Leí con atención el artículo publicado por el Semanario Universidad sobre la Sentencia contra Coca Cola Femsa por aplicación ilegal de las jornadas de 12 horas, porque es lo que es ilegal, y precisamente lo que el proyecto de Ley 4×3 pretende es “legalizar” la esclavitud laboral.
Lo que muestra esta sentencia contra Coca Cola Femsa no es solo un caso aislado de abuso patronal. Es una advertencia clara, un espejo del país al que nos quieren arrastrar con el proyecto de Ley 24.290, más conocido como el nefasto “4×3”. Este proyecto, que bajo la promesa de “modernizar” las jornadas laborales legalizaría turnos de 12 horas diarias por 4 días a la semana, no es otra cosa que un retroceso de un siglo en materia de derechos humanos y laborales.
El testimonio de Juan, como lo identifica Semanario Universidad, es devastador. Ocho años de servicio, jornadas nocturnas de 12 horas sin días libres, agotamiento extremo y finalmente, un error comprensible por fatiga lo lleva al despido. Sí, al despido.
No es difícil imaginar a decenas de personas trabajadoras viviendo hoy, en silencio, situaciones similares. El fallo judicial reconoce lo que es evidente, no existe “voluntariedad” real cuando hay subordinación laboral, y menos cuando se ejerce presión sistemática desde el patrono. El miedo a perder el empleo, a no ser tomado en cuenta para horas extra, a no recibir permisos, a ser despedido, es una forma de coerción diaria.
Y este es precisamente el corazón del problema con el proyecto de esclavitud laboral 4×3, la falacia del “acuerdo voluntario”, ¿Qué de voluntario puede ser cuando la balanza está inclinada brutalmente a favor del patrono? ¿Cuántos Juanes o Juanas más serán despedidas tras cometer “errores” derivados del agotamiento físico y mental si se aprueba esta reforma?
Lo más grave de todo es que esta sentencia ocurre sin que exista aún una ley que permita jornadas de 12 horas de forma estructural. Si ya hoy el abuso ilegal es sistemático, ¿qué pasará cuando esas condiciones estén legitimadas por ley? ¿Qué herramientas le quedarán a la clase trabajadora cuando la explotación ya no sea ilegal, sino institucionalizada?
El gobierno y los sectores empresariales promotores del proyecto esclavista 4×3 repiten sin cesar que se trata de dar “flexibilidad” y “productividad”. Pero detrás de esos discursos maquillados, lo que en realidad están haciendo es desmantelar las conquistas sociales que tanto costaron a generaciones anteriores, por las cuales muchos murieron. Se pretende convertir a las personas trabajadoras en simples piezas desechables, cuya salud física, emocional y familiar se sacrifica en aras de las ganancias del sector empresarial que solo los enriquece a ellos, no al país, no a la clase trabajadora.
Esta sentencia es un llamado de alerta. No se trata de “teoría”, es la lucha de clases, es ideológica, se trata de los grandes millonarios contra la clase trabajadora. Se trata de personas que llegan a sus casas sin ver a sus hijos, sin descanso, con cuerpos rotos y mentes al límite, la mayoría mujeres. El proyecto esclavista 4×3 es una condena legalizada.
Como pueblo, no podemos permitir que el país retroceda 100 años en derechos humanos, porque eso es, un retroceso. Esta lucha no es solo de sindicatos ni de trabajadores organizados, es de todo el pueblo costarricense. Cuando se normaliza el abuso en una parte del sistema, se abre la puerta para que alcance a todas las demás. Y como bien decía Bertolt Brecht, “vinieron por otros, y no hice nada…”, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Hoy, todavía podemos hacer algo, decir no a la esclavitud laboral 4×3, exigir condiciones laborales y salariales decentes, rechazar las leyes que nos despojan de nuestros derechos y, sobre todo, alzar la voz por quienes, como Juan, fueron tratados como máquinas, y cuando fallaron por agotamiento, fueron desechados.
¿Por qué el trabajador no se sindicalizó y lucho por sus derechos?, simple, a pesar de las “políticas de la empresa” de permitir la organización sindical, se han denunciado prácticas antisindicales, como el hostigamiento a líderes sindicales, la creación de sindicatos «blancos», y la dificultad para establecer negociaciones colectivas justas.
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Alimentarias (UITA) ha documentado casos de Coca Cola en diferentes países donde se han violado los derechos laborales y se han puesto obstáculos a la organización sindical. Algunos empleados han reportado presiones para afiliarse a sindicatos afines a la empresa o para abandonar sindicatos independientes. Las denuncias incluyen también falta de transparencia en las negociaciones colectivas y falta de respuesta a las demandas de los trabajadores. Eso lo dice todo.
La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».
En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».
Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».
A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución
ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.
Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.
Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.
Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.
Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.
ANEP exigió de forma pública:
Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.
El movimiento Trabajo Digno CR les invita a ser parte de una movilización nacional que tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 5:00 p.m. en San José, Parque de la Merced, para luego desplazarse hacia el Parque de las Garantías Sociales, donde se realizará una vigilia por el Código de Trabajo.
Esta organización social ha alzado la voz contra el nefasto proyecto de ley que pretende instaurar jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica. Se les invita a sumarse a la convocatoria y a hacerse presentes en esta jornada de lucha, bajo una sola consigna: ¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Sí al trabajo digno y con derechos!
El Movimiento Trabajo Digno surge en el 2023, agrupando distintas organizaciones sociales y políticas, como una respuesta urgente ante los intentos legislativos de imponer en el país un régimen laboral regresivo con jornadas laborales de 12 horas sin pago de horas extra. De aprobarse, significaría un retroceso de décadas en materia de derechos laborales.
El proyecto de ley No. 29290 lesiona gravemente los derechos de las personas trabajadoras, al pretender instaurar una jornada de trabajo de 4 días a la semana, durante 12 horas sin pago de horas extras y brindar 3 días de descanso sin garantía de que sean consecutivos y con posibilidad de hacer las horas extra durante estos periodos de “descanso” en 2 de estos días, si el patrono así lo dispone.
El proyecto invisibiliza los tiempos de traslado, estudio, recreación, y el derecho a compartir con la familia. Además, golpea con mayor fuerza a las mujeres trabajadoras, quienes ejercen doble o triple jornada por las tareas del hogar y del cuido; por lo que el tiempo que puede dedicarse al descanso cada día, bajo un esquema de este tipo, se reduciría al mínimo. Estas jornadas tan largas resultan en personas trabajadoras cansadas, con fatiga y sin dormir, aumentando la posibilidad de que sufran accidentes de trabajo y disminuya su productividad.
A pesar de todas estas consecuencias, la Asamblea legislativa se encuentra discutiendo este proyecto bajo la modalidad de procedimiento abreviado, evidenciando el compromiso de algunas diputaciones con los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) lanzó un contundente llamado a la Gerencia Médica de la CCSS, en carta abierta, SG-660-2025 del 28 de julio pasado: la crisis en el personal de Enfermería no puede esperar más. UNDECA exige un diálogo real, resolutivo y con plazos claros, y advierte que se mantendrá en alerta y movilización permanente si no se atienden sus demandas.
A la Gerencia Médica le hemos señalado:
1. Rechazo a la unilateralidad: La Gerencia Médica definió de manera unilateral la agenda, los temas y la cantidad de participantes, lo cual UNDECA considera inaceptable y contrario a la autonomía sindical.
2. Ampliación de la agenda: Los cuatro temas planteados por la Gerencia no resuelven la grave falta de recurso humano en Enfermería ni otras necesidades prioritarias para garantizar la calidad y seguridad de los servicios de salud.
3. Inclusión de actores clave: UNDECA solicita que se integren a la mesa de trabajo el Ministerio de Salud y la Presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por su papel rector en la materia.
4. Mesa resolutiva y con plazos claros: Se exige que el proceso de diálogo tenga carácter resolutivo, con un máximo de cuatro sesiones cada 15 días, iniciando el 12 de agosto del 2025, dada la urgencia de la situación.
5. Ratios de personal como eje de discusión: La organización plantea que se discuta de forma prioritaria la fórmula para establecer los ratios de personal de Enfermería en los tres niveles de atención de la Institución.
“Si la CCSS no ofrece respuestas inmediatas, UNDECA se mantendrá lista para movilizarse en defensa de la calidad de los servicios de salud y los derechos del personal de Enfermería”, advirtió Luis Chavarría Vega, secretario general de la organización.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.
Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.
El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.
Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.
Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria. La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.
Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.
¡Martha no está sola!
¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!
Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
El Ministerio de Trabajo en Liberia fue el escenario de la firma de un acuerdo que convertirá en una realidad el salario escolar para el personal de la municipalidad de Tilarán. Este importante logro se alcanzó gracias a un accionar conjunto y exitoso entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la alcaldía y el concejo municipal de Tilarán, quienes lograron llegar «a buen puerto» en sus negociaciones.
Mediante este acuerdo, se estableció que el salario escolar se recibirá en un solo pago, simplificando así el proceso para las personas beneficiarias. Un punto clave de la negociación es que este beneficio ya se ha asegurado, estando consagrado en el presupuesto del próximo año 2026, garantizando así el rubro correspondiente para su desembolso.
Desde la ANEP, se destacó que este fue, de hecho, «el logro más importante en temas de salario escolar» que ha obtenido la organización. La Asociación expresó su profundo agradecimiento por la confianza depositada en su labor por parte del personal municipal y reafirmó su inquebrantable compromiso de «trabajar siempre en favor de la clase trabajadora y de la institucionalidad». Este acuerdo subraya la importancia de la negociación colectiva para la defensa de los derechos laborales.
Para más detalles sobre este acuerdo y las declaraciones completas de las partes involucradas, le invitamos a ver el video siguiendo este enlace:
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) remitió el oficio SDSC-045-2025 al gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez Cabo, para que se presentara el jueves 24 de julio, 8:00 a. m., a una mesa de seguimiento presencial en la Gerencia Médica o en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. El sindicato señala que la inasistencia reiterada del funcionario ha impedido avanzar en la atención de la crisis de enfermería, situación que “pone en peligro la vida de las personas usuarias” y mantiene en desgaste al personal.
En la reunión anterior, la Gerencia Médica envió una delegación sin poder de decisión, lo que—según UNDECA—agravó el estancamiento de los acuerdos. La organización advierte que, de no asistir el gerente este jueves, iniciará un proceso de organización y planificación de acciones a nivel nacional en distintos centros de salud.
Voceros del servicio de Cirugía del HCG recordaron que, aunque los turnos extraordinarios han paliado parcialmente la sobrecarga, aún existe un faltante estimado en 6 500 profesionales de enfermería en todo el país, por lo que urgen la asignación de códigos permanentes para el personal. De continuar la carencia, advirtieron, la responsabilidad recaerá en la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Médica de la CCSS.
El oficio fue copiado al Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva de la CCSS y otras instancias, dejando constancia de la urgencia nacional del tema y del llamado de UNDECA a mantener la vía del diálogo.
Fuente: documentación y declaraciones enviadas por UNDECA a SURCOS.
Sería imposible comprender la consolidación del Estado costarricense sin tener en cuenta el invaluable aporte de nuestra clase trabajadora. Ésta, compuesta por hombres y mujeres del campo y la ciudad, participó decididamente, con su creatividad y entrega, en darle impulso a la economía nacional para la agroexportación. Primero, con la expansión del cultivo del café, el cual se convirtió en la base material del posterior desarrollo nacional y, luego, con el incremento de nuevos cultivos, particularmente el del banano en la zona atlántica.
Con la expansión de la producción bananera, ocurrieron cambios profundos en el panorama económico nacional y en la composición de la clase trabajadora costarricense. En lo sucesivo, la aparición de los nuevos obreros agrícolas contratados por la United Fruit Co. vino a modificar, definitivamente, el mundo del trabajo de nuestro país. Surgía así una masa asalariada proveniente de diferentes puntos del territorio nacional y desprovista de las mínimas condiciones para sobrevivir con dignidad. La mayoría eran varones que dejaban su tierra y sus familias, llegaban a las plantaciones bananeras contando tan solo con su fuerza de trabajo para vendérsela a la UFCO, a cambio de un salario, casi siempre insuficiente.
Fueron aquellas condiciones las que permitieron el surgimiento de la conciencia de clase entre los miles de trabajadores que se trasladaron desde comienzos del siglo XX hacia los bananales del Atlántico.
Con paciencia y valentía, aquellos trabajadores fueron forjando su espíritu de lucha ante las injustas condiciones en las se veían obligados a vender su mano de obra. Los bajos salarios, las pésimas condiciones de vivienda, los graves accidentes de trabajo y los altos precios que cobraban los comisariatos -también propiedad de la UFCO- fueron algunas de las razones que alimentaron su espíritu de lucha.
Desde principios del siglo XX, los trabajadores bananeros comenzaron a recurrir a los paros de labores para reclamarle a la UFCO condiciones más justas, sobre todo durante las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y, luego, por la crisis mundial de 1929. Su conciencia colectiva iba madurando.
Pero no fue sino hasta 1934, cuando persistían los efectos de la Gran Depresión de 1929, que se pudo palpar más claramente la aparición de la conciencia obrera en el seno de los trabajadores bananeros. El desarrollo de uno de los movimientos sociales más estremecedores de aquella época, la histórica huelga bananera del Atlántico, entre agosto y setiembre de 1934, marcó para siempre la historia de los bananales costarricenses.
En aquella ocasión, unos diez mil trabajadores contratados en las diversas fincas bananeras de la zona atlántica lograron ponerse de acuerdo y decretaron una huelga general. Exigían mejores salarios, viviendas dignas, pago en efectivo para eliminar los cupones que solo podían cambiar por mercadería en los comisariatos de la misma Compañía, botiquines con medicamentos de primera necesidad, cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y, estratégicamente, algo muy importante, el reconocimiento legal del Sindicato de Obreros del Atlántico y demás organizaciones sindicales del país.
Ese pliego de peticiones lo recibieron el día 4 de agosto de 1934 el gerente general de la UFCO y los productores nacionales de banano, acompañado de una carta firmada por el secretario general del sindicato, Carlos Luis Fallas Sibaja, en la que se notificaba el comienzo de la huelga.
A partir del día 5 de agosto se inició el paro de labores, el cual debió prolongarse ante la resistencia de la UFCO a firmar el convenio que pondría fin a ese justo y vigoroso movimiento. Sin embargo, la UFCO nunca llegó a firmarlo.
El sufrimiento de aquellos trabajadores, y sus dirigentes, se escribió con sangre. El gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno, presionado por la Compañía, envió cuerpos policiales que sometieron por la fuerza la férrea voluntad de los miles de trabajadores que, guiados por sus valerosos dirigentes, escribieron páginas gloriosas en la historia de la clase trabajadora costarricense.
No cabe duda de que el significado histórico del día 4 de agosto de 1934 debe perdurar en la memoria de la sociedad costarricense. Ha sido una fecha que, noventa años después, continúa dignificando a los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones bananeras. Más importante aún: es una fecha que debe alimentar la conciencia nacional y la memoria antiimperialista que otrora caracterizó a los trabajadores de las transnacionales del banano.
En las décadas siguientes, los trabajadores bananeros también estuvieron presentes en las luchas por la legislación social costarricense. Incluso, no dudaron en tomar las armas en 1948 para sumarse a la defensa de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, insignes conquistas que, desde 1943, alumbraron el camino correcto hacia la construcción de una Costa Rica más justa y democrática.
Las décadas posteriores a la guerra civil, de nuevo fueron testigo de innumerables paros y huelgas, siempre en defensa de mejores condiciones de trabajo y, muy especialmente, de la libertad de organización sindical, tanto en las plantaciones del Atlántico como en las del Pacífico Sur. Fue así como en la huelga de 1953 en Golfito se conquistó la extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo a los bananales y en 1959, luego de otra huelga ejemplar, se logró el derecho al pago de un mes de aguinaldo, como a la mayoría de los trabajadores del resto del país.
La década del setenta del siglo anterior fue un período muy productivo en materia de conquistas laborales por parte de los trabajadores bananeros de todo el país. La firma de un buen número de convenciones colectivas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, trajo mejoras sustantivas, muchas de las cuales venían siendo reclamadas desde aquel lejano mes de agosto de 1934.
A la centenaria producción bananera nacional se le ha sumado, en los últimos tiempos, el cultivo de otra fruta para la exportación, la piña, actualmente producida en la región norte de nuestro país. Sabemos también de sus difíciles condiciones de trabajo. Sus luchas ya han comenzado y el ejemplo de los obreros bananeros, seguramente, les estará marcando el camino a seguir.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
