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ANDE denuncia alerta Magisterio Nacional y personas trabajadoras del sector público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La tarde de hoy, lunes 06 de abril, las y los dirigentes de ANDE, BUSSCO y otros sectores sindicales, nos hemos reunido, de manera virtual, con autoridades del Gobierno, para discutir sobre las medidas económicas que se tomarían para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19.

ALERTAMOS al Magisterio Nacional y a las personas trabajadoras del sector público en general, que el Gobierno del PAC, valora entre dichas medidas, *ELIMINAR COMPONENTES DE NUESTROS SALARIOS». Excluyendo al sector salud y a la fuerza pública.

ANDE le recordó al Gobierno que al sector público *ya se le eliminó el ajuste por costo de vida 2020*. Es decir, el sector público ya aportó esa parte de su salario para la atención de la emergencia, y, además, *contribuimos mes a mes al país con el pago del impuesto sobre la renta y a la seguridad social»

Fuimos enfáticos en que las y los empleados del sector público tenemos compromisos financieros que cubrir, y *somos el soporte de familiares nuestros que se están quedando sin empleo en estos días*.

Le advertimos al Gobierno que, si se continúa cargando la crisis sobre nuestras espaldas, eventualmente, la crisis estallará y nosotros(as), servidores y servidoras del sector público, también terminaremos necesitando de las ayudas especiales.

Lo que el pueblo debe saber es que, a finales del 2018, con el Combo Fiscal, *se les entregaron privilegios tributarios a sectores empresariales*, a ellos hay que cobrarles. «Las zonas francas siguen sin pagar impuestos en Costa Rica*, a ellos hay que cobrarles. *En nuestro país, los defraudadores fiscales, evaden anualmente el equivalente al 8% del PIB*, a ellos hay que cobrarles. *Existen familias con grandes fortunas, los realmente ricos, que no han hecho el mínimo aporte para la atención de la emergencia*, a ellos hay que cobrarles.

Reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS Y SEGUIMOS APORTANDO MES A MES DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a rechazar las medidas empobrecedoras de la Administración del PAC.

POR LA DEFENSA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LA JUSTICIA SOCIAL

 

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Hace un año la puñalada trapera de Chiquita

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Ya ha pasado un año del despido discriminatorio e ilegal de unos 180 trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias de Chiquita Brands en Limón, Costa Rica. Pese a las dificultades y a los sueños interrumpidos, la gente resiste. No todo está perdido.

Giorgio Trucchi
Con Maikol Hernández

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands tomó la decisión de cerrar el departamento de operaciones portuarias. Muchos trabajadores fueron avisados por whatsapp. Otros llegaron el lunes al centro de trabajo y encontraron los portones cerrados con candados.

La excusa de la transnacional bananera fue que, a raíz de la concesión otorgada a la multinacional APM Terminals, sus operaciones fueron afectadas gravemente por el cambio en el modelo portuario.

“Fue toda una mentira. El cierre obedeció a una estrategia de la empresa para tercerizar sus operaciones, eliminar al sindicato y desconocer la convención colectiva y los acuerdos alcanzados en procedimiento de conflicto colectivo de carácter económico-social”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal1.

En 2018, Chiquita había aceptado integrar una comisión permanente de diálogo para mejorar las relaciones laborales y la productividad. Las reuniones mensuales se desarrollaron con normalidad hasta febrero de 2019.

Además, en agosto de 2018 la transnacional bananera había firmado con el Sintracobal un nuevo convenio colectivo que tendría una vigencia de tres años.

Durante las últimas reuniones de la comisión permanente, el sindicato colocó el tema del posible impacto que tendría el cambio de modelo portuario, pero Chiquita aseguró desconocer el tema.

“Usaron la mesa de diálogo para distraernos mientras fraguaban su plan. Nos metieron una puñalada por la espalda”, aseguró Hernández.

A partir del cierre de operaciones, el sindicato, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Rel UITA, y el asesoramiento permanente e invaluable de Frank Ulloa y Gerardo Castillo, inició acciones de lucha, movilizaciones y cabildeo.

Las protestas se extendieron hasta el 26 de marzo. Al no lograr un acuerdo Sintracobal diseñó una estrategia para hacerle frente a las necesidades de sus afiliados y afiliadas.

“Presentamos una demanda colectiva por violación del convenio y de los acuerdos alcanzados por medio del conflicto colectivo.

También introdujimos una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales, como trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación”, explicó Maikol Hernández.

Hasta el momento, el juzgado ordenó la reinstalación de una de las mujeres en período de lactancia, todos los otros casos están en proceso.

Actualmente, la mayoría de personas despedidas sigue sin trabajo. Solamente unas 20 han encontrado un empleo fijo o por temporada.

El hambre no espera

En vista de la grave situación que vive la mayoría de trabajadores y trabajadoras en Limón (el cierre de Chiquita, Dole y otras empresas ha dejado a más de 1100 trabajadores en el desempleo) la Fentrag2 llevó a cabo una serie de acciones enmarcadas en la Mesa Caribe3.

“Tratamos de que la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras tuviese acceso a programas de gobierno, para así mitigar el impacto de la crisis derivada del despido ilegal de Chiquita.

Hicimos una alianza estratégica con la Universidad San Juan de la Cruz y presentamos al gobierno un programa de habilitación para al trabajo”, dijo Hernández.

De las 350 personas que iniciaron el programa para el desarrollo de nuevas habilidades, 52 ya se han graduado y se espera que en el mes de mayo un total de 330 trabajadores reciban su diploma.

Además, estos compañeros y compañeras estuvieron recibiendo un subsidio del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.

“Nuestro objetivo es que el programa de capacitación se extienda a más gente, y que los graduados tengan acceso a un programa de empleabilidad que sería organizado por la Federación y el gobierno”, explicó el también secretario general de la Fentrag.

Asimismo, la Federación asumirá el reto de organizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo.

“Si por un lado hay frustración y descontento en la población por la grave situación que vivimos en Limón, algo que se profundiza ahora con la declaratoria de emergencia ante la pandemia de Covid-19, por el otro los compañeros y compañeras no han parado de luchar y exigir justicia.

Como Fentrag seguimos apostándole al diálogo, pero necesitamos que el gobierno redoble esfuerzos para implementar políticas públicas que faciliten nuevas inversiones y generación de empleo. El hambre no espera”, concluyó Hernández.

 

Enviado por Maikol Hernández.

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BUSSCO: costo económico de la emergencia COVID-19 no puede seguir recayendo en los hombros de la clase trabajadora costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

CONSIDERANDO QUE:

  • El mundo entero enfrenta una emergencia global por el virus SARS-COVID-19, que está provocando la toma de medidas excepcionales por parte de los gobiernos de muy distinto tipo: restricciones de movilización, medidas sanitarias, cierres de negocios, medidas laborales, acciones económicas de emergencia, etc.
  • Las medidas económicas propuestas y anunciadas por los defensores de la economía de mercado, evidencian el carácter neoliberal y anti laboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación.
  • Las medidas están concebidas para proteger al sector empresarial: moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por morosidad; se exige además que las contribuciones a la seguridad social se hagan proporcionales a las jornadas laboradas y el pago diferido de las mismas; se aprobó la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; el ejecutivo rebajó los salarios (“reajuste salarial”) del año 2020 a todo el sector público y finalmente se anuncia un nuevo impuesto o rebajo de los salarios para trabajadores públicos, privados y jubilados.
  • El Combo Fiscal aprobado significó crecimiento del desempleo, la desigualdad social y la pobreza, que se agravará por la crisis sanitaria por el Covid-19, con efectos devastadores para el pueblo y principalmente para los sectores con mayor vulnerabilidad de nuestro país.
  • La receta neoliberal impulsada desde el gran capital financiero y ejecutada desde el gobierno PAC/PUSC/PLN, en asocio con la UCCAEP para enfrentar esta crisis, tendrá consecuencias sociales que acentuarán la exclusión social y el empobrecimiento del pueblo costarricense.

BUSSCO DEMANDA

1- Al Gobierno un cambio de rumbo en la propuesta económica para enfrentar esta grave crisis, que protege solo intereses de los sectores económicos dominantes y del gran capital financiero, para concentrarse en proteger al pueblo trabajador y a los sectores más vulnerables que siempre salen perjudicados con las crisis que produce el sistema.

2-        Denunciar que la clase trabajadora del sector público es la más impactada y la que más aporta al Estado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9635, que provocó una reducción inmediata en los salarios, además del pago del 13% de IVA en la totalidad de servicios que consumimos y que anteriormente no estaban gravados; pago de más Impuesto de Renta y nuevas cargas tributarias en las pensiones.

3-        La prioridad del Gobierno, además de la atención de la salud, debe ser la protección del empleo formal y de la economía informal que representan el 45% del total del empleo nacional (cerca de 1 millón de trabajadores), que van a ser las primeras víctimas de la crisis económica.

4-        El gobierno debe de impulsar un gran paquete de ayudas económicas, para sectores de trabajadores formales e informales que van a perder su empleo y también para los sectores que antes de la crisis estaban en condición de desempleo y que serán golpeados con mayor severidad.

5-        Los recursos que el Estado requiere para atender esta emergencia deben de surgir de medidas fiscales y tributarias que pongan el acento en combatir efectivamente la evasión y elusión fiscal del Impuesto de Renta y del IVA; gravar las grandes ganancias de capital y el patrimonio; gravar las transacciones financieras del gran capital y revisar integralmente el gigantesco y opaco sistema de exoneraciones y privilegios fiscales que goza el sector corporativo empresarial y financiero.

6-        Rechazamos contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro.

7-        Exigimos al gobierno abrir espacios de diálogo con el movimiento sindical específicamente con el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), con el fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria.

BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL

San José, Costa Rica

1 de abril, 2020

 

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Sindicato UCR fija posición sobre salarios y pensiones en carta al Presidente Alvarado

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el SINDEU al presidente de la república y a la Asamblea Legislativa:

DE: SINDICATO DE EMPLEADOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU.

PARA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y ASAMBLEA LEGISLATIVA.

ASUNTO: EN DEFENSA DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES de las y los trabajadores de los sectores público y privado

LUGAR: San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

FECHA: Miércoles 1 de abril de 2020

Estimado señor Presidente:

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, se manifiesta ante usted y ante la Asamblea Legislativa, para expresar la oposición contundente, vehemente y firme, ante la política económica y social, impuesta por los grupos neoliberales y las cámaras industriales y comerciales quienes desde el Poder Ejecutivo y su gabinete, imponen medidas y acuerdos, que afectan negativamente a las grandes mayorías de la población costarricense y principalmente a la clase trabajadora.

Antes del establecimiento de la Pandemia Covid 19 y a propósito de un ataque furibundo contra los empleados públicos, particularmente de los empleados de las universidades y de la CCSS, y con el propósito de privatizar la salud pública y la enseñanza superior; también se hablaba de la venta de activos, entre otros la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), pero también se hizo pública, como propuesta de su gobierno, la flexibilidad laboral, y una acelerada ruta a la tercerización de la clase obrera de este país.

Para nadie es un secreto que, la estrategia de los sectores del capital nacional y de las transnacionales, es coherente, consistente y progresiva. No deja resquicios, y es resultado de un largo aprendizaje histórico, en el que el poder económico logra su unidad frente a cualquier amenaza a sus jugosas tasas de ganancia.

La explotación de las personas trabajadoras alcanza ya grados extremos en extensión de horarios y/o intensidad de trabajo, a través de jornadas y formas de trabajo extenuantes, sin que medien contrataciones, con mayor remuneración.

Creemos pertinente señalar algunos puntos que son de nuestro interés y que contradicen las políticas de su gobierno, los diputados y la empresa privada:

1. La lógica que mueve la Actual Asamblea Legislativa, conduce inexorablemente a legislar a favor de lo que nosotros denominamos: El aguinaldo de las empresas y el empobrecimiento masivo del pueblo de Costa Rica. Verbigracia, el Plan Fiscal, Leyes contra el salario de diferentes sectores de trabajadores(as); un paquete de 7 leyes sumamente agresivas contra las pensiones.

2. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el carácter neoliberal y antilaboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación que se enfrenta.

3. Las medidas económicas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para proteger al sector empresarial, y tienen como único propósito trasladar de manera impositiva a la clase trabajadora el peso económico de esta crisis, en el contexto del COVID-19

4. El conjunto de medidas tales como: Moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago diferido de las mismas. Afirman que su gobierno tiene como objetivo proteger a los sectores dominantes.

5. Con su conocimiento se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; pero además se acordó por parte del ejecutivo, suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector público.

6. Además de las anteriores medidas, se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario” para trabajadores formales y trabajadores jubilados. Impuesto que, en definitiva tiene una gran carga contra las pensiones de las y los trabajadores del país.

En resumen, señor Presidente. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de «¢» 1 444 000 000, o sea más de un 1% del PIB.

La elusión, la evasión fiscal amén del manejo deshonesto de la deuda pública por parte de los partidos de la ética neoliberal, de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado, forman parte de este tejido social que nos enfrenta a indicadores muy peligrosos.

Por otra parte, queremos manifestar que en el caso de las pensiones, estas ya han sido devastadas por las imposiciones solidarias a que están sometidas y dicho sea de paso el fondo producto de las cuotas que deberían colocarse en un fondo de capitalización se han destinado, supuestamente (pues no sabemos si en verdad les va a llegar ese dinero a los sectores marginales) a favorecer a los sectores más vulnerables y en el caso de las personas trabajadoras activas manifestamos de manera enfática: el salario es una cuestión sustantiva del Contrato de Trabajo.

Señor Presidente, para su información, antes del Covid 19 ya existía un desempleo exponencial que era de 12.5%. Apoyamos toda iniciativa presupuestaria para favorecer a la familia costarricense, siempre y cuando los recursos se obtengan plata de los empresarios que ganaron y ganaron durante mucho tiempo y ahora deben resarcir en parte la deuda que tienen con la clase trabajadora por la expropiación realizada.

Sin agotar nuestra preocupación, de la manera más respetuosa le proponemos:

1-Exigir al gobierno de la república un cambio de rumbo en la propuesta económica de enfrentar esta grave crisis, para ello, debe de dejar de pensar en sólo proteger los intereses de los sectores económicos dominantes y mirar principalmente en proteger al pueblo trabajador.

2- Que los Bancos en forma solidaria presten dinero a los empresarios que supuestamente no guardaron en el período de las vacas gordas para sostener el salario de los trabajadores.

3-Rechazar contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa ni más ni menos acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro porque se desconoce el desenlace de esta crisis.

4-Exigir al gobierno abrir los espacios de diálogo con el movimiento sindical y específicamente con el sector de la educación y la universidades públicas, a fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria, a las grandes mayorías del país, ya de por sí empobrecidas y bajo el temor de la pandemia del COVID-19.

De nuestras consideraciones y con respeto, atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL – SINDEU

SEC: El sector público ya dio su aporte a la crisis actual, la UCCAEP y los empresarios NO

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Grupos económicamente poderosos quieren mantener intacto su capital a cambio de la estabilidad de las trabajadoras y los trabajadores, afectando además a sus familias. Gilberth Díaz, presidente del SEC, señala que la clase trabajadora del sector público ya está aportando a esta emergencia nacional provocada por el COVID-19, a diferencia de estos grandes capitales que apadrinados por la UCCAEP se niegan a contribuir y piensan egoístamente.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, condena enérgicamente la exigencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP, a través de la cual pretende que el peso de la crisis actual recaiga sobre las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Para nadie es un secreto, que la pandemia mundial del Covid-19, nos tiene muy preocupados, este flagelo que está provocando enfermedad y muertes en todas las latitudes del planeta, pero más aún, la crisis económica mundial que se ha desatado tiene repercusiones altamente considerables sobre la clase trabajadora.

Todos los organismos internacionales y nacionales en materia de salud pública han planteado la necesidad apremiante, de que las grandes Corporaciones por un lado y las Instituciones Estatales por otro, tomen medidas concretas y ágiles para proteger a la población en general, pese a ello aún no hemos visto a ninguna de las Grandes Empresas, que tuvieron el cinismo de declarar cero ganancias en los últimos diez años haciendo aporte alguno para enfrentar esta seria situación que vive el país.

¿Por qué la UCCAEP, no plantea que las grandes Empresas Privadas y Corporaciones paguen las enormes deudas que tienen con la Hacienda Pública?

¿Qué, la crisis económica y social se puede profundizar? Por supuesto que sí, pero no somos las trabajadoras y los trabajadores de la educación quienes tengamos que dar todo el aporte económico para tal propósito.

Vivimos momentos de gran tensión y como siempre la clase trabajadora y la clase media son los más perjudicadas, ya que en una situación tan apremiante como esta se requiere que los Gobiernos y la Gran Empresa Privada, asuman la responsabilidad de hacerle frente a la crisis, pero sin afectar los derechos de la clase trabajadora porque dicha crisis económica profunda, no es en absoluto responsabilidad nuestra.

¿Hay que tomar medidas económicas? Por supuesto, pero estas no pueden ser eliminando las conquistas de la clase trabajadora, que se han ganado a lo largo de muchos años de lucha.

Ahora que no vengan los señores de la UCCAEP, a darnos lecciones de cómo manejar la crisis, desmejorando la calidad de vida de la ciudadanía en general, porque no hemos visualizado ningún aporte sustancial de la Gran Empresa Privada contribuyendo de verdad para hacerle frente a esta tragedia nacional.

El sacrificio debe ser de todas y todos; ya nosotros hemos contribuido, ahora quien debe asumir su parte es el Gran Empresariado Nacional y los señores de la UCCAEP.

Somos muy conscientes, que la situación es extremadamente difícil, pero ya es mucho el sacrificio que hemos hecho y no sabemos todavía qué consecuencias más funestas están por venir en el contexto de esta Pandemia.

Entendemos, que el Gobierno Central de la República, ha hecho grandes esfuerzos para enfrentar esta difícil situación y aplaudimos su conducta, pero jamás estaremos de acuerdo con que se grave con más impuestos a la clase trabajadora en general, y en particular al sector público.

Todas y todos, tenemos que contribuir, tarea que la clase trabajadora del sector público ya empezó a cumplir, aportando 14.000.000 (Catorce mil millones) de colones, con el congelamiento del Aumento Salarial Anual.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo OIT, ha puesto en práctica una serie de normas, para recuperar y promover el empleo y el Trabajo Decente, labor en la cual tenemos que trabajar de inmediato.

Hoy más que nunca, Costa Rica necesita el aporte de todas y todos, no de los mismos de siempre, esos a los que siempre cargan con la responsabilidad.

 

Imagen ilustrativa. Semanario Universidad.

Enviado por SEC.

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Mujeres de la CTRN envían carta al presidente Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS recibió la siguiente carta para su publicación:

Carta al Presidente Carlos Alvarado
¿Cuándo va a empezar a gobernar para el pueblo?

POR UNA COSTA RICA
MÁS JUSTA Y SOLIDARIA

Rose Mary Rodríguez Bustos
Secretaría de Género, CTRN

Señor presidente Carlos Alvarado Quesada, en nombre de millones de mujeres trabajadoras del país, la Secretaría de Género y la Comisión de Apoyo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum, deseamos expresar nuestras serias preocupaciones a raíz de la situación tan crítica por la que atraviesa el pueblo de Costa Rica, principalmente la clase trabajadora.

Somos conscientes que el mundo pasa por una gran crisis económica y social como resultado del impacto del coronavirus Covid-19, pandemia que ha logrado enfermar a ricos y pobres y ha demostrado al mundo que el poder de la naturaleza es más fuerte que todo el poderío económico.

Lamentablemente la mayor afectación la sufren los más débiles, mujeres, adultos mayores, niños y niñas como consecuencia ya del propio sistema injusto en que vivimos y ahora, acrecentada por el impacto en la clase trabajadora, que es una sola y no como falsamente se ha hecho creer separándola entre pública y privada.

Señor Carlos Alvarado Quesada, su gobierno nos ha pedido ser solidarios con las personas que más necesitan. ¿Le parece a usted que la clase trabajadora debe ser más solidaria, cuando su gobierno se ha ensañado con cargar con impuestos a la canasta básica y los servicios que muchas mujeres prestamos; ¿acaba de suspender el ajuste salarial en el sector público mientras le abre las puertas a un conjunto de medidas que favorecen a un sector empresarial que es único gran ganador, como siempre, con las políticas económicas de los gobiernos?

Dicen ustedes que esos recursos que nos siguen quitando son para usarlos para contrarrestar los efectos del Covid-19.

Y no satisfecho con tanta medida en detrimento de la clase trabajadora, habla de un impuesto solidario a los salarios a partir de 1.100.000 (un millón cien mil colones). Señor presidente, ¿Tiene conocimiento de cuántas personas llegan a ganar ese monto, mismas que deben tener entre unos 20 años de trabajar, además haber laborado horas extras si es que existen?

Estamos en una situación como país y como población que nunca hemos vivido y a raíz de esto, las decisiones que se toman deben ser muy bien pensadas. No solo extraordinarias, como usted dice. Esta emergencia, se ha convertido en un reto y preocupación más que las familias costarricenses tienen que enfrentar, mientras no vemos ni una sola medida que pretenda reducir la obscena práctica empresarial de evadir el pago de impuestos. Esta crisis va para largo y quisiéramos verlo a usted amarrarse la faja con esos evasores. Las mujeres nunca vamos a permitir que nuestros hijos e hijas se queden sin un bocado por no cobrarle a quienes nos deben y no nos quieren pagar.

¿Realmente se ha tomado el tiempo para pensar en que obligatoriamente la clase trabajadora paga sus impuestos cada mes? Se nos rebaja el impuesto a la renta, el pago obligatorio de la CCSS, el de Hacienda, entre otros y a estos impuestos le debemos agregar los préstamos para vivienda, estudios de nuestros hijos, alimentación de la familia, pago de servicios, transporte etc. ¿Ha pensado en las miles mujeres jefas de hogar, profesionales o no, que deben mantener a sus familias (hijos, madre, personas con algún grado de discapacidad, etc)?

Usted está castigando a las más frágiles. ¿Por qué no se dirige a aquellos salarios que sobrepasan los ¢3 millones en adelante como lo han hecho otros países y a las ganancias de capital? Recordemos que la aplicación de ese impuesto tendrá un efecto en cadena: la señora que cuida a los niños y personas mayores, el señor que hace el jardín, la pulpería del barrio por cierto cada día en extinción, servicios y hogares que se benefician.

Es hora de que usted le cobre a los que no pagan. No tenga miedo. Las mujeres trabajadoras del país le apoyaremos. Queremos ver medidas contra los evasores, queremos que refuerce la policía fiscal y los inspectores para que persigan a esos grandes evasores. ¿O es que les tiene miedo, o es que los tiene metidos hasta en la cocina? ¿Hasta cuándo los grandes evasores pagarán lo que les corresponde? ¿Será que sólo las personas trabajadoras conocemos y practicamos el principio de solidaridad?

Ya no más abuso, ya no más ultraje para con la clase trabajadora del país. ¿Cuándo va a empezar a gobernar para este humilde pueblo que lo eligió con la esperanza de una Costa Rica más justa y equitativa?

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Secretaría de Género y su Comisión de Apoyo, queremos invitarlo a que nos sentemos con un grupo de mujeres trabajadoras y conversemos sobre nuestras realidades y propuestas por una sociedad más justa y equitativa de nuestro país.

POR UNA COSTA RICA
MÁS JUSTA Y SOLIDARIA
Rose Mary Rodríguez Bustos.
Secretaría de Género, CTRN.

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en el ojo de la pandemia (VI)

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

“El trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho.”

Hoy, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que probablemente pasará muy  -convenientemente- inadvertido por la cruzada sanitaria que globalmente se acomete contra la fatídica pandemia.

Los y las trabajadoras del hogar –trabajo doméstico remunerado- son aquellas personas que prestan un servicio remunerado en una residencia u hogar y para el mismo, incluidas tareas domésticas, el cuido de personas y otros cuidados personales.

Este amplio colectivo, mayoritariamente conformado por mujeres, normalmente ha sido confinado a un estado de excepción, marginado de la aplicación efectiva de la legislación laboral, que reconoce el derecho a la jornada de trabajo, vacaciones y descansos remunerados, entre otros, quienes además devengan las peores remuneraciones.

La condición de vulnerabilidad que tanto flagela a este colectivo laboral, es producto de una exclusión y discriminación de carácter histórica, estructural, inherente a este sistema económico y político que ha sido abiertamente desnudado, en tan poco tiempo, por la crisis sanitaria.

Esa condición de vulnerabilidad de las mujeres que realizan esa actividad laboral, se recrudece en épocas de pandemia, como la que actualmente atravesamos, quienes están sufriendo la violencia de un exultante sistema que les está privando de su empleo o sus maltrechos salarios.

Además, así como en estos tiempos de aflicción, aumenta la violencia intrafamiliar, las trabajadoras de servicios domésticos quedan todavía más expuestas al incisivo acoso sexual y laboral.

No se podría dejar pasar esta fecha, sin hacer un reconocimiento a estas humildes trabajadoras, que pese a la importancia de la actividad que realizan, su trabajo se subestima tanto y se paga tan poco, a quienes por su aporte invaluable en esta época tan aciaga, les corresponde un merecido y simbólico aplauso, así como también se ha tributado a otros colectivos que atajan la conjura que se extiende en todo el planeta.

Pero de los aplausos no se vive, ni se come, ni siquiera los artistas que dependen enajenadamente del aplauso frenético de su público.

Las trabajadoras del hogar la están pasando muy mal, de lo peor, por lo que resulta impostergable que el Estado, de una vez por todas, asuma su responsabilidad  social y se concreten las siguientes medidas:

1.- Es absolutamente urgente la definición de una política pública integral, que se materialice en medidas de compensación social que proteja los colectivos de personas más vulnerables, que han sido despedidas, dejado de percibir sus salarios, a consecuencia de la suspensión contractual, o que sus remuneraciones se han recortado; todo  al amparo de una legislación de emergencia, que  le transfiere a la Inspección de Trabajo la ejecución de la guillotina contra los derechos más preciados de la clase trabajadora.

Con la misma urgencia que se aprobó esa legislación de excepción, se debieron aprobar conjuntamente las medidas de mitigación de la situación social de aquellas trabajadoras.

No se puede seguir postergando y dejar para las calendas griegas, el reconocimiento de una prestación extraordinaria o subsidio de desempleo, de carácter temporal, que asegure a estos colectivos satisfacer razonablemente sus principales e inaplazables necesidades y las de sus familiares.

2.- La Inspección de Trabajo, ahora con uniforme de verdugo, dedicada a licenciar la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas de trabajo, con la misma eficacia que está resolviendo estas impropias gestiones patronales, con carácter prioritario, debe enfocarse a atender las consultas y tramitar de manera célere las denuncias que presenten las trabajadoras del servicio doméstico, ya sea por violación de sus derechos laborales, porque su patrono no implementa las medidas de seguridad  necesarias para protegerse del riesgo del covit19, o porque estén sufriendo acoso aboral o sexual.

3.- Por último, el Poder Ejecutivo no puede retrasar más la sumisión de la ratificación del Convenio N° 190 de OIT, acerca del acoso y violencia en el mundo del trabajo, que particularmente tutela estos colectivos tan vulnerables.

Imágenes: OIT, ISP

Colegio de Trabajadores Sociales ante propuesta de más impuestos a la clase trabajadora

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Comisión de Realidad Nacional y las personas profesionales que atendemos cotidianamente las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad. Hoy 28 de marzo de 2020, hacemos un llamado vehemente a la sensatez por parte de las esferas de poder políticas y económicas del país, considerando que:

  1. El actual Gobierno de la República, firmó el 3 de diciembre del año 2018, la ley 9636, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, «LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO», a pesar del llamado de la clase media trabajadora, durante semanas de manifestaciones multitudinarias, a negociar una ley progresiva que no afectara de manera tan significativa sus ingresos.
  2. El 21 de marzo de 2020, se aprueba la ley denominada: «AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL». Ley 9832, como medida para las empresas que vean afectados sus ingresos en al menos un 20% en relación al mismo mes del año anterior, provocado por un suceso declarado de emergencia nacional.
  3. El 24 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante su página oficial emite un comunicado de prensa que anuncia medidas laborales en el sector público para combatir el Covid- 19, entre ellas: «Creación de un plan básico de funcionamiento y cancelaciones a los aumentos salariales a los funcionarios». Como medida de reducción del impacto de la crisis económica del país.
  4. Las instituciones públicas costarricenses han respondido a la emergencia y han demostrado la responsabilidad en la atención de la Pandemia del Covid-19.
  5. La emergencia nacional ha sido acogida por la mayoría de sectores adoptando la medida de seguridad de quedarse en casa, situación que desmoviliza a las y los trabajadores.
  6. Una gran cantidad de personas del sector independiente y empresarial van a ver sus ingresos reducidos al mínimo, sin poder garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
  7. El día 26 de marzo, el señor Rodrigo Chaves, Ministro de Hacienda, anunció la propuesta del Gobierno de un impuesto solidado a los salarios mayores de ₵500,000 (quinientos mil colones), para «ayudar» a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Noticia que fue después reversada por el presidente de la república Carlos Alvarado.
  8. El día 27 de marzo, el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, plantea un impuesto solidario de carácter temporal para salarios que superen el ₵1,000,000 (un millón de colones).
  9. Previo a la pandemia, muchas familias en pobreza y pobreza extrema veían comprometida su salud física y mental debido a la dificultad de cubrir los costos de la canasta básica.
  10. La exclusión económica y la desigualdad en el país son históricas, por lo que impactan derechos básicos para la vida humana como vivienda y salud.

Consideramos, por lo tanto:

  1. Invitar al Gobierno Central y Ministerio de Hacienda a gravar a los grandes capitales y empresas evasoras, con el fin de no aniquilar la economía básica de sectores que deben sobrevivir con ingresos per cápita en vulnerabilidad que no permiten la cobertura de servicios ni la canasta básica. Así como, ofertar deducciones de sus propios ingresos, evitando así recargar en la clase media- baja trabajadora el peso de la crisis económica que enfrenta el país.
  2. Reflexionar que, a pesar del constante aumento en el costo de vida, el sector público brindó su aporte al no percibir el aumento anual. De igual forma, parte de los salarios se encuentran sujetos al pago de impuesto de renta y en calidad de consumidoras, las personas pagan el reciente impuesto al valor agregado. Por ello, recomendamos que la contribución solidaria grave los salarios (públicos y privados) y pensiones de aquellas personas que se ubiquen a partir del quinto decil más alto según los salarios reportados[1].
  3. Recordar a la Asamblea Legislativa y gobernantes del país, que la ciudadanía les escogió como servidores públicos y que las medidas redistributivas solidarias inician cuestionando los propios privilegios.
  4. Solicitar al Poder Ejecutivo que brinde criterios claros de selección de las personas que recibirán subsidios por afectación del COVID-19; así como, habilitar y diversificar los medios de comunicación y espacios de participación accesibles para aquellas personas que no cuentan con recursos digitales para optar por el beneficio.
  5. Instar que las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean cuidadosas, solidarias, sostenibles y transparentes; de lo contrario, las acciones pueden vulnerabilizar aún más a quienes disponen de menos recursos para garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.
  6. Hacer un llamado de atención a los habitantes del país a dar seguimiento y fiscalizar los actos del Gobierno y las propuestas que después de salir a la luz, sean desmentidas públicamente. La corrupción se gesta, la mayoría de las veces, desde la complicidad y el silencio.
  7. Considerar como un deber ético de nuestra profesión el pronunciarse ante la injusticia y defender los derechos de los sectores en pobreza, pobreza extrema y población vulnerable en torno a su acceso a la salud.
  8. El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica pone a disposición la experiencia de personas profesionales en torno al diseño, ejecución y evaluación de Políticas Sociales, que garanticen bajo un enfoque de derechos los criterios y medios más adecuados para la distribución de dichos recursos.

Según la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en su artículo 1 corresponde a este ente “b. Velar por que se cumplan los principios éticos de la profesión”, “c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados” y “d. Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente”.

[1] Según datos a los que se tuvo acceso reportados por la CCSS con base en la Dirección General de Hacienda, el quinto decil se encuentra en un rango entre 2,250,000 y 2,500,000 colones. Para más información consultar sem anarioun iversidad .com/p ais/cuantos-son-y-cuanto-es-el-salario-d e-los-sup erricos/.

Imagen ilustrativa.

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FENTRAGH facilita proceso de organización sindical en sus afiliadas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Dania Obando, secretaria general de SITRAPA (Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines) y secretaria de género y medio ambiente de FENTRAGH, nos comparte que en dicho sindicato no se cuenta con licencia sindical, por lo que las labores sindicales las hacen por las tardes después de las jornadas laborales, inclusive los domingos.

Maikol Hernández, secretario general de FENTRAGH, en la reunión que realizaron el pasado mes de febrero propuso y posteriormente se aprobó, la compra de una motocicleta para este sindicato, ya que las fincas son bastante separadas y no contaban con un medio de transporte. Con este gran aporte los y las compañeras de SITRAPA van a poder atender más las necesidades de los y las trabajadoras en las diferentes regiones afiliadas: Coto, Puerto Cortés, Puerto Jiménez y Los Celajes.

 

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ANEP: “Subsidio ofrecido por Gobierno dejaría a miles en la miseria total”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja

-El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales

La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.

Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!

Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?

Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.

La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.

Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.

Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.

La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.

 

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