PRIMERO: Consideramos que la Dirección Actuarial de la institución debe ser objeto de una cuidadosa transformación profesional.
SEGUNDO: La Junta Directiva de la CCSS debe tomar acuerdo en la dirección de que los fondos del régimen de IVM y los del SEM (Seguridad y Maternidad) deben separar su administración, tal y como resulta concluyente del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
TERCERO: La sociedad costarricense, y particularmente los depositarios del fondo de jubilación de IVM, deben ser informados de previo a la discusión de cualquier medida respecto a las decisiones tomadas por parte de la alta cúpula gerencial sobre inversiones realizadas entre los años 2011-2012 pues, presuntamente, se utilizaron fondos del seguro de pensiones IVM para gastos y operaciones ordinarios del seguro de salud SEM, situación que incluso fue objeto de denuncia penal ante el Ministerio Público .
CUARTO: Iniciar el debate conociendo cuál ha sido el avance de lo acordado en el año 2005 en lo relativo a fortalecimiento del sistema de inspección de la institución para el control de la evasión morosidad y sub-declaración.
QUINTO: Revisión del carácter filosófico de la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) (segundo pilar), concretamente tomando en cuenta que éste fue creado para salir en defensa del IVM (primer pilar) si se presentaban problemas financieros o de desfinanciamiento. En este particular, se debe conocer el informe de auditoría de la institución.
SEXTO: Revisión de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000, en su artículo 78, para auscultar la naturaleza de su incumplimiento y las necesarias medidas a tomar para que el mismo se siga dando.
SÉTIMO: Conocer la política actual y futura de inversiones que aplica la institución aseguradora con fondos de IVM y propuestas para traer recurso frescos al IVM.
Nuestra posición define claramente que antes de realizar cualquier variante paramétrica en edad, cuotas o cotización obrera, la discusión debe pasar por un riguroso análisis de los aspectos NO PARAMÉTRICOS como los apuntados, que deben emprenderse para garantizar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
San José, martes 3 de enero de 2017.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Fundada el 19 de agosto de 1958
COSTA RICA
ANEP es integrante de:
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)
Al menos 30 policías penitenciarios se quedaron sin percibir el salario de la segunda quincena del mes de diciembre. Las razones se desconocen.
Como las autoridades del Ministerio de Justicia, contactadas vía electrónica, no han respondido, la Secretaria General de la UNT, compañera Susan Quirós Díaz, interpuso un recurso de amparo a favor de los afectados, quienes se verán forzados a recurrir al crédito para satisfacer las necesidades familiares.
Con el recurso de amparo se pretende que la Sala Constitucional ordene al Director de Recursos Humanos, señor Giovanni Morales Sánchez, actuar de inmediato para solucionar el problema y se ordene la reparación de los daños y perjuicios que se le haya generado a las personas y familias afectadas.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.youtube.com
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la HUELGA GENERAL y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.
Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa HUELGA GENERAL y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.
Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la HUELGA GENERAL con una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.
En tal sentido, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y desde el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.
Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.
El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.
Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).
En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.
Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.
En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.
Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa HUELGA GENERAL.
San José, viernes 6 enero de 2017.
Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC)
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
PATRIA JUSTA:
Colectivo Sindical integrado por:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP)
Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA
Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
La Junta Directiva Nacional de UNDECA condena enérgicamente el acuerdo abusivo e inconsulto de aumentar en un 1% la cotización al Régimen de pensionesdel salario de la clase trabajadora pública y privada, así como de aquellos que también por convenios o de forma voluntaria cotizan para este Régimen.
Reprobamos esta decisión porque después de los resultados del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en todo momento se le manifestó al pueblo costarricense que no se tomaría ninguna decisión hasta tanto no se sometiera a consulta a los diferentes sectores sociales.
También manifestamos nuestra total inconformidad con la determinación de aumentar la cuota solamente a los trabajadores y trabajadoras, ya que la cotización para financiar este Régimen de pensiones es tripartita, es decir trabajadores, patronos y gobierno, pero en este sentido se resolvió cargar la pésima administración de los dineros del IVM sólo sobre las espaldas de la clase trabajadora. Es sospechoso el por qué a estos otros sectores la Junta Directiva de la Caja los exoneró de incrementar la cuota en forma igualitaria.
En este sentido cuestionamos el papel de los representantes de los diferentes sectores que integran la Junta Directiva de la Caja, tanto de los empresarios, el gobierno y principalmente el papel de la representación del sector cooperativo y solidarista contra los trabajadores, ya que el representante sindical fue el único que se opuso en su momento y el día de hoy no se encontraba en la Sesión.
Si el resultado del estudio realizado por la UCR se va a implementar de esta forma tan arbitraria, ¿Para qué engañar al pueblo costarricense de que este va a ser consultado a los diferentes sectores sociales?, si al final la Junta Directiva actuará de forma tan antidemocrática.
Nos preguntamos entonces, ¿todas las recomendaciones de este estudio se van a aplicar de esta forma?, la elevación de la edad a 70 años, la cotización hasta en un 16%, castigar el cálculo de la pensión hasta un 60%, imponer un impuesto del 15% al monto de las pensiones, obligar a los pensionados a pagar la cuota de seguridad social; y aún más, a no revalorar el monto de la pensión de acuerdo al alto costo de vida, ¿todo se hará de esta forma o es una provocación?
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras costarricenses, más de 1 millón 600 mil costarricenses que cotizamos para el régimen de pensiones, a organizarse y protestar enérgicamente contra esta agresión en contra sus intereses y más aún contra esta violencia en contra los adultos mayores pensionados o por pensionarse.
El objetivo es desarrollar un programa de formación en trabajo decente y derechos fundamentales
Cumpliendo con su lema “SEC junto al pueblo” y comprometido con la lucha contra las actuales tendencias de precarización del trabajo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense firmó un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, para desarrollar en el 2017 un programa de formación en el área de trabajo decente y derechos laborales fundamentales.
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, destacó la importancia de este proceso de capacitación que va en consonancia con el interés del sindicato de apoyar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas. Así mismo, este programa complementa los contantes procesos de formación con los cuales se busca que la comunidad educativa conozca sus derechos laborales para poder ejercerlos y defenderlos.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC
¿Y qué pasó con la rendición de cuentas de la crisis financiera del seguro de salud en los años 2011-2012?
Pésimo y desafortunado “regalo de Navidad” para la clase trabajadora
Ha salido a la luz pública el estudio de análisis actuarial que realizó la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual evaluó la solidez financiera del más importante régimen jubilatorio del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las conclusiones generales y centrales constituyen un pésimo “regalo de Navidad” para la clase trabajadora costarricense, tanto la que tiene suerte de tener empleo formal y salario fijo, como la que se desenvuelve en la informalidad.
Considerando el prestigio, la credibilidad y la solidez académico-profesional que caracterizan el trabajo para la sociedad que hace la Universidad de Costa Rica (UCR), este estudio tiene que ser valorado en su justa dimensión, correspondiendo a las organizaciones sindicales analizarlo con la más rigurosa seriedad y la más sólida responsabilidad.
Sin embargo, no podemos evitar albergar algunas suspicacias acerca del momento, de la oportunidad, de la coyuntura y de la legitimación política para, y que espera obtener, el alto mando de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir de los resultados de este estudio, dados todos los elementos económicos, sociales, políticos y técnicos que están implicados en él.
Sin embargo, en estos primeros momentos afloran sentimientos de consternación y de indignación, pues una primerísima impresión es que cualquier medida que se tomare con base en tal estudio tiende a incrementar la perniciosa ruta de la desigualdad que hace ya bastante tiempo y peligrosamente, Costa Rica viene transitando.
En lenguaje popular, es al perro flaco al que se le pegan la pulgas pues es la clase trabajadora cubierta y por cubrir de parte del IVM la que tendrá que pagar los platos rotos de decisiones tomadas en los años 2011-2012; decisiones político-tecnocrático-financieras de alta gerencia en materia de inversiones y que habrían sido erróneas, que siguen pendientes de rendición de cuentas puesto que, presuntamente, se habrían tomado recursos del seguro de pensiones IVM para gastos operacionales y ordinarios del seguro de salud (Enfermedad y Maternidad).
Efectivamente, una denuncia penal que duerme el sueño de los justos en el Ministerio Público planteó que “… se habría forzado al Seguro de IVM a comprar, a precios relativamente altos, millonarios títulos valores en poder del Régimen de Salud para dotar de liquidez a este último. En segundo término, se habría obligado al Seguro de Salud a postergar el pago al Régimen de IVM de altas sumas de dinero por concepto alquiler de los edificios que albergan las oficinas centrales de la Institución.
Tal denuncia, tramitándose bajo el expediente penal 12-000046-0615-PE, planteó que “…a través de estos presuntos subsidios ilegales, el Seguro de IVM habría sido contagiado de la crisis financiera del Régimen de Salud, diezmando el rendimiento de su cartera de inversiones al extremo de requerirse a corto plazo impopulares reformas para restablecer su sostenibilidad financiera; entre ellas el incremento de las edades de retiro y de la tasa de cotización.
Evidentemente este factor no está determinado con contundencia por parte de la autoridad judicial competente (y con una retardación inexplicable); sin embargo, es imposible no considerarlo a la hora en que deberá analizarse cómo habrá de manejarse este estudio de la UCR en una mesa de diálogo social como se dice que habrá a principios del 2017.
PRIMERO: La anterior reforma al IVM-CCSS del año 2005 hizo observaciones puntuales sobre control de la evasión, subdeclaración e inversiones, aspectos que las autoridades de la Caja han cumplido a medias y que, una década después, requeriría de una especie de auditoraje de cumplimiento.
SEGUNDO: El sistema IVM-CCSS por su antigüedad, más de 70 años, tiene una alta salida de recursos producto de que la población afiliada envejece a un ritmo diferente del ingreso de nuevos afiliados. Esto se debe reconocer; pero, dicho de otro modo, la institución no estimula adecuadamente el crecimiento de la masa laboral afiliada, sobre todo de las profesiones liberales las cuales parecieran estar más interesadas en otras alternativas.
TERCERO: La creación del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) tuvo como inspiración y esencia salir en defensa del primer pilar, el IVM, en caso de que éste presentara problemas de desfinanciamiento. ¿Cómo está esta relación hoy en día?
CUARTO: En el año 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador (LPT) cuyo artículo 78 señala que las empresas públicas del Estado deben trasladar sus superávits al IVM, lo cual no fue posible. Solamente hubo un intento que no se concretó, siendo la actual diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Las acciones de su cartera parecían querer bajar tensiones y no concretar el cumplimiento de la ley. Aquí también, hay que preguntar y hay que auscultar qué paso.
QUINTO: La Constitución Política señala que el Estado está obligado a sostener la salud de IVM y bien es sabido que el Estado mantiene una deuda importante cancelando la misma, con bonos y en abonos a la Caja, Por otra parte, las inversiones de la institución están en más de un 95 % en el Ministerio de Hacienda, lo cual pareciera indicarnos que en lo económico IVM estaría sosteniendo gran parte de la acción del Estado costarricense. Históricamente no se ha logrado subir, de manera importante y sustancial, la cotización estatal. Demasiado que conversar y dialogar al respecto.
SEXTO: Sobre evasión y morosidad, urge una drástica contundencia en acciones de cierre y de castigo a empresarios que cobran a sus trabajadores cotizaciones y no las trasladan al IVM. El En tema de inversiones, la cartera de crédito que sostiene IVM es impopular, o sea, de imposible acceso para la clase media y media baja, por lo que los trabajadores recurren para créditos de vivienda a organismos de otro tipo, pudiendo el IVM mejorar sus recursos dando crédito a todos sus trabajadores a mejores intereses.
SÉTIMO: En el campo de las inversiones, pensamos que el IVM puede desarrollar perfectamente obra pública.
OCTAVO: Hay que establecer prohibición expresa de que los fondos de IVM, a futuro, jamás deben ir al Seguro de Salud como ya sucedió, según lo apuntamos líneas arriba.
NOVENO: Desde nuestra perspectiva sociosindical, el diálogo social sobre el futuro del IVM-CSS y a partir del estudio de la UCR, debe tener estos requisitos iniciales:
1) No proceder con ninguna reforma sin que se haya dado el diálogo social, realmente transparente con acuerdos sólidos cumplibles y verificables, sin caer en una carrera loca contra el tiempo.
2) Rendición de cuentas: cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Situación actual y perspectivas de acción político-gerencial.
3) Rendición de cuentas: informe de Gerencia de Pensiones sobre políticas de control de la morosidad, la evasión y la subdeclaración patronal.
4) Rendición de cuentas: Informe detallado de inversiones pasadas, presentes y en curso.
5) Rendición de cuentas: posición institucional sobre denuncia penal expediente 12-000046-0615-PE.
6) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre políticas de inversión.
7) Rendición de cuentas: Informe detallado sobre el Estado de la Reserva.
DÉCIMO: Finalmente, formulamos seis consideraciones generales-finales de este primer posicionamiento sindical ANEP-CJSMP sobre el tema: A) El agotamiento de la Reserva en el año 2030 no es una noticia novedosa, se advirtió desde el año 2005. B) La CCSS incumple su compromiso de mantener informes regulares a los actores sociales. C) Elevar la edad a los 70 años implica condenar a los trabajadores a entre 45 y 50 años de trabajo. D) Elevar la cotización obrera es cargar sobre la espalda de los trabajadores, el peso de malas acciones administrativas. E) El ROP debe venir en auxilio de IVM. 6) Nunca debe de convertirse el carácter del IVM de Régimen de capitalización colectiva a individual. Los países que lo han hecho, como Chile, hoy sufren las consecuencias.
Dejamos así sentadas nuestras primeras impresiones sobre un asunto de tanta relevancia para la inmensa y abrumadora mayoría de la población: la clase trabajadora; enfatizando en que ésta es nuestra visión sindical sobre tan delicado asunto y que, con seguridad, habrá otras igual de respetables, serias y dignas de toda consideración.
El día de hoy 20 de diciembre se hace público, por los diferentes medios de comunicación, el resultado de un extenso estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, UCR, referente al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, que protege aproximadamente a 1 millón 300 mil costarricenses de la clase trabajadora del sector público y privado del país.
Según los resultados de este estudio, que debemos de ver con mucha preocupación, tomando en cuenta un fracasado intento entre la Caja y la SUPEN que obligó a cancelar un contrato con una empresa que no contaba con el currículum necesario.
De acuerdo al estudio de la UCR, que debemos aclarar no hemos analizado y que habrá que hacerlo con toda responsabilidad, algunos escenarios indican elevar la edad de 65 a 70 años. En la mayoría de los casos consideramos que ni en las empresas públicas ni privadas, están en capacidad de sostener a personas trabajando activamente a esa edad tomando en cuenta enfermedades laborales, emocionales, desgaste físico, problemas psiquiátricos, accidentes, recargos de trabajo, exposición de muy alto riesgo, etc. Más aún con una obsoleta Ley de Salud Ocupacional que no resguarda la salud y la vida de los trabajadores.
Actualmente para el cálculo de la pensión los y las trabajadoras están siendo castigadas severamente con un monto hasta en un 50% de su salario y este estudio indica que debería bajarse al 40%. Esto sin que la Caja posea un medio serio y responsable para revalorar la pensión a esos miles de pensionados a los que hoy no les alcanza para sobrevivir.
A esto se suma que para tener posibilidad de pensionarse, según este escenario habría que trabajar entre 40 y 45 años, en algunos casos hasta más tiempo. Así es que no existe la menor duda que los resultados de este estudio deberán ser profundamente analizados y estudiados por el impacto en la seguridad social y el en el entorno familiar de las personas que se pensionen, y que se prevé sea el doble de los que hoy se acogen a la pensión.
En UNDECA, desde ya llevaremos este estudio de la UCR para el conocimiento de las organizaciones sindicales y sociales, así como de los trabajadores del país, para tomar las acciones que sean necesarias.
*Para mayor información comunicarse con Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, al teléfono 8367-2737
Imagen con fines ilustrativos tomada de laizquierdadiario.com
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, celebra que el Poder Ejecutivo no haya incluido el proyecto de Empleo Público 19506, en el Decreto N40039-MP, para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.
Reafirmamos que este proyecto de ley es un instrumento ideológico que pretende acabar con el Derecho Constitucional de negociar Convenciones Colectivas y el derecho a la Libertad Sindical, por eso el SEC mantendrá su posición férrea de actuar en unidad con el movimiento sindical para evitar que este proyecto se apruebe.
Consideramos que pretender excluir al Magisterio Nacional de dicho proyecto es muestra de que tenemos toda la razón en afirmar que NO SOMOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO LOS CULPABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Por eso lucharemos para que se archive totalmente y castigue a los evasores de impuestos.
Seguiremos insistiendo ante el Poder Ejecutivo para que mantenga esa posición de no enviar dicho proyecto, ya que el periodo de sesiones extraordinarias se mantiene del 1 de diciembre al 30 abril.
Mantenemos el llamado en primera instancia a nuestra dirigencia zonal y representantes institucionales de estar en disposición para actuar a nuestro llamado cuando se considere necesario y a la afiliación en general, estar pendiente ahora que viene el periodo de vacaciones.
Texto sustitutivo será revisado a la luz de lo que estipula el Código de Trabajo
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En compañía de algunos vicerrectores y decanos, el Dr. Henning Jensen entregó el texto propuesto por la administración a Nancy Muñoz, directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. (foto Anel Keenjekeva).
Un grupo de autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) encabezadas por el Rector, Dr. Henning Jensen Pennington, acudieron la tarde de ayer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde denunciaron la Convención Colectiva de Trabajo que ampara a las personas trabajadoras de la Institución, que está vigente hasta el 2 de marzo de 2017 y presentaron el texto sustitutivo de la misma.
La propuesta, que en criterio del rector es moderna y equilibrada entre lo que son los derechos de los trabajadores y las posibilidades financieras de la Institución, fue entregada a Nancy Muñoz Valverde, directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo.
Posteriormente, el Dr. Jensen y la delegación universitaria compuesta por los vicerrectores y algunos decanos, fueron recibidos por el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada y el viceministro del Área Laboral y Economía Social Solidaria, Harold Villegas Román, a quienes se les explicó los pormenores del proceso que se ha venido gestando desde hace meses y sobre algunas de las novedades que contiene el nuevo texto sobre todo en lo que se refiere a los derechos de tercera generación, que no van a significar una nueva erogación para el país.
El rector aprovechó la ocasión para solicitarles a las autoridades del Ministerio de Trabajo el apoyo de esa cartera, enviando a un observador u observadora s todas las sesiones de negociación con el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU).
En esta oportunidad el ministro Alvarado se manifestó complacido con el proceso que inicia en la UCR, por la seriedad del tema y por la necesidad de que las convenciones colectivas ofrezcan un balance entre el servicio que se da a la ciudadanía, las finanzas públicas y el respeto a los derechos de los trabajadores. “Aunque lograr ese balance no es una tarea sencilla, con el diálogo que caracteriza a los costarricenses se puede lograr”.
En representación del gobierno central, Alvarado manifestó que el ministerio está en la mejor disposición de colaborar a través de la Dirección de Asuntos Laborales, siempre respetando la autonomía universitaria y siendo conscientes de que no será como en otros casos donde se ha jugado un papel más proactivo.
Entre los principales cambios propuestos están los referentes al ajuste salarial por costo de vida y anualidades.
El ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, recibió en su despacho al rector Henning Jensen, a quien ofreció su colaboración en el proceso respetando la autonomía universitaria. (foto Anel Keenjekeva).
El Artículo 6 del texto sustitutivo propone que el ajuste salarial por costo de vida se pague por semestre vencido como ocurre con el resto de trabajadores y trabajadoras del país, y no por semestre anticipado como reza la convención colectiva vigente, que era propio de una realidad económica de los años 90 del siglo pasado, con altos niveles de inflación.
Entre el 2013 y el 2016, el ajuste salarial por semestre anticipado -con base en las proyecciones del Programa Macroeconómico del Banco Central sobre el porcentaje de inflación del año siguiente-, hizo que las personas trabajadoras de la UCR recibieran incrementos salariales superiores al 10%, por encima de la inflación, situación que a juicio de las autoridades universitarias es insostenible.
Mientras los incrementos salariales fueron de 6.8% en 2013, 5.3% en 2014, 5% en 2015 y 3% en 2016, para un incremento salarial acumulado a la base de un 19.93%, en el mismo período la inflación acumulada fue de un 8.32%.
Sin embargo, para solventar la inflación que pudiera acumularse cada mes entre enero y junio de cada año, se generó una fórmula que incorpora la inflación acumulada al finalizar el semestre, más un porcentaje adicional de reconocimiento por la inflación arrastrada durante los primeros meses del año.
Reconocimiento por experiencia laboral
Entretanto, en el Artículo 13, que regula la anualidad, a diferencia de lo que reza la convención colectiva vigente, de un 3% anual para todo el personal, el texto sustitutivo establece una anualidad escalonada.
Esto permitirá a la UCR ofrecer un salario competitivo durante los primeros cinco años con respecto a otras instituciones del sector público, sin que una vez pasado ese período se den diferencias salariales abismales entre instituciones del sector o entre las mismas personas trabajadoras de la Institución, y sin afectar negativamente las finanzas de la universidad.
Durante la cita con el ministro y viceministro de Trabajo, se explicó que el nuevo texto de la Convención Colectiva de la UCR es moderno y equilibrado entre lo que son los derechos de los trabajadores y las posibilidades financieras de la Institución (foto Anel Keenjekeva).
Para lograr un salario competitivo con respecto al resto del sector público, en los primeros cuatro años de servicio la anualidad va a tener un porcentaje del 5.5%, los años cinco y seis, un 4%, del año 7 al año 30, un 3%, y a partir de los 30 años, un 1%.
Lo anterior está sustentado en los resultados de dos estudios comparativos de salarios con otras instituciones públicas realizados por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Institución, en 2012 y en 2015, que mostraron que los salarios de contratación de la UCR son poco competitivos porque se ubican alrededor del percentil 50, pero que, a partir del año cinco en su gran mayoría pasan a ser muy competitivos, al punto de que son los mejores salarios que se pagan en el sector público, dándose diferencias enormes a partir del año 10.
Otra variante, es que la anualidad se pagará a partir del salario base, y no como se efectúa actualmente tomando en cuenta el salario base y otros componentes salariales, a excepción de la dedicación exclusiva.
Según lo explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, estas modificaciones no violentan los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de la Institución. “Una vez que entre en vigencia la nueva convención colectiva, quienes tengan menos de cinco años de laborar para la UCR continuarán recibiendo un 5.5% de anualidad. El quinto y sexto año, un 4%. Y a partir del sétimo año, un 3%. Asimismo, la fórmula de cálculo de la anualidad sobre el salario base regirá únicamente para las personas que ingresen a laborar después de entrar en vigencia la nueva convención colectiva”.
El texto propuesto regula por primera vez en el ámbito de la UCR lo referente al cambio de horarios para facilitar el desplazamiento de las personas funcionarias de sus hogares a sus lugares de trabajo y se incluye la posibilidad de laborar cuatro días a la semana en jornadas de 10 horas diarias o el establecimiento de diferentes horarios, previa negociación entre el trabajador y la jefatura. Asimismo, se establece el teletrabajo como modalidad de organización y desarrollo de la relación laboral, que se regulará por acuerdo entre las partes según la conveniencia institucional.
Conciliación de la vida familiar y laboral
El texto sustitutivo incorpora también aspectos novedosos tales como espacios laborales libres de violencia y medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, cuando se identifique una situación de violencia intrafamiliar en la cual la persona agresora y la persona agredida sean trabajadores de la Universidad, se tomarán medidas que garanticen la seguridad de la persona agredida.
El tema tuvo eco en la prensa nacional que entrevistó al rector sobre los alcances del texto, que será analizado por el MTSS a la luz de lo que estipula el Código de Trabajo. (foto Anel Keenjekeva).
Asimismo, se presentan variantes que beneficiarán a las trabajadoras de la UCR con Licencia por Maternidad, quienes disfrutarán de un permiso con goce de salario por 35 días naturales adicionales después del parto, lo que permitirá que las madres de la UCR alcancen niveles similares en este aspecto a las de países latinoamericanos como Chile y Cuba, en beneficio de los recién nacidos, la Institución concederá un permiso con goce de salario por 35 días naturales adicionales después del parto. La Convención colectiva vigente ya contemplaba un derecho similar, pero de 15 días.
Además, en casos de partos múltiples, se concederá un mes más por cada niño “adicional”. Asimismo, cuando el niño o la niña nazcan con algún tipo de discapacidad o problema de salud severo, se ampliará el permiso hasta un máximo de seis meses, incluida la Licencia por Maternidad de cuatro meses.
Otro cambio visible y positivo es el aumento de la Licencia por Paternidad de dos días a 15 días naturales, con miras a que haya una corresponsabilidad en la atención del niño o la niña en sus primeros días.
Aunque la convención colectiva vigente contempla una licencia de tres meses con goce de salario para la trabajadora que adopte a una persona menor de edad, el texto sustitutivo contempla 15 días naturales para el trabajador que en una relación de pareja adopte a una persona menor de edad.
En casos de enfermedad el texto sustitutivo contempla permisos con goce de salario por ocho días en caso de internamiento o atención especializada en el hogar de un hijo o hija bajo su dependencia, esposa o esposo, padre o madre adulto mayor, o pareja en unión de hecho, del mismo o de diferente sexo.
Los permisos por fallecimiento de familiares, se mantienen en cinco días hábiles si el deceso ocurre en el país y 10 días hábiles si se da fuera del país, en el caso de padres, cónyuge, hermano, hermana, relación de hecho o pareja, sea del mismo sexo o no. La licencia por el fallecimiento de un hijo o una hija se eleva a 15 días, ocurra ésta dentro o fuera del país.
Con respecto al período de lactancia materna, toda trabajadora tendrá derecho a una hora de lactancia hasta por dos años, independientemente de la jornada laboral de la madre y la universidad establecerá condiciones adecuadas para que las madres trabajadoras puedan extraerse la leche materna y conservarla durante su jornada laboral en condiciones de higiene, proximidad, privacidad y seguridad.
A juicio de las autoridades elaboración del nuevo texto fue un proceso colectivo que incluyó una consulta general a la comunidad universitaria, en la que las personas trabajadoras tuvieron la oportunidad de realizar sugerencias para la mejora del documento, o bien, para la derogación de los artículos que consideraran obsoletos o sin lugar. En total se recibieron 114 sugerencias, 41 comentarios sobre diversos artículos y se contabilizaron 45 participaciones.
Además se recibió la asesoría de abogados especialistas en el tema, ex vicerrectores, ex negociadores de convenciones colectivas e investigadores en la materia, y se recopilaron puntos de vista al respecto con las vicerrectorías, OPLAU, Recursos Humanos, Suministros, Servicios Generales, el CIEM y la CIMAD, entre otras.
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)
Comunicado de Prensa
Como es común en todas las piñeras y plantaciones en general, los patronos realizan todo tipo de acciones, amenazas, ofrecimientos, asignación de los peores trabajos y hasta el despido, para impedir que las personas trabajadoras ejerzan libremente el derecho humano fundamental de organizarse en sindicato.
Estas prácticas anti sindicales y violatorias de la legislación laboral costarricense, así como la pasividad y hasta complacencia de las instituciones del Estado para con estos empresarios, han sido denunciadas en los mercados europeos por OXFAM Internacional y gracias a esta acción, las empresas piñeras han tendido que corregir algunas prácticas anti laborales muy evidentes, como la subcontratación de personal por medio de contratistas sin el pago de salario mínimo y mucho menos la cotización con la seguridad social; disponer de equipos con dotación de agua potable, letrinas y lugar más o menos aptos para la ingesta de alimentos.
Esto ha generado el enojo de los empresarios contra el sindicato y la gente organizada, y están echando mano de la figura de Comité Permanente como herramienta patronal para evitar el surgimiento y empoderamiento del sindicato, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos.
Particularmente en FINCA ONCE, hoy martes 8 de noviembre, se convocó a todos los trabajadores para imponerles la conformación de un Comité Permanente, cuyos representantes son propuestos por el patrono y elegidos con su estricta vigilancia, por aquello de que algún trabajador se vaya a oponer a la matráfula. Valga decir que para curarse en salud y quitarse obstáculos del camino, la patronal envió a vacaciones a la dirigencia de la UNT, con el objetivo de evitar cualquier oposición a la constitución de este instrumento patronal.
No está de más recordar que esta herramienta que le facilita el Código de Trabajo a los patronos para desaparecer y proscribir al sindicato, que ha motivado infinidad de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; lamentablemente se mantiene incólume a pesar de la Reforma Procesal Laboral, lo que seguirá impidiendo el desarrollo de sindicatos en la empresa privada.
Como UNT preparamos una denuncia contra el representante legal de Finca Once por prácticas laborales desleales, esperando que los tribunales de trabajo hagan valer el derecho laboral costarricense.
Susan Quirós Díaz
Secretaria General
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.
