A propósito de la visita ad limina de los obispos de El Salvador, concluida en Roma este 11 de septiembre de 2026
¿Qué le envidiamos a El Salvador?
La pregunta no es inocente. Si se la hacemos hoy a muchos costarricenses, probablemente la respuesta aparezca de inmediato: la seguridad.
El Salvador pasó, en pocos años, de ser identificado internacionalmente con las maras, pandillas y una violencia insoportable a exhibir una caída extraordinaria de los homicidios. Hay salvadoreños que dicen haber recuperado sus barrios, sus calles y algo tan elemental como salir de casa sin miedo.
Mientras tanto, en Costa Rica aprendimos un vocabulario que antes nos parecía lejano. Sicariato, territorios disputados, crimen organizado, ajuste de cuentas. Los homicidios dejaron de sorprendernos como deberían.
Es comprensible, entonces, que alguien mire hacia El Salvador y pregunte: ¿por qué ellos pudieron y nosotros no?
Pero ahí comienza la parte difícil.
El modelo salvadoreño no puede analizarse solamente desde las cifras de homicidios. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado una y otra vez, que ha permitido detenciones masivas y ha restringido garantías constitucionales. Decenas de miles de personas han pasado por las cárceles. Y junto a la satisfacción de una parte importante de la población por la recuperación de la seguridad, han aparecido denuncias sobre detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias, debido proceso y respeto de los derechos humanos.
Las dos realidades existen. Negar cualquiera de ellas empobrece la discusión.
Precisamente por eso resulta tan significativa la reciente visita ad limina Apostolorum de los obispos salvadoreños a Roma y su encuentro con el papa León XIV.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez resumió una convicción que parece sencilla, pero que en circunstancias como estas adquiere un peso enorme: la persona humana debe estar en el centro.
También la persona encarcelada.
Este punto es esencial para la Iglesia. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el Evangelio deja de entrar. Al contrario. Si hay un lugar donde la presencia cristiana resulta necesaria es allí donde el ser humano corre el riesgo de quedar reducido a un número, un expediente, una condena o un uniforme.
La sociedad tiene derecho a defenderse del delincuente. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo. Nada de eso puede relativizarse.
Pero el preso sigue siendo persona.
Y aquí el compromiso de los obispos salvadoreños adquiere una dimensión particularmente importante. La Iglesia no está llamada a escoger entre las víctimas y los privados de libertad, como si la misericordia hacia unos significara indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Tiene que estar donde duele: con la familia que perdió un hijo por la violencia, con la comunidad que durante años estuvo sometida por una pandilla, pero también dentro de las cárceles, acompañando, escuchando, anunciando la posibilidad de conversión y defendiendo la dignidad que ninguna sentencia puede borrar.
Ese equilibrio incomoda. Pero el Evangelio muchas veces incomoda precisamente porque se niega a dividir el mundo entre seres humanos que merecen dignidad y seres humanos que ya no la merecen.
Durante la visita a Roma estuvo presente, además, una figura imposible de separar de la historia salvadoreña: san Óscar Romero. Los obispos entregaron a León XIV una reliquia del santo.
No es un detalle menor.
Romero conoció la violencia de su país y entendió que la Iglesia no podía contemplarla desde lejos. Se acercó a las víctimas, denunció los abusos del poder y defendió la vida cuando hacerlo tenía consecuencias. Su palabra no nació de una teoría sobre El Salvador. Nació de escuchar a su pueblo.
Quizá esa sea también una lección para Costa Rica.
No necesitamos copiar modelos. Mucho menos idealizarlos. Necesitamos recuperar la seguridad, y con urgencia. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales. Pero tampoco deberíamos aceptar la idea de que para recuperar la tranquilidad necesariamente haya que disminuir el valor de la dignidad humana.
Seguridad y derechos humanos no deberían ser enemigos.
Y la Iglesia tampoco puede mirar esta discusión desde la gradería. Si el narcotráfico está reclutando muchachos en nuestras comunidades, allí tiene que estar. Si las familias viven atemorizadas, allí tiene que estar. Si nuestras cárceles están llenas de personas para quienes la sociedad ya no espera nada, también allí tiene que estar.
No solamente para denunciar. También para acompañar, prevenir, reconstruir y anunciar el Evangelio.
Entonces vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué le envidiamos a El Salvador?
Tal vez no deberíamos envidiarle nada.
Deberíamos mirarlo con respeto, reconocer lo que ha conseguido, atrevernos a discutir el costo de algunas de sus decisiones y, sobre todo, aprender de una sociedad que ha conocido extremos de violencia que Costa Rica todavía puede evitar.
Porque nuestro desafío no consiste únicamente en volver a sentirnos seguros.
Consiste en lograrlo sin dejar a nadie fuera de la condición humana.
El pronunciamiento advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador y llama la atención sobre la criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y comunidades.
El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales expresaron su solidaridad con la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, así como con las personas presas por motivos políticos o de conciencia y quienes han tenido que salir al exilio debido a la situación que atraviesa El Salvador.
La preocupación quedó planteada en un acuerdo que señala el deterioro de los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho en ese país. En el caso de Ruth López, se recuerda que al momento del pronunciamiento habían transcurrido más de 400 días desde su detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025.
El documento recoge los cuestionamientos realizados por distintas organizaciones, que han señalado que su detención estaría relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, además de advertir sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.
Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, el caso adquiere además una dimensión relacionada con la defensa ambiental. Ruth López ha acompañado procesos ciudadanos vinculados con la oposición a la reactivación de la minería metálica en El Salvador, una actividad que ha generado importantes debates y conflictos sociales y ambientales en el país.
El pronunciamiento advierte que esta situación no puede analizarse como un caso aislado. La criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y voces críticas, así como el hostigamiento, la vigilancia y la intimidación, forman parte de un escenario que genera preocupación por el ejercicio de derechos fundamentales.
Una de las consecuencias señaladas es también el desplazamiento forzado de personas defensoras, periodistas, ambientalistas, académicas, activistas y dirigentes sociales que han debido abandonar el país ante condiciones que ponen en riesgo su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
La preocupación trasciende el caso salvadoreño. Desde la Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA se ha venido dando seguimiento a distintas situaciones que afectan a personas defensoras ambientales, pueblos indígenas y comunidades en América Latina, particularmente frente a procesos de criminalización, persecución y violencia relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes.
En ese contexto, el pronunciamiento plantea la necesidad de liberar de manera inmediata e incondicional a Ruth López y a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas o de conciencia, así como garantizar el debido proceso y las garantías judiciales.
También expresa su rechazo al uso de las instituciones de justicia para perseguir a quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, y manifiesta su solidaridad con las personas salvadoreñas que se encuentran en el exilio, reclamando condiciones que permitan un retorno voluntario, digno y seguro.
El documento reconoce, además, la labor que continúan realizando organizaciones sociales, periodistas, comunidades y personas defensoras que mantienen su trabajo en favor de la justicia, la democracia y la protección ambiental.
Este pronunciamiento forma parte de una serie de acciones que desde el IDELA y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales se vienen impulsando en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas en América Latina, con énfasis en la documentación, la reflexión académica, la articulación y la solidaridad frente a situaciones de vulneración de derechos.
La solidaridad con Ruth López y con las personas presas políticas y exiliadas de El Salvador se plantea, así como parte de una preocupación más amplia: la defensa de los derechos humanos y del ambiente no puede convertirse en motivo de persecución o criminalización.
La movilización se realizará el 6 de septiembre y busca reivindicar el legado del presidente Salvador Allende, conmemorar los 53 años del golpe de Estado, y denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocaron a una romería por la memoria, los derechos humanos, y contra los indultos la que se realizará el próximo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, desde el Metro Los Héroe y finalizará en el Cementerio General, en Santiago, con un acto político-cultural.
La jornada se desarrollará bajo la consigna de “No a los Indultos”, “Derechos Humanos, ni un paso atrás”. Así mismo, se reivindicará el legado del presidente Salvador Allende y se rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado cívico-militar de 1973 y de las posteriores violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación frente a los posibles indultos o beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura como a hechos ocurridos durante el estallido social, y advierten sobre lo que consideran un escenario de retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición.
Entre las principales preocupaciones, se encuentra también el desmantelamiento o debilitamiento del “Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, iniciativa creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca avanzar en el esclarecimiento del paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Para las organizaciones de derechos humanos, la memoria no constituye solamente una mirada hacia el pasado, sino también una responsabilidad frente al presente y el futuro. En ese sentido, la convocatoria busca expresar un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad y reafirmar que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a quedar subordinadas a intereses políticos y cambios de gobiernos.
“Una demostración de amor y reconocimiento”
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, llamó a la ciudadanía a participar de la movilización y destacó el carácter histórico y también cultural de la jornada.
“El 6 conmemoraremos en forma cultural, en forma mística, reivindicando, no sólo lo que fue la Unidad Popular, la memoria de nuestros familiares, lo que aún nos falta por encontrar, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo”, señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos.
Además, expresó que la marcha representa también un homenaje al presidente Salvador Allende y a quienes participaron del proceso de la Unidad Popular junto a trabajadores, mujeres y profesionales.
“Tiene que ver con esta marcha, que hay una demostración de amor, de reconocimiento, con el orgullo que sentimos de nuestro presidente Salvador Allende”, afirmó.
En el mismo sentido, el músico Jorge Coulon, del grupo Inti Illimani, llamó a participar de la movilización en un momento que considera especialmente relevante para la defensa de los derechos humanos.
“Es muy importante reivindicar que Chile respeta y exige respetar los derechos humanos y la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el artista.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
Acuerda exigir información sobre la situación de personas indígenas y afrodescendientes desaparecidas o privadas de libertad e insta a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Registro Civil a realizar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas indígenas transfronterizas.
San José, Costa Rica. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó, en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, un pronunciamiento en el que expresa su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan y plantea una serie de acciones institucionales orientadas a la defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes que enfrentan situaciones de persecución, encarcelamiento, desaparición, desplazamiento y exilio.
Brooklyn Rivera Bryan fue uno de los principales dirigentes indígenas de la costa caribe nicaragüense y una figura histórica de los procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Durante décadas impulsó la defensa de la autonomía regional, los territorios ancestrales, la participación política y las formas propias de organización comunitaria. Rivera falleció el 30 de mayo de 2026, después de haber permanecido más de 970 días privado de libertad, en una situación que había sido denunciada como desaparición forzada.
El Consejo Universitario condenó la persecución, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada y la muerte de Brooklyn Rivera, así como toda acción que atente contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Asimismo, reconoció su aporte histórico a las luchas por la autonomía, la autodeterminación y la defensa territorial de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, y expresó su solidaridad con sus familiares, comunidades y organizaciones.
Preocupación por otras personas indígenas y afrodescendientes. El pronunciamiento también llama la atención sobre la situación de otras personas indígenas y afrodescendientes que continúan privadas de libertad o cuya situación actual ha generado preocupación entre organizaciones y mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.De manera particular, el Consejo Universitario plantea exigir información sobre la situación y condición actual de estas personas, así como la liberación inmediata de quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. Entre ellas se encuentran Steadman Fagot Müller y los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.
Espacios de diálogo y acompañamiento. Entre las acciones acordadas se encuentra la promoción de espacios de diálogo e intercambio entre la comunidad universitaria y organizaciones miskitas, mayangnas y afrodescendientes presentes en Costa Rica, con el propósito de conocer directamente sus experiencias, preocupaciones y propuestas.
También se plantea solicitar a la Rectoría, las vicerrectorías y las instancias universitarias competentes valorar mecanismos de apoyo académico, cultural, de investigación y acción social dirigidos a personas indígenas y afrodescendientes provenientes de la Muskitia que actualmente residen en Costa Rica.
La UCR propone, además, impulsar actividades académicas, culturales y de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, la preservación y difusión de sus lenguas y culturas, así como sobre los fenómenos de desplazamiento forzado y movilidad humana en Centroamérica.
Asimismo, el pronunciamiento insta a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Registro Civil a realizar las acciones correspondientes para garantizar los derechos de las personas indígenas transfronterizas, de conformidad con la Ley N.° 9710, que establece mecanismos especiales relacionados con la nacionalidad, la residencia y la integración de estas poblaciones.
La Universidad de Costa Rica reafirma así su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente de aquellos pueblos y comunidades transfronterizas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, desplazamiento o exclusión.
Finalmente, el pronunciamiento plantea la organización de un espacio institucional de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos y las realidades que enfrentan actualmente las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense que viven en Costa Rica.
La propuesta fue presentada ante el Consejo Universitario por la Dra. Ilka Treminio Sánchez y los representantes Nickolás Guevara Díaz y Pablo Monteagudo Madrigal. Para su elaboración se contó con el apoyo de la Unidad de Estudios del Consejo Universitario y la colaboración del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
El pronunciamiento de la UCR se suma a otras iniciativas de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua, entre ellas la promovida por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.
Este martes 25 de agosto de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el último episodio del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.
En este nuevo capítulo se realiza una reflexión sobre lo importante que es conversar, alzar la voz y actuar ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Debido a la situación que está sucediendo en el país ante este tipo de violencia, nos llama a todas las personas a la acción.
Lo importante del podcast “Calladita No es tan bonita” no solo va en el camino de brindar información y conocimiento sino también que identifiquemos las señales, sobre todo que represente una prevención para que no se repitan estos episodios de violencia. Hay que determinar aquellas conductas que se deben cambiar como sociedad.
Durante estos 12 episodios se habló de manifestaciones de violencia, de justicia, de dolor, de resiliencia, de esperanza, testimonios, personas que decidieron actuar, aprendimos que la violencia no siempre es evidente, que denunciar es importante, que acompañar salva, que educar previene, y que la comunidad puede sostener.
En este episodio participaron Kathya Rodríguez Araica, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, y Melissa Alvarado Barrantes, periodista deportiva.
Esta producción estuvo conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales fueron difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega fue concebida y abrió un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancias frente a cualquier forma de violencia; además invitó a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.
Alejandro Machado García Consultor Gestor de desarrollo, género y migraciones
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no nació como un tratado internacional jurídicamente vinculante en sentido estricto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del orden internacional. Su amplia aceptación, la práctica sostenida de los Estados y su influencia en tratados, constituciones y decisiones judiciales han contribuido a que numerosos principios contenidos en ella sean reconocidos como normas de derecho internacional consuetudinario. Su importancia no es únicamente jurídica: también representa un compromiso político y ético con la protección de la dignidad humana.
En ese marco, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria cumplen una función esencial: responder a las situaciones que colocan a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de manera temporal o permanente. Conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados, crisis económicas y persecuciones políticas pueden destruir las condiciones mínimas para una vida digna. Frente a esas realidades, la cooperación internacional procura proteger a las personas, aliviar el sufrimiento y garantizar que nadie quede excluido por su nacionalidad, situación migratoria, género, raza, religión, condición económica u opinión política.
La construcción de este marco internacional fue el resultado de un proceso doloroso. Las dos guerras mundiales demostraron el costo de dejar las relaciones entre los Estados sometidas exclusivamente a la lógica de la fuerza, los intereses geopolíticos y la capacidad militar. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, provocó aproximadamente 20 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, dejó entre 70 y 85 millones de personas fallecidas. A ello se suma el Holocausto nazi, durante el cual fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otras minorías perseguidas.
Pero las violaciones a la dignidad humana no se limitaron a los escenarios bélicos. Durante décadas, el trabajo careció de una regulación internacional adecuada; en fábricas textiles y minas de Europa y América eran habituales jornadas de entre 14 y 16 horas. Persistían la servidumbre por deudas, la explotación infantil y diversas formas de discriminación. Las mujeres no podían votar en numerosos países ni ejercer plenamente derechos económicos básicos, como abrir una cuenta bancaria o administrar sus bienes. La creación del Sistema de Naciones Unidas y el desarrollo progresivo del derecho internacional respondieron, precisamente, a la necesidad de sustituir la imposición por reglas comunes, cooperación y responsabilidad compartida.
De esa historia surge una premisa sencilla, pero fundamental: los derechos protegen a las personas por el hecho de ser humanas, no por su riqueza, su nacionalidad, su cercanía con un gobierno o su afiliación política. La dignidad no se compra, no se vende y tampoco se obtiene como recompensa por mérito económico. No pertenece exclusivamente a quienes se ubican a la izquierda o a la derecha, ni depende de la aprobación de un partido o de un gobierno. Es inherente a toda persona.
Por eso deben observarse con preocupación las narrativas que pretenden convertir la asistencia humanitaria en una concesión política. La ayuda no puede depender de la afinidad ideológica, de relaciones de compadrazgo ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Tampoco debería utilizarse como instrumento de presión, castigo o legitimación política. Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia establecen que la acción humanitaria debe responder a las necesidades de las poblaciones afectadas y mantener autonomía frente a objetivos políticos, económicos o militares.
La asistencia humanitaria comprende mucho más que la entrega de alimentos, medicinas o refugio. Incluye acciones de protección y promoción de derechos en contextos de emergencia, de acuerdo con la naturaleza de la crisis y las condiciones de las comunidades afectadas. Su propósito es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad.
Las narrativas de odio y polarización, nos invitan a preguntarnos: ¿Se defenderán los principios universales incluso cuando hacerlo implique costos políticos, o se optará por callar para sobrevivir frente a gobiernos poderosos? La línea entre la prudencia diplomática y la complicidad puede volverse peligrosamente delgada. El temor a represalias, a la expulsión de organismos o a la restricción del acceso humanitario no debería conducir a la renuncia de las responsabilidades internacionales, nos invita a ser valientes.
Existe un intento evidente por debilitar la confianza en el Sistema de Naciones Unidas, en el derecho internacional y en las respuestas humanitarias. Precisamente por eso es necesario señalar los incumplimientos con claridad y coherencia. Si la comunidad internacional denuncia la selectividad y la desigualdad de poder, pero guarda silencio cuando las violaciones son cometidas por gobiernos aliados o económicamente influyentes, termina atrapada en una contradicción: el sistema que debía limitar la arbitrariedad acaba otorgándole la razón al poder político y económico, y restándose credibilidad frente a la gente.
Defender la dignidad humana exige aplicar los mismos principios a todas las personas y en todos los contextos. De lo contrario, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios administrados por quienes tienen mayor poder. La asistencia humanitaria, el derecho internacional y la cooperación solo conservarán su legitimidad si permanecen al servicio de las personas, no de los gobiernos.
El próximo jueves 3 de septiembre se cumple un año desde que Randall Gamboa Esquivel fue deportado a Costa Rica tras haber sido detenido y puesto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Poco después de su llegada al país, en grave estado de salud, el pezeteño de 52 años falleció. Desde entonces, sus familiares exigen explicaciones a las autoridades sobre lo ocurrido durante su detención.
Para conmemorar la fecha, la familia de Randall y el Colectivo Causa Sur convocan a la «Velada en Memoria de Randall Gamboa Esquivel», un espacio para recordarlo, honrar su vida y acompañar a sus familiares y amigos. La actividad se realizará el jueves 3 de septiembre, a las 6:00 p.m., en el Parque de San Isidro, Pérez Zeledón. Se invita a las personas asistentes a vestir de blanco y llevar una vela.
«Porque por lo mucho que le amamos, no podemos permitirnos olvidar su historia», señaló Greidy Mata Esquivel, hermana de Randall.
El programa incluirá presentaciones artísticas de Karol Barboza, Vampel y Mariana Salas (cantautores), Silvia Elena y She Santana (poetas), y una intervención plástica de Katherina Janedeova, además de un acto conmemorativo con palabras de familiares de Randall.
«Nosotros como miembros del Colectivo Causa Sur, nos sentimos identificados con la lucha de esta familia y nos unimos a sus exigencias por respuestas de parte de las autoridades pertinentes. Este evento no es solo para recordar a Randall sino también para hacer saber a las autoridades que seguimos esperando justicia», manifestó Elena Abarca, vocera del colectivo.
Cronología del caso, según la documentación aportada por Causa Sur:
Diciembre de 2024: Randall es detenido por el ICE por reingreso a territorio estadounidense.
Mediados de junio de 2025: tras mantener contacto diario con su familia mediante videollamadas, la comunicación se detiene por completo. El ICE indicó al Consulado de Costa Rica que el detenido «no deseaba comunicarse», afirmación que la familia rechaza.
23 de junio de 2025: es ingresado al hospital Valley Baptist Medical Center, en Texas.
Agosto de 2025: una abogada voluntaria lo encuentra en estado vegetativo, catatónico, desnutrido y deshidratado.
Septiembre de 2025: es deportado a Costa Rica en un vuelo ambulancia. Sus familiares denunciaron que llegó en total estado de abandono, sucio, con la boca llena de sangre seca y con múltiples úlceras expuestas y descuidadas en su cuerpo.
En el Hospital de Pérez Zeledón se le diagnosticó encefalopatía (daño cerebral severo) y rabdomiólisis (descomposición grave del tejido muscular).
Entre octubre y diciembre de 2025: la Cancillería de Costa Rica envió notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos exigiendo explicaciones; las autoridades estadounidenses han evitado dar respuestas claras hasta la fecha.
¿Te interesa profundizar en los desafíos actuales de los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas e inclusivas?
La Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del IDELA, Universidad Nacional, abre una nueva promoción en 2027.
Te invitamos a nuestra sesión informativa, un espacio para conocer la propuesta académica, el plan de estudios, el perfil de las personas graduadas, las oportunidades que ofrece el programa y los detalles del proceso de admisión.
📅 Martes 25 de agosto
🕕 6:00 p. m.
📍 Aula Tecnológica, Facultad de Filosofía y Letras, UNA
Si estás considerando realizar estudios de posgrado en derechos humanos y educación para la paz, este espacio es para vos.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social, Coordinador MENTES EN MOVIMIENTO UTN 2028 (Grupo de Pensamiento Universitario)
La crisis de las personas en situación de calle en el Cantón Central de San José ha dejado de ser un problema meramente de asistencia social para convertirse en una emergencia urbana, económica y de salud pública. En la última década, esta población creció un 150%, concentrándose principalmente en distritos clave como Merced, Hospital y Catedral. Frente a una inversión local que supera los ₡2.000 millones anuales sin soluciones definitivas, la alcaldía liderada por Diego Miranda y el Poder Ejecutivo han planteado una ruta de choque inmediata.
El diagnóstico de la crisis capitalina
De las aproximadamente 3.733 personas en situación de calle registradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el país, 7 de cada 10 habitan en San José. Los factores determinantes combinan la exclusión social, la farmacodependencia extrema, el desarraigo familiar y la falta de opciones de empleo. Zonas comerciales de la Avenida 7, Avenida 9 y las inmediaciones de la antigua Castellana sufren un impacto directo en la seguridad y las ventas, lo que evidencia la urgencia de cambiar el asistencialismo pasivo por una intervención activa.
Plan de acción a corto plazo: Intervenciones prioritarias
Para mitigar los efectos inmediatos y estabilizar la situación en las avenidas josefinas, las propuestas vigentes se agrupan en cinco ejes de ejecución rápida:
1. Despliegue de la Estrategia Nacional de Convivencia
Foco en el Distrito Merced: Lanzamiento prioritario del plan estatal de atención directa en los cuadrantes más críticos del casco central.
Alianzas operativas: Coordinación inmediata con ONG consolidadas, tales como la Asociación Misionera Club de Paz y Casa Hogar San José, para el suministro diario de alimentación, duchas y vestimenta básica.
2. Ampliación y apertura de albergues de emergencia
Optimización de recursos: Maximizar los 102 espacios de pernoctación del Centro Dormitorio Municipal, que además de una cama digna provee vinculación con servicios de salud.
Infraestructura en marcha: Agilizar el acondicionamiento del nuevo mega-albergue municipal (aprobado con fondos locales por ₡1.100 millones) diseñado para dar refugio a 300 personas en condición vulnerable.
3. Activación de la Mesa Interinstitucional de Choque
Articulación de presupuestos: Convocatoria impulsada ante la Presidencia para sentar en una misma mesa técnica al IMAS, el IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El objetivo es unificar fondos y evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos.
4. Soporte legal mediante el proyecto «Reintegra San José»
Ruta de desintoxicación obligatoria: Apoyo legislativo inmediato al proyecto de ley promovido por la vicealcaldía josefina. Esta propuesta jurídica busca dotar a la Policía Municipal y al sector salud de herramientas legales para guiar obligatoriamente a los habitantes con adicciones hacia procesos formales de desintoxicación, albergue y reinserción laboral.
5. Medida de descongestión territorial: Macro-complejo de reubicación fuera del GAM
Compra de finca periférica: Adquisición de un terreno de gran extensión en la provincia de Puntarenas para centralizar la atención integral de la población meta.
Traslado masivo y voluntario: Desarrollo de un modelo habitacional, productivo y de salud diseñado para albergar a los indigentes de San José, removiendo la presión demográfica de la capital.
Modelo integral: El complejo contará con áreas de desintoxicación, huertas comunitarias para talleres de reinserción laboral y módulos habitacionales permanentes alejados de los focos de distribución de drogas del casco central.
El desafío de la corresponsabilidad
La solución de corto plazo requiere de un compromiso directo entre el gobierno local y el nacional. San José no puede seguir asumiendo el costo operativo de una problemática migratoria y social que es de índole país. De la agilidad con la que se articulen los centros de desintoxicación, la viabilidad del traslado interprovincial y el apoyo de los comercios dependerá que la capital recupere su seguridad, orden urbano y, sobre todo, la dignidad de sus habitantes más vulnerables.
Anexo Técnico: Viabilidad del Macro-Complejo de Reubicación en Puntarenas
1. Mecanismo de financiamiento para la compra de la finca
Para adquirir el terreno y construir la infraestructura sin asfixiar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José, se proponen tres vías simultáneas:
Fideicomiso de Obra Pública: Constitución de un fideicomiso avalado por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR), respaldado por un porcentaje del impuesto de patentes comerciales de San José, garantizando ingresos estables para pagar la deuda a mediano plazo.
Fondos de Desarrollo Social (FODESAF): Negociación de una partida extraordinaria orientada a la erradicación de la pobreza extrema, justificando que el proyecto alivia la carga de servicios de salud centralizados en la capital.
Cooperación Internacional y Alianzas Público-Privadas (APP): Captación de recursos no reembolsables de agencias internacionales enfocadas en desarrollo urbano y derechos humanos, junto con donaciones de cámaras empresariales de San José interesadas en la recuperación económica del casco central.
2. Desafíos legales y de derechos humanos
El traslado de ciudadanos entre provincias presenta barreras constitucionales estrictas que deben resolverse formalmente:
Libertad de tránsito (Artículo 22 constitucional): Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a permanecer en una provincia específica si no existe una orden judicial o una declaratoria de interdicción legal. El traslado masivo debe ser estrictamente voluntario o vinculado a la aprobación del proyecto de ley «Reintegra San José», el cual debe tipificar la habitabilidad de calle con adicción severa como un problema de inimputabilidad o peligro para sí mismo.
Coordinación intermunicipal: El Cantón Central de Puntarenas debe otorgar los permisos de suelo y construcción. Esto requiere un convenio de mitigación de impacto social para evitar el rechazo de la comunidad puntarenense (efecto NIMBY: Not In My Backyard).
Supervisión de la Defensoría de los Habitantes: El complejo debe garantizar estándares internacionales de habitabilidad, alimentación y no confinamiento forzado para evitar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
3. Servicios específicos del macro-albergue
Para que el complejo sea sostenible y no se convierta en un gueto aislado, debe operar como una micro-ciudad autosuficiente con los siguientes componentes:
Clínica de Desintoxicación y Salud Mental (IAFA – CCSS): Un pabellón hospitalario permanente con psiquiatras, enfermeros y terapeutas para el manejo del síndrome de abstinencia severo de sustancias como el crack y el fentanilo.
Granja Agrícola y Talleres Socioproductivos: Aprovechamiento del clima y extensión de Puntarenas para desarrollar proyectos de hidroponía, ganadería menor y panadería. Esto generará autoabastecimiento de alimentos y capacitará a los internos en oficios comerciales.
Módulos de Vivienda Progresiva: Dormitorios segregados por género y condición de salud, que evolucionan desde pabellones de emergencia hasta pequeñas cabañas compartidas como premio al avance en sus procesos de rehabilitación.
Destacamento de Seguridad Multidisciplinaria: Presencia interna de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José para garantizar el orden perimetral, el control de contrabando de drogas y la seguridad de los funcionarios civiles.
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