Ir al contenido principal

Etiqueta: democracia

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri ha conmocionado fuertemente al país. Es un hecho más de la violencia que aqueja a nuestra sociedad desde hace años; pero la impresión es mayor cuando la víctima venía denunciando al crimen organizado y sugiriendo diversos vínculos con los dos últimos gobiernos.

Desde hace muchos años, nuestra sociedad ha venido acumulando un fuerte enojo a raíz del deterioro de la calidad de vida, las fallas e incumplimientos de los gobiernos de turno y los grandes escándalos de corrupción.

Este enojo comienza a acumularse desde la década de 1990, al principio de manera paulatina, pero evidencia un aumento sin precedentes a partir de 2022, a tal punto que la mayoría de los diversos indicadores de violencia alcanzan niveles históricos. Además de tasas de homicidios con cifras récord nunca antes vistas en nuestra historia, casi cualquier forma de violencia muestra niveles sumamente altos, desde la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres hasta las muertes por accidentes de tránsito, pasando por el acoso sexual, los femicidios, los enfrentamientos en las comunidades, el irrespeto a los derechos más básicos y el incumplimiento de políticas públicas.

Este vertiginoso incremento no se produce por casualidad en 2022. Por el contrario, responde a una política muy bien planeada y ejecutada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Desde su inicio, este político se presentó como el gran vengador que venía a poner orden en el país y a perseguir a los políticos corruptos. Bajo una cuidadosa y efectiva estrategia de comunicación, se establece un sistemático reforzamiento de las actitudes autoritarias en la población. Entre otras cosas, se controla la circulación de información en las redes, se minimiza el impacto de los medios tradicionales y se persigue sistemáticamente a líderes de opinión e influencers. Se orienta a la población para canalizar su enojo acumulado hacia diversas personas, instancias y grupos de personas. Las conferencias de prensa de cada miércoles se han constituido en toda una escuela de agresividad, individualismo, exclusión, intolerancia, rechazo, reforzamiento de estereotipos y distorsión de los hechos reales, que a su vez han logrado fortalecer en la población el individualismo, la impulsividad, la labilidad afectiva, la sumisión, la pasividad, el aislamiento y hasta el miedo. Se ha entronizado el enfrentamiento violento como estrategia privilegiada para manejar la interacción social y se ha normalizado el uso de la burla, los insultos, la descalificación, el cinismo y la mentira.

Toda esta estrategia ha venido acompañada de una concentración antidemocrática del poder político, en donde no solo se ha destruido el equilibrio del poder mediante un ataque violento al Poder Judicial, sino también a todas y cada una de las instancias encargadas de establecer algún tipo de control sobre la gestión política del país. Ninguna de estas instancias se ha salvado del ataque violento de los dos últimos gobiernos: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía, medios de comunicación y universidades públicas. Y han cuestionado y desconocido las legítimas funciones de cada poder de la República, en particular del Poder Judicial, llegando el oficialismo en la Asamblea Legislativa a ignorar las resoluciones constitucionales sobre cuestiones de gran importancia para las necesidades acuciantes de los presupuestos, para resolver situaciones que afectan los servicios públicos de primer orden, como la salud o la seguridad.

No es de extrañar entonces que la violencia se encuentre exacerbada en todo el país; pero inevitablemente nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, en donde a mayor enojo, mayor sensación de inseguridad y mayor miedo, que a su vez incentivan a la población a refugiarse en el autoritarismo; lo cual, como hemos visto, no hace más que incrementar la violencia.

Todo lo expuesto permite concluir, sin lugar a duda, que los dos últimos gobiernos son los principales responsables de los altos niveles de violencia que vive el país, debido tanto a la promoción constante de las estrategias de odio y violencia como a la falta de políticas adecuadas de prevención y financiamiento para enfrentar el crimen organizado. De modo que, por lo menos de manera indirecta, también son responsables del lamentable asesinato de Camilo.

Pero, además de esta responsabilidad directa por los niveles de violencia imperantes, no podemos dejar de pensar en las múltiples denuncias de Camilo y otras personas, así como en los malos signos que asocian a los dos últimos gobiernos con el narcotráfico. Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que se investigue esta situación hasta sus últimas consecuencias.

Del mismo modo, instamos a la población a mantenernos vigilantes y activos ante las condiciones actuales del país y a ejercer, hoy más que nunca, la presión que haga falta para detener la escalada de violencia en el país. Debemos ser muy firmes en nuestro accionar, pero siempre a partir de una cultura de paz y respeto mutuo. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Debemos enfrentar constantemente la cultura actual de agresión, insulto, enfrentamiento, intolerancia y exclusión con diálogo, comprensión, respeto y reconocimiento a la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Debemos manifestarnos con convicción en las calles, en nuestras comunidades, en los centros de trabajo, en los establecimientos educativos y en las redes sociales.

Conferencia Episcopal condena el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su «profundo pesar» por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, un hecho que, según indicó, condena «enérgicamente» y que «nos interpela como sociedad sobre el respeto a la vida humana, la libertad de expresión y la seguridad de todos los habitantes de nuestro país».

La declaración, titulada «Ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri», fue presentada en un video por monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, y monseñor Daniel Francisco Blanco, secretario general.

El episcopado afirmó que la muerte violenta de una persona nunca puede dejar indiferente a la sociedad, pues la vida es un don de Dios y posee una dignidad inviolable. Señaló que este acontecimiento recuerda «la urgente necesidad de edificar la cultura de la vida en Costa Rica, fundada en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales».

«La violencia nunca puede ser el camino para resolver nuestras diferencias; el camino debe ser siempre la construcción de la paz, el diálogo, la fraternidad y el respeto mutuo», expresaron los obispos.

Sobre la libertad de expresión y de prensa, la Conferencia Episcopal las calificó como «un pilar fundamental de nuestra democracia» y sostuvo que su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas «con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia».

«Como pastores invitamos a los costarricenses a conservar la esperanza y a trabajar activamente por la paz, asumida como un compromiso cotidiano de todos», añadieron.

La declaración manifiesta confianza en la investigación de las autoridades judiciales «para llegar al fondo de este hecho». Concluye con una oración para que el Señor conceda el descanso eterno a Camilo Rodríguez, consuele a sus seres queridos y ayude a trabajar «por una Costa Rica donde la vida sea siempre respetada y protegida».

A continuación, el video con la declaración completa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Cuando matan a quien denuncia, nos amenazan a todas y todos

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

San José, 16 de noviembre de 2026

RENASES condena el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido esta tarde en Santo Domingo de Heredia. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, con sus colegas y con quienes hoy sienten miedo de seguir hablando.

No conocemos el móvil del crimen. Establecerlo corresponde al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público, y no nos adelantamos a sus conclusiones. Pero hay hechos que ya son públicos: Camilo Rodríguez denunciaba desde sus redes al crimen organizado y a figuras de poder. Había dicho que recibía amenazas de muerte, y fue acribillado a plena luz del día en una ruta nacional.

Se puede coincidir o discrepar con lo que él decía y con la forma en que lo decía. En una democracia, lo que alguien afirma se discute con argumentos y, si hace falta, en los tribunales.

Nunca con balas.

Un crimen que manda un mensaje

Sea cual sea el móvil que determine la investigación, el efecto ya está aquí. Cuando una persona que denuncia es asesinada, el mensaje llega a todas las demás: al periodista que investiga, a la dirigente comunal que señala a quien opera en su barrio, al sindicalista, a la defensora del ambiente, al líder indígena que defiende su territorio, a la persona opositora que critica al poder. El mensaje es que hablar cuesta la vida.

Ese miedo no empezó hoy. Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al puesto 38 en 2026 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que advierte de un clima político que favorece la autocensura. Hace apenas cinco días, la Universidad de Costa Rica reportó que el 58,1 % de la población considera peligroso ejercer el periodismo. Hasta ahora, Reporteros Sin Fronteras reconocía que en el país no había violencia física sistemática contra periodistas. Hoy esa línea se cruzó.

La libertad de expresión no es solo de la prensa

La libertad de prensa y de expresión no es un privilegio de un gremio. Es la condición para que los sectores sociales podamos organizarnos, denunciar y disentir. Las organizaciones que formamos RENASES ejercemos todos los días la crítica al poder político y económico. Sabemos que una sociedad donde se mata a quien incomoda es una sociedad donde la oposición, la protesta y la denuncia se vuelven actividades de riesgo.

Por eso nos preocupa también el clima en que ocurre este crimen. La estigmatización de la prensa, de las personas opositoras y de las voces críticas, venga de donde venga, no aprieta el gatillo. Pero convierte a las personas en blancos y le dice a la sociedad que su silencio es tolerable. Quien ejerce el poder tiene una responsabilidad mayor: proteger también a quienes le critican.

La impunidad sería el segundo crimen. Si este asesinato queda sin responsables materiales e intelectuales, el silencio se impondrá sin necesidad de un disparo más.

Lo que exigimos

  1. Al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público: una investigación pronta, exhaustiva e independiente, que identifique a los autores materiales e intelectuales y que informe al país de sus avances.
  2. Al Poder Ejecutivo: una condena inequívoca del crimen, garantías para el trabajo de la prensa y el fin de todo discurso que estigmatice a periodistas, personas opositoras y voces críticas.
  3. A la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial: revisar por qué los mecanismos de protección existentes no alcanzan a quienes denuncian, y crear un mecanismo específico para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y dirigencias sociales amenazadas.
  4. A todos los partidos y actores políticos: no usar este crimen para sacar ventaja ni para atacar al adversario. Bajar el tono es hoy una medida de protección.
  5. A los medios, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía: no normalizar el miedo. Seguir informando, denunciando y participando es la respuesta.

RENASES seguirá defendiendo el diálogo, la democracia, la paz social y la justicia. Ninguna de las cuatro es posible en un país donde hablar cuesta la vida.

RENASES
Red Nacional de Sectores Sociales

Nuestros invaluables “vagabundos” …

Jorge Mora Alfaro

Una de las cosas de las cuales me he sentido más orgulloso en mi vida es la de haber tenido una madre maestra. Con ella aprendimos la noble y agotadora tarea de la docencia y la indiscutible relevancia para nuestra sociedad, para las comunidades, las familias y las personas, de aquella labor de pioneras, constructoras de educación, cultura y democracia.

Doña Amalia Alfaro Solís, madre del autor de este texto.

En los años 30 del siglo pasado, mi mamá daba sus primeros pasos en su larga carrera de maestra. Esta, la inició en dos remotas (en ese tiempo), comunidades del cantón de San Ramón: Río Jesús y San José del Higuerón. La inexistencia de vías de comunicación y de medios de transporte motorizados, la obligaba a trasladarse a lomo de caballo, con dos de sus pequeños hijos, desde la ciudad de San Ramón hasta las localidades rurales, en donde impartió lecciones, y donde permanecía cinco días de la semana. Esos viajes en caballo no los hacía por “vagabundear”, constituían un significativo sacrificio, parte de sus ideales y el compromiso asumido con su país, con las comunidades demandantes de servicios educativos para lograr el crecimiento personal y ciudadano de sus poblaciones.

Posteriormente, se trasladó al cantón de Naranjo y fue docente en la Escuela República de Colombia, ubicada en el distrito central de ese cantón, hasta su jubilación. En ese tiempo, ya habiendo crecido la familia y siendo niños de más edad, reforzamos el respeto por nuestra mamá y admiramos, hasta el fin, el espíritu y voluntad con la cual combinaba su trabajo, prolongado por varias horas en la casa, con las demandas de la crianza de sus numerosos hijos e hijas.

Éramos conscientes, ella y su familia, de lo valioso de su trabajo. Así lo entendió también la comunidad y el país entero. Incluyendo a los gobernantes. Nunca podríamos concebir entonces a un gobernante profiriendo insultos o frases despectivas e hirientes a los educadores.

Cuando se presentaban desavenencias o conflictos, se abrían espacios para negociar y buscar acuerdos. Cuando algún mandatario sobrepasó los límites, reprimiendo o agrediendo a educadores manifestándose por sus derechos, recibió en el aislamiento y en las urnas, el drástico castigo de la ciudadanía.

Los costarricenses estamos orgullosos de nuestra educación pública, valoramos altamente su contribución al desarrollo científico, cultural, sanitario, ambiental, social e institucional del país, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Por eso no soportamos que sean recortados sus presupuestos, se infravaloren sus aportes a la nación o se agreda de palabra o de hecho a los educadores y sus organizaciones.

Ni “vagabundos”, ni “sanguijuelas”; son hombres y mujeres comprometidos con el país, con la educación nacional y con la democracia. ¡Merecen todo nuestro respeto!

Cuatro mujeres en la cúspide del poder: un hito histórico y una interrogante para la democracia costarricense

PhD. José Efraím Quirós Moya

Costa Rica escribe hoy una página singular de su historia institucional. Laura Fernández Delgado, Yara Jiménez Fallas, Patricia Vargas González y Eugenia María Zamora Chavarría encabezan, respectivamente, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Cuatro mujeres en la cúspide de las principales estructuras del poder público constituyen una imagen de enorme trascendencia histórica. No es solamente una coincidencia de nombramientos: es una expresión de las transformaciones experimentadas por una sociedad en la distribución de las oportunidades, el reconocimiento del liderazgo femenino y el acceso a espacios de decisión que durante generaciones estuvieron dominados por hombres.

Desde una perspectiva sociológica, este acontecimiento nos invita a examinar la relación entre género, poder y transformación social. Las estructuras de autoridad no son inmutables; cambian conforme evolucionan las instituciones, las luchas por los derechos y las concepciones culturales sobre quiénes pueden ejercer el liderazgo público.

Pero aquí comienza la reflexión verdaderamente trascendente: ¿basta con transformar la composición de las élites para transformar las estructuras del poder?

La representación constituye una conquista democrática, pero no garantiza, por sí sola, una transformación de las relaciones sociales, una distribución más equitativa de las oportunidades ni una mayor sensibilidad ante las necesidades de la ciudadanía.

La trascendencia de este momento histórico no debería medirse exclusivamente por el hecho de que cuatro mujeres ocupen posiciones de máxima jerarquía, sino también por su capacidad para fortalecer la independencia institucional, garantizar la igualdad ante la ley, ejercer el poder con probidad y contribuir a una sociedad menos desigual.

No se trata de exigirles más por ser mujeres, ni de atribuirles virtudes por razón de género. Se trata de reconocer que la democracia debe ofrecer las mismas oportunidades de acceso al poder y exigir idénticos principios de responsabilidad a quienes lo ejercen.

La historia abre una puerta; las decisiones de quienes la atraviesan determinan parte de su legado.

Que cuatro mujeres se encuentren hoy en la cúspide institucional de Costa Rica es un acontecimiento que merece reconocimiento histórico. Que su presencia contribuya a transformar las prácticas políticas, fortalecer la justicia y dignificar el servicio público será una medida mucho más profunda de su trascendencia.

Porque el verdadero cambio no consiste únicamente en que las mujeres lleguen a la cúspide del poder, sino en que el poder, cualquiera que sea el género de quien lo ejerza, se convierta en un instrumento de justicia, libertad, igualdad y dignidad humana.

La representación puede marcar el comienzo de una nueva página de la historia; la ética, la justicia y la responsabilidad pública determinarán lo que esa página deje escrito en el futuro de Costa Rica.

Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones

Abelardo Morales Gamboa

El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.

Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.

Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.

Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.

En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.

En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.

Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.

En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.

Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.

Buen Vivir Costa Rica invita a proponer un símbolo o lema para la unidad nacional por la democracia

Buen Vivir Costa Rica lanzó una consulta abierta mediante «La Semillita Preguntona». Con ella invita a la ciudadanía a responder la siguiente pregunta:

«Ante la situación actual de Costa Rica, ¿qué propone usted como símbolo o lema para la unidad nacional por la democracia?».

Según explica la organización, con las respuestas que reciba buscará construir una idea que acompañe la reflexión-acción del buen vivir y que contribuya a la unidad popular «frente a las amenazas que estamos viviendo todos los días, contra el pueblo y la madretierra».

Buen Vivir Costa Rica está promoviendo esta acción mediante sus redes.

El significado del 7 de noviembre de 1889

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli
Instituto Sindical de Formación Democrática

Al acercarse los años finales del siglo XIX, los costarricenses habíamos desarrollado una mentalidad que nos ha distinguido a través de nuestra Historia Patria: somos un pueblo pacífico, pero no cobarde, individualista pero no egoísta, respetuoso del derecho, pero no sojuzgado a la voluntad del Estado; se forjaron hombres libres que, en definitiva, comprendieron que la democracia es algo más que un acto electoral que se repite cada cierto tiempo y con una determinada periodicidad. Lo anterior lo escribí en 1989, a raíz de la conmemoración del centenario de aquella fecha gloriosa.

Sin embargo, aquel 7 de noviembre de 1889 algo faltaba para depurar los procesos electorales, pues hasta ese momento, el país había vivido una etapa de políticos personalistas que habían impuesto su impronta en la vida política nacional y de la mano de la naciente oligarquía cafetalera, que los impuso, bien fuera por medio de procesos electorales o golpes de Estado, como el ejecutado el 27 de abril de 1870 por don Tomás Guardia quien, al negarse a entregar el poder a don Mariano Montealegre, uno de los más relevantes personajes de aquella oligarquía, instauró un periodo de dictadura que, singularmente, empieza con la aprobación de la Constitución de 1871, la más liberal y longeva de nuestra historia a tal punto, que nuestra actual Constitución de 1949 se fundamenta en ella. Guardia no solo nos heredó la Constitución, o el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, sino que abrió el periodo que podríamos llamar «liberal» que se incrementa a su muerte durante el gobierno de Próspero Fernández (1882-88 su yerno) y el de Bernardo Soto (1886-1890 el yerno de este), con lo cual se culminan veinte años de dominio de la familia Guardia.

Así llegamos a las elecciones de 1889 para las que, como bien lo señala don Rodrigo Facio en su libro Estudio sobre economía costarricense, la oligarquía cafetalera había comprendido que los golpes de Estado y una política personalista, no eran el mejor medio para llegar al poder o estar cerca de él y que era necesario buscar otro camino y reforzar los sistemas electorales y para ello, era necesario la organización de partidos políticos como los instrumentos que en una democracia, median entre el poder y la gente. Por ello, en aquellas elecciones del año 89 aparecen los dos primeros partidos políticos en la escena electoral: el Partido Constitucional Democrático que postula al Lic. José Joaquín Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, conservador y opositor a las reformas liberales que se habían aprobado en 1886 y 1888. Por otra parte, surge del Liberal Progresista, con el apoyo oficial pues era el designado a la Presidencia de la República y liberal, que desde el principio gozó, como era de esperar, del apoyo del presidente Bernardo Soto quien llegó al extremo, pocos meses antes de las elecciones de traspasarle el poder, ante la obvia reacción del partido opositor.

Las elecciones, bajo el sistema de voto indirecto, se realizan en un ambiente de tensión, como era de esperar. El triunfo fue del Partido Constitucional Democrático en las votaciones efectuadas el 3 de noviembre, lo que provocó que el 5 de noviembre policías se lanzaran a la calle en una manifestación a favor de Esquivel, lo que produjo la consecuente consternación en la oposición. Ahí surge la figura de don Rafael Yglesias, yerno de don José Joaquín Rodríguez, que organiza a los vecinos de diferentes poblaciones, sitia la ciudad de San José y se lanza a las calles a defender el derecho al voto y a la voluntad popular. Ante la presión popular aquel 7 de noviembre, don Bernardo Soto renuncia a la presidencia y nombra al Dr. Carlos Durán, quien era el tercer designado, para ocupar el cargo y hacer la transición al nuevo gobierno de José Joaquín Rodríguez.

En aquella ocasión, por primera vez, el pueblo defendió uno de los más sagrados derechos en una democracia: la elección libre de sus gobernantes y el respeto a la pureza del sufragio. Pero el proceso de purificación electoral y consolidación democrática apenas comenzaba fundamentándose en los valores cívicos y espíritu de libertad que desde la independencia en 1821 se venían forjando lentamente, en el seno de nuestra cultura, patrimonio y mentalidad costarricense, unas veces cayendo y levantándose de nuevo, pero siempre con la mirada puesta en conquistar y defender el derecho a ser hombres y mujeres libres.

Esa herencia bendita está en sumo peligro, y no podemos terminar estas líneas sin advertirlo. Si en 1856 Juan Rafael Mora Porras calificó a los filibusteros como tiranos y falange impía, hoy son aspirantes a neofascistas, igualmente impíos irrespetuosos de nuestros valores y democracia, queriendo ser tiranos y negarnos lo que tanto nos ha costado: el derecho a ser libres. Por eso no podemos ni debemos los costarricenses seguir con la irresponsable actitud de la indiferencia, de volver la mirada hacia otro lado mientras nos roban la Patria. ¡No!, es la hora de indignarse y como lo hicieron los héroes del 56 y los ciudadanos del 7 de noviembre, tomar calles y ciudades, porque la democracia es nuestra, no de unos pocos advenedizos y forajidos creadores de odio contra las instituciones que fueron creadas por nuestros antepasados, para que pudiéramos tener un Estado Social de Derecho, que nos garantice prosperidad y paz; esa herencia, no la podemos dilapidar por una minoría que se ha dejado engañar y no supo elegir.

San José, 4 de noviembre de 2026

«Cristofascismo»: cuando el Evangelio se arrodilla ante el poder

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Hay una perversión del cristianismo que merece ser denunciada con franqueza: la utilización de Jesucristo para bendecir el autoritarismo, justificar la intolerancia y convertir la fe en instrumento de dominación política. Tiene un nombre tan incómodo como revelador: cristofascismo.

El término no es nuevo. La teóloga protestante alemana Dorothee Sölle lo utilizó en 1970 para denunciar la complicidad de sectores cristianos con el nazismo. Décadas después, el concepto cobró renovada fuerza en el Brasil de Jair Bolsonaro, donde el teólogo Fábio Py lo recuperó para describir la alianza entre sectores religiosos fundamentalistas y un proyecto político de rasgos autoritarios. Una vieja corrupción con nuevos protagonistas: utilizar el nombre de Dios para conquistar el poder y, después, utilizar el poder para imponer una determinada visión de Dios.

Basta observar ciertos escenarios políticos. Pastores convertidos en propagandistas, templos transformados en plataformas electorales, predicadores que confunden la voluntad de Dios con las ambiciones del gobernante de turno. Se invoca a Cristo para conquistar el poder y, una vez conquistado, se utiliza su nombre para exigir obediencia.

El negocio, además, resulta extraordinario. El político obtiene una legitimidad casi divina; el dirigente religioso consigue influencia, privilegios y acceso a los despachos donde se toman las decisiones. Ambos salen ganando. El Evangelio, en cambio, termina siendo pisoteado.

La contradicción es escandalosa. Jesús proclamó bienaventurados a los misericordiosos y a quienes trabajan por la paz, y algunos de sus supuestos representantes celebran la humillación del adversario, alimentan el desprecio hacia los migrantes y presentan la dureza como virtud suprema. Predican el amor al prójimo mientras confeccionan cuidadosamente la lista de quienes no merecen ser amados.

Y todavía tienen el descaro de llamarse provida y defensores de los valores cristianos…

No se trata de cuestionar la participación de los creyentes en política. Tienen pleno derecho a intervenir en la vida pública, defender sus convicciones y contribuir al debate democrático. El problema comienza cuando pretenden convertir sus creencias en imposición, cuando consideran enemigos de Dios a sus adversarios y cuando colocan la fidelidad a un caudillo por encima de cualquier exigencia ética.

Tampoco sería justo atribuir esta degradación exclusivamente a determinadas iglesias evangélicas, aunque es la moda. El catolicismo conoce demasiado bien las consecuencias de sus propias alianzas con los poderosos. Nuestra historia tiene suficientes altares próximos a los tronos como para repartir certificados de inocencia.

Lo verdaderamente peligroso del cristofascismo es que llega a vaciar la fe de su contenido más exigente. Conserva los himnos, las oraciones y las multitudes. Lo que desaparece es el Cristo que cuestiona al poderoso, acoge al extranjero y se identifica con los últimos.

Jesús fue categórico cuando advirtió a sus discípulos sobre la conducta de los gobernantes: «Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes» (Mt 20,25-26). ¡No ha de ser así entre ustedes! Difícil encontrar una advertencia más contundente para quienes pretenden convertir el cristianismo en una plataforma de dominación. Jesús conocía perfectamente las tentaciones del poder y quiso impedir que se instalaran entre los suyos. No fundó una comunidad de cortesanos ni una asociación de aduladores del César. Propuso exactamente lo contrario: que la autoridad se ejerciera como servicio. Por eso resulta grotesco que algunos ministros religiosos terminen bendiciendo precisamente aquello que Jesús les prohibió imitar.

Una sociedad democrática debe desconfiar de cualquier gobernante que se presente como elegido de Dios. Y una comunidad cristiana debería desconfiar todavía más de sus pastores cuando parecen sentirse más cómodos junto al poder que junto a quienes sufren sus abusos. Cuando la religión deja de ser conciencia crítica para convertirse en maquinaria de obediencia, ya no estamos ante una expresión valiente de la fe, sino ante su lamentable prostitución.

Cristo no necesita guardaespaldas políticos. Mucho menos necesita que sus ministros le cambien las bienaventuranzas por un programa de gobierno.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026