El comunicado público emitido por el secretario general de la CGT, Mario Rodríguez Bonilla, solicita en representación de los y las trabajadoras pasar a la corriente legislativa y aprobar el Convenio 190 de la OIT.
Además, el pasado 1° de marzo del 2024, la Central General de Trabajadores, en el auditorio de la OIT organizaciones afiliadas y amigas, han comenzado el mes en atención a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con un solo lema para todo el mes:
¡Resistimos, trabajamos y luchamos!! Sí por nuestros derechos.
Después de ser suspendida de su cargo y reubicada en el Hospital Calderón Guardia sin justificación ni respaldo legal alguno, Carolina Arguedas Vargas, quien ostentaba el cargo de Jefa de la Secretaría de la Junta Directiva de la CCSS, se enfrenta diariamente a las consecuencias del acoso laboral propiciado por Marta Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la institución.
Vargas, tras su separación el 9 de marzo del 2023, fue trasladada al Hospital Calderón Guardia, donde no se le ha asignado ningún tipo de función hasta la fecha. Al llegar al hospital no se le asignó una oficina y con el tiempo la relegaron a una pequeña oficina compartida con quien se encarga de los registros de bebés.
A pesar de la ayuda que Vargas brinda al director del Calderón Guardia con diversas tareas, la falta de funciones que le asignan debido a la denuncia que esta impuso está revictimizando a la funcionaria. Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP, comenta sobre el hostigamiento que sufre Vargas al ser puesta en una esquina donde le quitaron todas sus funciones. ANEP apoya el proceso de la ex Jefa de la Secretaría de la Junta Directiva de la CCSS desde la parte jurídica y política, buscando consolidar todos los argumentos por el hostigamiento que recibe Vargas.
El martes 27 de febrero, la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (UNEBANCO) lideró una manifestación enérgica en contra del cierre de oficinas del Banco de Costa Rica (BCR). La protesta, que tuvo lugar frente a las oficinas de San Rafael Abajo en Desamparados y en Curridabat, destacó la preocupación de los trabajadores y la comunidad ante la decisión de clausurar estas importantes sucursales bancarias.
La medida de cierre de oficinas del BCR ha generado gran consternación entre los empleados y los usuarios de estos servicios financieros en las mencionadas localidades. UNEBANCO, en representación de los trabajadores del banco, ha expresado su rechazo contundente a esta medida y ha señalado las posibles consecuencias negativas que podría tener para la comunidad.
Durante la manifestación, se hicieron escuchar consignas en defensa de los puestos de trabajo y en demanda de una reconsideración por parte de las autoridades del BCR. Los participantes expresaron su solidaridad y su determinación para luchar por la permanencia de estas oficinas, que representan un servicio vital para la población local.
La protesta de UNEBANCO resalta la importancia de mantener la presencia del BCR en comunidades como San Rafael Abajo y Curridabat, donde estas oficinas bancarias desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes.
Desde el 2003, el programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (Saltra), adscrito al Instituto Regional de Estudios en sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), trabaja en el desarrollo de capacidades para monitorear los riesgos ocupacionales y los daños a la salud en sectores como la construcción, agrícola y la economía informal, que permiten mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo sustentable para las familias y comunidades.
Gracias a un convenio de cooperación, operan centros de trabajo desde universidades públicas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, liderados por la Universidad Nacional, que tienen como objetivo desarrollar capacidades nacionales y regionales en Centroamérica para la prevención de riesgos ocupacionales, con perspectivas de salud pública y de producción sostenible, como condición necesaria para reducir y prevenir la pobreza en la región.
Del 12 al 14 de febrero, los coordinadores de cada centro se dieron cita en Antigua Guatemala, para celebrar la firma de una adenda al convenio marco, dada en diciembre anterior e iniciar el desarrollo de una hoja de ruta para los próximos cinco años.
De acuerdo con Jennifer Crowe, coordinadora de Saltra en Costa Rica, por más de 20 años el programa ha experimentado diferentes fases, siempre con la visión de mejorar la salud ocupacional y ambiental en Centroamérica. “Saltra nació con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional y creció mediante la participación de universidades públicas de los diferentes países de Centroamérica. Posteriormente, contó con financiamiento de la Unión Europea para establecer centros nacionales de salud ocupacional y ambiental en universidades públicas, fase que permitió garantizar la sostenibilidad del programa después del periodo de financiamiento externo. Hoy Saltra opera desde los centros nacionales para salud ocupacional y ambiental en las universidades públicas, sin financiamiento externo y con un convenio de cooperación firmado para los rectores de las universidades participantes, el cual permite colaboración entre los países para enfrentar los retos de salud ambiental y ocupacional más importantes de la Región».
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Le invitamos a participar en la charla impartida por el Dr. Álvaro Ramos Chaves, sobre los retos que tiene que enfrentar la CCSS, este jueves 29 de febrero a las 10 a.m. en el Auditorio de Patología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
Convoca: Unión Sindical CCSS — Unidos por la Caja.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno de Costa Rica acciones prontas para resolver una serie de incumplimientos relacionados con el derecho de negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores públicos, así como con la libertad sindical en general, los cuales han sido reiterados al país en otras oportunidades, sin ser atendidos.
La excitativa forma parte del Informe Anual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), recientemente publicado, en el cual la OIT “lamenta observar que no se han producido avances” en la promoción de reformas legales y constitucionales que aseguren la independencia y la libertad sindical.
El informe tomó en cuenta los documentos elaborados por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), en cumplimiento a las memorias del año 2023 de los Convenios 87, 98, 135, 141 y 122 de la OIT, en coordinación con las centrales sindicales costarricenses.
Entre otros aspectos, afirma la Comisión que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno tomar medidas para garantizar el derecho de negociación colectiva en el sector público, y expresa su preocupación por “el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635 y la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) en la negociación colectiva de carácter económico en el sector público”.
Por ello la Comisión pide al Gobierno que “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (núm. 9635), de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales.
El informe de la Comisión se refiere también a otros problemas relativos a la libertad, autonomía e independencia sindicales, incluida la discriminación antisindical, sobre los que la OIT ha venido llamando la atención gubernamental desde hace años, sin que se hayan solventado. Pide al Gobierno que “tome las medidas necesarias para modificar el artículo 367, b) del Código del Trabajo con el fin de ampliar el número de representantes sindicales protegidos, especialmente en el caso de organizaciones que agrupan a un elevado número de miembros”, lo que incluye las licencias o permisos sindicales.
Otra modificación pendiente es reducir el plazo excesivamente largo que la ley concede a las autoridades para pronunciarse sobre la inscripción de los sindicatos, lo cual aprovechan algunos patronos para perseguir a sus miembros y dirigentes y desconocer la organización sindical, y promover arreglos directos contra la negociación colectiva.
Lamenta además la Comisión que no se han producido cambios para respetar la autonomía de las organizaciones en determinar el periodo de vigencia de sus juntas directivas. Tampoco se ha avanzado en una reforma legal que permita a personas extranjeras residentes en el país ejercer la dirección o cargos de autoridad en los sindicatos.
En materia de empleo, la Comisión lamenta que el Gobierno no hubiese establecido y aplicado una política nacional integral destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en plena consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio sobre la Política de Empleo, de 1964 (Convenido 122).
La Comisión recuerda que “la política de empleo debe tener debidamente en cuenta la interrelación entre los objetivos de empleo y los demás objetivos económicos y sociales y, en particular, debe tratar de estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevando al mismo tiempo el nivel de vida y abordando el problema del desempleo y el subempleo”.
Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación expresó que: “La CTRN, consecuentemente, le pide al Gobierno atender sin más dilaciones las observaciones de la OIT y dar prioridad a las medidas necesarias para cumplir adecuadamente los convenios ratificados. Porque es un imperativo democrático cumplir con las leyes nacionales e internacionales del trabajo, y no permitir el deterioro del Estado Social de Derecho, ni la impunidad recurrente”.
Además, indicó: “Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los Convenios de la OIT e insistiendo en la necesidad de ratificar los Convenios 151 y 154, como en varias ocasiones ha alentado la Comisión”.
La Seccional ANEP-AyA solicitó por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y al Consejo de Gobierno, intervenir ante la decisión de la Gerente General de Acueductos y Alcantarillados, Alejandra Mora Segura, de congelar el nombramiento de almenos 148 plazas vitales para el funcionamiento de la institución.
Para la seccional ANEP-AyA, lo anterior podría poner en riesgo la estabilidad y continuidad del servicio público que se brinda desde esta importante institución.
“Hay 148 plazas por jubilación vacantes hace seis meses, de agosto de 2023 a enero 2024. Algunas de estas plazas son vitales para el adecuado funcionamiento dentro de la Institución. Además, hay que ejecutar un plan anual operativo y las funciones correspondientes a esas plazas son fundamentales para su ejecución. Por ejemplo, desde diciembre de 2023 no hay un director financiero.” Indica la carta de la seccional.
La orden del congelamiento en el nombramiento de plazas se dio por correo electrónico el lunes 12 de febrero del 2024, donde la Gerente General de AyA indicó “Por este medio se comunica que hasta nueva instrucción no se deben de solicitar nombramientos en plazas de exfuncionarios jubilados, plazas vacantes, o trámite para solicitud de concurso, por cuanto ambos temas están siendo analizados con base a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Colectiva”.
Algunas de las plazas vitales que se encuentran desocupadas son: Auditoría Interna, Dirección Financiera, Subgerencia GAM, Dirección de Planificación y Subgerencia Sistemas Comunales. (En el documento enviado se detallan las 148 plazas congeladas)
“Varias de las plazas no se han ocupado a falta de gestión por parte de la Dirección de Gestión de Capital Humano de A y A, y ahora se incrementa el problema por la directriz emitida” indica la denuncia.
La ANEP y la seccional AyA, solicitan con suma urgencia, una intervención política ante la gravedad de la situación más que evidente, tomando en cuenta la reacción de diversas comunidades, especialmente, metropolitanas, ante el problema de amplio conocimiento público sobre el suministro oportuno de agua potable.
A la opinión pública y a los trabajadores y trabajadoras que represento en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, quiero informar lo que ha venido ocurriendo con el juicio político instaurado contra tres directores en este momento, porque los otros habían renunciado a la institución por las grandes presiones contra ellos. Quiero contarles que el proceso sigue en estos días, mañana y pasado, pero que es un proceso espurio y mentiroso a partir de una denuncia verbal de la presidenta ejecutiva, por habernos apartado los directores que votamos un ajuste salarial, que firmó el presidente de la república cuando era ministro de hacienda, Nos están instaurando este juicio político con el objetivo de separarnos de la institución.
Esos siete mil colones, que están muy lejos de lo que debe lam presidencia ejecutiva, se le pagaron a los trabajadores de la caja y se le pagaron a muchas otras instituciones y adicionalmente ahora el gobierno reconoce que es una deuda que debe pagar, pero esa fue la excusa para montarnos a nosotros un juicio político; juicio político donde no hemos tenido derecho realmente a un procedimiento transparente, que quiera averiguar la verdad real de los hechos, no les interesa la verdad real de los hechos, lo único que quieren es destituirnos. vamos a atender esas convalecencias, porque cada uno de los directores la está atendiendo por aparte, parte de la estrategia del órgano director. Lo más importante es que podemos demostrar que es un mecanismo espurio para llevar adelante un juicio político, porque la misma sala constitucional en el voto 32552024 del nueve de febrero del año 2024, esta reconociendo en ese voto que se violento el acceso al expediente que tengo como imputada, yo durante tres días no pude revisar el expediente administrativo y esa ha sido la tónica, la sala constitucional sólo reconoce lo que nos ha venido ocurriendo como directores en la caja costarricense del seguro social.
Nosotros seguiremos defendiendo a esta institución contra viento y marea, porque lo que estamos haciendo en la junta directiva es defender los intereses de los ciudadanos, porque la caja no le pertenece al gobierno Chaves Robles, la caja es suya, es mía, es de todos los ciudadanos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) ha lanzado un contundente video denunciando la preocupante situación de irrespeto a los derechos laborales de los trabajadores de las bananeras en Costa Rica. En el video se expone que los obreros son obligados a trabajar mientras se riegan los cultivos con agroquímicos peligrosos para la salud, poniendo en riesgo su bienestar y seguridad.
Este lamentable escenario no es un caso aislado en Costa Rica. Antecedentes de situaciones similares han sido reportados en el pasado, evidenciando una recurrente vulneración de los derechos laborales en el sector bananero del país. La exposición constante a agroquímicos nocivos representa un riesgo grave para la salud de los trabajadores y sus familias, así como para el medio ambiente circundante.
Ante esta situación, los sindicatos ANEP y SITRAP han anunciado planes de tomar acciones contundentes ante el Ministerio de Trabajo para exigir medidas que garanticen el respeto y la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas en las bananeras costarricenses. Estas acciones incluirán demandas de inspecciones exhaustivas, sanciones para aquellos que violen la normativa laboral y la implementación de medidas preventivas efectivas para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.
José Joaquín Meléndez González presentó su libro: “Memorias que cuentan y señalan un camino».
En la obra se relatan las memorias y los eventos históricos más importantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) en los últimos cincuenta años.
El libro se presentó el viernes 16 de febrero a las 6:00 p.m., en la Sala-Auditorio Carmen Lyra del SEC.
