La semana pasada, Vladimir de la Cruz, historiador, político, profesor universitario amigo y colaborador de la Rel UITA, participó de la segunda asamblea ordinaria de nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (SintrapybCR).
“Hace años que sigo al profesor Vladimir. He escuchado sus programas ‘Un viaje por la Historia. Los primeros sindicatos’, leído muchos artículos, pero no lo conocía personalmente. Así que imagínate, para mí es una gran satisfacción conocerlo personalmente y que haya estado en nuestra asamblea”, comentó emocionado Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato.
En su exposición Vladimir rescató historia y memoria del movimiento obrero costarricense con énfasis en el sector bananero.
En este video, el reconocido catedrático analiza la dramática situación en que viven miles de trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial, al tiempo que hace un llamado a los diferentes actores de la sociedad, para que actúen con firmeza y beligerancia ante las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, sindicales y humanos en las plantaciones del país.
Desde julio último arreciaron las manifestaciones contra el gobierno ante su tentativa de prorrogar el contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Gerardo Iglesias
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el 1 julio a la Asamblea Nacional con bombos y platillos la firma de un nuevo contrato con Minera Panamá. “Hemos logrado un acuerdo justo”, dijo.
Como bien manifestó Alejandro Jhon, secretario general de la FUCLAT, “un acuerdo justo”, para Cortizo, es permitir a la “First Quantum Minerals seguir haciendo de las suyas perpetuamente”.
El movimiento estudiantil, pueblos originarios, sectores del movimiento obrero (sectores, porque no todos entienden lo que está en juego o no les importa) y grupos ambientalistas hicieron sentir su descontento y rechazo al contrato minero entre la citada transnacional y el Estado panameño.
A fines de setiembre la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió archivar el debate sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Como la mano venía torcida, Minera Panamá incrementó su arsenal mediático y de cabildeo. La respuesta del Congreso no se hizo esperar, y el viernes 20 aprobó la ley 406 que habilita la explotación minera.
Esa misma noche, con prisa y sin pausa, haciendo alarde de una velocidad supersónica, Presidencia de la República la sancionó.
Cabe recordar que en 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de explotación original. ¡Nada importa!
Nuevas protestas y mayor represión
En Panamá la indignación no se oculta, ni perdona. “El solar de los aburridos”, puede transformarse sin apremios en una barricada popular. Trátase, el panameño, de un pueblo tranquilo de pabilo corto, rumbero y beligerante.
El presidente Cortizo, desde la cúspide de su arrogancia y desprecio republicano, sabiendo el desenlace hizo un llamado “a la cordura, a respetar las leyes, la propiedad privada y pública” (y transnacional, agregamos nosotros).
Desde el sábado 21, movilizaciones, piquetes y cortes de rutas se dieron cita en todo el país y la represión no se hizo esperar.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizado (ANADEPO), que la FUCLAT integra, nos informa que hay un número importante de personas detenidas y varios heridos, algunos de gravedad.
Las organizaciones en plan de lucha informan oficiosamente la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de emergencia.
Preocupante situación, donde los limites de la naturaleza, el ambiente y la salud pública, junto a la soberanía nacional, son violentados por la aplanadora de la corrupción y el capital transnacional —también corrupto— made in Canadá.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está frenéticamente impulsando una RUTA DE PRIVATIZACIÓN de los servicios de salud, y ahora, en un improvisado plan denominado “la ruta de la salud”, ordenó a la administración salir a buscar en el mercado proveedores de servicios privados.
En el oficio DTBS-APBS-0989-2023, fechado 23 de octubre de 2023, la Gestora Desarrollo de Proveedores de la CCSS, le consultó a diversos proveedores de servicios privados, la disponibilidad que tienen para ofrecer servicios médicos de baja complejidad, con una proyección de compra, hasta por 8 meses.
Entre los servicios que oferta la CCSS están los siguientes: cirugías de hernias, vesícula, artroscopia, túnel carpal, ecocardiograma, ultrasonidos, reporte de TAC.
A los prestadores privados, se les otorgó un plazo, hasta el próximo lunes el 30 de octubre de 2023, para presentar las ofertas.
La presidenta ejecutiva, valiéndose de este mecanismo de contratación, que jamás vendría a solucionar la crisis de las listas de espera, por contrario, maliciosamente pretende privatizar los servicios de salud.
UNDECA deplora este ardid privatizador, cuyo objetivo es favorecer los grandes consorcios privados médicos, que estaría obteniendo ganancias millonarias a costa de la salud de la población.
La Caja tiene los recursos y la capacidad instalada para resolver oportunamente, estos procedimientos y en general las listas de espera.
Nos oponemos rotundamente a esta estrategia privatizadora, que ha fracasado en otros países de Latinoamérica, debilitando la institucionalidad pública y menoscabando los recursos financieros.
El personal trabajador se manifestó dentro de la instalaciones institucionales en contra de la grave situación en la que se encuentra el SINART y además se desligan de cualquier tipo de acción irregular o cuestionada, ya que ninguno tiene la potestad de tomar decisiones.
La clase trabajadora del SINART solicita mantener un manejo transparente, que se corrijan las irregularidades y se sancionen a quienes las cometieron.
Puede ver la información completa en el siguiente video:
Al ser las 9:50 AM de este 25 de octubre, más de 700 ex –estibadores de Limón, están subiendo en 10 buses para dirigirse a protestar sobre la Ruta 32 a la altura de Liverpool, tras romperse las negociaciones que por más de 3 meses mantuvo con el Gobierno de Rodrigo Chaves.
Recordemos que esa misma acción la tomaron el 1 de junio por lo que el Gobierno solicitó que se levantaran las medidas de presión para iniciar el diálogo, para buscar la solución a los problemas ocasionados, con el pago de la indemnización a los mueleros que fueron despojados de sus trabajos al privatizarse la estibas, el problema de vivienda, la suspensión de la construcción del nuevo hospital, el olvido en proyectos de vivienda, la construcción de la escuela de Limoncito, entre otros.
Sin embargo, fueron engañados por el Gobierno todo esto trató de ganar tiempo. Ahora toda la comunidad limonense, y sus familias no van a levantar las medidas de presión, hasta tanto, no haya una solución concreta a todos estos problemas. En esta ocasión, el Bloque Cívico está apoyado por un sin número de organizaciones sociales y el pueblo limonense en general.
El Bloque Cívico y Social de Limón, reitera que es una protesta pacífica y si hay amagos de violencia, será única y exclusiva responsabilidad del Gobierno de le Republica, por engañar a un pueblo humilde y sencillo como es Limón.
Estaremos subiendo información y trasmitiremos en vivo por nuestra página de Facebook.
Adjuntamos fotos tomadas en estos momentos de cuando estamos comenzando a abordar los buses que nos llevaran al lugar de la protesta.
“Saquen a la del sindicato”, se escuchó a todo pulmón por los pasillos del Hospital San Vicente de Paul, por parte de Lizbeth Granados del Departamento de Enfermería en contra de Carolina Castro Zúñiga, asesora sindical de ANEP quien realizaba un acompañamiento a una de nuestras personas afiliadas.
Nuestra afiliada se reincorporaba a sus labores tras una incapacidad psiquiátrica producto de discriminación por ser una persona con discapacidad y por su condición de sindicalista.
En el momento en el que se llega a donde era su espacio de trabajo se dan cuenta que no tenía escritorio, computadora, silla, teléfono ni nada de sus herramientas de trabajo, por lo que se acompañó hasta donde su jefatura. La funcionaria, temblaba, lloraba ya que nunca le comunicaron nada de esto y la misma temía por su estabilidad laboral y emocional.
Esperando una acción positiva por parte de la jefa, Lizbeth Granados, se dio todo lo contrario, pues manifestó que a ella no le correspondía, que se tenía que hablar con la señora Mildreth Garza Jiménez, Directora de Enfermería, a quien también se acudió pero, lamentablemente, tampoco quiso atenderlas y de forma tajante se los hizo saber.
Ante esto, se trató de conversar con Prisicila Balmaceda Chaves, Directora del Hospital, pero tampoco se logró, ya que rechazó el acceso a su oficina y solo pidió que se le enviara un correo electrónico.
Tras la nula respuesta de las encargadas y de ver como nuestra afiliada, presentaba ataques de ansiedad, por parte de nuestra asesora, Carolina Castro Zúñiga, se toma la determinación de levantar un acta que deje como evidencia lo sucedido.
Se esperaba que las funcionarias involucradas firmaran el documento, pero esto colmó su paciencia al punto en el que la señora Granados comenzó a pedir a gritos que la seguridad interna sacara tanto a nuestra asesora sindical y a nuestra afiliada, ya que, a su criterio, no estaba trabajando.
Durante ese momento Granados afirmaba que ella NUNCA iba a recibir, firmar o tener contacto con lo que tuviera que ver con el sindicato, acto sumamente reprochable para la ANEP.
Desde la Secretaria General de ANEP se solicitó incluir dentro de una audiencia conciliatoria próxima que se va a dar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tratar las presuntas practicas laborales desleales por parte de la parte patronal.
ANEP rechaza tajantemente toda acción violenta y solo busca que haya espacios laborales de paz y armonía, en donde prevalezca el dialogo.
El Comité Ejecutivo hace de conocimiento de todos sus asociados la inconformidad y preocupación en el tema del traslado de oficinas centrales de SENARA al edificio de MAG en Sabana Sur.
Es de gran preocupación en tanto que:
1- En oficio SENARA-INDEP-0047-2023, del 15 de febrero 2023, se remite un informe de las condiciones de las edificaciones donde se supone se ubicará el Senara. El informe se sustenta en diferentes leyes y reglamentos tales como; Reglamento de construcciones, Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, Manual de requerimientos y estandarización de espacios para oficinas del Ministerio de Hacienda y Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. El informe concluye que: considerando los reglamentos ya mencionados, el área propuesta no estaría cumpliendo con muchas de las disposiciones de los reglamentos y requerimientos mínimos ya establecidos.
2- El oficio SENARA-AI-200-2023 hace una serie de prevenciones a la administración superior y concluye que se observa que el posible traslado al MAG expone al nivel gerencial a los siguientes riesgos de conformidad con la estructura de riesgos del Senara tales como: riesgo presupuestario, de control de activos, administrativa-gestión, comunicación, liderazgo, cumplimiento normativo, alineación o vinculación con la planificación institucional, planificación insuficiente, imagen, niveles de coordinación entre unidades, de motivación, clima organizacional, integridad, ética y valores, diseño, eficiencia, eficacia, ejecución y nivel de cumplimiento en el desarrollo de procesos y actividades, pérdida total o parcial de activos institucionales, acceso de información, disponibilidad de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. A estos se suman los riesgos de gobernanza y el riesgo de incurrir en causal de responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
3- En oficio DAF- 125-2023 con fecha del 30 de junio 2023, se pone en evidencia que a la fecha se encuentran brechas pendientes de aclarar. Que existen consultas de índole legal que aún no han sido respondidas. El área de oficinas ofrecida en el edificio del MAG es tres veces menor a lo determinado por el SENARA para el adecuado funcionamiento de la institución. En los espacios de oficinas ofrecido en el edificio del MAG aún no se ha logrado ubicar el espacio a ocupar por la Unidad de Gestión Informática, la Dirección Jurídica, la Auditoría Interna. La Unidad Técnica de Valuación, y los espacios a ocupar por el personal que laboraría en el Proyecto Paacume, así como la bodega para los activos en tránsito y el archivo Institucional. El oficio termina diciendo que No es recomendable un traslado en este momento considerando que podría exponer a la institución a los riesgos también mencionados en el AI-200-2023.
4- Llama la atención que se suscriba un convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo en precario en el edificio del MAG a favor del SENARA (CV-009-20223-AJ-MAG) y se aprovecha para poner en total sumisión a todos los funcionarios del Senara (cláusula 2, apartado A) y establece que el Senara acatará las normas que dicte el MAG sobre el cumplimiento de circulares dirigidas a regular las actuaciones del personal dentro del edificio. El Senara entenderá que TODOS los espacios del ministerio son de uso de los funcionarios del Ministerio y sus órganos. El Senara mediante suscripción de convenios y cartas de entendimiento y según sus posibilidades facilitará a su personal técnico profesional en colaboración y cooperación al MAG, para la realización de proyectos promovidos por el sector.
5- Con respecto a la rescisión del convenio, se establece que las partes podrán finalizar de manera unilateral y en cualquier momento, por motivo de interés público, oportunidad, conveniencia institucional… sin que esto genere responsabilidad para las partes… debiendo comunicarlo por escrito con un mes de anticipación.
6- Esto último, representa un riesgo inminente, ya que por conveniencia del MAG se podría finalizar el convenio y dónde iría el Senara.
7- ¿Por qué en un convenio para préstamo en precario se compromete al capital humano de Senara para realizar labores que son competencias del MAG?
8- Por lo anteriormente mencionado, el Comité Ejecutivo como órgano colegiado, rechaza de plano las intenciones de la administración superior del Senara de trasladar las oficinas al edificio del MAG.
SURCOS comparte el siguiente mensaje recibido en nuestra redacción:
“Mi amigo Yovani está en el CAI Luis Paulino Mora, ubicado en San Rafael de Alajuela, por un problema entre él y el ex esposo de la hermana. Este en venganza lo acusó ante las autoridades y como mi amigo no se dio cuenta lo declararon reo rebelde.
Hoy está optando por la libertad condicional, pero requiere de un trabajo y domicilio fijo ante las autoridades como parte de su rehabilitación y reingreso a la sociedad.
Por lo anterior solicito ayuda para poder encontrar quien lo apoye con la opción laboral que como requisito solicita el juez.
Agradecería toda la ayuda que le puedan brindar.
Para más información se pueden comunicar con la madre de mi amigo: Yamileth Hernández: teléfono 8912 7627
Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.
Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.
Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).
Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.
Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle ₡1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.
Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.
San José, 16 de octubre de 2023
Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
La Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores Públicos y Privados (FENOTRAP) afiliados a la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses -CMTC- hacemos un llamado a participar de la marcha nacional, el próximo 25 de octubre 202 a las 8:00 a.m. iniciando de la Plaza de la Democracia, San José, hacia Casa Presidencial.
Alto a la política agresiva:
Contra los derechos laborales de los trabajadores.
