Persiste la impunidad sobre la violación a los derechos humanos de luchadores por el ambiente en Costa Rica
La inacción ante los casos donde se han violentado los derechos humanos de defensores del ambiente en Costa Rica es el principal motivo de impunidad que se acumula sobre distintos asesinatos y amenazas a ambientalistas. El caso más reciente y emblemático -que llega a ser ofensivo- es la actuación del Ministerio Público en el caso de Jairo Mora donde fueron desechadas las pruebas estrella y nadie salió condenado. En otros casos, las investigaciones han sido lentas o incluso no han ido más allá.
El 19 de marzo, el periódico inglés, The Guardian publicó un artículo titulado “Asesinatos a conservacionistas amenazan la reputación ecoamigable de Costa Rica” (Conservationist murders threaten Costa Rica’s eco-friendly reputation en inglés)*. En este trabajo periodístico, se da un panorama de la impunidad existente en el país en relación con los asesinatos a personas defensoras del ambiente. Una situación dolorosa que más que manchar la reputación ecoamigable o verde del país, muestra la inacción de los gobiernos y otras instancias en varios frentes para frenar la violación a Derechos Humanos básicos.
La falta de un compromiso político desde las autoridades del Poder Judicial para proteger a quienes defienden el ambiente -y otros Derechos Humanos- es un segundo campo de inacción. Existen diversos informes de dependencias de Naciones Unidas que han sostenido que es necesario un tipo de protección especial a las personas defensoras del ambiente -y de los Derechos Humanos- debido a la exposición de su labor y al confrontamiento que tienen con grandes intereses económicos.
Esta desprotección además, corresponde a una visión clara que fue expuesta con maestría por la expresidenta, Laura Chinchilla, al etiquetar al ecologismo, como un movimiento opuesto al desarrollo que había que combatir.
A juicio nuestro, existe una actitud desde los diversos gobiernos que favorece este tipo de crímenes. Cuando para permitir la construcción del muelle de Moín, se destruye un refugio de vida silvestre -el hogar de Jairo Mora como fue definido por el presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Mauricio Álvarez, en un artículo reciente- y además se tuerce la ley -y seguramente algunos brazos- y todo esto se corona con un acto de propaganda con la presencia del Presidente Solís, se envía un mensaje claro de donde se sitúa el poder político: al lado de los grandes intereses que en una gran cantidad de oportunidades, destruye el ambiente.
Toda esta cultura de inacción, todos esos símbolos que muestran donde está el poder, quiere ser transformada desde el movimiento ecologista. Para ello, hemos propuesto una Comisión de la Verdad y así, la impunidad deje de existir. Hemos realizado también denuncias con base en argumentos técnicos, jurídicos y éticos hacia muchas de las obras que están favoreciendo intereses de pequeños grupos. Hemos impulsado y puesto en práctica experiencias de desarrollo (agroecología, manejo comunitario de bosques, comercio solidario, ciclovías, entre otras) que están lejos del modelo de desarrollo basado en el libre comercio -como la ampliación de la carretera a Limón y el muelle en Moín- que los gobiernos, incluido el del “cambio” que preside Luis Guillermo Solís, defienden a capa y espada.
Para más información: prensa@coecoceiba.org / Coecoceiba 2223 3925 / Mariana Porras 8302 2360
*El artículo de The Guardian puede ser consultado en esta dirección:
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/19/conservationist-murders-costa-rica-threaten-eco-friendly-reputation?CMP=EMCENVEML1631
Enviado a SURCOS Digital por FECON.
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