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Etiqueta: minería

En Panamá debatirán cómo construir un país desde y para las comunidades y los territorios

En la ciudad de Panamá se realizará el conversatorio “¿Cómo construir un país desde y para las comunidades y territorios?”, un espacio para pensar alternativas económicas y sociales a la minería y el extractivismo en las comunidades más excluidas, a partir de la organización comunitaria, la gobernanza y la solidaridad.

Según la convocatoria, el encuentro surge ante la crisis social, ambiental y económica que vive Panamá, “agravada por el reciente terremoto en nuestras zonas más vulnerables”. “Tras siglos de abandono, es más urgente que nunca hablar de futuro”, señalan sus organizadores.

Participarán:

  • Kevin Sánchez Saavedra, antropólogo;
  • Juan Jované, economista;
  • Juana Camargo, socióloga, quien abordará el ecofeminismo;
  • Annie Young, de la Mesa UICN, quien se referirá al turismo regenerativo.

La actividad es un diálogo del espacio Pintas y Datos, organizado por La RED con el apoyo de Red Flag Taproom.

Datos de la actividad

  • Fecha: jueves 29 de octubre
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Panamá)
  • Lugar: Red Flag Taproom, calle 72 Este, San Francisco, ciudad de Panamá

Organizaciones, pueblos originarios y personas de 15 países se solidarizan con el pueblo Ngäbe-Buglé frente al avance de la minería

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA

Un pronunciamiento regional reúne 137 adhesiones y expresa preocupación por los intentos de abrir paso a la minería en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde la Ley 11 de 2012 prohíbe la exploración y explotación minera.

Organizaciones indígenas, ambientales, comunitarias, académicas y sociales, junto con personas de 15 países, expresaron su solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé de Panamá y su histórica defensa del territorio frente a los proyectos mineros.

El pronunciamiento, titulado Solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y contra el avance de la minería en nuestros territorios, reúne 137 adhesiones de al menos 50 organizaciones, redes, colectivos, comunidades e instituciones. Los apoyos proceden de América Latina, el Caribe y otras regiones, y reflejan la diversidad de pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones ambientales, universidades y personas comprometidas con la defensa territorial.

Entre las adhesiones hay organizaciones y representantes vinculados a pueblos indígenas de Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Bolivia y otros países, así como personas y colectivos de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Francia y España.

El pronunciamiento recuerda que la defensa de la Comarca Ngäbe-Buglé es resultado de décadas de organización y resistencia frente a proyectos mineros e hidroeléctricos. Las movilizaciones de este pueblo han estado marcadas por la represión y la pérdida de vidas humanas, pero también permitieron conquistar garantías legales fundamentales, entre ellas la Ley 11 de 2012, que prohíbe la exploración y explotación minera dentro del territorio comarcal.

La preocupación actual se relaciona con actividades de consulta y acercamiento vinculadas a un eventual desarrollo minero en Cerro Colorado. Según el testimonio de Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé, estas actividades se habrían impulsado mediante una empresa consultora y con recursos vinculados a intereses mineros. El pronunciamiento también cuestiona las condiciones en que se convocó un Congreso Extraordinario en septiembre de 2026 y la participación de las organizaciones de base.

Ante esta situación, las personas y organizaciones firmantes advierten que los mecanismos de diálogo, consulta y consentimiento no deben convertirse en instrumentos para debilitar decisiones colectivas, desconocer las instancias legítimas de gobernanza de los pueblos ni abrir paso a proyectos que estos han rechazado históricamente.

Como expresa Weny Bagama: “Nadie más va a respetar nuestra ley si no somos nosotros mismos”.

Entre las adhesiones destacan mensajes de representantes de los pueblos Bribri, Boruca, Maleku, Lenca, Triqui, Ka’apor y Maya K’iche’, así como de la Nación Indígena Mojeño Trinitario. Sus palabras relacionan la defensa territorial con la identidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) expresa su solidaridad y recuerda los vínculos territoriales que unen a ambos pueblos: “El Pueblo Ngäbe-Buglé es un Pueblo transfronterizo. Su Territorio y el nuestro se encuentran, y su defensa nos concierne”.

Desde Honduras, José Santos Portillo Guzmán, del Consejo del Indígena Lenca de Sazagua de Santiago Puringla, La Paz, llamó a continuar la lucha y defender los derechos, sin dejarse silenciar por las autoridades ni por las redes sociales.

Jacqueline Reyes Gaona, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia, envió “un abrazo de armonía y resistencia” y recordó que “somos un solo territorio, ABYA YALA nos necesita”. Desde México, Palmira Flores García, de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, manifestó: “La fuerza y la resistencia serán siempre infinitas cuando se trate de proteger la vida y el territorio”.

Cuc Uaco Matias Romero, de la Universidad Autónoma Comunal de México, expresó su apoyo a los pueblos en resistencia “contra el olvido, contra los megaproyectos de saqueo, destrucción y muerte”, y recordó que no están solos.

Desde Bolivia, Ramiro Zenteno, de la Nación Indígena Mojeño Trinitario de la cuenca Ichilo-Mamoré, envió un mensaje de unidad: “Yaja tenonde (Sigan adelante) pueblo Ngäbe-Buglé”. También advirtió sobre los efectos de los metales pesados en territorios de su país y llamó a defender el territorio ancestral.

Otras adhesiones refuerzan este llamado. Lorena López Mejía, del Colectivo Jael Be, Maya K’iche’ de Guatemala, expresó su mensaje de “fuerza, unidad y solidaridad”. Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, manifestó su respaldo a las luchas históricas del pueblo Ngäbe-Buglé con una consigna: “¡Sí a la vida, no a la minería!”. Desde Perú, María Elena Foronda, del Instituto Natura, expresó su reconocimiento a la defensa de los derechos territoriales y los conocimientos ancestrales frente a los intereses extractivos.

Por su parte, Benito Montezuma Montezuma, de la Asociación de Desarrollo Integral de Abrojo Montezuma, en Costa Rica, recordó el papel de este pueblo en la protección de la tierra: “Vamos adelante pueblo ngäbe, los ngäbes son los protectores de está madre tierra”.

Estas voces expresan una dimensión central del pronunciamiento: la solidaridad no se limita a acompañar una lucha ajena, sino que reconoce los vínculos históricos, territoriales y culturales que unen a los pueblos indígenas y sus procesos de resistencia.

El documento sitúa el caso panameño en un contexto regional de expansión minera y de cuestionamientos a derechos y decisiones comunitarias.

En Costa Rica, advierte sobre los intentos de reabrir la minería metálica a cielo abierto en Crucitas. En Honduras y Guatemala señala la extensión de las concesiones mineras y las presiones sobre territorios y fuentes de agua. En Nicaragua destaca las afectaciones a territorios comunitarios indígenas en un contexto de restricciones a la participación social. En El Salvador recuerda que la prohibición de la minería metálica, conquistada en 2017 tras años de movilización social, fue revertida con la aprobación de una nueva ley en diciembre de 2024.

Aunque cada país presenta condiciones políticas y jurídicas diferentes, las organizaciones firmantes identifican un problema común: las conquistas legales y las decisiones colectivas que protegen los territorios pueden volver a ser cuestionadas ante el avance de los intereses extractivos.

El pronunciamiento fue promovido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), una iniciativa orientada a generar espacios de encuentro, formación, acompañamiento, documentación e incidencia pública en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en Costa Rica y América Latina.

Las organizaciones y personas firmantes solicitan el respeto pleno de la Ley 11 de 2012, rechazan la intervención de empresas con intereses mineros en los procesos de decisión de los pueblos y respaldan a las comunidades que defienden sus territorios frente a la expansión minera. También recuerdan a quienes han perdido la vida y a quienes han sufrido represión y persecución por estas luchas.

Desde Abya Yala, el mensaje es claro: la lucha del pueblo Ngäbe-Buglé no está sola.

Congreso Latinoamericano abordará los impactos socioambientales de la minería, con la participación del Vaticano y organizaciones de siete países

Este 17 y 18 de julio se realiza en la sede central de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), en Moravia, el Congreso Latinoamericano: Impacto Socioambiental de la Minería, una actividad académica organizada por el Observatorio Socioambiental Laudato Si’ de la UCAT, en conjunto con el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. El congreso cuenta además con el respaldo y la participación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, así como de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Según indicó Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, la iniciativa busca impulsar un diálogo profundo e integral sobre la actividad minera, no solo desde una perspectiva científica, sino también espiritual, que contribuya a atender la conflictividad ambiental existente hoy en la región en torno a este tema, entre ella la situación del conflicto ambiental de Crucitas.

La pregunta orientadora del encuentro, según el programa académico, es si resulta posible construir un diálogo sobre la realidad de la minería en América Latina que promueva el desarrollo sin sacrificar la dignidad humana, las comunidades y «la casa común», o si se está ante una contradicción ética que no puede ignorarse.

Participantes y países representados

De acuerdo con el sitio oficial del congreso, se cuenta con la participación de ponentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos. Entre las personas ponentes confirmadas figuran:

  • Pedro Landa (Honduras), investigador y docente en extractivismo minero-energético en Centroamérica.

  • Moema Miranda (Brasil), antropóloga, integrante de la Red Iglesias y Minería y asesora de la Comisión Episcopal Pastoral Especial para Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.

  • Vidalina Morales (El Salvador), defensora de derechos humanos y ambientales, integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y de la Mesa Frente a la Minería.

  • Mons. Jenry Ruiz (Honduras), delegado de la Conferencia Episcopal hondureña para la Comisión Nacional de Ecología Integral.

  • Arturo Carballo Madrigal (Costa Rica), presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS).

  • Fray Erick Marín Carballo (Costa Rica), teólogo con experiencia de acompañamiento a comunidades afectadas por la minería en Centroamérica y la Panamazonía, vinculado al Parlamento Cívico Ambiental y a la Alianza por la Casa Común.

  • Bernardo Aguilar (Costa Rica), abogado, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y líder del equipo consultor del MINAE para la valoración del daño ambiental en Crucitas.

  • Zulma Herrera (México), especialista en gestión de capital humano en la industria minera.

  • Heileen Montiel Cubillo (Costa Rica), asesora legal del Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE.

  • Pbro. Julio Arváez (Panamá), misionero claretiano, coordinador de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Panamá y activista del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

  • Ray Offenheiser (Estados Unidos), con tema por confirmar.

  • Iliana Boschini (Costa Rica), en el panel «Voces desde la institucionalidad».

  • René Castro (Costa Rica), quien abordará gobernanza ambiental y sostenibilidad en contextos extractivos.

  • Henry Prado (Fortech, Costa Rica) y Raúl Rubén Muñoz Garrido (Chile), en el panel de buenas prácticas y transformación sostenible.

  • P. Patricio Sarlat Flores, del Dicasterio de Ecología Integral del Vaticano, y S.E.R. Cardenal Michael Czerny, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con un mensaje de saludo institucional.

Estructura del programa

El programa académico se organiza en seis bloques temáticos distribuidos en dos jornadas. El primer día (17 de julio) incluye la conferencia inaugural «Minería, desarrollo y desafíos socioambientales», a cargo de Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación, así como paneles sobre la realidad institucional, la gobernanza ambiental en contextos extractivos y las voces de los territorios afectados, con la participación de Pedro Landa y Arturo Carballo Madrigal, entre otros. El segundo día (18 de julio) se centra en la ecología integral como horizonte ético, con ponencias sobre eco-teología y espiritualidad, además de una jornada de «conversación en el espíritu» orientada a la construcción de consensos, con mesas de trabajo participativas. El cierre académico estará a cargo de Bernardo Aguilar.

Como actividad complementaria, el domingo 19 de julio se realizará una visita de campo al Ecomuseo de las Minas de Abangares, en Guanacaste, que incluye un recorrido histórico de dos horas por los senderos y vestigios del período de industrialización de la actividad minera en esa zona.

Inscripción

Según el afiche oficial del evento, la inscripción al congreso tiene un costo de 75 dólares, mientras que la modalidad que incluye la visita de campo al Ecomuseo de Abangares tiene un costo de 175 dólares. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del sitio web de la Universidad Católica de Costa Rica.

Una entrega vergonzosa

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.

Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».

Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.

Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.

Pero, ¿será cierto?

¡Veamos!

A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.

Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.

Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.

Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…

16.2.2026

Solicitan la nulidad de la licencia ambiental otorgada a proyecto minero en el cauce del Río Ario en Cóbano

  • El recurso argumenta sobre “Emergencia climática y Derechos Humanos” Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Extracción de río pone en peligro la nutria y su ecosistema

  • El río es una de las principales fuentes de agua potable que abastece las costas de Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en la península de Nicoya

El abogado ambientalista Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una petición de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la licencia ambiental N.º 1078-2023-SETENA, otorgada al proyecto de concesión minera en el cauce de dominio público del Río Ario, en la Península de Nicoya.

La gestión, fundamentada en el artículo 50 de la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Biodiversidad, solicita que la SETENA revoque la licencia ambiental por considerarla contraria al derecho a un ambiente y clima sano, además de presentar omisiones graves en la evaluación de impacto ambiental.

El expediente del proyecto carece de un protocolo o guía ambiental que incorpore la variable climática, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima sano reconocido recientemente por la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición cita un oficio de la propia SETENA (SETENA-SG-0015-2025), en el que la institución reconoce que Costa Rica no cuenta aún con guías o protocolos de evaluación climática, lo cual implica que el acto administrativo carece de uno de sus elementos esenciales: el motivo técnico y el fundamento científico.

El recurso destaca que este caso se presenta en medio de una creciente preocupación por la crisis climática y la falta de mecanismos efectivos de control ambiental en proyectos extractivos. De concretarse la explotación del cauce, el país estaría incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica.

El recurso presenta una argumentación novedosa, basada en la Opinión Consultiva OC-32/25, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025, la cual dispone que los Estados deben incorporar de manera obligatoria la variable climática en los estudios de impacto ambiental, algo que nunca antes se había considerado en el país.

El documento advierte que el proyecto podría generar daños irreversibles al ecosistema fluvial, tales como el aumento de la turbidez del agua, la pérdida de oxígeno por acumulación de sedimentos, la afectación a especies acuáticas como camarones de agua dulce y nutrias, y la alteración del equilibrio ecológico del humedal ubicado a menos de un kilómetro río abajo, dentro del Refugio de Vida Silvestre de los ríos Bongo y Ario.

Según el informe técnico del geólogo ambiental Allan Astorga, incorporado al expediente, la operación del proyecto por un periodo de diez a veinte años provocaría contaminación acumulativa y alteraciones significativas en el ecosistema del humedal.

El escrito sostiene además que la SETENA no garantizó el derecho de participación ciudadana, al no convocar audiencia pública ni permitir que la comunidad de Cóbano conociera los impactos del proyecto. También argumenta que la ausencia de evaluación climática contradice el principio precautorio y el deber del Estado de aplicar la mejor ciencia disponible en los procesos de evaluación ambiental, tal como exige la Ley Orgánica del Ambiente y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.

Nutrias en peligro de extinción. Es importante recordar que la Sala Constitucional ha sido clara en su deber de proteger a las especies amenazadas, especialmente cuando su presencia se confirma en áreas de impacto. En la visita de campo al Río Ario se encontraron nutrias, lo que, sumado a la ausencia de análisis de caudales, la falta de consideraciones sobre cambio climático y los efectos de fenómenos como El Niño o La Niña, evidencia que no se establecieron las salvaguardas ambientales mínimas. En un precedente similar, la Sala señaló que una concesión sin estudios ambientales suficientes puede causar desequilibrios ecológicos graves y afectar hábitats de especies en peligro, calificando tales autorizaciones como “groseras” por la falta de certeza científica sobre sus impactos (Voto 2014-8486).

De forma similar, en el Río Ario no existen medidas que garanticen la protección del ecosistema ni de la nutria, lo que compromete la validez de la licencia ambiental por carecer de los análisis básicos que sustentan su motivo y contenido.

Finalmente, la solicitud busca que la SETENA declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la licencia ambiental por carecer de motivación técnica y violar derechos humanos ambientales. Además, pide que se suspenda de inmediato la ejecución del proyecto hasta que se elaboren y apliquen las guías climáticas nacionales y se realice una nueva evaluación ambiental integral y participativa. También solicita la convocatoria de una audiencia pública en Cóbano para informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos ambientales y climáticos del proyecto.

Problemática del rio Ario. Esta concesión forma parte de otras ocho solicitudes mineras en la zona al inicio de 2024, lo que ha generado una amplia movilización comunitaria encabezada por la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT). Las comunidades han desarrollado campañas de sensibilización, recolección de firmas, recursos de amparo y otras acciones para defender el ecosistema del Río Arío, una cuenca de alta importancia hídrica donde se ubican los campos de pozos del AyA, en una región cada vez más afectada por la sequía y la escasez de agua. La defensa del río, señalan las organizaciones, es también la defensa del derecho al agua, a la vida y al equilibrio ambiental de toda la Península de Nicoya.

Videos, infografías y fotos tomados de SomosCongos.CR ver en: https://drive.google.com/drive/folders/1oV_Fy81KZK4MrQ27UMN7dH2dEebWZ8XT?usp=sharing

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Orientaciones pastorales de la Iglesia Católica frente a la minería: un compromiso por la Casa Común

La Red Iglesias y Minería, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ha coordinado la elaboración de un documento que ofrece propuestas y orientaciones pastorales frente a los impactos de la minería en América Latina. El texto es fruto de un proceso de reflexión, discernimiento, oración y compromiso de comunidades eclesiales que dialogan de forma permanente con otras Iglesias y movimientos sociales de la región.

El documento se inspira en un reciente encuentro de obispos latinoamericanos que viven en territorios amenazados o afectados por la minería, y subraya la misión ética y profética de la Iglesia en un contexto de creciente colapso ambiental y climático. Retoma, además, el espíritu de la encíclica Laudato Si’, a diez años de su publicación, y lo vincula al Año Jubilar 2025, cuyo lema es “Peregrinos de Esperanza”.

Contenido del documento

La publicación se estructura en seis apartados principales:

  1. El clamor de personas empobrecidas y de la Madre Tierra, como punto de partida para entender la crisis socioambiental.

  2. El extractivismo, analizado en su dimensión destructiva sobre comunidades y ecosistemas.

  3. La opción de la Iglesia por las comunidades y sus territorios, reafirmando la defensa de la vida y los derechos colectivos.

  4. Fortalecimiento de las Iglesias locales para la conversión ecológica, impulsando una pastoral que integre la ecología integral.

  5. La relación de la Iglesia con Estados y empresas, señalando los desafíos éticos y políticos que implica.

  6. Conclusión, con llamados a una acción pastoral comprometida y transformadora.

En el año de especial relevancia —marcado tanto por el Jubileo como por la COP30 sobre el Clima en la Amazonía—, el documento propone a la Iglesia y a la sociedad abrir espacios de discernimiento, acción y acompañamiento a los pueblos que defienden sus territorios y, con ellos, la vida de toda la humanidad.

Puede descargar el documento completo aquí:

Orientaciones pastorales de las Iglesias católicas frente a la minería (PDF)

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

CONCEVERDE solicita anular la patente del Tajo Jucarza en San Rafael de Heredia

La organización ambiental CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia la cancelación del certificado de uso de suelo y/o de la patente municipal otorgada al Tajo Jucarza, ubicado en las montañas del cantón, por considerarlo incompatible con la normativa vigente y de alto riesgo para la salud y el ambiente.

En el oficio JFAC/CNV/010825, CONCEVERDE recuerda que la zona está clasificada como Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana, con uso predominantemente agrícola, donde la actividad de extracción de canteras es prohibida, especialmente si colinda con áreas residenciales. La explotación, catalogada como de riesgo A por el Ministerio de Salud, se desarrolla además en un área de alta recarga acuífera según el SENARA.

El documento cita resoluciones municipales y dictámenes previos que han declarado la incompatibilidad del uso de suelo y la ausencia del certificado conforme. La organización pide que, si dicho certificado existe, se proceda a su anulación por nulidad absoluta y, si no existe, se cancele de inmediato la patente. También solicita ser parte del procedimiento y recibir información oficial del proceso.

El oficio fue remitido con copia a personas vecinas, la Defensoría de los Habitantes, SENARA y diputaciones de Heredia.

Material enviado a SURCOS por CONCEVERDE.

Gobierno de Nicaragua otorga concesión minera en la Reserva de Biosfera de Río San Juan

Comunicado

Fundación del Río denuncia que el régimen Ortega-Murillo ha otorgado una nueva concesión minera de capital chino, denominada lote “La Mónica”, a la empresa Thomas Metal Sociedad Anónima. Esta concesión, de 47,410 hectáreas, abarca territorios de los municipios de El Castillo y Bluefields, dentro de la Reserva de Biosfera Río San Juan y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.

El pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley 1248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 que regulaba las áreas protegidas del país a través de su Reglamento. Esta nueva legislación legaliza las actividades mineras dentro de estos territorios de áreas protegidas, evidenciando los intereses extractivos y el desmantelamiento del marco ambiental promovido por la dictadura.

Consideramos importante advertir que esta concesión marca la apertura de un nuevo distrito minero en el país, particularmente en el sureste de Nicaragua. La concesión industrial otorgada estaría vinculada a zonas donde ya se había permitido y promovido la minería artesanal ilegal por parte de instituciones del régimen. Esta situación incrementa el riesgo de expansión de la actividad minera ilegal, así como la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones industriales en la región. Además, la concesión podría generar conflictos territoriales con otras empresas debido a su posible superposición con concesiones forestales y de monocultivos previamente autorizadas en la misma área.

Debido a la falta de transparencia y de estudios ambientales y sociales impide conocer con certeza los impactos que puede generar esta nueva concesión minera. Sin embargo, advertimos sobre posibles procesos de expropiación que enfrentarán las familias en los municipios de El Castillo y Bluefields, incluyendo cooperativas de cacao, empresas de monocultivo de palma africana, cacao y plantaciones forestales. Esta concesión también podría intensificar las invasiones a la Reserva Biológica Indio Maíz, como resultado del desplazamiento en su zona de amortiguamiento. A ello se suman los riesgos de contaminación y degradación ambiental, que variarán según se trate de minería a cielo abierto o subterránea.

En las próximas semanas, Fundación del Río, en colaboración con Expediente Abierto, presentaremos un análisis sobre los intereses mineros chinos en Nicaragua. Este estudio permitirá comprender con mayor profundidad el alcance de las concesiones otorgadas por el régimen Ortega-Murillo y sus implicaciones socioambientales.

Nuevamente muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Sospechan de aguas vertidas por mina cercana

Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.

El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río. 

En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.

Antecedentes

Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.

En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que  la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.

La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.

Llamado comunitario

Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:

“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.

En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción. 

En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o  “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.

Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.

Fotos y videos en este enlace.