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Etiqueta: democracia

RENASES convoca a celebrar en Cartago los 85 años de la CCSS

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.

RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.

Programa

  • 10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

  • Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.

Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.

“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.

Convocan a marcha nacional en defensa de la CCSS y la democracia para el 8 de noviembre

La Red Nacional por la Democracia convoca a una marcha “en defensa de la CCSS y la democracia” para el domingo 8 de noviembre, a las 9 a. m., bajo la consigna “Páguele a la Caja”.

En San José, el recorrido saldrá del parque de La Merced y llegará al edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria tiene alcance nacional. Para las regiones fuera del Valle Central, la organización preparó una segunda versión del afiche, sin punto de reunión definido. La idea es que las organizaciones y las personas de cada localidad definan su propio punto de encuentro y su recorrido, y lo anoten en el afiche para difundir la convocatoria en su comunidad.

El afiche plantea una pregunta sobre el costo de la atención privada: “Un parto normal en promedio cuesta alrededor de 2,5 millones de colones en una clínica privada, ¿tendremos que endeudarnos para tener hijos si no evitamos que privaticen la Caja?”.

¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

Red de Organización Popular de Cartago convoca a una faroleada por la paz, la democracia y la libertad el 29 de octubre

La actividad será en la plaza Mayor de Cartago, como acto de desagravio por los hechos del 14 de setiembre y en conmemoración de la independencia de Costa Rica.

La Red de Organización Popular de Cartago invita a las organizaciones sociales de Cartago y del resto del país a la Faroleada por la Paz, la Democracia y la Libertad. Se realizará el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., en la plaza Mayor de Cartago.

La organización expresa su repudio a “los lamentables hechos ocurridos el pasado 14 de setiembre en la plaza Mayor de Cartago”. Plantea la faroleada como una forma de reivindicar los valores cívicos y de reafirmar el compromiso con la independencia, la libertad, la paz y la democracia.

La fecha coincide con la conmemoración del 29 de octubre de 1821, “el glorioso día que en cabildo abierto y delegados de los principales cabildos de Costa Rica se realiza la independencia de Costa Rica”, según recuerda la convocatoria.

“Esta actividad constituye un acto de desagravio y una manifestación pacífica de los cartagineses que amamos la democracia, defendemos nuestros valores y rechazamos toda forma de represión del actual gobierno”, señala la invitación. Añade que será “una oportunidad para demostrar, con respeto y unidad, que somos una comunidad de paz, comprometida con la convivencia democrática y la defensa de nuestras libertades”.

  • Lugar: plaza Mayor de Cartago.

  • Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Hora: 5:30 p. m.

  • Se recomienda llevar su propio farol.

La organización aclara que no se solicitará la presentación de la cédula de identidad para participar. Agradece la participación y pide asistir “con espíritu cívico, respeto y compromiso”.

IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico analizará la crisis mundial y el ataque a la democracia y los derechos humanos

Del 27 al 29 de octubre, en la Universidad Nacional, con transmisión en directo por el canal de YouTube del IDESPO.

El Grupo de Pensamiento Crítico (GPC) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina de México, convocan al IX Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico. Este año el lema es “Crisis mundial y ataque a la democracia y los derechos humanos: la antiutopía de la violencia y la destrucción”. El encuentro se realizará del 27 al 29 de octubre de 2026 en el Auditorio Franz J. Hinkelammert, la antigua Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en Heredia. Las sesiones se transmitirán en directo por el canal de YouTube del IDESPO: https://www.youtube.com/@idespouna1975

El GPC fue fundado en 2007 por Franz J. Hinkelammert. Según la convocatoria, desde entonces ha buscado generar “argumentos, narrativas, estrategias y alternativas para sustentar las resistencias y los proyectos emancipatorios”. Sus encuentros internacionales han sido, durante casi dos décadas, un foro de diálogo a partir del instrumental teórico, metodológico y ético aportado por Hinkelammert.

Una crisis civilizatoria

La convocatoria advierte sobre “la progresiva pero veloz constitución de una crisis civilizatoria deshumanizante, antidemocrática e irracionalista”. Según el texto, esa tendencia apareció primero en el proyecto neoliberal de totalización del mercado y, más recientemente, en el ascenso de las extremas derechas a nivel mundial. Los organizadores las describen como un proyecto que “busca el dominio totalitario sobre todas las fuentes de la vida: el trabajo, la naturaleza y la espiritualidad del ser humano”.

En lo político, el texto señala un vaciamiento de la democracia. Cita a Hinkelammert, quien advirtió que se agudiza “un conflicto entre la democracia como mecanismo del poder y la democracia como lugar de la defensa de los derechos humanos”. La convocatoria sostiene que en diversos países del continente se ha venido “sucumbiendo a la fascinación de las ultraderechas”, con proyectos “aparentemente anti-establishment y libertarios, que vuelven a enquistar en el poder a los viejos y los nuevos grupos hegemónicos ligados al capital transnacional”, en “un retroceso alarmante de la vigencia de los derechos humanos, de las conquistas populares y profundamente antiecológico”.

Los organizadores ubican esta ofensiva en una crisis estructural del capitalismo que se arrastra desde la década de 1970, y en los límites que dejó en evidencia la crisis de 2007-2009. Señalan que el escenario político internacional “se ha vuelto particularmente sombrío”: “Asistimos al imparable genocidio en Gaza y el Líbano, donde la población civil es sometida a un castigo colectivo que viola todas las normas del derecho internacional humanitario”. Mencionan también el silenciamiento de las hambrunas y los desplazamientos masivos en Sudán, la crisis humanitaria y de seguridad en Haití y “la ya alargada guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Afirman que la administración Trump “ha intensificado su guerra contra Irán y Venezuela, profundizando las sanciones económicas que equivalen a un asedio contra pueblos enteros”, al tiempo que “mantiene y recrudece la asfixia contra Cuba, cuyo pueblo soporta un bloqueo genocida”. Para los organizadores, estas agresiones “forman parte de una estrategia global de dominación que combina la violencia militar directa con la guerra económica, el saqueo de recursos y la imposición de un nuevo orden autoritario”.

Ejes de discusión

El encuentro se organizará en torno a cuatro ejes:

  1. El análisis de las tendencias actuales del capitalismo: bajo crecimiento, inflación, financiarización, concentración de la riqueza y la respuesta de las ultraderechas como proyectos de restauración conservadora.

  2. El vaciamiento de la democracia, la instrumentalización de los derechos humanos por los proyectos dominantes y la construcción de nuevas narrativas emancipadoras.

  3. Las tendencias neofascistas y militaristas, la guerra cultural, la desinformación y la voluntad de exterminio como mecanismos de disciplinamiento social.

  4. La construcción de nuevos mitos emancipatorios, narrativas, estrategias de resistencia y proyectos transformadores desde los movimientos sociales, feministas, ecologistas, sindicales y populares, “en la búsqueda de una civilización para el cuidado de la vida”.

Programa

Martes 27 de octubre: Crisis mundial y reconfiguración del orden capitalista

  • 9:00 a. m.: apertura, inauguración del Auditorio Franz J. Hinkelammert e inicio de las sesiones plenarias.

  • 10:15 a. m.: conferencia inaugural. “El termidor de la Modernidad y el ascenso mundial de la extrema derecha neofascista: una mirada apremiante pero esperanzadora a la luz del pensamiento crítico de Franz Hinkelammert”, Henry Mora (Costa Rica).

  • 11:15 a. m.: “Vigencia de la dialéctica del desarrollo desigual de Hinkelammert ante la crisis mundial del siglo XXI”, Hugo Herrera (México).

  • 2:00 p. m. (virtual): “Límites trascendentales de la sustentabilidad. El Espacio Analítico Alternativo como herramienta heurística”, David Orlando Ramírez (Colombia-México).

  • 3:15 p. m.: “Crisis actual del capitalismo y su reconfiguración desde la ultraderecha; una explicación desde lo estructural”, William Hughes (Panamá).

  • 4:15 p. m.: “Trump sigue la herencia de intervenciones en América Latina”, Lilia Solano (Colombia).

  • 6:00 p. m.: presentación del libro Franz Josef Hinkelammert: pensamiento esperanzado, Carlos Molina (El Salvador).

Miércoles 28 de octubre: Ataque a la democracia y los derechos humanos / La antiutopía de la violencia y la destrucción

  • 9:00 a. m.: “La crisis civilizatoria y la utopía de la dominación total”, Jorge Vergara (Chile).

  • 10:30 a. m. (virtual): “Democracia y derechos humanos: discernimientos desde nuestra América en defensa de las humanidades”, Yamandú Acosta (Uruguay).

  • 11:30 a. m.: “Del pensamiento único al no pensamiento: desafíos a las descomposiciones neoliberales desde América Latina”, John Carlos Pumacaya (Perú-Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Lo sagrado frente a lo santo y la inversión de los valores éticos en el mundo contemporáneo”, Jung Mo Sung (Brasil).

  • 3:15 p. m.: “El Caribe como zona de paz o frontera de imperio. La paradoja del asesinato es suicidio en contexto”, Maydi Estrada Bayona (Cuba).

  • 4:15 p. m. (virtual): “Deseo, violencia y mito”, Carlos Asselborn (Argentina).

  • 6:00 p. m.: “Voces y paisajes”, conversatorio sobre la coyuntura política en América Latina.

Jueves 29 de octubre: Alternativas para la vida

  • 9:00 a. m.: “Totalitarismo y religión. El surgimiento de la crítica de la religión en la Doctrina Social de la Iglesia”, José Fernando Castrillón (Colombia).

  • 10:30 a. m.: “Militancia y conversión: comunidades de vida y espiritualidad de la acción”, Carlos Molina (El Salvador).

  • 11:30 a. m.: “Rebelión juvenil en Colombia, una apuesta por la vida”, Carlos Angarita (Colombia).

  • 2:00 p. m.: “Para la reconstrucción de una democracia futura. Aportes de la filosofía latinoamericana contemporánea: A. Roig, E. Dussel, F. J. Hinkelammert”, Estela Fernández (Argentina).

  • 3:15 p. m. (virtual): “Enrique Dussel: marxismo crítico del Sur, descolonialización y transmodernidad”, Jorge Zúñiga (México).

  • 4:15 p. m.: “Utopía y revolución. La posibilidad de otro mundo”, Yohanka León del Río (Cuba).

  • 6:00 p. m.: clausura.

El encuentro será principalmente presencial, con mesas de discusión en las que expondrán integrantes de la red del GPC y que se abrirán a la discusión colectiva. Algunas conferencias serán virtuales, porque parte de sus integrantes no pueden viajar a Costa Rica. Además, habrá sesiones de trabajo con colectivos y organizaciones sociales, actividades culturales y un homenaje a Franz J. Hinkelammert. Está previsto publicar las ponencias en 2027, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Contacto: norman.solorzano.alfaro@una.ac.cr

Con la Presidencia de la Corte nos jugamos la Democracia

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las Cortes Supremas de Justicia, en casi todo el mundo, son organismos en esencia conservadores, estrechamente vinculados y determinados por el poder político-partidario del que deriva su propia legitimidad, independientemente de si se trata de regímenes democrático-liberales o autoritarismos de todo signo ideológico. De ellas no es dable esperar grandes movimientos de cambio generales y, a lo sumo, cuando se apartan de sólo mantener el statu quo, nos pueden brindar algunas sentencias que afirmen el bien común, defiendan derechos fundamentales o condenen los más grandes crímenes.

En épocas de estabilidad democrática, el Poder Judicial puede fortalecerse y la interpretación jurisprudencial de la Constitución y las leyes puede contener destellos de progresismo en dirección al reconocimiento y ampliación de derechos. Eso fue precisamente lo que pasó en Costa Rica a partir de la Constitución del 49 y hasta el umbral del siglo XXI. Entre otros hitos de este proceso positivo podemos mencionar la incorporación de un buen número de juristas de alto perfil a la Corte, el aseguramiento de un mínimo del 6% del presupuesto anual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la creación de nuevas jurisdicciones (contenciosa, familia, agraria, constitucional), y de nuevas instituciones auxiliares a la materia penal (Ministerio Público, Policía Judicial, Defensa Pública).

En otro orden de consideraciones, se puede decir en síntesis que en una Corte Suprema se reflejan, con relativa claridad, la influencia y dominio coyunturales de las principales fuerzas políticas e ideológicas de una determinada época. En el marco de un Estado Social de Derecho la designación de los más altos jueces y juezas, aunque mediada por la afinidad ideológica o partidaria de quienes nombran o son nombrados, hay mucho mayor margen de asegurarse la independencia funcional de la justicia, afianzando su identidad contralora sobre los otros poderes; en tanto que en los regímenes totalitarios, los tribunales de justicia, comenzando por los de mayor rango, son entidades incondicionales al régimen político imperante, quedando desdibujado o desnaturalizado su rol contralor y su independencia.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha visto afectada por las transformaciones de carácter sociológico experimentadas en los últimos 50 años. En la Corte de hace medio siglo el peso interno de la Sala Primera (derecho privado, derecho público y contencioso-administrativo) era evidente. De ella salieron sus presidentes (Baudrit Solera, Odio Santos, Coto Albán, Blanco Quirós y Cervantes Villalta), así como también salieron de aquí las principales políticas públicas en materia de justicia. Con la relevancia de la refundación de la jurisdicción constitucional, un largo período presidencial recayó en don Luis Paulino Mora, de origen penal y consolidado constitucionalista. Hasta ahí la época de gran solidez del Poder Judicial costarricense. A los siguientes presidentes no se les ha dado la oportunidad de reelegirse, e incluso uno de ellos –devenido presidente cabalgando el corcel del punitivismo más rancio-, se jubiló anticipadamente después de haber recibido una sanción disciplinaria. Hasta esas profundidades hemos descendido, ya que, coincidiendo con un clima nacional general de decadencia en tema de liderazgos, cualquiera –tenga o no objetivamente méritos- se siente hoy con derecho a presidir un poder de la República. Priva aquel devastador principio que dice: “si Fulano ha sido Presidente, Magistrado, Ministro, Diputado… ¿por qué yo no?”. De ahí, por ejemplo, los 29 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las últimas elecciones.

Pero ante todo me interesa llamar la atención en punto a que el peso específico del poder a lo interno de la Corte en Costa Rica ha virado de la Sala Primera a la Sala Constitucional (en cuanto a determinación de derechos fundamentales) y, en especial medida, a la Sala Tercera (Penal) en punto a la llamada seguridad ciudadana y sus respuestas represivas. No es de extrañar entonces que tres de los cuatro aspirantes a presidir hoy este poder de la República pertenezcan a esta última cámara, sobre todo porque para un magistrado constitucional resulta, en las actuales circunstancias, inviable, por no decir irresponsable, asumir la presidencia de la Corte dadas las dificultades generadas por la falta de suplencias.

Esta realidad social está marcada, entonces, por lo que podríamos llamar la justicia en los tiempos del narco. Me refiero a que la renuncia al Estado Social de Derecho o Estado Benefactor (hijo del social cristianismo y la social democracia tradicionales), sobrevino en el peor momento. Con la adhesión de Costa Rica al modelo neoliberal, -impuesto desde los centros de poder económico mundiales- coincidió la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado (con una guerra declarada por el presidente Nixon como mecanismo de control geopolítico, más que como sincera preocupación por la producción y consumo de drogas). A esto se unió la corrupción público-privada en la gestión gubernativa (que golpeó fuerte al bipartidismo PLUSC), y el creciente protagonismo de la inseguridad ciudadana, que tuvo como única respuesta la reforma y ampliación de lo penal: más figuras penales y mayores penas, restricciones procesales y penitenciarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y organismos auxiliares penales del Poder Judicial. De manera que al día de hoy, la cárcel colma toda estrategia e imaginación programática de nuestras clases dirigentes. Si el modelo económico-político no puede resolver las grandes carencias de la población, entonces se ha inventado un enemigo (el delincuente) y una “solución”: la cárcel, la mega-cárcel, la agresión y la tortura dentro de las prisiones, el escarnio, la venganza, la exhibición pública del tormento, la quema simbólica de los chivos expiatorios. El retroceso es hasta la Edad Media y más allá. La Revolución Francesa ha sido borrada de la Historia. Todo para solaz de un pueblo anestesiado, con el propósito inconfesable de los gobernantes de tapar su incapacidad para resolver los problemas que apremian a la gente y encubrir también los actos de corrupción que mantienen plena vigencia.

En ese contexto, y para el tópico que nos interesa, a saber, cuán independientes son nuestros máximos jueces, la actual integración de la Corte Suprema costarricense contiene tres categorías de magistrados o magistradas: (a) quienes al margen de los apoyos políticos con los que llegaron o han sido reelectos, se toman en serio su independencia y no obedecen a consignas partidarias; (b) quienes profesan creencias religiosas cristianas, ya neo-pentecostales, ya católicas ultraconservadoras, que tienden a subordinar sus decisiones a su credo y no estrictamente a la Constitución Política; y (c) quienes están al servicio del poder político dominante de turno, cualquiera que éste sea, y cuyo objetivo es asegurarse su futuro dentro del más alto tribunal de la República mostrando toda su reverencia y servilismo. Las dos segundas categorías se develaron con claridad en el tema de enviar -o no- las causas penales contra Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa. No son una clara mayoría, pero entre ellos están los hoy dos aspirantes a la Presidencia, doña Damaris Vargas Vázquez y don Gerardo Alfaro Vargas. Tal vez algún otro espera agazapado que el fraccionamiento termine desgastando las candidaturas actuales. En todo caso, confiar la cabeza de la Corte en alguna de estas personas sería una entrega, desde dentro, a las aspiraciones del chavismo de controlar al último bastión que le falta para liquidar nuestra democracia republicana. Ya el último movimiento del Sub-contralor General, señor Aragón, nos advierte que no toda toma institucional tiene que venir desde fuera.

Es hora de instar con respeto a una mayoría de Corte a que en última instancia se depongan aspiraciones personales, se respeten pequeñas mayorías que al final puedan sumar, y se logre colocar en la Presidencia a quien esté dispuesto a defender la independencia e integridad del Poder Judicial. En esto se nos va la Democracia misma.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

Organización Cívica Madre Tierra defiende la independencia judicial ante decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.