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Etiqueta: impunidad

Mesa de Seguimiento de Sentencias: “Tras 30 años sin justicia, decimos: BLANCA JEANNETTE KAWAS, PRESENTE”

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.

Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las  tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.

Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas

Desde Crun Shurín tierra recuperada, al cambiar de año

Pablo Sibar

Termina el 2024 e inicia el 2025.

Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.

También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.

Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.

Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.

Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.

Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.

Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.

Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.

Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.

Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.

¡Justicia! para Berta

Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.

Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”

Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.

Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.

Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.

¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094

Carta al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago para firmar – caso de Jerhy Rivera

Carta apelación al Tribunal de Cartago

Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.

El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.

Enlace para firmar

Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera Navas

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

Las raíces de los males de hoy

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

«Patente de corso» a la tica

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

A piratas, como el inglés Francis Drake, que saqueó ciudades y asaltó buques en altamar, la reina les otorgaba un certificado, conocido como «patente de corso«, que les garantizaba impunidad por los crímenes que cometieran.

Así, cualquier delito, cualquier condena, era cubierto por el reino. Cinco siglos después, en el país «pura vida», un gobernante, con 50 demandas encima, ordenó comprar al Instituto Nacional de Seguros, una «patente de corso», a la tica.

La idea es que, con un carísimo seguro del INS, en caso de seguir incumpliendo las leyes, no tenga que preocuparse, si fuese condenado a pagar sumas millonarias, en ejecución de sentencias.

Dicha «patente», comprada en más de ¢248 millones, ¡pagada con plata del pueblo!, no solo sería una invitación a delinquir, sino que obligaría a la empresa de seguros a que, si Chaves y sus súbditos del gabinete, tuviesen que cancelar, por ejemplo, los mil millones de colones, pagados de más, para arreglar la pista de un aeropuerto, eso tendría que ser pagado por el pueblo, a través del INS.

¡Verdad que ni al pirata Drake se le habría ocurrido algo semejante!

Conversatorio en Térraba: Justicia y derechos indígenas en defensa del legado de Jehry Rivera Rivera

El pasado 19 de octubre de 2024, la Casa de Mayores Blöràn (Ù Tla’la) en Térraba se convirtió en un espacio de profundo diálogo y reflexión durante el conversatorio centrado en el fallo del caso de Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos indígenas. Este evento fue convocado por la organización Mujeres Mano de Tigre, con el propósito de visibilizar las problemáticas en torno al fallo judicial que absolvió al homicida confeso de Jehry Rivera, un caso que ha causado gran indignación en la comunidad indígena y sus aliados.

Durante el conversatorio, se discutieron tres temas clave:

  1. Contextualización del caso de Jehry Rivera Rivera : Se repasaron las acciones judiciales en curso y la lucha por la justicia en un panorama legal que, según los participantes, parece ser insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Jehry fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en el marco de la defensa de territorios ancestrales de su comunidad Brörán en Térraba, frente a las pretensiones de personas ajenas de apropiarse de esos territorios.
  2. Retos y desafíos actuales para los derechos de los pueblos indígenas: Diversos líderes y participantes compartieron sus experiencias, fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre las comunidades indígenas. Estos retos incluyen no sólo la violencia física, sino también las trabas judiciales y la impunidad que, según los asistentes, perpetúan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores de los derechos humanos.
  3. Rechazo a la decisión judicial del Tribunal de Pérez Zeledón : Los participantes coincidieron en rechazar la absolución del responsable del asesinato de Jehry Rivera. Señalaron que esta decisión ignora el contexto de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica y sienta un precedente peligroso para la protección de sus derechos. Al final del evento, se emitió un pronunciamiento colectivo, que enfatizó la necesidad de aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas.

La actividad no solo permitió intercambiar ideas y fortalecer la cohesión entre las comunidades participantes, sino que también consolidó el rechazo al fallo judicial y renovó el compromiso de seguir luchando por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. En palabras de los organizadores, el conversatorio fue un éxito, tanto por la participación como por el impacto en la comunidad local.

Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y Defensa del Pueblo Brörán: Contra la impunidad y el olvido

Ú’tlala, Térraba
19 de octubre de 2024

Considerando:

  1. La conmemoración del asesinato de Jehry Rivera Rivera, líder recuperador de territorios del pueblo Brörán, acontecido el día 24 de febrero de 2020.
  2. El homicidio del líder Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak, acontecido el 18 de marzo de 2019.
  3. Que denunciamos la violencia e impunidad estructural contra defensores de personas de derechos humanos de los pueblos y territorios indígenas, reflejadas en ambos crímenes.
  4. Que se ha cumplido un mes exacto de la absolutoria del homicida confeso de Jehry Rivera Rivera por parte del Juzgado Penal de Pérez Zeledón.
  5. Que la función primordial del Estado es garantizar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, particularmente de aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
  6. Que se tiene por demostrada la incapacidad y negligencia sistemática del Estado para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a las garantías judiciales de los pueblos indígenas.
  7. Queda evidenciada la incapacidad y negligencia del Estado, reflejada en procesos penales viciados, carentes de investigación y juzgamiento exhaustivo y riguroso de los hechos relacionados.

Nosotros pronunciamos:

PRIMERO: Exigimos justicia para Jehry Rivera Rivera, Sergio Rojas Ortiz, y todas las personas defensoras de derechos humanos.
SEGUNDO: Demandamos justicia para Digna Rivera Navas, madre de Jehry, y Lucy Rojas, hija de Sergio, así como las reparaciones correspondientes.
TERCERO: Exhortamos a todas las personas juzgadoras para que apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ya incluidos en el ordenamiento jurídico costarricense en su bloque de constitucionalidad.
CUARTO: Reiteramos la obligación del Estado de garantizar vida digna, integridad física y derechos humanos para todos los pueblos indígenas.
QUINTO: Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y movimientos sociales de Costa Rica para que se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la impunidad y el olvido de Jehry Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz.

Suscribimos :
Digna Rivera Navas
Elides Rivera Navas
Claudia Solano Rivera

María José Cabezas Castro
Nathalia Ulloa Castillo
Asdrúbal Rivera Villanueva
Marilyn Cabrera Delgado
Carmen Mena Mat
Melanie Quesada Molina
Andrea Sequeira Avilés
Eunice Hidalgo Gutiérrez
Ana Lía Ortiz N

Elizabeth Mayorga Ortiz
Patricia Villanueva
Isabel Cabrera Bolaños
Alexis Quesada Rivera
Saory Rivera Navas
Kiran Samira Sibaja Rivera
Mario Leiva Rojas
María Galiana Figueroa Lázaro
Andalesio Pereira López
Yannett Rivera Navas
Carlos Onandy Ramírez R
Carlos Cedeño Rivera
Fanny Reyes Ortíz
Carlos G Moreira Álvarez,
Matías Pelz Seyfarth
Daniela María Salas Monge
Allen Cordero Ulate
Cristhian González Gómez
Danny Nájera Díaz
Osvaldo Durán Castro
Amílcar Castañeda Cortéz, docente Universidad Estatal a Distancia.
Wilfrido Montezuma Rodríguez, director del Grupo Cultural Kigaribu Ngäbe.
Marlon Adrián Webb Castillo, Diwö Ambiental.
Francisco Javier Mojica Mendieta, investigador extensionista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Ruth Salgado Guzmán, ONG: Proyecto Ocho.
Lorena Moreira Ramírez, ONG: Proyecto Ocho.
Armando Granados Carvajal, ONG: Proyecto Ocho.
Vania Solano Laclé, Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Olivia Sylvester, Universidad para la Paz.

Organizaciones :
Organización de Mujeres Mano de Tigre.
Consejo de Mayores Brörán.
Red de Mujeres Brörán.
Dbön Orcüo.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Frente Ecologista Universitario, UCR.
Kioscos Socioambientales, UCR.
Teribe Cultural.
DITSÖ.
Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida.
Red Comunitaria de Gestión de Riesgos, Costa Rica.
Representaciones de programas, proyectos, profesores, extensionistas y estudiantes de CONARE.
Profesor y estudiantes del curso Práctica de investigación en Antropología Social, grupo
Escuela de Antropología, UCR.
Movimiento Estudiantil Indígena (MEI) de la Universidad Nacional.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
Red Centroamericana de Resistencia.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional.
ONG: Proyecto Ocho.

Territorios Indígenas presentes :
Yimba Cájc.
Talamanca Bribrí.
Bijagual.
Térraba.

¿Es Nayib Bukele un ejemplo demócrata a seguir?

Freddy Pacheco León

Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.

Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…

Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.

Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.

Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.

Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.

El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.

El estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.

Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.

Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?

Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.

25.10.2024