El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, revisó el Calendario Escolar del curso lectivo 2015 y constató que abarca 208 días lectivos y no 200 como legalmente corresponde, por lo cual demanda al MEP corregirlo de inmediato.
Según la propuesta del MEP, el curso lectivo 2015 inicia el 9 de febrero y termina el 18 de diciembre, para un total de 208 días.
Desde 1997 el calendario escolar se ajustó de 174 a 200 días, disminuyendo el período de vacaciones de los docentes. Es así como a partir de ese año se incrementan los días laborales y a cambio se otorga un incremento a la base salarial para compensar la modificación, respetando la estructura de la jornada laboral y las vacaciones.
Si el MEP no corrige la cantidad de días lectivos e insisten en mantener los 208 días, está ante una clara lesión a los derechos laborales.
A raíz del anuncio que hizo el Ministerio de Educación de destinar este año ¢73500 millones para construcción, mantenimiento y ejecución de infraestructura de centros educativos, el Presidente del SEC, Gilberth Díaz, dijo que estas necesidades se solventarán solo si realmente se ejecutan los presupuestos y de ello se mantendrán vigilantes.
Recordó que de acuerdo con el artículo 31 de la Convención Colectiva que el MEP y SEC firmaron en abril del 2013, el Ministerio debe destinar al menos un 2,8% de su presupuesto anual específico, para garantizar la sostenibilidad financiera de los programas de infraestructura educativa y mobiliario tradicional y no tradicional de centros educativos, Direcciones Regionales de Educación y Oficinas de Supervisión. “Esto contempla mantenimiento de instalaciones existentes, obras nuevas y compra de terrenos”, dice esta Ley.
Además, para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, es urgente la atención a las órdenes sanitarias que por problemas de infraestructura el Ministerio de Salud ha dictado sobre 338 centros educativos, producto de emergencias que no han sido atendidos a tiempo en administraciones anteriores.
El presidente del SEC, señaló la lentitud que ha prevalecido en la ejecución de la obra escolar, dada la tramitología existente. “Eso es grave, porque uno de los componentes importantes del proceso educativo es el ambiente en que laboran los trabajadores de la educación y el lugar donde los estudiantes reciben las lecciones”. Un ejemplo de ello es la tardanza con que se empieza a ejecutar el fideicomiso de $167 millones que el BID otorgó al MEP y que fue aprobado hace más de dos años, hasta ahora se informa que se beneficiará a dos centros, el de Mata de Plátano y el de San Isidro de León Cortés.
A la vez calificó de inconveniente el hecho de que no exista un inventario nacional de infraestructura escolar, lo cual refleja el rezago en esta materia.
El SEC espera que el Ing. Walter Muñoz Caravaca, nuevo Director de Infraestructura y equipamiento del MEP, ejecute el presupuesto programado para infraestructura y que el curso lectivo que iniciará el 9 de febrero próximo, transcurra con normalidad.
A-Cunde la incertidumbre sobre el proyecto de APM. Mientras por un lado se dice que se trata de una inversión de $1.000 millones, en el Estudio de Impacto Ambiental se dan diferentes cifras: $641 millones, $950 millones y $956 millones, por lo que la Setena se cuida de no indicar de cuánto habría de ser el depósito de garantía ambiental… como se hace siempre.
B-Acorde con lo anterior, en el contrato firmado con doña Laura y el ministro Francisco Jiménez, se acepta que la empresa NO construya siquiera un tercer puesto de atraque, pues lo condiciona a alcanzar un movimiento de 2.500.000 contenedores por año… mientras un estudio técnico de la CEPAL del 2012, reseña que el puerto sería para solo 1.280.000 contenedores.
C-También se acepta como válido, por la Setena, la Contraloría y el gobierno, que la mitad de la isla del tamaño y forma de La Sabana, se deje en lastre y sin iluminación (“el área que se rellenó en exceso de lo requerido”) de no ejecutarse la etapa del tercer puesto de atraque… desdeñándose el impacto que tendría su erosión.
D-Queda claro pues que ni la misma empresa APM tiene certeza de poder alcanzar un movimiento de contenedores como el anunciado. De ser así, los alegados y “alegres” beneficios económicos con que se le presenta a la opinión pública, no serían más que un sutil ESPEJISMO bueno para alimentar incautos.
E-Aparte de que los recursos de revocatoria y apelación incoados contra la resolución de la Setena que otorga en primera instancia la viabilidad ambiental, incluyen la medida cautelar lógica de ejecutar una medida cautelar para que no se inicien las obras del proyecto hasta tanto no se tenga una resolución final.
La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) solicita urgente intervención del Ministerio de Trabajo por persecución y despidos antisindicales en Corporación González, empresa privada que presta servicios de vigilancia en varias instituciones públicas.
Por este motivo, el pasado 8 de enero la UNT hizo llegar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora una carta para reiterar su petición, ya que no es la primera vez que esta organización se acerca a las autoridades de la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A. y por intermedio del Ministerio, a plantear urgentes asuntos socio laborales que afectan a las y los agentes de vigilancia que laboran para esa empresa
De la misma manera, han tenido que recurrir a los Tribunales de Justicia a plantear reclamos por el pago de jornada extraordinaria.
Recientemente esta empresa realizó cambios de jornadas, roles y horarios y un grupo muy importante de vigilantes firmó un documento donde se denuncia que dicho cambio les afecta el salario y no les respeta el derecho al disfrute de un día de descanso. Muchos de los firmantes han recurrido a plantear demandas a los Tribunales de Trabajo por no recibir el pago de jornada extraordinaria.
Posterior a los cambio de jornada realizados y a la firma de tal documento y la respectiva denuncia, la empresa inicia un proceso de despido selectivo de las personas firmantes tanto de las demandas como de la denuncia, todas ellas afiliadas a la UNT.
Los despidos selectivos, son acompañados de una campaña, también selectiva, de amenaza y promoción de la desafiliación a la UNT, por lo que ya son muchos los trabajadores que por miedo al despido, han presentado su renuncia a la UNT.
La empresa ha puesto a las y los trabajadores en la disyuntiva de elegir entre mantenerse organizados para reclamar y defender sus derechos, o mantenerse en su trabajo.
No está de más recalcar Corporación González y Asociados Internacional S.A, presta servicios de Vigilancia a varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Cultura, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y PIMA CENADA y que su actuación no sólo violenta institutos jurídicos laborales de la OIT como el Convenio 94, su Reglamento y Directrices Presidenciales al respecto, sino, además, la Constitución Política y el Código de Trabajo.
“Señor Ministro: Respetuosamente le recordamos que es obligación de su Cartera, tutelar el ejercicio de la libertad sindical y los derechos laborales de las y los trabajadores, por tanto, tal y como se lo planteamos en nota reciente, le rogamos que urgentemente se convoque a su Despacho, a los representantes judiciales y extrajudiciales de Corporación González, a la señora Ministra de Cultura y Juventud, al Gerente General de la CNFL y al Gerente General de PIMA – CENADA”, se manifestó en la carta firmada por Susan Quirós Díaz, Secretaria General, UNT.
Para ampliar información a los teléfonos 8877-5471 con Susan Quirós o 83566251 con Edgar Morales.
Información enviada a SURCOS Digital por Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
Emitimos el presente comunicado de prensa en esta fecha de jueves 1 de enero del 2015, cuando debe entrar a regir el reajuste salarial por costo de vida para todas las personas que trabajan en el sector público costarricense, valedero para el primer semestre del año que hoy inició. Hablamos de cerca de 300 mil empleados públicos y empleadas públicas (poderes centrales del Estado, entes autónomos y semiautónomos, instituciones descentralizadas, empresas públicas, municipalidades y otras).
Desde la perspectiva sindical de las organizaciones que nos honramos en representar, el proceso al efecto (que debería terminar en una negociación satisfactoria entre el actual Gobierno y las principales organizaciones sindicales representativas del indicado segmento laboral), presenta las siguientes características que nos llevan a definir la situación por venir, como “altamente controversial”.
PRIMERO: La naturaleza de los compromisos que ha asumido la actual administración gubernativa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la reciente visita al país de una “misión técnica” de la misma (la cual incluso, se reunió con la ANEP y en la propia sede de ésta). Al respecto, ya se ha venido indicando que el Gobierno pretendería fijar reajuste por debajo del índice inflacionario del semestre que acaba de concluir, por un lado; y, por otro, definir el porcentaje del reajuste a partir del salario total, no del base. Esto ya es “altamente controversial”.
SEGUNDO: El contexto de la discusión bilateral gobierno-sindicatos, misma que tendrá su primera sesión negociadora el próximo día miércoles 15 de enero, se dará en un clima completamente distorsionado dada la una intensa campaña orquestada por la prensa del capital neoliberal, contra todo lo que sea empleo público. La matriz mediática que se venido impulsando al respecto, ha pretendido manipular las conciencias ciudadanas en el sentido de que quienes laboran para el sector Público son los “culpables” del déficit fiscal y del eventual colapso de las finanzas públicas en el corto plazo.
TERCERO: Los acontecimientos político-sociales en torno a la tramitación legislativa del presupuesto “de la República” para el 2015, evidenciaron que el país continúa en colisión con respecto a dos visiones de desarrollo: una que insiste en los preceptos neoliberales de concentración y de exclusión; mientras que la otra (en la que estamos nosotros), apunta a la restauración del bien común como único camino para recuperar la histórica senda costarricense de la inclusión y la movilidad sociales. En lo específico, el papel del sector Público también es “altamente controversial”.
CUARTO: En el caso de la corriente sindical que representamos y en el marco de la discusión salarial venidera, en el seno de lo que se conoce como Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, hemos de insistir en nuestra tesis de la Transformación Tributaria Estructural (así en mayúsculas); aprovechando la primera sesión para hacer entrega oficial a las autoridades gubernativas representantes del Poder Ejecutivo de nuestra propuesta en tal sentido: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.
QUINTO: La ANEP, que en el seno de la mencionada comisión se representa a través de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), espera un espíritu de gran coincidencia entre las varias expresiones sindicales que en tal espacio tenemos objetivos comunes en esto la justicia salarial. Por tanto, no es posible hablar ya de cifras o porcentajes concretos de propuestas de este reajuste, hasta agotar los máximos esfuerzos unitarios al respecto; amén de que los análisis al respecto concluirían hasta horas antes de la sesión “inaugural” de la negociación, el próximo 15 de enero. Finalmente, vamos a este proceso convencidos de que se trata de un nuevo reto para fortalecer el Diálogo Social.
En buena hora que haya debate sobre los derechos laborales en Costa Rica. De mi parte, he defendido públicamente tales derechos lo cual ha suscitado descalificaciones en mi contra (ya que no argumentos) que reinciden en decirme que soy “anti-empresarial”. Creo que la cuestión merece ser desgranada con cierto cuidado, pero dejando en claro que mi alegato tiene que ver con la situación que se presenta en el sector privado. Espero, pues, que no se quiera enredar la discusión haciendo referencia al sector público, cuya situación es lo suficientemente diferente como para ameritar un trato aparte.
Mi posición se resume en lo siguiente:
1) Objetiva y justificadamente puede sostenerse que en partes muy significativas del sector privado en Costa Rica ha habido –como tendencia general- un menoscabo en la aplicación efectiva de algunos derechos laborales, no obstante estar estipulados en las leyes y la Constitución de la república, así como en tratados internacionales suscritos por el país. Ello es contundentemente claro en relación con el derecho a la organización sindical independiente, de donde resulta una situación de suma vulnerabilidad para los trabajadores y las trabajadoras, quienes deben entonces negociar su contrato y condiciones laborales sobre una base puramente individual y, en consecuencia, en el contexto de una relación muy desigual.
2) Apoyo, pues, que se dé plena vigencia y efectividad a tales derechos, conforme lo establecen esos diversos instrumentos jurídicos vigentes.
3) Adicionalmente soy del parecer que el país debe proponerse seriamente continuar avanzando en materia de derechos laborales, en el entendido que ello es fundamental para garantizar una sociedad más democrática, una distribución del ingreso y la riqueza más justas y una convivencia más pacífica y digna.
¿Corresponde lo anterior a una ideología o toma de posición anti-empresarial? Ello sería válido solo si aceptamos que una presunta “ideología pro-empresarial” estaría basada en las siguientes premisas:
4) Se disimula –con silencio cómplice o actitud permisiva y complaciente- la realidad de efectivo menoscabo que actualmente se da en relación con algunos de los derechos laborales más importantes.
5) Se considera aceptable y se cohonesta el que derechos laborales formalmente vigentes con arreglo a las leyes, la Constitución y diversos tratados internacionales, sean desconocidos en la práctica laboral concreta. Ello supondría apoyar comportamientos ilegales, anti-constitucionales y violatorios de compromisos internacionales.
Obviamente, y dados los mencionados puntos 4) y 5), esta supuesta “ideología pro-empresarial” descartaría cualquier posibilidad de un avance ulterior hacia niveles más desarrollados de los derechos laborales, según lo que indiqué en el punto 3).
Tal “ideología pro-empresarial” conllevaría de forma implícita algunos supuestos muy preocupantes, tanto en relación con su visión de la sociedad y su concepción de la democracia, como incluso respecto del funcionamiento empresarial y las bases de su “competitividad”. Ello es así en virtud de lo siguiente:
6) Por el desconocimiento deliberado y la anulación práctica de normas jurídicas plenamente vigentes.
7) Por la negativa a reconocer el valor de los derechos laborales, como conquistas históricas y derechos humanos sustantivos, derivados de grandes e importantes luchas sociales.
8) Por la consecuente negativa a reconocer que esos derechos son parte esencial y uno de los componentes más valiosos dentro del legado democrático de las sociedades contemporáneas a nivel mundial.
9) Por la negativa a reconocer que estos principios son parte importantísima dentro del entramado institucional y de derechos, indispensable para garantizar sociedades más justas, equitativas y pacíficas.
Todo lo anterior -puntos 6) al 9)- atiende a los aspectos sociopolíticos de la cuestión y a las graves implicaciones que ello conlleva. Pero también hay un aspecto económico –atinente a la así llamada competitividad empresarial- sobre lo que esto plantea serias dudas. Lo explico enseguida:
10) Se ha puesto en evidencia una gran resistencia –incluso un indisimulado temor- en el sentido de que la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras pueda generar presiones que dañarían la “competitividad empresarial”, en el tanto ello podría obligar a la parte patronal a negociar, sobre una base colectiva y no persona por persona, aspectos como los siguientes: condiciones salariales; procedimientos de contratación y despido; higiene y seguridad laboral; provisión de servicios; mecanismos de estímulo y reconocimiento.
11) Claramente se entiende que se preferiría que todo esto quede sujeto exclusivamente al arbitrio de la buena voluntad del respectivo patrono o patrona. Por supuesto los hay que son, sin la menor duda, personas muy bondadosas. Pero aquí no me refiero a las cualidades personales de quienes dirigen las empresas, sino a una cuestión –los contratos laborales- que no pueden quedar a merced de la mucha o poca generosidad que cada persona pueda tener. En cambio, debe entenderse que el trabajador y la trabajadora merecen y necesitan contar con una base sólida desde la cual poder defender sus legítimos derechos y dejar claramente establecidas sus responsabilidades.
¿Significa esto que la “competitividad” de las empresas costarricenses depende entonces de una fuerza de trabajo desorganizada, sujeta al arbitrio de la buena (o mala) voluntad del patrono correspondiente? De ser ese el caso, estaríamos en presencia de una competitividad asentada sobre bases espurias y muy endebles, con el agravante de que ello puede tener (ya está teniendo) perversas consecuencias sociales, políticas y económicas que perjudicarían seriamente (ya seguramente lo están haciendo) la competitividad empresarial.
¿Cuál es la mejor forma de sostener buenos salarios y condiciones laborales decentes, sin perder rentabilidad ni mercados? Simple: siendo mucho más productivas. Y ello supone mejor organización empresarial, mejores técnicas gerenciales, más incorporación de conocimiento, una fuerza de trabajo más calificada y motivada, tecnologías superiores, capacidad para innovar. Pero, también una serie de condiciones de contexto: desde apropiada infraestructura vial y buenos puertos y aeropuertos hasta excelentes sistemas educativos y de salud y un ambiente de paz social y seguridad ciudadana. Y ni hablar de la política económica, destacadamente en relación con dos cuestiones que hoy tienen un impacto negativo fundamental: el tipo de cambio y las tasas de interés. Todo lo cual ilustra acerca de la falacia implícita en la idea que alguna gente sostiene según la cual el “éxito empresarial” depende tan solo del esfuerzo individual.
En realidad, la economía es un sistema complejo y articulado, dentro del cual cada empresa es solo un nodo y de ningún modo un nodo autónomo. De ahí que esa presunta “ideología pro-empresarial”, es en realidad una ideología anti-laboral que puede tener perniciosas consecuencias sociales y económicas, en menoscabo, incluso, de las empresas individuales y de su competitividad.
Impulsar el desarrollo de la productividad de la planta empresarial de Costa Rica requiere, pues, de amplios procesos de diálogo y concertación. Pero nada de ello será factible si el país continúa por el camino de ahondamiento de desigualdades y anulación de derechos por el que está siendo arrastrado. La exclusión inevitablemente genera resentimiento y furia y, por lo tanto, bloquea el diálogo y ahonda la polarización.
Temas sumamente prioritarios,altamente sensibles y susceptibles para generar movilización
A pocos días y horas de que celebremos la llegada del año nuevo 2015, emerge un balance de retos y desafíos para la lucha obrera y social organizada venidera; especialmente la que se articula desde las organizaciones que nos conjuntamos en la coalición PATRIA JUSTA, así como por otras agrupaciones importantes, respetables y hermanas que defienden similares principios de justicia social.
Para el 2015 cuatro temas presentan características de ser sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.
Reforma Procesal Laboral (RPL)
La más persistente, sistemática y cotidiana acción se impone como un tema esencialísimo de la lucha sindical para el 2015, resaltando tres escenarios. A) Defenderla “a capa y espada” para que entre en vigencia, completamente, en junio de 2016, lo que nos llevará a diseñar e impulsar una multiplicidad de acciones en ámbitos geográficos de mucha concentración laboral y obrera, así como comunal. B) Para que la honorable magistratura de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ceda a la provocación del capital neoliberal adversario de la RPL y, por el contrario, certifique que ante el levantamiento del veto impuesto por el anterior mandato presidencial, el actual actuó sin roce constitucional alguno al quitarlo. C) Impedir que en el actual parlamento se desnaturalice y se atente contra esta legislación, enormemente estratégica para la verdadera justicia laboral y para una sólida seguridad empresarial, que posibilita plena paz en las relaciones obrero-patronales.
Transformación Tributaria Estructural
Los graves problemas fiscales del país no se pueden corregir con más impuestos de carácter indirecto, es decir, reforzando la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva que obliga a pagar más impuestos a quienes menos ingreso tienen, proporcionalmente hablando.
Por tanto, resulta totalmente desafortunada la pretensión del actual Gobierno de transformar el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), que es el más injusto de todos los impuestos. La propuesta generará fuerte rechazo, especialmente por los intentos de elevarla del 13 al 15 %, por más “gradualidad” y “exclusiones” presente.
Por el contrario, Costa Rica ocupa una transformación tributaria estructural, con elementos tales como el establecimiento de la renta mundial, de la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”); amén de una nueva y poderosa legislación (y reglamentación administrativa), contra todas las formas de evasión y elusión tributarias.
Política Salarial
Hemos de insistir en que se necesita una nueva política salarial para la clase trabajadora costarricense. Por un lado, para combatir el crecimiento de la desigualdad y mejorar la redistribución de la riqueza; por otro, para aumentar el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, de tal suerte que se fortalezca la producción para el mercado interno, con la cual se aporte al establecimiento, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En tal sentido, la lucha sindical resaltará dos elementos: a) La necesidad de una fijación salarial extraordinaria, especial, para la elevación del actual piso de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía, a partir de la cual se apliquen los subsiguientes ajustes semestrales a los mismos por costo de vida. b) Rechazar, fuertemente, las pretensiones gubernamentales de que los salarios de aplicación en el sector público se impongan en porcentajes inferiores a la inflación, por un lado; y, por otro, a que el porcentaje a definir/imponer, parta del salario total y no de la base.
Empleo Público
Luego de semanas y meses de ataque sistemático al empleo público, las condiciones parecen perfilarse hacia un escenario de intensa polarización con relación a intentonas de ley para modificar una situación que tuvo su origen desde el primer momento de entrada en vigencia de la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949, cuando se empezó a desaplicar el principio rector de un único sistema de empleo que normara las relaciones entre el Estado y su personal.
Tenemos hoy en día una gran complejidad en materia de empleo público y una sola ley no lo resolverá; mucho menos, si tal legislación (u otras que se les parezca y pretendan lo mismo), se inspire en cuestiones cortoplacistas de naturaleza fiscal que oculten la verdadera naturaleza perversa de este problema.
Elementos como el “salario único”, el ataque a las convenciones colectivas de trabajo vigentes en la Administración Pública, la “guerra” contra los pluses, el deterioro de gran cantidad de servicios públicos producto de severas restricciones de personal y de presupuesto, entre otros; son factores que han envenenado el clima para atender el real desafío de una verdadera reforma del Estado inspirada en el humanismo, a favor del bien común, para reducir las desigualdades y potenciar, de nuevo, la movilidad social. Tal clima de envenenamiento es una provocación a la confrontación abierta que, sin duda, será asumida por la inmensa cantidad de gremios y de sindicatos del sector Público llegado el momento.
Cómo es lógico suponer, en el año 2015 la agenda de la lucha sindical y social es mucho más amplia, teniendo aspectos puntuales y de proyección general que presentan idénticas características: sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización. A ellos nos iremos refiriendo en lo sucesivo; y, evidentemente, según nuestra perspectiva de lucha que no es la única, por supuesto.
Enviado a SURCOS Digital por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP, Coordinador PATRIA JUSTA.
En su última reunión del año, los integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), recibieron a representantes de la coalición sindical Patria Justa, quienes presentaron la agenda “país” sindical, que incluye propuestas de política tributaria, energética, de seguridad social y seguridad alimentaria, entre otras.
La representación sindical destacó el papel histórico de la Iglesia Católica costarricense en el avance de los derechos laborales y solicitó a los obispos apoyar la ley de la Reforma Procesal Laboral, que viene a actualizar el Código de Trabajo vigente.
Los obispos se mostraron complacidos por la reunión, se comprometieron a estudiar los documentos de Patria Justa y a convocar para una sesión de reflexión conjunta “con los sindicatos más representativos del país”, en pos de un país más justo e inclusivo; nuevo encuentro que se espera realizar en el próximo mes de enero.
La reunión transcurrió en un clima de respeto y buena disposición a abrir canales de comunicación entre la jerarquía de la Iglesia Católica costarricense y quienes integran la coalición sindical Patria Justa.
La actividad tuvo lugar en la casa de la Diócesis de Alajuela, ubicada en la comunidad de La Garita, entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana de este día, lunes 22 de diciembre de 2014.
PATRIA JUSTA:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA
Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
En Costa Rica siempre han mandado los patrones, al punto que en una época, un pequeño grupo de terratenientes y ricos comerciantes se reunía y decidía quién sería el presidente de la República que gobernaría para ellos.
Durante buena parte del periodo republicano, no hubo legislación laboral y los contratos de trabajo se firmaban directamente entre el trabajador y su patrono, que era el que imponía los términos de la contratación a su favor.
En la década de los 40, esa situación comenzó a cambiar como resultado de la crisis económica y las ideas de avanzada que llegaron al país con el conocido resultado de la promulgación del Código del Trabajo y las Garantías Sociales. Esos grandes pasos en materia de justicia social permitieron que prevaleciera la paz social por varias décadas.
En los últimos 30 años las condiciones socio – económicas han cambiado y el nivel de vida de una parte de la población trabajadora se ha deteriorado severamente, haciendo que el Código del Trabajo aprobado hace 71 años resulte hoy insuficiente para proteger a las personas trabajadoras.
En la Costa Rica de hoy, tres de cada diez patronos incumple con el pago del salario mínimo en Costa Rica, según un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La situación se agrava en las zonas rurales, en las que el incumplimiento del salario mínimo supera en 66% superior el de las zonas urbanas, afectando principalmente a los trabajadores agrícolas, debido, entre otras causas, a la baja sindicalización.
Mientras tanto, cerca de medio millón de trabajadores no reciben sueldo cuando se ausentan por enfermedad y a casi 400 mil asalariados no se les pagan las vacaciones.
El 14,5% de las personas ocupadas, principalmente en la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, no están cubiertas por el seguro social.
Detrás de esas cifras está el sector más retrógrado de la clase patronal costarricense que no paga salario mínimo, que despide trabajadores cada tres meses sin responsabilidad patronal, que echa a las obre ras que se embarazan.
Es de esa manera como amasan sus fortunas los dueños de las plantaciones de cítricos, piña y otras frutas, así como algunos empresarios de la construcción.
Son esos empresarios los que con rabia vociferan contra el levantamiento del veto sobre la Ley Procesal Laboral del Presidente Solís, ya que se trata de una ley que viene poner remedio a la explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo, actualizando el Código de Trabajo de 1943 y haciendo valer los derechos humanos laborales.
Levantar el veto a la Ley Procesal Laboral fue la mejor decisión que pudo tomar el Presidente Solís, aunque para la cúpula empresarial sea inadmisible que un presidente deje de obedecerles y se ponga del lado de los trabajadores.
En esta batalla por los derechos laborales, es justo reconocer el papel que ha jugado un sector lúcido del sindicalismo costarricense, así como la valentía de la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio y de algunas y algunos diputados del PAC.
Manuel Rodríguez Acevedo, secretario general; Tyronne Esna Montero, secretaría de Relaciones Públicas. 17 de diciembre de 2014
Información enviada a SURCOS Digital por Divulgación Sitrapequia.
Desde que se aprobó el Código de Trabajo han transcurrido 71 largos años. Bajo el espíritu de procurar una política permanente de solidaridad nacional hoy es necesario ajustar la legislación laboral a los nuevos requerimientos del Siglo XXI.
El mayor reto en la globalización es asimilar los efectos positivos y aprovechar las múltiples oportunidades que genera sin demérito de los derechos de las personas trabajadoras y de las relaciones obrero-patronales positivas y con un concepto constructivo que deben prevalecer.
En el marco de la globalización, el aumento de la productividad y la competitividad que reclama el modelo neoliberal, debemos gestar una política de empleo y salarios sin menoscabo de las personas trabajadoras y sus familias, ni propiciar la precarización, inestabilidad laboral o deterioro de los derechos laborales.
Costa Rica ha cambiado y ha crecido, distintos aspectos de la normativa jurídica que rige la vida social se han actualizado pero los sistemas de administración de justicia y los mecanismos de solución de diferencias entre trabajadores y patronos, no solo en el ámbito judicial sino también en el campo administrativo y en la realidad en materia laboral, se quedaron rezagados en gran medida, en relación a las demás áreas del desarrollo nacional.
De dónde surgió la iniciativa
La RPL se acordó en la Concertación Nacional (1998) y su primer borrador se elaboró en una comisión integrada por MTSS, la Corte Suprema de Justicia, y representantes sindicales y patronales, para establecer mejores condiciones para que las personas trabajadoras y la parte patronal diriman diferencias en la lucha por sus derechos, tales como las declaratorias de huelga entre otros, a fin de equilibrar esos procedimientos. Ese borrador fue conocido en el Poder Judicial y enviado por la Corte Plena al Consejo Superior de Trabajo a finales del año 2004. El 22 de agosto del 2005 la Corte Plena de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto, que posteriormente fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
La OIT envió una misión de asistencia técnica al país en octubre del 2006 y con su presencia, el 4 de octubre del 2006 el Consejo Superior de Trabajo (sindicatos, empleadores y gobierno) se acuerda apoyar la aprobación de la RPL. El Consejo Superior de Trabajo, con el acompañamiento de la OIT, aprobó la RPL el 28 de julio del 2008, corrigiendo algunos problemas. Este trabajo facilitó los acuerdos necesarios para que, la comisión de asuntos sociales (período legislativo 2006-2010) y la comisión de asuntos jurídicos (2010 a la fecha) avanzaran en la discusión del proyecto y lo dictaminara finalmente.
Cabe recordar que los tres pilares que sustentan los derechos laborales universalmente reconocidos son: el derecho a la organización, la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Además, se busca garantizar a la ciudadanía que los servicios públicos y estratégicos de la economía nacional podrán tener continuidad y seguir desarrollándose. Estas propuestas se sustentan en las más modernas legislaciones en materia de derecho del trabajo y con las últimas y modernas resoluciones que ha dictado la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Tal y como lo expresó Manuel Mora en su oportunidad:
“El primer esfuerzo que tenemos que realizar es de carácter político social: Tenemos que unificarnos todos, sin distingos politiqueros y sin distingos de clases. La nación tiene que estar por encima de todos los partidos y por encima de todas las clases. Que se acaben los sectarismos de izquierda y los sectarismos de derecha. Ni las izquierdas deben pretender que la unidad nacional se haga eliminando a ciertas fracciones de las clases adineradas, ni las derechas deben exigir algo semejante respecto a las izquierdas. …La unidad es para nosotros la piedra angular del edificio económico y político que urge levantar” (Manuel Mora Valverde. Discursos. 1980. pp. 153-154).
A los actuales diputados les corresponde, asumir el compromiso de cambiar los procedimientos antiguos y aprobar un sistema de administración de justicia laboral moderno, más expedito, donde destaque la oralidad, la accesibilidad, la justicia, donde las personas trabajadoras no se vean expuestas a periodos de espera de cinco años y más para que se les resuelva un reclamo judicial cuando se han quedado sin trabajo o se les ha negado el pago del salario o de sus extremos laborales. Esta deficiencia creada en una mala administración de justicia debe ser erradicada y este proyecto se convierte en el instrumento idóneo para ese propósito.
¿Qué propone la reforma?
La ley de reforma procesal laboral introduce importantes cambios para mejorar todo el sistema de la jurisdicción de trabajo en procura de una mejor protección de los derechos laborales tanto individuales como colectivos. Entre los cambios más relevantes podemos citar los siguientes:
Se modifica la estructura del proceso judicial ordinario para lograr juicios más céleres que garanticen a las personas trabajadoras el principio de justicia pronta y cumplida. Con el nuevo proceso se reducirá sustancialmente la mora judicial, lo que beneficiará a todas las personas trabajadoras que se vean obligadas a acudir a los tribunales de trabajo en reclamo de sus derechos laborales.
Se crea la Defensa Laboral Pública auspiciada por el Poder Judicial, que ofrecerá asesoría y asistencia legal gratuita para todas las personas trabajadoras que no cuentan con recursos propios para pagar un abogado particular. Con este servicio se garantiza a las personas trabajadoras una defensa legal de buena calidad para la defensa de sus derechos dentro del proceso judicial.
Se crea un proceso especial –sumario- para proteger los fueros especiales. Con esta innovadora medida se garantiza una protección eficaz para evitar actos de despido arbitrario y persecución que puedan sufrir personas trabajadoras vulnerables, como trabajadoras embarazadas y personas que realizan actividad sindical.
De la mano de este proceso especial se introducen medidas cautelares a favor de todas las personas trabajadoras que sufran discriminación por cualquier motivo. Se trata también de una innovación garantista, que promueve la estabilidad laboral a favor de toda persona víctima de discriminación.
Se modifica el proceso para sancionar las infracciones a las leyes de trabajo, para reducir la impunidad de conductas violatorias de las leyes labores que lesionan derechos de las personas trabajadoras.
¿Qué cambios introduce la ley en materia de huelga?
Algunos grupos de diversos sectores se oponen a la reforma laboral por desacuerdo con los cambios que se introducen en la regulación del derecho de huelga. Mientras unos grupos afirman que la nueva regulación restringe el derecho de huelga, otros dicen que la ley promueve la realización de huelgas de manera indiscriminada. Ciertamente unos y otros están equivocados.
Para comprender de mejor forma la importancia del cambio que trae la reforma laboral en materia de huelga, lo primero que debe tenerse en cuenta es que el régimen jurídico actual es completamente obsoleto. La regulación original contenida en el Código de Trabajo sobre el derecho de huelga tiene ya más de setenta años de vigencia, y en los últimos años esa regulación ha sido modificada por intervención de la Sala Constitucional, que en algunas ocasiones ha declarado varias de esas normas inconstitucionales y en otras ocasiones las ha “interpretado” de acuerdo a criterios no siempre coherentes con el respeto al ejercicio del derecho mismo. Como corolario de todo esto, tenemos una regulación del derecho de huelga totalmente anacrónica, llena de vacíos normativos y de inconsistencias regulatorias que no hacen más que generar inconvenientes prácticos y legales en detrimento del ejercicio del derecho de huelga y en perjuicio ya no solo de la clase trabajadora, sino también de toda la ciudadanía, que inevitablemente se ve afectada por la falta de seguridad jurídica que impera en el país en esta materia.
Atendiendo esta problemática, la ley de reforma procesal laboral plantea un nuevo sistema de regulación del derecho de huelga que logra equilibrar los intereses de todas las partes involucradas en el conflicto y que pone a nuestro ordenamiento jurídico a tono con los convenios internacionales de la OIT que el país ha suscrito. La modificación que introduce la ley de reforma procesal laboral en esta materia implica una auténtica modernización del régimen normativo del derecho de huelga, evidentemente inspirado en sistemas vigentes en otros países de reconocida tradición democrática y respeto a los derechos laborales.
Los cambios más relevantes de la nueva regulación del derecho de huelga son:
Moderniza el proceso judicial de la huelga, regulando de mejor forma las diversas etapas procesales.
Garantiza el ejercicio del derecho haciendo facultativa la solicitud previa de calificación de legalidad de la huelga.
Garantiza el ejercicio del derecho al reducir el porcentaje de apoyo requerido para la legalidad de la huelga.
Introduce un procedimiento de participación democrática y de votación secreta para la convocatoria del movimiento a huelga.
Reconoce titularidad al sindicato para el ejercicio colectivo del derecho de huelga, lo que genera seguridad a todas las partes involucradas en el conflicto.
Amplía las posibilidades de negociación al introducir diversas vías para la conciliación y el arbitraje.
Introduce una regulación especial para el ejercicio de la huelga en los servicios públicos esenciales que garantiza el ejercicio del derecho y asegura los intereses y derechos de los usuarios de dichos servicios, estableciendo garantías para la continuidad de los mismos, como lo son el establecimiento de un programa de servicios mínimos, la exigencia de preaviso para la convocatoria a huelga y un límite de tiempo máximo para la duración del movimiento, entre otros.
Revisión y síntesis jurídica: Lic. Esteban Calvo, sobre la base de la exposición de motivos del proyecto legislativo. Edición periodística: Juan Carlos Cruz Barrientos.
Enviado a SURCOS Digital por Juan Carlos Cruz Barrientos.
