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Etiqueta: derechos humanos

Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato

  • Consejo Universitario aprobó un criterio institucional que advierte sobre los impactos económicos, políticos, ambientales y de derechos humanos del acuerdo comercial.

  • La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA aportó un análisis sobre las obligaciones internacionales de Costa Rica, la protección de los territorios y la ausencia de mecanismos de debida diligencia y participación ciudadana.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó de forma vehemente el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel, expediente legislativo N.° 25.542, y solicitó a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato. La posición quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado en el artículo 5, inciso 5.3, de la sesión ordinaria N.° 55-2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.

El pronunciamiento institucional es resultado de un análisis multidimensional que incorporó criterios de distintas instancias académicas y técnicas de la Universidad Nacional: la Asesoría Jurídica, la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), la Escuela de Sociología, el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) y la Escuela de Filosofía.

A partir de estos aportes, el Consejo Universitario concluyó que el tratado no puede valorarse exclusivamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que debe considerar sus implicaciones para la soberanía nacional, la política exterior, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento del derecho internacional.

Un tratado que trasciende lo comercial

Entre los principales cuestionamientos recogidos en el acuerdo universitario se encuentra la existencia de importantes asimetrías entre ambos países en las condiciones negociadas.

El análisis señala que, mientras Israel liberaliza inmediatamente el 90,7 % de sus líneas arancelarias, Costa Rica lo hace en un 82,2 %. Sin embargo, las principales exclusiones y protecciones israelíes se concentran precisamente en el sector agrícola y los alimentos frescos, áreas en las que Costa Rica tiene capacidades productivas y potencial exportador.

El acuerdo también cuestiona que el intercambio comercial entre ambos países representa apenas alrededor del 0,2 % del comercio total costarricense, lo que pone en duda los beneficios económicos que justificarían su aprobación.

Asimismo, se advierte sobre posibles efectos en la recaudación fiscal, el empleo, la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la falta de garantías suficientes para proteger los intereses productivos del país.

Otro aspecto señalado es la inclusión de disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos, que requieren mayores garantías para proteger los derechos fundamentales, la privacidad y las libertades democráticas.

Los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales de Costa Rica

Uno de los aportes específicos al análisis institucional fue el criterio de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales (SIA 0290-26) del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).

La Clínica señaló que el tratado carece de mecanismos específicos para evaluar, prevenir y dar seguimiento a sus posibles impactos sobre los derechos humanos, los territorios y el ambiente. También advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial, trazabilidad de los productos provenientes de territorios ocupados y participación de las comunidades y la sociedad civil en el seguimiento del acuerdo.

A partir de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y ambiente, la Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su forma actual y planteó la necesidad de incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de participación y transparencia, debida diligencia y seguimiento permanente.

Coincidencias entre los criterios académicos y el acuerdo institucional

Varios de los planteamientos de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales coinciden con las consideraciones finalmente incorporadas en el acuerdo del Consejo Universitario. Entre las principales coincidencias se encuentra, en primer lugar, la ausencia de garantías específicas en materia de derechos humanos y ambiente. El acuerdo institucional señala la falta de disposiciones sobre derechos humanos, trabajo decente, género, protección ambiental, participación y denuncia ciudadana, mientras que la Clínica profundizó en la ausencia de mecanismos para prevenir y atender posibles afectaciones.

El acuerdo institucional también recoge otros cuestionamientos provenientes de las instancias consultadas, relacionados con la política exterior costarricense, las asimetrías comerciales, la protección de la producción agrícola nacional, la desgravación de armas y sustancias peligrosas, y las implicaciones políticas de establecer un acuerdo comercial con Israel en el contexto internacional actual.

El Consejo Universitario también recordó el acuerdo UNA-SCU-ACUE-303-2025, mediante el cual la Universidad Nacional condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino e hizo un llamado a detener las acciones militares en la Franja de Gaza.

En el nuevo pronunciamiento, la UNA advierte que la aprobación del tratado podría interpretarse como un respaldo político al Estado de Israel y como una forma de normalización de sus actuaciones frente al pueblo palestino.

El acuerdo señala que Costa Rica debe mantener coherencia con los principios históricos de su política exterior: la defensa de la paz, el desarme, la soberanía nacional, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.

La ola azul: ¿alcanzará para todos?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Apenas unas horas después del golpe infligido por los demócratas en las elecciones de medio periodo, el presidente Donald Trump se estaba levantando de la debacle, sacudiéndose el polvo y preparando su estrategia de respuesta.

Entre todos los temas que parecieran haberle pasado esa cara factura (costo de la vida, guerra con Irán, gestión de las migraciones) el último de ellos seguirá estando en el dibujo de las decisiones y los contrapesos que se vislumbran para estos dos años restantes.

En una reacción política a ese aparente giro de apertura que en los demócratas tendría el tema migratorio, el presidente llamó a liderar su gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller.

¿Quién es?

Ni más ni menos que el creador conceptual e intelectual de la actual política migratoria estadounidense. De ideas ultraconservadoras, ya habría ordenado en el primer mandato de Trump la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias, al ser detenidos por la policía migratoria.

Desde que la administración Trump 2.0 inició en enero de 2025, se trazó el objetivo de realizar 3.000 arrestos diarios de personas indocumentadas y recientemente habría solicitado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificar los operativos en todos los Estados de la Unión Americana.

Ante este guiño presidencial, resta esperar que la primavera demócrata sepa responder de mejor manera y se aparte de las prácticas antiinmigratorias que implementaron los gobiernos de Obama y Biden-Harris.

No en vano se ha dicho que lo que cambia son la retórica y el discurso. Pero que la esencia en el tema migratorio en ambos bandos es en el fondo la misma.

Esperemos si esa ola azul alcanza una real y necesaria reforma jurídica que beneficie a millones de personas indocumentadas en aquel país.

Centro de Amigos para la Paz convoca a Encuentro por la Paz y los Derechos Humanos

El Centro de Amigos para la Paz invita al Encuentro por la Paz y los Derechos Humanos, que se realizará el domingo 15 de noviembre a la 1:00 p. m. en su sede, ubicada en San José, en avenida 6A, calle 15, costado oeste de los Tribunales de Justicia.

La actividad busca «construir juntos un espacio de paz». Cuenta con el apoyo

Se solicita confirmar la asistencia al teléfono 2233-6168.

La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

Presentan recurso de amparo por el trato a personas privadas de libertad trasladadas al Centro de Alta Contención y llaman a sumarse como coadyuvantes

José Manuel Ortiz Durman y Mario Piedra Montalbán presentan ante la Sala Constitucional un recurso de amparo a favor de las personas privadas de libertad trasladadas el lunes 26 de octubre al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, y de las que sean trasladadas en el futuro. El recurso se dirige contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi Calvo.

Las personas interesadas en apoyar el recurso pueden firmar una solicitud de coadyuvancia.

Los hechos que se alegan

Según el recurso, que cita información de distintos medios de noticias:

  • un grupo considerable de personas privadas de libertad fue trasladado a las nuevas instalaciones;

  • “presumiblemente en contra de su voluntad expresa”, las raparon antes de ingresar;

  • las obligaron a sentarse con las piernas abiertas y las manos entrecruzadas sobre la cabeza, “en posición de absoluta sumisión”, y las fotografiaron, “presumiblemente sin su consentimiento”;

  • en las imágenes aparecen con pantalones cortos y camisas anaranjadas, “emulando la vestimenta utilizada por el sistema carcelario de los Estados Unidos de América”. Según el recurso, las posiciones simulan el trato que da a sus privados de libertad el sistema carcelario salvadoreño de Nayib Bukele.

Los recurrentes afirman además que, según tienen entendido, los traslados se hicieron sin conocimiento del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz ni del juez de ejecución de la pena correspondiente.

Fundamentos

El recurso se apoya en los artículos 40 y 33 de la Constitución Política: el primero prohíbe los tratamientos crueles o degradantes y el segundo, la discriminación contraria a la dignidad humana. Cita además varios instrumentos internacionales:

  • la Declaración Universal de Derechos Humanos;

  • el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

  • la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

  • la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

  • la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;

  • la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

  • las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Los recurrentes sostienen que se trata de una “exhibición inhumana, obscena, con intención degradante y cruel” de un grupo de costarricenses, sin norma legal que la ampare. “¿Cuál es el beneficio real que se obtiene a través de estas formas represivas? ¿Cuál es su utilidad práctica?”, preguntan. Agregan que, “salvo por un perverso revanchismo irracional, no parece ser que exista beneficio, recompensa o compensación alguna” para las víctimas de los delitos.

Lo que se solicita

El recurso pide a la Sala Constitucional:

  • que lo declare con lugar por violación de los derechos a la dignidad humana y la integridad personal;

  • que ordene medidas para hacer cesar las actuaciones lesivas y restablecer los derechos de las personas amparadas;

  • que dicte medidas provisionales y exija un plan de cumplimiento con plazos y mecanismos de verificación;

  • que prevenga a las autoridades de no reiterar esas conductas;

  • que condene al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Cómo sumarse

Quienes deseen apoyar el recurso como coadyuvantes deben copiar e imprimir el formulario, completarlo con su nombre y número de cédula, firmarlo, escanearlo y enviarlo a José Manuel Ortiz Durman, al correo-e ortizescribano@gmail.com o bien por WhatsApp al número 7206-3054.

Formulario de coadyuvancia:

EL (LA) suscrito (a), _______, CIUDADAN_ COSTARRICENSE, portador de cédula de identidad número ____, en este acto suscribo y adhiero los términos establecidos en RECURSO DE AMPARO, y por tanto me apersono como coadyuvante en ese proceso, presentado ante la SALA CONSTITUCIONAL contra la PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ y EL DIRECTOR DE LA POLICÍA PENITENCIARIA por entre otros, los señores JOSÉ MANUEL ORTIZ DURMAN y MARIO PIEDRA MONTALBÁN por sus actuaciones en torno al traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado el día lunes 26 de octubre del año 2026. Para notificaciones señalo el correo electrónico ortizescribano@gmail.com

Quemando cuerpos en la frontera

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No es suficiente con triturar vidas y hacerlas desaparecer hasta la nada.

No basta con detener personas por sus rasgos, su idioma, su origen y encerrarlas en unas cámaras tan frías que el lenguaje popular, o sea, el de todos los migrantes juntos (al decir del poeta chiapaneco Balam Rodrigo) las llama “las hieleras”.

No les incomoda descartar seres humanos en países distantes a los que les llaman “terceros países seguros”. Costa Rica, uno de ellos.

No.

Los métodos de disuasión para “limpiar” la frontera México-Estados Unidos de seres humanos han ido escalando en su precisión quirúrgica contra la migración irregular, a la que se acusa de amenaza, terrorista, indeseable.

Las narrativas se corresponden con las prácticas y aparecen entonces acciones impensadas contra la dignidad humana.

Como si la afrenta de la política migratoria y de gobiernos aliados como el de Costa Rica no fuera ya suficiente, esta semana que termina se conoció una nueva herramienta por aplicarse directamente contra los cuerpos de los migrantes que buscan cruzar la frontera.

Se denomina Sistema de Denegación Activa (Active Denial System o ADS), pero se aclara de inmediato que es un dispositivo no letal.

Consiste en la emisión “de un haz invisible de ondas electromagnéticas con un alcance de hasta 800 metros. Al tocar la piel humana, genera una intensa sensación de quemazón —comparada con abrir un horno caliente— que dura de 10 a 15 minutos y provoca un impulso instintivo de huida”. (Tomado de la página web de CNN en español).

Está pensada para dispersar conglomerados y cruces migratorios irregulares y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido autorizado por el Pentágono para su operación.

La historia de la humanidad está colmada de estas prácticas contra la vida, la dignidad y los cuerpos de los otros y las otras.

Lo que debemos preguntarnos a esta vergonzosa hora civilizatoria es si resultan suficientes la indignación, el amor y la ternura como actos revolucionarios para contrarrestar el odio y la barbarie.

Prefiero pensar que sí. Y a eso voy.

Ante la instrumentalización política de la Biblia y de la fe en Costa Rica

Frente a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Virginia Fernández Delgado, quien afirmó que la Biblia es un libro para gobernar, y a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, sobre la pertinencia de considerar las Sagradas Escrituras en el estudio de proyectos de ley y en la toma de decisiones de quienes ejercen funciones públicas, consideramos necesario reflexionar sobre las implicaciones de trasladar una fuente particular de autoridad religiosa al ámbito de las decisiones que vinculan jurídicamente a toda la ciudadanía.

La fe de un pueblo es su motor ético más profundo, no una herramienta de mercadeo electoral. En las últimas décadas, y de manera más evidente en los procesos electorales recientes, Costa Rica ha sido testigo de una tendencia creciente: la utilización de la fe como plataforma de conveniencia política, que transforma el dogma religioso en una estrategia de movilización, polarización, control y legitimación.

Por eso es importante recordar que la Biblia es una biblioteca de textos escritos en diversos momentos históricos, desde distintas experiencias comunitarias de fe, y en contextos sociales, políticos y religiosos diferentes. Sus interpretaciones han inspirado la defensa de la vida, la búsqueda de la liberación y la justicia, pero también han servido para justificar prácticas de dominación, exclusión y violencia. Esta pluralidad de voces y perspectivas hacen problemático convertirla en un código único y directamente aplicable a la legislación o al ejercicio del gobierno.

La alianza entre Biblia y gobierno es tan peligrosa que, la primera vez que alguien decidió gobernar en Centroamérica con la Biblia en la mano, decenas de miles de personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por el ejército y cientos de miles tuvieron que huir. El gobernante se llamaba Efraín Ríos Montt, general del ejército y líder de la Iglesia del Verbo, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más intensos de violencia estatal del conflicto armado guatemalteco.

En otros países centroamericanos, como El Salvador y Nicaragua, las alusiones frecuentes a Dios en los discursos de quienes gobiernan tienen lugar mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos (muertes en cárceles, limitaciones a la libertad de prensa, exilio de personas defensoras de derechos humanos).

La Constitución Política constituye el marco jurídico fundamental que organiza el ejercicio del poder público y reconoce los derechos y libertades de quienes habitan Costa Rica. La Biblia, en cambio, constituye una fuente religiosa y espiritual para las personas y comunidades que la reconocen como autoridad. Por lo tanto, este texto no puede convertirse en fundamento de decisiones políticas que afectarán a todas las personas. Tomar de la Biblia criterios para la legislación o para el ejercicio del poder político constituye una forma de violencia religiosa que desconoce las diversas culturas religiosas del país, así como la existencia de personas que no tienen la Biblia como texto de referencia.

Los tres poderes del Estado tienen en la Constitución Política el referente principal y obligatorio para su trabajo. En caso de conflicto entre la Constitución o la legislación y los dogmas religiosos, los funcionarios públicos deben dar prioridad siempre y sin excepción a la Constitución y la legislación costarricense. En Costa Rica hay iglesias, pero Costa Rica no es una iglesia.

Una lectura literalista y descontextualizada de los textos bíblicos puede llegar a legitimar prácticas incompatibles con los derechos humanos contemporáneos, como la esclavitud, distintas formas de violencia, la subordinación de las mujeres y de la niñez, la persecución y el exterminio de personas con otras espiritualidades. En la época en que se escribieron algunos textos bíblicos primaban otras leyes religioso-políticas que hoy han sido sustituidas por un sistema político democrático, que resguarda las garantías individuales y sociales, los derechos humanos y la paz social. En el caso de Costa Rica, ese sistema está plasmado en la Constitución Política.

Por otro lado, no es de recibo que se utilice la Biblia como un recurso retórico mientras se hacen recortes en salud, educación, seguridad y cultura que golpean principalmente a quienes tienen menos posibilidades. ¿Acaso esos recortes se inspiran en la Biblia? ¿Se inspiran en la Biblia los discursos violentos, altaneros, y deslegitimadores de quienes nos gobiernan?

La Biblia contiene numerosas expresiones de preocupación por las personas empobrecidas, extranjeras, viudas y huérfanas (Dt. 10:18; Sal 146:9). Sin embargo, el Estado costarricense no necesita recurrir a la Biblia ni siquiera para justificar el desarrollo de políticas sociales, ya que Costa Rica cuenta con una consistente tradición de respeto a la libertad de conciencia y de legislación en materia social.

Por lo anterior, hacemos un llamado:

A los líderes políticos: ejercer la función pública con base en la ética, la transparencia y la eficiencia técnica, y evitar el uso de los textos sagrados o de lecturas sesgadas de ellos, para evadir la rendición de cuentas o legitimar decisiones partidarias.

A las comunidades de fe y a las y los líderes religiosos: resguardar la santidad y la independencia de sus púlpitos, promoviendo el discernimiento libre de las y los creyentes y rechazando cualquier intento de coacción o endoso político institucional.

A la ciudadanía costarricense: mantener una postura crítica y evaluar los planes de gobierno, la trayectoria de los representantes políticos y el cumplimiento de la ley por encima de la retórica religiosa utilizada en los discursos.

La Palabra de Dios no es un escudo político; la fe no es una mercancía electoral.

La fortaleza de Costa Rica reside en su capacidad para convivir en paz, entre diversos grupos y comunidades religiosas, respetando tanto la libertad religiosa de sus ciudadanos como la neutralidad e integridad de sus instituciones democráticas.

Pronunciamiento
7 de octubre de 2026

Personas, organizaciones e instituciones firmantes

CECATS
Codehuca
Frente Macroecuménico del Partido Frente Amplio.
Adam Álvarez Calderón, director del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Álvaro Carvajal Villaplana, Acofi
Ana Carcedo Cabañas, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA
Ana Victoria Rodríguez Badilla, ciudadana independiente
Antonio Sandoval Poveda
Arq. Dinorah Bejarano
Carmen Brenes Sáenz, Partido Acción Ciudadana y Parlamento Cívico Ambiental
Elda Aurora Gutiérrez Gutiérrez
Eugenia Salazar
Giselle Zamora Arroyo
Isaac Montero Solera
Isela Loría Ulloa
Karen Mamani Torrez
Kattia Herrera Rivas
Leila Marcela Sánchez Cortés
Luisa López A.
Margarita Brenes coordinadora de Comunicación Política de la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social
Marta Arroyo Bonilla
Mary Paz Solano Vega
Natalia Solano Corrales
Sandra Araya Umaña, Alianza de Resistencia Independiente por la vida de las Mujeres
Sharo Rosales Arce
Silvia Bejarano
Silvia Porras Jiménez
Silvia Regina de Lima Silva

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Pronunciamiento_octubre-2026.pdf

IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico analizará la crisis mundial y el ataque a la democracia y los derechos humanos

Del 27 al 29 de octubre, en la Universidad Nacional, con transmisión en directo por el canal de YouTube del IDESPO.

El Grupo de Pensamiento Crítico (GPC) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina de México, convocan al IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico. Este año el lema es “Crisis mundial y ataque a la democracia y los derechos humanos: la antiutopía de la violencia y la destrucción”. El encuentro se realizará del 27 al 29 de octubre de 2026 en el Auditorio Franz J. Hinkelammert, la antigua Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en Heredia. Las sesiones se transmitirán en directo por el canal de YouTube del IDESPO: https://www.youtube.com/@idespouna1975

El GPC fue fundado en 2007 por Franz J. Hinkelammert. Según la convocatoria, desde entonces ha buscado generar “argumentos, narrativas, estrategias y alternativas para sustentar las resistencias y los proyectos emancipatorios”. Sus encuentros internacionales han sido, durante casi dos décadas, un foro de diálogo a partir del instrumental teórico, metodológico y ético aportado por Hinkelammert.

Una crisis civilizatoria

La convocatoria advierte sobre “la progresiva pero veloz constitución de una crisis civilizatoria deshumanizante, antidemocrática e irracionalista”. Según el texto, esa tendencia apareció primero en el proyecto neoliberal de totalización del mercado y, más recientemente, en el ascenso de las extremas derechas a nivel mundial. Los organizadores las describen como un proyecto que “busca el dominio totalitario sobre todas las fuentes de la vida: el trabajo, la naturaleza y la espiritualidad del ser humano”.

En lo político, el texto señala un vaciamiento de la democracia. Cita a Hinkelammert, quien advirtió que se agudiza “un conflicto entre la democracia como mecanismo del poder y la democracia como lugar de la defensa de los derechos humanos”. La convocatoria sostiene que en diversos países del continente se ha venido “sucumbiendo a la fascinación de las ultraderechas”, con proyectos “aparentemente anti-establishment y libertarios, que vuelven a enquistar en el poder a los viejos y los nuevos grupos hegemónicos ligados al capital transnacional”, en “un retroceso alarmante de la vigencia de los derechos humanos, de las conquistas populares y profundamente antiecológico”.

Los organizadores ubican esta ofensiva en una crisis estructural del capitalismo que se arrastra desde la década de 1970, y en los límites que dejó en evidencia la crisis de 2007-2009. Señalan que el escenario político internacional “se ha vuelto particularmente sombrío”: “Asistimos al imparable genocidio en Gaza y el Líbano, donde la población civil es sometida a un castigo colectivo que viola todas las normas del derecho internacional humanitario”. Mencionan también el silenciamiento de las hambrunas y los desplazamientos masivos en Sudán, la crisis humanitaria y de seguridad en Haití y “la ya alargada guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Afirman que la administración Trump “ha intensificado su guerra contra Irán y Venezuela, profundizando las sanciones económicas que equivalen a un asedio contra pueblos enteros”, al tiempo que “mantiene y recrudece la asfixia contra Cuba, cuyo pueblo soporta un bloqueo genocida”. Para los organizadores, estas agresiones “forman parte de una estrategia global de dominación que combina la violencia militar directa con la guerra económica, el saqueo de recursos y la imposición de un nuevo orden autoritario”.

Ejes de discusión

El encuentro se organizará en torno a cuatro ejes:

  1. El análisis de las tendencias actuales del capitalismo: bajo crecimiento, inflación, financiarización, concentración de la riqueza y la respuesta de las ultraderechas como proyectos de restauración conservadora.

  2. El vaciamiento de la democracia, la instrumentalización de los derechos humanos por los proyectos dominantes y la construcción de nuevas narrativas emancipadoras.

  3. Las tendencias neofascistas y militaristas, la guerra cultural, la desinformación y la voluntad de exterminio como mecanismos de disciplinamiento social.

  4. La construcción de nuevos mitos emancipatorios, narrativas, estrategias de resistencia y proyectos transformadores desde los movimientos sociales, feministas, ecologistas, sindicales y populares, “en la búsqueda de una civilización para el cuidado de la vida”.

Programa

Martes 27 de octubre: Crisis mundial y reconfiguración del orden capitalista

  • 9:00 a. m.: apertura, inauguración del Auditorio Franz J. Hinkelammert e inicio de las sesiones plenarias.

  • 10:15 a. m.: conferencia inaugural. “El termidor de la Modernidad y el ascenso mundial de la extrema derecha neofascista: una mirada apremiante pero esperanzadora a la luz del pensamiento crítico de Franz Hinkelammert”, Henry Mora (Costa Rica).

  • 11:15 a. m.: “Vigencia de la dialéctica del desarrollo desigual de Hinkelammert ante la crisis mundial del siglo XXI”, Hugo Herrera (México).

  • 2:00 p. m. (virtual): “Límites trascendentales de la sustentabilidad. El Espacio Analítico Alternativo como herramienta heurística”, David Orlando Ramírez (Colombia-México).

  • 3:15 p. m.: “Crisis actual del capitalismo y su reconfiguración desde la ultraderecha; una explicación desde lo estructural”, William Hughes (Panamá).

  • 4:15 p. m.: “Trump sigue la herencia de intervenciones en América Latina”, Lilia Solano (Colombia).

  • 6:00 p. m.: presentación del libro Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado, Carlos Molina (El Salvador).

Miércoles 28 de octubre: Ataque a la democracia y los derechos humanos / La antiutopía de la violencia y la destrucción

  • 9:00 a. m.: “La crisis civilizatoria y la utopía de la dominación total”, Jorge Vergara (Chile).

  • 10:30 a. m. (virtual): “Democracia y derechos humanos: discernimientos desde nuestra América en defensa de las humanidades”, Yamandú Acosta (Uruguay).

  • 11:30 a. m.: “Del pensamiento único al no pensamiento: desafíos a las descomposiciones neoliberales desde América Latina”, John Carlos Pumacaya (Perú-Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Lo sagrado frente a lo santo y la inversión de los valores éticos en el mundo contemporáneo”, Jung Mo Sung (Brasil).

  • 3:15 p. m.: “El Caribe como zona de paz o frontera de imperio. La paradoja del asesinato es suicidio en contexto”, Maydi Estrada Bayona (Cuba).

  • 4:15 p. m. (virtual): “Deseo, violencia y mito”, Carlos Asselborn (Argentina).

  • 6:00 p. m.: “Voces y paisajes”, conversatorio sobre la coyuntura política en América Latina.

Jueves 29 de octubre: Alternativas para la vida

  • 9:00 a. m.: “Totalitarismo y religión. El surgimiento de la crítica de la religión en la Doctrina Social de la Iglesia”, José Fernando Castrillón (Colombia).

  • 10:30 a. m.: “Militancia y conversión: comunidades de vida y espiritualidad de la acción”, Carlos Molina (El Salvador).

  • 11:30 a. m.: “Rebelión juvenil en Colombia, una apuesta por la vida”, Carlos Angarita (Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Para la reconstrucción de una democracia futura. Aportes de la filosofía latinoamericana contemporánea: A. Roig, E. Dussel, F. J. Hinkelammert”, Estela Fernández (Argentina).

  • 3:15 p. m. (virtual): “Enrique Dussel: marxismo crítico del Sur, descolonialización y transmodernidad”, Jorge Zúñiga (México).

  • 4:15 p. m.: “Utopía y revolución. La posibilidad de otro mundo”, Yohanka León del Río (Cuba).

  • 6:00 p. m.: clausura.

El encuentro será principalmente presencial, con mesas de discusión en las que expondrán integrantes de la red del GPC y que se abrirán a la discusión colectiva. Algunas conferencias serán virtuales, porque parte de sus integrantes no pueden viajar a Costa Rica. Además, habrá sesiones de trabajo con colectivos y organizaciones sociales, actividades culturales y un homenaje a Franz J. Hinkelammert. Está previsto publicar las ponencias en 2027, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Contacto: norman.solorzano.alfaro@una.ac.cr

Mientras Chaves-Fernández apenas van, Bukele ya regresa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Para lo que juzgará la Historia ya todo está escrito: la propuesta del continuismo Chaves-Fernández admira, venera, imita y añora ser como Bukele, concentrar todo el poder político, borrar la separación de poderes, eliminar los controles republicanos y, además, gobernar mediante decretos en medio de la suspensión de garantías constitucionales. Estas no son acusaciones de adversarios malévolos, son confesiones explícitas de quienes por desgracia nos gobiernan.

El “gran logro” del tiranillo tropical ha sido crear un enorme campo de concentración-exterminio, reduciendo ciertamente la tasa de homicidios y otros delitos, pero a cambio de encerrar a 120 mil personas (más del 2% de la población), de manera atolondrada, sin las mínimas garantías del debido proceso, sin importar su inocencia o culpabilidad, con denuncias de tratos crueles, torturas y 500 personas fallecidas (¿asesinadas?) a lo interno del sistema carcelario.

El modelito resulta insostenible desde el punto de vista moral y jurídico, pero también desde una perspectiva económica y política, tanto para el pueblo salvadoreño como para la comunidad internacional que observa estupefacta semejante experimento neonazi. De ahí que la manifestación de Bukele en el sentido de que está considerando –por supuesto él como consumado autócrata- la liberación de al menos el 50% de los encarcelados, deba ser analizada con lupa.

Recurro como fuente al medio salvadoreño El Independiente en artículo firmado por Walter Raudales: “El ´MODELO´ se desinfla. ¿Qué hay realmente detrás del anuncio confuso de liberar ´postes´?”:[1]

  1. La manifestación del mandatario salvadoreño es una confesión de fracaso. La férrea mano dura muestra sus fisuras y está buscando una desesperada salida a la trampa en que se ha metido. Es insostenible seguir alimentando la mentira y al fin de cuentas la verdad termina por imponerse.
  2. La propuesta bukeliana, para variar, resulta truculenta. Propone liberar a miles de presos arbitrariamente detenidos obligándolos a reconocer al menos su “colaboración” con las pandillas o el crimen organizado. En el fondo, para recuperar su libertad, los afectados han de manchar sus antecedentes penales y el régimen podrá alegar siempre que nunca fueron inocentes.
  3. A la hipócrita proclama de que “ningún inocente debe permanecer preso”, en el mismo acto, el tiranuelo advierte sobre la necesidad de prorrogar el Estado de Excepción, que ya dura más de 55 meses, como mecanismo para mantener la guerra contra las pandillas.
  4. Quedan sin explicarse las consignas originales que proclamaban el deber de detener a todo sospechoso en barrios y pueblos empobrecidos, porque todos eran potenciales terroristas.
  5. El tiempo ha dado la razón a defensores de derechos humanos y asociaciones de víctimas: combatir a los pandilleros no justifica las detenciones arbitrarias y la eliminación de garantías procesales. Tampoco es válido tachar a estos defensores como cómplices de los delincuentes.
  6. Ahora Bukele empieza a hablar de liberar inocentes, reparar en los distintos “grados de participación”, establecer quiénes han cometido delitos leves, estudiar cada expediente y determinar quiénes han sido “colaboradores involuntarios” para aplicarles la figura de la “libertad asistida”. Pero precisamente esa es labor de fiscales y jueces en un Estado de derecho. Bukele no puede seguir arrogándose facultades que no le corresponden.
  7. En este repentino ataque de empatía con los prisioneros sin debido proceso, pueden estar gravitando los siguientes factores:
    7.1. El próximo proceso electoral en El Salvador donde Bukele busca perpetuarse en el poder de conformidad con las reformas constitucionales hechas a su medida. Pacificar las calles no es suficiente si la pobreza y la extrema pobreza crecen, si la educación y la salud públicas se deterioran, si no hay fuentes de empleo, si no hay una Fiscalía independiente que investigue las denuncias de corrupción público/privada, si el mayor terrateniente es la familia presidencial, etc, etc.
    7.2. En ese contexto pre-electoral se puede estar negociando otro acuerdo territorial entre gobierno y estructuras criminales para asegurarse el voto en zonas rurales y periurbanas.
    7.3. Puede que la liberación precipitada y en desorden de prisioneros busque provocar, a corto plazo, un “rebrote delictivo” que justifique de nuevo la perpetuación del Régimen de Excepción.
    7.4. Los eventuales cambios en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones, pueden provocar cuestionamientos al modelo bukeliano, así como investigaciones y denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
  8. En definitiva, el articulista Raudales recomienda en todo caso aceptar la oferta de Bukele, liberar de inmediato a los inocentes, garantizar debido proceso a quienes tienen elementos de prueba en su contra, liberar también a presos políticos y, dado que el argumento principal para sostener un Estado de Excepción se ha resquebrajado –eliminación de derechos a cambio de orden y seguridad-, terminar de una vez con esa situación de excepcionalidad y recuperar el orden democrático.

Lo que resulta vergonzoso y patético del continuismo Chaves-Fernández, es verlos alabando y copiando un modelo que se desinfla y hace aguas por todas partes. No es casualidad que ni Bukele ni De la Espriella se hayan ausentado de la famosa inauguración de nuestra caricatura de mega-cárcel. Tampoco es casual que la reciente visita de Fernández a El Salvador haya sido inmediatamente seguida por la salida de Bukele a Washington, donde muy probablemente tenga oficios que diligenciar ante el incendio que lo amenaza.

[1] Los “postes” son colaboradores involuntarios, coaccionados por mareros militantes, pero que el régimen igual encierra indiscriminadamente.

UCR recomienda no aprobar TLC con Israel y advierte vacíos en derechos humanos, ambiente y participación ciudadana

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.

La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.

El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.

El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.

El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.

El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.

Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Derechos humanos y territorios ocupados

Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.

El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.

La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.

El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.

Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.

Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-99-2026.pdf

Información enviada por el Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica