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ANEP: Proyecto Jornadas 4/3 se va al cajón de la basura

Este 1 de febrero, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) emitió un comunicado a partir de la decisión de la Sala IV donde se anunció que el proyecto de Jornadas 4/3, el que mataba la histórica jornada del código de trabajo, es un proyecto que está lleno de vicios de procedimientos que resultan insubsanables. 

En el video difundido, el representante Albino Vargas expresó su satisfacción ante la decisión, destacando que el proyecto pretendía desmantelar la sagrada jornada laboral de 8 horas, la cual ha sido producto de arduos esfuerzos y está consagrada en la constitución. Subrayó que el intento de esta propuesta era incrementar la explotación laboral, eludiendo el pago de horas extras.

Vargas afirma que ya no hay tiempo político para realizar actos en contra de la Constitución y en contra de los derechos humanos. A su vez, felicitó a las y los diputados que defendieron la Constitución, las garantías sociales, y el Código de Trabajo cerrándole el paso a este proyecto.

ANEP y las elecciones municipales 

La ANEP emitió un comunicado en preparación para las elecciones municipales del domingo 4 de febrero, instando a todos los conglomerados laborales de los 84 gobiernos locales, así como a cada trabajador y sus respectivas familias, a otorgar su voto a los candidatos más capacitados de cada localidad. En este sentido, se hace un llamado a tener en cuenta los siguientes puntos clave:

  1. Protección a los Derechos Laborales: Exigir a las personas líderes municipales compromisos firmes para proteger los derechos laborales y garantizar condiciones justas y decentes de empleo, respetando las leyes laborales equitativas para la clase trabajadora municipal.
  2. Involucrar la Participación Sindical: Votar por dirigentes políticos que respeten y celebren la participación sindical, reconociendo el papel fundamental de los sindicatos en la defensa de los derechos y la democracia.
  3. Diversidad e Igualdad: Apostar por personas candidatas que abracen la inclusión en el trabajo municipal, donde cada uno tenga su lugar. La igualdad de género y las oportunidades deben ser innegociables, junto con una firme convicción de combatir todas las formas de discriminación.
  4. Salud y Seguridad Primero: Votar por propuestas concretas que mejoren la salud y seguridad laboral. Un ambiente laboral seguro no es un lujo, es un derecho fundamental.
  5. Negociación Colectiva en Acción: Apoyar a quienes valoren, respalden y respeten la negociación colectiva como un derecho humano fundamental.
  6. Educación para el Avance: Elegir líderes comprometidos con la educación e información ciudadana. La inversión en el desarrollo profesional empodera y fortalece el tejido laboral municipal.
  7. No a la Privatización, sí a la Eficiencia: Defender el trabajo, rechazar la privatización de servicios municipales en cualquiera de sus formas y recuperar servicios previamente privatizados. Exigir medidas para mejorar la eficiencia de la gestión pública, ya que el servicio al pueblo es nuestro compromiso. No votar por ninguna fuerza privatizadora.
  8. Bienestar Social en Nuestras Manos: Votar por propuestas que prioricen la agenda de bienestar social con programas que abracen la salud, vivienda y deporte. Eligir papeletas que demuestren una verdadera vocación por considerar a la juventud como parte activa de la democracia en el gobierno local.
  9. Defensa de la Autonomía Municipal: Para el resguardo de la atención cercana a las necesidades comunales, se debe elegir a personas que defiendan y fortalezcan la autonomía municipal con rango constitucional, fundamental para la estabilidad de la democracia.
  10. Compromiso Ecológico Ambiental: Apoyar a quienes integren políticas ecológicas y ambientales en la gestión municipal. La sostenibilidad ambiental es clave para el bienestar de las comunidades y el legado que dejamos a las futuras generaciones.
  11. Transparencia y Participación Ciudadana: Demandar transparencia en la gestión municipal y promover la participación ciudadana. Las voces de la ciudadanía deben ser escuchadas en la toma de decisiones.
  12. Campañas y Política Municipal, Libre de Dinero Sucio: El dinero sucio del crimen organizado y del narcotráfico no tiene cabida en la política municipal. Se debe cerrar el paso al voto a candidaturas que abierta o solapadamente sean proclives a venderle su alma al diablo.

El poder está en las personas que defienden sus derechos y toman las mejores decisiones para su presente. Las personas trabajadoras organizadas resultan la mayor fuerza política.

ANEP emite comunicado sobre contaminación del agua: Un llamado a la acción y la protección de los recursos hídricos

Por José Daniel Gamboa Araya

Fuente: ANEP (YouTube)

En un comunicado oficial, Albino Vargas, vocero de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), ha declarado la posición oficial de la organización respecto al escandaloso caso de contaminación del suministro de agua en Tibás, Goicoechea, Moravia y Turrialba por la presencia de hidrocarburos. En primer lugar, Vargas felicitó a los miembros del sindicato ANEP presentes en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), reconociendo y destacando su dedicación en la gestión de esta crisis.

El comunicado también elogió la labor profesional e integral de la Universidad de Costa Rica en la investigación del caso. Sin embargo, Vargas expresó preocupación acerca del debilitamiento intencional del AyA, sugiriendo que intereses capitalistas con miras a la privatización de la empresa podrían estar detrás de esta coyuntura.

ANEP anunció acciones legales inminentes ante la fiscalía para responsabilizar a aquellos involucrados en la contaminación del agua. Enfatizando la importancia de las luchas ciudadanas por el acceso a agua segura, Vargas subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado para garantizar la preservación y protección de los recursos hídricos.

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas en el Homenaje póstumo al policía Bryan Josué Rivera Oviedo

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas A.
Explanada Asamblea Legislativa
31 de enero de 2024

Queridos hermanos y hermanas:

“Jesús lloró”, según nos narra el evangelio que acabamos de escuchar por la muerte de su amigo Lázaro (S. Jn. 11,35); la muerte es dolor.

Esta mañana, también, Jesús llora con nosotros. Aquí y a ahora llora con nosotros. Así como abrazó a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, abraza a la madre de Bryan Josué por la muerte de su hijo; a su esposa y a sus hijos y a todos aquellos que sufren su partida.

Esta mañana resuenan las palabras de Dios nuestro Padre que preguntó a Caín por la muerte de su hermano Abel: “¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn. 4,9). A lo que Caín respondió: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” A lo que replicó Dios: “¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mi desde el suelo. Pues bien, maldito seas” (Gn. 4,11).

Es la justicia de Dios creador de todas las cosas que reclama por nosotros. Ya el Evangelio de San Mateo en el Capítulo 25 lo dice ante el acontecimiento del juicio final: “Cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (S. Mt. 25,40).

De ahí la importancia, ante el homenaje póstumo para Bryan Josué, de no anidar ni odio ni rencor. Sabemos que la violencia engendra violencia. Dios se encargará.

Gracias a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por convocarnos y rendir este justo reconocimiento a un insigne trabajador de la Fuerza Pública que ofrendó su vida ante el altar de la Patria.

Eso sí, “a Dios orando y con el mazo dando”. Nuestra presencia en frente del edificio de la Asamblea Legislativa es para llamar la atención de nuestros legisladores y procurar que mediante acciones parlamentarias se evite más muertes de inocentes, y sobre todo de servidores públicos que en primera fila de atención defienden a la ciudadanía costarricense del flagelo de la criminalidad producto del narcotráfico y el narco negocio.

No obstante, bien lo dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al referir que el problema de la criminalidad es pluricausal. Y la causa mayor es el empobrecimiento de nuestra población, especialmente en las zonas costeras, “Nos duele en el alma que muchos de nuestros jóvenes, fruto de la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades, estén siendo captados por estos delincuentes, de cuyos actos detestables deberán dar cuentas a Dios”.

Son “causas estructurales, políticas, sociológicas e históricas que nos han llevado a tener estos estremecedores niveles de violencia”. Y agregan los Obispos: “la extrema polarización de nuestra sociedad, esa desigualdad que hunde a tantas familias en la miseria y el hambre, mientras otras pocas ven duplicarse y hasta triplicarse sus fortunas año con año”.

Siguen diciendo nuestros Obispos: “Es una emergencia, y debe ser una prioridad de todo el Estado en su conjunto, poner los recursos materiales y humanos necesarios para frenar esta oleada de violencia homicida en el país, comenzando por una presencia policial firme y permanente, con énfasis en los lugares y ambientes donde se sabe que hay más presencia y actividad delincuencial”.

Ante esta responsabilidad grave para nuestros cuerpos policiales, la Conferencia Episcopal solicita en su mensaje del pasado 22 de enero, que “se discuta y se aprueben las leyes que permitan a las autoridades disponer de más y mejores herramientas legales para cumplir su trabajo, manteniendo la lucha contra la corrupción en sus funciones y contando con recursos económicos suficientes para hacerles frente”.

Señores Diputados y señoras Legisladoras, ya no hay tiempo, esta oleada de criminalidad hay que atenderla. Llamo la atención particularmente a los Legisladores Católicos: ¿Cuál es su compromiso en esta tarea de dotar al país con las herramientas legales para mitigar la ola de violencia y criminalidad?

La ciudadanía también los interpela porque muchos de nuestros políticos una cosa es lo que piensan, otra lo que dicen y otra lo que hacen, dejando vacíos de coherencia para atender el clamor de nuestro pueblo.

Cuantas veces Bryan Josué Rivera, entonando la Patriótica Costarricense habrá cantado “Costa Rica es mi patria querida (…) la defiendo, la quiero, la adoro y por ella mi vida daría, siempre libre ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión”.

Por eso, Bryan Josué, agradecemos su ofrenda personal por la patria, gracias por defendernos, gracias por morir por todos nosotros.

Así, no solo venimos a homenajear a un joven patriota que muere vilmente defendiendo a Costa Rica; sino, para clamar por nuestros cuerpos policiales para que en adelante no se repita este hecho fratricida.

Hoy resuenan las palabras de nuestros Obispos “¡No podemos dejar que Costa Rica se nos pierda en un baño de sangre!”

Que la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, interceda por nuestros policías y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Cartagineses exigen un hospital que garantice condiciones idóneas y atención integral

UNDECA

Justificado paro de trabajadores en Hospital Max Peralta

Es evidente que el Hospital Max Peralta ha alcanzado su capacidad máxima, poniendo en un grave riesgo la calidad de la atención y la seguridad, tanto de los asegurados como del personal de salud que labora en dicho centro médico.

Un informe de la Defensoría de los Habitantes ha revelado serios señalamientos, respaldando así las preocupaciones expresadas por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y otras organizaciones sindicales del sector salud. Este escenario motivó a los trabajadores del hospital a llevar a cabo un paro de labores el 1 de febrero, con el propósito visibilizar y exigir a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel y a la Junta Directiva, que se inicie la construcción inmediata del nuevo hospital.

Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, destacó: “Exigimos la construcción del nuevo hospital, respaldados en los irrefutables y múltiples informes y opiniones oficiales de expertos de varias instituciones, entre ellos, geotécnicos y geólogos. Los colegios Ingenieros y Arquitectos y el de Geólogos han afirmado que el terreno disponible para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es apto para la construcción. La desatinada oposición, carente de fundamentos técnicos, de Marta Esquivel, resta operatividad a la institución, aumenta los costos de la obra y pone en riesgo la salud de miles de personas”.

Incluso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) rechazó la apelación contra la viabilidad ambiental del terreno, subrayando que “hay armonía del proyecto planteado con las condiciones ambientales en la zona que se propone”.

Chavarría denunció la actitud irracional de la presidenta ejecutiva y la intervención autoritaria del gobierno en un asunto que corresponde definir a la junta directiva de la CCSS. A pesar de contar con estudios, presupuesto, terreno, personal y herramientas, se percibe un sabotaje a un proyecto de tan crucial envergadura.

UNDECA, los trabajadores y la Junta de Salud, municipalidad y diversas organizaciones, repudian las excusas, y demandan acciones inmediatas para poner en marcha el proyecto del nuevo Hospital Max Peralta, que la ciudadanía cartaginesa ha esperado por décadas.

Movimiento Sindical Unido aclara a la ciudadanía ante las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS

En el marco de la reciente comparecencia de Marta Esquivel ante los señores y señoras diputadas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, el Movimiento Sindical Unido (MSU) considera necesario esclarecer diversos aspectos a partir de sus declaraciones sobre el Informe Técnico de la OIT respecto de los estudios de la Dirección Actuarial de la Caja del 2021.

Es notorio que la Sra. Esquivel, al expresar “Gracias a Dios que la OIT hizo el informe”, porque les hizo ver que había un error de cálculo en sus propios informes, omitió mencionar las carencias técnicas identificadas por la OIT, que la Caja sigue sin atender, persistiendo en una gestión nefasta, antitécnica y antidemocrática de tan importante institución nacional.

Por ello, hay una serie de denuncias y procesos judiciales en curso contra las actuaciones incorrectas de la Presidencia de la Caja, incluyendo haber manipulado datos y maquillado informes internos para engañar al país sobre su realidad financiera.

“Resulta llamativo que, mientras ahora muestra una afectada gratitud por la evaluación externa, el Gobierno intentó previamente obstaculizar la divulgación del informe, incluso recurriendo a injerencias y presiones indebidas sobre esta agencia de Naciones Unidas, llegando al punto de exigir sanciones improcedentes para los expertos funcionarios de OIT que elaboraron los informes técnicos, como lo informó públicamente, alardeando, la Presidenta Ejecutiva de la Caja”, comentó Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO).

Por su parte, Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) indicó que “cabe recordar que la OIT realizó dicho estudio a solicitud expresa del Movimiento Sindical Unido, ante la falta de transparencia y rigor técnico de los informes de la actual Dirección actuarial de la Caja. Las presuntas manipulaciones de datos e informes internos, y las inconsistencias técnicas señaladas por la OIT, respaldadas por el MSU, subrayan la necesidad de abordar los graves problemas estructurales de gestión”.

La deriva gubernamental y desaciertos de la Presidencia Ejecutiva constituyen un riesgo para la población y amenaza con un deterioro institucional significativo. Las listas de espera prolongadas y la dilación en obras urgentes de infraestructura sanitaria, exponen la falta de gobernanza y la ineficacia técnica, política y social de la presidenta ejecutiva.

En consecuencia, el Movimiento Sindical Unido demanda:

  1. La renuncia inmediata de la Sra. Marta Esquivel a su puesto, y la devolución de los salarios pagados en exceso.
  2. La reinstalación del Dr. Álvaro Ramos como reconocimiento a su capacidad y competencias probadas.
  3. Una disculpa formal a la OIT y el levantamiento de vetos a los funcionarios vinculados con el estudio publicado, además de aprovechar constructivamente sus informes técnicos para la mejor gestión actuarial institucional.
  4. Retomar un modelo de gestión y gobernanza en la Caja acorde con su autonomía constitucional, sin injerencias, interferencias, ni influencias políticas.
  5. Que la CCSS, en acuerdo tripartito, solicite a la OIT hacer un estudio actuarial integral de la Caja, que permita superar las especulaciones y subjetividades personales y nos permita un enfoque objetivo y científico, que garantice decisiones técnicas, no de oscuros intereses bancarios o políticos.

El MSU reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la transparencia y la mejora continua de las instituciones públicas, en beneficio de la salud, la justicia y el bienestar de toda la ciudadanía.

Comunicado oficial de la ANEP: “Salario global: odiosa discriminación y desigualdad”

Como es del conocimiento de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas a lo largo y ancho del territorio nacional, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue la primera organización sindical en presentar formal Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), ley No. 10.159, por considerar que la misma:

  • Contraviene la Constitución Política de Costa Rica;
  • Violenta derechos fundamentales de las personas trabajadoras del Sector Público en cuanto a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas;
  • Genera inequidad, desigualdad y discriminación salarial entre las mismas como,por ejemplo, violentando el precepto constitucional del artículo No. 57 de igual trabajo, igual salario.
  • Viola preceptos fundamentales de Derechos Humanos (DD.HH.), de tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).

Una vez que tal ley ha entrado en total vigencia y aplicación por parte de los entes patronales, ha quedado demostrado que, con la aplicación del salario global, se han presentado desigualdades y desequilibrios odiosos e ilegales, entre funcionarios públicos en muchas instituciones del gobierno central y entes descentralizados, así como gobiernos locales municipales.

ANEP ha estado realizando un análisis jurídico interno para ofrecer a nuestra afiliación violentada por el salario global, alternativas diversas de acceso a procesos jurídicos internos.

ANEP aclara que esto no tiene nada que ver con las personas trabajadoras que han llegado al sector público luego de entrada en vigencia de la perversa LMEP.

Es por lo anterior que, si usted es una persona afectada por esta desigualdad y discriminación salarial, en cuanto su salario compuesto (salario base + pluses), que es inferior al salario global de otro funcionario que está realizando sus mismas funciones, tareas y responsabilidades del puesto que usted ocupa en la administración pública, el cual acaba de ingresar a laborar para su institución; le instamos a que se comunique con nuestra organización sindical ANEP con la documentación pertinente para proceder a presentar los respectivos procesos judiciales en defensa de su derecho constitucional de Igual Trabajo, Igual Salario.

En el mismo sentido, a través de las personas asesores integrantes de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la ANEP, en coordinación con las juntas directivas de las seccionales sindicales de la organización en el sector público, se  fomentará y estimulará en cada sector institucional que las personas trabajadoras afectadas procedan a acogerse al servicio legal de la ANEP, a través de su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), para lo pertinente.

Requisito único e imprescindible: ser persona trabajadora asociada a la ANEP.

Por ser esta una primera comunicación, habrán notado que su contenido es muy general, por lo que en próximas entregas de este tema se ampliarán detalles.

San José, viernes 26 de enero de 2024.

Dirección Jurídica de la CCSS estima que la Junta Directiva tiene potestad para definir carácter de exclusivos y excluyentes para su personal

Ante una consulta planteada por la ANEP, la Dirección Jurídica de la CCSS indica lo siguiente: “…lo procedente es indicar que la Junta Directiva como máximo órgano institucional, en ejercicio de una competencia constitucional que le es propia, reconocida no sólo por la Sala Constitucional en los votos supra citados, relacionados con la Ley en análisis, sino también que la propia Ley Marco de Empleo Público, le otorga la potestad – deber de definir aquellos puestos que tienen el carácter de exclusivos y excluyentes, para lo cual puede tomar el respectivo acuerdo considerando el criterio técnico GA-DAGP-0783-2023, del 09 de mayo de 2023, emitido por la Dirección de Administración y Gestión de Personal”.

Ante este criterio la organización sindical estima que ahora el órgano director de la CCSS debe conocer nuevamente el tema y anular lo actuado cuando esa junta directiva había sufrido la separación de varios de sus integrantes por una decisión arbitraria de la presidencia de la República, lo cual luego fue enmendado por la Sala Constitucional.

El criterio de la Dirección Jurídica agrega: “En el caso concreto, la Instancia técnica Dirección de Administración y Gestión de Personal emitió el insumo técnico, sea oficio GA-DAGP-0783-2023, del 09 de mayo de 2023, en el que concluyó que: “Con base en el ejercicio comparativo realizado de los puestos de la CCSS con las instituciones seleccionadas, se evidencia y ratifica que los puestos que administra la Institución son en su totalidad exclusivos y excluyentes”.

La ANEP espera que, con base en estos criterios y un extenso análisis de la Dirección Jurídica, la junta directiva de la CCSS actúe con base en ese criterio y corrija lo actuado.

Compartimos el documento de la Dirección Jurídica de la CCSS.

Transparencia en salud: Sala Constitucional insta a la CCSS a cumplir con solicitudes de UNDECA

En una serie de resoluciones recientes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su orden a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que brinde la información solicitada por UNDECA, la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social. El recurso de amparo, presentado por Deivis Rafael Ovares Morales y Natalia Solís Rojas, aborda preocupaciones sobre la tercerización de servicios, gastos institucionales, planes de contingencia y certificación de criterios técnicos.

En la más reciente resolución, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, señalando que algunas solicitudes aún no han sido atendidas. Se otorga a la CCSS un plazo de cinco días para cumplir con las solicitudes pendientes. Esta decisión refuerza la importancia de la transparencia y respuesta oportuna a las inquietudes planteadas por UNDECA.

En otra resolución fechada el 16 de enero de 2024, se destaca una acción presentada por Natalia Solís Rojas, acusando desobediencia por parte de la presidenta ejecutiva de la CCSS a una orden anterior de la Sala. La Sala otorga tres días a la presidenta ejecutiva para abordar y presentar pruebas sobre las omisiones alegadas. Se advierte que, en caso de comprobarse la desobediencia, podrían tomarse medidas legales adicionales.

En relación con la inejecución de la sentencia anterior, fechada el 15 de diciembre de 2023, se informa que la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ha respondido alegando que se brindó respuesta a UNDECA mediante un oficio fechado el 4 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Sala no constata fehacientemente que la presidenta ejecutiva haya proporcionado una respuesta a los puntos específicos mencionados en la gestión de inejecución. Se reitera la orden de la Sala para su cumplimiento inmediato.

En el cuarto documento, se presenta un recurso de amparo inicial presentado contra la presidenta ejecutiva de la CCSS por presunta violación al derecho de petición y pronta respuesta. Los recurrentes, Deivis Ovares Morales y Natalia Solis Rojas, solicitan dejar sin efecto acuerdos de la Junta Directiva relacionados con la tercerización hasta contar con respaldos administrativos y legales. Además, exigen la acreditación de que la contratación de servicios externos no implica un mayor gasto institucional y que se justifique técnicamente la necesidad de tercerización.

Además se aborda una comunicación adicional de UNDECA dirigida a la Sala Constitucional. Los representantes sindicales expresan sus preocupaciones sobre la tercerización de servicios en la CCSS y critican disposiciones que podrían afectar la retención de personal médico especializado. Solicitan la certificación de la Junta Directiva de la CCSS de que la aplicación de las disposiciones no incumple con la Ley Constitutiva ni con la nueva Ley de Contratación Pública.

Precariedad laboral: una marca registrada del mundo Covid

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.

Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.

Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.

Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.

Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.

El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.