El pasado 29 de noviembre el SEC participó en una consulta nacional a 400 compañeras y compañeros docentes, pertenecientes a alguna organización sindical, con el objetivo de reunir insumos que permitan definir la denominada “Ruta de Educación”. La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación Pública, viceministros, asesores y 27 directores regionales. La misma permitirá definir propuestas de cambio para ser presentadas ante el Consejo Superior de Educación, y así conformar políticas institucionales, además de mejoras sustantivas. Gilberth Díaz, presidente del SEC valoró la importancia de que las altas autoridades del MEP, tomaran la iniciativa de escuchar las inquietudes y propuestas de las y los docentes, como conocedores y verdaderos actores del sistema educativo. Recalcó además que el Magisterio Nacional es muy profesional, responsable y con vocación, lo que permitió que con mucho éxito enfrentaran y lucharan por llevar la educación a todos los rincones del país en tiempos de pandemia, por eso no es aceptable que se diga que hubo un apagón de la educación. También, señaló que, para definir una ruta de la educación, es de suma necesidad contar con el presupuesto constitucional que establece el artículo 78, para que sea el 8% del PIB. Por último, solicitó entre otros temas: eliminar las cargas laborales a los docentes y aumentar el salario al Magisterio Nacional. La consulta se basó en 10 temas, consensuados previamente con los diversos sindicatos del Magisterio Nacional, considerando su importancia para mejorar las condiciones en las aulas y centros educativos. Las temáticas propuestas para debatir por mesas son: – ¿Cuál es el ciudadano del futuro que debemos formar? – Manifestaciones de violencia en los centros educativos. Datos de mediados de noviembre indican que la Contraloría de Derechos Estudiantiles ha atendido 566 casos de violencia entre estudiantes. – Educación para Jóvenes y Adultos, para simplificar la oferta educativa y facilitar la empleabilidad. – Caja de Herramientas para el Docente, para que sean los mismos usuarios los que digan qué debe incluirse en esta herramienta tecnológica para facilitar su trabajo con los estudiantes. – Lecciones Club para fomentar el vínculo entre las personas y desarrollar capacidades cognitivas y lúdicas. – Educación Preescolar – La comunidad y el centro educativo, porque las alianzas en torno al centro educativo generan bondades, tal como ha demostrado la estrategia nacional “Encendamos juntos la luz”. – Permanencia en el Sistema Educativo Público Costarricense para lograr más graduados. – Ruta STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.) – Enseñanza de la Lecto Escritura en los centros educativos. – Bilingüismo y Empleabilidad
La ministra agradeció al SEC y a las otras organizaciones, asegurando que es un esfuerzo conjunto muy valioso.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338. -Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
Tras la renuncia del representante de la CCSS por parte del Estado, Guillermo Hernández Ramírez, se juramentó este 26 de noviembre a Juan Ignacio Monge Vargas como el nuevo representante del Estado. Con esto las inquietudes no se hicieron esperar por parte del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la cual señalo:
“Declaramos Non grato a este señor puesto por el Presidente Rodrigo Chaves Robles en la Junta Directiva de la CCSS , ya que la moción por él presentada, para que se nos pagase el ajuste salarial hasta 2024 revela su irrespeto por el esfuerzo humanizado de la gran familia laboral de la CCSS. SIFUPCR deplora del Presidente Chaves Robles nombramientos de personajes de corte antilaboral y antihumano y será vigilante de las futuras actuaciones de este destructor del Estado Social de Derecho, la institucionalidad y la democracia.”
Por cuánto, la SIFUPCR mantiene sus declaraciones hechas anteriormente el 23 de noviembre, cuando se seleccionó a Vargas como nuevo representante del Estado, como una persona no grata, donde las intenciones establecidas por este han sido malintencionadas.
Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias
Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?
El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.
A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables.
El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.
El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal.
En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones. Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa.
Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.
En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.
Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.
Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.
En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.
Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes.
En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.
Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.
En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.
En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.
Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar.
En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.
Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.
Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.
Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres.
Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra.
El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.
Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.
Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.
El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH.
Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan.
El uso indiscriminado de agroquímicos en la agricultura, ha provocado la disminución de la biodiversidad, además del grave impacto negativo en la salud humana así como la contaminación del agua, suelo y aire.
El Día Mundial Contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos se celebra este 26 de noviembre.
Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, presenta Declaración de Fin de Misión a Costa Rica
Declaración de Fin de Misión
Introducción
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Tomoya Obokata, visitó Costa Rica del 16 al 25 de noviembre del año 2022. Él desea expresar su gratitud al Gobierno de Costa Rica por haberle extendido su invitación y su excelente cooperación, y por entablar un diálogo abierto, franco y constructivo durante su visita.
SURCOS comparte el enlace para leer el informe completo en la página oficial de Naciones Unidas Costa Rica. Esta información fue compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias, secretario general de FENTRAGH.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional busca un/a oficial de incidencia para integrar el Área de Incidencia en el Programa de CEJIL Mesoamérica.
CEJIL es una organización regional cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso de las herramientas que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otros mecanismos de protección internacional.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud indica lo siguiente respecto a la aprobación del ajuste salarial en la CCSS: “Después de una lucha importante donde se formuló siempre la defensa y la autonomía constitucional especial de la Caja como un eje central, esa es la victoria más importante que hay que ubicar en esto que sucedió ayer. Decir que:
La Dirección de Recursos Humanos de la Caja en el transcurso de la mañana nos indica su propio director Don Walter Campos estará sacando una circular oficial con los datos de la fases en el momento en el que se vayan a agregar el aumento el salario base en la planilla en el sistema de planilla de la Caja y una fase segunda que sería la fecha de definición del pago del retroactivo.
Decir que esto es más allá del tema salarial, esto es un triunfo que golpea al Presidente de la República en su línea autoritaria de imponer muchas cosas y de paso golpea la Presidenta Ejecutiva que literalmente sale, para decir de forma coloquial, garroteada, puesto que la moción que había presentado el representante que hace poco colocó el Presidente en la junta directiva, el señor Roy Ignacio Vargas salió derrotada la moción, es decir, un siete a dos, quiere decir que hubo un alineamiento de los sectores sociales y por qué no decirlo, creemos que de la representación empresarial que ese es un elemento a analizar con bastante fineza puesto que ahí existen figuras como Marielos Alfaro y como Adrían Torrealba que siempre han tenido una posición pues bastante contraria a la clase trabajadora. Ese es un elemento a analizar bien puesto que una derrota de Rodrigo Cháves y Marta Eugenia Esquivel de siete a dos es, los trabajadores tienen que analizar eso con bastante detenimiento.
Decir, en ese sentido, que este golpe que sufre el gobierno que es un triunfo para la clase trabajadora se encuadra dentro de varias cosas, en otros golpes que está sufriendo y ha venido sufriendo el gobierno, algunos anteriores. Empezar diciendo que:
El mismo Presidente ha dicho que va a incumplir la promesa de campaña de que los consejos de gobierno sean abiertos y que todo mundo los conozca, ahí se inventó una mentira piadosa tratando de adornarla con algunas narrativas inteligentes pero lo cierto del caso es que está incumpliendo la promesa de campaña.
En el tema de los Eurobonos, esa negociación, entre comillas, tiene retrocesos y también cosas que ha cedido el gobierno.
No es casual, el PUSC le da un espaldarazo al gobierno y dice que no va a apoyar la venta del BCR. Los arroceros, el Presidente tiene que retirar el proyecto que tenía que ver con la ruta del arroz, y por último este cierre de la votación en la Caja es lapidario para el gobierno, para don Rodrigo, y para Doña Marta Eugenia como decíamos. Pero esto revitaliza la institucionalidad, le da un nuevo aire al Estado Social de Derecho y sobre todo revitaliza un poco la democracia en el sentido de que los pesos y contrapesos dentro de una sociedad tienen que ser aceptados en este caso por el señor Presidente de la República. Nos parece que hay que contextualizar el acierto de la Caja de ayer en el marco más general y entender como clase trabajadora que eso es un triunfo de todo el movimiento laboral del país”.
El relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud externó inquietudes en temas de legislación al finalizar su misión (Foto de Katya Alvarado). Semanario Universidad.
Por Mario Bermúdez Vives
SURCOS comparte la siguiente producción del Semanario Universidad:
El Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud Tomayo Obokata, quien realizó una misión para evaluar las condiciones del país en esta materia del 16 al 25 de noviembre, externó una preocupación por la discusión del proyecto de Jornadas de 12 horas (conocido como jornada de doce horas, o jornada 4×3), que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21.182.
Obokata incluyó el tema en el informe final de su misión, promovida por las Naciones Unidas, en la sección de desafíos. «El Relator Especial está preocupado por la discusión que hay en torno a un proyecto de ley que tiene por objeto reestructurar las jornadas de trabajo a 12 horas durante 4 días seguidas de 3 días de descanso».
Consultado sobre los temas de legislación que el país debe implementar para avanzar en la lucha contra formas de esclavitud modernas y las que se deberían evitar para no generar retrocesos, mencionó este proyecto, por los impactos que puede tener en la salud mental de los trabajadores y los posibles efectos en la salud física. Precisamente el tema de las jornadas extendidas en sectores como la agricultura fue otro de los elementos de preocupación citados en el informe.
Además, Obokata mencionó su inquietud por los efectos que puede tener esta normativa en responsabilidades de cuido de niños o adultos mayores que pueden tener los trabajadores, y que se verían afectadas, especialmente en los casos de las poblaciones más vulnerables.
En contraste, Obokata considera que el país debe impulsar discusiones en el Parlamento que propicien la defensa de comunidades marginales y garantizar el acceso a la justicia de posibles víctimas de formas de discriminación laboral. También recomendó fortalecer el área de inspección laboral, y las sanciones a las personas y empresas que violenten los derechos humanos.
El tema de las posibles afectaciones a los derechos humanos del proyecto de Jornadas Flexibles ha sido parte de la polémica alrededor de este texto, que el gobierno impulsa como una forma para modernizar las condiciones de trabajo. La legisladora oficialista Pilar Cisneros ha insistido en que se trata de una normativa que solo se adoptaría por consenso y limitado a pocos casos, y que permitiría generar más empleos.
Sin embargo, organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica consideran que la propuesta viola protecciones constitucionales a la niñez y a la mujer. A su vez, estimaciones de INS y el INEC sobre la cantidad de trabajadores que podrían verse incluidos dentro de las nuevas condiciones van desde los 300.000 hasta el millón de asalariados, según datos publicados por UNIVERSIDAD.
En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.
Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.
Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.
Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Licda. Sonia Arrieta Mora Secretaría General SNP
Junta Directiva 2022-2025 Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
