En su exposición, el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Lenin Hernández Navas, expone la forma como actúa el sector financiero en esta crisis del COVID-19. Le invitamos a ver el video:
Vladimir de la Cruz
La crisis de la pandemia del coronavirus no debe descansar en los hombros de los trabajadores, ni en sus salarios ni en sus pensiones. Algunas reflexiones.
La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que ha desembocado en una paralización parcial de muchas actividades y procesos productivos, a nivel mundial, regional y nacional es evidente. Nadie sensato puede negarla ni ocultarla.
El sistema mundial de la economía globalizada, y super encadenada a nivel internacional, ha entrado en un laberinto de relaciones comerciales y productivas internacionales y globales, donde incluso se aprecia la prepotencia de algunos países, superpotencias que lo son, que compran al contado instrumentos médicos, que se necesitan en estos momentos, evitando que se vendan a crédito a otros países, que anticipadamente los habían contratado, en una nueva forma de piratería comercial internacional, como está haciendo Estados Unidos, que fragmentaliza y debilita más a los países pequeños y a los que dependen de las tradicionales compras internacionales contra facturas de pago, contra pagos diferidos, y no por compras al contado, de pago inmediato.
Esta pandemia incluso ha provocado teorías y discusiones sobre la crisis actual del capitalismo mundial, en esta fase económica en que se desenvuelve desde 1990, y hasta discusiones sobre su crisis, su falla y su posible muerte, sin que alternativamente se ofrezca un sistema diferente y mejor. Hay quienes quisieran ver al coronavirus como una enfermedad típica del capitalismo.
Antes de 1990 al menos había el escenario de Socialismo versus Capitalismo. Hoy ese escenario no existe en planteamientos políticos, ni político electorales.
También se discute sobre un nuevo escenario de relaciones geopolíticas internacionales, donde siguen destacando como cabezas hegemónicas la República Popular China, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea está relegada a un segundo lugar.
En las sociedades y países capitalistas que vivimos, por su estructura social, por sus graves y bien marcadas diferencias sociales, por la exclusión social, por la marginación social de grandes conglomerados, por las malas condiciones de vivienda, de mala infraestructura, de malas condiciones higiénicas en general, falta de agua, electricidad, letrinas y manejos de aguas negras, por los malos accesos a la salud pública, por la carencia de seguridad social, parecida a la de Costa Rica, el impacto de la pandemia puede ser catastrófico para algunos países más que para otros.
De esta situación no escapan grandes países y modelos capitalistas como el de Estados Unidos, hoy el epicentro de expansión de la pandemia. Y no deja de afectar a ricos y a altos funcionarios políticos, como es el caso del Primer Ministro Inglés, que tendría más posibilidades de vivir si estuviera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, que del hospital inglés en que se encuentra, con todos los cuidados del caso por su investidura política.
Muchos sectores, especialmente, los sociales, sindicales y de ubicación en la izquierda política, se quedan en su ataque en la estructura capitalista económica y política, sin ofrecer alternativas ante la misma crisis, cuando son decisiones que se deben tomar desde las estructuras de Gobierno, Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa principalmente. Esto es obvio porque no están allí, en esas estructuras políticas, de toma de decisiones, y porque tienen pocos márgenes de acción política directa. Su posición en ese sentido es débil, lo que envalentona a quienes sí tienen capacidad de decidir, y lo están haciendo a expensas de los sectores asalariados y pensionados.
En esta crisis pandémica no es suficiente el ataque al capitalismo como sistema. Este es el sistema dominante en casi todo el mundo. Pocos países tienen sistemas económicos y políticos diferentes, la República Popular China, Vietnam, la República Popular Democrática de Corea y Cuba. En América Latina solo Cuba destaca con un sistema diferente, especialmente en salud, en este momento, sin superar a Costa Rica. Venezuela, Nicaragua y Argentina no tienen un sistema económico y político socialista, tan solo gobiernos que se dicen de izquierda. Esa discusión se abrirá, y quizá será muy necesaria, después de superada la pandemia, y faltan muchos meses.
Países suramericanos que estuvieron hasta hace poco tiempo gobernados por sectores progresistas y de izquierda están pésimos en su infraestructura hospitalaria y sanitaria, frente a la pandemia. El caso más dramático es Ecuador, con Rafael Correa que gobernó desde el 2007 hasta el 2017, que con su Revolución Ciudadana no logró desarrollar una base sanitaria y de seguridad social importante, que ha estallado en este momento. En Venezuela, lo que se tiene en salud es lo logrado hasta el 2009, todavía bajo Hugo Chávez y el apoyo de los médicos cubanos, en la Misión Barrio Adentro. En Brasil, desde el 2003 hasta el 2016 con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, y con el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, desde 1995 hasta el 2002, poco se hizo en infraestructura de salud y sanitaria, exhibiendo hoy a Brasil con graves problemas de atención a esta pandemia. En Argentina, bajo el gobierno de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, desde el 2003 hasta el 2015 tampoco se hizo mucho. En Bolivia, con Evo Morales, y su Revolución Multiétnica y Pluricultural, desde el 2006 hasta el 2019, tampoco se hizo mucho en lo hospitalario y sanitario. Bolivia y Ecuador nacionalizaron recursos minerales y naturales cuyos beneficios no se proyectaron en esos campos. El carácter de la pandemia ha afectado a todos los países. Nadie está exento del coronavirus, ni ninguna clase social tampoco.
La pandemia ha obligado a desarrollar soluciones médicas, sanitarias y epidemiológicas para enfrentarla, tanto a nivel mundial, internacional, como locales o nacionales. En esto Costa Rica está, en términos generales, muy bien. Las medidas que se han venido tomando, en este sentido, impulsando y obligando a acatar, por el Gobierno, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad están provocando los resultados esperados, con aceptación general de la población en gran medida.
En lo que está mal, me parece, es en hacer descansar el peso de la crisis, y de la situación económica que ella provoca, en los sectores trabajadores de asalariados, y de los pensionados, tanto del sector público como privado.
En esta crisis, hasta hoy, en ningún país del mundo, se ha hecho cargar, con medidas contra los salarios y las pensiones, el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.
Solo en Costa Rica se han aprovechado los zopilotes que rondan, permanentemente, sobre las condiciones de vida y del bienestar laboral, y de los derechos sociales, para atacar con virulencia, más fuerte que la del coronavirus, contra los salarios y pensiones de los trabajadores, y debilitar por carambola los derechos sociales y laborales. Algunos de estos zopilotes desearían el marco de las relaciones laborales, y de trabajo, del siglo XIX, o las del feudalismo o el esclavismo.
Históricamente, desde el siglo XIX, ha habido una lucha permanente, válida moralmente, por subir salarios y rebajar jornadas de trabajo. Hasta la Iglesia Católica, con la Encíclica Rerum Novarum se sumó en esta lucha y defensa de los trabajadores.
La historia social y de la seguridad social, en general, está asociada al impulso de los trabajadores por impedir que les aumenten sus jornadas de trabajo y por impedir que les rebajen sus salarios. La lucha ha sido por rebajar jornadas de trabajo, que se ha establecido a escala internacional en ocho horas de trabajo diario, algunos países tienen menos, y por aumentar el salario. Por su parte los patronos o empleadores tratan de luchar por rebajar los salarios y aumentar las jornadas de trabajo, e intensificar de esa manera la extracción de la plusvalía. La vida bajo los sistemas capitalistas ha hecho que esta relación se establezca bajo la modalidad de que los salarios suben en escalera mientras los precios de los productos suben en ascensor, agobiando las condiciones de vida, de trabajo y empobreciendo las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.
Los patronos y empleadores actuales, ayunos de la filosofía de las políticas públicas sociales y de la seguridad social, y del Estado Social y Benefactor, que ha marcado el desarrollo del país, en los últimos 100 años, y especialmente a partir de 1943 y 1949, se han tirado bravamente, y de manera perversa, aprovechando esta situación de la pandemia, contra todo el engranaje de estas políticas públicas, de salud y seguridad social, del Estado Social de Derecho, y contra los Derechos Sociales y Laborales desarrollados y consolidados en el país, con el ánimo de acabar con ellos o con lo que se puedan reducir.
Como el Can Cerbero del Hades, con sus tres cabezas y su cola de serpiente, procuran, los representantes del capital, en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y fuera del gobierno, que los trabajadores se mantengan en el infierno, que como muertos no salgan de su infierno, y no puedan entrar al mundo de los vivos, de las mejores condiciones de vida y de trabajo. Igual que en el ser mitológico de sus colmillos, de su lenguaje, se desprende un veneno negro y mortal, un mensaje de que la culpa de la situación económica es la de los salarios y las pensiones de los trabajadores.
El Can Cerbero es fiero y agresivo, sobre todo al momento de cuidar su puerta encomendada, la de la culpa de los trabajadores con sus salarios y pensiones. Como en la leyenda mitológica a todo Can Cerbero le llega su Orfeo y su Hércules. Ellos lo hicieron con la música de su lira y su fuerza. Ya habrá tiempo para la reorganización social.
Falta el mensaje alternativo, realista y posible, de parte de los sectores sociales que contribuya a desarrollar salidas posibles a la crisis de empleo, de desempleo y de pobreza que está provocando el coronavirus. La fuerza de Hércules, del movimiento social organizado, quedará para el momento en que se supere la crisis epidemiológica y pandémica que nos afecta.
Por ahora insisto. No hay país en el mundo, un solo país, excepto Costa Rica, que haya hecho descansar, en el discurso y en la realidad, el enfrentamiento de la pandemia congelando aumento de salarios, rebajando salarios y pensiones.
Los salarios y las pensiones no debieron, ni deben tocarse, en este período de crisis. Los salarios de los trabajadores y las pensiones de los trabajadores jubilados son sagrados, son sus medios de vida. Las pensiones, salvo un pequeño grupo de ellas, son reducidas respecto al salario que las provocó.
Los salarios y las pensiones de los trabajadores, en su inmensa mayoría, están comprometidos con las deducciones de ley, con préstamos, con rebaja de pensiones alimenticias, con hipotecas, con embargos. En el caso de las pensiones del magisterio, de la JUPEMA, independientemente de si son altas o no, se les rebaja casi el 60% de su asignación nominal para establecerlas entre un 40% y 55% de recibo efectivo. Y con las leyes que se aprobaron tributariamente se amenaza de reducirlas casi en un 75%.
Los trabajadores, y las personas que, de buena fe, hablan contra las pensiones altas, las “pensiones de lujo”, como las han estigmatizado, no entienden que son resultado de los salarios que devengaban esas personas. Tampoco entienden que luchando contra las altas pensiones, luchan contra las bajas pensiones, para ponerles techo a las bajas pensiones, para reducirles su techo. Cuando se rebajan las altas pensiones se les ponen techos más bajos a las bajas pensiones. Cuando luchan contra los altos salarios, luchan en el fondo por mantener bajos los salarios. Esta es la lógica del engatusamiento en que meten, con cantos de sirena, a quienes levantan estas banderas.
Ciertamente hay empresas que deben reducir su caudal productivo, paralizar ciertas funciones, suspender ciertas tareas. Ello supone que los trabajadores de esos trabajos no teniendo nada que hacer pueden ser despedidos, suspendidos de sus trabajos, con los respectivos ceses de salarios y rebajos salariales, si bajan sus jornadas. Esta es la realidad. Para ello no se necesitaba modificar leyes, ni establecer leyes especiales que no les garantizan nada a los trabajadores víctimas de esta situación.
La paralización que se ha impuesto, en todo el país, es resultado de una situación que sobrepasa los intereses nacionales del Estado y del sector empresarial. La paralización institucional y empresarial impuesta por la pandemia, es ajena a la responsabilidad de los trabajadores. La incapacidad de trabajo de los trabajadores no es voluntaria. Es involuntaria, impuesta a los trabajadores como si les sucediera un accidente, por la fuerza de la naturaleza que les incapacita para trabajar, no porque no quieran trabajar, sino porque tienen un riesgo profesional del que deben cuidarse para mantenerse luego en el trabajo, con las mejores condiciones de salud posibles.
A todos los “suspendidos” de sus trabajos, en este momento de la pandemia, a todos “los despedidos”, mientras dure su condición en tanto esos trabajos no vuelvan a ser activados, se les debe considerar discapacitados, incapacitados, como si hubieran sufrido un accidente laboral que les imposibilita trabajar, y recibir el seguro de incapacitado, que cubre el Estado, la Seguridad Social, o el Instituto Nacional de Seguros, que les permita recibir mientras dure la pandemia, y su “incapacidad” para trabajar, un ingreso mínimo, que está garantizado por ley. Que no se obligue a pagar al patrono lo que le corresponde en casos de estas incapacidades laborales puede ser una medida de emergencia a favor de ellos, pero debe garantizárseles a los trabajadores ese mínimo de ingreso que resulta de su incapacidad laboral a cargo de los sistemas estatales que los cubren. Hay que cambiar la idea de los despidos por la de incapacidades laborales. Así sí contribuimos mejor a atender las necesidades básicas de los trabajadores afectados con las suspensiones de sus trabajos.
En otro escenario están los más de $4000 MILLONES de dólares que han ingresado al país, al Ministerio de Hacienda principalmente, que forman parte de la Deuda Externa, resultado de préstamos de varios organismos internacionales, que en este momento no está claro dónde se están destinando, y se podría estar dando o festinando una danza de millones…
Esos $4000 millones de dólares deben vigilarse muy bien, por los organismos del Estado, por las Defensorías Públicas, para que se destinen a quienes realmente deban ir, si se orientan a ayudar sectores laborales y económicos en este período de crisis, para mantener sus actividades productivas, o para estimular PYMES y MICROPIMES en este período de emergencia nacional, y a productores nacionales, especialmente de alimentos vinculados a la canasta básica.
Ni un cinco de estos $4000 millones debe destinarse a apoyar empresarios que ante la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda no son agentes tributarios, no contribuyen anualmente pagando impuestos, son evasores, de la lista que el Ministerio conoce, y que públicamente se ha denunciado desde hace meses, igualmente con los que son elusores de pagos y de cargas tributarias.
Tampoco pueden destinarse fondos a patronos o empresas que son deudoras de la Seguridad Social, que no pagan lo que deben a la CCSS. Los que no pagan a la Caja son además ladrones de las cuotas de sus trabajadores, que rebajándolas no las entregan a la CCSS, con el doble perjuicio que ocasionan a los trabajadores, de dejarlos fuera de la seguridad social y de perjudicarles hacia el futuro con su pensión, y de cometer el delito de retención continua de salarios, que es como un robo continuado.
También se han hecho denuncias muy importantes, de grandes empresarios, y líderes empresariales, que tienen deudas millonarias con la CCSS, de decenas y centenas de millones de colones, perdiendo ellos, como personas o como representares de cámaras empresariales, toda su capacidad moral de exigir sacrificios, de salarios y pensiones a los trabajadores, cuando ellos retienen, se dejan, o se roban, las obligaciones que tienen con el Estado y la Seguridad Social.
En un momento como el que vive el país, es importante que haya un control de movimiento de divisas internacionales.
Que se estudie y verifique que cualquier “ayuda” que se le dé a empresarios no se desvíe en transacciones internacionales para sacar divisas del país, especialmente de las que están destinadas a ayudar para salir de la crisis, que no deben usarse para incrementar capitales, sobre todo capitales especulativos.
Debe estudiarse el movimiento de divisas hacia los bancos off shore, hacia los bancos en las islas del Caribe y de aquellos destinos que se sabe son para ocultar y amasar capitales.
Que una crisis como esta no produzca otro Panamá Papers, caso que no se ha querido investigar a fondo en el país.
Hay que decir que en una situación como ésta hay quienes, con los fondos públicos que se manejan, por la situación de emergencia que los cobija, con la facilidad que se podrían manejar ciertos fondos y dineros, quieran hacer clavos de oro. Las contrataciones del Estado, de la CCSS, de la Comisión Nacional de Emergencias, por citar estas instancias, no deben hacerse con empresas ni empresarios que hayan quedado mal en el pasado en negocios con el Estado, que hayan estafado al Estado, que hayan hecho malos trabajos o hayan incumplido sus obras. Tampoco contratar con empresarios que han cambiado sus empresas deudoras, o estafadoras, por otras nuevas y limpias, ante el Estado, para seguir chupando de los fondos y préstamos públicos.
El movimiento económico para enfrentar la crisis de la pandemia no debe servir para hacer surgir nuevos ricos de la pandemia.
Si se quieren sacrificios que sean parejos. Los ricos y los asalariados, pero en forma proporcional.
Los salarios y los ingresos de los ricos, de dirigentes empresariales, son una discusión. Muchos de ellos no tienen ingresos en el país, no son agentes tributarios como personas, ni pagan la CCSS. Muchos de ellos reciben salarios parciales en colones y otra parte en dólares depositados en el extranjero o con bonificaciones, que no se declaran en el país. Pero son personas que por sus movimientos bancarios puede saberse muy bien cómo viven y cómo gastan. Por esta razón es que se han opuesto, y con bastante éxito, a las medidas de control que el Ministro de Hacienda ha querido impulsar en ese sentido.
Las empresas de zonas francas no pagan impuestos en Costa Rica. Su régimen de establecimiento les permite pagar sus impuestos en los países de origen. Sin embargo, el mismo régimen de impuestos de esas empresas les permite pagar impuestos en Costa Rica, que ellas pueden deducir de sus impuestos en el extranjero. Este es un buen momento para negociar este pago de impuestos de esas empresas en Costa Rica, en la que todos ganamos. Ellos pagan sus impuestos aquí, cumplen con el pago de impuestos y nosotros nos beneficiamos de ellos. Se puede llegar incluso a un acuerdo que mientras dure esta situación ese pago de impuestos se realiza aquí.
Una medida urgente es eliminar todo pago de usura en intereses bancarios y comerciales, que resulte de pago de tarjetas de crédito y similares, o de ventas a plazo, donde los intereses llegan hasta el 55% o más. Las medidas que se han venido impulsando en este sentido son un plato de babas. En una situación como la que se vive en el país, con desempleo forzado creciente, con jornadas de trabajo disminuidas y con ingresos salariales y de pensiones disminuidos, el ordeño organizado sobre casi toda la población, especialmente sobre los trabajadores y asalariados y pensionados, que se hace por medio de los intereses usureros en este momento es criminal.
En esta crisis las tasas de interés no deberían estar más altas de un 5% en todos los órdenes. Cuando los bancos, públicos y privados, dijeron que bajarían sus intereses de los préstamos, nunca dijeron que bajarían los de sus tarjetas. La tasa de intereses de sus tarjetas, de manera especulativa, es la que les produce sus enormes y multimillonarias ganancias. Pueden bajar otros intereses, pero esos no son lo que hay que bajar. Los que urge eliminar en este período de crisis son los de las tarjetas de crédito o débito, cualquiera que ellas sean.
Hay que congelar los incrementos de alquileres que por ley se permiten anualmente. Y, hay que procurar que, en vivienda social, si a un trabajador se le ha reducido su salario, se le reduzca el pago de alquiler o de abono al banco en la misma proporción.
Hay que congelar los incrementos mensuales, que automáticamente se realizan, por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados.
Hay que asegurar que en las Zonas de Tugurios y de viviendas sociales, el agua llegue gratuitamente si es del caso.
Lo que no debe ocurrir y hay que rectificar es que la crisis no debe descansar en los hombros de la clase trabajadora y de los pensionados.
Alfredo González Flores, en su gobierno, intentó impulsar medidas tributarias, frente a los efectos de la crisis económica de la I Guerra Mundial, de manera que los ricos pagaran o sostuvieran la crisis, y no los sectores pobres o asalariados de aquellos años, 1914-1917.
A José Figueres Ferrer, no le tembló la mano, en 1948, para establecer un impuesto del 10% al capital, para contribuir a pagar los gastos ocasionados por la Guerra Civil.
Tampoco le tembló la mano para nacionalizar la Banca privada, e impulsar la Banca nacionalizada, que mucho éxito tuvo para el desarrollo del país, del sector empresarial y de desarrollo de los sectores medios productores y de la clase media costarricense. Si la banca se mantiene especulativa y usurera es un buen momento para replantear la nacionalización bancaria.
Enviado a SURCOS por el autor.
Imagen: http://josehdezcabrera.blogspot.com/2017/04/la-crisis-y-la-reduccion-del-salario.html
Mientras que solicitan al Gobierno reducir salarios y afectar la estabilidad económica de la clase trabajadora, aprovechan esta emergencia nacional para cuidar su capital. Qué mayor muestra de cinismo que la carta enviada por esta Cámara, al presidente de la República, donde piden que el proyecto 20861 de usura, no sea convocado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, esto sin justificación alguna.
Recordemos que este proyecto pone tope a las tasas de interés, permite delimitar el delito de usura y castigar a quienes lo aplican, beneficiando a toda la población, por lo que lamentamos aún más, el que haya legisladoras y legisladores que favorezcan las peticiones de la UCCAEP.
¿Por qué los medios de comunicación también callan estas acciones, acaso no son la voz del pueblo?
Mantengámonos Unidos para enfrentar esta arremetida contra la clase trabajadora.
Enviado por SEC.
Sea parte de SURCOS:
SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:
M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles
En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.
Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).
1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.
2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.
3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.
4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.
5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.
6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.
Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.
Lunes 6 de abril del 2020
https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/
Observatorio Económico y Social
Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes
Enviado a SURCOS por M.Sc. Roxana Morales Ramos.
“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose” (J. Cortazar)
Manuel Hernández
1.- Estamos experimentando una situación dramática, que nadie en su sano juicio, tan sólo hace algunos pocos meses, podía imaginarse, en la que todos somos vulnerables, pero no todos se exponen al riesgo de la misma manera.
La impronta de la pandemia ha trastocado todo el tejido social y los distintos órdenes del marco jurídico, por cierto, con implicaciones políticas, en el ya de por sí desmantelado sistema democrático de nuestro país.
La pandemia del nuevo coronavirus ha causado una reconfiguración de nuestro ordenamiento jurídico, de carácter emergente y temporal.
Los diferentes espacios de la superestructura han requerido intervenciones de la autoridad política, ya sean de carácter económico, social, comercial, y desde luego, el ámbito sanitario.
El derecho laboral, la seguridad social y los riesgos del trabajo no han estado inmunes a esta reconfiguración normativa de excepción.
2.- En el orden de la protección de la seguridad y salud de las y los trabajadores (riesgos de trabajo), las instituciones públicas concernidas también han dictado disposiciones normativas extraordinarias.
En esta materia, el tema de los equipos de protección personal (EPP), ha concitado un significativo interés en el debate público, a nivel internacional y nacional, cuya discusión, en buena medida, se ha concentrado en el suministro de mascarillas a las personas trabajadoras expuestas a riesgo profesional.
En nuestro país, con toda y más que justificada razón, los sindicatos de la CCSS formularon reiteradas demandas para que a la población trabajadora que está prestando servicios esenciales, se le facilite el equipo de protección personal adecuado e idóneo, incluyendo mascarillas.
3.- El examen de este tema, desde el punto de vista jurídico, no podría ignorar que implica cierto nivel de complejidad, reflejado en las medidas que se han adoptado a nivel global, que no han sido tan homogéneas.
Así tenemos que en varios países asiáticos, Corea del Sur y China, se estableció el uso obligatorio de la mascarilla para toda la población.
En Republica Checa, Eslovaquia y hace muy pocos días Austria, se ordenó también la obligatoriedad del uso persona de la mascarilla, incluidos los centros de trabajo.
En España, esta cuestión está siendo objeto de constante revisión y adecuación.
Tratándose de las medidas y equipo de protección del personal sanitario, el análisis puede que no resulte tan difícil, considerando que este personal está expuesto a una situación de riesgo objetivo, de carácter profesional.
A nivel internacional se han definido varios niveles o escalas de riesgo de exposición profesional (alto, moderado, leve).
El grado de exposición debe definirse técnicamente, de acuerdo con evaluaciones objetivas de riesgo, cuya revisión debe ser constante y dinámica, siguiendo el curso epidemiológico de la pandemia.
La evaluación de riesgo depende de varios factores, tales como el puesto y funciones desempeñadas, el contacto estrecho que el personal sanitario tenga o pueda tener con pacientes diagnosticados, con probabilidades de estar contagiados (sospechosos), o con compañeros de trabajo en condiciones similares y la misma evolución de la pandemia.
Además, existen personas trabajadoras que por su edad, patologías preexistentes (enfermedades crónicas, trastornos inmunitarios, medicación) son susceptibles de graves afectaciones en la eventualidad de sufrir contagio.
Con fundamento en los anteriores criterios deben planificar y definirse las medidas de protección colectivas e individuales.
4.- En este crítico y cambiante entorno, corresponde analizar el alcance de la obligación que tiene el patrono, en este caso la CCSS, de suministrar al personal sanitario, el equipo idóneo de protección individual.
Hay dos cosas muy claras, que nadie razonablemente discute:
En primer lugar, que la tutela de la salud y la vida constituye un derecho fundamental, que ostenta una suprema protección en nuestro ordenamiento.
Este reconocimiento implica el derecho de autotutela de los trabajadores, que se puede ejercer de manera individual o colectivamente.
Este derecho de autotutela o resistencia lo puede ilustrar la reacción de las y los trabajadores del Museo del Louvre, a principio de marzo último, que tomaron la decisión de cerrar el establecimiento, exigiendo que se les facilitaran las condiciones de seguridad y equipos de protección personal adecuados.
Lo que me interesa destacar es que el derecho a la protección de la seguridad, la salud, la vida y la integridad moral del personal sanitario, por más que presten un servicio esencial, no puede quedar recortado y mucho menos enervado, aunque sea en tiempos de pandemia.
Por tanto, no se puede imponer a estos trabajadores un sacrificio personal que comprometa la efectividad de este derecho fundamental.
En segundo lugar, aquella institución sanitaria está obligada a suministrar los equipos de protección personal que aseguren efectivamente la preservación e integridad de la salud y la vida de las personas trabajadoras, conforme lo exige el artículo 284.d) del Código de Trabajo.[1]
5.- Ahora bien, estas dos premisas jurídicas de las que partimos, tenemos que dimensionarlas en el contexto de la pandemia que azota al mundo, cuyo conocimiento científico -se puede sostener-, está todavía en proceso de construcción, en desarrollo, con nuevos hallazgos que van sobreviniendo y todavía sin una vacuna que ataje la amenaza mundial.
Lo cierto es que la cruda realidad está desbordando las proyecciones, y no hay que hacer mucho ejercicio estadístico para constatar que la pandemia está creciendo vertiginosamente, cobrando vidas y muchas bajas sensibles del personal sanitario, en todo el mundo, que ha hecho un esfuerzo titánico, no siempre con los equipos de protección suficientes y adecuados, para acometer este virus con un nivel de contagiosidad muy alto, que según explican los científicos, no tiene parangón con las anteriores epidemias, por lo menos en lo que va de este siglo.
Así las cosas, que cada vez son más serias, no hay espacio para albergar la menor duda de que no puede existir ninguna contención o restricción en el suministro del equipo de protección adecuado al personal sanitario, con todo y mascarillas.
La obligación patronal de facilitar el equipo de protección personal se justifica por partida doble: por un lado, funciona eficazmente como un cortafuegos, para evitar que los usuarios puedan resultar contagiados por el propio personal sanitario.
Por otro lado, pero no menos importante, para proteger la vida de este personal, que precisamente es esto lo que se está jugando: su vida y la de sus seres más queridos, día a día, en cada extenuante jornada.
La virulencia, la velocidad e impacto que nos ha demostrado que tiene esta pandemia, impide que las medidas de protección de seguridad y salud de las personas sanitarias, se puedan planificar y definir con base en parámetros ordinarios, o incluso con sustento en estadísticas basadas en otras pandemias; que dichosamente no fueron tan contagiosas o letales como este despiadado virus que nos tiene reducidos y confinados, menos al personal de salud, que desafiando el advertido peligro tiene que salir a cumplir su deber profesional.
En el ámbito científico existe todavía mucha incertidumbre acerca de este coronavirus, por lo que las medidas de protección colectiva e individual del personal de salud deben ser extremadas al máximo.
Además, corresponde plantearse particularmente la condición de los trabajadores de edad, con alguna predisposición patológica, trabajadoras embarazadas que están en una condición de mayor vulnerabilidad.
Entonces, en este contexto de incerteza, se impone invocar, de manera prevaleciente, por encima de razones económicas y de costos, el principio precautorio, indubio pro salud, que no es ajeno al Derecho de Riesgos del Trabajo, cuya aplicación debe ser intensamente estricta.
La contemporaneidad, el grado de contagiosidad, el desastre sanitario y daño humano que está globalmente causando la pandemia, y además, de suma relevancia, la falta de un conocimiento científico preciso y certero de este nuevo coronavirus, desde el punto de vista jurídico, obliga a asumir los riesgos a los que regularmente se exponen aquellas personas trabajadoras, como riesgos ciertos, más allá de todo juicio de probabilidad, potencialidad o eventualidad.
Es decir [acota Muñoz Ruiz], en estas circunstancias de incertidumbre, las medidas de prevención tienen que adoptarse amplia y rigurosamente, como si el riesgo fuera efectivo, cierto y actual, con la finalidad de minimizar la posibilidad de contagio y anticiparse preventivamente, cuya demora podría ser definitivamente más costosa para la sociedad.
En consecuencia, en este incierto escenario, los equipos de protección personal, incluida la mascarilla adecuada, no pueden de ninguna manera escatimarse, cuyo suministro no puede ser objeto de cuestionamiento.
6.- Con la vida del personal sanitario no se puede especular a expensas de modelos matemáticos.
Con simbólicos aplausos, expresados en conferencias de prensa, no se garantiza la máxima protección que requiere este valioso y valeroso colectivo de personas del Seguro Social, que tenemos en la trinchera, prestando un servicio esencial, imprescindible, en esta situación tan dura que estamos atravesando, en cuyo colectivo profesional tenemos en un hilo apretada nuestra esperanza.
El Dr.Tedros Adhanom, Director General OMS, recientemente afirmó de manera categórica: “No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”.
Las medidas de protección del personal sanitario de la CCSS tienen que elevarse e intensificarse en el máximo nivel, en aplicación ineludible del principio precautorio.
¡Por ningún motivo lo podemos perder!
[1] Artículo 284.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será obligación del patrono:
d) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.”
La tarde de hoy, lunes 06 de abril, las y los dirigentes de ANDE, BUSSCO y otros sectores sindicales, nos hemos reunido, de manera virtual, con autoridades del Gobierno, para discutir sobre las medidas económicas que se tomarían para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19.
ALERTAMOS al Magisterio Nacional y a las personas trabajadoras del sector público en general, que el Gobierno del PAC, valora entre dichas medidas, *ELIMINAR COMPONENTES DE NUESTROS SALARIOS». Excluyendo al sector salud y a la fuerza pública.
ANDE le recordó al Gobierno que al sector público *ya se le eliminó el ajuste por costo de vida 2020*. Es decir, el sector público ya aportó esa parte de su salario para la atención de la emergencia, y, además, *contribuimos mes a mes al país con el pago del impuesto sobre la renta y a la seguridad social»
Fuimos enfáticos en que las y los empleados del sector público tenemos compromisos financieros que cubrir, y *somos el soporte de familiares nuestros que se están quedando sin empleo en estos días*.
Le advertimos al Gobierno que, si se continúa cargando la crisis sobre nuestras espaldas, eventualmente, la crisis estallará y nosotros(as), servidores y servidoras del sector público, también terminaremos necesitando de las ayudas especiales.
Lo que el pueblo debe saber es que, a finales del 2018, con el Combo Fiscal, *se les entregaron privilegios tributarios a sectores empresariales*, a ellos hay que cobrarles. «Las zonas francas siguen sin pagar impuestos en Costa Rica*, a ellos hay que cobrarles. *En nuestro país, los defraudadores fiscales, evaden anualmente el equivalente al 8% del PIB*, a ellos hay que cobrarles. *Existen familias con grandes fortunas, los realmente ricos, que no han hecho el mínimo aporte para la atención de la emergencia*, a ellos hay que cobrarles.
Reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS Y SEGUIMOS APORTANDO MES A MES DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.
Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a rechazar las medidas empobrecedoras de la Administración del PAC.
POR LA DEFENSA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LA JUSTICIA SOCIAL
Imagen ilustrativa.
Sea parte de SURCOS:
El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands tomó la decisión de cerrar el departamento de operaciones portuarias. Muchos trabajadores fueron avisados por whatsapp. Otros llegaron el lunes al centro de trabajo y encontraron los portones cerrados con candados.
La excusa de la transnacional bananera fue que, a raíz de la concesión otorgada a la multinacional APM Terminals, sus operaciones fueron afectadas gravemente por el cambio en el modelo portuario.
“Fue toda una mentira. El cierre obedeció a una estrategia de la empresa para tercerizar sus operaciones, eliminar al sindicato y desconocer la convención colectiva y los acuerdos alcanzados en procedimiento de conflicto colectivo de carácter económico-social”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal1.
En 2018, Chiquita había aceptado integrar una comisión permanente de diálogo para mejorar las relaciones laborales y la productividad. Las reuniones mensuales se desarrollaron con normalidad hasta febrero de 2019.
Además, en agosto de 2018 la transnacional bananera había firmado con el Sintracobal un nuevo convenio colectivo que tendría una vigencia de tres años.
Durante las últimas reuniones de la comisión permanente, el sindicato colocó el tema del posible impacto que tendría el cambio de modelo portuario, pero Chiquita aseguró desconocer el tema.
“Usaron la mesa de diálogo para distraernos mientras fraguaban su plan. Nos metieron una puñalada por la espalda”, aseguró Hernández.
A partir del cierre de operaciones, el sindicato, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Rel UITA, y el asesoramiento permanente e invaluable de Frank Ulloa y Gerardo Castillo, inició acciones de lucha, movilizaciones y cabildeo.
Las protestas se extendieron hasta el 26 de marzo. Al no lograr un acuerdo Sintracobal diseñó una estrategia para hacerle frente a las necesidades de sus afiliados y afiliadas.
“Presentamos una demanda colectiva por violación del convenio y de los acuerdos alcanzados por medio del conflicto colectivo.
También introdujimos una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales, como trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación”, explicó Maikol Hernández.
Hasta el momento, el juzgado ordenó la reinstalación de una de las mujeres en período de lactancia, todos los otros casos están en proceso.
Actualmente, la mayoría de personas despedidas sigue sin trabajo. Solamente unas 20 han encontrado un empleo fijo o por temporada.
En vista de la grave situación que vive la mayoría de trabajadores y trabajadoras en Limón (el cierre de Chiquita, Dole y otras empresas ha dejado a más de 1100 trabajadores en el desempleo) la Fentrag2 llevó a cabo una serie de acciones enmarcadas en la Mesa Caribe3.
“Tratamos de que la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras tuviese acceso a programas de gobierno, para así mitigar el impacto de la crisis derivada del despido ilegal de Chiquita.
Hicimos una alianza estratégica con la Universidad San Juan de la Cruz y presentamos al gobierno un programa de habilitación para al trabajo”, dijo Hernández.
De las 350 personas que iniciaron el programa para el desarrollo de nuevas habilidades, 52 ya se han graduado y se espera que en el mes de mayo un total de 330 trabajadores reciban su diploma.
Además, estos compañeros y compañeras estuvieron recibiendo un subsidio del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.
“Nuestro objetivo es que el programa de capacitación se extienda a más gente, y que los graduados tengan acceso a un programa de empleabilidad que sería organizado por la Federación y el gobierno”, explicó el también secretario general de la Fentrag.
Asimismo, la Federación asumirá el reto de organizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo.
“Si por un lado hay frustración y descontento en la población por la grave situación que vivimos en Limón, algo que se profundiza ahora con la declaratoria de emergencia ante la pandemia de Covid-19, por el otro los compañeros y compañeras no han parado de luchar y exigir justicia.
Como Fentrag seguimos apostándole al diálogo, pero necesitamos que el gobierno redoble esfuerzos para implementar políticas públicas que faciliten nuevas inversiones y generación de empleo. El hambre no espera”, concluyó Hernández.
Enviado por Maikol Hernández.
Sea parte de SURCOS:
CONSIDERANDO QUE:
BUSSCO DEMANDA
1- Al Gobierno un cambio de rumbo en la propuesta económica para enfrentar esta grave crisis, que protege solo intereses de los sectores económicos dominantes y del gran capital financiero, para concentrarse en proteger al pueblo trabajador y a los sectores más vulnerables que siempre salen perjudicados con las crisis que produce el sistema.
2- Denunciar que la clase trabajadora del sector público es la más impactada y la que más aporta al Estado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9635, que provocó una reducción inmediata en los salarios, además del pago del 13% de IVA en la totalidad de servicios que consumimos y que anteriormente no estaban gravados; pago de más Impuesto de Renta y nuevas cargas tributarias en las pensiones.
3- La prioridad del Gobierno, además de la atención de la salud, debe ser la protección del empleo formal y de la economía informal que representan el 45% del total del empleo nacional (cerca de 1 millón de trabajadores), que van a ser las primeras víctimas de la crisis económica.
4- El gobierno debe de impulsar un gran paquete de ayudas económicas, para sectores de trabajadores formales e informales que van a perder su empleo y también para los sectores que antes de la crisis estaban en condición de desempleo y que serán golpeados con mayor severidad.
5- Los recursos que el Estado requiere para atender esta emergencia deben de surgir de medidas fiscales y tributarias que pongan el acento en combatir efectivamente la evasión y elusión fiscal del Impuesto de Renta y del IVA; gravar las grandes ganancias de capital y el patrimonio; gravar las transacciones financieras del gran capital y revisar integralmente el gigantesco y opaco sistema de exoneraciones y privilegios fiscales que goza el sector corporativo empresarial y financiero.
6- Rechazamos contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro.
7- Exigimos al gobierno abrir espacios de diálogo con el movimiento sindical específicamente con el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), con el fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria.
BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL
San José, Costa Rica
1 de abril, 2020
Sea parte de SURCOS:
SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el SINDEU al presidente de la república y a la Asamblea Legislativa:
DE: SINDICATO DE EMPLEADOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU.
PARA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y ASAMBLEA LEGISLATIVA.
ASUNTO: EN DEFENSA DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES de las y los trabajadores de los sectores público y privado
LUGAR: San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
FECHA: Miércoles 1 de abril de 2020
Estimado señor Presidente:
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, se manifiesta ante usted y ante la Asamblea Legislativa, para expresar la oposición contundente, vehemente y firme, ante la política económica y social, impuesta por los grupos neoliberales y las cámaras industriales y comerciales quienes desde el Poder Ejecutivo y su gabinete, imponen medidas y acuerdos, que afectan negativamente a las grandes mayorías de la población costarricense y principalmente a la clase trabajadora.
Antes del establecimiento de la Pandemia Covid 19 y a propósito de un ataque furibundo contra los empleados públicos, particularmente de los empleados de las universidades y de la CCSS, y con el propósito de privatizar la salud pública y la enseñanza superior; también se hablaba de la venta de activos, entre otros la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), pero también se hizo pública, como propuesta de su gobierno, la flexibilidad laboral, y una acelerada ruta a la tercerización de la clase obrera de este país.
Para nadie es un secreto que, la estrategia de los sectores del capital nacional y de las transnacionales, es coherente, consistente y progresiva. No deja resquicios, y es resultado de un largo aprendizaje histórico, en el que el poder económico logra su unidad frente a cualquier amenaza a sus jugosas tasas de ganancia.
La explotación de las personas trabajadoras alcanza ya grados extremos en extensión de horarios y/o intensidad de trabajo, a través de jornadas y formas de trabajo extenuantes, sin que medien contrataciones, con mayor remuneración.
Creemos pertinente señalar algunos puntos que son de nuestro interés y que contradicen las políticas de su gobierno, los diputados y la empresa privada:
1. La lógica que mueve la Actual Asamblea Legislativa, conduce inexorablemente a legislar a favor de lo que nosotros denominamos: El aguinaldo de las empresas y el empobrecimiento masivo del pueblo de Costa Rica. Verbigracia, el Plan Fiscal, Leyes contra el salario de diferentes sectores de trabajadores(as); un paquete de 7 leyes sumamente agresivas contra las pensiones.
2. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el carácter neoliberal y antilaboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación que se enfrenta.
3. Las medidas económicas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para proteger al sector empresarial, y tienen como único propósito trasladar de manera impositiva a la clase trabajadora el peso económico de esta crisis, en el contexto del COVID-19
4. El conjunto de medidas tales como: Moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago diferido de las mismas. Afirman que su gobierno tiene como objetivo proteger a los sectores dominantes.
5. Con su conocimiento se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; pero además se acordó por parte del ejecutivo, suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector público.
6. Además de las anteriores medidas, se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario” para trabajadores formales y trabajadores jubilados. Impuesto que, en definitiva tiene una gran carga contra las pensiones de las y los trabajadores del país.
En resumen, señor Presidente. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de «¢» 1 444 000 000, o sea más de un 1% del PIB.
La elusión, la evasión fiscal amén del manejo deshonesto de la deuda pública por parte de los partidos de la ética neoliberal, de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado, forman parte de este tejido social que nos enfrenta a indicadores muy peligrosos.
Por otra parte, queremos manifestar que en el caso de las pensiones, estas ya han sido devastadas por las imposiciones solidarias a que están sometidas y dicho sea de paso el fondo producto de las cuotas que deberían colocarse en un fondo de capitalización se han destinado, supuestamente (pues no sabemos si en verdad les va a llegar ese dinero a los sectores marginales) a favorecer a los sectores más vulnerables y en el caso de las personas trabajadoras activas manifestamos de manera enfática: el salario es una cuestión sustantiva del Contrato de Trabajo.
Señor Presidente, para su información, antes del Covid 19 ya existía un desempleo exponencial que era de 12.5%. Apoyamos toda iniciativa presupuestaria para favorecer a la familia costarricense, siempre y cuando los recursos se obtengan plata de los empresarios que ganaron y ganaron durante mucho tiempo y ahora deben resarcir en parte la deuda que tienen con la clase trabajadora por la expropiación realizada.
Sin agotar nuestra preocupación, de la manera más respetuosa le proponemos:
1-Exigir al gobierno de la república un cambio de rumbo en la propuesta económica de enfrentar esta grave crisis, para ello, debe de dejar de pensar en sólo proteger los intereses de los sectores económicos dominantes y mirar principalmente en proteger al pueblo trabajador.
2- Que los Bancos en forma solidaria presten dinero a los empresarios que supuestamente no guardaron en el período de las vacas gordas para sostener el salario de los trabajadores.
3-Rechazar contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa ni más ni menos acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro porque se desconoce el desenlace de esta crisis.
4-Exigir al gobierno abrir los espacios de diálogo con el movimiento sindical y específicamente con el sector de la educación y la universidades públicas, a fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria, a las grandes mayorías del país, ya de por sí empobrecidas y bajo el temor de la pandemia del COVID-19.
De nuestras consideraciones y con respeto, atentamente,
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL – SINDEU
Grupos económicamente poderosos quieren mantener intacto su capital a cambio de la estabilidad de las trabajadoras y los trabajadores, afectando además a sus familias. Gilberth Díaz, presidente del SEC, señala que la clase trabajadora del sector público ya está aportando a esta emergencia nacional provocada por el COVID-19, a diferencia de estos grandes capitales que apadrinados por la UCCAEP se niegan a contribuir y piensan egoístamente.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, condena enérgicamente la exigencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP, a través de la cual pretende que el peso de la crisis actual recaiga sobre las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
Para nadie es un secreto, que la pandemia mundial del Covid-19, nos tiene muy preocupados, este flagelo que está provocando enfermedad y muertes en todas las latitudes del planeta, pero más aún, la crisis económica mundial que se ha desatado tiene repercusiones altamente considerables sobre la clase trabajadora.
Todos los organismos internacionales y nacionales en materia de salud pública han planteado la necesidad apremiante, de que las grandes Corporaciones por un lado y las Instituciones Estatales por otro, tomen medidas concretas y ágiles para proteger a la población en general, pese a ello aún no hemos visto a ninguna de las Grandes Empresas, que tuvieron el cinismo de declarar cero ganancias en los últimos diez años haciendo aporte alguno para enfrentar esta seria situación que vive el país.
¿Por qué la UCCAEP, no plantea que las grandes Empresas Privadas y Corporaciones paguen las enormes deudas que tienen con la Hacienda Pública?
¿Qué, la crisis económica y social se puede profundizar? Por supuesto que sí, pero no somos las trabajadoras y los trabajadores de la educación quienes tengamos que dar todo el aporte económico para tal propósito.
Vivimos momentos de gran tensión y como siempre la clase trabajadora y la clase media son los más perjudicadas, ya que en una situación tan apremiante como esta se requiere que los Gobiernos y la Gran Empresa Privada, asuman la responsabilidad de hacerle frente a la crisis, pero sin afectar los derechos de la clase trabajadora porque dicha crisis económica profunda, no es en absoluto responsabilidad nuestra.
¿Hay que tomar medidas económicas? Por supuesto, pero estas no pueden ser eliminando las conquistas de la clase trabajadora, que se han ganado a lo largo de muchos años de lucha.
Ahora que no vengan los señores de la UCCAEP, a darnos lecciones de cómo manejar la crisis, desmejorando la calidad de vida de la ciudadanía en general, porque no hemos visualizado ningún aporte sustancial de la Gran Empresa Privada contribuyendo de verdad para hacerle frente a esta tragedia nacional.
El sacrificio debe ser de todas y todos; ya nosotros hemos contribuido, ahora quien debe asumir su parte es el Gran Empresariado Nacional y los señores de la UCCAEP.
Somos muy conscientes, que la situación es extremadamente difícil, pero ya es mucho el sacrificio que hemos hecho y no sabemos todavía qué consecuencias más funestas están por venir en el contexto de esta Pandemia.
Entendemos, que el Gobierno Central de la República, ha hecho grandes esfuerzos para enfrentar esta difícil situación y aplaudimos su conducta, pero jamás estaremos de acuerdo con que se grave con más impuestos a la clase trabajadora en general, y en particular al sector público.
Todas y todos, tenemos que contribuir, tarea que la clase trabajadora del sector público ya empezó a cumplir, aportando 14.000.000 (Catorce mil millones) de colones, con el congelamiento del Aumento Salarial Anual.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo OIT, ha puesto en práctica una serie de normas, para recuperar y promover el empleo y el Trabajo Decente, labor en la cual tenemos que trabajar de inmediato.
Hoy más que nunca, Costa Rica necesita el aporte de todas y todos, no de los mismos de siempre, esos a los que siempre cargan con la responsabilidad.
Imagen ilustrativa. Semanario Universidad.
Enviado por SEC.
Sea parte de SURCOS: