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Semanario Universidad: Trabajadores detienen por ahora despido en Chiquita pero esperan más recortes

  • Cambios en actividad portuaria de zona Atlántica
  • Ministro de Trabajo rechaza señalamientos de falta de acción del Gobierno para crear empleos en provincia de Limón

Por Jorge Araya

Semanario Universidad Trabajadores detienen por ahora despido en Chiquita pero esperan mas recortes
Trabajadores de Chiquita en una reunión para discutir el despido decidido por la empresa.

Empresa APM Terminals dice que su principal compromiso es finalizar la construcción de la terminal de contenedores para iniciar operaciones en febrero del 2019.

Un recurso legal interpuesto por el sindicato en el juzgado laboral de Limón frenó de momento el despido de 110 trabajadores de la transnacional frutera Chiquita Brands, que se iba a ejecutar el pasado 22 de diciembre.

Los representantes obreros entienden, sin embargo, que este sería el primero de una cadena de despidos motivados por la próxima entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que construye la transnacional danesa APM Terminals y que espera poner en operación en febrero del 2018.

Esto porque esa terminal, exclusiva para barcos de contenedores, captará buena parte de los servicios portuarios complementarios que hoy prestan empresas de estiba (carga y descarga de barcos), patios (acondicionamiento y reparación de contenedores), entre otros, para los puertos de Moín y la ciudad de Limón, manejados por la estatal Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Chiquita decidió liquidar a 110 de los 260 trabajadores del patio que tiene en Limón, mientras que los empleados de Dolle, otra de las transnacionales fruteras, también fueron prevenidos de recortes que se darán este año, por lo cual tendrán que prepararse.

Tras infructuosas reuniones de conciliación realizadas en diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato presentó ante el juzgado laboral de Limón un conflicto colectivo económico social para detener el proceso de despido en Chiquita.

El juez acogió la demanda de conflicto e indicó a la empresa que no podía ejecutar los despidos. Actualmente se está en la conformación del órgano conciliador, pero el tema de los despidos está planteado, y “calculamos que cuando inicie operaciones la TCM van a cesar otros 100 trabajadores del predio de Chiquita”, consideró Maikol Hernández, secretario general del Sindicato Industrial del Trabajadores Costarricense del Banano y la Piña (Sintracobal).

De 37 predios que hay en Limón pertenecientes a diferentes empresas, con unos 2.500 trabajadores en total, solo en tres los empleados están organizados en sindicato.

La cesantía amenaza además a los trabajadores de las estibas (que emplean a unos 2.500) y de transporte de carga que movilizan los puertos de Japdeva, calculó el dirigente.

Hernández reprochó que el MTSS sea débil ante las empresas para hacer cumplir convenios que impiden hacer despidos masivos de trabajadores. También por la falta de respuestas del Gobierno a los pedidos que se le han hecho desde tiempo atrás para actuar en prevención de la desocupación que causaría la apertura de la TCM.

El asesor legal del sindicado, Frank Ulloa, apostilló que en el Gobierno han tratado el asunto como si fuera solo un problema de Japdeva y no previeron que las mayores consecuencias serán en el sector privado.

Esa situación supone, a corto plazo, el despido de trabajadores en patios de contenedores, donde se ocupa mano de obra especializada en refrigeración, soldadura en aluminio y otras labores relacionadas con la exportación de productos perecederos que es muy delicada, y para trabajadores que han estado 20 o 25 años en eso no se les puede mandar a trabajar en construcción en cualquier parte, como ha planteado el MTSS, aseguró.

El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, rechazó que hayan faltado respuestas de la administración, y mencionó una serie de acciones emprendidas.

PUERTOS PÚBLICOS

Según Liroy Pérez, secretario de prensa de Sintrajap, el Sindicato de Japdeva, no hay duda de que la TCM se va a quedar con buena parte de la carga que Japdeva moviliza en la actualidad, pero consideró que no necesariamente eso se traduciría en recortes de empleos en la entidad estatal, por lo que considera aventurado el cálculo de la administración que habla del posible cierre de 900 puestos en la institución, cuya planilla consta de 1.300 empleados.

Pérez calculó que de los 700.000 contenedores que Japdeva moviliza anualmente, APM podría quitarles 400.000, pero eso más bien les dejaría campo para cambiar la modalidad de trabajo y mercadear los puertos estatales para atraer otros clientes y generar recursos y empleos tanto en la empresa estatal como para los privados que dan servicios.

Añadió que, junto al Gobierno local, cámara de comercio y la Federación de Trabajadores Limonenses y otras fuerzas locales, están impulsando varios proyectos, no solo para fortalecer Japdeva, sino el desarrollo de la provincia.

Las propuestas se las han estado presentando al Gobierno y a los candidatos presidenciales, dijo Pérez, quien advirtió que mucho depende de la voluntad política del Gobierno para hacer lo que hay que hacer, pues si no se hace nada, la apertura de APM sería catastrófica para el empleo de Limón.

En relación con los despidos que se anuncian en empresas de servicios portuarios, APM Terminals indicó que “las decisiones de otras empresas costarricenses obedecen a las condiciones particulares de cada una de ellas y APM Terminals es respetuosa de ello.”

Por ahora, el principal compromiso de la compañía es finalizar la construcción de la TCM para iniciar operaciones en febrero del 2019 y dotar al país de la más moderna y eficiente infraestructura portuaria, añadió la firma a través de su servicio de prensa.

Señaló que APM Terminals es un oferente más en el mercado nacional, que pondrá a disposición del sector empresarial servicios estipulados en el contrato de concesión de obra pública del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), tales como carga y descarga de contenedores, transferencia muelle-patio y viceversa, manipulación, recepción y despacho de contenedores (entre otros).

Mediante tecnologías de última generación para la prestación de dichos servicios, la nueva Central impactará directamente en el comercio internacional del país, reducirá los costos de logística para las exportaciones costarricenses, disminuirá los tiempos de atraque, mejorará la eficiencia portuaria, creará nuevas fuentes de empleo directo e indirecto en Limón y atraerá una mayor inversión extranjera, destacó la empresa.

ACCIONES DEL GOBIERNO

 

El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, discrepó de la afirmación de que el Gobierno no ha hecho nada para atender la generación de empleo en Limón, pues dijo que el Estado como un todo sí ha respondido.

Se trata de un tema complejo con el que tienen que ver una serie de instituciones públicas y privadas, no solo el MTSS, de modo que no puede verse como competencia exclusiva de ese Ministerio, señaló.

El jerarca destacó que el cambio de modelo portuario fue una decisión que se tomó en la Administración pasada y el Gobierno actual tomó la decisión superior de mantener el contrato de la TCM.

“Nosotros lo que podemos hacer es aminorar las consecuencias de esa decisión, pero la decisión ya está tomada. Si la entrada en vigencia (de la TCM) hace que algunas empresas cierren o se reduzca sus actividades, eso son consecuencias lamentables de una decisión superior que ya está tomada”, comentó.

Se prevé que podría haber una afectación para la gente que trabaja en predios, las estibas y transportistas a partir del 2019. Cualquier acción que tomen ahora las empresas son propias conforme a su actividad normal, y por lo menos en el Ministerio no las han relacionado con el cambio de actividad prevista para el 2019, aseguró Hasbun en referencia al asunto de los despidos anunciados.

En cuanto al número de empleos que se podrían perder con la apertura de la TCM –que empleará más tecnología y menos mano de obra – dijo que sería aventurado dar un dato, entre otras razones porque Japdeva no va a salir del todo de la actividad portuaria, y más bien de alguna manera se está fortaleciendo con las nuevas grúas que adquirió recientemente, y no está claro qué parte del personal quedaría cesante.

Igual pasa con las empresas que trabajan alrededor de Japdeva, la cual tendría que seguir trabajando con una parte de las estibadoras y de los transportistas.

El ministro dijo no conocer detalles de lo hecho anteriormente, pero desde que él asumió el puesto en el segundo semestre del 2016 se ha estado trabajando con mucha responsabilidad en el tema de Limón, sin olvidar que los empleos se crean fundamentalmente a través de la actividad privada.

Como parte de lo hecho, mencionó la creación de tres comisiones coordinadas desde la Casa Presidencial, con participación de representantes de la zona, incluidos sindicatos y cámaras del sector privado.

Una comisión se encarga de la creación de una zona económica especial, a fin de incentivar el desarrollo de la actividad empresarial. Una prioridad en esto es el combate contra la inseguridad, porque no llegarán inversiones si no hay seguridad, materia en la que se han logrado avances, al punto de que Limón dejó de ser la zona de mayor criminalidad del país, apuntó.

Otra comisión estudia cuántas personas quedarían cesantes en Japdeva, los perfiles de la gente que quedaría desocupada en la provincia, y una prospección de las opciones de empleo en la zona.

Una tercera comisión tiene que ver con problemas institucionales que hay que corregir, como la falta de planes reguladores en algunas municipalidades, cuya ausencia acarrea un problema de seguridad jurídica para las posibles inversiones en la zona.

*Créditos: Foto: Sintracobal

Tomado de https://semanariouniversidad.com

Manifestación de solidaridad con la huelga de trabajadores de exportaciones norteñas

  • Por la libertad sindical en la empresa privada

 

Este miércoles 10 de enero a las 5 p.m. frente al Diario Extra se llevará a cabo una manifestación de solidaridad con la huelga de trabajadores de exportaciones norteñas.

Según se puede leer en un comunicado publicado en la página de Facebook de Sitrasep Cr: “Los trabajadores de la piñera Exportaciones Norteñas se vieron obligados a irse a huelga nuevamente. Más de 60 familias trabajadoras pasaron la navidad sin aguinaldo, y despedidos sin ningún derecho.

Como si fuera poco están amenazando la integridad física de los compañeros que están allá defendiendo los derechos.

Es urgente demostrar nuestra solidaridad. Esta es una lucha de toda la clase trabajadora.

Este miércoles 10 de enero a las 5 p.m. en el Boulevard de la Avenida 4 (Frente a la Extra) se estará volanteando, recogiendo contribuciones para la comida de la huelga, y buscando darle impacto al tema para que el Ministerio de Trabajo y el gobierno hagan valer los derechos de este grupo.

Nuestra solidaridad es vital para que la policía no reprima a quienes hoy luchan, para que las amenazas contra la integridad de los compañeros no se hagan realidad y para que puedan triunfar en su lucha por sus justos derechos.

Ellos no tienen aguinaldo, no tienen derecho a decir nada cuando les violentan los derechos, no les pagan salario mínimo y están expuestos a condiciones inimaginables que ponen en riesgo su vida.

Ojalá mañana se sumen muchos trabajadores y trabajadoras a esta lucha por los derechos más elementales. Si queremos tener derechos no podemos dejar que este tipo de cosas pasen de forma impune”.

 

Fuente de información Sitrasep Cr

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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CCSS contrata seguro de bienes patrimoniales con aseguradora que no es el INS – alto riesgo

Comunicado de Prensa

ANEP-UPINS

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Primero el Diario Extra y La Nación después, dieron cuenta a la opinión pública nacional que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su Junta Directiva y de su Director Financiero, el señor Gustavo Picado Chacón, que contrataron a la firma privada Oceánica el seguro de bienes patrimoniales de la institución, conocido como TODO RIESGO para cubrir poco más de $ 2.000 millones en infraestructura de la CCSS.

Al respecto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), integrantes ambas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, manifestamos:

La Ley de la República No. 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, establece en su artículo 7 que: “El Estado ejercerá la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el INS. En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno Central como las demás instituciones del Sector Público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro”.

Es claro que, aunque la prima que cobrada el INS era un poco mayor (entendemos que un monto cercano a $ 259.000 que lo que cobro Oceánica); los demás elementos reglados por la Ley NO podían ser desconocidos por los altos funcionarios técnicos de la CCSS que recomiendan a la Junta Directiva contratar con otra aseguradora desconocida en el medio.

La calidad del respaldo financiero del INS respecto a Oceánica y la calidad del respaldo de reaseguros, sencillamente no son comparables. Pero aun así, con argumentos tan risibles, como que:

  • La oferta de Oceánica fue más baja en prima que la del INS (poco menos de $ 259.000)
  • La Oferta del INS venía en “días naturales” y “no hábiles”.

Los señores de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Gustavo Picado Chacón, pese a las implicaciones económicas, jurídicas, y propiamente del riesgo en juego que conlleva esta contratación, recomiendan y avalan contratar con Oceánica. Y la Junta de la CCSS lo aprueba. ¡Esto es lo peor!

Resaltamos también que el propio auditor interno de la CCSS, el señor Jorge Arturo Hernandez, manifestó su oposición a esta contratación con Oceánica. ¡No lo escucharon en Junta Directiva de la Caja!

Para que los y las costarricenses tengan un claro ejemplo:

Si sucediera un evento, similar al del Hospital de Puntarenas como hace unos años, y hubiese que indemnizar a la CCSS, digamos con $ 15 millones, por los daños; el INS asume dicha responsabilidad y paga en un período corto y como corresponde. La pregunta es: ¿tendríamos la misma seguridad con esta otra compañía cuyo respaldo financiero local es infinitamente menor al del INS y no se sabe que reaseguradores utiliza? La afectación para los usuarios de la CCSS es evidente.

El asunto está en que NO podemos esperar a que se sucedan siniestros y a ver si paga o no paga. ¡Con el INS eso jamás sucedería! Es nuestra aseguradora. Y los más importantes: el INS cuenta con LA GARANTIA DEL ESTADO DE COSTA RICA, pero Oceánica NO tiene dicho respaldo. Y esto, señores y señoras, en estas sumas aseguradas es determinante. Pese ello la CCSS se fue con Oceánica.

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Nos llama la atención que la CCSS abre un proceso de contratación de seguros, entendemos que por primera vez pues, históricamente, venía contratando con el INS de forma continua. En las valoraciones de criterios para elegir el elemento determinante fue el precio; NO las garantías ni respaldos financieros, ni trayectoria. Tampoco lo fue lo que el Art. 7 de la ley de seguros citada señala. Curiosa y presuntamente, nos parece todo esto como el clásico compadre hablado. Eso deberá ser investigado a profundidad.

Pesó más una diferencia de $ 259.000,00 (doscientos cincuenta y nueve mil dólares) en un contrato de $ 2.000 (dos mil millones de dólares) cuya prima anual cobrada por el INS fue de $ 2.135.731 y Oceánica de $ 1.876.591. Todavía el Director Financiero de la CCSS dice que “hubo un importante ahorro”. ¡Por favor señores, sean más serios y no se burlen de los costarricenses!

Insistimos y creemos que hubo mala fe de los técnicos de la CCSS al no contratar con el INS, bajo el pírrico argumento de que era más cara y que el plazo de vigencia de la oferta venía en días naturales y no hábiles. ¡Qué poca seriedad!

Es posible que “legalmente” todo esté correcto. Pero, y adónde quedó lo que presuntamente habría sido inmoralmente incorrecto, amañado, compadrado y, sobre todo, malintencionado del concurso; que no previno variables de valoración usualmente acostumbradas como: RESPALDO Y FORTALEZA FINANCIERO, GARANTIAS DE CAPITAL, REASEGUROS, EXPERIENCIA, ETC. De haberlo hecho, sin duda nunca hubiesen contratado a una aseguradora de tercera categoría y poner en riesgo el patrimonio de la CCSS.

Recemos para que no suceda ningún evento catastrófico antes del 31 de octubre del 2018, fecha en que vence este nefasto contrato CCSS-Oceánica.

CEMENTAZO, OCEÁNICA, JCB Y TEMAS AFINES

Es probable que los técnicos de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón, vivan en otro país que no es el nuestro. Esto lo decimos porque pareciera que no notaron que alrededor de esta aseguradora, Oceánica, pesan un sin numero de cuestionamientos en torno al tema del “Cementazo” por emitir garantías a favor de las empresas del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas (Grupo JCB), en un caso que se investiga en la Asamblea Legislativa, La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Ética, entre otros.

Esta affair de una desconocida compañía de seguros que incursiona en importantes contrataciones públicas con la CCSS, bancos públicos y privados , llama poderosamente la atención en momentos en que todos nos cuestionamos los llamados tráficos de influencias en la esfera pública, mismos que hoy tienen al país de cabeza y a los partidos políticos tradicionales en coma. No hablamos del proceso de elecciones, que es el espejo de toda esta inmundicia que “hiede” a podredumbre. ¿Será este contrato de la CCSS con Oceánica un capítulo más de esta peste de tráfico de influencias? Veremos…

RESPALDO AL INS

Como organizaciones sindicales responsables, respaldamos al INS en este tema en particular y creemos que casos como estos NO pueden suceder a futuro. El INS es la aseguradora de los y las costarricenses, cuenta con la garantía del Estado y las leyes son claras respecto a la contratación de todas las entidades públicas con el INS. ¿O es que ahora se volvió un botín los seguros del Estado con compañías privadas? ¡Estamos informados y estaremos alertas!

DEBER DE LA JUNTA DIRECTIVA CCSS DE EXPLICAR LO SUCEDIDO

ANEP y UPINS, con el aval del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, solicitarán a la CCSS rendir las explicaciones de este nuevo desastre. Valoraremos llevar al Ministerio Público este asunto, una vez conocida la respuesta de la Junta Directiva de la Caja.

 

San José, jueves 21 de diciembre de 2017.

 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP): Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS): José Luis Soto Rodríguez, Secretario General

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por SIPROCNP.

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Elección de nueva Junta Directiva de la Central General de Trabajadores

COMUNICADO DE PRENSA

La Central General de Trabajadores realizó su Asamblea General de Final de Periodo el día 29 de setiembre en las instalaciones de la Casa “Calufa” (Carlos Luis Fallas), en la cual presentó su informe de labores del periodo bianual que establecen sus estatutos.

Posteriormente eligió entre sus organizaciones afiliadas la nueva Junta Directiva Nacional para el periodo 2017-2019 quedando integrada de la siguiente manera:

Carlos José Cabezas Mora Secretario General Sindicato de Empleados del PANI
Cinthya Crespo Campos Secretaria General Adjunta Sindicato Patriótico de la Educación 27 de agosto
Jesús Campos Méndez Secretaria de Organización Federación Trabajadores de Plantaciones (Fentrap)
Franklin Benavides Flores Secretaria de Educación Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo
Bernal Ulloa Mctaggar Secretaria de Actas y Correspondencia Sindicato de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social
Miguel Ramírez Largaespada Secretaría de Finanzas Sindicato de Empleados del PANI
Mario Rodríguez Bonilla Secretaría de Prensa y Propaganda Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados
Siliana Vega Rojas Secretaría de la Mujer Sindicato de la Salud y la Seguridad Social
Franklin Quesada Campos Secretaría de Cultura y Deportes Sindicato de la Salud y la Seguridad Social
Leticia Salas Pérez Secretaría de Asuntos Internacionales y Solidaridad Sindicato de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social
Tamara Mauksch Winkler Vocal 1 Sindicato Patriótico de la Educación 27 de agosto
Antonio Hernández Vega Vocal 2 Federación de Trabajadores de Puntarenas
Ovidio Fernández Montenegro Comisión Fiscalizadora Sindicato de Empleados del PANI

Las organizaciones miembros de la Central General de Trabajadores participantes coincidieron en la necesidad de aumentar el desarrollo de la organización mejorando tanto la comunicación interna como el diseño e implementación de proyectos internos para la cohesión interna, entre los cuales la formación de dirigentes ocuparía un lugar de prioridad.

En el ámbito nacional la Central considera que la libertad de sindicalización en la empresa privada en el marco de la aplicación de la reforma procesal laboral, la defensa de las instituciones de la reforma social contra los embates privatizadores, la formalización del empleo y el desempleo, contra la corrupción, desigualdad social y la defensa del empleo público estarán entre los ejes fundamentales de la lucha de la clase trabajadora.

 

Mario Rodríguez Bonillo, Secretario de Prensa y Propaganda

Teléfono: 7105-2587

Carlos J. Cabezas Mora, Secretario General

Teléfono: 8840-4231

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Cabezas.

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Transportistas se preparan para manifestarse el 18 de setiembre

Comunicado de prensa

 

A todo el país y a la comunidad internacional les comunicamos que los transportistas se preparan para manifestarse el 18 de setiembre 2017 y nosotros les estamos dando todo el apoyo.

Respaldamos sus demandas, ellos saben que, si no se unen y luchan, desaparecen, cómo han desaparecido los pequeños agricultores, zapateros, pulperías, etc. En fin, el capitalismo salvaje concentra la economía en los grandes empresarios.

Defendemos al usuario, porque al defender al pequeño y mediano transportista logrando una mejor distribución de la riqueza, al monopolio lo único que le interesa es el lucro, así es que el usuario paga las demandas que pierde el estado, los errores administrativos, la concentración, etc.

Llamamos al gobierno a atender las demandas del sector dejando de lado su preferencia por los intereses de los grandes empresarios además de su actitud de no romper con las herencias de odiosos privilegios de gobiernos anteriores, además su descuido a los usuarios, felicitamos Anatrans y a todas las organizaciones que se han unido en esta lucha.

¡Solo luchando cambia la vida!

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de costarica2050.cr

Enviado por Carlos Cabezas, Centra General de Trabajadores.

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Organizaciones se manifestaron en la Fuente de la Hispanidad exigiendo Libertad Sindical

El pasado 25 agosto varias organizaciones sociales que firmaron la Campaña “Por la Libertad Sindical en la Empresa Privada”, se manifestaron en la fuente de la Hispanidad.

Son 44 organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares que se unieron para crear la campaña y exigirle al gobierno que tome acciones para proteger los derechos de los trabajadores perseguidos y despedidos.

Las organizaciones manifestantes, indicaron que eligieron la Fuente de la Hispanidad por ser un lugar que recientemente estuvo en la discusión nacional por la acción de un artista.

En su acción, tiñó el agua de la fuente como protesta por el uso de agroquímicos en las piñeras, así como para llamar la atención sobre las violaciones a los derechos laborales denunciadas por el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), el cual es parte de la campaña.

La manifestación inició en el Pretil de la UCR, donde las organizaciones se unieron a los estudiantes de la Universidad para salir hacia la Fuente de la Hispanidad.

Según anunciaron las organizaciones, esta sería la primera acción de calle que impulsó la campaña, pues durante las próximas semanas se anunciarán nuevas manifestaciones y actividades culturales.

La que de momento ha sido anunciada, será una marcha hacia la Casa Presidencial el próximo martes 5 de setiembre.

 

Para más información con Yuleysi Segura al teléfono 6038 4639.

 

Enviado por frat@riseup.net

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Lanzamiento Campaña por la Libertad Sindical en la Empresa Privada

Varias organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos realizaron el pasado lunes 21 de agosto el Lanzamiento Oficial de la Campaña «Por la Libertad Sindical en la empresa privada» en la Casa Calufa.

Son más de 15 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que han conformado la campaña para promover la defensa de los derechos laborales a través de la organización sindical de la mayoría de la población trabajadora.

En meses anteriores, el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) ha denunciado persecución sindical en empresas como Exportaciones Norteñas, La Nenita Farm (ambas exportadoras de piña localizadas en Los Chiles), Selime (empresa de limpieza subcontratada por la Universidad de Costa Rica) y Sajiplast (fábrica de plásticos en Barreal de Heredia).

En esas empresas se han dado casos de acoso sindical, amenaza de despidos, despidos ilegales, reubicación de trabajadores en otros puestos, y en 3 casos los trabajadores sindicalizados fueron entregados a la policía de fronteras mediante engaños y posteriormente expatriados.

Además, y más urgente aún, los dirigentes sindicales Jouseth Chaves y Francisco Cruz han recibido múltiples amenazas de muerte por su labor en las fincas piñeras de Los Chiles.

 

Para más información:

  • Correo: cr@gmail.com
  • Jouseth Chaves, SITRASEP, 8605 9151
  • Ariane Grau, Coordinadora de Lanzamiento de Campaña, 8730 2459
  • Gerald Valverde, Coordinador de Prensa, 8304 3347

Lanzamiento Campana por la Libertad Sindical en la Empresa Privada

Enviado por Agustín Coro Morera.

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SEC: XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria «Alejandro López Martínez»

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC invita a toda su afiliación a participar en la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria «Alejandro López Martínez», este próximo 4, 5, 6 y 7 de octubre en el Gimnasio Nacional.

«SEC hacia la construcción de políticas públicas y por la defensa de un Estado Social de Derecho«.

Asamblea XLVIII SEC

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por SEC CR.

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SEC celebra directriz del MEP sobre cargas laborales

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC Gilberth Díaz Vásquez indicó -a propósito de la circular del MEP sobre la carga laboral docente- que las medidas anunciadas para eliminar la sobrecarga laboral provocada, específicamente, por el abuso de comunicaciones y actividades que sobrepasan las obligaciones y horario laborales, son un logro del trabajo serio de los sindicatos para garantizar las mejores condiciones laborales de quienes tienen en sus manos la educación de las futuras generaciones.

La política de salud ocupacional del MEP se desprende de la aplicación del título V capítulo I y II sobre salud ocupacional y seguridad social de la Convención Colectiva MEP y SEC-ANDE-SITRACOME, y sus acuerdos tomados en Junta Paritaria este martes 8 de agosto, viene a atender una grave tendencia de deterioro de la salud del personal docente en Costa Rica, a quienes se ha recargado no sólo con las ya conocidas horas de evaluación y preparación de lecciones fuera del horario escolar, sino con innumerables solicitudes de trabajo administrativo, comunicaciones por medios no institucionales en horario de descanso y asignación de actividades que sobrepasan las obligaciones laborales.

Gilberth Díaz explicó que, “más allá de las simples percepciones, los sindicatos nos dimos a la tarea que fundamentar científicamente las causas del malestar y de una serie de síntomas de deterioro de la salud física y mental del personal docente, incluido el llamado síndrome del quemado en el trabajo, con el respaldo de investigaciones realizadas por organismos como la UCR, UNESCO, OIT y el mismo MEP, con lo que se logró evidenciar la legitimidad del reclamo de frenar las prácticas que deterioran la calidad de vida de docentes en todos los rincones del país”.

Celebramos que el MEP reconociera con diligencia esta situación y emitiera una directriz clara a todo el personal para impedir que esta situación se siguiera dando, corresponde ahora a toda la compleja estructura del MEP conocer, respetar y hacer valer esta medida de salud ocupacional, puntualizó Díaz Vásquez.

Estamos a la espera de que en tres meses la comisión que se intregró para analizar otras situaciones más graves de carga laboral aportados por nuestra afiliación, de su informe para estudiar y resolver de la mejor manera.

SEC logo

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por SEC CR.

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ANEP: empleo público, revivir expediente 19.506 es revivir el escenario confrontativo abierto

  • La clase trabajadora no es responsable de los problemas de liquidez del Gobierno
  • La clase trabajadora no es responsable del déficit fiscal
  • La clase trabajadora no es responsable de la deuda pública ni del astronómico pago de intereses de la misma

 

Una vez más tenemos que condenar, enérgicamente, la reedición de la enfermiza tesis neoliberal de que el salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente sus pluses y sus anualidades), que pretende culpabilizar, satanizándoles ante la sociedad, a quienes laboran para el sector Público, de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, del grave problema del déficit fiscal, del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Tampoco es culpable la clase trabajadora asalariada del sector Público, como tampoco lo es la del sector privado, por la injusta estructura tributaria costarricense, perversamente regresiva, la cual hace que quienes ganan menos, proporcionalmente hablando, pagan más; mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo, eludiendo y/o evadiendo sus reales obligaciones tributarias.

Hacemos un vehemente llamado a todas las conciencias laborales del sector Público, así como a los diversos grupos y gremios que les representan, para que nos pronunciemos con energía y procedamos a rechazar con vehemencia, la resucitación política del detestado Expediente Legislativo No. 19.506, cargado de un odio visceral contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora del sector Público a lo largo de muchas décadas.

Lo que corresponde es dar los primeros pasos de corte estratégico para que esa injusta estructura tributaria nacional pase a ser progresiva: que paguen más los que más tienen.

Lo que corresponde es un proceso nacional de diálogo político-social para evitar que nuestro país caiga en el precipicio de la quiebra del Estado y que pasemos a vivir dolorosas e irreconciliables experiencias tipo Grecia, tipo Portugal.

Lo que corresponde es abandonar el fundamentalismo neoliberal cargado de odio patológico contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas, contra sus organizaciones sindicales; y, por el contrario, establecer una fuerte estrategia nacional para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, superior a los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y/o, entrarle a los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones determinando la derogatoria de, al menos, la mitad de la mismas.

Lo que corresponde es auscultar la naturaleza del endeudamiento nacional y una reingeniería de la deuda para atenuar, en alguna medida, el abultado y exorbitante pago anual de intereses que supera ya los 3 puntos porcentuales PIB.

Reiteramos con contundente vehemencia: quienes laboran para el sector Público, no son los responsables de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, no son los responsables del grave problema del déficit fiscal, no son responsables del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales que les representan, para que unamos esfuerzos y procedamos a la movilización necesaria en aras de cerrarle, nuevamente, el paso al expediente 19.506 y similares, y, por otra parte; exigir las legislaciones necesarias del cambio estructural tributario hacia la progresividad.

 

San José, lunes 7 de agosto de 2017.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr

Enviado por ANEP.

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