En aras de no sólo denunciar sino proponer, los representantes de cada una de las policías ofrecieron al diputado Gilberth Jiménez Siles su ayuda para generar soluciones reales que mejoren la función policial y luchar contra la desmedida delincuencia que afecta al país.
En SITRAHSAN estimamos que el trabajador no debe verse como una mercancía, ciertamente los legisladores también, deben legislar, algunas leyes se ha demostrado sólo favorecen un pequeño sector, esta última reforma, consideramos violenta para el trabajador del sector privado, la posibilidad de crecer como persona y en fin, si por la víspera se saca el día, pronto podríamos encontrarnos un escenario, donde el sector público en general, ante la desacreditación como colaborador del bien común, y visto por muchos como “burócratas” pues debamos también cumplir con una reforma en ese sentido.
Y lo más lamentable, visto desde los ojos de los trabajadores del sector privado, como enemigos y sujetos de gollerías que no nos merecemos, por el simple hecho de estar mejor organizados que ellos y contar con los Sindicatos que nos defiendan.
ACOJUPEMA (Asamblea de Cotizantes de los Regímenes de Pensiones de Jupema) informa sobre el contenido de los proyectos de ley sobre pensiones que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Y exige sean rechazados y archivados inmediatamente por el grave perjuicio que causarán a los dineros ahorrados por todos los trabajadores del país.
Como cotizantes y ciudadanos nos corresponde defender el derecho constitucional y humano a una pensión digna.
Manuel Hernández
El Código de Trabajo no nos vino del cielo.
Fue una gloriosa conquista de nuestros abuelos y abuelas, que se organizaron en sindicatos para luchar y lograr que se promulgara esta legislación.
La oligarquía criolla hizo todos los intentos que estuvieron a su alcance para impedir su aprobación.
El país pasaba por un momento de mucha tensión social y política, con la lucha de clases en carne viva.
No creo q nos podamos imaginar, 80 años después, ese espíritu de combate y la vocación de lucha de aquellos humildes labriegos y sencillos obreros que se jugaron todo por el todo.
El 20 agosto de 1943, imagínense ustedes, en aquella época, desfilaron en las calles de San José, unos 10.000 obreros, para defender la reforma constitucional, las Garantías Sociales, que se había aprobado unos cuantos días antes, y para presionar al Congreso Constitucional, como se denominaba, para que aprobaran el Código de Trabajo.
En definitiva, pocos días después, el 27 de agosto de 1943, el Congreso aprobó el Código de Trabajo, que entró a regir el 15 de setiembre del mismo año.
El Código regulo los derechos de los trabajadores, el salario, la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas, los descansos, las vacaciones remuneradas.
Además, reconoció la libertad sindical, el derecho de negociación y la huelga, la más poderosa herramienta de la clase trabajadora.
Este 27 de agosto, estaremos celebrando o conmemorando el 80 aniversario del Código.
Lamentablemente, en tan solo 5 años destruyeron este Código, porque la nueva plutocracia política y económica, se trajo al suelo el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga y están a punto de sepultar la jornada humanitaria de trabajo, como la llamó el Doctor Calderón Guardia.
Despedazaron, tan solo en un quinquenio, el Código y no supimos defender esa conquista, que con sangre, sudor y lágrimas nos legaron nuestros queridos antepasados.
Quedamos en deuda con aquellos obreros bananeros, obreros urbanos, zapateros, panaderos, a quienes les corría sangre por las venas.
Saludos insumisos.
Desde hace una semana el Colegio Técnico Profesional de Pavas, CTP, se encuentra cerrado por problemas en la Junta de Educación de la institución.
Los estudiantes pusieron candados y cadenas para impedir el ingreso al colegio en protesta y exigen soluciones inmediatas.
Entre los problemas denunciados está el manejo irresponsable de los fondos y que no está cumpliendo con las necesidades básicas de la institución.
Representantes de la Junta llegaron esta semana a hablar con los estudiantes, sin embargo, no presentaron soluciones concretas, por tal razón todavía sigue el movimiento de protesta estudiantil.
Autoridades del Ministerio de Educación Pública, en lugar de intervenir para investigar las anomalías en el manejo de dineros de la Junta, trata de que no trascienda la noticia del movimiento de los estudiantes.
En todo esto, la Junta de Educación se ha confabulado con los intereses de ciertas personas en el sector de pavas.
UNDECA y BUSSCO respaldan a los estudiantes que exigen la intervención inmediata de la Junta. Y se proceda de inmediato a investigar por el medio más idóneo y con la mayor trasparencia las denuncias de presuntos malos manejos de fondos públicos.
Comunicado de UNDECA y BUSSCO.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
Le invitamos a ver el video con la exposición.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH), mantiene su rechazo al proyecto de Ley 21182, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el 12 de julio anterior y que busca ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas.
Este proyecto de ley, ya enfrenta dos sendas consultas de constitucionalidad, debido a sus posibles violaciones a la Constitución Política y por errores en el procedimiento de discusión y aprobación legislativa.
Desde FENTRAGH, hemos señalado en reiteradas ocasiones que el proceso de discusión legislativa ignoró los planteamientos de la clase trabajadora y organizaciones sindicales, entre los que destacan las condiciones laborales cotidianas en los distintos sectores de la economía, como son las que imperan en el sector de la agroindustria. Asimismo, ignora la realidad de las mujeres trabajadoras e indígenas. Hemos destacado también, que la discusión legislativa debió privilegiar el fortalecimiento de la inspección de trabajo como herramienta para asegurar el respeto a los derechos laborales, en especial en las ramas económicas que representamos.
El proyecto de ley aprobado, propone que se realice un ajuste de un 16,67 en el salario mínimo en la jornada diurna (un 25% de ajuste si la jornada es nocturna) para las personas trabajadoras a quienes se les aplique el cambio de jornada. Esa decisión es un reconocimiento obligado que (tal como lo señaló FENTRAGH y muchos sectores opositores al proyecto), originalmente pretendía favorecer al sector empleador con un ahorro en el pago de horas extras, en detrimento de los salarios de los trabajadores.
Otro de los cambios que propone, es la aplicación de la jornada 4×3 solo en ciertos sectores de la economía y que la persona trabajadora puede rechazar la nueva jornada laboral propuesta por su patrono. De nuevo, ambas modificaciones dejan en evidencia que la intención original de sus proponentes era barrer con una de las conquistas más importantes de la clase trabajadora organizada en su historia, que es la jornada de 8 horas. El carácter “voluntario” es también una pretensión irresponsable de quienes aprobaron la iniciativa cuando ya sabemos que existe una clara diferencia de poder a favor del patrono, que, además, cuenta con una masa de personas desempleadas y desesperadas dispuestas a aceptar un puesto de trabajo bajo condiciones de precarización laboral.
En FENTRAGH, reconocemos que la realidad de los mercados laborales es cambiante y exigente y que, como actores fundamentales en esos mercados, debemos responder con diligencia y en forma propositiva sin renunciar al resguardo de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras.
El proyecto de ley lo justifican asegurando que fomentará la creación de empleos mediante la promoción de la inversión, especialmente en los sectores de zonas francas. Un sector que es prácticamente un enclave en la economía costarricense que emplea si acaso a un 5% de la población económicamente activa y muy poco vinculado con el resto de la estructura económica del país.
Esa afirmación, además, carece de fundamento técnico, como igualmente sucede respecto al impacto en la calidad de vida familiar, en las posibilidades de estudio y desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras, del impacto en las mujeres, trabajadores agrícolas, entre otros.
Para FENTRAGH, más bien resulta de la mayor importancia en estos momentos, impulsar leyes y políticas económicas que vengan a fortalecer los mercados internos y la capacidad productiva nacional, lo cual, realmente contribuiría a crear puestos de trabajo. La flexibilización laboral, que es lo que en el fondo representa el proyecto de ley de jornadas 4×3, es un paso más en la carrera “hacia abajo” en las condiciones laborales a favor de las ganancias de unos pocos y la imposición de nuevas formas de esclavitud.
Para FENTRAGH, también es imprescindible fortalecer la inspección laboral y garantizar el complimiento de los derechos de los trabajadores y los deberes de los patronos, si realmente queremos promover el respeto a los derechos laborales, como dice el proyecto de ley en su pomposo nombre.
Desde nuestra federación sindical, en conclusión, consideramos que este proyecto de ley es un retroceso en los derechos laborales y que vendría a ensanchar y agudizar sobre manera el acceso a los derechos de las personas trabajadoras, favoreciendo únicamente a un sector empresarial que poco le importa la salud y las implicaciones sociales que provocará hacer que los trabajadores laboren jornadas ordinarias de 12 horas.
Costa Rica, 21 de agosto del 2023.
Junta directiva FENTRAGH.
Freddy Vargas Aguilar
Teléfono 8620 0780
¿Conversamos?
El estar aprobándose la Ley 4-3 sería el último éxito del Capital contra el trabajador y sus organizaciones.
Logran condiciones para continuar fortaleciendo la incrementación de ingresos-riqueza, al tiempo que muestran que tienen el poder. Debilitan a la contraparte.
Ya antes, otro triunfo, La ley de empleo público. Y, antes, otro, una ley contra las huelgas. Y, antes otro, una reforma tributaria.
Un principio básico de sentido común estratégico dicta que, si lo que se está haciendo no está logrando sus objetivos hay que decidir, radicalmente, abandonarlo. Ni se está impidiendo el deterioro económico-político de los trabajadores, ni se está construyendo un poder popular.
Hay que tomar la iniciativa. Centrarse en un camino que integre sectores. Un aspecto fundamental es la Educación. Comenzar, no por creer que hay que cambiarla, sino por reconocer que es tal.
No hay Derecho, la Educación no es un derecho porque, no existe todavía.
Hay que tomar la iniciativa para construir el Derecho a la educación creándola desde las aulas, uniendo sectores, padres, educandos, educadores, personal de apoyo.
He aquí el problema, superar el temor, enfrentar las barreras, pasar del solo hablar a crear, organizando, integrando recursos, distribuyendo responsabilidades.
¿Quién se atreve?
El domingo 20 Guatemala debe escoger otra vez a sus gobernantes. ¿Pero de verdad se trata de una escogencia o de una nueva trampa de la historia reciente del país?
Cambiar de gobernantes para que nada cambie parece que ha sido una receta infalible.
Desde hace muchas décadas Guatemala ha sido gobernada por una élite cívico militar, vinculada a las grandes transnacionales que se han apropiado de los enormes recursos de este país.
Según el Banco Mundial, Guatemala es la mayor economía de Centroamérica, pero con la segunda tasa de incidencia de pobreza y el menor índice de desarrollo humano del continente, solo después de Haití y Honduras.
Este poder no está siendo cuestionado y tratarán de darle una nueva cara democrática al nuevo gobierno para que al final el cambio no lleve a verdaderas transformaciones.
Sin lugar a dudas, el sistema electoral permite dar la apariencia de un nuevo cambio y para esto se ha utilizado en las últimas décadas, pero parece ser un recurso agotado y toda esperanza de cambios por la vía electoral no hará otra cosa que aumentar la desesperanza.
Tanto es así, que la abstención fue la ganadora en la última contienda de junio.
Con una cifra superior al 40 por ciento, la abstención expresó el rechazo a un sistema electoral poco creíble, que había excluido a tres candidatos presidenciales con opciones reales de triunfar como expresión de los sectores populares.
También las opciones de los pueblos originarios quedaron excluidas por decisiones judiciales o del sistema electoral. No es casual que los votantes se abstuvieran por cientos de miles en todas las regiones.
Desde el “retorno a la democracia” se han sucedido elecciones y candidaturas, unas con más credibilidad que otras, pero al final los poderes de facto son los que renacen como las malas hierbas.
Después de cada episodio aparece la verdadera faz de una democracia castrada, limitada por poderosos intereses económicos, religiosos y militares, a los que ahora se intercala el poder del narcotráfico, que todo lo permea y penetra.
La crisis institucional no puede ser más grave. Grupos fascistas se han enquistado en la estructura del Estado y hacen que el Poder Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y la Fiscalía hayan perdido toda credibilidad, cuando logran utilizar las instituciones para eliminar adversarios, bajo el lema de para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
¿Cómo enfrentar estos retos con una fuerza popular minoritaria?
En este contexto, ¿es posible una alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente? ¿Pueden esperarse cambios en la legislación laboral y garantías de libertad sindical?
Si nos atenemos a la experiencia histórica podemos preguntarnos: ¿esta vez los poderes ocultos permitirán un cambio real?
Semilla y su candidato, Bernardo Arévalo, tienen dos opciones: o pactar con sectores de las elites políticas y empresariales para darles garantías de estabilidad y lograr un mínimo de gobernabilidad o hacerlo con la población rural, los pueblos indígenas, los sindicatos y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pero la falta de una propuesta renovadora de derechos aumenta la desconfianza mutua y hace que esta última posibilidad sea remota, y más bien se piense en una nueva constitución política que reorganice el viejo Estado opresor.
Además, el nuevo gobierno requerirá de capacidad política para enfrentar nuevas demandas del movimiento popular y sindical que siguen pendientes: enfrentar el desempleo creciente, la corrupción, la depredación del ambiente y la violación de los derechos laborales y sindicales, las necesidades de vivienda popular y tantas otras que aún no tienen una solución a la vista.
Desde una perspectiva sindical, solo se puede esperar un diálogo limitado, más represión en las empresas, menos espacios de negociación y una mayor violación de los derechos laborales.
Semilla será una fuerza política minoritaria, con poca posibilidad de incidencia sobre el sistema judicial, legislativo y frente a los poderes fácticos. El camino para el movimiento y para su candidato no es nada fácil.
El Congreso será controlado en gran medida por los partidos tradicionales, incluido el partido Vamos, del presidente saliente, y la UNE, de Sandra Torres.
Incluso si Semilla gana en las urnas este domingo, según lo prevén las encuestas, empezará un camino de obstáculos de todo tipo, inclusive por parte de los militares, porque cada vez más se abre la posibilidad de un golpe frente a la crisis institucional que se va a prolongar por los siguientes años.
Para otras fuerzas políticas como el CODECA, que representa la mayoritaria población indígena, ni Torres ni Arévalo parecen una alternativa a las grandes necesidades de la población guatemalteca.
Existe además una oposición razonada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) de Telma Cabrera; del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, cuyo proyecto se orienta a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para dar paso a un Estado Plurinacional y la nacionalización de la electricidad.
Si gana, Arévalo deberá gobernar con una institucionalidad fallida.
Este domingo 20 puede repetir el abstencionismo.
Según las encuestas, Arévalo obtendrá más de 60 por ciento de los votos, porque Sandra Torres tiene un elevado número de electores desmotivados.
Todo parece indicar que en este contexto no es posible abrir las puertas a la democracia y enfrentar la arremetida autoritaria. Las elites parece que pueden dormir tranquilas.
Si Arévalo triunfa, cualquier plan de gobierno que pudiera tener enfrentaría la oposición de la mayor parte de bancadas en el Congreso, lo que elimina cualquier tipo de cambios en profundidad.
Arévalo puede darle una cara democrática a un sistema político caduco y fallido, o bien otra vez fallar en el intento.
El poder de la derecha intransigente, de los empresarios fascistas, los militares, la burocracia judicial, así como estructuras criminales, están en entredicho, pero no han sido derrotadas y continúan en el juego político.
Tienen una gran capacidad de mimetizarse entre los laberintos de la institucionalidad democrática de la constitución fallida.
Los pueblos indígenas deberán seguir en resistencia. No hay esperanza de un cambio real.
La democracia guatemalteca sufre la erosión lenta de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Aun así, quisiera pensar que la Semilla de la democracia finalmente germinará y sus frutos serán repartidos en una nueva sociedad multiétnica.
Fuente: http://www.rel-uita.org/guatemala/las-disyuntivas-del-movimiento-popular/
