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Pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS

Rodrigo Arias López compartió unos cuadros con la pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto según señala, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no le repone a los pensionados la inflación de los precios, y en el momento en que acuerda algún reajuste, este es cancelado de forma tardía y devaluado.

En ambos cuadros se incluye «periodo de vigencia» que es el período de años en que se pensionaron las personas respectivas, la «pensión promedio actual» es el promedio de los montos de pensiones vigentes en setiembre de 2022, «pensión promedio inicial actualizada» es el promedio de las pensiones iniciales actualizadas con el Índice de Precios al Consumidor al 31/1/2023, el «monto promedio mensual de pérdida» es la diferencia entre la «Pensión promedio inicial actualizada» y la «Pensión promedio actual», la «Pérdida porcentual de valor de la pensión» es la relación de el «Monto promedio mensual de pérdida» y la «Pensión promedio actual», el «Monto anual dejado de pagar por la CCSS» es el la «Cantidad de pensiones» multiplicada por 13 veces el «Monto promedio mensual de pérdida», para incluir el aguinaldo. Y a esto se debería agregar el costo del 14% que el Seguro de Salud dejará de recibir.

El Cuadro 1 que comparte contiene a todos los pensionados de la planilla de setiembre de 2022, exceptuando un grupo de tres mil personas que se pensionaron antes de 1985, en este cuadro aparecen las pensiones que han tenido alguna ganancia como las que han tenido alguna pérdida. En este se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡163.624.500.172.

El Cuadro 2 incluye únicamente las pensiones que han tenido pérdida. En este cuadro 2 se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡179.316.405.592. Además, un total de 287.853 de pensiones han sufrido pérdida de valor, de ellas 274.754 pensiones fueron otorgadas de 1995 en adelante. Por ejemplo, cada una de las 40.866 personas del Cuadro 2 que se pensionaron por vejez en el período 2010-2014 está perdiendo en la actualidad en promedio ₡39.382,78 por mes (9,9%) o ₡511.976,09 por año.

De igual forma, compartió un tercer cuadro titulado “Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a setiembre de 2022” en el que expone sobre la suficiencia de las pensiones de IVM. El cuadro incluye el “rango de la pensión”, la “cantidad de pensionados” para un total de 330.397, la “distribución relativa” y la “distribución acumulada” por el rango de pensión. 

Si desea observar las publicaciones de Facebook completas lo puede hacer a los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/1136685301/posts/pfbid028E39bu7XDG9wPUxfwdtbycbHsw3cRiq3XMjHVsYT5KurWcFSA3ZRrEn9uHrwCFKHl/?mibextid=Nif5oz y https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XiS5pTmkhMiGiCvAb3LfMGbnP4t11qvnxM7Gog3wbSnMBRQ8EaTYX7GbxsYqcQhGl&id=1136685301&mibextid=Nif5oz

Graves amenazas contra dirigente sindical

Foto: Rel UITA

Con Steve Rodríguez

La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.

Giorgio Trucchi

Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.

Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.

“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.

El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.

“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.

Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.

“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.

En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.

Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.

Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/graves-amenazas-contra-dirigente-sindical/

Denuncian posible despido de 650 trabajadores de Finca Piñas del Muelle

El pasado miércoles 23 de febrero de 2023, Obeth Morales Barquero, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA), y afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía y Afines (FENTRAGH), compartieron un mensaje sobre la empresa agroindustrial Piñas del Bosque Sociedad Anónima, subsidiaria de la multinacional United Fruit Company, Dole, la cual realizó un comunicado los pasados 21, 22 y 23 de febrero del presente año dirigido a todos los trabajadores de Finca Piñas del Muelle sobre la posibilidad de un despido masivo de 650 empleados de dicha empresa. 

Al SINATRAA se le comunicó que esta decisión se da a raíz de una solicitud por parte del Comité Permanente a la empresa. Morales Barquero comenta que el SINATRAA desconoce las causas y los impactos reales que el despido masivo generaría. Ante esta posibilidad el sindicato solicita la intervención de todas las autoridades costarricenses, para que garanticen los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Finca Piñas del Muelle.

Si desea observar el comunicado completo, lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/iTuUKyNjl3/?mibextid=qC1gEa

 

Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández.

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Dole amenaza con despidos masivos

Obeth Morales | Foto: Giorgio Trucchi.

Con Obeth Morales

Una vez más, Dole/Standard Fruit Company se quita la máscara y muestra su verdadero rostro, amenazando con despedir a la totalidad de trabajadores de su subsidiaria Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, acabando de esta manera con el sindicato y el conflicto colectivo en curso.

Giorgio Trucchi

Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), explicó a La Rel que, a partir de 2018, la transnacional frutera ha venido precarizando las labores.

La conformación, un año después, del sindicato permitió frenar en parte este proceso.

“Desde que nacimos buscamos el diálogo con la empresa para garantizar mejores condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores. Lamentablemente, Dole ha negado sistemáticamente cualquier tipo de acercamiento”, dijo Morales.

Después de repetidas denuncias y ante el silencio cómplice de las autoridades del Trabajo, varias decenas de trabajadores del departamento de deshije de piñas acudieron al sindicato.

Después de una atenta evaluación, el Sinatraa propuso la interposición de un conflicto colectivo de carácter económico y social por la vía judicial, medida que encontró el apoyo de la inmensa mayoría del personal.

“Como varios de ellos no eran afiliados, decidimos conformar una coalición temporal de trabajadores para presentar y desarrollar el conflicto colectivo y se eligieron a tres representantes del grupo”, explicó Morales.

El 27 de septiembre del año pasado, la coalición interpuso el pliego de peticiones ante el tribunal y lo presentó a la empresa.

Todos los intentos de Dole/Standard Fruit Company para detener el proceso fracasaron y la jueza fijó para el 28 de febrero la audiencia inicial del conflicto colectivo.

La reacción de la transnacional no se hizo esperar.

Amenazas y coacción

“El 16 de febrero, la empresa convocó a trabajadores y trabajadoras del departamento de deshije y les presentó una propuesta de mejoras salariales, a cambio de que renunciaran al conflicto colectivo.

A pesar de los intentos de la representación patronal de impedir que hablara, alerté a los compañeros sobre los riesgos y la falta de garantías de una negociación extra judicial”, dijo Morales.

Al final, ninguno de los 50 trabajadores firmó el acuerdo.

Cinco días después, el gerente de recursos humanos de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle llamó al secretario general del Sinatraa, para comunicar que el comité permanente de trabajadores estaba solicitando el despido y recontratación de la totalidad del personal, es decir de unos 650 trabajadores y trabajadoras.

La medida no aseguraría la recontratación permanente de las y los afiliados al Sinatraa.

Eliminar el sindicato

“Se trata de una maniobra de la empresa, con el apoyo de una organización abiertamente propatronal, para deshacerse de nuestros afiliados y de quienes están apoyando el conflicto colectivo.

Ya en estos días, miembros del comité permanente están visitando los diferentes departamentos de la empresa anunciando el despido masivo”, alertó Morales.

El dirigente sindical agradeció el apoyo solidario y la denuncia internacional que están haciendo tanto la Fentragh como la Rel UITA, e hizo un llamado a estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

“Sabemos que, de tener éxito el conflicto colectivo, otros departamentos podrían sumarse a las demandas, generando también un importante crecimiento sindical. Esto es algo que Dole quiere evitar”, concluyó Morales.

Para el próximo 27 de febrero está agendada una reunión tripartita en el Ministerio del Trabajo. El siguiente día está fijada la audiencia del conflicto colectivo.

Por ley, los firmantes de un conflicto colectivo no pueden ser despedidos sin previa autorización del juez.

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/dole-amenaza-con-despidos-masivos/

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad planteada por APSE contra la Ley de Presupuesto 2023

Prensa APSE, 23 de febrero de 2023

La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto ordinario de la República del año 2023, presentada por Ana Doris González González, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el martes 7 de febrero de 2023, para que se declare inconstitucional la omisión del artículo 2, Título 1.1.1.1.210.000-Ministerio de Educación Pública de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2023, n° 10331. por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Público (PIB) a la educación pública. 

El presupuesto del 2023 es porcentualmente el más bajo en los últimos 12 años, para dicho presupuesto se asignó solo el 5,8% al sector educativo, lo que equivale a 40 mil millones de colones en cifras, según datos de la Contraloría General de la República. 

De igual forma, se plantea que la norma lesiona el principio de progresividad, ya que el presupuesto asignado es el más bajo del siglo XXI, en virtud de que recortan los recursos asignados para la educación pública, con consecuencias y alteraciones inmediatas al sistema educativo, afectando principalmente a la población costarricense en condiciones de vulnerabilidad. 

La legitimidad de dicha acción presentada por parte de la APSE responde al artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se acude a la defensa del derecho a la educación, como un interés difuso.

La Sala Constitucional confirió audiencia por quince días, con el propósito que se refieran a las objeciones planteadas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa. 

Anteriormente en el 2016, la APSE había gestionado una acción similar, en la cual la Sala falló a su favor. La APSE comentó que seguirá vigilante al cumplimiento efectivo del mandato constitucional.

Si desea observar la publicación completa puede acceder a: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198182202876055&set=a.168727329154876&type=3&mibextid=qC1gEa

ANEP-PANI: reinstalación laboral en la Aldea Arthur Gough

El pasado martes 21 de febrero de 2023 a tempranas horas de la mañana se compartió un mensaje por parte de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el que comunicó la reinstalación laboral de Juanita Baltodano en Río Oro de Santa Ana, en las instalaciones de la Aldea Arthur Gough del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien había sido injustamente despedida hace casi dos años y medio atrás. Esto se logró gracias a la intervención jurídica del ANEP y a las labores de la abogada Rosa Rivera Bejarano. 

En el mensaje también se comenta que ANEP no abandona a los trabajadores, y que continuará en la lucha por los derechos de los mismos.

Un A, B, C básico sobre el informe de auditoría externa del Seguro de Salud de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
22 febrero 2023

1- El informe de auditoría externa del Seguro de Salud, está centrado en el abordaje de las cuentas contables, en tal sentido debemos tener claridad de que existen métodos o técnicas de análisis contables que son sin duda más profundos y ayudan a detectar las debilidades estructurales, lo cual no es el caso actual.

Por lo tanto el manejo informativo del presidente Chaves Robles y su acólita presidenta ejecutiva, ahora acompañada por una junta directiva que hace las veces de un club de amigos y amigas, -que coinciden ideológicamente en rutas privatizadoras en sus distintas modalidades tanto para salud como para pensiones-, y que ha dado señales inequívocas de promover el miedo y la distorsión informativa, como un mecanismo que coloca un cartucho más de dinamita en la reputación de la Caja, para desde ahí allanar los caminos de los negocios para los nuevos socios comerciales de Zapote, que esperan ávidos la recompensa por sus favores de campaña electoral.

2- Podríamos considerar o concluir que el riesgo financiero más relevante de la auditoría externa radica precisamente en la deuda estatal, ya que es una cuenta contable no conciliada, siendo que dicha falencia parece ser que se esconde por parte de la presidenta ejecutiva y el propio gobierno, lo cual nos genera una alta dosis de malicia.

En tal sentido resulta de exigencia solicitar públicamente que nos den un informe público de las convocatorias, actas y sesiones de la comisión CCSS- Hacienda y transparenten y actualicen los datos de la deuda estatal con salud y con pensiones.

3- Esperamos que el posicionamiento del accionar distorsionado y hasta atrofiado puede tener móviles diversos, pero no descartamos que sea parte de toda la táctica y estrategia mediática gubernamental, -y ahora de la actual junta directiva-, para dinamitar aún más la reputación institucional y profundizar formas de privatización en salud, como en pensiones.

4- La presidenta ejecutiva debe mostrarle a la ciudadanía las más recientes valuaciones actuariales y los estudios de riesgo de salud y pensiones, ya que posiblemente el riesgo mayor para la sostenibilidad financiera de la Caja en el mediano y largo plazo, sea precisamente las deudas del Estado, pues patronos y trabajadores y trabajadoras han cotizado religiosamente.

Defensa de autonomía de la CCSS y demanda por casa, trabajo, pan y salud para los costarricenses

Diversas organizaciones, como UNDECA, BUSSCO y CATRAPAS, realizaron una manifestación en conjunto este pasado viernes 17 de febrero de 2023 en las calles de San José en la que se solicitaba:

  • Respeto a la autonomía de la CCSS, así como el apoyo a Martha Rodríguez como representante legítima de las y los trabajadores por el movimiento sindical en la junta directiva de la CCSS.
  • Seguridad social: casa, trabajo, pan y salud para los costarricenses.
  • Pago de la deuda que mantiene el Estado con la CCSS.

Puede ver el album completo de fotografías en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/1645739422304627/posts/pfbid025C6Rp7HBrePBcsHbRdt1QjV9uUxdpCszHy5pmJnKrrmGzK4YgWRNADBeDeXeT1mvl/?mibextid=cr9u03 

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Carta de la ANEP a Marta Esquivel Rodríguez

El pasado jueves 16 de febrero de 2023, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la señora Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El objetivo de dicho documento es realizar la petición de que todo el personal de la CCSS se declare como ejecutor de funciones o labores que son exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas a la Caja, la cual tiene plena autonomía de gobierno y organización, esto en el contexto de la inminente entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP). Esta petición se hace pues al declararse estas funciones como exclusivas y excluyentes, se elimina la posibilidad de que los trabajadores de la CCSS estén bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) así establecido en el artículo 6 de la LMEP.

Aunque no se limita a estos, tres problema fundamentales que presenta esta ley son: 

  1. Se realizó con la idea de que el Estado costarricense regule la mayor cantidad de relaciones laborales de las y los funcionarios públicos, por lo que prácticamente no se hace distinción entre las personas trabajadoras ni las instituciones autónomas, lo que es claramente inconstitucional porque dichas distinticiones si las planteó el Constituyente.
  2. Se le otorgó un excesivo cúmulo de funciones, responsabilidades y decisiones al MIDEPLAN, por lo que el Poder Ejecutivo tendrá excesivo control sobre todo el empleo público.
  3. El método para fijar el salario que establece la ley no es claro, y presenta varios problemas que incluyen violaciones a Derechos Humanos, como los son los estándares internacionales sobre la no regresión en derechos económicos y sociales, y que la vigencia de esta ley empeora las condiciones anteriores.

No se puede dejar de lado que la Constitución Política le asigna autonomía política y administrativa a la CCSS y un intento para establecer control del Poder Ejecutivo sobre la misma llevará a inconstitucionalidades evidentes. Por lo tanto, y por la autonomía que brinda el artículo 73 constitucional, se solicita que se declaren exclusivas y excluyentes las funciones o labores que realizan las personas trabajadoras dentro de la CCSS y que esta institución no se someta a la rectoría del Sistema General de Empleo Público, a cargo del MIDEPLAN.

Adjuntamos la carta completa para quienes deseen realizar su lectura.