En el mes de noviembre del 2014 se realizó el Taller Nacional “Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la política macro-económica y la vigencia de los derechos económicos y sociales”. Como parte de las múltiples sesiones, una se dedicó a la política laboral; entre otras ponencias, una expuso que hay intereses político-empresariales que pretenden reducir los derechos laborales al ámbito del derecho civil.
La actividad estuvo organizada por los colegios profesionales de Sociología y Ciencias Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, el Centro de Estudios y Publicaciones CEP-ALFORJA, el Ministerio de Hacienda, la Primera Vicepresidencia de la República y la Oficina Regional de la CEPAL, ubicada en México.
A continuación ofrecemos una muestra gráfica de la actividad.
Sector público aún desconoce cuánto será el reajuste semestral por costo de vida. (Imagen con fines ilustrativos).
Comunicado
Hoy, domingo 1 de febrero de 2015, inicia al segundo mes del año y todavía quienes laboran asalariadamente para el sector público desconocen de cuánto será el reajuste semestral por costo de vida que está rigiendo desde hace un mes, el 1 de enero anterior.
Ocho bajas consecutivas en el precio de los combustibles, en el marco de la caída internacional de los precios del petróleo, no han representado ninguna variación en reducción de precios de artículos esenciales de la canasta básica y de servicios públicos vitales.
Notable es el caso del pasaje de autobús. El empresariado autobusero, especialmente el que viene concentrando la prestación del servicio, está más que feliz: invierte menos en pago de combustibles y gana más porque a la gente no le rebajan el pasaje.
Por demás, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), permanece imperturbable ante esta situación. Se confirma nuestra reiterada posición sobre su desempeño: a favor del gran empresariado y en contra del usuario; y, su credibilidad sigue en picada.
ANEP enfatiza en la situación de precariedad y de estrechez salarial de policías, guardas de escuelas y colegios, oficinistas, secretarias, cocineras y trabajadoras de los CEN-CINAI, personal de mantenimiento y de servicios generales (como choferes, agentes de seguridad, mensajeros y misceláneos), técnicos en diversas especialidades.
Estos son, entre otros, puestos que, ¡por fin!, quedaron liberados del enganche salarial médico y para quienes se ha solicitado un incremento mayor al porcentaje de inflación oficial correspondiente al segundo semestre del 2014: 0.94 %. ANEP estima que sí es posible empezar una ruta de recuperación salarial para estos puestos, los de denominación más baja en el Gobierno Central.
Los y las profesionales del Gobierno Central, como sabemos, continuarán “enganchados” a la ley salarial médica.
Finalmente, ANEP es de la tesis de que en lo inmediato no solamente corresponde discutir y negociar sobre una nueva fórmula de cálculo del reajuste semestral por costo de vida (tanto como es urgente una fijación salarial extraordinaria para elevar el nivel actual de los salarios mínimos que se deben aplicar en el sector privado); como discutir la propiedad actual de los instrumentos utilizados para medir las variaciones en el costo de la vida, toda vez que los “bajos” porcentajes del mismo no están en congruencia con la realidad del bolsillo de las personas trabajadoras asalariadas, cada vez con menos liquidez salarial y restringido poder de compra.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) informar de las acciones que actualmente trabaja para la atención de eventuales situaciones de conflicto que pudieran afectar el inicio del curso lectivo en febrero próximo.
Hechos como problemas en el nombramiento de docentes (tales como sustituciones por incapacidades), ausentismo o cualquier otra circunstancia que terminarían afectando el inicio del curso lectivo en algunos centros educativos del país o el nombramiento de docentes o personal administrativo que no es del agrado del resto de la comunidad educativa (padres y madres de familia y estudiantes) y que pudieren generar eventuales situaciones en conflicto, deben ser atendidas con prontitud y basado en un protocolo establecido.
Por esa razón, el ente defensor se encuentra interesado en saber las medidas adoptadas por el MEP para minimizar el impacto de éstas u otras situaciones similares.
Consciente de las complejidades logísticas y operativas que enfrenta el MEP para lograr un comienzo de período lectivo ordenado y exitoso, la Defensoría solicitó un informe puntual sobre estos casos.
La institución pretende así conocer si se han tomado las previsiones necesarias para evitar que se afecte el inicio del curso lectivo y se garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
La Asamblea General de SITRAP tuvo lugar en el Salón Comunal de la Escuela Justo Antonio Facio, en Siquirres, y estuvo marcada por una gran afluencia de afiliados al SITRAP, quienes mostraron un enorme entusiasmo por elegir a su nueva Junta Directiva.
En la actividad se eligió a la nueva Junta Directiva y se brindó el informe de labores de la junta saliente, que estuvo a cargo de Lidier Leitón, Secretario General de SITRAP.
Tras la elección de la nueva Junta Directiva, quedó liderada nuevamente por el Sr. Leitón, respaldado de forma unánime por todos los afilados de SITRAP, gracias al buen trabajo realizado en su gestión anterior y los logros alcanzados.
Desenganche” parcial debe reflejarse ya en quienes menos ganan
Rebajas en los combustiblesno bajan alto costo de la vida
Nada de rebajas en el preciodel pasaje de buses
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.
La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.
La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil en relación con la ley salarial médica.
La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.
La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.
La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.
Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.
Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.
La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.
Representantes de las centrales sindicales costarricenses, CTRN, CMTC, CSJMP, CCTD y CUT, se reunieron el pasado 20 de enero con el Dr. Helio Fallas Venegas, Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, en su despacho, para analizar la situación de la propuesta de ajuste salarial que fuera presentada por dichas organizaciones ante la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público para el Iº Semestre 2015.
Acompañaron dicha reunión el Ministro de Trabajo y los Viceministros de Hacienda y de Trabajo respectivamente. Dándose la oportunidad de escuchar los planteamientos del Sr. Vicepresidente en torno al problema del déficit fiscal y donde el movimiento sindical tuvo la oportunidad de indicar que dicho déficit no podrá resolverse, si no se apuesta por una reforma tributaria progresiva, tal y como lo han propuesto las Centrales.
El objeto de la reunión, entre otras cosas, se sustentó en incidir para variar la posición del Gobierno en relación al aumento salarial para el sector público.
Asimismo, se tuvo la oportunidad de explicar los contenidos de la propuesta sindical y la necesidad de buscar solución a los problemas que sufren los trabajadores operativos, administrativos y técnicos en ese campo.
Luego del importante intercambio entre los interlocutores gubernamentales y sindicales, la representación del gobierno solicitó un espacio de tiempo para analizar la propuesta hecho por las centrales sindicales y dar una respuesta a principio de la otra semana.
Las confederaciones sindicales, logran reabrir el espacio de negociación esperan una respuesta positiva al Gobierno en cuanto al aumento salarial del sector público.
Trabajadores y trabajadoras del Hospital de Liberia se fueron a paro de labores la mañana del pasado lunes 19 de enero, desde las 6:00 a.m.
La falta de personal, equipos, infraestructura, el atraso del pago salarial a los trabajadores interinos y el incumplimiento de diversas recomendaciones planteadas por una auditoría para mejorar la calidad del servicio a los asegurados, son los motivos por los cuales el personal realizó un paro temporal de labores.
El objetivo fundamental es mejorar la atención y los servicios a las personas aseguradas que día a día ven como aumentan las listas de espera y no les pueden atender con la prontitud y eficiencia que desean, ya que el hospital no cuenta con el personal necesario.
Ronald Quesada Zamora, dirigente de UNDECA, indicó que “desde hace más de dos años, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, se comprometieron a resolver la falta de personal, sin que se cumpla el compromiso. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, solicita la intervención inmediata de las autoridades de la Caja para resolver la situación.”
Para mayor información comunicarse con Ronald Quesada Zamora, tel 8721-5247, o con Deivis Ovares al 8316-7487.
Desde hace mucho tiempo existe una lucha jurídica entre la aplicación de la legislación administrativa y laboral a los y las trabajadoras del servicio público, el deseo y sueño de las estructuras políticas y de poder económico es que los derechos aplicables en el Código de Trabajo no nos apliquen. Incluso hasta se ha implementado tribunales diferentes a los laborales, conocidos como contenciosos administrativos que tratan bajo otras reglas las querellas por injusticias cometidas por el patrono público.
El derecho laboral es progresista, la ley solamente define derechos mínimos que pueden ser mejorados en la relación obrero patronal, además de poner máximos a las obligaciones, como el caso de la jornada ordinaria máxima de ocho horas, mientras que el derecho administrativo fija la norma sin la posibilidad de mejora.
Aprovechando esto el Partido Movimiento Libertario presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva del Ministerio de Trabajo promovido por su sindicato Afumitra, la pretensión es que se declare inconstitucional debido a que se trata de una institución del Gobierno Central, de darle razón la Sala Constitucional estaríamos en la antesala de que se pierda todas las convenciones colectivas de los ministerios entre ello lógicamente la recientemente, la obtenida por la coalición sindical del Ministerio de Educación.
Este es un ataque directo a los sindicatos más fuertes del sector público, escogido bajo la fachada de defensa de la legalidad se puede aplicar una injusticia más contra los trabajadores, no dudamos que esta situación podría movilizar protestas del sector sin descartar movimientos de huelga, pues parece ser la punta de iceberg de la campaña impulsada por ese cuestionado partido, cuyos intereses no solo los que promueve como defensores de los consumidores, sino de los sectores más conservadores y retrógrados de nuestra sociedad, y que ha demostrado con facilidad su esencia dudosa que se evidenció en el manejo electoral de pagos.
Sin duda si el recurso es resuelto a favor de los Libertarios esto será otro grave daño a la democracia, pues se consolidará una división discriminatoria entre trabajadores, unos (del sector privado) con mínimos derechos (violados constantemente) pero con gran potenciabilidades, aunque sin sindicatos para lograrlo y los sector publico centralizado sin ninguna posibilidad de mejorar, dependiendo exclusivamente de la “voluntad” patronal para mejorar sus condiciones laborales, voluntad que es en este país más feliz del mundo bastante rara y muy escasa…
En un comunicado de prensa ofrecido por la ANEP, trascendió que el Gobierno de la República, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dio a conocer el pasado miércoles 14 de enero, la promulgación de un decreto ejecutivo que según la ANEP, sería un primer paso en el rompimiento del vínculo de los salarios base del personal médico nacional con relación a los salarios base de una serie de puestos de la administración central del Estado, ubicados en la escala del sistema de Servicio Civil y que están ubicados, esencialmente, en el Gobierno Central (ministerios).
De esta manera, ANEP muestra su satisfacción porque varios de los puestos del Estado central y con la más baja asignación salarial (por no ser de grado profesional), tendrán un poco más de justicia y de aumento del poder adquisitivo, al romperse el indicado vínculo en estos casos.
“Nos referimos a que los y las policías, el personal (especialmente femenino) de los CEN-CINAI, los agentes de seguridad que vigilan las instalaciones educativas públicas (escuelas y colegios); oficinistas, secretarias y secretarios, cocineros y cocineras, así como personal misceláneo y choferes y hasta ciertos niveles técnicos del Estado central, tendrán ahora la posibilidad de que sus reajustes salariales, sectoriales y generales, pueden ser realmente compensatorios y hasta lograr nuevos percentiles en sus correspondientes salarios-base, sin la“espada de Damocles”que representó la vinculación con los salarios médicos.
Es de esperar que la materialización de los alcances del indicado decreto empiece ya a discutirse inmediatamente, con ocasión del proceso de negociación hacia el establecimiento del reajuste salarial del sector Público, correspondiente al primer semestre del 2015” se dio a conocer en el comunicado.
Ante la convocatoria del Gobierno para que el próximo 15 de enero inicie la discusión del Ajuste de Salarios para el Sector Público, correspondiente al 1 semestre de 2015, la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) llevará al Bloque Sindical y Social (BUSSCO), la siguiente propuesta para ser discutida:
a- Ajuste por inflación vencida. Que nos devuelvan lo que ya nos comimos, sea un 1.08%.
b- Ajuste por inflación adelantada. El Banco Central proyecta para este 2015, una inflación del 6.2% (un 3.1%, por cada Semestre). Consideramos al menos, que para ir rompiendo la fórmula actual, el Gobierno debería reconocer la mitad de este porcentaje, sea un 1.55%.
c- Rechazamos categóricamente las intenciones de establecer el SALARIO ÚNICO. Está demostrado que luego de ser aplicado por un periodo de 5 años, el salario empieza a depreciarse notoriamente.
Con esta propuesta tendríamos un piso para la negociación de un 2.63%, sin menoscabo de otros factores salariales que pueden ser integrados a la propuesta, tales como ajuste por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Auguramos una negociación difícil, dada la brutal campaña que desde los grupos políticos y empresariales de poder se esgrime contra los derechos de la clase trabajadora del Sector Público, pero bien sabemos que “la pelea es peleando”.
Para más información con Susan Quirós Díaz al tel 8877-5471 y Edgar Morales Quesada al tel 8356-6251.
Información enviada a SURCOS Digital por Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
