SURCOS comparte la siguiente información del Observatorio de Bienes Comunes recibida desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de los Agrocultivos sobre la visita del presidente Rodrigo Chaves a Río Cuarto ¿qué temas abordó? ¿qué implica esta visita? Le invitamos a escuchar:
Este lunes 6 de noviembre de 2023, la legítima representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodríguez González, se hará presente en Casa Presidencial, a las 8:30 a.m., para lo que será la segunda comparecencia de la persecución política del gobierno de Rodrigo Chaves.
En diciembre del año anterior, violando la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y el Estado de Derecho, Rodrigo Chaves suspendió a cuatro directivos y montó una ilegítima Junta Directiva de la Caja, con el fin de maniobrar en contra de la institución. La Sala Constitucional acogió un recurso y determinó que los cuatro directivos debían ser restituidos de inmediato, lo que sucedió, a excepción de Marta Esquivel, presidenta de la CCSS nombrada por Chaves.
De los cuatro miembros restituidos, por presiones políticas, uno renunció posteriormente y tres continúan en el cargo, pero el gobierno de Rodrigo Chaves decidió mantener la persecución política contra Martha Elena Rodríguez González, al considerarla un obstáculo para lograr la privatización de la emblemática institución de la salud pública.
Martha Rodríguez González, se hará presente este lunes y martes en casa presidencial, para hacer valer la democracia, la ley y la Constitución Política en el ejercicio de su función en representación de la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
Comunicado
Conforme pasan los días es más claro el plan del gobierno Chaves Robles para destruir la sagrada Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy en un acto anunciado con bombos y platillos como la «ruta de la salud» nos dice la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel al pueblo costarricense, que la solución a las listas de espera es contratar servicios privados y establecer el sistema de COPAGO, según ellos de manera temporal, como si no supiéramos las intenciones que tienen.
No sólo ha negado el gobierno Chaves Robles a pasarle los recursos económicos que por Constitución le corresponden a la CCSS, sino que ha emprendido una tendenciosa y malintencionada campaña de desprestigio contra nuestras Institución, asegurando que la «La Caja está quebrada», algo que desmintió la OIT y el mismo Banco Mundial al señalar todas las imprecisiones, sesgos, ausencia de rigurosidad técnica y evidenciando el maquillaje y la manipulación mediática.
«Ahora nos hacen la propuesta del COPAGO, absolutamente injustificada y falta de fundamentación técnica y legitimidad para «resolver» 40 mil procedimientos de baja complejidad, y asegura la jerarca que es voluntario y para quienes pueden pagar los servicios de salud privados. Esta ingrata modalidad no solo rompe con el principio solidario de brindar salud en solidaridad y equidad a la población, sino que genera discriminación y desigualdad para quienes no pueden asumir los altos costos de la medicina privada», indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Esta «ruta de la salud» deja claro que está orientada a favorecer los intereses privatizadores de la CCSS dejando sin resolver realmente los problemas de lista de espera que afectan los principales problemas de salud de los pacientes.
UNDECA repudia estas abiertas prácticas privatizadores y condena el proceder del presidente Rodrigo Chaves Robles y su presidente ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez que siguen sin resolver los problemas en la Caja Costarricense de Seguro Social, generando cortinas de humo y nuevas ocurrencias para engañar y no resolver los problemas de salud de la población.
«Tienen que poner a funcionar las salas de operación 24 horas al día, los siete días de la semana, resolver la inopia de especialistas, hoy tenemos 700 plazas de especialistas en las que están nombrados médicos generales y podrían especializarse para atender la emergencia. Tampoco estamos de acuerdo con que el Banco Mundial venga a hacer un estudio actuarial, pues hay organismos internacionales expertos en esta materia como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene las herramientas y experticia necesarias», concluyó Luis Chavarría.
7 de noviembre, 2023
Roy Jiménez integrante de SITRAHOSCUAM, sindicato afines de la salud, emite un mensaje en defensa de la CCSS; a la vez insta a la población a participar en las reuniones para negociar con las autoridades de la CAJA.
Pococí en defensa de la CCSS.
Imagen ilustrativa, Semanario Universidad.
Comunicado
Con votación histórica, legítima y democrática la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal elige Directorio
y Junta Directiva del Banco Popular
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal define por ley la orientación de la política general de la institución financiera pública, además de ser un órgano representativo de aproximadamente 1.590.000 personas trabajadoras de los sectores**, quienes representan el 75% de la clase trabajadora en el país. Estas orientaciones se dan a través de la ATTBPDC en la dirección estratégica del Directorio de este órgano y la Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Este sábado 04 de noviembre, como parte de las responsabilidades en orientación política de la institución financiera y por obligación de la ley, con una votación histórica sustentado en todo momento sobre principios de la transparencia, seguridad y legalidad. Es así como la nueva Junta Directiva del Banco queda legítimamente electa con 202 votos, y el nuevo Directorio de la ATTBPDC con 184 votos a favor, con un contundente proceso de alta legitimidad democrática, garantizada por su propio Tribunal Electoral.
Después de casi 2 años de atrasos de este proceso que por definición de ley debe realizarse cada año, a excepción de la Junta Directiva que se renueva cada 4 años, este resultado se recibe con gran satisfacción de los sectores sociales y productivos que participan de este proceso en la ATTBPDC, ya que fortalece el sistema democrático en Costa Rica.
El nuevo directorio quedó conformado con las siguientes personas:
Titulares:
Hugo Lenin Hernández Navas – liderazgo sindical: Presidencia del Directorio.
Vivian Arlet Rodríguez Araya – Liderazgo Cooperativo: Secretaría del Directorio.
Vocalías:
Orietta María Zúñiga Vargas – Liderazgo Comunal: Vocalía I del Directorio.
Marco Vinicio Flores Arroyo – Liderazgo Colegios Profesionales: Vocalía II del Directorio.
También, la Junta Directiva del Banco Popular quedó conformada por los siguientes sectores representados, demostrando según lo estipulado por ley, alta idoneidad para el cargo. Esta Junta queda conformada de la siguiente forma:
Francisco Eiter Cruz Marchena –Titular
Víctor José Mora Schlager – Suplente
Iliana González Cordero – Titular.
Wendy Milena Vargas Méndez – Suplente.
Gilbert Gerardo Díaz Vásquez –Titular.
Steven Gerardo Oreamuno Herra – Suplente.
Martha Eugenia Camacho Murillo –Titular
Ana Luisa Calvo Monney – Suplente
Finalmente, se han elegido satisfactoriamente el Tribunal Electoral, La Comisión de Integración, La Comisión Permanente de la Mujer, así como el Comité de Vigilancia y representantes ante CONASSIF. Para los periodos 2022-2024.
*Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
**Esta variación estadística de la fuerza laboral se verifica a partir de las personas cotizantes a la CCSS cada año, por lo que el dato presentado puede variar de un año a otro. Fuente: INEC, 2023.
Parte de Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal electa, sábado 04 de noviembre, 2023.
Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal electo.
Registro votación Junta Directiva Nacional del Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Por Colsiba
Costa Rica, conocida por su impresionante belleza natural y su industria agrícola, ha sido testigo de una historia que se ha ido tejiendo a lo largo de las últimas cinco décadas. El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), fundado en la década de los años 70, ha alcanzado un hito significativo en su lucha incansable por los derechos laborales y la justicia social en el país centroamericano.
SITRAP nació con un perfil claramente clasista en una época en la que la negociación colectiva en las fincas bananeras era una necesidad imperante. En sus primeros años, el sindicato logró éxitos notables en esta área, representando los intereses de los trabajadores y abriendo camino para la mejora de las condiciones laborales en la industria agrícola de Costa Rica.
Sin embargo, la década de los años ochenta trajo consigo desafíos cruciales para SITRAP. En medio de los rudos años de la Guerra Fría, un proyecto anti-sindical surgió con la intención de reemplazar el sindicalismo bananero por las denominadas Asociaciones Solidaristas. Esta alianza entre el Gobierno, los Patronos y un sector de la Iglesia Católica amenazó la existencia del sindicalismo bananero. A pesar de esta adversidad, la convicción inquebrantable por la justicia laboral y la voluntad de revitalizar el movimiento obrero en las plantaciones bananeras mantuvieron viva la causa.
Fue en la década de los noventa que SITRAP resurgió con una lucha renovada por la libertad sindical y la justicia social. Los líderes sindicales, comprometidos con la causa, trazaron nuevos rumbos y buscaron alternativas de organización. SITRAP promovió formas flexibles de organización, incluyendo Coordinadoras Sindicales Bananeras, foros y grupos de trabajo en colaboración con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil e iglesias en el Caribe Costarricense. Además, estableció alianzas sólidas con organizaciones internacionales como ‘BANANA LINK’, permitiendo que la problemática en las plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica se conociera en los países consumidores.
En diciembre de 2022, SITRAP celebró su 50 aniversario, marcando cinco décadas de lucha constante, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Este hito destaca la tenacidad, la constancia y el compromiso de SITRAP con la justicia social, los derechos humanos y los derechos laborales. El sindicato ha demostrado que la perseverancia puede dar lugar a un cambio significativo en las condiciones laborales y la sociedad en su conjunto.
A lo largo de su largo camino, SITRAP ha logrado aciertos notables y avances significativos en beneficio de la clase trabajadora en la industria bananera y piñera de Costa Rica. Su lucha incansable ha contribuido a la mejora de las condiciones laborales y a la promoción de los derechos humanos en el país.
SITRAP, con su visión de cambio y su búsqueda constante de nuevas alternativas de organización, ha demostrado que el sindicalismo puede ser un poderoso defensor de la justicia social y los derechos laborales en una industria clave de la economía costarricense. Su historia es un recordatorio de que, con tenacidad y compromiso, es posible marcar la diferencia y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.
El actuario Rodrigo Arias López envió un mensaje en contra del proyecto de ley N° 23733 “Mismo patrón, igual contribución” propuesto por la diputada Pilar Cisneros. El mensaje se centra en que hay que corregir el proyecto ya que cuenta con problemas alrededor del tema de las pensiones. Rodrigo Arias López menciona en su mensaje lo siguiente: “Por otro lado, el proyecto de doña Pilar omite agregar a la Ley No 17 el derecho de que los montos de las pensiones de IVM se ajusten de manera automática con la tasa de inflación semestral de los precios; pero en su proyecto Cisneros sí lo introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual fomenta la existencia de pensiones de lujo para algunos de cuello blanco que reciben hasta el triple o más de pensión y de hambre para los pensionados y pensionadas de IVM.”
Para observar el mensaje completo, ingresar al siguiente enlace
La semana pasada, Vladimir de la Cruz, historiador, político, profesor universitario amigo y colaborador de la Rel UITA, participó de la segunda asamblea ordinaria de nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (SintrapybCR).
“Hace años que sigo al profesor Vladimir. He escuchado sus programas ‘Un viaje por la Historia. Los primeros sindicatos’, leído muchos artículos, pero no lo conocía personalmente. Así que imagínate, para mí es una gran satisfacción conocerlo personalmente y que haya estado en nuestra asamblea”, comentó emocionado Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato.
En su exposición Vladimir rescató historia y memoria del movimiento obrero costarricense con énfasis en el sector bananero.
En este video, el reconocido catedrático analiza la dramática situación en que viven miles de trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial, al tiempo que hace un llamado a los diferentes actores de la sociedad, para que actúen con firmeza y beligerancia ante las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, sindicales y humanos en las plantaciones del país.
Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/agroindustria-relaciones-de-trabajo-demasiado-violentas/
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el 1 julio a la Asamblea Nacional con bombos y platillos la firma de un nuevo contrato con Minera Panamá. “Hemos logrado un acuerdo justo”, dijo.
Como bien manifestó Alejandro Jhon, secretario general de la FUCLAT, “un acuerdo justo”, para Cortizo, es permitir a la “First Quantum Minerals seguir haciendo de las suyas perpetuamente”.
El movimiento estudiantil, pueblos originarios, sectores del movimiento obrero (sectores, porque no todos entienden lo que está en juego o no les importa) y grupos ambientalistas hicieron sentir su descontento y rechazo al contrato minero entre la citada transnacional y el Estado panameño.
A fines de setiembre la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió archivar el debate sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Como la mano venía torcida, Minera Panamá incrementó su arsenal mediático y de cabildeo. La respuesta del Congreso no se hizo esperar, y el viernes 20 aprobó la ley 406 que habilita la explotación minera.
Esa misma noche, con prisa y sin pausa, haciendo alarde de una velocidad supersónica, Presidencia de la República la sancionó.
Cabe recordar que en 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de explotación original. ¡Nada importa!
En Panamá la indignación no se oculta, ni perdona. “El solar de los aburridos”, puede transformarse sin apremios en una barricada popular. Trátase, el panameño, de un pueblo tranquilo de pabilo corto, rumbero y beligerante.
El presidente Cortizo, desde la cúspide de su arrogancia y desprecio republicano, sabiendo el desenlace hizo un llamado “a la cordura, a respetar las leyes, la propiedad privada y pública” (y transnacional, agregamos nosotros).
Desde el sábado 21, movilizaciones, piquetes y cortes de rutas se dieron cita en todo el país y la represión no se hizo esperar.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizado (ANADEPO), que la FUCLAT integra, nos informa que hay un número importante de personas detenidas y varios heridos, algunos de gravedad.
Las organizaciones en plan de lucha informan oficiosamente la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de emergencia.
Preocupante situación, donde los limites de la naturaleza, el ambiente y la salud pública, junto a la soberanía nacional, son violentados por la aplanadora de la corrupción y el capital transnacional —también corrupto— made in Canadá.
Fuente: https://www.rel-uita.org/panama/el-gobierno-reprime-en-favor-del-negocio-minero/
Comunicado
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está frenéticamente impulsando una RUTA DE PRIVATIZACIÓN de los servicios de salud, y ahora, en un improvisado plan denominado “la ruta de la salud”, ordenó a la administración salir a buscar en el mercado proveedores de servicios privados.
En el oficio DTBS-APBS-0989-2023, fechado 23 de octubre de 2023, la Gestora Desarrollo de Proveedores de la CCSS, le consultó a diversos proveedores de servicios privados, la disponibilidad que tienen para ofrecer servicios médicos de baja complejidad, con una proyección de compra, hasta por 8 meses.
Entre los servicios que oferta la CCSS están los siguientes: cirugías de hernias, vesícula, artroscopia, túnel carpal, ecocardiograma, ultrasonidos, reporte de TAC.
A los prestadores privados, se les otorgó un plazo, hasta el próximo lunes el 30 de octubre de 2023, para presentar las ofertas.
La presidenta ejecutiva, valiéndose de este mecanismo de contratación, que jamás vendría a solucionar la crisis de las listas de espera, por contrario, maliciosamente pretende privatizar los servicios de salud.
UNDECA deplora este ardid privatizador, cuyo objetivo es favorecer los grandes consorcios privados médicos, que estaría obteniendo ganancias millonarias a costa de la salud de la población.
La Caja tiene los recursos y la capacidad instalada para resolver oportunamente, estos procedimientos y en general las listas de espera.
Nos oponemos rotundamente a esta estrategia privatizadora, que ha fracasado en otros países de Latinoamérica, debilitando la institucionalidad pública y menoscabando los recursos financieros.