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UNDECA condena la injerencia política. Defendemos la Caja y su autonomía constitucional

El Seguro Social es una conquista del pueblo, alcanzada con grandes luchas, movilizaciones y sacrificios.

Es un patrimonio del pueblo costarricense y motivo de orgullo en el mundo entero. Es tal que en el acta No. 126, del 9 de agosto de 1949, el constituyente propuso y finalmente aprobó que la administración y gobierno de los seguros sociales estuviese a cargo de una institución autónoma (CCSS), la cual “desempeñaría sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”.

No existe precedente alguno en la historia republicana de nuestro país, desde la creación de la institución más emblemática de los costarricenses, donde un presidente o gobierno se haya atrevido a mancillar la autonomía que la Constitución Política y la Ley Constitutiva le otorgó a la CCSS.

A este gobierno y a la presidenta ejecutiva les estorba la autonomía y la misión previsionaria de la salud y por ese motivo, presentó un proyecto de ley No. 22.266 para reformar la Constitución Política para limitar la autonomía, desmantelar financieramente a la institución y subordinarla a los vaivenes políticos del gobierno de turno.

Adicionalmente, el gobierno presentó dos mociones, una en setiembre y otra en noviembre de este año, con la intención de someter a la Caja a la nociva regla fiscal, que en defensa de la propia institución y el derecho a la salud fue rechazada reiteradamente, por los hoy estigmatizados representantes de la Junta Directiva, con los cuales nos solidarizamos.

Esta institución ha sido sujeta a amenazas, a la infamia, al desprestigio infundado, a los intereses mercantilistas, a las deudas del gobierno, la privatización y otros desafíos, por lo que, entre todos, debemos defender a la madre de la salud costarricense.

El presidente Chaves ha pisoteado, de la manera más arbitraria y antidemocrática, la institución insigne, símbolo de los más grandes valores familiares y humanos, que el pueblo costarricense atesora en el corazón.

San José, 8 de diciembre de 2022.

Información: Luis Chavarría Vega 83672737, Deivis Ovares Morales 83167487.

FRENASS se pronuncia ante los intentos injerencistas tendientes a consolidar un Estado autoritario y antidemocrático

Frente a los pésimos síntomas que padece nuestro Estado democrático, por las intentonas de quien ejerce, pero irrespeta la primera magistratura, que abiertamente desconoce la vocación democrática de nuestro pueblo, intentando imponer su caprichosa e ilegal voluntad a costa de cualquier precio, expresamos nuestros rechazo a estas reprochables actuaciones.

Improbable e iluso sería pensar que la decisión de irrumpir contra la autonomía de la CCSS fue obra de consensos, ya que ante la demostrada prepotencia y arrogancia del Presidente Chaves, se evidencian que sus subordinados tienen poca o nula probabilidad de disentir y mucho menos discrepar con los dictados presidenciales sin consecuencias. La conducta del Presidente Chaves evidencian que el ego es tanto, que se intenta ubicar por encima de la legalidad y de la misma Constitución Política.

En FRENASS repudiamos la intromisión violenta en la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, que evidentemente pretende facilitar la imposición de políticas económicas restrictivas como la Regla Fiscal, en nuestra benemérita institución y facilitar los procesos de desmantelamiento, privatización y deterioro sistemático de los Servicios Públicos de Salud, cuyo fin último es acabar con el bastión de la conquista histórica de nuestra Reforma Social, alcanzada con vidas y sangre de nuestro pueblo en los años 40 del siglo pasado.

Emplazamos al Consejo de Gobierno y al Presidente de la República a ajustarse, consecuentes al juramento del 08 de mayo, a la institucionalidad democrática y bloque de legalidad. Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía de la CCSS y exigimos el pago inmediato de la multimillonaria deuda del Estado, de forma que no se afecten la prestación de los servicios obligación ineludible establecida en nuestra Carta Magna.

San José, 08 de diciembre de 2022.

Unión Médica Nacional: Gobierno violenta la autonomía institucional

COMUNICADO DE PRENSA 

La Unión Médica Nacional deplora la actitud del Gobierno Central, respecto a la Junta Directiva de la CCSS y al Expresidente de la misma, Dr. Álvaro Ramos Chaves quienes, cumpliendo con su deber, ejecutaron el aumento salarial de ley decretado desde el 2019, el cual estuvo congelado durante toda la pandemia. 

En una actitud de revanchismo político, sin precedentes y violentando la autonomía institucional, el Presidente de la República y el Consejo de Gobierno toman una decisión a todas luces arbitraria y lejana de la actitud de diálogo que debe prevalecer entre el pueblo costarricense y el gobierno de turno. Este tipo de actuaciones riñen con la democracia costarricense. 

Aduciendo la cercanía familiar de cinco miembros de la Junta Directiva con alguno de los más de 63.000 empleados que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Consejo de Gobierno toma una decisión que deja sin dirección a la CCSS en uno de los momentos más delicados de su historia, esto a pesar de que la Junta Directiva de la Caja no fue el ente que avaló el aumento, sólo lo ejecutó. 

Consideramos que las actitudes de revanchismo que ha tomado este gobierno en contra de los empleados públicos costarricenses, representados en este caso por los 63.000 funcionarios de la CCSS, no tiene precedentes en nuestra historia moderna. Olvidó pronto este gobierno el sacrificio que los empleados públicos dieron de cara a la pandemia, incluso se sacrificaron vidas humanas, pero esto le parece poco. 

Este accionar, no solamente es peligroso para nuestra democracia, sino llamativamente inoportuno, justo cuando está a punto de cumplirse con el Decreto de Ley de aumento del año 2019, que el mismo Presidente de la República, siendo Ministro de Hacienda, firmó. Esto no es democracia. 

Desde la Unión Médica Nacional expresamos nuestra más enérgica protesta y nuestro apoyo total al Expresidente de la Junta Directiva de la CCSS, el doctor Álvaro Ramos Chaves, y a los cinco miembros de la Junta Directiva suspendidos por el Consejo del Gobierno, visto que considerarnos este acto alejado completamente del ser costarricense. No queremos pensar que este es el inicio para quebrar a la CCSS, institución emblemática de todos los costarricenses. 

 

Imagen ilustrativa.

SEC y CONADECO demandan respeto al Estado de Derecho y condenan la intervención en la Junta Directiva de la CCSS

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo CONADECO, alzan la voz, ante lo sucedido en la sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles 7 de diciembre, cuando se tomó arbitraria e inconstitucionalmente el acuerdo de destituir a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS: Martha Rodríguez del Sector Sindical, José Luis Loría del Sector Cooperativo, Jorge Arturo Hernández del Sector Patronal, Maritza Jiménez del Sector Solidarista y Carlos Salazar representante del Poder Ejecutivo. A estas destituciones, se le suma el despido del Presidente de la institución, Dr. Álvaro Ramos, el pasado 17 de setiembre.

De esta forma abrupta y sin cumplir el debido proceso constitucional, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, descabezó al máximo órgano de dirección técnica y política de la CCSS, interfiriendo en  su autonomía constitucional y violentando el artículo N°8 de la Ley Constitutiva de la Institución N° 17 del 22 de octubre de 1943, el que expresamente establece que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”; además, no corresponde al Gobierno el nombramiento o destitución de los representantes sectoriales que son nombrados por el Movimiento Cooperativo, el Movimiento Solidarista, el Sector Patronal y el Sector Sindical, sin que sea legalmente posible la injerencia del Presidente en sus designaciones.

El afán de controlar políticamente a las instituciones públicas es una constante en la Administración Chaves ya que el 1° de junio destituyó a tres integrantes de la Junta Directiva del ICE y tomó control político y administrativo de esa Institución mediante el nombramiento de tres personas allegadas al Presidente. También, el pasado 22 de julio intervino la Junta Directiva del Banco Popular destituyendo a las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores ante la Junta del Banco y nombrando a cuatro personas afines con el Gobierno.

Esta actuación arbitraria es incompatible con el principio democrático de representación y de especialidad técnica en la gestión administrativa de las instituciones públicas y revela el interés del Presidente por controlar y politizar la toma de decisiones en toda la institucionalidad pública, incluyendo aquellas que al igual que la CCSS, la Constitución Política y la Ley, han colocado al margen de las decisiones políticas para garantizar una administración técnica y democrática de las mismas.

El caso de la CCSS es especialmente significativo, porque el enojo del señor Presidente con el Dr. Álvaro Ramos tal y como lo ha denunciado con toda seriedad, se debe a que los directores y las directoras destituidas en estricta aplicación de la ley y reconociendo los derechos de sus trabajadores, autorizaron el pago de los aumentos salariales aprobados desde antes de la Pandemia.

Es por estas razones que el SEC y CONADECO advierten al país, sobre el peligro de esta deriva autoritaria e inconstitucional en la conducta del Presidente Chaves y llama a cerrar filas para que se respete el Estado de Derecho, devolviendo la Autonomía Constitucional de la CCSS y demás instituciones públicas intervenidas ilegalmente.

Exmuelleros y afectados del Nemagón exigen que el gobierno cumpla compromiso de indemnizarlos

Este miércoles 7 de diciembre, desde horas de la mañana, un buen grupo de exmuelleros y afectados del Nemagón de Limón se manifestaron frente a Casa Presidencial. Exigen al gobierno que cumpla su compromiso de indemnizarlos.

Destacamos que, entre los dirigentes, cumpliendo una gran labor, se encuentra el compañero Mauricio Barquero militante y uno de los fundadores del MTC y de CONATRAB.

Información de Orlando Barrantes Cartín para SURCOS.

94 años de la masacre de las bananeras

Adela Torres, secretaria general de Sintrainagro | Foto: Alexandra Muñoz.

¡Prohibido olvidar!

Este 5 y 6 de diciembre el movimiento sindical recuerda los 94 años de la masacre de las bananeras, un acontecimiento que la historia colombiana intentó, sin éxito, disimular.

Gerardo Iglesias

En noviembre de 1928, más de 30.000 trabajadores de la compañía estadounidense United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) estaban en huelga en la zona bananera del Magdalena.

La empresa se había negado a estudiar un pliego petitorio que solicitaba celebrar contratos de trabajo, aumento salarial, el pago de los sueldos en dinero y no en vales, y el cierre de los comisariatos de la compañía bananera.

Nada muy extravagante, pero el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez calificó a esos trabajadores como malhechores e insurrectos, declarando el estado de sitio y el toque de queda.

El 6 de diciembre de 1928, en la estación de ferrocarril de Ciénaga, donde había reunidos más de 7.000 trabajadores, el ejército colombiano abrió fuego contra los huelguistas.

En la represión murieron casi 4.000 trabajadores.

Este lunes 5, en esa misma localidad, el Sintrainagro participa del Foro Nacional sobre la desmitificación de los hechos ocurridos en 1928, reivindicando la memoria de quienes los antecedieron en la lucha por mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras bananeros.

¡Prohibido olvidar!

La CTRN con SINTRAJAP presentan queja ante la OIT

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), conjuntamente con su afiliado el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), el día de hoy han presentado una queja ante la OIT para denunciar la violación de los derechos sindicales resguardados en los convenios internacionales 87, 98 y 135, ratificados por Costa Rica, a raíz del atropello que JAPDEVA ha venido realizando contra la libertad sindical y la negociación colectiva.

A pesar de las diversas gestiones institucionales que tanto la Confederación como el Sindicato han estado llevando a cabo entre las partes, JAPDEVA de modo deliberado, unilateral y arbitrario persiste en desconocer e incumplir la convención colectiva vigente. Tampoco se ha podido lograr hasta la fecha la oportuna intervención de la autoridad del trabajo para solventar y hacer cumplir la legislación laboral y los convenios de la OIT.

Por tal motivo es que hemos tenido que tomar el camino de la denuncia internacional y recurrir ante los órganos de supervisión de normas de la OIT. De modo simultáneo estamos informando de dicha queja y situación a la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), y a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).

El desaplicar la convención colectiva y tratar de eliminarla es una acción antisindical, antidemocrática y antilaboral. Además, en el actual contexto de reforma institucional, esta actuación evidencia la falta de buena fe de la Presidencia de JAPDEVA, para quien la convención se erige en un obstáculo para hacer una reorganización unilateral, excluyente del sindicato, discriminatoria y lesiva para las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA. El sindicato se ve ahora marginado e imposibilitado de participar en dicha reforma, y de poder ejercer la defensa de sus agremiados y del valor social y económico de la propia empresa portuaria ante sus autoridades gerenciales

La queja fue entregada a las autoridades de la OIT en su sede en San José, para ser trasladada a su Oficina mundial en Ginebra (Suiza). La secretaria general de la Confederación, Fanny Sequeira, enfatizó “la importancia de la libertad sindical para la salud de la democracia”, y alertó sobre el aumento de casos (como el de JAPDEVA) en que se puede observar “el cada vez más fuerte desequilibrio entre capital y trabajo, cuyas consecuencias alejan al pueblo del trabajo decente con justicia social, generando condiciones para el surgimiento de fuertes conflictos sociales y colectivos”.

San José, 1 de diciembre 2022

SEC participa en consulta para definir ruta de la educación

El pasado 29 de noviembre el SEC participó en una consulta nacional a 400 compañeras y compañeros docentes, pertenecientes a alguna organización sindical, con el objetivo de reunir insumos que permitan definir la denominada “Ruta de Educación”.
La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación Pública, viceministros, asesores y 27 directores regionales. La misma permitirá definir propuestas de cambio para ser presentadas ante el Consejo Superior de Educación, y así conformar políticas institucionales, además de mejoras sustantivas.
Gilberth Díaz, presidente del SEC valoró la importancia de que las altas autoridades del MEP, tomaran la iniciativa de escuchar las inquietudes y propuestas de las y los docentes, como conocedores y verdaderos actores del sistema educativo.
Recalcó además que el Magisterio Nacional es muy profesional, responsable y con vocación, lo que permitió que con mucho éxito enfrentaran y lucharan por llevar la educación a todos los rincones del país en tiempos de pandemia, por eso no es aceptable que se diga que hubo un apagón de la educación.
También, señaló que, para definir una ruta de la educación, es de suma necesidad contar con el presupuesto constitucional que establece el artículo 78, para que sea el 8% del PIB. Por último, solicitó entre otros temas: eliminar las cargas laborales a los docentes y aumentar el salario al Magisterio Nacional.
La consulta se basó en 10 temas, consensuados previamente con los diversos sindicatos del Magisterio Nacional, considerando su importancia para mejorar las condiciones en las aulas y centros educativos.
Las temáticas propuestas para debatir por mesas son:
– ¿Cuál es el ciudadano del futuro que debemos formar?
– Manifestaciones de violencia en los centros educativos. Datos de mediados de noviembre indican que la Contraloría de Derechos Estudiantiles ha atendido 566 casos de violencia entre estudiantes.
– Educación para Jóvenes y Adultos, para simplificar la oferta educativa y facilitar la empleabilidad.
– Caja de Herramientas para el Docente, para que sean los mismos usuarios los que digan qué debe incluirse en esta herramienta tecnológica para facilitar su trabajo con los estudiantes.
– Lecciones Club para fomentar el vínculo entre las personas y desarrollar capacidades cognitivas y lúdicas.
– Educación Preescolar
– La comunidad y el centro educativo, porque las alianzas en torno al centro educativo generan bondades, tal como ha demostrado la estrategia nacional “Encendamos juntos la luz”.
– Permanencia en el Sistema Educativo Público Costarricense para lograr más graduados.
– Ruta STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.)
– Enseñanza de la Lecto Escritura en los centros educativos.
– Bilingüismo y Empleabilidad

La ministra agradeció al SEC y a las otras organizaciones, asegurando que es un esfuerzo conjunto muy valioso.

ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.

Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.

En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, esta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído”, indica la denuncia.

En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”

También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión”.

Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aún así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.

La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”

Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.

Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Artículo 123 bis.

Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.

Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.

Para más información en: https://anep.cr/anep-denuncia-penalmente-aparente-tortura-contra-detenidos-en-el-centro-de-aprehension-de-migracion-en-heredia/

SIFUPCR deplora del presidente Chaves nombramiento de personas antilaborales y antihumanas

Tras la renuncia del representante de la CCSS por parte del Estado, Guillermo Hernández Ramírez, se juramentó este 26 de noviembre a Juan Ignacio Monge Vargas como el nuevo representante del Estado. Con esto las inquietudes no se hicieron esperar por parte del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la cual señalo:

“Declaramos Non grato a este señor puesto por el Presidente Rodrigo Chaves Robles en la Junta Directiva de la CCSS , ya que la  moción  por él presentada, para que se nos pagase el ajuste salarial hasta 2024 revela su irrespeto por el esfuerzo humanizado de la gran  familia  laboral de la CCSS.  SIFUPCR deplora del Presidente Chaves Robles nombramientos de personajes de corte  antilaboral y antihumano y será vigilante de las futuras actuaciones de este destructor del Estado Social de Derecho, la institucionalidad y la democracia.”

Por cuánto, la SIFUPCR mantiene sus declaraciones hechas anteriormente el 23 de noviembre, cuando se seleccionó a Vargas como nuevo representante del Estado, como una persona no grata, donde las intenciones establecidas por este han sido malintencionadas.