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Ante moción malintencionada, SIFUPCR declara non grato a representante del gobierno en directiva de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR informó que la moción presentada por el representante del gobierno en la junta directiva de la CCSS “es malintencionada, puesto que el decreto al que alude fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia”.

“Por ende, agrega el dirigente, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio non grato, además, se le pide a la junta directiva que ordene, -con base en el acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año-, al gerente general de la CCSS que proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo de los salarios pendientes. Esto tiene respaldo además en la resolución de la Contraloría General de la República, según la cual, debe prevalecer la autonomía institucional”.

Moción presentada por representante del gobierno Juan Ignacio Monge Vargas en junta directiva de la CCSS:

El SEC en defensa de la Justicia Social

Pbro. Dr. Luis Alejandro Rojas A.*

Don Gilberth Díaz Vásquez, presidente del SEC, estimados integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, distinguido homenajeado para la presente Asamblea Nacional del SEC, Lic. Eugenio Solano Calderón, (que tanto bien ha hecho en favor de la clase trabajadora en nuestro país), queridos compañeros y compañeras sindicalistas aquí presentes y quienes se unen a nosotros por las redes sociales.

Agradezco la atenta invitación para participar en el acto inaugural de la Quincuagésima Tercera Asamblea Nacional del SEC y rogar a Dios su protección y guía durante el desarrollo de la misma.

Dios les da la oportunidad de volverse a congregar después de haber pasado por momentos muy difíciles con sus estudiantes y familiares durante la pandemia, a consecuencia del SARS-CoV 2, que todavía no termina.

Tenemos en nuestras mentes y corazones a los trabajadores de la educación fallecidos a consecuencia del COVID-19 y a tantos costarricenses en este doloroso episodio de salubridad pública.

El SEC en defensa de la Justicia Social. Que bello, patriótico y comprometedor lema para la presente Asamblea Nacional. Lema que encuentro muy oportuno ante los últimos acontecimientos políticos en nuestra Patria.

Según mi criterio personal, existe en este momento un enfrentamiento de dos grandes bloques económicamente hegemónicos, que desean apropiarse del patrimonio social y económico, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. Modelo de Estado que precisamente tutela la justicia social y la seguridad social del pueblo costarricense.

A semejanza de placas tectónicas, que por subducción se mete una entre la otra para imponerse, con el eventual terremoto para nuestro pueblo que asume las consecuencias, estos dos bloques hegemónicos son protagonistas en el escenario nacional, peleando sus espacios de dominio.

Con este lenguaje metafórico, lo que visualizo es la lucha de la oligarquía político empresarial de antaño y de siempre, contra los nuevos ricos, que han amalgamado riqueza con sus negocios atrayendo capitales extranjeros y que ahora se quieren imponer.

Estos “nuevos ricos” son los que pretenden, desde el populismo, cambiarnos espejitos por el oro:

            Les rebajo el arroz, pero saco a vender el Banco de Costa Rica.

            Les rebajo el combustible, pero vendamos la FANAL.

            Les rebajo la inspección vehicular, pero privaticemos servicios del ICE, RECOPE, INS, la Caja y otros.

Basta leer los proyectos de ley presentados hace unos días por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, para enterarse del botín económico en juego desde el ejercicio del poder político.

De ahí que sean muchos los desafíos para la defensa de la Justicia Social en la presente Asamblea Nacional del SEC, y que desbordan los intereses meramente gremiales.

Por eso, la palabra sindicato adquiere su sentido etimológico: “hacer justicia juntos”. ¿La palabra sindicato significa?: “hacer justicia juntos”.

A propósito, refiriéndose a los sindicatos, el Papa Francisco dijo: “El sindicato es una expresión del perfil profético de una sociedad. El sindicato nace y renace cada vez que, como los profetas bíblicos, da voz a los que no la tienen, denuncia al pobre <vendido por un par de sandalias> (cf Amós 2,6), desenmascara a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables, defiende la causa del extranjero, de los últimos, de los descartados”. [1]

Compañeras y compañeros, dentro del ideario del SEC se apuesta por una participación efectiva en las tareas de transformación social, en búsqueda de una sociedad justa y equitativa”.  Entonces, encendamos la luz anaranjada y blanca del SEC que ilumine estas realidades y muchas otras.

Hay que levantar la voz por la disminución del presupuesto para educación a un 6,9 % del Producto Interno Bruto, cuando constitucionalmente es un 8 %.

Urge atender el denominado “apagón educativo”, sumando la problemática de la infraestructura escolar; el rescate de la imagen del docente mentor de nuevas generaciones de ciudadanos amantes de su patria.

También, nuestros educandos no son ajenos a la manipulación ideológica de centros de poder y a la ausencia formativa en muchos hogares. Tampoco, a la violencia en nuestra sociedad que se trasladada a las instituciones educativas, manifestada en agresión y acoso escolar.

Ha llegado el momento de empoderar al educador, y que se le devuelva la autoridad para corregir, orientar y formar a sus estudiantes en valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia.

Nos enteramos por los medios de un lamentable episodio, entre un profesor y su alumno, y no es justo que se exhiba y exponga en las redes a un educador que pide respeto en el aula ante la “malacrianza” de dicho estudiante, con las consecuencias laborales que le trajo por cumplir su misión.

Ante este panorama sombrío, benditos ustedes docentes, conserjes, guardas de seguridad, cocineras de comedores escolares, que día a día, enfrentan la incertidumbre y el temor, ante la falta muchas veces, de respaldo institucional.  Gracias aquellos que hacen de su profesión una misión amorosa y respetuosa con sus alumnos.

Y recuerden que “el amor entra por casa”.  Es urgente pensar y actuar a favor de los estudiantes y sus familias más empobrecidas de las zonas con menor índice de desarrollo, donde el SEC tiene mayor presencia gremial.  Zona Costeras como Puntarenas, el Sur-Sur, la Península de Nicoya, Limón, Zona Norte y otros lugares de nuestra geografía donde los políticos se acuerdan de dichas regiones solo en las giras durante las campañas electorales.

Curiosamente parece que llegan al Gobierno para decir: “si te vi, no me acuerdo”, omitiendo acciones estatales y prescindiendo de políticas públicas reales y eficientes, para generar empleo y sacar de la pobreza a sus habitantes.

Reitero, el momento histórico actual urge al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, pensar prioritariamente en los más pobres y necesitados; en los que no tienen trabajo; en los migrantes que pasan por nuestro territorio nacional; en nuestros agricultores y pescadores; en los estudiantes que están hundidos en la drogadicción y la violencia; en los educandos de las escuelas rurales y en territorios indígenas; en los habitantes en situación de calle; en las mujeres jefas de hogar; en el cuido de nuestros adultos mayores y en la custodia de la creación de Dios.  Todo lo anterior es requisito para lograr la defensa de la Justicia Social querida para esta Asamblea Nacional.

Finalmente, deseo felicitarlos por la Quincuagésima Tercera Asamblea Nacional del SEC y encomendar a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona Nacional, las jornadas de trabajo que han programado, comprometidas con la construcción de la paz, como fruto de la justicia social.

Polideportivo de Hatillo,
15 de noviembre de 2022

*Mensaje en la LIII Asamblea Nacional del SEC.

[1] Papa Francisco, Discurso al sindicato italiano CISL. Aula Pablo VI, abril de 2017.

SINAE: Pago de reajuste salarial en la CCSS se tiene que dar en diciembre

Comunicado:

– Exigimos renuncia de Marta Esquivel presidenta de la CCSS

– Es non grata para las y los trabajadores de la Seguridad Social

– Presidenta atenta contra estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS

En el SINAE AFINES demandamos a las autoridades de la CCSS el pago del reajuste salarial como en derecho corresponde y se cumpla con el acuerdo en firme del 8 de setiembre del 2022. Hacemos un llamado vehemente a la Dirección de Recursos Humanos de la institución para que haga las gestiones pertinentes y así, en diciembre las y los trabajadores tengan su merecido dinero en la bolsa. En el SINAE AFINES hemos luchado para que este pago se aplique al ser LEGAL, JUSTO y MERECIDO, enviamos notas al respecto a la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General y a la Dirección de Recursos Humanos de la CCSS.  Demostramos con documentación que el reajuste salarial debe pagarse, al no tener ningún impedimento legal y más aún, siendo respaldado por la autonomía de la CCSS.

Declaramos a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS como persona NON GRATA en la institución y EXIGIMOS SU RENUNCIA, por atentar contra la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la CCSS y el sustento de sus familias.  La Sra. Esquivel ha implementado prácticas dilatorias para no pagar el ajuste salarial, afectando así el patrimonio de los trabajadores en el cálculo del aguinaldo y el salario escolar. Es grave que la presidenta de la CCSS quiera quebrantar la autonomía de la institución intentando incorporarla en la regla fiscal para no pagar el reajuste salarial, buscando más bien, un desmantelamiento de los servicios públicos de salud y favorecer a terceros con contrataciones privadas.

¡QUE RENUNCIE MARTA ESQUIVEL A LA PRESIDENCIA DE LA CCSS!

Somos ¡El Sindicato que te sirve!

Un país inundado de veneno

Clemens Ruepert | Foto: Giorgio Trucchi

Con Clemens Ruepert

Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Giorgio Trucchi

Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).

En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.

Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.

Agrotóxicos altamente peligrosos

El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.

También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.

Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.

Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.

Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.

En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.

Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.

Un falso paradigma

“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).

“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.

Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.

Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.

La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.

Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.

“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.

Foto: Giorgio Trucchi

1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos
2 Fuente consultada Semanario Universidad

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-pais-inundado-de-veneno/

SINTRAJAP pide respeto a resoluciones judiciales que impiden despidos y solicita reinstalación del personal cesado

SINTRAJAP expresa que JAPDEVA violenta la medida cautelar y resolución de la Sala Constitucional, por lo que los despidos ejecutados son ilegales. SURCOS comparte la carta enviada por el secretario general de SINTRAJAP, Antonio Wells Medina a la presidenta ejecutiva de la institución y al Consejo de Administración.

Limón, 14 de noviembre del 2022
STJ-693-2022

Master Sucy Wing Ching
Presidencia Ejecutiva
JAPDEVA

Señores(as)
Consejo de Administración
JAPDEVA

Estimados (as) señores(as):

Luego de saludarles respetuosamente, pasamos nuevamente a exponerles los siguientes puntos para su efectiva aplicación, de cual exponernos a continuación:

  • El incumplimiento de la medida cautelar vigente por parte de JAPDEVA, otorgada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito EXP: 18-000657-0679-LA Judicial de la Zona Atlántica, mediante el auto de las once horas y veintiún minutos del diez de agosto del año dos mil dieciocho. La cual se indica: «Se ordena a la parle emplazada a (sic) la suspensión inmediata de Despidos por este motivo y lo sucesivo mientras se tramita este proceso
  • Que mediante esta medida cautelar indicada en el punto anterior se ha garantizado el derecho de los trabajadores a tener trabajo lo cual buscamos sean efectivos y que de parte de JAPDEVA sean respetados.
  • JAPDEVA igualmente está incumpliendo lo resuelto por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 2019-018505 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, con el proceso de reorganización y de implementación establecido en la Ley N°9764 (Ley de Transformación de Japdeva) y el fuero especial con que cuentan los trabajadores de Japdeva a través de la Convención Colectiva. Hacemos notar, además, que siendo que a la fecha no se ha resuelto el levantamiento de la medida cautelar, la presidencia ejecutiva y la Administración de Japdeva ha procedido con los despidos prohibidos por la Medida Cautelar vigente, actuando JAPDEVA contrario a lo dictado por un Juez de la Republica de Costa Rica.

Además, es necesario indicar que nunca JAPDEVA contó con una base técnica para saber la cantidad de personal con la que debe operar JAPDEVA versus los movimientos de carga.

Por todo lo anterior, solicitamos la reinstalación de los trabajadores cesados y se detengan los ceses en JAPDEVA, por cuanto son ilegales según lo que ha establecido el Juzgado de Trabajo y lo advertido por la Sala Constitucional.

Atentamente,

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario Genera
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Atropellos a personas trabajadoras de JAPDEVA y ausencia de rumbo en reestructuración generan protesta en Asamblea Legislativa

Un importante grupo de personas extrabajadoras de JAPDEVA protestaron frente a la Asamblea Legislativa este martes 15 de noviembre. Su reclamo: “Son demasiados los atropellos que sufren los trabajadores en JAPDEVA y no hay un rumbo claro de los procesos de reestructuración de la institución”.

La movilización coincidió con una petición a la presidencia legislativa para suspender durante 20 minutos la sesión, a fin de que la Comisión Especial de Limón atendiera al grupo de limonenses presentes en el Congreso. La solicitud fue firmada por los diputados Jonathan Acuña Soto, jefe de la fracción del Frente Amplio y Oscar Izquierdo Sandí, subjefe de la bancada del Partido Liberación Nacional. Asimismo, la diputada Ada Acuña Castro, del Partido Social Democrático envió una nota a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo con la solicitud de “una escucha enfática, que promueva acciones propositivas para el beneficio de la provincia de Limón”.

La legisladora puntualiza en su carta que es necesario “un espacio de reunión, con la participación de una comisión de empleados y ex trabajadores de la institución, de forma tal que se construya un diálogo franco sobre los planes estratégicos y propuestas que desarrollarán con la autoridad portuaria y su personal”.

Agrega la diputada Ada Acuña Castro: “El día de hoy representantes del sindicato de JAPDEVA se presentaron en las instalaciones del Congreso, para requerir el apoyo … para que sean escuchados sobre la propuesta de transformación del Gobierno, ya que han enviado documentación al respecto y no han sido atendidos y además alertaron públicamente supuestas irregularidades en el accionar de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA”.

ANEP emplaza a Rocío Aguilar para que entregue información sobre el ROP

La ANEP y ASDEICE, enviaron a la Superintendente de Pensiones, Roció Aguilar Montoya, un emplazamiento para que haga pública la información completa y veraz sobre el gigantesco problema que se ha desencadenado con el Régimen de Pensiones ROP, que ya se ha convertido en una problemática social.

Con esto la ANEP busca esclarecer cómo se están invirtiendo los recursos, y qué dinámicas giran alrededor de las dudas generadas por el manejo de la ROP, llevando una serie de manifestaciones debido a las pérdidas generadas. 

Compartimos el siguiente video:

Experto sobre las formas contemporáneas de la esclavitud visita Costa Rica

GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.

Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»

«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.

El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.

Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.

El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.

FIN

El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

Fuente: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/11/un-expert-contemporary-forms-slavery-visit-costa-rica

Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica solicita criterio jurídico sobre presunto conflicto de intereses en votación de aumento salarial

En declaraciones para SURCOS, el dirigente Juan Carlos Durán Castro en representación del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, nos da a conocer los presuntos pactos por puestos y demás concesiones políticas que se están presentando en la CCSS. 

Se alerta sobre los grandes intereses de ciertos grupos en relación a la Junta Directiva de la CCSS, además de lo que significa no llegar a tener representación sindical, cooperativista y solidarista en dicha institución. 

El sindicato SIFUPCR hizo llegar un oficio a la CCSS mediante el cuál se les solicitaba criterio jurídico sobre el posible conflicto de interés derivado de la participación de miembros de Junta Directiva en el acuerdo del aumento general de salarios en la Caja Costarricense del Seguro Social, a lo cual dicha institución indicó que esto está siendo tramitado, por lo que resulta improcedente realizar cualquier gestión al respecto o emitir criterio alguno. Esta respuesta confirma que la auditoría interna de la CCSS, investiga a los directivos que votaron al acuerdo de pagar el aumento salarial.

Afirman que esta es una  táctica y estratégica de ataque por parte del Poder Ejecutivo y el gobierno de Costa Rica. El señor Juan Carlos Durán menciona que “Posiblemente estén desarrollando un proceso altamente riesgoso para la CCSS y en general para la institucionalidad, el estado social de derecho y la democracia misma”.

SIFUPCR aseguran que toda esta situación podría traer efectos e impactos enormes, así nos señala el señor Durán diciendo que “las señales que vemos en otros escenarios, como la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de asuntos Económicos, nos auguran un alto grado de potencialidad en nuestra hipótesis”.

ALUNASA incumple acuerdos conciliatorios de pago de las liquidaciones de sus trabajadores por más de mil millones de colones

  • 105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.

Pese a existir un acuerdo con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió nuevamente sus responsabilidades patronales con los trabajadores de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.

La deuda de la empresa ALUNASA haciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.

José Luis Rosales Elizondo, presidente de la seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado cómo los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.

“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades… En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.

*Antecedentes*

Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.

Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.

Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900) pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.

“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quién también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompáñanos por el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.

Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa ALUNASA por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.