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Seguimiento a la denuncia de SINTRAJAP con respecto a la irregularidad en la operación portuaria por parte de JAPDEVA

Anteriormente, se publicó la denuncia compartida por parte del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) en el que se revelaba la irregularidad en el funcionamiento de la operación portuaria por parte de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). Se nos compartió una favoritismo hacia Orsero (una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios); la irregularidad consiste en que dicha empresa no está haciendo uso del equipo de JAPDEVA por lo que por cada contenedor que no hace uso debido de los equipos correspondientes JAPDEVA deja de cobrar los $100 por el movimiento del contenedor (estos 100 dólares incluyen las tarifas de servicios de grúa, de carrier o staker, de maffi y del muelle), en el caso y JAPDEVA cobra a la empresa mencionada solo $16,98 (en vez de cobrar $117) por el servicio de grúa, práctica conocida como despacho directo. 

Recientemente y como seguimiento a la noticia, se nos compartieron unos vídeos que detallan la forma en la que debe funcionar la grúa y la operación portuaria. En los vídeos sale la ejemplificación en la que las grúas y los montacargas están trabajando debidamente. Anteriormente, se compartió también que, para que la operación portuaria funcione como se debe, es requerido el uso de los servicios de grúa, de carrier o staker, de maffi y el de muelle. 

Para más detalles, se comparten los vídeos que ejemplifican la correcta operación portuaria. 

Posición de la Unidad en la Acción Sindical respecto a la necesidad de incluir el criterio de los trabajadores en la discusión de jornadas flexibles

La Unidad en la Acción Sindical (UAS) compartió en un comunicado y en vídeo su criterio y posición respecto a que la discusión del proyecto de ley, actualmente en el Plenario, sobre el cambio en la legislación nacional en materia laboral sobre las jornadas flexibles, el “proyecto 4/3”, que consiste en reformar los artículos 136, 142 y 144, y adicionar los artículos 145 Bis y 145 Tercero del Código de Trabajo, modificando así la jornada de 8 horas diarias a 12 horas, reduciendo así también la cantidad de días en los que se laboran semanalmente. 

Como parte de esta posición, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAG) cuestionó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el que no tomen en consideración en la discusión del proyecto los criterios y posiciones de los trabajadores del sector privado. 

Ante esto, la UAS envió el pasado 3 de febrero una nota a Paulina Ramírez Portugués, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para que tome consideración y como parte de los criterios y posiciones en la discusión del proyecto a los representantes de los trabajadores privados. Adicionalmente, comentan los posicionamientos del representante de FENTRAG; en el que esta modificación laboral conlleva un retraso laboral al logro de lo que se estableció en Estados Unidos e Inglaterra en 1866, de igual forma que es retroceder más de un siglo en cumplimiento con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en el que de llevarse este cambio las mujeres serían las más perjudicadas. Se comparte también la posición de Lenin Hernández Navas, miembro de la UAS y secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) en el que afirmó que todo cambio a la legislación laboral debe de ir acompañado por la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En el vídeo compartido también plantean y se hace énfasis en la importancia de tomar en consideración los siguientes puntos: contemplar las condiciones de trabajo de los diversos sectores y actividades laborales y de esta forma, comprender la forma en la que todos los grupos se verían afectados de llevarse a cabo la modificación a la legislación laboral y también, destacan las falencias por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la hora de hacer que los derechos de los trabajadores se cumplan; se plantean que hay múltiples denuncias por parte de trabajadores y en las que hay un déficit en las inspecciones de seguimiento a los casos denunciados, por tanto plantean que los trabajadores deben ser tomados en consideración en la discusión y negociación del proyecto.

ANEP, ante la publicación para consulta del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público

La ANEP hace público su posicionamiento sobre la Ley Marco de Empleo Público el cual empezará a regir en el próximo mes de marzo de 2023, en la que ratifica su oposición, señalando ésta como “perversa”  frente a la convocatoria de consulta realizada por MidePlan ante el reglamento en el que intenta recabar la opinión de diversos actores ante esta ley.

Señalan que no serán parte de esta iniciativa, ya que estas acciones no esclarecen la importancia y destino que tienen dichas opiniones en esta convocatoria o si realmente estas se harán valer, por ello, indicaron que “no caerán en el jueguito otra vez”. 

Estas declaraciones también establecen culpables sobre la entrada en vigencia de dicha ley en la que atribuyen dicho mérito al Partido Liberación Nacional y al Partido Acción Ciudadana, en la que indican que esta Ley lesiona y obstaculiza los derechos de la clase trabajadora en el país. 

Compartimos el video con las declaraciones:

Este no es mi pollo…

Foto: Gerardo Iglesias

Gerardo Iglesias

A principios de 2022 un nuevo brote de gripe aviar sacudió Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá, obligando al sacrificio de millones de aves y al cierre preventivo de miles de granjas avícolas.

Este año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, hasta la primera semana de 2023, las autoridades de agricultura de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela han detectado brotes por virus IAAP A(H5N1) en aves domésticas y de granjas avícolas.

De acuerdo con el patrón estacional de la IAAP1 se espera que el número de brotes aumente en los próximos meses.

Ante esta realidad, la Rel UITA ha elaborado el informe adjunto de autoría del periodista Carlos Amorín, “un alerta naranja dirigido a las organizaciones sindicales en torno a este tema para que no sean los consumidores, trabajadores y trabajadoras quienes paguen con su salud el desquicio del sistema productivo de las corporaciones internacionales”.

Accede al estudio ACÁ.

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ANEP solicita al Presidente detener entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público

  • En próximos días se presentará una Acción de Inconstitucionalidad.

  • Ley Marco de Empleo Público no garantiza una sana Reforma del Estado.

La Secretaría General de la ANEP envió una carta a la Presidencia de la República a fin de que, por parte del mandatario, Rodrigo Chaves Robles, se gestione detener la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual está prevista para el 10 de marzo.

La preocupación surge ya que en 40 días calendario entraría a regir la Ley, pero de momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores. Es por esto que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se le solicita al Presidente detenerla.

Asimismo, se le recordó a don Rodrigo cuando afirmó en campaña electoral que la Ley Marco de Empleo Público era un adefesio y que habría que revisarla bien.

Desde nuestra organización, y que siempre nos opusimos a la misma, existe un rotundo rechazo a su entrada en vigencia, ya que generará un desastre de gestión institucional y multi-institucional dentro de la Administración Pública.

Sumado a nuestros análisis jurídicos y políticos, está el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) , la cual, señaló en un informe la cantidad de irregularidades que hallaron en el estudio del presunto proceso de reglamentación.

Por tal motivo, en días próximos la ANEP presentará una Acción de Inconstitucionalidad para que desde la Sala Cuarta se ordene que no entre en vigencia la LMEP, puesto que está plagada de roces con la Constitución y además, la ley no es una necesidad nacional.

Irregularidad en la operación portuaria por parte de JAPDEVA

Anteriormente se publicó la problemática existente en la operación portuaria por parte de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) en el que se nos compartió una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en este se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté donde debe estar y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra lo correspondiente según la tarifa. 

Según comentario de Antonio Wells, Secretario General de SINTRAJAP, plantea que esta es la forma en que se le quitan recursos al Estado y específicamente a la institución portuaria de Costa Rica en el Caribe. En el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es delicado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.

En los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3 y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos.

Ahora bien, a fondo la problemática en la operación portuaria consiste en que la empresa mencionada no está haciendo uso del equipo de JAPDEVA, por lo que por cada movimiento de contenedor JAPDEVA deja de cobrar los 100 dólares correspondientes a dicha operación, operando así bajo el llamado despacho directo. Pero, ¿en qué consisten los $100 que no se cobran por movimiento de contenedor?, estos incluyen los cobros de tarifa por cada servicio prestado: servicio de grúa $64,27, de carrier o staker $18,86 y de maffi $16,98, cobrando como única tarifa el uso del muelle $16,98, esto conocido como despacho directo (no utiliza por parte de JAPDEVA la grúa, carrier o staker y maffi, acá se utiliza la grúa del barco y por debajo los espera un camión privado). De esta forma solo se cobran $16,98 por el servicio, en vez de cobrar los $117 (usando todos los equipos correspondientes). 

Para una mayor visualización del proceso y cobros por servicios, se comparten las siguientes imágenes. 

 

Información compartida con SURCOS por SINTRAJAP.

ANEP: Derechos humanos es bandera fundamental contra la desigualdad

75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1948 – 10 de diciembre – 1975

ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO

01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.

02- Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.

03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).

04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Especialmente, casos de CCSS, MEP, M. Salud.

05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).

06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO

08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.

09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.

10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.

11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).

12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.

13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.

14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.

16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.

17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.

18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.

19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.

20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.

22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.

23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.

24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.

25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional de entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.

Acuerdo Unánime y Firme de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)

Viernes 13 de enero de 2023

Mega casos

En SITRAHSAN los diferentes miembros de la junta directiva tratamos de esclarecer la situación respecto a las actuaciones que se derivan de la última conferencia de prensa, respecto a la comunicación de mega casos de fraude fiscal:

Ciertamente hay opiniones encontradas de apoyo o exigencia a nuestras autoridades de lo que circula en redes sociales, apreciando muchos de esos aportes (de redes sociales) unos bien intencionados, otros desacreditando la valentía de hacer pública la actuación de un Ministerio vigoroso y combativo del fraude fiscal.

Debemos tener claro que, al no indicarse nombres resultó muy extraño que un ex Ministro de Hacienda o sus representantes en Costa Rica, se dieran por aludidos y “pegaran el grito al cielo”.

Se auto señaló el posible infractor, en el argot popular decimos “el que la debe la teme”.

La posición valiente de denunciar generó un acto reprochable, un fiscal desestima la causa, acto que solo un Juez de la Republica lo puede hacer, el fiscal en tiempo libre o de vacaciones según se indica, sale corriendo a emitir la desestimación.

La viceministra no los acompañó, estuvo ausente, aún no sabemos su excusa, pero no queremos pensar que se lesiona un derecho subjetivo quizás, si su presencia comprometía un posible cliente de la firma a la cual brindaba sus servicios profesionales antes de ser nombrada viceministra; el estar ausente nos genera muchas dudas, cuando al haber rendido juramento debió estar enarbolando el estandarte nacional en defensa de todo un Estado , el cual sus ciudadanos exigen justicia pronta y cumplida contra los que delinquen contra sí.

La fiscala encargada no ha justificado aun las razones o motivaciones que se vertieron en la “desestimación” comunicada a esa firma.

No se conoce en su argumentación la coordinación o conversación con los auditores fiscales.

Nos preocupa el arsenal legal que podría desplegar la firma contra nuestras autoridades, en la eventual denuncia penal, hecho que podría más bien ser una estrategia legal para conseguir inmunidad tributaria, hecho que nuestro SINDICATO SITRAHSAN ha señalado, respecto al confort fiscal de sectores muy poderosos de la economía, como el financiero, sector en mucho “usurero” generador de grandes capitales , disfrazados en muchos hasta de fideicomisos, de emporios de bienes raíces, de leasing en vehículos y propiedades, sector turismo, y sector médico en beneficios médicos.

Es decir, por el poder económico que se ostenta, pretenden hacer lobby o pasarela, como los magnates y más prominentes consorcios empresariales, y si se meten en su camino, nos “mutila” y aquí no es sólo nuestro Ministro o el Director, aquí es todo un pueblo que está cansado de las artimañas creadas para que los “peces gordos” no paguen impuestos.

La versión final es que hubo noticia crimen, estuvo bien planteada, pero “los tentáculos” del poder se movieron de manera “pronta y cumplida” mientras un viejito de Nicoya o una ama de casa en la CCSS debe esperar dos años para que le otorguen una pensión de asignaciones familiares.

La nada despreciable suma en cincos más o menos de “once mil millones de colones”, es sólo uno de muchos si aquí se “bailan” los controles fiscales. Basta ir a ver los balances generales de una empresa en una entidad financiera y comparar contra el presentado ante la Hacienda Pública. Para pagar impuestos están en “default técnico”, para inversiones están “como la quinceañera” bonitos y muy galantes.

¿Acaso es nuevo esto?, pues no. ¿Por qué ningún diputado se anima a legislar contra el fraude, la evasión y el contrabando?, pues porque es un MEGA NEGOCIO de 8 o más puntos del PIB, casi 3,4 billones al año se quedan en manos privadas, entonces la pregunta debe ser: ¿Quién o quiénes se están engordando?

Que salga a la luz, pues es bueno, que se equivocaron, no, está la causa presentada, el fiscal no puede desestimarla, es una realidad, entonces desde toda esquina de nuestro MEGA MINISTERIO debemos apoyar a nuestras autoridades, señalar a quién estuvo ausente y exigir su renuncia “si tuvo miedo” de denunciar; y legislar en mejores herramientas para ejercer el control fiscal.

Hay situaciones de desacuerdo sindical, empleo público es uno de ellos, y debemos señalar coincidencias o diferencias con sobrado análisis e información, entre tanta desinformación.

No podemos tolerar el fraude o la evasión y elusión, 3,4 billones andan por las calles, pero eso es apenas una Mega “chispa”

Reiteramos lo indicado antes: que venga todo aquel que desee hacerse millonario a Costa Rica, con inteligencia, que genere empleo, que cumpla también con los deberes formales, pero si intenta defraudar al Estado, el Estado mismo lo debe encarcelar.

ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral

La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.

Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.

ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.

El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.

Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.

Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.

Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.

Irregularidad en la operación portuaria

Se ha compartido una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en la que se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté dónde y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra. 

Según comentario de Antonio Wells, Secretario General, plantea que esta es la forma en que se le roba al Estado de manera descarada; en el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es peculado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.

Finalmente, en los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3  y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos. 

 

Información compartida con SURCOS por SINTRAJAP.