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Etiqueta: impunidad

Si el sistema de justicia permite la impunidad de los grandes, la corrupción baja en cascada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

Dos noticias recientes publicadas en el diario La Nación retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera publicada en la página 11 del viernes 04 de julio del año en curso que menciona la condena a Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste a 3 años de cárcel, con ejecución condicional de la pena. La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó haber ordenado atascos en el rio Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarla en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía el atasco que hizo en el rio Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia a Zamora se le había condenado a 2 años y medio de prisión y al pago de 184 millones de colones al Estado por daño ambiental. Pero en segunda instancia se le subió la prisión a 3 años, pero se le eximio del pago de 184 millones.

La segunda noticia es de la página 11 de domingo 06 de julio bajo el título de “Hombre deberá pagar 20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2023 cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera de Puntarenas en la intersección de El Guarial y Praderas. Hernández el condenado, que viajaba en moto como pasajero aprovecho que el motociclista aceleró, cometió el delito sexual, para luego huir del sitio. El tribunal lo condenó por este delito a 3 años de prisión y al pago de 10 millones por daño moral y psicológico y otros 10 millones por daño físico, además deberá desembolsar 2,5 millones por costas personales.

Aunque se trate de jueces diferentes que dependen de las leyes aprobadas por los diputados, el sistema judicial es uno solo y como tal lo valoran los ciudadanos.

En Ecuador donde existe una élite que menosprecia a sus poblaciones originarias que se visten con ponchos, se dice que “las leyes se hicieron para los de poncho”, queriendo decir que se aplican especialmente para controlar a estos sectores sociales, no para sus amos. Aquí, por lo visto, aunque cubriendo las apariencias a la tica, las cosas no son muy diferentes cuando afectan a los poderosos. Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias.

Esto es muy grave, no solo porque hace perder la confianza del ciudadano en el sistema judicial, sino porque los grandes jerarcas políticos son un marco referencial como modelo para la población. Cuando estos montan redes de corrupción y resultan impunes de sus delitos, provocan un efecto en cascada que corrompe al resto de la estructura social soñando que pueden delinquir y ser protegidos por las redes montadas desde arriba.

Corrupción y justicia aplicada por parejo, afectando en primer lugar a los jerarcas.

De hecho, la corrupción se ha vuelto un mal, que conjuntamente con la organización criminal, se ha vuelto endémico en el mundo contemporáneo y amenaza la estabilidad política del planeta. Algunos países han podido resistir por cultura y estructuras institucionales muy sólidas especialmente en el norte de Europa, pero son pocos los que han caído en las garras del clientelismo y las organizaciones criminales, que han podido salirse de esa situación. Cabe mencionar algunos ejemplos destacados de Asia, donde la actuación de la justicia ha sido implacable con la corrupción entre los jerarcas, tal es el caso de Singapur, Vietnam y China donde se ha aplicado la pena de muerte a quienes se han enriquecido abusando de su posición. Esta medida que nos puede parecer muy radical y no tiene por qué reproducirse tal cual en nuestros países, ha cumplido la función de invertir el efecto cascada de la corrupción. Esto es muy importante, porque el castigo del jerarca, al cuestionar la impunidad en los niveles más altos, desalienta las tentaciones de enriquecimiento fácil en las bases de la institución.

Desde luego un sistema de justicia recto no es la única solución, es imprescindible, pero debe ir acompañado de un sistema que genere oportunidades de educación, salud y bienestar ambiental, esto, es de oportunidades de vida digna para la especie.

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado además en La Nación.

A 30 años de su asesinato: se erige un monumento en memoria de Jeannette Kawas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Tela, Atlántida, 16 de mayo de 2025.- A más de 30 años del asesinato de la ambientalista y defensora Blanca Jeannette Kawas Fernández, organizaciones que formamos parte de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) alzamos la voz por su memoria y legado. Hoy, 16 de mayo, celebramos la instalación de un monumento en su memoria, un símbolo de su lucha por la vida.

El acto que se realizó el día de hoy en el Parque a La Madre en Tela, Atlántida, es resultado de una las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como garantías de no repetición en la sentencia de 2009 que responsabilizó al Estado de Honduras por el asesinato de la defensora Kawas.

Como organizaciones que hemos acompañado este caso, reconocemos este acto como un paso necesario para preservar la memoria, para hacer justicia para la familia de Jeannette Kawas y para que este tipo de hechos no se repitan. Este nuevo símbolo será un recordatorio de que el espíritu de Jeannette sigue vivo en cada persona que defiende los bienes comunes, los recursos naturales y la vida desde sus territorios.

Desde la Mesa de Seguimiento reconocemos la importancia de este acto como un paso necesario en el camino hacia la justicia integral para el caso de Kawas y de todas las personas defensoras en Honduras. Pero a su vez, insistimos en que a más de tres décadas del crimen que arrebató la vida de Jeannette, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de los hechos es una deuda pendiente del Estado. Sin el combate a la impunidad de violaciones a derechos humanos perpetradas contra personas defensoras, la historia está condenada a repetirse, como ha sido demostrado en decenas de asesinatos de defensores en los últimos años.

Hoy, Honduras continúa siendo uno de los países más peligros para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde el 2022 a la fecha hay un saldo de 35 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el país; la mayoría, en la impunidad. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, ocurrido en septiembre de 2024, como represalia por su labor de defensa y a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la grave situación de riesgo en que se encontraba.

Como organizaciones integrantes de la Mesa, llamamos al Estado a mantener el compromiso que asumió el día de hoy con la memoria de Jeannette Kawas para acatar las medidas de reparación pendientes decretadas por la Corte IDH en casos de similar naturaleza, velar por su cumplimiento íntegro y garantizar justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos del país. Por ello, solicitamos al Estado:

  • Garantizar una investigación real, imparcial y eficaz sobre el asesinato de Jeannette Kawas Fernández, que desmantele la impunidad y prevenga la repetición de estos crímenes contra quienes defienden nuestros bienes comunes.

  • Fortalecer de manera urgente el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de recursos adecuados y un enfoque preventivo que responda a las crecientes amenazas que enfrentan las defensoras y defensores del ambiente y en general, de derechos humanos en Honduras.

  • Acelerar la aprobación e implementación del Protocolo Carlos Escaleras, como una herramienta fundamental para el combate a la impunidad, asegurando investigaciones diligentes, y con un enfoque diferenciado en los crímenes perpetrados contra quienes defienden los derechos humanos y el ambiente.

Que el honrar de la vida de Jeannette Kawas se traduzca en acciones firmes, en la voluntad política y en la consecución de la justicia integral. Que actos como estos y los que faltan, sean el inicio de un camino firme hacia el cumplimiento total de las obligaciones del Estado con la justicia, la verdad y la no repetición.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con la familia de Jeannette Kawas y reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad y la justicia de todas las mujeres que defienden derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

La masacre en Puerto Leguizamo-Colombia. Tres años de impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Carlos Meneses Reyes

El 28 de marzo de 2022, el ejército colombiano con tropas de asalto, vestidos de negro, realizaron un operativo militar, por tierra, aire y agua, contra la población civil campesina e indígena, que habían organizado un bazar el día anterior y realizado un campeonato de futbol, con el fin de recaudar fondos para arreglar un camino vecinal y tirar la placa de huella. La invitación para dichas actividades se hizo por medio de un volante que dice: “El Cabildo de Alto Remanso tiene el gusto de invitarlos a un sensacional bazar que se llevará a cabo el sábado 26, domingo 27 y el gran remate el lunes 28 de marzo, hora de inicio a las 10:00 am. Habrá encuentros deportivos masculino y femenino, valor puesto planilla equipo masculino 100.000 pesos. Valor puesto planilla equipo femenino 70.000 pesos. La premiación será de acuerdo a los equipos participantes”.

Como habían escogido, para el festejo popular, el fin de semana, desde el día viernes comenzaron a llegar a Puerto Leguizamo, en el Putumayo, colombiano, los habitantes del Alto y el bajo Remanso. También vecinos pobladores del territorio peruano. Los del Alto Remanso son más bien población de colonos campesinos. Los del Bajo Remanso son, mayoritariamente, población indígena. Los sabuesos del ejército colombiano sabían de ese festejo y miraban con recelo la llegada y concentración de la población. Fue entonces cuando idearon que se trataba de una reunión a la que asistiría un comandante guerrillero que era buscado por ellos. Con el jolgorio transcurrieron las horas de la noche. Ya amanecido, el día lunes 28, siendo las 6 de la mañana, las primeras canoas aprestaban a salir con trasnochados fiesteros; en tanto que, en el área del rancho grande con pista de cemento, las botellas vacías y las mesas en desorden, con uno que otro amanecido durmiendo, reflejaba la cantidad de licor y cerveza consumido.

Entre esos dormilones amanecidos se encontraba el gobernador indígena de nombre Pablo Panduro, a quien llamaban “Pantalon”, por cariño. Era también el profesor de la lengua indígena kichwa que él transmitía a los niños, y el único que sabía leer y escribir. “Esa era la batalla de Pantalon cuando lo asesinaron”, dice su esposa Fidelina. Al iniciar el ataque, las balas lo sorprendieron dormido y murió en el acto. La abuela, Gloria Condo Alvarado, de 73 años lo recuerda y exclama: “Anoche vino “Pantalon” y se sentó aquí a afilar su machete pa´ irse a trabajar. Estaba sentado al lado del taita. Se nos aparece cada 28 de marzo”. La soldadesca asesina al observar que se movían para partir las primeras canoas, abrió fuego indiscriminado y en un arreciado tiroteo, que no duro más de veinte minutos, cayeron en el acto el presidente de la junta de acción comunal, su esposa embarazada, un joven de 16 años que al correr a refugiarse fue asesinado por tiros de fusil en la espalda y así se contaron 11 víctimas fatales. Todos civiles.

Tres años después de la masacre, emocionalmente no soy capaz de rememorar cada una de las personas asesinadas y el estado de indefensión en que fueron masacradas. Este trágico suceso lo relaté con dolor, que hoy vuelvo a repetir y a padecer al lado de las víctimas. Lo hice con dedicada atención como FISCAL DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN- TRINO, al sustentar con detallada precisión y manejo probatorio la ponencia de acusación contra el Ejercito y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano colombiano, por la masacre de Puerto Leguizamo-Putumayo. El día 13 de abril de 2.022, sesionó el Juicio del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO y profirió dictamen condenatorio contra el ejercito y las fuerzas armadas de Colombia por los sucesos en Puerto Leguizamo, sucedidos el 28 de marzo de 2.022. Con la conformación de seis magistrados internacionales y la inhibición de una firma, se profirió la sentencia condenatoria; bajo la dirección del Profesor Doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Coordinador del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO – y su presidente.

Siendo que el TRINO, es un tribunal de conciencia y opinión internacional, su veredicto constituye un testimonio técnico de valor jurídico probatorio y tres años después no ha sido considerado como tal por las confusas ramas de investigación penal vernáculas que se han iniciado y por la carencia de una acción contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se dice por calificada ONG: “La jurisdicción penal militar no proporciona la independencia necesaria para investigar y enjuiciar adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas”.

Mientras el malogrado proceso no avanza, ninguno de los que ha pedido justicia ha estado exento de riesgos. Rodolfo Pama, padre del joven de 16 años asesinado con disparos por la espalada, se transporta por el río en canoa desde el Alto al Bajo Remanso, y susurra que hace dos meses lo amenazaron de muerte en Puerto Leguizamo. Algunos de los asistentes al festejo sufrieron el destierro y están comenzando a regresar. Debido a los desplazados, cuentan que la reconstrucción de la vereda ha sido lenta El proceso de investigación penal ha tenido contrapesos. El 16 de abril de 2.024 La Corte Constitucional envía el proceso por la masacre del Alto Remanso a la justicia ordinaria (…) La Fiscalía ha imputado a los 25 militares que participaron por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en persona protegida. Se tiene registro que 5 de los militares imputados salieron del país. “Tenemos información de que cinco de ellos salieron del país y están prófugos. Sus abogados han dicho, en las audiencias, que no han vuelto a tener contacto con ellos”. “Cuando el Ejército lo para a uno en un retén y pregunta de dónde es, decir Alto o Bajo Remanso. es casi ponerse una cruz encima”, relata la gobernadora Yarley.

Ya se han cumplido 3 años de impunidad. Los Tribunales internacionales han dado la espalda. Aun resuena el llamado militarista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que difundió, a pocas semanas de la masacre en Putumayo, el día 12 de abril de 2.022, que “el Estado debe aumentar y fortalecer su presencia en las zonas donde se han visto afectadas por la violencia”. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno- para entonces- investigar el operativo militar de Putumayo. Solo resta implorar a El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exija y pida a Colombia cumplir con las recomendaciones del Relator sobre ejecuciones y aplicar con rigor el protocolo de Minnesota para investigar y sancionar a los responsables.

Hoy, en la Vereda del Remanso, Fidelina Cruz coloca globos Blancos en la conmemoración de la masacre. Varios manifestantes llegan. El padre africano, Francis Kitave, llegó desde Kenia y es el párroco en ese territorio. Realizó una misa para conmemorar la muerte del gobernador Pablo Panduro, el recordado Pantalon. Su hermana Derly sobrevivió al ataque porque logró resguardarse detrás de una palmera. Allí, recostada sobre el pasto, vio caer a Divier Hernández, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, y a su esposa, Ana María Sarrias, que esperaba un bebé. Presenció la caída del joven de 16 años y su asesinato cuando corría a ocultarse. Tes años después el salón comunal e indígena queda oscuro y en silencio. El taita eleva unos cánticos para llamar a los espíritus mientras mece con sus manos un ramo de hojas. De la botella de Aguayhasca, cada uno de los asistentes va bebiendo de un mismo totumo. Alrededor, otros indígenas mambean hoja de coca con ambil de tabaco para acompañar el encuentro. Sobre el techo han colgado las hamacas y en el centro encienden una fogata, toman el remedio yagé y se concentran en sus pensamientos.

Del papel del TRINO en Colombia

El Tribunal Internacional de Opinión- TRINO, funciona en Colombia, con sede en Tunja. Ha tenido dos actuaciones desde su creación. La primera, ya fue citada con el caso de la masacre reseñada. La segunda actuación del TRINO, fue el 27 de julio de 2024 y se pronunció frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina. En la audiencia participaron magistrados de varios países latinoamericanos que sesionaron. El TRINO, cuyo presidente es el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, contó con la participación de magistrados de Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile México. En este grupo interdisciplinario estuvieron defensores de derechos humanos, académicos, y sindicalistas reconocidos. El fiscal de la sesión fue el Dr. Carlos Meneses Reyes, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el defensor fue el abogado German Guevara, reconocido litigante. Participaron como partes e intervinientes: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki; el médico y periodista, Víctor de Currea-Lugo; el representante del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), José Pascual Mora; el experto en el tema Pedro Pablo Salas, la docente y activista Ana Gabriela Trujillo, y los académicos Rene Venegas, Gustavo Zuluaga, Fernando Mayorga, Sergio Acevedo, entre otros. El fallo del TRINO fue condenatorio al Estado de Israel por el delito de Genocidio contra el pueblo palestino.

Se ha fijado una nueva fecha de juicio del TRINO a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2.025 con ocasión del angustiante drama de asesinatos de líderes comunales y exguerrilleros desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc. Fui llamado para fungir como Fiscal en esta nueva sesión. Me he visto en la penosa decisión de declinar tan honrosa postulación, por aspectos técnicos, en cuanto a la indefinición-para mí- del sujeto pasivo de la acción penal a incoarse y en cuanto a la tipificación del delito penal a investigarse. Expongo, con motivado razonamiento, que el Juicio debe dirigirse por el Delito de Terrorismo de Estado y contra el Estado colombiano, excluyendo a diversos actores armados, los cuales no tendrían la calidad de Estado-parte y genera natural aprehensión que el TRINO sea utilizado como un instrumento contrainsurgente, en momentos, en que desafortunadamente, la salida política definitiva del conflicto armado interno en el país, está confusa y enredada. Valga esta oportunidad para desear al Tribunal de Opinión Internacional- TRINO, los mejores logros y resultados en este nuevo empeño de la indeclinable labor de la defensa de los derechos humanos del derecho internacional humanitario.

Impunidad del asesinato de Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:

Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.

Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.

Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.

Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.

En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.

La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.

Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.

Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.

Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.

Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.

Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.

La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos

Generado el día 18 de marzo 2025.

#SergioRojasVIVE

#JerhyRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

Voces de fe contra la violencia de género

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

  • La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
  • La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
  • La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
  • La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

El gobernante ignorante

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Marco Tulio Araya Barboza

Había una vez un gobernante que juraba que su país era el más feliz y próspero del mundo porque cuando viajaba en tren, observaba por la ventana, las casitas bien pintadas y la gente saludándolo con alegría.

Lo que el gobernante no se sabía, es que un grupo de sus seguidores, montaban las fachadas del pueblo por donde iba a pasar y pagaba a la gente para que lo saludara, para hacerle creer que todo andaba bien. Una vez que el gobernante pasaba, se adelantaban y hacían lo mismo en otro y en otro pueblo, de tal manera que el gobernante siempre miraba felicidad y bienestar en toda la nación.

Rodrigo Chaves, al igual que ese gobernante, ignora mucha de la realidad de la Costa Rica que gobierna. Lo engañan los expertos en mercadeo político, lo engañan sus seguidores fanatizados y se engaña solo. Los troles pagados son los que pintan las fachadas de los pueblos prósperos y de gente alegre, en las redes sociales y en los medios comprados.

La Costa Rica, que no conoce, la que no tiene fachadas, es orgullosa de su paz, de su democracia, es de costumbres sencillas y valores profundos como el respeto, la solidaridad, el buen trato… es una Costa Rica desigual, con gente viviendo en pobreza, pero con ganas de luchar.

Rodrigo Chaves y su grupo de expertos, aprovecharon el malestar y la impotencia de la gente ante la corrupción y la impunidad que gozan sectores políticos y económicos tradicionales, recogen esa frustración y utilizan la estrategia de aparecer como el líder fuerte, valiente, confrontativo, justiciero… el que se va a comprar todas las broncas y va a vengar todas las injusticias.

Pero esa imagen se aleja del ser costarricense porque en lugar de paz, genera violencia con su forma de hablar y tratar a los demás. No dialoga, no soluciona, impone. Golpea la democracia burlándose de las instituciones del Estado. Amenaza y humillan a los ganaderos y agricultores, desconoce las carencias y luchas de la gente en los campos, sueña con grupos militares y con un ejército. Le quita el valor y el presupuesto a la cultura, a las artes, a la música. Quiere desmantelar la educación y el seguro social, insiste en vender el Banco de Costa Rica… ese es el tren por el que transita el presidente Chaves y cree que está haciendo las cosas bien, por las fachadas de reverencias y aplausos que observa en cada visita.

El presidente Chaves no acepta que está equivocado, que no es “pura vida” y que la mayoría de la gente rechaza esa manera de gobernar. El problema es que está envuelto en esa estrategia de mercadeo, que no le permite reconocer el error pues sería señal de debilidad y porque cree que está en el camino correcto por los aplausos que recibe de los aduladores y serviles, que lo tienen rodeado y que le colocan fachadas que ocultan la realidad en la que vive la gente.

Un nuevo aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.

Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se trata de un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.

En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.

Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.

El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.

Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.

La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.

El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.

El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.

¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!

¡No más impunidad!

¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!

Firmas responsables:
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
colectivodeapoyodignarivera@gmail.com

Bolivia:

Feminismo Comunitario Antipatriarcal

Costa Rica:

 

Adela Bermúdez Zúñiga

Adriana Lacle, Médico pensionada

Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste

Alejandra Martínez Gamboa

Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal

Alexander Barquero R.

Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.

Allen Cordero Ulate, docente jubilado

Álvaro Fernández González, docente jubilado

Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia

Ana Carcedo, jubilada.

Ana Chacón Mora, jubilada.

Ana Franzen, Casa del Migrante

Ana Hidalgo, Jubilada

Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga

Ana Luisa Cerdas, pensionada

Ana María Arenas Romero, enfermera.

Ana Marín, Docente jubilada

Ana Ruth Bonilla Leiva, química

Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica

Aurelia Trejos, Pensionada

Blanca Arce, antropóloga

Cabeto López Herrera

Carmen Brenes, docente jubilada ANDE

Ciska Raventós Vorst, Socióloga

Club del Exocet, biólogo

Dennis Omar Calix, planificador económico social

E. Ramírez Guier, Biólogo

Efraín Retana Fonseca, jubilado

Esteban Boza Obando, Contador

Eyda María Camacho Cantillano, jubilada

F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fabiola Bernal, educadora

Félix López Zambrana, Jornalero

Fernando Rudín Vega, artista visual

Francesca Galuppo Briceño, Estudiante

Gerson Chaves Murillo, Estudiante Ingeniería Forestal

Guadalupe Urbina Juárez, música

Guiomar Martín Tedman, jubilada

Home Elizondo Vargas, Estudiante

Javier Carvajal Monterrey

Jimena Bermúdez Rodríguez, estudiante

Jimena Cruz Porras, estudiante/agente crediticia

Juan Carlos Cruz B, Comunicador, jubilado

Juan Gómez Torres

Laura Garbanzo Guzmán

Leda. Oficinista.

Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical

Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma

Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada

Lorena Moreira, jubilada

Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor

Luisa Castillo, bióloga

Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE

M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante

Macarena Barahona, Investigadora UCR

Manuel Ardón Morera, empresario

Mara. PRT

Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok

Marco Fournier, Psicólogo

María del Rocío Carro Salas, jubilada

María Elena Guido Chaves, Estudiante

María José Guillén Araya, docente

María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH

Marianela Román Solano, psicóloga

Marilyn Morris Zúñiga, MTC

Maritza Salgado Silva, comunicadora

Mechthild Bors de Barquero, pensionada

Metamoforsis, docente

Miguel Barrios Gutiérrez, PRT

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga

Minerva Solano Campos

Mirian Chaves Mora

Mirta González Suárez, psicóloga.

Mónica Alemán Araya, Estudiante

Nancy Castro Arce, Hotel Mager

Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante

Nora Montero Quirós, jubilada

Nubia, docente jubilada

Orlando Barrantes Cartín, MTC

Pamela Reiman, Médico

Rebeca Alvarado Martín, administradora

Rebeca Vaglio Aguilar

Ricardo Arce, diseñador gráfico.

Roberto A Guido Cháves, agricultor

Ronald Solís Alemán

Rosa Corrales, Psicóloga

Seidy Salas, Periodista

Silva Peralta, jubilada

Stella Chinchilla Mora, comunicadora.

Teresa Ramellini, Psicóloga

Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante

Verno, Universidad de Costa Rica

Victoria Montero Zeledón

Victoria, Agenda Viva/ANDE

Yamileth Monterrey López, psicóloga

Zulema Jiménez, nutricionista

 

Organizaciones de Costa Rica:

APRONEP

Asociación Tinamaste

Casa del Migrante

CEFEMINA

Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad

Colectivo Iriria Tsóchok

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.

Partido Izquierda Costarricense

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT

Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.

Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,

Secretario de Prensa y Propaganda

Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada

Asociación Costarricense de Derechos Humanos

Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana

Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH

Codepink CR

Asociación Feminista La Corriente

Mujeres Mano de Tigre

Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera

CR Solidaria

Ecuador:

Sisa Pacari Bacacelo

Organización de Ecuador:

Organización del pueblo Saraguro

 

El Salvador:

Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente

 

España:

Vicent Maurí Genovés, Mestre

 

Organizaciones de España:

Cat J. Relaciones Internacionales

Enseyants. Solidaris

 

Estados Unidos

Jaclyn Rolph

Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa

 

HONDURAS

Hedme Castro

 

Organizaciones Honduras:

ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

MEXICO

Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22

Guadalupe Ojeda, Empleada

Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos

Humanos de los Pueblos

Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa

Márgara Millan. Docente

Sara Unda, académica UNAM

Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora

 

Organizaciones México:

Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»

MLS

Mujeres líderes

 
 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

Ministro Zamora miente, oculta la verdad y ampara usurpación en Territorios Indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Declaración de FRENAPI

Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:

El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.

Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.

El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.

Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.

Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.

Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.

La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.

Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.

Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.

Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.

FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.

Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.

26 de febrero 2025.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!

¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!¡No más impunidad! Campaña de firmas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.

El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos le invita a sumar su firma para exigir justicia a las organizaciones internacionales en falta de justicia, y ante la impunidad de que gozan los asesinos y terratenientes en complicidad con el Estado costarricense.

Para leer el texto y apoyar con su firma siga este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEhtXY9XMhnjQrDPu17FBNRmieJdcR9PTPunuxaXYfuoVrwA/viewform?usp=dialog