Definición de democracia de la segunda mitad del siglo XX

Por Comunicación SITRAINA

A partir de la década de 1970, en Occidente una democracia es entendida como una forma de gobierno que garantiza: a. ciertos derechos naturales; b. ciertos derechos civiles; c. derecho del pueblo a la resistencia legítima; d. un sistema electoral legítimo; d. independencia de los tres poderes de la república (ejecutivo, legislativo y judicial).

Al respecto de los derechos naturales, encontramos el derecho a la vida, a la alimentación, a la libertad, entre otros. Entre los derechos civiles encontramos la ciudadanía, el derecho a la educación, libertad de tránsito, libertad de prensa, etc.

El sistema electoral legítimo deriva de la concepción de un contrato social, de acuerdo con el cual, las y los seres humanos nos encontrábamos viviendo en un estado natural, donde no había más ley que la ley natural y gozábamos de total libertad de hacer y disponer para sobrevivir, pero como esto era peligroso para todos, entonces, haciendo ejercicio pleno de su libertad, decidieron formar contrato social que estipula las reglas de convivencia, cediendo la libertad natural, para obtener una libertad civil, resguardada por una autoridad, reconocida por todas y todos como tal, la cual tiene como límite y función, velar por el bien común de la población. Por lo tanto, los estados modernos, de acuerdo con esta concepción, son el resultado de un pacto social y en las elecciones, las y los seres humanos de cada presente, renuevan el pacto social y eligen a los magistrados que ostentarán la autoridad, por un lapso limitado de tiempo. Esto constituye lo que se conoce como “democracia representativa”, porque yo, en tanto que individuo, cedo mi poder político a otro para que me represente en el estado.

De esta mista teoría deriva el derecho a la resistencia legítima, el cual no es otra cosa que la “democracia participativa” o el mecanismo mediante el cual el pueblo asume su poder político para manifestarse de distintas maneras en contra de decisiones que tome la autoridad o el gobierno, las cuales afecten los intereses del pueblo mismo. De ahí que el derecho a huelga y a otros tipos de manifestación son un índice claro de una democracia.

Finalmente, la división de poderes es algo que fue planteado desde la Ilustración que motivó la Revolución Francesa del siglo XVIII. Más específicamente fue propuesta por Montesquieu y garantiza el equilibrio del poder en el seno del gobierno de una nación.

Dos concepciones sobre los derechos naturales y civiles

Como lo hemos explicado en entregas anteriores, existen contradicciones ideológicas muy grandes entre el neoliberalismo y la social-democracia. Estas contradicciones también se reflejan en el modo mediante el cual se contemplan los derechos naturales y civiles.

Desde la social-democracia, la libertad del individuo tiene como límite la justicia social, donde la justicia social es entendida en términos de igualdad. Por tanto, la social-democracia considera que los derechos naturales y civiles deben encaminarse a garantizar acceso a condiciones mínimas de calidad de vida para todas las personas, como acceso al agua, la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc. 

Contrariamente, el neoliberalismo considera que la libertad del individuo no puede ser limitada por el Estado y si el Estado la limita, comete una injusticia que atenta en contra de los derechos naturales de las personas. Por lo tanto, el Estado no puede imponerles impuestos a los grandes capitales, porque es una injusticia en contra de los individuos y es la libertad de mercado la única capaz de garantizar la libertad y determinar quién tiene acceso al agua, al alimento, a la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc. Es por este motivo que el neoliberalismo es una ideología político-económica que favorece a las y los ricos y cuando las personas de las clases medias y bajas apoyamos estas políticas, actuamos en contra de nuestros propios intereses.

Contexto de la política nacional

En Costa Rica, la visión neoliberal de los derechos naturales y civiles, que podemos llamar en conjunto “derechos humanos”, ha impregnado las altas esferas del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial. Esto va de la mano con el hecho de que Costa Rica sea uno de los países donde aumenta más la riqueza y paralelamente también aumenta más la desigualdad. Esto se debe a que los principales grupos de poder le apuestan al neoliberalismo como una política económica que les permite actuar en contra del bien común. 

Con esto, la teoría del pacto social y del contrato social se ven seriamente debilitadas. En 2019, con la aprobación de la Ley Anti-Huelgas, en Costa Rica se culminó con un proceso de ideologización neoliberal que llevaba años: la criminalización de la protesta social, promovida por la telebasura y sus noticieros neoliberales. No obstante, con la criminalización de la protesta social se le da un duro golpe a la constitución de una democracia costarricense, ya que se imposibilita el derecho legítimo a la resistencia del pueblo, el cual es uno de los cinco aspectos básicos de una democracia occidental. Uno de los principales argumentos mediáticos en contra de este derecho ha sido “la obstrucción de la libertad de tránsito”. O sea, una visión neoliberal que se impone a una visión social-democrática, donde la democracia participativa es ilegal, ya que atenta en contra de la liberta del individuo y la libertad de mercado.

Además, con el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual posee 35 inconstitucionalidades, se violenta otro de los aspectos fundamentales de una democracia: la división de poderes, ya que es el MIDEPLAN, una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, la que determina el régimen de empleo no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, por no mencionar las corporaciones municipales y las instituciones autónomas.

En síntesis, el neoliberalismo ha venido promoviendo una violación constante de los derechos humanos que garantizas en bien común, mediante la corrupción, el debilitamiento institucional, la tercerización de servicios, el entrabamiento administrativo y la privatización de instituciones públicas que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población costarricense. Sin embargo, los grupos de poder, no contentos con esto, han arremetido durante este gobierno contra dos aspectos fundamentales de lo que es una democracia, como lo son: la democracia participativa y la división y el equilibrio de los poderes de la república.

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