En SITRAHSAN estimamos que el trabajador no debe verse como una mercancía, ciertamente los legisladores también, deben legislar, algunas leyes se ha demostrado sólo favorecen un pequeño sector, esta última reforma, consideramos violenta para el trabajador del sector privado, la posibilidad de crecer como persona y en fin, si por la víspera se saca el día, pronto podríamos encontrarnos un escenario, donde el sector público en general, ante la desacreditación como colaborador del bien común, y visto por muchos como “burócratas” pues debamos también cumplir con una reforma en ese sentido.
Y lo más lamentable, visto desde los ojos de los trabajadores del sector privado, como enemigos y sujetos de gollerías que no nos merecemos, por el simple hecho de estar mejor organizados que ellos y contar con los Sindicatos que nos defiendan.
ACOJUPEMA (Asamblea de Cotizantes de los Regímenes de Pensiones de Jupema) informa sobre el contenido de los proyectos de ley sobre pensiones que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Y exige sean rechazados y archivados inmediatamente por el grave perjuicio que causarán a los dineros ahorrados por todos los trabajadores del país.
Como cotizantes y ciudadanos nos corresponde defender el derecho constitucional y humano a una pensión digna.
Fue una gloriosa conquista de nuestros abuelos y abuelas, que se organizaron en sindicatos para luchar y lograr que se promulgara esta legislación.
La oligarquía criolla hizo todos los intentos que estuvieron a su alcance para impedir su aprobación.
El país pasaba por un momento de mucha tensión social y política, con la lucha de clases en carne viva.
No creo q nos podamos imaginar, 80 años después, ese espíritu de combate y la vocación de lucha de aquellos humildes labriegos y sencillos obreros que se jugaron todo por el todo.
El 20 agosto de 1943, imagínense ustedes, en aquella época, desfilaron en las calles de San José, unos 10.000 obreros, para defender la reforma constitucional, las Garantías Sociales, que se había aprobado unos cuantos días antes, y para presionar al Congreso Constitucional, como se denominaba, para que aprobaran el Código de Trabajo.
En definitiva, pocos días después, el 27 de agosto de 1943, el Congreso aprobó el Código de Trabajo, que entró a regir el 15 de setiembre del mismo año.
El Código regulo los derechos de los trabajadores, el salario, la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas, los descansos, las vacaciones remuneradas.
Además, reconoció la libertad sindical, el derecho de negociación y la huelga, la más poderosa herramienta de la clase trabajadora.
Este 27 de agosto, estaremos celebrando o conmemorando el 80 aniversario del Código.
Lamentablemente, en tan solo 5 años destruyeron este Código, porque la nueva plutocracia política y económica, se trajo al suelo el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga y están a punto de sepultar la jornada humanitaria de trabajo, como la llamó el Doctor Calderón Guardia.
Despedazaron, tan solo en un quinquenio, el Código y no supimos defender esa conquista, que con sangre, sudor y lágrimas nos legaron nuestros queridos antepasados.
Quedamos en deuda con aquellos obreros bananeros, obreros urbanos, zapateros, panaderos, a quienes les corría sangre por las venas.
Desde hace una semana el Colegio Técnico Profesional de Pavas, CTP, se encuentra cerrado por problemas en la Junta de Educación de la institución.
Los estudiantes pusieron candados y cadenas para impedir el ingreso al colegio en protesta y exigen soluciones inmediatas.
Entre los problemas denunciados está el manejo irresponsable de los fondos y que no está cumpliendo con las necesidades básicas de la institución.
Representantes de la Junta llegaron esta semana a hablar con los estudiantes, sin embargo, no presentaron soluciones concretas, por tal razón todavía sigue el movimiento de protesta estudiantil.
Autoridades del Ministerio de Educación Pública, en lugar de intervenir para investigar las anomalías en el manejo de dineros de la Junta, trata de que no trascienda la noticia del movimiento de los estudiantes.
En todo esto, la Junta de Educación se ha confabulado con los intereses de ciertas personas en el sector de pavas.
UNDECA y BUSSCO respaldan a los estudiantes que exigen la intervención inmediata de la Junta. Y se proceda de inmediato a investigar por el medio más idóneo y con la mayor trasparencia las denuncias de presuntos malos manejos de fondos públicos.
Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH), mantiene su rechazo al proyecto de Ley 21182, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el 12 de julio anterior y que busca ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas.
Este proyecto de ley, ya enfrenta dos sendas consultas de constitucionalidad, debido a sus posibles violaciones a la Constitución Política y por errores en el procedimiento de discusión y aprobación legislativa.
Desde FENTRAGH, hemos señalado en reiteradas ocasiones que el proceso de discusión legislativa ignoró los planteamientos de la clase trabajadora y organizaciones sindicales, entre los que destacan las condiciones laborales cotidianas en los distintos sectores de la economía, como son las que imperan en el sector de la agroindustria. Asimismo, ignora la realidad de las mujeres trabajadoras e indígenas. Hemos destacado también, que la discusión legislativa debió privilegiar el fortalecimiento de la inspección de trabajo como herramienta para asegurar el respeto a los derechos laborales, en especial en las ramas económicas que representamos.
El proyecto de ley aprobado, propone que se realice un ajuste de un 16,67 en el salario mínimo en la jornada diurna (un 25% de ajuste si la jornada es nocturna) para las personas trabajadoras a quienes se les aplique el cambio de jornada. Esa decisión es un reconocimiento obligado que (tal como lo señaló FENTRAGH y muchos sectores opositores al proyecto), originalmente pretendía favorecer al sector empleador con un ahorro en el pago de horas extras, en detrimento de los salarios de los trabajadores.
Otro de los cambios que propone, es la aplicación de la jornada 4×3 solo en ciertos sectores de la economía y que la persona trabajadora puede rechazar la nueva jornada laboral propuesta por su patrono. De nuevo, ambas modificaciones dejan en evidencia que la intención original de sus proponentes era barrer con una de las conquistas más importantes de la clase trabajadora organizada en su historia, que es la jornada de 8 horas. El carácter “voluntario” es también una pretensión irresponsable de quienes aprobaron la iniciativa cuando ya sabemos que existe una clara diferencia de poder a favor del patrono, que, además, cuenta con una masa de personas desempleadas y desesperadas dispuestas a aceptar un puesto de trabajo bajo condiciones de precarización laboral.
En FENTRAGH, reconocemos que la realidad de los mercados laborales es cambiante y exigente y que, como actores fundamentales en esos mercados, debemos responder con diligencia y en forma propositiva sin renunciar al resguardo de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras.
El proyecto de ley lo justifican asegurando que fomentará la creación de empleos mediante la promoción de la inversión, especialmente en los sectores de zonas francas. Un sector que es prácticamente un enclave en la economía costarricense que emplea si acaso a un 5% de la población económicamente activa y muy poco vinculado con el resto de la estructura económica del país.
Esa afirmación, además, carece de fundamento técnico, como igualmente sucede respecto al impacto en la calidad de vida familiar, en las posibilidades de estudio y desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras, del impacto en las mujeres, trabajadores agrícolas, entre otros.
Para FENTRAGH, más bien resulta de la mayor importancia en estos momentos, impulsar leyes y políticas económicas que vengan a fortalecer los mercados internos y la capacidad productiva nacional, lo cual, realmente contribuiría a crear puestos de trabajo. La flexibilización laboral, que es lo que en el fondo representa el proyecto de ley de jornadas 4×3, es un paso más en la carrera “hacia abajo” en las condiciones laborales a favor de las ganancias de unos pocos y la imposición de nuevas formas de esclavitud.
Para FENTRAGH, también es imprescindible fortalecer la inspección laboral y garantizar el complimiento de los derechos de los trabajadores y los deberes de los patronos, si realmente queremos promover el respeto a los derechos laborales, como dice el proyecto de ley en su pomposo nombre.
Desde nuestra federación sindical, en conclusión, consideramos que este proyecto de ley es un retroceso en los derechos laborales y que vendría a ensanchar y agudizar sobre manera el acceso a los derechos de las personas trabajadoras, favoreciendo únicamente a un sector empresarial que poco le importa la salud y las implicaciones sociales que provocará hacer que los trabajadores laboren jornadas ordinarias de 12 horas.
El estar aprobándose la Ley 4-3 sería el último éxito del Capital contra el trabajador y sus organizaciones.
Logran condiciones para continuar fortaleciendo la incrementación de ingresos-riqueza, al tiempo que muestran que tienen el poder. Debilitan a la contraparte.
Ya antes, otro triunfo, La ley de empleo público. Y, antes, otro, una ley contra las huelgas. Y, antes otro, una reforma tributaria.
Un principio básico de sentido común estratégico dicta que, si lo que se está haciendo no está logrando sus objetivos hay que decidir, radicalmente, abandonarlo. Ni se está impidiendo el deterioro económico-político de los trabajadores, ni se está construyendo un poder popular.
Hay que tomar la iniciativa. Centrarse en un camino que integre sectores. Un aspecto fundamental es la Educación. Comenzar, no por creer que hay que cambiarla, sino por reconocer que es tal.
No hay Derecho, la Educación no es un derecho porque, no existe todavía.
Hay que tomar la iniciativa para construir el Derecho a la educación creándola desde las aulas, uniendo sectores, padres, educandos, educadores, personal de apoyo.
He aquí el problema, superar el temor, enfrentar las barreras, pasar del solo hablar a crear, organizando, integrando recursos, distribuyendo responsabilidades.
Cada elección es una posibilidad democrática y no se puede perder la esperanza de un cambio real en Guatemala. Sin embargo, los malos augurios abundan y no están carentes de razones y motivos bien fundados.
Frank Ulloa
El domingo 20 Guatemala debe escoger otra vez a sus gobernantes. ¿Pero de verdad se trata de una escogencia o de una nueva trampa de la historia reciente del país?
Cambiar de gobernantes para que nada cambie parece que ha sido una receta infalible.
Desde hace muchas décadas Guatemala ha sido gobernada por una élite cívico militar, vinculada a las grandes transnacionales que se han apropiado de los enormes recursos de este país.
Según el Banco Mundial, Guatemala es la mayor economía de Centroamérica, pero con la segunda tasa de incidencia de pobreza y el menor índice de desarrollo humano del continente, solo después de Haití y Honduras.
Este poder no está siendo cuestionado y tratarán de darle una nueva cara democrática al nuevo gobierno para que al final el cambio no lleve a verdaderas transformaciones.
Sin lugar a dudas, el sistema electoral permite dar la apariencia de un nuevo cambio y para esto se ha utilizado en las últimas décadas, pero parece ser un recurso agotado y toda esperanza de cambios por la vía electoral no hará otra cosa que aumentar la desesperanza.
Ganó la abstención
Tanto es así, que la abstención fue la ganadora en la última contienda de junio.
Con una cifra superior al 40 por ciento, la abstención expresó el rechazo a un sistema electoral poco creíble, que había excluido a tres candidatos presidenciales con opciones reales de triunfar como expresión de los sectores populares.
También las opciones de los pueblos originarios quedaron excluidas por decisiones judiciales o del sistema electoral. No es casual que los votantes se abstuvieran por cientos de miles en todas las regiones.
La crisis institucional que no parece acabar
Desde el “retorno a la democracia” se han sucedido elecciones y candidaturas, unas con más credibilidad que otras, pero al final los poderes de facto son los que renacen como las malas hierbas.
Después de cada episodio aparece la verdadera faz de una democracia castrada, limitada por poderosos intereses económicos, religiosos y militares, a los que ahora se intercala el poder del narcotráfico, que todo lo permea y penetra.
La crisis institucional no puede ser más grave. Grupos fascistas se han enquistado en la estructura del Estado y hacen que el Poder Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y la Fiscalía hayan perdido toda credibilidad, cuando logran utilizar las instituciones para eliminar adversarios, bajo el lema de para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
¿Cómo enfrentar estos retos con una fuerza popular minoritaria?
En este contexto, ¿es posible una alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente? ¿Pueden esperarse cambios en la legislación laboral y garantías de libertad sindical?
En las sombras
Si nos atenemos a la experiencia histórica podemos preguntarnos: ¿esta vez los poderes ocultos permitirán un cambio real?
Semilla y su candidato, Bernardo Arévalo, tienen dos opciones: o pactar con sectores de las elites políticas y empresariales para darles garantías de estabilidad y lograr un mínimo de gobernabilidad o hacerlo con la población rural, los pueblos indígenas, los sindicatos y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pero la falta de una propuesta renovadora de derechos aumenta la desconfianza mutua y hace que esta última posibilidad sea remota, y más bien se piense en una nueva constitución política que reorganice el viejo Estado opresor.
Además, el nuevo gobierno requerirá de capacidad política para enfrentar nuevas demandas del movimiento popular y sindical que siguen pendientes: enfrentar el desempleo creciente, la corrupción, la depredación del ambiente y la violación de los derechos laborales y sindicales, las necesidades de vivienda popular y tantas otras que aún no tienen una solución a la vista.
Desde una perspectiva sindical, solo se puede esperar un diálogo limitado, más represión en las empresas, menos espacios de negociación y una mayor violación de los derechos laborales.
Foto: Gerardo Iglesias
Una posibilidad democrática o una nueva frustración
Semilla será una fuerza política minoritaria, con poca posibilidad de incidencia sobre el sistema judicial, legislativo y frente a los poderes fácticos. El camino para el movimiento y para su candidato no es nada fácil.
El Congreso será controlado en gran medida por los partidos tradicionales, incluido el partido Vamos, del presidente saliente, y la UNE, de Sandra Torres.
Incluso si Semilla gana en las urnas este domingo, según lo prevén las encuestas, empezará un camino de obstáculos de todo tipo, inclusive por parte de los militares, porque cada vez más se abre la posibilidad de un golpe frente a la crisis institucional que se va a prolongar por los siguientes años.
Para otras fuerzas políticas como el CODECA, que representa la mayoritaria población indígena, ni Torres ni Arévalo parecen una alternativa a las grandes necesidades de la población guatemalteca.
Existe además una oposición razonada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) de Telma Cabrera; del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, cuyo proyecto se orienta a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para dar paso a un Estado Plurinacional y la nacionalización de la electricidad.
Límites de una victoria
Si gana, Arévalo deberá gobernar con una institucionalidad fallida.
Este domingo 20 puede repetir el abstencionismo.
Según las encuestas, Arévalo obtendrá más de 60 por ciento de los votos, porque Sandra Torres tiene un elevado número de electores desmotivados.
Todo parece indicar que en este contexto no es posible abrir las puertas a la democracia y enfrentar la arremetida autoritaria. Las elites parece que pueden dormir tranquilas.
Si Arévalo triunfa, cualquier plan de gobierno que pudiera tener enfrentaría la oposición de la mayor parte de bancadas en el Congreso, lo que elimina cualquier tipo de cambios en profundidad.
Arévalo puede darle una cara democrática a un sistema político caduco y fallido, o bien otra vez fallar en el intento.
El poder de la derecha intransigente, de los empresarios fascistas, los militares, la burocracia judicial, así como estructuras criminales, están en entredicho, pero no han sido derrotadas y continúan en el juego político.
Tienen una gran capacidad de mimetizarse entre los laberintos de la institucionalidad democrática de la constitución fallida.
Los pueblos indígenas deberán seguir en resistencia. No hay esperanza de un cambio real.
La democracia guatemalteca sufre la erosión lenta de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Aun así, quisiera pensar que la Semilla de la democracia finalmente germinará y sus frutos serán repartidos en una nueva sociedad multiétnica.
Especialistas advierten sobre cómo el proyecto de ley podría vulnerar uno de los principales derechos conquistados por las y los costarricenses
Desde hace varios años, especialistas en salud y defensores de la lactancia materna han sido contundentes: amamantar es una de las mejores inversiones en salud para la supervivencia de la especie humana y el costo de no hacerlo tiene enormes implicaciones a nivel individual, familiar y social.
Pero, a pesar de los enormes beneficios de la lactancia ya comprobados por la ciencia, en ocasiones pareciera ser que al mundo empresarial se le olvida y surgen cambios que podrían vulnerar este derecho.
A ese consenso llegó la Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica; la M.Sc. Virginia Marín Arias y la Lic. Ivannia Solano Jiménez, ambas de la Defensoría de los Habitantes y la Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, durante la VII Jornada de Promoción de la Lactancia Materna, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con la M.Sc. Virginia Marín, con las modalidades de jornadas que propone el proyecto de ley 4×3 —una diurna de hasta doce horas con tres días libres, y otra nocturna de hasta doce horas con cuatro días libres—, las protecciones que por tanto tiempo el país ha luchado a favor de la lactancia materna, las madres y la niñez costarricense podrían debilitarse. ¿Las razones? Varias.
El primer motivo, comentó Marín, se debe a que “el proyecto de ley, simplemente, lo que hace es prohibir las jornadas excepcionales para las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o en embarazo”. Si bien esa medida puede entenderse como una acción proteccionista, también se podría considerar como una medida discriminatoria que, eventualmente, podría vulnerar la lactancia materna.
“Se dice que las jornadas excepcionales son voluntarias. Pero, ¿hasta qué tanto pueden ser voluntarias? ¿Hasta qué tanto las mujeres, que no se les permite trabajar jornadas excepcionales y que están bajo el periodo de lactancia, podrían verse obligadas a tomar la jornada excepcional y renunciar a su derecho de lactancia? Esto es un riesgo. Si se les excluye, esto no significa que la lactancia materna no vaya a tener consecuencias. ¡Claro que sí! Puede ser que las mujeres decidan no dar más de lactancia para someterse a jornadas excepcionales y renunciar a su derecho”, mencionó Marín.
Lo anterior se vuelve más retador si se contempla que el proyecto de ley propone pagar un porcentaje adicional a la hora mínima que se establezca. Según Marín, esto constituye un verdadero peligro para los derechos de las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o embarazo. Muchas, con el fin de conseguir ese dinero adicional por sus condiciones de vida, pueden verse obligadas a acogerse a jornadas excepcionales ampliadas y renunciar a sus derechos.
Como si eso no fuera suficiente, el proyecto de ley también tiene otros puntos débiles. Uno de los aspectos señalados por la especialista es el periodo de adaptación. El proyecto de ley plantea que la persona trabajadora tiene tres meses para adaptarse a la nueva jornada y, si no lo logra, deberá ser reinstalada en su jornada ordinaria. No obstante, si del todo se comprueba imposibilidad, la persona deberá ser liquidada.
“O sea, yo voy a probar y, si a los tres meses soy consciente de que no me sirve esa jornada porque no me siento bien, aquí el inciso le permite al empleador ser despedido. Entonces, nos enfrentamos a una reforma normativa que viene a remover nuestros derechos y las garantías que por años hemos disfrutado”, mencionó Marín.
En lo mismo coincidió la Lic. Ivainia Solano Jiménez. Para ella, este proyecto —ya de por sí complejo— posee muchas reformas. De todas, la más desafiante son las jornadas excepcionales y cómo se utilizarán los tiempos, pues marca una visión distinta a la que tiene Costa Rica actualmente.
“Cuando la Defensoría hizo el criterio de este proyecto de ley, se trabajó entre áreas porque esto afecta la vida de todas las personas trabajadoras, de sus familias, personas dependientes y de todas las diversidades y habitantes del país. Entonces, cuando la Defensoría de la Mujer participa en el criterio, los llamamos a tomar en cuenta otros elementos como el trabajo decente”, mencionó Solano.
¿Trabajo decente? ¡Sí! Uno que incorpore el ingreso justo, la seguridad, el desarrollo, la libertad de expresión, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
También, el uso del tiempo para que la persona tenga un balance entre lo privado y el trabajo. Precisamente, por eso la ley ampara la jornada de ocho horas, porque permiten un balance sano en la vida de la persona: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de disfrute.
“¿Qué le dijimos a la Asamblea? Que antes de meterse a las jornadas tenemos que revisar cuáles son las condiciones que nos van a garantizar los componentes del trabajo decente, incluyendo la posibilidad de tener un balance entre las responsabilidades familiares, el trabajo doméstico no remunerado y su vida laboral”, enfatizó la licenciada.
Lo anterior es especialmente importante si se revisa la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2022, la cual revela que incluso, en la división de tiempo convencional de ocho horas, las mujeres son las que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado (32 horas) versus los hombres (15 horas), semanalmente. Entonces, si trabajan jornadas excepcionales, ¿cómo harán frente a tantas tareas, entre ellas la lactancia?
“Esto puede exacerbar las prácticas laborales discriminatorias contra las mujeres, sobre todo, en edad fértil de procrear. En caso de embarazo o lactancia a ellas no se les puede incluir en la jornada excepcional. Entonces, su contratación no contribuye al objetivo de la empresa”, reflexionó la abogada.
En efecto. Tan solo analice: ¿qué pasará si una empresa decide consolidar el servicio 24/7?, ¿para qué la empresa va a pagar tres turnos si ya tiene la jornada excepcional?, ¿qué va a pasar cuando ya no estén disponibles puestos con jornadas de ocho horas y las mujeres no puedan permanecer en el empleo porque solo esa jornada le sirve?
Una mirada biológica
La Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica, hizo una reflexión similar pero desde la biología humana.
Para Broitman, las jornadas extendidas generan periodos importantes de separación entre la madre y el bebé que pueden afectar la salud física y hasta mental del lactante. Además, incide en una menor producción de leche activa y abundante. La razón radica en nuestra más pura esencia: somos mamíferos.
“El ser humano es un mamífero placentario de la familia de los homínidos. Nos comparamos con los simios, chimpancés y orangutanes. Nosotros estamos hechos y diseñados para que las crías se alimenten con leche materna por varios años. Esto no solo favorece la salud, sino que también el vínculo afectivo. Lo que queremos son sociedades más saludables, amorosas y con mejores seres humanos y parte de ese proceso inicia en ese momento”, argumentó Broitman.
Si quiere comprobar lo anterior tan solo voltee a ver la naturaleza. Con esto se dará cuenta de que los mamíferos amamantan a sus crías entre dos y doce veces. ¡Claro!, hay excepciones. “Están los osos pandas gigantes que amamantan cuarenta veces y los canguros rojos que lo hacen solo una vez cada tres días. Si fuéramos “canguras rojas” tal vez ahí sí nos funcionaría la jornada extendida, pero no lo somos”, acotó Broitman.
A esa retadora realidad se le acompaña otros elementos característicos de nuestra especie, como el tener bebés altamente vulnerables que requieren largo tiempo de cuidado para garantizar su desarrollo físico y cerebral, así como glándulas mamarias incapaces de almacenar leche.
Si algo hay que tener claro, es que la glándula de la mujer está hecha para producir la leche en el momento del estímulo al pecho y su óptimo funcionamiento radica de un vaciamiento frecuente. Si un bebé no mama frecuentemente, la producción será sensible a esos cambios y la producción irá desapareciendo.
“Ya hoy en día, con la jornada normal, es sumamente difícil mantener la lactancia. En las estadísticas se ve claramente cómo decae la lactancia materna exclusiva en la madre que se reincorpora al trabajo. Si la mujer está mucho tiempo afuera y decide acogerse a la ley, ¿cómo será si tiene que ir doce horas? La producción es sumamente sensible y puede perderse muy rápido”, mencionó la expositora.
¿Alternativas? Muchas, pero ninguna ha logrado igualar a la biología humana. La succión de un extractor, por ejemplo, jamás será igual que la cascada hormonal que produce esa mujer cuando tiene a su bebé en el pecho y la leche de fórmula nunca podrá asemejar en su totalidad el oro líquido de la leche materna original.
“En los últimos 100 años hemos sustituido la leche con el boom de las fórmulas. ¿Y qué tenemos? Bebés más enfermos, una marcha alérgica acelerada, obesidad infantil, problema de enfermedades no transmisibles y otro montón de cosas más. La leche materna no es solo comida, es contacto, comunicación, es seguridad, es calor, es amor”, aseveró Broitman.
Deudas pendientes
La Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, dejó claro que todavía hay mucho por hacer. Tan solo el Código de Trabajo data de 1943 y, si bien muchos artículos han tenido sus reformas, hay varios que rigen tal cual fueron escritos en sus inicios. “Muchos siguen siendo ambiguos y por eso tenemos que recurrir a la Sala Cuarta porque la ley siempre ha sido muy omisa”, afirmó.
La Dra. Chaves también resaltó la discriminación, la desigualdad en cuanto a horas de lactancia (las mujeres de la CCSS tienen una hora y media), así como la distribución horaria.
Por su parte, la M.Sc. Viviana Guerrero Chacón, docente de Filosofía de Ética Médica y Bioética de la UCR, tampoco se aleja de esa realidad. La filósofa amplío que las personas encargadas de realizar políticas públicas no han entendido el peso social que tiene la lactancia.
“Aquí el tema es que parece que tenemos otro desafío de que nos estamos sacando las cartas entre gitanas. Nosotras lo sabemos, pero ¿lo saben las otras personas que están en la Asamblea Legislativa haciendo esa política pública que le llamamos ley?”, reflexionó la experta.
Guerrero mostró algunos de los desafíos pendientes y el más importante de todos es el de la pluralidad. No, no existe la mujer, sino las mujeres y las personas lactantes como hombres trans. En Costa Rica existe una gran diversidad que no ha sido contemplada en las leyes porque, incluso, hasta los pueblos indígenas viven la lactancia de manera diferente.
Ante esto, es necesario ir construyendo una política pública suficientemente abierta de tal manera que quepan todos los sujetos que lactan, no solo mujeres. De igual forma, es importante empezar a cambiar la noción de que el cuerpo es una cosa cerrada y todos son iguales.
“Las mujeres cábecar o bribri no ven la lactancia de la misma forma y nosotros aquí decimos: las mujeres indígenas, como si todas fueran iguales. No se puede universalizar el sujeto de la lactancia. Esto discrimina a las personas. Además, las políticas no las definen las mujeres lactantes, sino los médicos. Hay un autoritarismo médico, político y de solo algunas voces. Tenemos que exigir que nos escuchen porque están haciendo políticas sobre nuestros cuerpos y jamás nos preguntaron qué queríamos. Como mujeres tenemos que aliarnos. No intentando que todas pensemos igual, sino uniéndonos en la diversidad”, consideró Guerrero.
Reviva la jornada completa en
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
