El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.
La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.
Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.
El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.
El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.
El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.
El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.
Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.
Derechos humanos y territorios ocupados
Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.
El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.
La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.
El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.
Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.
Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas.Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados.Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.
Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo.Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina.Y más acá.
Feos, locos, desencajados.
Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.
Ahí sí son feos con ganas.
Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza deespíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.
Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.
Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.
La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus.A esa representación acudimos hoy.Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.
Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.
Este 25 de setiembre celebraron en la Asamblea Legislativa el día de la Biblia los pastores evangélicos con la presencia de la presidenta.
El sector mayoritario evangélico costarricense está de lleno comprometido con el grupo político encabezado por Rodrigo Chaves.
Distingo a los evangélicos chavistas de los no chavistas, que los hay.
Chaves representa valores ubicados en las antípodas de los valores que defiende, supuestamente, el evangelismo.
¿Cómo pueden compaginar los “valores familiares” con una persona con varias familias, hijos fuera de matrimonio, odio, insultos? ¿Cómo unir los “valores morales” evangélicos con una persona que se vanagloria de su vulgaridad? ¿Cómo apoyar a un hombre y un movimiento que puede ser la antítesis del Salvador?
Puede haber dos explicaciones al menos.
La primera y evidente es que ese evangelismo hizo una mera transacción, cambiar los votos de los evangélicos a cambio de puestos de diputados, ministros, magistrados y aprobar normas de su exclusivo interés. Simplemente un trueque del voto evangélico por puestos de poder.
En este punto la conclusión es que se trata de una mercantilización de la fe. Es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo.
La segunda es más profunda y tiene que ver con la cosmovisión contemporánea de los evangélicos.
El sector comprometido con el chavismo es partidario de la guerra, está contra la inmigración, apoya a Israel y al genocidio, promueve el enriquecimiento sin límites, apoya la reducción de derechos humanos a las mujeres y a la diversidad sexual, asimismo, la disminución de derechos a las personas privadas de libertad, se opone el concepto del cambio climático e incluso a la limitación de libertades democráticas. Ese sector es partidario de una masculinidad ruda y una supremacía patriarcal.
Atrás quedaron postulados evangélicos de humanismo, solidaridad y paz mundial, de convivencia y respeto por las opiniones ajenas.
Los evangélicos son partidarios del proyecto chavista de división, confrontación y odio social, asunto muy alejado de la vieja cosmovisión evangélica.
Por supuesto que la posición evangélica actual forma parte del engranaje global de la ultraderecha, que ha sido concebida, promovida y financiada por el gobierno de Trump.
El día de la Biblia no puede ser un momento para envenenar el alma nacional.
Solicitó información sobre notificación de arrestos, visitas consulares y atención a personas en situación de vulnerabilidad ante procesos de deportación derivada de la privación de libertad y de la eventual separación de su entorno familiar y comunitario.
La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos, particularmente aquellas sometidas a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.
La consulta se enmarca en las competencias de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos y responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99, que establece obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre este derecho y garantizar la comunicación con sus autoridades consulares.
La asistencia consular reviste particular importancia para el acceso a la información, la comunicación con las autoridades del país de origen y la protección de las garantías procesales.
La consulta abarca tres puntos fundamentales:
Notificación de detenciones: Si el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe información sistemática de las autoridades estadounidenses o a solicitud expresa de la persona detenida, sus familiares o por intervención de autoridades consulares, sobre arrestos de costarricenses en procesos de deportación, y si existen protocolos o convenios de coordinación para ello.
Alcance de la asistencia consular: Qué acciones realizan los consulados —visitas, entrevistas privadas, orientación jurídica— y qué mecanismos existen para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, como personas menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres en condición de embarazo o personas con necesidades médicas.
Además, consulta sobre las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares, así como si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.
Protección y seguimiento: Cómo se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas y desafíos institucionales identificados para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la asistencia consular en estos casos.
»Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor», vaticinó el Dr. Salvador Allende aquel tenebroso 11 de setiembre de 1973, instantes antes de morir.
El ladrón y asesino vitalicio Augusto Pinochet, cómplice de Richard Nixon, Henry Kissinger y los «aristócratas» chilenos que junto a la presencia de «los rotos» en el Palacio de La Moneda veían amenazadas sus cuotas de poder, cobardemente ordenó bombardear con aviones Hawker Hunters el palacio presidencial. SU objetivo: asesinar al presidente Constitucional de Chile. Dignísimo «compañero» quien, ante la inminente muerte, rechazó rendirse y refugiarse en alguna embajada de nación amiga, como la de Costa Rica, a la que don Pepe le instó asilarse.
Pasan los años y ¡jamás! podríamos olvidar el momento en que escuchábamos por la radio, las firmes palabras del presidente, con interferencias provocadas por los fascistas, en medio del ruido estruendoso de las armas pesadas, los tanques y camiones y los aviones a reacción.
Para entonces vivíamos en un apartamento en calle Mac Iver con Huérfanos, a pocas cuadras de La Moneda, desde donde la pesadilla se hacía realidad. Fue el inicio de una larga y sangrienta dictadura militar, donde los asesinatos, la tortura, los desaparecidos y los robos al Estado, eran cotidianos. Ya Víctor Jara no cantaba en el Teatro Municipal, ni se escuchaba la voz grave y lenta de Pablo Neruda, el eterno poeta que murió de pena.
Pero un día la estrella de la bandera chilena volvió a brillar, y por fin, se abrieron de nuevo las grandes alamedas, se condenó a Pinochet y otros criminales uniformados, se expulsó a los que usurpaban el poder político y, por karma del destino, el siniestro Richard Nixon fue expulsado cual vil delincuente de la Casa Blanca…
Algo ni siquiera parecido deseamos para el pueblo costarricense, a pesar de los que sueñan con un régimen dictatorial en nuestra amenazada Patria.
Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946, en la ciudad de Núremberg, Alemania, se llevó a cabo el proceso judicial más relevante del siglo XX. Por vez primera en la Historia, se sentó en el banquillo de los acusados a jerarcas de un Estado, por sus conductas individuales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Esta empresa judicial no estuvo exenta de dificultades y cuestionamientos. Hubo que improvisarlo prácticamente todo. Por medio de los llamados Acuerdos de Londres (agosto de 1945) fue preciso redactar un Estatuto rector; constituir el Tribunal Militar Internacional que se encargaría del juzgamiento; designar a los cuatro jueces titulares y sus respectivos suplentes, uno por cada una de las potencias vencedoras (Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Francia); se estableció asimismo el sistema procesal a emplear (acusatorio anglosajón); se definieron cuatro figuras penales a aplicar: Plan Concreto o Conspiración para la Guerra, Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad, y por último se levantó la lista de líderes del nacional-socialismo capturados, donde figuraron militares, ideólogos, jefes claves del Partido y del Estado, ejecutores responsables de programas de exterminio, e incluso diplomáticos y economistas con responsabilidades especiales. Por último se enlistaron también las organizaciones, entidades estatales, de seguridad y militares que debían rendir cuentas.
El juicio duró aproximadamente un año. En total se celebraron 403 audiencias, se incorporaron más de 4.000 documentos (informes, actas, memorandos, fotografías y documentales cinematográficos), se escuchó a 33 testigos de la acusación y a 61 de la defensa, y 19 de los acusados decidieron declarar sobre los cargos que soportaban.
En las etapas previas al inicio del Juicio, hubo cuestionamientos que superar. El primero consistió en la pertinencia de llevar a cabo un proceso penal formal. Se discutió por parte de los Aliados vencedores si simplemente se debía identificar e interrogar a los acusados para de inmediato fusilarlos o ahorcarlos, conforme los protocolos tradicionales militares y de guerra; o bien, se conducía el juicio formal, conforme principios y normas del debido proceso legal. Esta segunda tesis fue la que finalmente se impuso por insistencia de la delegación soviética y aceptación final de las otras potencias aliadas.
Otro cuestionamiento que hubo que superar, resuelto de hecho, fue de orden ético. Se cuestionaba si el bando vencedor tenía autoridad moral para juzgar a los vencidos, dado que se habían perpetrado abusos y crímenes de guerra por parte de los Aliados, tanto como por parte de los nazis. Se cuestionaba la presencia de la Unión Soviética en el tribunal juzgador, cuando en su momento había firmado un Pacto de No-agresión con Hitler y había participado en el hecho generador de la guerra al repartirse el territorio de Polonia con Hitler. Se acusaba a los soviéticos también de haber perpetrado la matanza de quince mil oficiales polacos detenidos en la localidad de Katyn. Y se señalaba que el juez titular soviético (Nikitchenko) había fungido como juez en las parodias judiciales mediante las cuales Stalin llevó a cabo las purgas de sus oponentes internos. A los Aliados se les reclamaba el haber tolerado los avances de Hitler antes de iniciarse la guerra, además de haber bombardeado ciudades indefensas, como Dresde, en las que murieron miles de civiles, amén de los entonces recientes lanzamientos de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de víctimas, también civiles.
Estas importantes objeciones fueron contestadas argumentándose que la Alemania nazi fue, sin duda alguna, la responsable del inicio y desarrollo del conflicto bélico, en especial por las agresiones militares para invadir y anexarse territorios extranjeros. Además, no podían compararse moralmente, las campañas deliberadas de odio racial y exterminio contra poblaciones enteras, como la judía, la gitana, los eslavos y las minorías identitarias, con las acciones propias de la guerra como bombardeos y estrategias militares defensivas. Por último, se alegó que no era admisible dejar en impunidad las atrocidades cometidas por el nacionalsocialismo alemán, debiéndose pedir cuentas y sentar responsabilidades por los crímenes contra la humanidad. Se trataba en consecuencia de una reivindicación ética, espiritual y pedagógica para que lo ocurrido no volviera a suceder. En resumen, había que sentar un precedente y al menos prevenir a futuro situaciones semejantes.
El último gran cuestionamiento fue de naturaleza jurídica. Al tenerse que improvisar prácticamente todo, se pusieron en entredicho los principios rectores del derecho procesal penal moderno. Empezando por la creación de un Tribunal Militar Internacional ad-hoc, para el caso de Núremberg, y en contradicción con el principio de juez previo o juez natural. De igual manera se tuvieron que confeccionar las figuras penales contra el mandato clásico de Nullum crimen sine lege, y por supuesto, prever las penas a contrapelo del presupuesto Nulla poena sine lege. Es decir, se percibía un quebranto del principio de legalidad en su conjunto y todo parecía contradecir la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal.
La respuesta a estas cuestiones capitales se levantó con bastante solvencia. Se alegó que se procuraba conducir un juicio reglado, conforme los principios del debido proceso con el propósito de responder con legalidad a quienes se habían comportado con brutal arbitrariedad. Se trataba también esclarecer los hechos para que luego no fueran a minimizarse o negarse del todo. Se contestó la crítica de violación al principio de legalidad argumentándose que sí existía normativa internacional previa que condenaba las principales acciones emprendidas por la Alemania nacionalsocialista, tales como el Convenio de la Haya (1899) para la solución arbitrada de los conflictos; el Tratado de Versalles (1919) que creó la Sociedad de Naciones; la VI Conferencia Panamericana (1928) en la que se califica la guerra de agresión como un crimen contra la especie humana; el Tratado General de Renuncia a la Guerra o Pacto de París (1928) en el que se reiteraba el peligro mortal de una nueva conflagración mundial. En la mayoría de estos acuerdos internacionales participó y se comprometió Alemania, razón por la cual podía pedírsele cuentas por lo ocurrido.
La defensa de los acusados esgrimió argumentos de distinta índole: ninguno de los imputados aceptó su culpa; ninguno aceptó haber conocido los crímenes atroces –sobre todo matanzas masivas en centros de exterminio-; y por el contrario alegaron haber actuado siempre por honor y lealtad al pueblo alemán y su Führer; incluso alegaron haberlo hecho por Dios y por amor a la Patria. Desde una perspectiva más técnica, algunos de ellos intentaron defenderse alegando que estaban amparados a una especie de “legítima defensa putativa” por cumplirse los supuestos de esta causa justificante, a saber, el haber respondido a agresiones previas; o bien alegaron haber actuado sólo por órdenes superiores, lo que conformaba la “obediencia debida” puesto que estaban sometidos a enormes presiones y hubiera sido mucho peor desobedecer y arrastrar a sus tropas y a sí mismo a disciplinas letales. Un último argumento defensivo esgrimió razones de “seguridad militar”, tratando de explicar que los grupos operativos móviles (Einsatzgruppen), verdaderos comandos de exterminio, lo que hicieron en la retaguardia, conforme el ejército alemán avanzaba, fue eliminar todo riesgo de revuelta, razón por la cual fue necesario acabar con judíos, comunistas, eslavos y otros.
En sentencia todas estas argumentaciones fueron rechazadas. Destaca el establecimiento de las responsabilidades individuales de cada acusado, así como la inadmisión de la supuesta “obediencia debida” en vista de que los hechos consumados fueron gravísimos, todos los acusados conocían y querían voluntariamente participar de ellos, y en ningún caso podía aceptarse una excusa exculpatoria.
La sentencia condenó a 12 acusados a la pena de muerte (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Streicher, Jodl, Frank, Frick, Sauckel, Seyss-Inquart y Bormann en ausencia). Se pronunciaron 3 cadenas perpetuas (Hess, Funk y Raeder). Además, sobre 4 imputados recayeron condenas de prisión prolongadas entre diez y veinte años (Speer, Von Schirach, Von Neurath y Dönitz). Por último, el Tribunal absolvió a 3 acusados (Schacht; Von Papen y Fritzch).
El Juicio de Núremberg terminó siendo reconocido como un formidable precedente en el campo de la legalidad internacional. Voces autorizadas como la de René Cassin, se refirieron a él como un evento que “arrojó luz incuestionable sobre el acontecimiento bélico”. Se reconoció también que se había constituido un proceso al que se llamó “la condena de la memoria” porque serviría para no olvidar lo sucedido en materia de crímenes contra la humanidad.
A partir de su realización, se desencadenaron otros procesos y otras instituciones que conforman hoy el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Institutos, Sistemas Regionales y Tribunales Internacionales en esta materia: (a) durante y después del Juicio de Núremberg se llevaron a cabo otros juicio en Alemania y en las zonas de ocupación; se juzgó a generales y otros militares, a miembros de los cuerpos de seguridad, a profesionales como médicos, abogados, administradores, economistas, funcionarios de campos de concentración y exterminio. Miles de personas fueron acusadas (5006), cientos condenadas a pena de muerte (794) de las cuales fueron efectivamente ejecutadas 486. En diciembre de 1945 con la Ley No. 10 del Consejo de Control, los Aliados crearon una base jurídica estandarizada para el procesamiento de los crímenes de guerra en las respectivas zonas de ocupación que de base para los posteriores juicios al de Núremberg; (b) Incluso se llegó a juzgar a líderes nazis que habían declarado como testigos en el proceso principal de Núremberg (Ohlendorf, Höss, Wisliceny) sobre los que recayeron posteriormente sentencias de muerte; (c) El proceso de Núremberg sirvió también de modelo y heredó pautas procesales y principios normativos que guiaron la realización de muchos juicios posteriores, así como inspiró la normativa internacional emitida a partir de 1946 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (UNO); (d) Por ejemplo, la Resolución de 11 de diciembre de 1946 de la ONU confirmando los principios del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y por la sentencia de ese Tribunal; (e) En Noviembre de 1947 se crea una Comisión especializada en Derecho Internacional de la ONU. (f) El 9 de diciembre de 1948 se produce la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; (g) el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; (h) el 26 de noviembre de 1968 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad (con particular mención al delito de Genocidio); (i) se crearon dos tribunales internacionales en La Haya para conocer los crímenes en la antigua Yugoslavia (TPIY), 1993-2017 y el Tribunal de Arusha, Tanzania (TPIR), 1994-2015. (j) En 1998, con el Tratado de Roma, se adoptó en principio la creación de un Tribunal Penal Internacional que comenzó a funcionar en el 2002. Los Estados Unidos de América y otras potencias se abstuvieron de apoyar su creación y, aun así, comenzó a funcionar en el 2002.
Este artículo ha sido escrito entre junio y setiembre de 2026, tiempos en que el Derecho Internacional y la Doctrina de los Derechos Humanos están siendo sometidos a prueba como nunca antes. Se vive un auge de la extrema derecha en Europa y América, una mezcla de neo-fascismo y anarco-neoliberalismos que controla gobiernos otrora democrático-liberales. Una potencia mundial, los Estados Unidos de América, inicia impunemente guerras de agresión como la de Irán; otra potencia, la Rusia de Putin, invade a Ucrania y sostiene una guerra de invasión que lleva años; el Estado de Israel sostiene una acción de exterminio genocida contra el pueblo palestino; de nuevo los Estados Unidos fulmina lanchas en altamar con el pretexto de combatir el narcotráfico e invade y secuestra a un jefe de otro Estado como ha sido en el caso de Venezuela. Hay alarmas de claros genocidios en países africanos como Sudán y el Congo, donde conflictos internos están provocando el exterminio de etnias minoritarias o en desventaja armada. Entretanto, las más importantes instituciones internacionales, llámense ONU o Corte Penal Internacional, nacidas para que este tipo de barbaries no se volvieran a repetir después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, exhiben su debilidad, incapaces de ir más allá de gestos y discursos de condena, absolutamente incapaces de hacer valer el derecho internacional vigente.
El paisaje mundial es así, por completo desolador. Cuesta creer que la memoria humana sea tan frágil, impotente para imponer la razón, el derecho y la justicia por encima de la fuerza bruta. Resulta paradójico que una potencia como USA, ayer artífice del Juicio de Núremberg, en el que pugnó por introducir el delito de Conspiración para Guerra como esencial en todo el proceso, sea hoy una nación que propicia precisamente las guerras de agresión e invasión en distintas partes del mundo.
Pero aquí hemos de estar, una vez más, recordando lo que el lado positivo de esta misma humanidad ha sido capaz de responsabilizar y construir, juzgar los crímenes más atroces, apostar por el Derecho Internacional, la defensa y garantía de los Derechos Humanos y las instituciones que las respalden. Aquí estaremos para que no se extinga la memoria y para no perder el sueño de una especie, supuestamente racional, habitando un mundo donde la ambición, el egoísmo, el odio, la mentira y la agresión, cedan ante el respeto a la dignidad de cada persona por el sólo hecho de serlo, la solidaridad y empatía para los más débiles, la conciencia de que la deshumanización de un solo individuo es la deshumanización de todos, y para que, en fin, se hagan valer los derechos fundamentales de todas y todos, a pesar de las diferencias y las disidencias.
A propósito de la visita ad limina de los obispos de El Salvador, concluida en Roma este 11 de septiembre de 2026
¿Qué le envidiamos a El Salvador?
La pregunta no es inocente. Si se la hacemos hoy a muchos costarricenses, probablemente la respuesta aparezca de inmediato: la seguridad.
El Salvador pasó, en pocos años, de ser identificado internacionalmente con las maras, pandillas y una violencia insoportable a exhibir una caída extraordinaria de los homicidios. Hay salvadoreños que dicen haber recuperado sus barrios, sus calles y algo tan elemental como salir de casa sin miedo.
Mientras tanto, en Costa Rica aprendimos un vocabulario que antes nos parecía lejano. Sicariato, territorios disputados, crimen organizado, ajuste de cuentas. Los homicidios dejaron de sorprendernos como deberían.
Es comprensible, entonces, que alguien mire hacia El Salvador y pregunte: ¿por qué ellos pudieron y nosotros no?
Pero ahí comienza la parte difícil.
El modelo salvadoreño no puede analizarse solamente desde las cifras de homicidios. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado una y otra vez, que ha permitido detenciones masivas y ha restringido garantías constitucionales. Decenas de miles de personas han pasado por las cárceles. Y junto a la satisfacción de una parte importante de la población por la recuperación de la seguridad, han aparecido denuncias sobre detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias, debido proceso y respeto de los derechos humanos.
Las dos realidades existen. Negar cualquiera de ellas empobrece la discusión.
Precisamente por eso resulta tan significativa la reciente visita ad limina Apostolorum de los obispos salvadoreños a Roma y su encuentro con el papa León XIV.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez resumió una convicción que parece sencilla, pero que en circunstancias como estas adquiere un peso enorme: la persona humana debe estar en el centro.
También la persona encarcelada.
Este punto es esencial para la Iglesia. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el Evangelio deja de entrar. Al contrario. Si hay un lugar donde la presencia cristiana resulta necesaria es allí donde el ser humano corre el riesgo de quedar reducido a un número, un expediente, una condena o un uniforme.
La sociedad tiene derecho a defenderse del delincuente. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo. Nada de eso puede relativizarse.
Pero el preso sigue siendo persona.
Y aquí el compromiso de los obispos salvadoreños adquiere una dimensión particularmente importante. La Iglesia no está llamada a escoger entre las víctimas y los privados de libertad, como si la misericordia hacia unos significara indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Tiene que estar donde duele: con la familia que perdió un hijo por la violencia, con la comunidad que durante años estuvo sometida por una pandilla, pero también dentro de las cárceles, acompañando, escuchando, anunciando la posibilidad de conversión y defendiendo la dignidad que ninguna sentencia puede borrar.
Ese equilibrio incomoda. Pero el Evangelio muchas veces incomoda precisamente porque se niega a dividir el mundo entre seres humanos que merecen dignidad y seres humanos que ya no la merecen.
Durante la visita a Roma estuvo presente, además, una figura imposible de separar de la historia salvadoreña: san Óscar Romero. Los obispos entregaron a León XIV una reliquia del santo.
No es un detalle menor.
Romero conoció la violencia de su país y entendió que la Iglesia no podía contemplarla desde lejos. Se acercó a las víctimas, denunció los abusos del poder y defendió la vida cuando hacerlo tenía consecuencias. Su palabra no nació de una teoría sobre El Salvador. Nació de escuchar a su pueblo.
Quizá esa sea también una lección para Costa Rica.
No necesitamos copiar modelos. Mucho menos idealizarlos. Necesitamos recuperar la seguridad, y con urgencia. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales. Pero tampoco deberíamos aceptar la idea de que para recuperar la tranquilidad necesariamente haya que disminuir el valor de la dignidad humana.
Seguridad y derechos humanos no deberían ser enemigos.
Y la Iglesia tampoco puede mirar esta discusión desde la gradería. Si el narcotráfico está reclutando muchachos en nuestras comunidades, allí tiene que estar. Si las familias viven atemorizadas, allí tiene que estar. Si nuestras cárceles están llenas de personas para quienes la sociedad ya no espera nada, también allí tiene que estar.
No solamente para denunciar. También para acompañar, prevenir, reconstruir y anunciar el Evangelio.
Entonces vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué le envidiamos a El Salvador?
Tal vez no deberíamos envidiarle nada.
Deberíamos mirarlo con respeto, reconocer lo que ha conseguido, atrevernos a discutir el costo de algunas de sus decisiones y, sobre todo, aprender de una sociedad que ha conocido extremos de violencia que Costa Rica todavía puede evitar.
Porque nuestro desafío no consiste únicamente en volver a sentirnos seguros.
Consiste en lograrlo sin dejar a nadie fuera de la condición humana.
El pronunciamiento advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador y llama la atención sobre la criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y comunidades.
El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales expresaron su solidaridad con la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, así como con las personas presas por motivos políticos o de conciencia y quienes han tenido que salir al exilio debido a la situación que atraviesa El Salvador.
La preocupación quedó planteada en un acuerdo que señala el deterioro de los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho en ese país. En el caso de Ruth López, se recuerda que al momento del pronunciamiento habían transcurrido más de 400 días desde su detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025.
El documento recoge los cuestionamientos realizados por distintas organizaciones, que han señalado que su detención estaría relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, además de advertir sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.
Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, el caso adquiere además una dimensión relacionada con la defensa ambiental. Ruth López ha acompañado procesos ciudadanos vinculados con la oposición a la reactivación de la minería metálica en El Salvador, una actividad que ha generado importantes debates y conflictos sociales y ambientales en el país.
El pronunciamiento advierte que esta situación no puede analizarse como un caso aislado. La criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y voces críticas, así como el hostigamiento, la vigilancia y la intimidación, forman parte de un escenario que genera preocupación por el ejercicio de derechos fundamentales.
Una de las consecuencias señaladas es también el desplazamiento forzado de personas defensoras, periodistas, ambientalistas, académicas, activistas y dirigentes sociales que han debido abandonar el país ante condiciones que ponen en riesgo su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
La preocupación trasciende el caso salvadoreño. Desde la Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA se ha venido dando seguimiento a distintas situaciones que afectan a personas defensoras ambientales, pueblos indígenas y comunidades en América Latina, particularmente frente a procesos de criminalización, persecución y violencia relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes.
En ese contexto, el pronunciamiento plantea la necesidad de liberar de manera inmediata e incondicional a Ruth López y a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas o de conciencia, así como garantizar el debido proceso y las garantías judiciales.
También expresa su rechazo al uso de las instituciones de justicia para perseguir a quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, y manifiesta su solidaridad con las personas salvadoreñas que se encuentran en el exilio, reclamando condiciones que permitan un retorno voluntario, digno y seguro.
El documento reconoce, además, la labor que continúan realizando organizaciones sociales, periodistas, comunidades y personas defensoras que mantienen su trabajo en favor de la justicia, la democracia y la protección ambiental.
Este pronunciamiento forma parte de una serie de acciones que desde el IDELA y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales se vienen impulsando en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas en América Latina, con énfasis en la documentación, la reflexión académica, la articulación y la solidaridad frente a situaciones de vulneración de derechos.
La solidaridad con Ruth López y con las personas presas políticas y exiliadas de El Salvador se plantea, así como parte de una preocupación más amplia: la defensa de los derechos humanos y del ambiente no puede convertirse en motivo de persecución o criminalización.
La movilización se realizará el 6 de septiembre y busca reivindicar el legado del presidente Salvador Allende, conmemorar los 53 años del golpe de Estado, y denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocaron a una romería por la memoria, los derechos humanos, y contra los indultos la que se realizará el próximo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, desde el Metro Los Héroe y finalizará en el Cementerio General, en Santiago, con un acto político-cultural.
La jornada se desarrollará bajo la consigna de “No a los Indultos”, “Derechos Humanos, ni un paso atrás”. Así mismo, se reivindicará el legado del presidente Salvador Allende y se rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado cívico-militar de 1973 y de las posteriores violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación frente a los posibles indultos o beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura como a hechos ocurridos durante el estallido social, y advierten sobre lo que consideran un escenario de retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición.
Entre las principales preocupaciones, se encuentra también el desmantelamiento o debilitamiento del “Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, iniciativa creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca avanzar en el esclarecimiento del paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Para las organizaciones de derechos humanos, la memoria no constituye solamente una mirada hacia el pasado, sino también una responsabilidad frente al presente y el futuro. En ese sentido, la convocatoria busca expresar un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad y reafirmar que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a quedar subordinadas a intereses políticos y cambios de gobiernos.
“Una demostración de amor y reconocimiento”
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, llamó a la ciudadanía a participar de la movilización y destacó el carácter histórico y también cultural de la jornada.
“El 6 conmemoraremos en forma cultural, en forma mística, reivindicando, no sólo lo que fue la Unidad Popular, la memoria de nuestros familiares, lo que aún nos falta por encontrar, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo”, señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos.
Además, expresó que la marcha representa también un homenaje al presidente Salvador Allende y a quienes participaron del proceso de la Unidad Popular junto a trabajadores, mujeres y profesionales.
“Tiene que ver con esta marcha, que hay una demostración de amor, de reconocimiento, con el orgullo que sentimos de nuestro presidente Salvador Allende”, afirmó.
En el mismo sentido, el músico Jorge Coulon, del grupo Inti Illimani, llamó a participar de la movilización en un momento que considera especialmente relevante para la defensa de los derechos humanos.
“Es muy importante reivindicar que Chile respeta y exige respetar los derechos humanos y la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el artista.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
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