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SEC, ANDE y SITRACOME celebran gran logro de la Convención Colectiva en favor de las Niñeras (Artículo 13)

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Artículo 13. Comisión para el análisis de puesto de niñera para la atención del servicio de materno infantil y educación especial. Por medio de una Comisión Temporal se realizará un estudio en cuanto a las funciones y categoría de las personas que ejercen labores de asistente de aula en los distintos niveles, atendiendo a la población estudiantil en los centros educativos, conocidas como niñeras, con el objeto de definir y gestionar ante la Dirección General de Servicio Civil una categoría especializada para estas personas trabajadoras.

SEC, ANDE y SITRACOME con sumo placer comunican a todo el Magisterio Nacional, la feliz culminación de la lucha del artículo trece de la Convención Colectiva, por los derechos de las trabajadoras de los centros de educación especial, que vienen laborando en los puesto de niñeras en la atención del servicio materno infantil y educación especial, a las cuales se les tenía clasificadas como Trabajadoras de Servicio Civil Dos, Especialidad Atención de Menores, para ubicarlas en adelante en la clase de Asistente de Servicios de Educación Especial. Nueva clase de puesto que se crea mediante resolución DG-080-2017 de las ocho horas del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, cuya resolución fue publicada en Gaceta del día trece de julio de dos mil diecisiete.

Con la creación de esta nueva clase de puesto se vienen a establecer funciones específicas para esta clase de trabajadoras, resolviendo en definitiva una gran incertidumbre y abuso que se venía cometiendo contra las mismas al ponerlas a realizar funciones de conserjería que nos les correspondían. Así mismo, se logra un aumento en el salario base de estas funcionarias los que les generará una mejor calidad de vida.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

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SEC: Nuestra posición ante la polémica OIT- UCR sobre la situación financiera del sistema de pensiones IVM de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.

Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.

Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.

En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.

Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.

Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.

Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:

  • Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
  • La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
  • Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
  • Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
  • De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.

Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.

En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.

 

Enviado por SEC Costa Rica.

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UCR en relación a nota de OIT sobre IVM: «Politizar aspectos técnicos es un grave riesgo de distorsión»

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado de Prensa

 

La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de realizar el estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirma que el modelo empleado en el análisis no infla la población afiliada, así como tampoco la acumulación de derechos; la modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada y la modelización de los salarios de referencia y las fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento del IVM.

Asimismo, los expertos de la Escuela de Matemática, en respuesta enviada a la CCSS en relación con las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguran que las conclusiones de la Nota Técnica de este organismo internacional carecen de sustento técnico.

Los académicos advierten que al ser el IVM de vital importancia para el futuro de la población costarricense, el bienestar de las familias y las personas, la politización de los aspectos técnicos significa un gran riesgo de distorsión de los datos que no beneficiará a nuestro país ni a sus habitantes.

En cuanto a los puntos planteados por la OIT, aclaran lo siguiente:

El uso de la base completa de 2,8 millones de afiliados del IVM, en lugar de utilizar solamente 1,5 millones de cotizantes, fue ampliamente analizado entre los actuarios de la UCR y de la CCSS.

Se hicieron dos estudios actuariales separados: uno con los afiliados, que es el que se incluyó explícitamente en el estudio actuarial, y otro con los cotizantes que se entregó con el oficio adjunto N° UCR-CCSS-023-2016 del 8/12/2016. Los costos sobre los salarios, los años en que se agotarán los ingresos totales y la reserva, resultaron bastante similares en ambas situaciones.

Un total de 62.537 afiliados de IVM no cotizaron en el año 2015 y al 31 de diciembre del 2015 estaban vivos y no pensionados, con 15 o más años cotizados. Estas personas bien pueden no volver a cotizar; sin embargo, en caso de invalidez, vejez o muerte, se consolida el derecho a los beneficios, sin aparecer como Población Económicamente Activa (PEA). Incluso, alguna parte de ellos podría estar fuera de Costa Rica, por lo que tampoco aparecería en la población nacional. Pueden seguir cotizando y tendrán mayores beneficios. Los que tienen menos de 15 años cotizados y no cotizaron en 2015 pueden aportar nuevas cuotas y pensionarse si llegan a cumplir los requisitos. Por lo tanto, no se pueden dejar de incluir en el modelo, pues si se excluyen se tendría una subestimación de la cantidad de pensiones.

En el estudio actuarial realizado por la UCR se indicó que las migraciones, las nuevas modalidades de pensión aprobadas en 2005 y 2007, la informalidad laboral, la posibilidad de acceder a más de una pensión y la no prescripción de las cuotas, ocasionarán un aumento en la cantidad de pensiones, principalmente en el caso de vejez, lo cual causará que los 6,4 cotizantes por pensionado que se tenían en 2015 se reduzcan a 1,4 en el largo plazo. En países como Finlandia el número de cotizantes por pensionado es 1,6 y bajará hasta niveles de 1,3 y 1,4 en el largo plazo.

El estudio actuarial realizado por la UCR aclara en la página 27 que la cantidad de afiliados de IVM no debe compararse con la Población Económicamente Activa, precisamente para evitar las confusiones que tiene la OIT.

La anterior reseña permite afirmar que lo observado por la OIT sobre el modelo demográfico que utilizó la UCR, no aporta nada novedoso a lo que ya se había analizado en el año 2016; sin embargo, es importante atender puntualmente las principales observaciones sobre asuntos demográficos y financieros contenidas en dicha nota técnica, como se indica a continuación.

El diagrama que aparece en la Figura 2 de la nota técnica de la OIT no corresponde al modelo utilizado por la UCR. La afirmación de que “el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados”, es incorrecta. En el estudio actuarial de la UCR no hay una proyección de la población no afiliada, sino de las poblaciones de afiliados y de cotizantes. Al grupo de afiliados se agregan anualmente las nuevas generaciones de cotizantes que se obtienen de la proyección de PEA suministrada por la CCSS.

La afirmación de que “si la formulación del modelo UCR fuera adecuada, la densidad de cotización se aplicaría solamente para la población afiliada cotizante activa” y que “el modelo UCR trata de emplear la densidad como sustituto de tasas de re-entrada y salida”, son incorrectas y sin sustento. La densidad de cotización empleada se calcula sobre el total de afiliados (a diferencia de otras metodologías que solo usan cotizantes) por lo que deben aplicarse a tal población.

En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.

Se indica que “el modelo no utiliza una curva de salarios”, lo cual es una afirmación incorrecta, ya que más bien se utilizan escalas salariales por sexo, edad y años cotizados.

Así mismo, se afirma que “en muchos años, el salario de referencia para el cálculo de las pensiones crece más que el salario promedio cotizable, lo cual es una consecuencia indirecta de la manera que el modelo UCR modeliza cohortes y la utilización de dos grupos demográficos en lugar de tres”, lo cual también es incorrecto. La razón por la que eso sucede es que el salario promedio de referencia depende de la inflación de los últimos 20 años, mientras que el salario promedio cotizable depende de la inflación de a lo sumo un año de tiempo.

Se indica erróneamente que “La pensión promedio crece más rápido que la inflación, y en muchos casos más que el salario promedio cotizable. Esto es una consecuencia directa de la sobreestimación del número de nuevas pensiones (consecuencia a su vez de una modelización demográfica inadecuada), así como del hecho de que las pensiones se calculan usando un salario que crece más rápido que el salario promedio“. El motivo por el cual la pensión promedio crece más que la inflación es que, como es obvio, las pensiones nuevas son mayores que las que están en curso de pago y las pensiones terminadas son inferiores a las de curso de pago. Según datos de la CCSS, por año hay unas 20 mil pensiones nuevas, mientras que las terminadas rondan 7 mil.

“La fórmula de cálculo de la pensión empleada por el modelo, utiliza solo el último salario cotizado como referencia, y no el promedio actualizado de los últimos veinte años según establece la ley”. Esta afirmación es falsa y temeraria. En las hojas de cálculo entregadas por la UCR, la CCSS corroboró que se utilizó la fórmula contenida en la página 245 del estudio actuarial, la cual usa como salario promedio de referencia el promedio de los salarios cotizados en los últimos 20 años, indexados con la inflación de los precios. Es sorprendente que el análisis técnico hecho por la OIT omitiera este detalle.

En la Nota Técnica de la OIT se indica que “estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.

Dado que la nota técnica de la OIT no aporta estos datos, se hizo un análisis de algunos estudios actuariales realizados por la CCSS y el que la CCSS contrató con la OIT con corte al año 2008, denominado “Reporte sobre la Validación de la Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, que fue investigado por la Auditoría Interna de la CCSS en el año 20131. Comparando las proyecciones realizadas con los datos estadísticos observados en el año 2015, se obtienen resultados que causan preocupación. Como se describirá a continuación, la realidad indica que las proyecciones de la OIT subestiman significativamente la cantidad de afiliados y los gastos del IVM. Insistimos en que esto no corresponde a una opinión nuestra, sino a una comparación objetiva con la realidad observada.

Por ejemplo, la OIT supuso que la tasa de cobertura sobre la PEA sería de un 71 % en 2015, pero el dato real observado fue de un 62 %; a partir de 2029 la OIT supuso inexplicablemente, que la tasa de cobertura contributiva sería de un 82 % sobre la PEA. Para el año 2015 la OIT estimó 62.282 pensiones de vejez, pero el dato real que se observó fue de ¢108.085, cifra que es un 74 % mayor que la estimada por la OIT. Lo anterior explica que, según los cálculos de la OIT, en 2015 se tendrían 9 cotizantes por pensionado, pero el dato real fue 6,4. También explica los motivos por los cuales la OIT estimó que en 2015 el IVM tendría un superávit de ¢529.040 millones, cuando en realidad solo sobraron ¢101.587 millones y lo que es más delicado, que en 2015 los costos de IVM serían 6,5 % sobre los salarios; sin embargo, el dato real fue 9,0 %. Para la OIT el IVM tendría en 2015 una reserva equivalente a 4 gastos anuales, pero el dato real fue 2.4 gastos anuales. Según los cálculos de la OIT de 2009, el faltante de contribuciones en IVM se presentaría a partir del año 2028; pero el déficit se presentó desde el año 2012.

La CCSS, en su estudio actuarial con corte al año 2008, mostró cifras similares a las de la OIT. No obstante, a partir del año 2010 la CCSS corrigió drásticamente sus estimaciones, señalando que el déficit de contribuciones se tendría un año después, en 2011, en lugar del año 2027 que había estimado en 2008. Sin embargo, no modificó los años en que los ingresos totales se agotarían (año 2037), ni el año en que se consumiría totalmente la reserva (año 2042).

También se analizó el estudio actuarial realizado por la CCSS con corte al año 2014, encontrándose varias inconsistencias, por lo que se solicitó que revisaran el modelo PRODEFI auditado por la OIT en 2009 y que usaran una inflación de los precios de 4,5 % en lugar de 8 %. Los resultados que obtuvieron fueron bastante cercanos a los de la UCR y muy diferentes a los del estudio actuarial de 2014; sin embargo, aún el PRODEFI no permite utilizar la base completa de afiliados, lo cual motivó que la UCR incluyera en su informe la recomendación de que fuese mejorado.

Con todo lo anterior se muestra que las conclusiones de la Nota Técnica de la OIT carecen de sustento técnico. El modelo empleado por la UCR no infla la población afiliada, ni la acumulación de derechos. La modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada. La modelización de los salarios de referencia y fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento de IVM.

No obstante lo anterior, ante la premisa de que ningún modelo es perfecto y dada la trascendencia que tienen las decisiones que se adopten en la Mesa de Diálogo, la Universidad de Costa Rica tiene la anuencia de analizar con más profundidad el asunto, para lo cual es importante que la OIT aporte la información técnica que sustenta sus cálculos y observaciones, y que envíe a un actuario para que exponga en la Mesa de Diálogo la Nota Técnica, con la presencia de los actuarios de la UCR.

Para consultas con los investigadores, se atenderá a la prensa de 9 a.m. a 11 a.m. Comunicarse con la Oficina de Divulgación e Información al 2511-1168 con Patricia Blanco.

1 Informe ASF-288-2013 del 20/12/2013.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.clapem.emate.ucr.ac.cr

Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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ANEP divulga estudio de OIT que alude a una «gran sobrestimación de población con acceso a pensiones en Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de Prensa

ANEP-PATRIA JUSTA

 

¿Se equivocó la UCR? ¿Está fundamentado su estudio sobre el IVM-CCSS en premisas erróneas? ¿Infló la UCR datos para fortalecer la especie de que el IVM está en riesgo real de quiebra inminente?…

Hemos tenido acceso al documento NOTA TÉCNICA preparado por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza; en el cual se presentan delicadas consideraciones cuestionadoras sobre el “Estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte administrador por la Caja Costarricense de Seguro Social (con corte al 31 de diciembre del 2015)”, elaborado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Como bien es sabido, el estudio de la UCR ha sido el estandarte estrella de los directivos de la Caja que han estado en contra del pueblo trabajador, para imponerle a éste, de manera injusta, un aumento de un 1 % en su aporte obrero para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo primer tracto, de un 0.50 %, se estará rebajando a todas las personas asalariadas del país, tanto del sector Público como del Privado en este mes de julio. Ese estudio de la UCR ha sido como “el coco” con que han pretendido asustar a la ciudadanía laboral del país.

La OIT, desde Ginebra, Suiza, lugar en el cual se encuentra su sede mundial, sometió a análisis la metodología y los resultados del estudio de la UCR sobre las pensiones IVM, puntualizando que “…el modelo UCR aplica una densidad de cotización a todo el conjunto de la población afiliada, generando una sobreestimación considerable en la acumulación de derechos”.

La OIT puntualiza que el modelo demográfico de la UCR empleado para su estudio genera dos consecuencias fundamentales:

“Sobreestimación considerable de las generaciones de afiliados y por tanto de la afiliación total”.

“Sobreestimación considerable de las probabilidades de acceso a pensiones para la población afiliada”.

Dice este impresionante documento técnico de la OIT, elaborado desde Suiza, que “… el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados. El modelo simula cotizantes, pero solo para calcular las cotizaciones, y no para evaluar la adquisición de derechos a jubilación. Ambas decisiones son técnicamente incorrectas”.

De manera contundente, la OIT indica sobre el estudio de la UCR: “El principal hallazgo de este trabajo se refiere a la existencia de serios problemas metodológicos en términos de la modelización, que se manifiestan en una tendencia explosiva del gasto del Régimen IVM en el mediano y largo plazo. Estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.

Este demoledor informe técnico de la OIT es de este mismísimo mes de julio y deja en total descalificación la prédica oficial de la Caja para castigar al pueblo trabajador imponiéndole un injusto aumento de su cuota obrera.

La ANEP ha tenido acceso a este documento hoy domingo 9 de julio y, por tanto, estamos compartiendo con la ciudadanía trabajadora estos primeros comentarios que se consignan en el presente comunicado de prensa.

ANEP espera analizarlo mejor en próximas horas con el grupo de especialistas que nos han colaborado para un posicionamiento obrero crítico, sólido, responsable y propositivo, sobre la real verdad de las finanzas actuales y futuras, inmediatas, mediatas y de largo plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS. Por tanto, ANEP valora ampliar sus comentarios sobre este crucial documento ante la prensa del país que así lo considere relevante.

Sin duda alguna se abre una nueva perspectiva para la discusión nacional sobre este delicado asunto de tanta sensibilidad. Todos en este país apreciamos y respetamos la solidez profesional y rigurosidad académica de los estudios elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR), en las más diversas disciplinas del saber y del conocimiento. Por estas y otras razones la UCR puede exhibir un consolidado prestigio y credibilidad.

Sin embargo, esta NOTA TÉCNICA que sale desde la misma sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, a través de su Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social, abre una perspectiva de análisis insospechada hasta ahora pues al estudio de la UCR le ha salido un severísimo cuestionamiento de enorme solidez profesional y rigurosidad técnica, también.

La diferencia es que estamos hablando de los expertos mundiales en la materia que laboran para la OIT. Y esto no es de despreciar. ¡Hay algo malo en todo esto y el perjudicado es el pueblo trabajador!

ANEP estima que este crucial estudio de la OIT en materia de IVM-CCSS impone un imperativo ético a la actual junta directiva de la Caja que es revertir el acuerdo de rebajar el 1 % de incremento en la cuota obrera para, al menos, detener su segunda aplicación, la de enero 2018, pues la primera, de 0.50 % injustamente ya está en tramitación.

ANEP, junto a sus organizaciones colegas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, se reunirá este miércoles 12 de julio, a las 5 de la tarde, en la Casa Presidencial, con el propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; quien nos atenderá, precisamente, para darle nuestra visión sobre IVM-CCSS. Sin duda alguna este nuevo elemento de la NOTA TÉCNICA de la OIT será abordado con el mandatario.

ANEP propondrá a sus contrapartes de PATRIA JUSTA que consideremos la incorporación a la mesa de diálogo IVM-CCSS, toda vez que las condiciones iniciales de nuestro rechazo para estar en la misma, planteadas desde el 21 de marzo anterior, podrían tener una transformación radical a la luz de este nuevo documento de la OIT y, por tanto, darle mayor peso a la posición obrera.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por ANEP.

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ANEP: IVM-CCSS, propuestas que no golpeen al pueblo trabajador

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado lunes 22 de mayo una importante representación de dirigentes sindicales le hizo llegar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cinco propuestas para garantizar la sostenibilidad financiera futura, de mediano y largo plazo, del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); en contraposición a la injusta propuesta antiobrera de imponerle a todo el pueblo trabajador una rebaja salarial generalizada del 1 % a partir del próximo primero de julio.

Varias de esas propuestas desafían un orden macroeconómico-financiero que ha entronizado la desigualdad en el país en alto grado y con el gran riesgo de que se vuelva irreversible.

Esa rebaja salarial que quiere imponer la directiva de la Caja, del 1 %, no es más que fortalecer ese proceso de crecimiento sostenido de la desigualdad que está afectando seriamente la estabilidad democrática del país.

Además, esa rebaja salarial generalizada del 1 % no resolverá el problema de las finanzas de IVM-CCSS. El castigo al pueblo trabajador se repetirá en unos dos o tres años, con otro 1 % de rebaja salarial; amén de que es posible que se imponga una elevación de la edad para pensionarse (hasta 70 años), y de que se tenga que recibir solamente un 40 % del salario como monto jubilatorio.

Por tal razón, las propuestas que seguidamente le compartimos para el fortalecimiento futuro de IVM-CCSS, van en la línea contraria al crecimiento de la desigualdad; y, por ende, tienen a beneficiar a las grandes mayorías trabajadoras del país. Veamos:

UNO: Se propone la tramitación del proyecto de ley conocido como “Pensión Consumo”, actualmente en la corriente legislativa y en la agenda de la comisión parlamentaria de Hacendarios.

DOS: Se propone el establecimiento de una tasa temporal, de carácter progresista y de naturaleza progresiva, a las transacciones financiero-bancarias; del 0,02, 0,025, o del 0.03 % y por un plazo predeterminado en la ley que lo establezca, que excluya el pago por tarjeta, el retiro de dinero por los cajeros y la operación bancaria por teléfono celular. Todos aportaríamos para salvar al IVM y en el caso del salario obrero ese aporte podría representar hasta un 90 % menos de lo que pretenden extraerle con el 1 % de su salario total.

TRES: Se propone que de los 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado pierde, anualmente, por el sistema de exenciones y exoneraciones actualmente vigente, habilitar por 3 años cobro impositivo de, al menos, 2 puntos PIB por esta vía que podría allegarle a IVM, 1 billón 800 mil millones de colones en ese lapso, que es casi el doble del hueco que presentan sus finanzas en este momento producto de la ya denunciada mala praxis financiera. Esto es políticamente y técnicamente viable pues el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya última delegación de visita en el país se reunió con la ANEP, reconoce que en Costa Rica el 50 % de todas las exenciones-exoneraciones privilegia al 20 % de la población más rica del país.

CUATRO: Se propone considerar la vinculación estratégica entre el sistema financiero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con el del primer pilar, el clásico IVM, de forma tal que haya un fortalecimiento de éste sin que la persona pierda un solo centavo de lo que le corresponderá por el ROP al momento de la jubilación.

CINCO: Se propone la revisión profunda del proceso de transferencia ordenado por el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, de dineros de las empresas públicas estatales para el fortalecimiento de IMV; cuantificando lo transferido, lo que está pendiente o en mora y ampliando el esquema legal obligatorio para tal finalidad, con proyectos que ya están en la actual corriente legislativa al respecto.

Cada una de estas propuestas merece un comentario más amplio, pero, sobre todo, una explicación lo más sencilla posible para que logremos la mayor comprensión de lo que significa cada una.

Trataremos de ir logrando en sucesivas entregas el propósito indicado en el párrafo anterior. Por ahora nos hemos limitado a mencionarlas con la idea de que se tenga noción de que la estabilidad futura de mediano y de largo plazo de IVM-CCSS requiere de decisiones estructurales y de fondo; por otro, que las propuestas inmediatistas, “apagaincendios”, cortoplacistas con carácter de ocurrencia (como esta de la rebaja salarial del 1 %), solamente agravarán más la situación de IVM y nos expondrán a un cataclismo social en materia de pensiones en pocos años.

Sin embargo, el factor clave en todo esto es la movilización obrero-social. Tanto como para que se dé la reversión del 1 % y la actual directiva de la Caja cambie su posición; como para que este tipo de propuestas y otras de semejante calibre avancen y se impongan, se ocupa de una gran fuerza social en unidad y con fuerte movilización. Ojalá logremos interiorizarlo de la manera más profunda.

ANEP convocó a marcha: rechazo obrero y democracia de la calle

ANEP convocó el pasado 29 de junio a marchar pues ese día se sesionarían nueve personas directivas de la Caja, antes de la entrada en vigencia de la rebaja salarial.

Para esta agrupación, es urgente hacerle ver, de manera masiva, a cada una de las nueve personas integrantes de la actual junta directiva de la Caja que “es imperioso revertir la condena al pueblo trabajador de aplicarle una rebaja en su salario total de un 1 % a partir del próximo 1 de julio.

Revertir ese acuerdo, ampliamente detestado como ya consta al país, no solamente es un acto de justicia; sino que es más que necesario para que se abra paso al verdadero diálogo nacional sobre el futuro de IVM (…).

La reversión de ese acuerdo ocupa de una gran manifestación social y laboral explícita (…).

Como ha sido nuestro reiterado planteamiento durante muchos años, concebimos que la Democracia no solamente es el ejercicio electoral de cada cuatro años. También la Democracia permite la expresión popular organizada en la vida cotidiana de la ciudadanía, en este caso del pueblo trabajador”.

ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por ANEP.

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UNDECA: Intereses empresariales no pueden estar por encima del diálogo social

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La cúpula en pleno del sector empresarial, representada por la UCCAEP, anunció que se retira “temporalmente” de la Mesa de Diálogo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, porque se opone furibundamente a que el aumento del 1% de la cuota obrera, que impuso la Junta Directiva de la CCSS, se discuta en el seno de la Mesa de Diálogo.

Este motivo, de carácter político, por el que la UCCAEP abandonó la Mesa, ahora que perdieron la dama que tenían en la Junta Directiva, no resiste la menor crítica.

El artero aumento de la cuota obrera, además de que carece de fundamentación técnica y mucho menos justificación para que se aprobara a costa exclusivamente de los y las trabajadores, y debe ser en la Mesa de Diálogo donde se analicen todas las propuestas enfocadas a fortalecer el régimen de pensiones.

El anunciado retiro “temporal” es una falacia del empresariado, que en realidad, constituye un abandono definitivo, porque la Mesa de Dialogo se constituyó por un período determinado, por lo que deben asumir las consecuencias de sus intempestivas decisiones, incompatibles con el bien común y la solidaridad social.

Con esta airada posición, UCCAEP demuestra la poca o nula vocación democrática que tiene el empresariado, que adversa la construcción de espacios de diálogo social para solucionar los graves problemas que aquejan a las grandes mayorías.

Por más que traten de sabotear la Mesa de Diálogo, no escatimaremos esfuerzos para fortalecer los espacios de participación social necesarios para garantizar al pueblo trabajador pensiones dignas y sostenibles.

¡Exigimos pensiones con dignidad!

Para más detalle puede comunicarse con Luis Chavarría Vega, subcoordinador BUSSCO y Secretario General de UNDECA al 8367-27-37 o al 2223-12-32

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Comunicación UNDECA.

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Prácticas anti sindicales en AyA, una mancha más para Costa Rica ante la O.I.T

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Central General De Trabajadores (CGT)

Comunicado de Prensa

 

En una decisión “sacada del estadio” la Junta Directiva de la institución con fundamento en un criterio de sus asesoría jurídica llegó a la “brillante” conclusión que ninguno de los permisos con goce de salario que no esté incluidos en la Convención Colectiva que se suscribe con una organización sindical, elimina derechos y garantías sindicales a otras organizaciones, así de un solo plumazo los secretarios generales de las organizaciones han quedado con solo la licencia para sesionar y debiendo de tramitar día a día permisos para representar a sus afiliados.

Tal decisión que puede ser típica de los hábitos de la empresa privada, está siendo desarrollados por esa institución constituyéndose en una práctica laboral desleal, debido a que cercena la actividad sindical, nuestra organización sindical SITRAA (Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados) que se encuentra como una de las organizaciones mayoritarias quedará sin la posibilidad de representar a sus agremiados en los procesos disciplinarios, estudios de normas instituciones, labores sindicales en el campo, atención de denuncias de los trabajadores y atender los diferentes conflictos que diariamente se presentan en dicha institución.

Con la flexibilidad y voluntad de dialogo SITRAA y CGT le solicitamos la mediación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se realizó una sesión donde parecía que la posición patronal se iba a negociar, se acordó una nueva sesión de trabajo el día de hoy 8 de Junio 2017 de junio en la oficina del Gerente General, sin embargo la posición obstinada de los representante patronales llevó a que se mantuviera la decisión ilegal de negarle al sindicato la licencia a la que tiene derecho su Secretario General.

Omite la administración del AyA y su Junta Directiva la vasta documentación y legislación Nacional e Internacional sobre los derechos y amparos de la Libertad Sindical y Autonomía que las organizaciones sindicales y sus representantes en este caso la Secretaria General deben de tener para de una forma rápida, transparente se puedan reunir con sus afiliados y plantear denuncias que van desde acosos laborales hasta el tema de acosos sexuales en las Instituciones.

Este acto discriminatorio obligará a las organizaciones a recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos, demostrar el daño a la organización sindical por estos actos y las repercusiones que esto genera a los trabajadores afiliados dejando les en indefensión, representación, y vías de reunión con sus dirigentes, así como plantearlo en el Comité de Libertades Sindicales como una violación del país a los convenios internacionales de la OIT ratificados por Costa Rica.

Esperamos Ante este conflicto como Central General de Trabajadores la verdadera intervención del Ministerio de Trabajo y Organización Internacional del Trabajo, para que la Administración del AyA conozca los verdaderos derechos de los dirigentes sindicales.

 

Carlos Cabezas Mora

Secretario general

Central General de Trabajadores CGT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Cabezas.

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Un nuevo rebajo del salario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Carlos José Cabezas Mora (*)

  • Para aportarlo a la seguridad social

Recientemente la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decidió de manera mayoritaria rebajar un 1% adicional a los salarios de todos los trabajadores cotizantes, como una medida para enfrentar en un futuro el posible desfinanciamiento del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

Nadie en su sano juicio estaría en contra de tomar medidas para proteger las pensiones de esa importantísima institución que nos cura y nos cuida, sin embargo la lógica de financiamiento está inspirado en el aporte tripartido (trabajadores, patronos y Estado), en esta ocasión y por segunda vez desde el 2005 (ley de protección al trabajador) con los mismos argumentos se procedió a un aumento por etapas de la cuota solo para los trabajadores y que todavía no se ha terminado de aplicar.

El argumento patronal usual es que ellos ya pagan un porcentaje alto (5,08%) de las planillas mientras que el obrero es bajo (3.84%), el Estado aporta (1,24%), representado por el Gobierno de turno se opuso a el aumento de la cuota obrera pues la institución abrió una mesa de diálogo con el fin de buscar soluciones.

La decisión de elevar el aporte de los trabajadores permitirá que, en un plazo de cinco años, no se utilicen parte de las ganancias de las inversiones del régimen, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, sin embargo la ley de protección también obliga a los bancos a girar un porcentaje de sus ganancias, algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido.

Vivimos en uno de los países más caros de América Latina, si añadimos que el salario promedio está alrededor de 500 mil colones, un rebajo del 1% en salarios de rangos muy bajos sin duda tiene efectos negativos en el disponible de las familias, pero nos plantea unas dudas adicionales: ¿A pesar del sacrificio de los trabajadores será suficiente esta medida para solventar las necesidades de la CCSS? Para nosotros solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema quizás más bien lo complique.

Los regímenes de pensiones como el de la CCSS tienen varios factores que los afectan a saber:

  1. La cantidad de población que trabaja para mantener a los pensionados. Por lo que el envejecimiento de la población (menos nacimientos) daña el régimen
  2. La evasión patronal, de trabajadores independientes y la informalidad del empleo.
  3. Si la economía no va bien alimenta los problemas pues también los pequeños empresarios pueden tener dificultades para enfrentar sus obligaciones con la seguridad social, los malos salarios y el desempleo.
  4. La capacidad de invertir y generar ganancia del régimen, afectado por el nivel de burocracia, gastos innecesarios, manejo de tasas de intereses de los préstamos de vivienda, morosidad.

Es evidente que pretender solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema de futuro desfinanciamiento del régimen de IVM, lo que significa también que es un tema de carácter nacional que debe tener también múltiples propuestas de solución, entre las cuales están la definición de las políticas de Estado, esas que pocas veces ayudan a la clase trabajadora pero sí enriquecen a los ya poderosos.

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos

Enviado a SURCOS por Carlos Cabezas.

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Empleo público: ¡otra vez a transitar por un camino empedrado!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • La mezcla tóxica de negociar impuestos a cambio de empleo público nada bueno augura
  • Comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

La necesidad del actual Gobierno de la República para tener ingresos frescos en las arcas públicas, vinculando iniciativas de ley en materia de impuestos con reformas salariales en el empleo público nada bueno augura, ni dentro ni fuera del parlamento, pues se trata de una mezcla tóxica generadora de un gran estrés sociopolítico de potencial confrontacional, al menos en algunos casos. Veamos, seguidamente, cuáles son las “nuevas” iniciativas que impulsará el Gobierno en este período electoral ya en desarrollo a fin de obtener aprobación a su peculiar paquete de impuestos.

Si bien es cierto el detestado Expediente Legislativo No. 19.506 está en una especie de coma político inducido, otras iniciativas conexas que el Gobierno del Presidente Solís Rivera piensa impulsar en los próximos días, nos obligan a la más estricta vigilancia y alertas sindicales.

Desde la perspectiva de la ANEP iniciativas de ley como ponerle límite a las remuneraciones totales en la función pública para que ningún salario supere los 5.3 o los 5.5 millones de colones mensuales, son necesarias y contarían con gran respaldo popular.

Eso sí, sin excepciones de ningún tipo como esa de que hay que excluir los salariazos de aquellas entidades en “regímenes en competencia”; o que pretenda dejar por fuera sistemas salariales con nombres y apellidos propios los cuales, como en el caso de la salud pública costarricense, hace que existan abusivos salarios que ni los países nórdicos con sus avanzados sistemas de Seguridad Social pagan.

Así las cosas, los expedientes legislativos números 19.156, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); o el 19.883, promovido por el Frente Amplio, merecen ser vistos con seria responsabilidad sindical sin rechazos dogmáticos ad portas.

En este tipo de regulación deberían comprenderse los casos salariales del propio Presidente de la República, de los ministros y de los viceministros de Estado.

Por su parte, un expediente de cuidado para la clase trabajadora asalariada del sector público en sus niveles medio y bajo (salarialmente hablando), es el que promueve directamente el presente Gobierno, vía Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Expediente Legislativo No. 19.787.

Las anualidades solamente se reconocerán en aquellos casos de calificaciones de muy bueno y de excelente. En ANEP pensamos que la promoción de la excelencia en la prestación de los servicios públicos merece el más fuerte apoyo de todas las organizaciones sindicales y gremiales responsables, con visión-país y que no estén raptadas por un corporativismo gremial abusivo y miope.

Sin embargo, debe analizarse con gran cuidado y sigilo la metodología de la evaluación del desempeño para descontaminarla de ingredientes subjetivos (“sacaclavos”), de la politiquería y de incluso pedidos de favores sexuales no otorgados.

Bien es sabido que en no pocos casos el poder de los mandos medios se impone y darles una especie de cheque en blanco para manejar, a su antojo, parámetros de evaluación de calificaciones de muy bueno y de excelente sin la debida posibilidad de defensa del servidor en escrutinio, puede ser muy peligroso y hasta potenciar un eventual despido.

Esta iniciativa de Mideplan, Expediente Legislativo No. 19.787, será sometida por parte de la ANEP al más fuerte y minucioso escrutinio.

Como suele suceder con los proyectos de empleo público generados desde el extremismo político ubicado a la derecha del poder del capital, la iniciativa “libertaria” (Expediente Legislativo No. 20.224), para que solamente reciba reconocimiento por anualidad una quinta parte de la clase trabajadora del sector Público, “huele a lirio” no más de entrada. No nos merece mayor esfuerzo en comentarla.

Por otra parte, el nuevo intento de la distinguida señora diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber en materia de empleo público y para ver cómo algo de esto queda con su sello personal, nos plantea la iniciativa legislativa No. 20.349, “ley reguladora del pago por restricción” que no variaría el reconocimiento de un 55 % para licenciados y de un 20 % para bachilleres en materia de dedicación exclusiva; y, en cuanto a prohibición, ésta no puede dársele a quienes no sean licenciados, manteniendo el actual 65 % para quienes sí lo son y un 30 % para bachilleres. Lo novedoso sería imponer un sobresueldo de 30 % por concepto de dedicación exclusiva solamente para profesores universitarios.

La nueva iniciativa de la diputada Piszk Feinzilber pareciera inocua si la comparamos con la detestada 19.506; sin embargo, ésta nueva, la 20.349, merece la más incisiva auscultación para buscar en qué artículo, frase, procedimiento y/o lugar está la trampa a fin de que esos pluses, dedicación exclusiva y prohibición, los reciba el menor número posible; o, si hay en ella otras cosas que de manera endodérmicamente semántica tienen dobles propósitos políticos como ocurrió cuando desenmascaramos los verdaderos contenidos del Expediente Legislativo. 19.506.

Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de confrontar, hasta derrotarla completamente, la perversa tesis neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, tenemos que recalcar que es una mezcla tóxica vincular empleo público e impuestos, por más “light” que parezcan en la superficie iniciativas legislativas para regular algo del empleo público.

Las transformaciones tributarias estructurales urgentes que ocupa la sociedad costarricense de hoy en nada tienen que ver con cambios en el sistema de salarios del sector público, a no ser los que se ocupan para parar los excesos que vienen ocurriendo en ciertas partes de la más alta estructura político-gerencial de la máxima cúpula estatal del país en todas sus modalidades.

ANEP procederá con debida urgencia y responsabilidad al análisis puntual de estas iniciativas que sobre empleo público anuncia el Gobierno querer negociar con los diferentes partidos (y fracciones de éstos), en los próximos días para ver si consigue apoyo su peculiar propuesta de paquete de impuestos.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

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