nos afecta la emergencia por la pandemia del COVID-19”.

Otro tema en el cual SINTRAJAP reclama la falta de respuesta es el centro médico, pues no se ha nombrado a la persona profesional en medicina.

Asimismo, “muchos trabajadores operativos no contaban con guantes, mascarillas ni siquiera alcohol en gel. SINTRAJAP repartió alcohol en gel y guantes, así consta en los libros de actas de los guardas de turno del puerto Moín y de la entrada de la administración de desarrollo”, dice la denuncia.

Otras irregularidades se refieren a la situación de personal interino y suplente con más de 1 año laborado sin cumplir la obligación de pagar la cesantía a quienes tienen continuidad de al menos un año. Hay muchas personas que se han ido de la institución sin que se las haya reconocido de forma correcta su trabajo en horas adicionales a la jornada ordinaria, según se explica en el documento recibido por SURCOS.

El documento expone un caso: “Alberto Salas Padilla tiene de laborar en JAPDEVA 35 años y cumplió los 55 años en el mes de vigencia de la ley 9764, o sea en el tiempo para escoger una de las 3 opciones de la ley 9764. Creemos que el que está dentro del plazo, tiene derecho. El señor Salas escogió la opción de prejubilarse, la administración le dio el trámite correspondiente a todo el proceso de la prejubilación. Al final le están rechazando haber escogido prejubilarse, lo que no es de recibo por las siguientes razones: El compañero Salas quedó automáticamente despedido sin que él haya escogido esa opción. Porque el despido no estaba dentro de las 3 alternativas de la ley 9764. No le brindaron la opción de escoger bono o quedarse trabajando lo están despidiendo descaradamente. La administración debió cerciorarse que él reuniera los requisitos de la opción escogida desde el principio, e indicarle claramente que no cumplía, para que él pudiera escoger otra opción que la ley permitiera, situación que no se cumplió. Indicamos que SINTRAJAP tiene planteado un proceso legal, basados en el artículo 136 de la Convención Colectiva, en ese sentido existe una medida cautelar donde JAPDEVA no puede despedir a nadie. Entonces en el caso del señor Salas, él no puede quedar despedido violentando el derecho de defensa y el debido proceso, principios establecidos en la Constitución Política y la Convención Colectiva”.

SINTRAJAP ya presentó a la administración una propuesta de solución a casos como el narrado y espera una respuesta justa de parte de la administración.

Propuesta de SINTRAJAP

– Recaudar ingresos con el objetivo de poder hacerle frente al pago del dinero de la Ley 9764, que se tiene que honrar según lo establecido en dicha ley.

– No tercerizar o cooperativizar las partes más rentables de JAPDEVA.

– Ejecutar acciones para incrementar los ingresos: Corto plazo: a) Cobrar el 100% de los servicios usando todos los equipos y las instalaciones que tiene JAPDEVA en la carga y descarga. b) Hacer la zona de transferencia para el recibo y despacho de las mercancías, si tomamos en cuenta la poca carga que está manejando JAPDEVA no se debería regalar un solo servicio, si corregimos la forma de cobro y de brindar el servicio, con eso estaríamos recuperando un porcentaje alto en los ingresos. Esto si comparamos que hoy casi todo sale a despacho directo o que por alguna razón no se está cobrando el 100% de la tarifa aprobada por la ARESEP por falta de toma de decisiones. c) Se debe hacer usos de las tomas eléctricas, además la carga debe estar anticipadamente en el puerto para que JAPDEVA brinde los servicios portuarios, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Portuarios. Mediano plazo: a) Corregir tarifas portuarias, traerlas a valor presente, tomar en cuenta como mínimo la inflación acumulada y la variación del precio del dólar, corregir tarifas donde se regala el servicio, por ejemplo: montacargas, turismo. Esto debe ser corregido de inmediato. b) Otros servicios desfazados son los remolcadores, ejemplo tenemos tarifas para remolcadores de 30 toneladas de empuje, y recientemente JAPDEVA adquirió un remolcador de 60 toneladas de empuje y se cobra con la misma tarifa de 30 toneladas, se debe corregir de oficio. c) Presentar una fórmula de ajustes portuarias ante ARESEP, con base en la inflación y a la variación del dólar. d) Corregir el cobro de muellaje a RECOPE, hoy solo se le cobra $ 0.15 por TRB (tonelaje de registro bruto) cuando el muellaje en general se cobra $0.97 por tonelada perdiéndose por este concepto $ 0,82. e) Cobro de muellaje de factura histórica a RECOPE por el servicio de muellaje que no se le cobraba y que supera los 17 mil millones.

La propuesta de SINTRAJAP señala con precisión:

“Si JAPDEVA se fija como meta mover 200 mil contenedores en el año 2020 y si hacemos los cobros que como Autoridad Portuaria y con las tarifas actuales corresponde, estaríamos generando más de 32 mil millones de colones, entre otros servicios que brindamos como lo serian: cobro por las tomas eléctricas, almacenaje, consolidación, remolcajes. Como podemos ver solo lo que se ocupa es entrega y hacer lo mejor como funcionarios públicos”.

El sindicato solicita que la presidenta ejecutiva “sea sustituida para detener el gran daño histórico social, económico y legal a la clase trabajadora en la provincia de Limón y el país”. Asimismo, “que se corrijan de forma inmediata todas estas anomalías legales y derechos de los trabajadores para evitar dejarlos en indefensión. Corregir los cobros que afectan la institución JAPDEVA y por consiguiente la economía del país”.

El documento está firmado por el licenciado Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP.

SINTRAJAP entregó al personal guantes, mascarillas y alcohol en gel.

Imagen de cabecera: Semanario Universidad.

Encuesta de percepción sobre el solidarismo costarricense

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«Nos interesa conocer su opinión (*) sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.

Le solicitamos su valiosa colaboración y se sirva contestar las breves preguntas planteadas.

Este es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Academia Solidarista Alberto Martén y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, quienes han considerado importante y necesario conocer su opinión sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.

Por esta razón, para efectos de ampliar y conocer el sentir del sector solidarista referente a la realidad del Solidarismo Costarricense, después de más de siete décadas de vigencia en el ámbito nacional les compartimos este instrumento.

Sus respuestas nos permitirán obtener información muy valiosa para la sistematización y construcción de un documento propositivo sobre el Eje: “Trabajo decente y desarrollo económico”, tema: “Solidarismo”, que promueve el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional».

(*) La encuesta es para personas afiliadas al solidarismo.

Enlace a la ENCUESTA:

https://www.peadepencuestas.una.ac.cr/limesurvey/index.php/924138?lang=es

Enviado a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Voz experta: Algunos datos de teletrabajo en Costa Rica previos a la emergencia por COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Por Alejandro Amador Zamora, economista e investigador en el Prosic-UCR

  • No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida

Alejandro Amador Zamora, investigador en el Prosic-UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.

Debido a la emergencia sanitaria que enfrenta Costa Rica y el mundo debido al COVID19, las autoridades han hecho énfasis en promover el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado en todos los puestos que puedan ser realizados desde esta modalidad para promover el aislamiento social y contener el avance del virus.

Parte de la facilidad de efectuar teletrabajo en el contexto de la emergencia nacional se debe a que el mismo no es algo nuevo para nuestro sector empresarial. Según un sondeo realizado a empresas nacionales asociadas a diversas cámaras del sector productivo nacional, realizado para el Informe 2019 del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR (Prosic), un 42% de las empresas participantes señalaron realizar teletrabajo. Del total de empresas que señalaron realizar teletrabajo, 2 de cada 5 tenían al menos dos años de utilizar esta novedosa modalidad.

En el contexto de la emergencia nacional, el mayor beneficio del teletrabajo es la forma en la que este promueve el aislamiento social y el control del virus. Sin embargo, también existen numerosos beneficios para las empresas en tiempos de mayor normalidad, principalmente los más reconocidos por los empresarios en el sondeo son el ahorro de recursos para el negocio y la satisfacción del trabajador.

Otros beneficios que vale la pena considerar son una mayor productividad y menor rotación de personal. La primera puede deberse a que, al teletrabajar, el colaborador tenga menos fuentes de distracción que las que experimenta en su lugar de trabajo y la segunda indudablemente está relacionada a la mayor satisfacción del trabajador; una menor rotación de personal es beneficiosa para la empresa, pues hay una menor pérdida de capital humano que además puede promover que el empresario invierta más en sus colaboradores. En general los resultados respecto a beneficios percibidos por el teletrabajo se muestran en la Figura 1, tomada del Capítulo 5 del Informe 2019 de Prosic.

Figura 1 Beneficios percibidos por el Teletrabajo Sondeo 2019

Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 231 (Amador, 2019).

También existen retos que deben ser enfrentados para la implementación del teletrabajo. Entre las dificultades existentes están los problemas de conectividad, la poca claridad en el reglamento laboral, las limitaciones tecnologías ente otros. Tal vez uno de los aspectos más interesantes es lo que se muestra en la Figura 2, la cual muestra la evolución de las preocupaciones de los empresarios en torno al teletrabajo para los sondeos realizados por Prosic del 2017 al 2019.

En la figura, se muestra una caída en la preocupación de los empresarios por la capacidad técnica de los empleados, la productividad, las limitaciones tecnológicas y los problemas de conectividad. Es decir, parece que conforme avanza el tiempo, mejora la tecnología y aumenta la experiencia de las empresas aplicando teletrabajo, los problemas técnicos del teletrabajo parecen irse resolviendo.

En contraste, la poca claridad en el reglamento laboral muestra una tendencia opuesta, aumentando en el tiempo. Parece que conforme el problema técnico se resuelve, las complejidades legales del teletrabajo se convierten gradualmente en la mayor preocupación del empleador.

Figura 2 Problemas percibidos en la aplicación del teletrabajo 2017 – 2019

Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 232 (Amador, 2019).

De igual manera, la amplia utilización del teletrabajo tanto por el sector público como el privado en el marco de la crisis de salud mundial dejará importantes lecciones sobre esta modalidad. Casa Presidencial informaba el pasado 18 de marzo que, para esa fecha, más de 14 000 funcionarios públicos de 56 instituciones se encontraban utilizando la modalidad de trabajo remoto. No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida en la que mejoras en eficiencia y reducción de costos serán claves para la sobrevivencia de muchos negocios.

 

Alejandro Amador Zamora
Economista e investigador en Prosic-UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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CTRN solicita alivianar situación financiera de trabajadores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), entregó a las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses,  pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); un documento solicitando aliviar la pesada situación financiera que viven los y las trabajadoras, pues si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago.

Compartimos la nota.

15 de abril del 2020

Nota sobre documento CTRN N° 083-2020

El documento fue enviado de parte de la Confederación de Trabajadores RERUM NOVARUM CTRN, dicho documento fue firmado por Lenin Hernández Navas, Presidente CTRN y por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Socia CTRN, este se dirige a Diputados y Diputadas Jefes y Jefas de Fracción.

Asunto: Trámite y Aprobación de Expediente Legislativo 20861.

La organización se apersona ante las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses, pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); para solicitarles que interpongan sus buenos oficios, a fin de aliviar la pesada situación financiera que viven hoy estos estamentos sociales.

Se menciona que las tasas de interés que les cobran por esas deudas no tiene relación alguna con parámetros como la inflación, las tasas de referencia bancarias o la tasa básica, pues hay personas que están soportando tasas del 210%, 120%, 80 % y 50% anual.

Dado lo anterior hay personas que se están aprovechando de los afectados y ofrecen el capitalizarles la deuda y los intereses de sus obligaciones, con lo que el compromiso económico de cada uno crecerá a tasas exponenciales, lo que los condena a cuotas cada vez mayores que se harán impagables.

Si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago y serán los mismos entes financieros quienes no podrán recuperar su capital, por lo que en algún momento también sufrirá el sistema bancario.

Algunos datos reveladores que permiten visualizar la preocupación son que:

1-        El 60% de las familias costarricenses tienen deudas, esto significa concretamente unas 920.000 familias.

2-        Según datos del BCCR, el saldo de la deuda de los hogares en el sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), ha aumentado casi en un 70% en colones corrientes del año 2013 al 2018.

3-        Conforme se avanza en el quintil de ingreso, el porcentaje de hogares con al menos una deuda crece. Por ejemplo, un 41% de los hogares del quintil I, tiene una deuda, mientras que en el III y en el V, esos porcentajes son del 59.4% y del 74%, respectivamente.

4-        El 30% de los préstamos se tienen con comercios tipo almacenes de electrodomésticos y agencias de autos.

5-        Tomando cifras de estudios diversos se puede concluir que unos ₵4 billones están a tasas efectivas promedio del 60%.

Petitoria

Debido a lo anterior, con relación a la deuda privada generada en el país y la medidas tomadas por los entes financieros de recapitalizar las obligaciones crediticias de los deudores, se solicita con urgencia la aprobación del proyecto de ley contenido en expediente Legislativo 20861, pero con una tasa de interés para tarjetas de créditos, créditos de consumo y de emprendimiento más favorable para los deudores, tal como lo hacen los países pertenecientes a la OCDE, como punto de referencia.

 

Imagen enviada a SURCOS por CTRN.

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