Costa Rica vive un momento de inseguridad y desesperanza
Dra. Marielos Aguilar Hernández
La sociedad costarricense enfrenta hoy una coyuntura política excepcional. La ingobernabilidad que intenta propiciar el presidente Rodrigo Chaves Robles con su particular estilo de gobernar por medio de ofensas, insultos y degradaciones dirigidas a sus adversarias y adversarios políticos, en el fondo, solo deja ver su ignorancia histórica y política de nuestro proceso de construcción como una sociedad civil caracterizada, casi siempre, por su vocación de consenso.
Pero esto no es casual, es el resultado de la decadencia propiciada desde la década del ochenta del siglo anterior, por parte de los dos partidos tradicionales – el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana – montados desde entonces en los carruajes internacionales de la globalización neoliberal, atentando contra todos los esfuerzos nacionales impulsados desde la década del cuarenta para disminuir la desigualdad, el analfabetismo, democratizar la enseñanza y consolidar nuestro sistema de salud pública. Las élites políticas de esos partidos no fueron capaces de prever las consecuencias de sus actos, no imaginaron que, a mediano o largo plazo, el resultado de sus prácticas oportunistas e irresponsables le pasarían al país facturas tan costosas y amenazantes como ha sido el arribo de un régimen neo populista, autoritario e irrespetuoso, empeñado en acelerar el proceso iniciado por esas élites, desde el seno del Estado, en aras de privatizar nuestra democracia.
Todo eso se está agravando en nuestros días. En general, las y los costarricenses, casi siempre hemos sido conscientes de nuestras diferencias y contradicciones internas, pero, con excepción de aquellos dolorosos días de la guerra civil de 1948, hemos tratado de manejarlas dentro de los límites del diálogo y el respeto ciudadano. Sin embargo, las crecientes desigualdades sociales, la ignorancia o la subestimación de las buenas formas de convivencia en nuestro país por parte del presidente Chaves y, sobre todo, su vocación autoritaria que lo lleva a irrespetar los fundamentos de nuestro sistema político y la división de los tres poderes que le dan sustento, nos está amenazando seriamente como país.
La aparente corrupción de algunos sectores en el seno del Estado – nada extraño para nosotros como sociedad – pero con nuevos actores, métodos y tácticas, también está propiciando un momento crucial que anuncia una crisis de grandes dimensiones.
Los poderes Legislativo y Judicial han dado un paso al frente. Algo tan grave como la reciente intervención judicial de la CCSS y el inicio de una investigación legislativa para perseguir los tentáculos del narcotráfico que podrían estar invadiendo las estructuras del Estado costarricense, son síntomas que preocupan. ¿A dónde nos llevará todo esto?
El Poder Ejecutivo ha comenzado a observar pasos contundentes de parte de los otros poderes del Estado, tendientes a constatar aparentes anomalías en relación con la marcada expansión del narcotráfico en nuestro país en los últimos tiempos y parece sentirse acorralado. Conociendo un poco las formas de reaccionar el presidente, todo indica que también está arrastrando a algunos miembros de su gabinete a situaciones límite.
Ello ocurre cuando recién está comenzando la campaña política para las elecciones nacionales de febrero del año 2026, lo cual podría exacerbar las sensibilidades y las contradicciones en el seno de la sociedad costarricense.
Sin duda, esta es una hora crucial para nuestro sistema político y social. La acumulación de falencias heredadas por la clase política tradicional, sumado al auge internacional de regímenes populistas, autoritarios y con tácticas alimentadas por la extrema derecha, que se extienden cada día más por el mundo entero, implican un desafío sinigual para nuestro país. A la vez, constituye una prueba de fuego para nuestras convicciones alimentadas por la utopía de la excepcionalidad costarricense, solo comparada con la Suiza europea, según algunas percepciones abonadas desde el siglo XIX.
Este momento histórico exige, de parte de las y los trabajadores costarricenses, y de la sociedad como un todo, el compromiso ineludible de revertir, por los medios más atinados y firmes, este inconcebible retroceso en nuestro sistema democrático.