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Propuesta sindical para el ajuste salarial 2025

En una reciente sesión del Consejo Nacional de Salarios, Michael Hernández, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores Unidos en la Acción Sindical, presentó una propuesta en nombre de varias organizaciones sindicales, destacando la importancia de los salarios dignos como clave para promover la inclusión social, el desarrollo económico y la justicia social en Costa Rica. Junto a Hernández, estuvo presente Bruno Coto Barboza, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, quien ofreció apoyo técnico al proceso de consultas.

Durante su intervención, Hernández insistió en que los salarios no solo deben cubrir las necesidades básicas, sino también asegurar un nivel de bienestar adecuado para todas las personas trabajadoras. Citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los salarios justos son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad, y que estos deben ser parte de la construcción de una vida digna para las familias costarricenses. La propuesta de ajuste salarial busca garantizar este objetivo, con el Consejo Nacional de Salarios jugando un papel fundamental en este proceso.

Hernández destacó además la desconexión entre las estadísticas económicas y la realidad que enfrentan muchas familias en el país. Si bien los datos pueden sugerir una mejora general, no siempre reflejan las dificultades de las personas que luchan diariamente por salir de la pobreza. Por ello, argumentó que el fin de la actividad económica debe ser mejorar el bienestar común, y no simplemente centrarse en promedios estadísticos que diluyen la realidad social.

Desde el movimiento sindical, se subraya que el salario no debe verse como un simple costo de producción, sino como un elemento que dinamiza la economía interna. Una política de salarios reales crecientes puede fortalecer el consumo interno, permitiendo que las personas trabajadoras inviertan más en bienes y servicios, así como en su bienestar personal y familiar. Este enfoque no solo impulsa el consumo, sino que también genera mejores condiciones para la recreación y el ocio, lo que contribuye al desarrollo de una economía más robusta.

El documento «Propuesta Sector Sindical Ajuste Salarial 2025» refuerza estas ideas, presentando un análisis detallado de la situación actual y la necesidad de un ajuste salarial que responda a las demandas de la clase trabajadora. En este se enfatiza la importancia de la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad a través de salarios que reconozcan el esfuerzo y la productividad de los trabajadores. Asimismo, el documento destaca la necesidad de tener en cuenta las nuevas realidades económicas, como el incremento en el costo de vida y los cambios en los sectores productivos, que requieren políticas salariales más adaptadas a la actualidad.

La propuesta sindical busca generar un debate más profundo y centrado en la dignidad de los trabajadores costarricenses, promoviendo salarios justos que permitan a las familias mejorar su calidad de vida y contribuir a una sociedad más equitativa. Los salarios dignos no solo favorecen a los trabajadores, sino que también impulsan la economía nacional al fomentar el consumo y la inversión en el bienestar familiar.

Enlace del video:  https://www.facebook.com/share/v/pLhwEYEKPvD76T5Q/?mibextid=WC7FNe

Defensoría: Faltante de fondos para pago completo de salarios, aguinaldo y pensiones en el MEP agrava crisis de la educación

Derechos laborales del sector educación

Lunes 21 de Octubre 2024. La Defensoría de los Habitantes llama la atención a las autoridades gubernamentales sobre la alerta emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional sobre un faltante de casi 42.000 millones de colones para cubrir pensiones de docentes no presupuestadas en 2024 y 2025, con el consecuente perjuicio para casi 113.000 trabajadoras y trabajadores del sector educativo.

Este faltante se suma ahora al denunciado faltante de 17.000 millones de colones para cubrir sueldos de educadoras y educadores los últimos meses de 2024, y más de 100.000 millones de colones en el presupuesto del próximo año del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La preocupación se ahonda en virtud de que el debilitamiento de la educación costarricense se refleja no solo en el presupuesto para infraestructura y mejoras al proceso educativo, sino también en los recursos que se deben direccionar para cubrir los derechos laborales del personal docente, en demérito de la calidad de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría recibe cientos de quejas relacionadas con problemas de no pago de sumas de dineros por diversos motivos, que afectan el monto del salario que deben recibir, y que transgreden el derecho a un salario digno y justo y el derecho a la seguridad social que como Estado deben tutelarse y garantizarse, por lo que vehementemente insta de nuevo a la autoridades competentes para que cesen las vulneraciones en materia del cumplimiento de los derechos laborales hacia el sector educativo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Asociación Jubilados en Acción solicita información sobre fondos para cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes a jubilaciones

El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.

Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.

A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales. 

Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.

Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:

  1. ¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales? 
  2. ¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991? 
  3. ¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991? 
  4. ¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958? 
  5. ¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?

Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.

ANEP y SITRAP solicitaron una nueva metodología de cálculo para salario mínimo del sector privado

La tarde del 16 de octubre de 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), plantearon al Consejo Nacional de Salarios (CNS) una nueva metodología de cálculo para el salario mínimo del sector privado.

Para la ANEP y SITRAP es necesario que se discuta e implemente un nuevo cálculo salarial que cumpla con estándares mundiales y que cumpla con el precepto constitucional del Artículo 57 de la Carta Magna: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. En este sentido, se considera que debe Costa Rica emplear la metodología Anker, desarrollada por Richard Anker y Martha Anker, la cual ha sido ampliamente aprobada y aceptada a nivel mundial.

ANEP y SITRAP, también solicitaron al Consejo Nacional de Salarios regresar a la fijación semestral y no anual. Así mismo, se comentó:

“El cálculo del salario mínimo, tal y como se ha desarrollado históricamente, se encuentra obsoleto si seguimos tendencias de crecimiento social que responden a términos macroeconómicos que no pueden establecer elementos de movilidad social ni de calidad de vida”, manifestaron las organizaciones sindicales.

El Instituto de Investigación Anker es una organización sin ánimo de lucro fundada por Richard Anker y Martha Anker en 2020 con el apoyo de la Coalición Mundial por un Salario Digno. El Instituto produce referencias de salario e ingresos dignos en todo el mundo, así como más de 100 valores de referencia Anker y estimaciones subnacionales de salario e ingresos dignos en un número creciente de países. Asimismo, el ARI elabora estudios de alta calidad relacionados con el salario digno y la renta digna sobre género, migración, salarios vigentes, entre otros.

Por último, se mencionó que:

“Como hemos indicado en al menos los últimos tres períodos y consecuentes fijaciones salariales mínimas, la manera en la que se fija actualmente el salario mínimo, persigue la inflación y utiliza información general del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siendo indicadores macroeconómicos que reflejan la situación de la economía a nivel país, pero que nada dicen sobre el consumo real y la calidad de vida de los hogares con los ingresos mínimos; teniendo como resultado un cálculo de salario mínimo que termina únicamente persiguiendo la inflación y ajustándose a las variantes macroeconómicas, perpetuando estados de vulnerabilidad y condenando a la población al endeudamiento de usura, así como al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso” indicaron desde la ANEP Y SITRAP.

JUPEMA denuncia que gobierno no incluyó en presupuesto recursos suficientes para Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio

MEP contempló recursos insuficientes en el presupuesto 2024 y 2025 para el pago de las cuotas patronales y estatales al fondo del RCC. JUPEMA, en su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados, alerta e informa:

-⁠Según los cálculos realizados por el Departamento Financiero de JUPEMA, el MEP enfrenta un hueco financiero de ₡41.674 millones, en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2025, esto para cubrir los montos correspondientes a las cuotas patronales y estatales del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), tanto de montos adeudados de años anteriores, como de lo correspondiente al 2025, afectando a más de 112 mil trabajadores de la educación, quienes no verán en su estado de cotización el registro de estas cuotas mientras que el MEP esté en mora.

-⁠El MEP incumplió el acuerdo negociado en marzo de 2024, para el pago de deudas del año 2023, ya que canceló 10 mil millones de colones con recursos de este año, por lo que estos recursos deberían haberse reintegrado al presupuesto 2024 o sumado al presupuesto 2025, no concretando ninguna acción, lo que significa que cada día la deuda irá en aumento.

-⁠La Ministra de Educación no responde a las solicitudes de audiencia para abordar este. y otros temas de interés para JUPEMA en beneficio de nuestra afiliación.

-⁠JUPEMA realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación de esta situación y solicita a los Diputados exigir al MEP y al Ministerio de Hacienda una solución inmediata para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación.

JUPEMA vela por los intereses de sus afiliados y exige responsabilidad en el pago de los recursos adeudados.

Movimiento sindical costarricense presenta propuesta de aumento salarial para 2025

Bruno Coto Barbosa, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores, anunció a SURCOS que el movimiento sindical ha alcanzado un acuerdo unitario sobre la propuesta de aumento salarial para el sector privado costarricense en 2025. La propuesta será presentada el miércoles 16 de octubre ante los directores del Consejo Nacional de Salarios.

La propuesta contempla un aumento general del 4.37% para los salarios mínimos del sector privado, con incrementos adicionales del 2.33% para las trabajadoras empleadas domésticas y del 0.56% para los trabajadores calificados . Según Coto, la propuesta fue el resultado del trabajo conjunto de técnicos y economistas vinculados a las organizaciones sindicales, así como del diálogo político entre las diversas organizaciones del movimiento sindical.

El dirigente destacó la importancia de lograr una propuesta unitaria y técnicamente fundamentada, la cual también incluye un llamado al Consejo de Salarios para que se revise y actualice la fórmula de cálculo de los aumentos salariales anuales. Además, se busca la implementación de la metodología «ancla» para proteger los ingresos de los trabajadores frente al aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

El movimiento sindical ha convocado a los trabajadores del sector privado a presentarse el miércoles a las 4 pm en el Ministerio de Trabajo, ubicado en Barrio Turnón, San José, para apoyar la presentación de la propuesta. También se les invita a asistir el viernes, cuando el gobierno presentará su contrapropuesta y se realizará la votación final para definir el aumento salarial del próximo año.

Compartimos el comunicado conjunto de las organizaciones sindicales.

Imagen ilustrativa.

Entrevista con ex director del Servicio Nacional de Guardacostas en el marco de retos en seguridad

El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.

El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.

También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .

Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.

Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.

Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.

Cuestionamientos a la Administración Chaves Robles por su labor en relación con el narcotráfico

En un reciente manifiesto publicado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se lanzan serias críticas a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Según el documento, nunca antes en la historia del país se habían presentado tantos señalamientos sobre posibles nexos entre estructuras criminales y el Gobierno de la República. Esta hipótesis, que ya ha generado intensos debates, es descalificada por la administración a través de discursos cargados de sarcasmo y agresividad, lo que, para la ANEP, es una estrategia populista que intenta desviar la atención de los verdaderos problemas.

El manifiesto hace un análisis técnico sobre las políticas de seguridad del gobierno, destacando que la respuesta de las autoridades ha sido inadecuada y preocupante. La organización sindical, respaldada por profesionales en criminología, derecho y ciencias policiales, sostiene que es inaceptable que el gobierno se ofenda ante los cuestionamientos en lugar de rendir cuentas claras y demostrar que sus decisiones han sido las mejores para el país. De hecho, las actuaciones del Ejecutivo, sumadas a las maniobras dilatorias en la Asamblea Legislativa para evitar la creación de una comisión investigadora sobre los presuntos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo avivan las sospechas.

El manifiesto de ANEP resalta que Costa Rica ya no es solo un punto de tránsito para la droga que va del sur al norte del continente; el país ha pasado a ser una base operativa de los cárteles, donde se reciben y distribuyen drogas, se coordinan operaciones y, lo más preocupante, se legitiman capitales. Esto ha llevado a una mayor presencia de cocaína en el mercado local, con precios que han caído significativamente. Pese a esta grave situación, la administración Chaves no ha implementado acciones contundentes para mitigar el impacto de este flagelo.

El análisis de la organización sindical detalla diez puntos principales, entre los que destacan la falta de políticas preventivas, la ruptura de relaciones con otros poderes del Estado, la designación de líderes policiales cuestionados, y los serios problemas en la adquisición de equipo y contratación de personal para la Fuerza Pública. Uno de los aspectos más alarmantes es la decisión de no comprar nuevas patrullas para el 2025, siendo el tercer año consecutivo sin inversión en movilidad policial, lo que pone en desventaja a las fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

También se destaca que la Policía de Control de Drogas (PCD) ha sido retirada de puertos, aeropuertos y fronteras, lugares clave para la recolección de información e investigaciones sobre narcotráfico a nivel internacional. Además, la falta de estrategias migratorias permite que integrantes de bandas criminales utilicen figuras legales como el refugio para mantenerse en el país sin obstáculos, mientras que el Ejecutivo no ha presentado ni un solo proyecto de ley dirigido a combatir la legitimación de capitales.

Ante esta situación, la ANEP concluye que la administración Chaves está actuando con total ignorancia, ineficacia o protegiendo intereses ajenos a los de la ciudadanía honesta. El documento, firmado por Albino Vargas Barrantes y otros miembros de la organización, invita a reflexionar sobre el manejo de la seguridad en el país y hace un llamado a las autoridades para que, en lugar de enfadarse por los señalamientos, demuestren con hechos concretos su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Le invitamos a descargar el PDF para explorar en detalle este análisis y conocer las críticas y preocupaciones expuestas en el manifiesto de la ANEP.

Occidente trabaja en propuesta para fortalecer la presencia del Banco Popular

El 28 de septiembre se llevó a cabo el tercer encuentro regional Nuestra Asamblea, Nuestro Banco en Occidente. En este evento participaron las personas delegadas de la comunidad que residen en la zona, junto con las Juntas de Crédito Local y las gerencias del BP Total de Grecia y San Ramón. Además, se contó con la presencia de Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras..

Durante el encuentro se continuó el diálogo sobre el fortalecimiento de la presencia del Banco Popular en el territorio. Este proceso busca aprovechar las oportunidades de negocio y el contexto regional, asegurando la colaboración de todas las partes involucradas para impulsar el crecimiento y la integración de la institución en la zona.

Poder Popular: boletín del gobierno de Honduras

El boletín titulado Poder Popular es una publicación oficial del gobierno de Honduras, y en esta edición número 114, presenta una amplia variedad de temas de actualidad política y social del país. Entre los principales puntos abordados, se destaca la participación de la Presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expone las acciones y desafíos enfrentados por su administración, así como su denuncia sobre las injusticias económicas y sociales que persisten en el país. Además, el boletín informa sobre la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), resaltando la recuperación de la soberanía nacional.

Invitamos a todos los interesados a profundizar en los detalles de esta publicación, que refleja las acciones y posturas del gobierno hondureño frente a la comunidad internacional y en su gestión interna. La lectura completa del boletín ofrece una visión clara de las políticas y medidas que están siendo impulsadas para enfrentar los retos del país.