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Lenin Hernández critica a Esquivel y al gobierno por no atender las prioridades en la CCSS

Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.

En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.

Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.

Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.

ANEP Joven desarrolló cine-foro sobre histórico documental «El codo del Diablo»

La seccional ANEP Joven y la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, realizaron en la sede de la ANEP, el cine foro sobre el documental costarricense, el Codo del Diablo. Con esto se propusieron recordar y analizar este triste capítulo de la historia en la lucha sindical costarricense.

Además, esta iniciativa se hizo con el objetivo de crear conciencia, sensibilizar y conocer la historia de la clase trabajadora. María Laura Sánchez Rojas, directora de la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, recalca la importancia de dar a conocer la historia para formarse con base en ella y estar pendientes de todo lo que pasa actualmente en la realidad del país.

Se les invita a visualizar el video.

Firma de documento de oposición al proyecto de ley que elimina el 10% para saloneros

En la sede del ANEP el presidente de la seccional Ricardo Moreno Niño y el secretario general Albino Vargas Barrantes, mencionan el gran trabajo investigativo y analítico que se ha realizado para firmar el documento que va dirigido a la Asamblea Legislativa, la oposición al proyecto de ley que elimina la ley del 10% para saloneros, proyecto de la diputada Carolina Delgado.

Invitamos a ver el video en donde se realiza la firma y se habla con mayor detalle.

ANEP solicita valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

En una nota emitida el 16 de septiembre de 2024 por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dirigida a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se solicitó una valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a serias preocupaciones sobre la objetividad y credibilidad de los estudios actuariales presentados por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

El documento detalla los resultados de una reciente valoración actuarial realizada por la actuaria Carolina González Gaitán, en la cual se recomendó implementar reformas que incluyen la eliminación de la pensión anticipada, el aumento de las cuotas y que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud. Estas propuestas, según la ANEP, generarían mayor desigualdad para los pensionados, desincentivando la afiliación al régimen IVM y agudizando los problemas de sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

El documento también pone en duda la capacidad técnica y la imparcialidad de González Gaitán, señalando denuncias previas por parte de la ANEP, así como el involucramiento de la Contraloría General de la República, que remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Se hace referencia a la falta de confianza en los productos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y se acusa que ciertos actores, como Otto Guevara Guth, han aprovechado esta narrativa para impulsar una agenda política que promueve una visión «todo mercado y nada Estado», la cual la ANEP considera antihumana.

La carta concluye solicitando una valoración externa técnica y objetiva, sugiriendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como ente evaluador, y enfatiza la necesidad de mejorar el pago de la deuda del Gobierno con la CCSS como una medida clave para asegurar la sostenibilidad del sistema.

El documento está firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, y copiado a diversas figuras relevantes dentro del ámbito gubernamental y social, como la Defensora de los Habitantes y la Contralora General de la República.

Invitamos a leer el documento para mayor detalle; la verdadera democracia es la de pleno respeto a todos los derechos humanos.

Defensoría alerta agotamiento del personal penitenciario

Solicitó informe a Justicia sobre plazas vacantes, en proceso de nombramiento y estudio sobre cargas laborales

Tras varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 a la fecha, y mediante un proceso de entrevistas se logró constatar el cansancio y agotamiento en el que se encuentra el personal no sólo policial, sino técnico, administrativo y de salud.

Según ha comprobado la Defensoría a través de entrevistas, el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud. Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas.

Ante ello, la Defensoría considera que esta situación afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales. Para la institución, el sistema penitenciario se encuentra atravesando una crisis que se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad.

Sobre la cantidad de personal técnico y administrativo en los centros de atención institucional y unidades de atención integral, en inspecciones realizadas en lo que va del 2024 en los Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio, la Defensoría verificó la existencia de plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o, hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que produce un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la dilación en los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, entre otras labores.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que indique si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas, Adaptación social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo.

Si bien la Administración plantea su potestad de reubicar y recargar funciones y señala las limitaciones presupuestarias y de infraestructura por las que atraviesa actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y, en general, el sector público, lo cierto es que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios. Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.

Para esta Defensoría, el Ministerio de Justicia y Paz debe adoptar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para garantizar a los centros penitenciarios la cantidad suficiente de personal y considera relevante tener información actualizada acerca de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, pues de ello depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Además, solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el fin de velar por las condiciones de trabajo del personal técnico, administrativo y de salud de dichos establecimientos.

En una respuesta ofrecida por el departamento de gestión institucional de recursos humanos y la unidad de organización y empleo del Ministerio de Justicia a la Defensoría se señala que han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda a aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos. “En razón de la necesidad de cumplir con los diferentes compromisos de estas nuevas unidades administrativas se implementó como estrategia institucional un reacomodo temporal del recurso humano institucional ya existente mediante traslado temporal, de manera que permitiera iniciar funciones en estas dependencias, sin embargo, este recurso no ha sido posible ubicarlo nuevamente a su unidad de origen. En este sentido, se posee una plantilla limitada de puestos para cubrir con las diferentes encomiendas…”

Además, informó esta dependencia de Justicia a la Defensoría que, en razón de que no se pueden nombrar plazas, reasignar plazas y de que el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito y, el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se hace materialmente imposible que algunas unidades administrativas puedan cumplir con los objetivos trazados.

En cuanto a reubicación de plazas, Justicia informó el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento un total de 47 plazas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El congelamiento de los salarios se vuelve contra la economía

Manuel Hernández

La versión más dura del neoliberalismo “tico”, que reprodujo las recetas de austeridad europeas (2010), se materializó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, N 9635.

Esas recetas están agotadas, las cuales resultaron procíclicas y perversas.

La reducción del gasto público y la política de congelamiento de las remuneraciones no crearon crecimiento, ni reactivación económica.

La consecuencia que tenemos a la vista, de los últimos 4 años, es que la demanda interna dejó de ser motor del crecimiento de la economía del país.

Países europeos, como España, después de la COVID19, que por cierto, obligó a la UE a suspender la aplicación general de la Regla Fiscal, confirman que el crecimiento económico se ha visto favorecido por la combinación de un conjunto de factores, entre los cuales sobresalen los aumentos salariales y el fortalecimiento del mercado laboral.

En España, el crecimiento interanual de los salarios en noviembre 2023 fue de un 6%, y un 4,2 en agosto de 2024, impulsado por varias reformas legislativas que fortalecieron el empleo y el mercado de trabajo.

Por contrario, nuestro país sigue aferrado, como mono en medio de un vendaval, a las políticas de austeridad, que han sido un rotundo fracaso.

Solo los fundamentalistas, a estas alturas, se atreven a sostenerlas.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Reajuste de Pensiones y la Evaluación de la Invalidez

En septiembre de 2024, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) emitió un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este, se plantea la urgente necesidad de ajustar el monto de las pensiones bajo el Régimen No Contributivo (RNC) y se solicita información relacionada con la invalidez y discapacidad en el sistema de pensiones. Este proceso resalta la lucha constante por garantizar pensiones dignas y una vida adecuada para las personas más vulnerables del país.
Desde 2010, el RNC ha sufrido una pérdida del 25% en el valor adquisitivo de las pensiones. Actualmente, más de 142.571 personas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, reciben un monto fijo de ¢82.000 al mes, el cual no se ha ajustado desde 2019. De acuerdo con los cálculos basados ​​en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ), el monto debería ser de al menos ¢102.500 para compensar el aumento en el costo de vida.
Este desajuste afecta a pensionados que dependen exclusivamente de estos ingresos, personas en situación de pobreza extrema o indigencia que no califican para otros regímenes contributivos de seguridad social. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 establece el derecho de las personas mayores a una vida digna, la cual claramente no está siendo garantizada en el contexto actual del RNC. La ACSS también apela al Convenio C128 de la OIT, que obliga a los países a ajustar las prestaciones cuando hay variaciones notables en el costo de vida.

En respuesta a la solicitud ACSS-007-2024, emitida por la ACSS en septiembre de 2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS indicó a través del Lic. Olger Pérez Pérez y el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo que, debido a limitaciones presupuestarias, no será posible realizar el ajuste de pensiones para el año 2024. Sin embargo , se asegura que el tema se revisará nuevamente en 2025, dependiendo de los recursos disponibles.

Otro punto importante de la solicitud de la ACSS es el reajuste de las pensiones bajo la Ley N° 7125, que otorga pensiones vitalicias a personas con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, y otras condiciones neurológicas graves. El documento de la CCSS menciona que, si bien no se pudo hacer el ajuste al inicio de 2024 debido a limitaciones presupuestarias, la actualización de las pensiones se realizará en la planilla de septiembre, incluyendo el pago retroactivo desde enero​.

En última instancia, la solicitud también incluyó información detallada sobre la evaluación de la invalidez bajo el RNC. Rodrigo Arias López, uno de los firmantes de la petición de la ACSS, destacó la importancia de recibir una lista clara de las enfermedades neurológicas consideradas equiparables en severidad a la PCP, el autismo y el mielomeningocele. En respuesta, el Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de Invalidez de la CCSS, explicó que la evaluación se realiza según las Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad, aprobadas por la Junta Directiva en 2019​.  Este documento establece los lineamientos médicos y técnicos para determinar el grado de discapacidad de los solicitantes y su derecho a una pensión. Dicha guía es clave para garantizar una evaluación justa y objetiva, permitiendo que las personas con condiciones neurológicas severas reciban el apoyo que necesitan

Para quienes deseen consultar más detalles, se incluye la Guía para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad.

Las verdades sobre el sindicalismo del magisterio

Por: Gilberth Díaz Vásquez
Presidente del SEC

La construcción de un estado social y democrático, así como el justo derecho del trabajador en conquistar sus más nobles aspiraciones, han sido los ideales que guiaron a las sociedades para encontrar su liberación de las más oprobiosas esclavitudes, muchas veces impuestas por los grupos poder.

Hoy en día, en la sociedad moderna que vivimos, la humanidad se enfrenta a nuevas clases de esclavitud y explotación, que degradan y someten a la miseria extrema a miles de seres humanos. Sin embargo, estos flagelos tienen una particularidad, que pueden ser impuestos y obligados, como también aceptados y promovidos por propia voluntad de quien los padece.

La propagación de la drogadicción en todas sus formas (muestra del sentimiento de muchos de estar drogados para no enfrentar los grandes problemas personales y nacionales que vivimos), el narco sicariato (que cada día secuestra más de nuestros niños y jóvenes para ser reclutados en tan vil actividad), el narcotráfico (que para muchos cada día va siendo el único medio de subsistencia); así como el desempleo o empleo bajo condiciones que retratan las más mínimas y paupérrimas condiciones laborales, la pobreza extrema, el analfabetismo o la seudoalfabetización sin ningún grado de rigor o aporte como herramienta para el desarrollo humano, constituyen algunas de las múltiples realidades nacionales esclavizadoras.

Es frente a este oscuro panorama, que día a día enluta a la familia y trabajadores costarricenses, que surgen a la luz pública las grandes verdades del movimiento sindical en el magisterio nacional, principalmente al mostrarse como herramienta, no sólo de la dignificación laboral, sino también de todo el pueblo costarricense.

Al estar a la par de la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, la conserje, el conserje, la administrativa, y el administrativo, todos verdaderos héroes diarios, que se enfrentan día a día a las consecuencias de las esclavitudes antes dichas. Al estar a la par de la estudiante y del estudiante, principalmente de aquellos que menos recursos económicos tienen para tener acceso, a lo que debería ser la garantía de un derecho humano universalmente tutelado; el movimiento sindical magisterial demuestra la más noble verdad en los derechos de todas aquellas personas que ofrendan su trabajo, e incluso su vida para garantizar lo que el propio estado ha dejado de tutelar y garantizar.

Las verdades muchas veces incomodan o inquietan, principalmente frente al gobernante populista, irrespetuoso y opresor; frente al político oportunista, mediocre y corrupto, frente al poder mediático cómplice del robo descarado de lo que debería ser la crítica e instruida opinión pública. A pesar de ello, la verdad permanece incólume, haciendo su trabajo en beneficio del bien común, y de la construcción de un futuro esperanzador para todos los habitantes de la república.

Los últimos acontecimientos nacionales, donde se plasma la cruda realidad de considerar como un gasto para el estado la educación pública y gratuita, donde muchas de nuestras escuelas y colegios se encuentran desmanteladas por la falta de mantenimiento e inversión, donde el trabajador de la educación se encuentra excluido y relegado a las más ruines condiciones de trabajo, donde miles de estudiantes se ven obligados abandonar las aulas escolares, colegiales y universitarias debido a las grandes barreras económicas y materiales que enfrentan, reflejan otra gran verdad, sea la razón que tenemos los sindicatos del magisterio de protestar por éstas y muchas otras oscuras realidades.

Nuestra labor diaria de escuchar a nuestros hermanos trabajadores de la educación, donde nos exponen todas las siniestras realidades a las que se enfrentan, y que en no pocas oportunidades -tienen inclusive- con sus escasos recursos personales, hacer frente a garantizar todas aquellas ayudas que permitan que una niña o niño, o joven puedan continuar estudiando, puedan alimentarse, puedan vestirse y calzarse, es nuestra profunda motivación para entender la verdad de la noble tarea que realizan los sindicatos del magisterio.

El SEC, fiel reflejo de la defensa de los intereses patrios, de las más nobles luchas por el rescate nacional, del trabajador de la educación, de la niñez y juventud costarricense, desde sus propios orígenes, ha logrado defender la incólume verdad de que sin el magisterio este país se encontraría sumergido y atado a los más ruines y nefastas miserias, que como la historia patria ha demostrado, muchos políticos de turno trataron de imponer; más sin embargo logramos contener.

En honor a los trabajadores de la educación que ya partieron y que dieron su mejor esfuerzo, a los que hoy nos acompañan en nuestras más nobles y sublimes luchas reivindicadoras, al futuro que estamos construyendo y defendiendo para las nuevas generaciones; en honor a la verdad, de que el mundo ha sido mejor por los movimientos sindicales, que actuando en apego a sus principios, en apego a sus sacrificios brindaron dignidad al trabajador y solución a los grandes problemas que el momento histórico les demandó. A todos ellos, el SEC levanta el estandarte de la verdad en la lucha por una Costa Rica más justa, que garantiza el derecho humano a la educación para todos.

Al noble pueblo costarricense les podemos asegurar, que ni el narcotráfico, ni el corrupto y corruptor político, ni los gobernantes populistas, ni los medios de comunicación corruptos, podrán matar la fe y esperanza de una patria libre de toda esta paria que nos esclaviza. A todo ese noble pueblo, les hacemos un llamado para que se unan a las luchas sindicales del magisterio en favor de nuestro más amado y preciado futuro y su rescate, sean nuestras niñas, niños y jóvenes. Concluyo, haciendo mías las gloriosas palabras de Ovidio: Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman”

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social pide aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta una solicitud dirigida a la Licda. Glenda Sánchez Brenes, Directora de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. A través de este documento, los firmantes, auditores ciudadanos, solicitan lo siguiente:

Principales peticiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

  1. Aumento de las pensiones no contributivas : Los auditores solicitan la revocatoria de un acto administrativo emitido el 5 de septiembre de 2024 por la Dirección Nacional de Pensiones, que consideran lesivo para la población más vulnerable. Argumentan que la falta de un incremento en las pensiones condena a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidades a una mayor pobreza, violando lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de Costa Rica. Estos artículos garantizan el bienestar general y la protección especial a las personas mayores.
  2. Acceso al convenio de cooperación : Se solicita una copia del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (RNC), que tiene como objetivo mejorar la gestión y la entrega de subsidios a quienes más lo necesitan. 
  3. Informe detallado sobre la deuda del Estado : Se pide que se informe sobre el estado actual de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que se destina, entre otras cosas, a financiar el RNC. Esta solicitud se basa en el informe de la Contraloría General de la República (Informe N° DFOE-SAF-IF-00007-2019), que señala una deuda significativa acumulada por el Estado a lo largo de los años, lo cual ha afectado la capacidad de financiamiento de los programas sociales, entre ellos las pensiones no contributivas.

La ACSS, en su solicitud, subraya la importancia de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asuma su responsabilidad en la revaloración de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). Aunque la administración de este régimen está a cargo de la CCSS, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es el responsable de asegurar que se asignen los recursos necesarios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación y las pérdidas de valor.

Un aspecto central de la argumentación es la mención del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS para fortalecer el RNC. Este convenio, que incluye la colaboración en términos de financiamiento y gestión de los fondos, se presenta como una evidencia de que ambas instituciones tienen la responsabilidad conjunta de garantizar el bienestar de las personas que dependen del RNC. La Auditoría Ciudadana argumenta que este convenio refuerza la obligación del Ministerio de Trabajo de velar por que los recursos asignados a estas pensiones sean suficientes y se ajusten conforme a las necesidades actuales de la población.

La firma de este convenio también pone de manifiesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un rol activo en la protección social, más allá de la administración pasiva de los recursos. La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social resalta que cualquier interpretación en contrario sería un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen a esta entidad.

Le invitamos a seguir el enlace y leer el documento completo para conocer más detalles sobre esta gestión y la relevancia de los temas expuestos.

Gobierno promulga arbitrariamente nuevo reglamento para nombramiento de representantes de sector laboral y patronal de junta directiva CCSS

UNDECA

En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.

UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.

Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.

“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.

El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.

El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.

UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.

Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”

La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.