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Un A, B, C básico sobre el informe de auditoría externa del Seguro de Salud de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
22 febrero 2023

1- El informe de auditoría externa del Seguro de Salud, está centrado en el abordaje de las cuentas contables, en tal sentido debemos tener claridad de que existen métodos o técnicas de análisis contables que son sin duda más profundos y ayudan a detectar las debilidades estructurales, lo cual no es el caso actual.

Por lo tanto el manejo informativo del presidente Chaves Robles y su acólita presidenta ejecutiva, ahora acompañada por una junta directiva que hace las veces de un club de amigos y amigas, -que coinciden ideológicamente en rutas privatizadoras en sus distintas modalidades tanto para salud como para pensiones-, y que ha dado señales inequívocas de promover el miedo y la distorsión informativa, como un mecanismo que coloca un cartucho más de dinamita en la reputación de la Caja, para desde ahí allanar los caminos de los negocios para los nuevos socios comerciales de Zapote, que esperan ávidos la recompensa por sus favores de campaña electoral.

2- Podríamos considerar o concluir que el riesgo financiero más relevante de la auditoría externa radica precisamente en la deuda estatal, ya que es una cuenta contable no conciliada, siendo que dicha falencia parece ser que se esconde por parte de la presidenta ejecutiva y el propio gobierno, lo cual nos genera una alta dosis de malicia.

En tal sentido resulta de exigencia solicitar públicamente que nos den un informe público de las convocatorias, actas y sesiones de la comisión CCSS- Hacienda y transparenten y actualicen los datos de la deuda estatal con salud y con pensiones.

3- Esperamos que el posicionamiento del accionar distorsionado y hasta atrofiado puede tener móviles diversos, pero no descartamos que sea parte de toda la táctica y estrategia mediática gubernamental, -y ahora de la actual junta directiva-, para dinamitar aún más la reputación institucional y profundizar formas de privatización en salud, como en pensiones.

4- La presidenta ejecutiva debe mostrarle a la ciudadanía las más recientes valuaciones actuariales y los estudios de riesgo de salud y pensiones, ya que posiblemente el riesgo mayor para la sostenibilidad financiera de la Caja en el mediano y largo plazo, sea precisamente las deudas del Estado, pues patronos y trabajadores y trabajadoras han cotizado religiosamente.

Defensa de autonomía de la CCSS y demanda por casa, trabajo, pan y salud para los costarricenses

Diversas organizaciones, como UNDECA, BUSSCO y CATRAPAS, realizaron una manifestación en conjunto este pasado viernes 17 de febrero de 2023 en las calles de San José en la que se solicitaba:

  • Respeto a la autonomía de la CCSS, así como el apoyo a Martha Rodríguez como representante legítima de las y los trabajadores por el movimiento sindical en la junta directiva de la CCSS.
  • Seguridad social: casa, trabajo, pan y salud para los costarricenses.
  • Pago de la deuda que mantiene el Estado con la CCSS.

Puede ver el album completo de fotografías en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/1645739422304627/posts/pfbid025C6Rp7HBrePBcsHbRdt1QjV9uUxdpCszHy5pmJnKrrmGzK4YgWRNADBeDeXeT1mvl/?mibextid=cr9u03 

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Carta de la ANEP a Marta Esquivel Rodríguez

El pasado jueves 16 de febrero de 2023, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la señora Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El objetivo de dicho documento es realizar la petición de que todo el personal de la CCSS se declare como ejecutor de funciones o labores que son exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas a la Caja, la cual tiene plena autonomía de gobierno y organización, esto en el contexto de la inminente entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP). Esta petición se hace pues al declararse estas funciones como exclusivas y excluyentes, se elimina la posibilidad de que los trabajadores de la CCSS estén bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) así establecido en el artículo 6 de la LMEP.

Aunque no se limita a estos, tres problema fundamentales que presenta esta ley son: 

  1. Se realizó con la idea de que el Estado costarricense regule la mayor cantidad de relaciones laborales de las y los funcionarios públicos, por lo que prácticamente no se hace distinción entre las personas trabajadoras ni las instituciones autónomas, lo que es claramente inconstitucional porque dichas distinticiones si las planteó el Constituyente.
  2. Se le otorgó un excesivo cúmulo de funciones, responsabilidades y decisiones al MIDEPLAN, por lo que el Poder Ejecutivo tendrá excesivo control sobre todo el empleo público.
  3. El método para fijar el salario que establece la ley no es claro, y presenta varios problemas que incluyen violaciones a Derechos Humanos, como los son los estándares internacionales sobre la no regresión en derechos económicos y sociales, y que la vigencia de esta ley empeora las condiciones anteriores.

No se puede dejar de lado que la Constitución Política le asigna autonomía política y administrativa a la CCSS y un intento para establecer control del Poder Ejecutivo sobre la misma llevará a inconstitucionalidades evidentes. Por lo tanto, y por la autonomía que brinda el artículo 73 constitucional, se solicita que se declaren exclusivas y excluyentes las funciones o labores que realizan las personas trabajadoras dentro de la CCSS y que esta institución no se someta a la rectoría del Sistema General de Empleo Público, a cargo del MIDEPLAN.

Adjuntamos la carta completa para quienes deseen realizar su lectura. 

Asamblea general del Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS)

La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Hotelería y Afines (FENTRAGH) comparte la siguiente información:

“El día pasado sábado 18 de febrero, una comitiva conformada por Dania Obando Castillo, Maikol Hernández Arias, Secretaría General adjunta y Secretaría General respectivamente de la junta directiva de FENTRAGH y el compañaero Guillermo García Segura, Director de la Escuela Sindical de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), acompañó la asamblea general de nuestra organización afiliada el Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS).

El magno evento se desarrolló en la finca Shürin, ubicada en el territorio indígena de Terraba en un ambiente de jovialidad, camaradería y respeto, que permitió alcanzar con éxito la agenda programada.

Desde FENTRAGH nos sentimos orgullosos y motivados por haber participado en la gestación de este importante sindicato, que llega para darle voz y representatividad a las y los trabajadores indígenas en las diferentes instancias donde han sido invisibilizados o suplantados”.

 

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Gobierno de Rodrigo Chaves invisibiliza temas claves en la agenda de su gira por la Zona Sur

Por la Comisión Sureña, Freddy Rojas Reyes

Ilustración tomada del documental Botas con Machete.

Es evidente cómo, habiendo un tema tan importante a tratar con las comunidades y grupos de personas campesinas como el gran conflicto por la tenencia de la tierra sea ignorado por la Casa Presidencial.

Olvidan que esos conflictos han estremecido a la Zona Sur y al país en general a lo largo de la historia, y que los más recientes se vienen generando desde hace 2 administraciones atrás hasta el día de hoy.

Esos conflictos aún inconclusos se dan en el Cantón Osa, concretamente en Palmar Sur en las Fincas 2-4 (Cootraosa RL y Changuena) qué impacta a más de 180 familias, y las Fincas 7, 8, 9, 10 con una cantidad similar.

Adicionalmente, otro grupo de ocupantes de terrenos para viviendas en el sector conocido como «Llanuras del Térraba, igualmente en el distrito de Piedras Blancas de Osa otro grupo ubicado en el sector de Finca Puntarenas, además, en el Cantón de Corredores 400 familias ocupantes de terrenos que demandan desde hace no menos de 5 años soluciones de regularización al gobierno para poder trabajar y vivir dignamente. No hay soluciones concretas.

No se puede dejar de mencionar el conflicto en la tierra-territorio de nuestros pueblos originarios en el cantón de Buenos Aires y de China Kichá en la región Brunca, donde se desarrolla una heroica lucha de parte de nuestros hermanos indígenas, con quienes nos identifican principios y valores de lucha por la recuperación no sólo de la tierra y la cultura, sino ideales comunes por construcción de una vida digna y de un mundo mejor.

Igual ocurre con las comunidades de la Península de Osa que reclaman títulos de propiedad y otras demandas.

Lamentamos el despropósito deliberado de exclusión e invisibilización de querer ocultar desde la Casa Presidencial la realidad de nuestros pueblos en la Región Brunca, que, dicho sea de paso, es la más empobrecida de nuestro país según los indicadores de rezago social de las fuentes oficiales de instituciones como el INEC y otras. Su agenda es el mal llamado aeropuerto en las fincas de Palmar Sur, a la par de dos sitios de valor natural y arqueológico, pero a este presidente eso no le interesa.

Pareciera que para Casa Presidencial el conflicto por la tierra es de tal envergadura y ante la incapacidad de resolverlo de parte de los distintos gobiernos y el actual, lo mejor es ni mencionarlo o reunirse con unos pocos y marginar a otros, como podemos observar en la agenda que desarrollará el séquito presidencial a partir de este viernes 17 de febrero y hasta el 21 de este mes.

Desde la Comisión Sureña le proponemos al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves, crear de inmediato una gran mesa de trabajo con representantes de todos los trabajadores de la tierra nombrados por sus organizaciones, que permita encontrar y resolver el gran conflicto por la recuperación y tenencia de la tierra-territorio y trabajemos un plan de desarrollo integral de nuestra Zona Sur que nos libere de la miseria que hoy nos oprime, paradójicamente, en medio de la gran riqueza natural y humana que alberga nuestra región.

Caos administrativo a la vuelta de la esquina

Manuel Hernández

La PROCU, la abogada del Estado, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, literalmente destrozó el impresentable Proyecto de Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público.

No dejo piedra sobre piedra.

La PROCU dice en su Opinión Jurídica que la redacción de sus normas es oscura, ambigua, desprovista de la más elemental técnica jurídica.

El producto estrella, el salario global, quedó en la unidad de cuidados intensivos.

El congelamiento de los salarios ni siquiera dejo pegado los pelos en el alambre. La bestia dejó todo el pellejo pegado en las púas de la cerca de alambre.

El proyecto quedó más cuestionado que el mismo Donnarumma, el errático portero del PSG, que partido a partido la caga.

Además, advierte la PGR que excede el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Es decir, un refrito de la Ley Frankenstein que inútilmente pretende reglamentar.

Ya también la CONTRA (CGR), tampoco nada proclive de ser fan de los sindicatos, dijo que MIDEPLAN no tiene hoja de ruta para implementar la aplicación de la Ley de Empleo Público.

De esta manera, queda demostrada la incapacidad e incompetencia de MIDEPLAN de implementar la fatídica ley, y de asumir, como si fuera poca cosa, la rectoría del empleo del sector público.

Caos administrativo y absoluta inseguridad jurídica, a partir de 09 de marzo.

¡Que el señor nos coja confesaos!

Como dijo mi otro compadre:

“Ánimo cabrones, que la cosa está más fea por delante” (Pancho Villa)

Una normativa inasumible

Manuel Hernández

1.- El esperpento totalitario q creó la LEY MARCO DE EMPLEO, MEGAMIDEPLAN, no tiene una hoja de ruta para implementar la aplicación de esta ley. Palabras más, palabras menos, así lo advirtió la CGR en su último informe.

Es decir, MIDEPLAN está más perdido que el hijo de Lindbergh.

2.- El proyecto de reglamento de esta ley está lleno de disposiciones confusas, ambiguas y oscuras.

Además, se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Así lo dictaminó la PGR, nada sospechosa de ser simpatizante de los servidores públicos, y todavía mucho menos de los sindicatos.

3.- El proyecto de reglamento es una nueva versión de ese Frankenstein, construido en los astilleros de OCDE y FMI, cada vez más impresentable, que se vuelve contra los postulados del Estado Social y Democrático. Así lo sostienen los sindicatos.

4.- No lo pudo haber dicho mejor mi compadre y colega Clint Eastwood:

Está a mitad del camino, entre ninguna parte y el olvido.”

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

ANEP presenta acción de inconstitucionalidad contra Ley Marco de Empleo Público

El pasado viernes 10 de febrero, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) (No. 10159) a la que se suma a dos acciones anteriores contra leyes que socavan los derechos de la población, que fueron las la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) y la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre La Huelga y sus Procedimientos (No. 9808)

La Asociación explica que las motivaciones para presentar esta acción de inconstitucionalidad, son porque la entrada en vigencia de esta ley afectaría los derechos laborales al salario, estabilidad laboral, seguridad jurídica, negociación colectiva de más de trescientas mil personas trabajadoras, y a partir de esto, solicita que de manera preventiva se suspenda la entrada en vigencia de la ley y su aplicación (prevista para el próximo 09 de marzo) hasta que se redacten las reformas necesarias para adecuar su contenido a uno que respete las instituciones autónomas, la división de Poderes y los derechos violentados anteriormente mencionados.

En lo referente a los roces que esta ley tiene con la autonomía de instituciones y la división de Poderes, la consulta de constitucionalidad No. 2021-017098 anteriormente resuelta, el día 31 de julio de 2021, constata que las normas de la Ley Marco de Empleo Público resultan contrarias al Derecho de la Constitución por rozar con el funcionamiento del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades públicas, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las municipalidades.

Además, esta ley resulta contraria a la opinión consultiva respecto al salario de las y los trabajadores emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues esta va contraria al derecho de recibir una remuneración que asegure a la persona trabajadora un nivel de vida conveniente para sí y su familia y que no afecta la concreción del proyecto de vida del individuo. 

A modo de conclusión, y por todo lo anterior señalado por la ANEP, se realiza la siguiente petitoria a la Sala Constitucional:

  1. Que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 49 inciso a), c), d), e), f), transitorio VII, XI, XII, XV.
  2. Que de manera preventiva, sin haber entrado a conocer el fondo de este asunto por el tiempo que puede durar en hacerlo, suspenda la entrada en vigencia y aplicación de la LMEP antes del 9 de marzo y hasta que se redacten las reformas correspondientes para adecuar su contenido a uno que respete las instituciones autónomas, la división de poderes y los derechos humanos laborales al salario, la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, la negociación colectiva y el trabajo, o hasta que la Sala se pronuncie sobre la misma.
  3. Que se condene al Estado a pagar las costas personales y procesales derivadas de la presente acción de inconstitucionalidad, así como de los daños y perjuicios ocasionados que se harán valer en ejecución de sentencia.

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.