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Etiqueta: derechos humanos

¡Aunque Ud. No Lo Crea!

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fue un gran engaño, un delito impune, un maltrato brutal, cometido por gobernantes contra decenas de miles de maestros y profesores que por muchos años cotizaron unas cuatro veces más para su fondo de pensiones, que lo que cotizan los trabajadores afiliados al fondo de pensiones de la Caja.

Se estima que, si el gobierno hubiera pagado su parte como patrono, ¡y hubiera respetado el dinero de ese fondo de los educadores!, lo capitalizado habría superado la cifra de cinco billones de colones. Pero como los ministros de Hacienda encontraron muy fácil, meter la mano en el bolsillo de los trabajadores del magisterio para gastarlo ¡en quién sabe qué!, cuando a los profesores que habían venido cotizando confiados en la honradez de los gobernantes, les llegó el momento de jubilarse, se encontraron con que ¡no había ni un colón disponible de lo aportado por 30 o 40 años de su vida laboral! Su fondo de pensiones había sido literalmente robado por autoridades hacendarias desde el momento en que se creó por ley. Así, al haber desaparecido las sumas altas que los educadores habían arrancado de sus salarios mensuales, con la esperanza de cubrir adecuadamente sus necesidades como adultos mayores, al Estado no le quedó más que apechugar con el delito cometido, forzándose a tomar del Presupuesto General de la República, los montos necesarios para cumplir con las pensiones de los profesores que se iban sumando al grupo de jubilados al final de muchos años de esfuerzo.

Lo que ha pasado luego es difícil de creer para los que, por años, han sido bombardeados por una infame campaña anti-magisterio nacional. A ellos les rogamos su atención. Resulta que lejos de admitir su responsabilidad con las acciones antijurídicas, ciertos gobernantes, paradójicamente, han desarrollado una campaña de insultos contra las víctimas del gran robo. En medio de ella, y con una opinión pública así desinformada, con el fin de disminuir los montos mensuales que el gobierno hubo de asumir, se aprobaron leyes populistas con el cuento de que eran pensiones «de lujo», usando como ejemplos a un grupito de funcionarios que (antes de eliminar ese abuso) sin ser profesores como actividad principal, se pensionaban con salarios del cuerpo diplomático, por ejemplo.

A consecuencia de tales leyes populistas, los montos de pensión sustentados en las cotizaciones legales, mediante artificios amañados, fueron rebajadas a la mitad, cual si los principios constitucionales de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos de buena fe, no existieran para el gremio de educadores. Atropello que deja de lado otra realidad desconocida: ¡Los pensionados del magisterio siguen cotizando para la CCSS y pagando impuesto de la renta, cual si fuesen asalariados y no pensionados!

Ahora bien, ¡Aunque Ud. No Lo Crea!, como exclamaría Robert Ripley, en este preciso instante se está tramitando otro proyecto de ley que, de aprobarse, disminuiría aún más las pensiones de los que, reiteramos, cotizaron unas cuatro veces más que los trabajadores afiliados a la Caja. Sus proponentes gubernamentales pretenden que las pensiones del magisterio sean similares a las del Seguro Social. Proyecto de ley indudablemente injusto, insensato, hasta cínico, pues desconoce el desfalco de más de cinco millones de millones de colones y otros incumplimientos legales avalados por tribunales de justicia, que, saliéndose de su ámbito de acción, han dicho «que no puede desconocerse la situación fiscal del Estado», mientras cierran ojos y mentes al panorama completo que no puede desdeñarse, que en el marco de los Derechos Humanos, está afectando emocional y financieramente al grupo casi indefenso de adultos mayores, que una vez creyeron…

Conozco la situación pues soy uno de ellos.

Organizaciones respaldan a Juan Bautista Alfaro y defienden la libertad de expresión en temas ambientales

Un grupo de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales emitió un comunicado público en el que expresa su respaldo al activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, en el contexto del proceso judicial que enfrenta por una demanda por difamación relacionada con sus manifestaciones sobre el caso de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo.

En el documento, las organizaciones señalan que la discusión sobre la protección de los ecosistemas y las concesiones turísticas constituye un asunto de interés público y recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

El comunicado sostiene que el caso de Playa Panamá ha generado un amplio debate nacional en medios de comunicación, redes sociales, espacios académicos y otros ámbitos públicos, así como cuestionamientos sobre el modelo turístico aplicado en el Golfo de Papagayo. Añade que, en torno a este tema, se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo, y que una de esas acciones dio lugar a medidas cautelares que posteriormente generaron una campaña mediática contra un magistrado de la Sala Constitucional.

Las organizaciones afirman que el régimen especial bajo el cual se administra el Golfo de Papagayo fue establecido mediante legislación aprobada antes del desarrollo del actual marco jurídico ambiental costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la reforma constitucional del artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su juicio, esta situación ha generado tensiones jurídicas entre ese régimen especial y la evolución posterior del derecho ambiental nacional e internacional.

El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en asuntos vinculados con temas de interés público y con las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), señalando que estos criterios reconocen una protección reforzada cuando se trata de debates relacionados con la defensa del ambiente y las concesiones estatales.

Las organizaciones describen a Juan Bautista Alfaro Rojas como un activista comprometido con la defensa de los ecosistemas y sostienen que el proceso que enfrenta se enmarca en una tendencia regional de criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en América Latina.

En el comunicado, las organizaciones firmantes:

  • Manifiestan su apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

  • Exigen respeto a la libertad de expresión.

  • Reafirman el valor jurídico del derecho humano a la libertad de expresión.

  • Invitan a la ciudadanía a expresar muestras de apoyo hacia el activista.

  • Solicitan la difusión del comunicado.

Asimismo, recuerdan que el 26 de junio están programadas dos audiencias del proceso judicial, a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m., en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. El comunicado concluye invitando a la ciudadanía a respaldar una petición pública de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

Organizaciones firmantes

  • Grupo Salvemos el Bosque de Playa Panamá

  • APREFLOFAS

  • FECON

  • Bloque Verde

  • Comité Punta Pelencho

  • Salve Monos

  • CREMA

  • Alianza Escazú

  • UESPRA

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Antigentrificación

  • Defensores de la Casa Común

  • Fundación Orgánica

  • Mar & Comercio

  • Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

  • Causa Sur

  • Colectivo Costa Rica por el Océano

  • Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Frente Ecologista Universitario (FECOU)

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • COECOCEIBA

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Un Metro más Limpio

  • CODECE

  • Canto de Fauna

Cuando la fe se convierte en negocio y la política en cruzada: el evangelio del miedo y sus mercaderes

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Reflexiones sobre falacias, poder religioso y la fabricación del enemigo en la política costarricense.

Un pastor, desde el púlpito de una iglesia y en medio de un culto dominical, afirma que un partido político no debería permitirse en Costa Rica porque quiere “sacar a Dios” y empobrecer al país. Minutos después advierte que una ley para prohibir las llamadas terapias de conversión busca arrebatarles a los padres sus hijos. No estamos ante una simple prédica. Estamos ante una operación política revestida de autoridad religiosa.

No es teología. Es tecnología política.

Y conviene decirlo así porque lo que aquí se activa no es únicamente una interpretación doctrinal, sino un dispositivo ideológico cuidadosamente estructurado: miedo, simplificación, enemigos y salvación. Una arquitectura discursiva que combina falacias lógicas, manipulación emocional y legitimación religiosa para intervenir en la esfera pública.

La primera operación argumentativa es una **falacia de falsa causa**. La estructura es sencilla: izquierda equivale a sacar a Dios, y sacar a Dios equivale a pobreza. El problema es evidente: no existe ninguna relación causal demostrada entre una propuesta política secular o progresista y el empobrecimiento de la población. La conexión es puramente ideológica. Pero la falacia aquí no es un error inocente: cumple una función política. Simplificar la realidad para fabricar enemigos.

A ello se suma una segunda operación: la **falacia del hombre de paja**. No se discuten programas económicos, políticas fiscales o propuestas sociales concretas. Se deforma al adversario hasta reducirlo a una caricatura: “quieren sacar a Dios”. Así, en lugar de debatir ideas, se combate un fantasma.

Y sobre esa caricatura se monta una tercera falacia: la **apelación indebida a la autoridad**. Cuando se afirma que determinada posición política “no coincide con la palabra de Dios”, se pretende convertir una interpretación religiosa particular en criterio de validez política. Pero en democracia, la legitimidad de una propuesta no depende de su adecuación a una lectura bíblica, y menos aún a la lectura bíblica de un pastor específico. De lo contrario, la política deja de ser deliberación pública y se convierte en teocracia.

Aquí la ironía es poderosa. Porque si se quiere invocar el Evangelio para condenar políticas redistributivas o preocupaciones por la desigualdad, convendría leerlo completo. Jesús jamás glorificó la riqueza ni presentó la prosperidad como signo de virtud.

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).

Y Lucas lo dice sin metáforas:

“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20).

Más aún:

“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).

Y todavía con mayor contundencia:

“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).

Todo esto desmonta otra falacia implícita: la **falsa dicotomía** según la cual solo existen dos opciones: Dios y prosperidad, o izquierda y pobreza. El Evangelio es mucho más incómodo que eso.

La comunidad cristiana primitiva, según el libro de Hechos, organizó su vida precisamente sobre principios de solidaridad radical:

“…ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía… y no había entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:32-34).

Si el criterio para condenar una política fuera la redistribución y la solidaridad, el libro de Hechos tendría serios problemas para pasar el filtro de estos nuevos guardianes de la ortodoxia.

Pero el problema no se detiene en la economía. Se extiende al terreno de los derechos humanos.

La segunda gran tesis del discurso sostiene que prohibir las llamadas terapias de conversión equivale a quitarles a los padres la patria potestad. Aquí la falacia central es la **pendiente resbaladiza**: se afirma que si el Estado prohíbe una práctica potencialmente dañina, entonces inevitablemente se apropiará de los hijos.

Pero una cosa no conduce necesariamente a la otra.

El Estado regula múltiples ámbitos de la vida familiar cuando está en juego la integridad de niños y adolescentes. Eso no elimina la patria potestad; la limita cuando puede producir daño.

Y aquí aparece otra falacia decisiva: la **apelación al miedo**.

“Quieren quedarse con tus hijos.”

Pocas frases movilizan tanta ansiedad como esa. Porque la niñez, en la política contemporánea, ha dejado de ser únicamente sujeto de protección para convertirse en símbolo de movilización moral. El niño se convierte en el dispositivo emocional perfecto: quien se presenta como su protector adquiere automáticamente superioridad moral.

Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo realmente?

¿El bienestar de los niños? ¿O el derecho de algunos adultos a imponer culpa, vergüenza y represión sobre identidades que no comprenden?

Las llamadas terapias de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son errores que deben corregirse. No lo son. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace décadas. Persistir en esa lógica no es defensa de la familia. Es insistencia en una forma de violencia simbólica.

Y para sostener todo esto hace falta algo más: la fabricación del enemigo.

Primero la izquierda.

Luego las personas LGBTIQ+.

Luego las leyes de protección.

Luego cualquiera que cuestione el orden moral establecido.

Aquí opera otra falacia: la **asociación culpable**. Si apoyás derechos sexuales, querés destruir la familia. Si defendés políticas redistributivas, querés empobrecer al país. Si cuestionás la autoridad religiosa, querés destruir a Dios.

La lógica es delirante.

Pero políticamente eficaz.

Porque el enemigo no solo organiza el miedo. También organiza la identidad.

Y ahí entramos en el punto más delicado.

El discurso nace en el púlpito, pero no termina ahí. Se expande luego por canales, plataformas y redes, convirtiendo la prédica en circulación ideológica y el miedo en fidelización política. El púlpito produce legitimidad. El medio amplifica el mensaje. La suscripción monetiza la ansiedad.

El enemigo no solo moviliza: monetiza.

Y aquí conviene recordar uno de los episodios más simbólicos del Evangelio:

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo…” (Mateo 21:12).

Cristo expulsó a los mercaderes.

Hoy muchos de ellos aprendieron a hablar en su nombre.

Venden miedo.

Venden enemigos.

Venden cruzadas morales.

Y lo venden en nombre de Dios.

Pero Jesús fue severo con un tipo particular de personas: quienes usaban la religión para dominar.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).

No con pobres.

No con marginados.

No con distintos.

Con hipócritas religiosos.

Tal vez el problema no sea que existan partidos de izquierda, leyes de protección o debates sobre derechos humanos. Tal vez el problema sea otro: que demasiados púlpitos se han convertido en trincheras, que demasiados pastores se han vuelto operadores políticos y que demasiados mercaderes descubrieron que cuando el miedo se vende en nombre de Dios, siempre habrá compradores.

Y eso no es una crisis de fe; es la crisis de quienes han convertido la fe en mercancía, la política en cruzada y al prójimo en enemigo.

Porque las democracias no siempre mueren bajo las botas; a veces se entregan de rodillas a quienes les prometen orden, riqueza y salvación.

Hydration break

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Estoy seguro de que el fútbol es otra cosa. No esto.

Recuerdo, ahora que recuerdo tantos momentos vividos en el fútbol gracias a mi padre, la magia del Sócrates revolucionario de Brasil en 1982, el arte del segundo gol de Maradona contra Inglaterra en México 86, la alegría de todo un pueblo en el mítico mundial de 2014.

El ensayo transnacional que inventó la FIFA en este 2026 está siendo de todo menos exitoso en lo que la moral impone. Por eso digo que no es fútbol.

Es otra cosa.

Ante la más amplia cita mundialista de la historia, que significa ni más ni menos la circulación de millones de millones de dólares para sus arcas, se interpuso de una forma vulgar la restricción migratoria en Estados Unidos, la negación de una realidad violenta en México y la neutralidad irresponsable de un Canadá higiénico e inocente.

No sé ustedes, pero yo empiezo a dudar de las propiedades de ubicuidad del magnate de la FIFA Gianni Infantino, quien ha aparecido como si fuera un holograma en el palco de honor en todos los partidos. ¿cómo hace para moverse entre tantas restricciones migratorias?

Por supuesto, la pregunta es absolutamente irónica porque ni Infantino ni el buró ejecutivo de la FIFA son sometidos a los rigores y las vergüenzas migratorias que han sufrido delegaciones de países con las que Estados Unidos mantiene conflictos militares y diplomáticos, como el caso de la selección de Irán.

Pero es que no solo con Iran se ha descargado el ácido diplomático y migratorio estadounidense. Se cuentan por decenas los episodios de largos interrogatorios, visas denegadas, deportaciones express. Ante estos desplantes, la FIFA solo ha atinado a decir que en temas internos de los países no se inmiscuye. Y los millones de dólares siguen circulando a costas de estos maltratos e injustos procedimientos.

Al tiempo que rueda la pelota en Norteamérica, las “hieleras” en las que son confinados miles de migrantes detenidos en Estados Unidos siguen funcionando. En México continúan las desapariciones diarias y Canadá muestra su común y aséptico conformismo y pasividad.

El fútbol no es esto. Es más que esto. Por eso no es de extrañar que en todos los estadios se haya empezado a protestar por ese gazapo mercado técnico y vulgar llamado “tiempo de hidratación”, que no es más que un guiño a las televisoras oficiales de la Copa Mundial para que acrecienten sus ganancias, mientras loa jugadores son funcionalizados y utilizados como escaparates publicitarios en ese tiempo fuera. También ellos han empezado sus protestas.

El Sócrates revolucionario de Brasil 1982 era un activista por la democracia en su país, para entonces aquejado por una dictadura. Su inspiración siempre fue la vida en democracia y usaba el fútbol como instrumento. Alguna vez dijo: “Muchas veces pienso si podremos algún día dirigir este entusiasmo que gastamos en el fútbol hacia algo positivo para la humanidad…».

En tiempos como estos que nos tocó vivir, una figura como Sócrates hubiera negado esto en que han convertido al deporte Rey. Yo con gusto hubiera suscrito sus reflexiones, le seguiría tratando de encontrar esa magia secuestrada por los mercaderes y sus redes.

Valdría la pena construir algo más positivo para la humanidad. Ahora. Lo necesitamos todos.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

ACOHUSE invita a panel sobre humanismo secular, democracia y derechos humanos

La Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) invita al panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”, un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en materia democrática, convivencia social, educación crítica y respeto a los derechos humanos.

La actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar temas relacionados con la democracia, la polarización política, el autoritarismo, el uso político de la religión y la construcción de una ciudadanía crítica en el contexto costarricense y latinoamericano.

El panel contará con las siguientes exposiciones:

  • M.Sc. Edwin Retana, abogado penalista
    Tema: Dignidad humana y pluralismo en contextos de conflictividad social.

  • Dr. David Castillo, teólogo
    Tema: El uso político de la Biblia en el proyecto político Chaves-Fernández.

  • M.Sc. Claudio Alpízar, politólogo
    Tema: Democracia, polarización y fatiga institucional en América Latina.

  • M.Sc. Rodrigo Campos, sociólogo
    Tema: Educación crítica y democracia en Costa Rica.

  • Dr. Ricardo Sossa, sociólogo
    Tema: Autoritarismo cultural y deslegitimación del disenso.

La organización señala que el foro busca propiciar una discusión abierta sobre los procesos de erosión democrática observados en distintas sociedades, así como analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia democrática en la actualidad.

La actividad se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón de Legisladores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar espacio mediante el número 6036-7353.

Detalles de la actividad

Actividad: Foro-panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”
Organiza: Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE)
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Legisladores, Asamblea Legislativa de Costa Rica

Derechos humanos, democracia y la tentación de los dobles estándares

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre Nicaragua han provocado una intensa controversia política y diplomática. Al afirmar que los nicaragüenses tienen el gobierno que han elegido tener, la mandataria despertó una ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, académicos y de defensa de los derechos humanos. Muchas de estas críticas se han concentrado, con razón, en recordar las numerosas denuncias internacionales contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas y concentración del poder político.

Sin embargo, más allá de la coyuntura y de la discusión puntual sobre Nicaragua, este episodio invita a formular una pregunta más amplia y, quizás, más incómoda: ¿es posible defender los derechos humanos y la democracia desde criterios selectivos?

La fortaleza moral de los derechos humanos radica precisamente en su pretensión de universalidad. No fueron concebidos para proteger únicamente a quienes comparten nuestra ideología, nuestras simpatías políticas o nuestras alianzas geopolíticas. Su legitimidad depende de que los mismos principios sean aplicados a todos, independientemente de quién sea el responsable de su vulneración.

Nancy Fraser ha señalado que toda pretensión de justicia pierde legitimidad cuando los criterios de reconocimiento se aplican de manera desigual. Algo similar ocurre con los derechos humanos. Cuando la indignación se distribuye selectivamente, cuando algunas víctimas son visibilizadas mientras otras permanecen relegadas al silencio, la credibilidad del discurso democrático comienza a deteriorarse.

Nada de lo anterior implica desconocer la situación política de Nicaragua. Existen abundantes informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y mecanismos especializados que documentan graves restricciones a las libertades políticas y civiles en ese país. Ignorar esos hechos sería tan irresponsable como negarse a ver la realidad.

Sin embargo, tampoco resulta intelectualmente satisfactorio reducir una sociedad compleja a una única categoría explicativa.

Mi reciente visita a Nicaragua me dejó una impresión difícil de reconciliar con muchas de las imágenes simplificadas que suelen dominar el debate público. Lo que observé fue una sociedad donde las personas trabajan, comercian, viajan, estudian, consumen, celebran y desarrollan su vida cotidiana con una aparente normalidad. Observé nuevas obras de infraestructura, actividad económica y una población preocupada, como en cualquier otro país, por resolver los desafíos ordinarios de la vida diaria.

Reconocer esta realidad no equivale a legitimar un régimen político ni a negar las denuncias existentes. Significa, simplemente, aceptar que las sociedades son más complejas que los relatos ideológicos construidos sobre ellas.

Edgar Morin advertía que una de las principales debilidades del pensamiento contemporáneo consiste en reducir fenómenos complejos a explicaciones unidimensionales. En el caso de Nicaragua, la discusión pública parece atrapada entre dos simplificaciones igualmente problemáticas: quienes presentan al país como una distopía absoluta y quienes pretenden ignorar cualquier cuestionamiento democrático en nombre de ciertos logros materiales o sociales.

La realidad probablemente se encuentra en un terreno mucho más complejo y contradictorio.

Pero existe otro aspecto que merece atención. Lo que resulta difícil de aceptar no es la crítica a Nicaragua. Lo verdaderamente difícil de aceptar es la selectividad con la que, en ocasiones, se aplican los principios democráticos y los derechos humanos.

Quienes condenan con razón las violaciones a las libertades políticas en determinados países suelen mostrar una preocupación mucho más tenue cuando se trata de intervenciones militares, ejecuciones extrajudiciales, sanciones económicas con graves consecuencias humanitarias o violaciones al derecho internacional cometidas por actores geopolíticamente más poderosos.

No se trata de establecer competencias morales entre gobiernos ni de justificar abusos señalando los errores ajenos. Tampoco se trata de sostener que todas las situaciones son equivalentes. Se trata de algo mucho más sencillo: exigir coherencia.

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece depender de la ideología del gobierno cuestionado. La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la preocupación por las libertades públicas varía según las conveniencias políticas del momento.

Boaventura de Sousa Santos ha señalado que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en construir una visión verdaderamente universal de la dignidad humana, capaz de superar las jerarquías políticas y culturales que históricamente han determinado quién merece solidaridad y quién no. Esa reflexión sigue siendo profundamente vigente.

La discusión que hoy genera Nicaragua debería servirnos para algo más que para reafirmar nuestras posiciones previas. Debería invitarnos a reflexionar sobre la consistencia de nuestros propios principios.

Porque si la democracia merece ser defendida, debe ser defendida siempre.

Y si los derechos humanos son verdaderamente universales, entonces nuestra indignación también debería serlo.

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

Organizaciones sociales urgen a la Asamblea Legislativa nombrar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

Diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación por la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa y advirtieron que esta situación podría afectar la continuidad y eficiencia en la atención de recursos de amparo y otros procesos constitucionales mediante los cuales miles de personas buscan la protección de sus derechos fundamentales.

En un pronunciamiento dado a conocer el 12 de junio de 2026, las organizaciones señalaron que la Sala Constitucional constituye uno de los principales pilares de la democracia costarricense y representa, para muchas personas, el último recurso disponible cuando el Estado no ha garantizado derechos esenciales. Recordaron que mediante su labor se tutelan derechos fundamentales relacionados con la salud, la accesibilidad, la educación, el acceso a la información pública, la igualdad, el ambiente sano, el debido proceso y la dignidad humana.

El documento destaca que las poblaciones más vulnerabilizadas son precisamente las que con mayor frecuencia recurren a la Sala Constitucional para exigir el respeto de sus derechos. Entre ellas mencionan a personas con discapacidad, personas adultas mayores, pacientes que requieren atención médica urgente, estudiantes, personas en condición de pobreza y otros grupos históricamente excluidos, quienes encuentran en este tribunal una herramienta indispensable para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas del Estado.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad de funcionamiento de la Sala Constitucional y retrasar la resolución de asuntos que, en muchos casos, tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida, la integridad, la dignidad e incluso la vida de las personas.

Por esta razón, hicieron un llamado respetuoso, pero también vehemente y urgente, a las diputadas y diputados de la República para que prioricen el interés público y procedan, a la mayor brevedad posible, con el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El pronunciamiento concluye afirmando que la defensa de los derechos fundamentales no puede quedar sujeta a dilaciones y que garantizar el adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional significa garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Asimismo, sostiene que Costa Rica necesita tribunales independientes, fuertes y plenamente operativos para proteger a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras y condiciones de vulnerabilidad.

Le invitamos a consultar y descargar desde SURCOS el documento original:

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.