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Etiqueta: democracia

UTN impulsa diálogo por la educación pública y la democracia

  • UTN y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo fortalecen su articulación para promover espacios de reflexión, análisis y construcción conjunta orientados al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo democrático en Costa Rica.

Beatriz Rojas Gómez
Dirección de Comunicación y Mercadeo UTN

Con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión y la construcción conjunta de propuestas para fortalecer la educación pública y la democracia costarricense, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) realizaron el pasado 13 de julio la Audiencia-Taller UTN – Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La actividad reunió a cerca de 30 personas, entre representantes de la Universidad, el equipo técnico y liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción conjunta entre ambas instituciones, mediante el análisis del reciente resultado electoral nacional, para identificar coincidencias programáticas y definir oportunidades de cooperación durante el 2026 en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Durante la apertura de la actividad, el rector de la Universidad Técnica Nacional, William Rojas Meléndez, destacó el papel que debe asumir la educación superior pública frente a los desafíos que enfrenta el país. «La educación superior pública debe ser un actor activo en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Frente a los retos sociales, económicos y tecnológicos que vive el país, es indispensable fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la articulación entre la academia y los diferentes sectores nacionales», afirmó.

El rector señaló que Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la reducción de las desigualdades sociales, la sostenibilidad del sector productivo y la transformación tecnológica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que las universidades continúen formando profesionales con pensamiento crítico y capacidad para responder a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la digitalización, sin perder de vista el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad.

Posteriormente, Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, presentó los fundamentos del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa ciudadana impulsada en 2022 por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, en respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense. Explicó que esta propuesta se sustenta en la evidencia científica aportada por los Informes Estado de la Educación y promueve la construcción de un acuerdo nacional mediante un proceso participativo que involucra a diversos sectores sociales, productivos y territoriales.

Asimismo, Quintanilla destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, creada en 2020, constituye una plataforma plural e inclusiva que reúne a más de 150 organizaciones sociales y productivas del país. Señaló que este espacio no busca sustituir el papel de las organizaciones participantes, sino convertirse en un instrumento ciudadano para el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados al bienestar nacional.

Como parte de la agenda, las personas participantes conocieron los principales hallazgos de la radiografía electoral y su relación con los desafíos actuales de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia. Este análisis dio paso a una plenaria de intercambio de perspectivas institucionales, en la que se exploraron oportunidades para construir una agenda de articulación conjunta en favor de Costa Rica.

La metodología del taller incluyó un ejercicio de cartografía para el trabajo grupal, mediante el cual se identificaron posibles líneas de cooperación entre la UTN y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Los resultados fueron compartidos en una plenaria final, generando insumos para el desarrollo de futuras acciones colaborativas en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Con esta iniciativa, la Universidad Técnica Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, la educación y el desarrollo democrático de Costa Rica, consolidando su papel como una institución comprometida con el desarrollo nacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los principales retos del país.

Fuente: https://www.utn.ac.cr/utn-impulsa-dialogo-educacion-publica-democracia

El decoro constitucional – II

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo, se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

“…1.- Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.
  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.
  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.
  1. Erosión del sistema democrático
  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.
  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.
  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.
  1. Inestabilidad y parálisis del Estado
  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.
  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.
  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total…”

Zagrebelsky advierte literalmente que

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la Segunda Parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Parte II. Costa Rica

Confieso que he traído a estas páginas el tema del decoro constitucional, motivado en gran medida por las ilegalidades frontales y el tono agresivo e irrespetuoso adoptado por el expresidente Chaves durante su administración; y copiado, con algunas variantes, por la presidenta Fernández. Pero está de más advertir que conductas indecorosas ya venían menudeando en administraciones anteriores.

Como quedó explicado en la primera parte, el decoro constitucional se manifiesta tanto en actitudes y prácticas, como a través del lenguaje oral, escrito y corporal empleado por el alto funcionario.

En cuanto a lo primero, está por demás decir que el funcionario público, máxime si es de rango supremo, debe guiar su conducta con probidad, buena fe y autocontrol, procurando siempre el bien común de la manera más eficaz y al menor costo para la comunidad.

En lo que atañe al lenguaje, por respeto a su propia investidura, el funcionario debe evitar en toda situación el tono agresivo y las palabras procaces o hirientes. Los idiomas modernos cuentan con un vocabulario riquísimo, que permite expresar las emociones más extremas sin necesidad de recurrir al escarnio, la mofa o el desprecio de los interlocutores.

En la historia de nuestro País hay numerosos ejemplos de altos funcionarios que asumieron actitudes moralmente incorrectas o perpetraron actos inmorales, incluso delictivos. Lo que nunca habíamos tenido es presidentes que hicieron del insulto y la vulgaridad de palabra el pan nuestro de cada día.

Enumero y comento algunos casos:

Número 1.- Durante los años 2006 y 2007 la cúpula política del gobierno del Presidente Oscar Arias elaboró y propaló un documento que el pueblo llamó “Memorandum del Miedo”: una caravana de embustes para que la gente sencilla votara por el TLC; y encima de eso el propio Presidente, al igual que sus ministros y hasta personal de la Embajada Estadunidense, abusando de sus investiduras, visitaron fábricas y establecimientos prometiendo y amenazando para conseguir la aprobación referendaria del funesto convenio; y agregando un eslabón más a la cadena de dominación del País por parte del Imperio Usano: un acto de subordinación a los intereses imperiales y los del gran capital centroamericano por parte de quien juró defender los valores patrios consagrados en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Todo lo anterior, junto con la manipulación de la Sala Constitucional y la luz verde para el tratado y sus leyes complementarias, configura sendas faltas al debido decoro constitucional imputables al presidente Arias.

Número 2.- En los años 2008 y 2010, la Corte Suprema, con argumentos deleznables, aprobó aumentos salariales para sus Magistrados y otros altos cargos del Poder Judicial, de modo que el sueldo bruto de dichos Magistrados llegó a oscilar entre 7 y 11 millones de colones mensuales, en un momento en que el propio presidente de la República (primus inter pares) ganaba algo menos de 5 millones, y el salario nominal mínimo en el País era de 179.504.00 colones por mes. Mas es preciso advertir que esa conducta de los magistrados no fue unánime: hubo honrosas excepciones.

Número 3.- El gobierno de don Rodrigo Chaves Robles es, hasta ahora, el gobierno más desastroso de la historia de Costa Rica, y a la vez el más exitoso en términos de apoyo popular. Y lo irónico es que lo segundo es, en buena medida, una consecuencia exquisitamente lógica de lo primero.

Durante los cuatro años de su gobierno, y ahora como ministro de Hacienda, privilegió los resultados macroeconómicos (deuda externa, inflación, empréstitos), y claro, para lograrlo desfinanció sistemáticamente el sector social: educación, salud, seguridad, ambiente, pobreza. Eso sí: el paladín de los humildes ha tratado muy discretamente de no afectar los intereses de los ricos ‘ni con el pétalo de una flor’. No ha hecho caso de la recomendación de entidades financieras internacionales que desde hace años le han recomendado los impuestos directos; pero ahora que ve avecinarse la crisis fiscal, está pensando en nuevas cargas …para los pobres.

Para sorpresa de los entendidos, durante todo el período dictó numerosos decretos y acuerdos deliberadamente violatorios de la ley, provocando sendas anulaciones y condenas de parte de los tribunales competentes; lo cual le ha servido de pretexto para gritar a los cuatro vientos que no le han dejado gobernar. Pero lo más tristemente llamativo de su conducta ha sido el lenguaje usado en sus discursos y en sus ruedas semanales de prensa para expresar sus fobias y rabietas.

En efecto, especialmente desde Casa Presidencial, el entonces primer mandatario emprendió una campaña sistemática de insultos, arrebatos y gesticulaciones grotescas contra los presidentes de los otros Poderes, contra diputados y periodistas, contra los jueces y fiscales, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las Universidades Públicas y cualquier otro organismo o persona que lo critique o contradiga: pero, en realidad, todos sus improperios han estado visiblemente proferidos con el mal disimulado propósito de enardecer el ánimo de sus seguidores en las redes.

A los periodistas que lo critican los ha llamado reiteradamente ‘ratas’, ‘malditos’, ‘malnacidos’, ‘brutos’, ‘estúpidos’, ‘desgraciados’, etc. Un redactor de El Financiero comentó:

Éstas no son frases extraídas de una pelea de cantina, ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el Presidente de la República de Costa Rica.”

El 6 de mayo último, comentando el Informe de salida de Chaves, el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, deploró la actitud agresiva y el lenguaje soez de aquél, enumeró los calificativos que aplicaba frecuentemente a los diputados de oposición: “Inútiles y vagos, mafiosos y banda de corruptos, chantajistas y antipatriotas, desgraciados y malnacidos”, y reprochó severamente al ahora superministro su actitud ofensiva, su lenguaje deletéreo y, a fin de cuentas, su falta de voluntad para unir esfuerzos en la solución conjunta de los problemas.

Porque Chaves se ha referido en los peores términos a los presidentes de los otros Poderes, incluido el TSE, llamándolos despectivamente corruptos, falsos y obsoletos. Y tanto él como la presidenta actual han atacado encarnizadamente al titular del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, haciendo público escarnio de uno de sus nombres de pila, e instándolo machaconamente a que se retire de su alto cargo. Da vergüenza ajena el ensañamiento cobarde de Chaves y Fernández en este caso. Porque, en realidad, ellos no quieren mejorar el Poder Judicial: quieren destruir su independencia.

Ahora bien, objeto de sus más virulentos ataques ha sido el fiscal general, don Carlo Díaz, que ha recibido y continúa recibiendo insultos y descalificaciones. Chaves le ha llamado títere, matón de barrio y ‘princeso’, peón de los magistrados y ungido del diablo; la Judicatura y la Fiscalía son ‘entidades putrefactas’, ‘agentes de asco’. Y la presidenta Fernández, que se afana en secundarlo, ha dicho recientemente que el Poder Judicial está infiltrado ‘hasta el tuétano’ por el crimen organizado.

El lenguaje lumpen, abrumador, la absoluta falta de decoro de ambos mandatarios, no tienen precedentes en nuestra Historia, pero siguen con curiosa fidelidad el manual adoptado por Trump y por Milei. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión: hay que leer con paciencia los miles de devotos mensajes de sus seguidores en las redes para entender que las acusaciones extremas, la agresividad y la procacidad de nuestro expresidente y su discípula no son expresión de una indignación moral, sino de un frío cálculo político: son la clave de su conexión carismática con una masa resentida e irracional que se alimenta cotidianamente con sus improperios; y que les ha procurado un aplastante triunfo en las urnas y la actual mayoría parlamentaria, a costa de conducir al País hacia un destino de odio y violencia.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, como Trump y media docena de presidentes latinoamericanos, son peones del neoliberalismo transnacional que está desbaratando por todas partes el Estado Social de Derecho, la doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es preciso desenmascararlos y resistir. Es preciso restaurar el decoro y el respeto por la Constitución y la Ley. Otro mundo es posible.

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.

Una reflexión sindical sobre la Circular DM CIR 0047 2026 del MEP

Instituto Sindical de Formación Política

La Circular DM CIR 0047 2026 del Ministerio de Educación Pública recuerda la obligación de mantener la neutralidad político electoral en los centros educativos públicos. Este principio, inscrito en la legislación costarricense, busca impedir que las aulas se conviertan en tribunas partidarias. En apariencia, su objetivo es legítimo: proteger al estudiantado, garantizar la imparcialidad del Estado y preservar la confianza de la ciudadanía en la educación pública.

Pero toda norma debe interpretarse a la luz de la Constitución y de los principios que sostienen la democracia. La neutralidad no puede confundirse con silencio, ni la imparcialidad con censura. Una escuela que calla frente a los problemas nacionales no forma ciudadanos críticos, sino súbditos obedientes.

La educación pública no es solo transmisión de conocimientos; es también formación de conciencia. Enseñar democracia implica mostrar cómo funcionan las instituciones, cómo se relacionan los poderes del Estado, cómo se viven las tensiones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Explicar derechos humanos exige hablar de libertad sindical, de igualdad, de justicia social, de migración, de acceso a la salud y a la educación. Evitar estos temas por temor a sanciones no es neutralidad: es empobrecimiento.

La propia Circular reconoce que es válido enseñar democracia, derechos humanos, procesos electorales, instituciones públicas, movimientos sociales e ideologías, siempre que se haga con objetividad y pluralidad. Esa afirmación es valiosa, pero abre interrogantes: ¿quién decide cuándo un análisis crítico deja de ser objetivo? ¿qué diferencia una explicación sustentada en hechos de un supuesto adoctrinamiento? ¿cómo evitar que el miedo a una denuncia convierta la libertad de cátedra en autocensura?

La experiencia internacional demuestra que cuando las normas se interpretan de manera excesiva, aparece el silencio. Y el silencio, en educación, no protege la democracia: la debilita. La neutralidad del Estado no significa neutralidad frente a los valores constitucionales. La escuela pública tiene el deber de enseñar democracia, Estado de Derecho, división de poderes, justicia social, solidaridad y dignidad humana. Estos principios no pertenecen a ningún partido político; son el fundamento del pacto democrático costarricense.

El sindicalismo magisterial defiende dos principios inseparables: la prohibición del proselitismo partidario en las aulas y la libertad de cátedra ejercida con responsabilidad y pluralidad. No hay contradicción entre ambos. Al contrario, uno protege la imparcialidad institucional y el otro garantiza la calidad de la educación democrática. La mejor garantía contra el adoctrinamiento no es el silencio, sino el pensamiento crítico, la confrontación de ideas y la búsqueda de la verdad.

Gestión ciudadana logra que Sala Constitucional abra proceso por omisión legislativa en nombramiento de magistraturas suplentes

La participación organizada de la ciudadanía obtuvo un primer resultado en la defensa del funcionamiento de la justicia constitucional. La Sala Constitucional dio trámite al recurso de amparo presentado por tres ciudadanas y respaldado por 1.845 personas, mediante el cual se cuestiona la omisión de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de las magistraturas suplentes del tribunal constitucional.

La resolución ordena a la Presidencia de la Asamblea Legislativa rendir un informe en un plazo de tres días hábiles sobre los hechos denunciados, luego de que la mayoría del Pleno de la Sala considerara procedente iniciar el trámite del recurso.

La gestión ciudadana surgió ante la preocupación por el riesgo que representa la falta de magistraturas suplentes para el funcionamiento regular de la Sala Constitucional, una situación que podría afectar la resolución oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus y otros procesos vinculados con la protección de derechos fundamentales. Desde la convocatoria para respaldar el recurso, las personas promoventes insistieron en que la acción no pretendía intervenir en las competencias de la Asamblea Legislativa ni impulsar nombres específicos, sino exigir el cumplimiento del deber constitucional de realizar los nombramientos necesarios para garantizar la continuidad del Tribunal.

Días antes, la Defensoría de los Habitantes había advertido públicamente sobre las consecuencias de mantener esa situación. En un informe remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa señaló que la ausencia de magistraturas suplentes ya estaba afectando el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, recordando que durante 2025 estas participaron en la resolución de aproximadamente 43.144 expedientes y que existían al menos 87 asuntos pendientes por dificultades para integrar el Tribunal. Asimismo, alertó que esa situación comprometía el derecho de acceso a una justicia pronta y efectiva y podía vulnerar obligaciones internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos.

En la resolución de admisión, la Sala Constitucional resume los argumentos planteados por las recurrentes. Entre ellos destaca que las magistraturas suplentes constituyen una garantía indispensable para asegurar la continuidad del servicio público de justicia constitucional cuando magistraturas propietarias se encuentran incapacitadas, recusadas, de vacaciones, con licencia o enfrentan otros impedimentos temporales. También señala que la omisión legislativa denunciada podría poner en riesgo el acceso efectivo de la ciudadanía a la tutela judicial de sus derechos fundamentales.

El recurso sostiene que la Asamblea Legislativa no puede convertir una competencia constitucional de nombramiento en un bloqueo indefinido mediante sucesivas postergaciones, votaciones fallidas o devoluciones de nóminas, pues ello afecta no solo al Poder Judicial sino a toda persona que pueda requerir protección constitucional frente a una eventual vulneración de sus derechos.

La admisión del recurso no resuelve aún el fondo del asunto, pero representa un paso relevante dentro del proceso impulsado desde la ciudadanía para procurar que se garantice el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional y, con ello, la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población.

Cuando los partidos dejan de tocar el alma del pueblo

José Rafael Quesada

Los partidos políticos no mueren el día que pierden una elección. Mueren antes, cuando dejan de comprender a la sociedad que dicen representar… cuando su lenguaje ya no emociona, sus símbolos ya no convocan y sus dirigentes hablan entre ellos, pero no con el país. Esa es, quizá, la señal más profunda de la crisis política contemporánea.

En Costa Rica estamos viendo una transformación de fondo. No se trata solamente de encuestas, campañas o candidaturas. Hay una ciudadanía que sigue creyendo en la democracia, pero que ya no entrega fidelidad automática a las viejas estructuras partidarias. La gente pregunta, con razón: ¿para qué sirve hoy este partido?, ¿qué problema real me ayuda a resolver?, ¿qué futuro me propone?

El país real habla de inseguridad, empleo, costo de vida, abandono, corrupción, educación y miedo. Si los partidos responden con frases viejas, procedimientos internos o nostalgias históricas, se produce una ruptura. La política se vacía cuando deja de escuchar el dolor concreto de las personas.

Desde una mirada humanista, esta crisis no es solo electoral: es una crisis de sentido. Un partido conserva vida cuando abre futuro, cuando transforma el malestar en proyecto colectivo y cuando actúa con coherencia y solidaridad. Pero empieza a morir cuando se burocratiza, cuando se vuelve club de dirigentes, cuando sustituye el pensamiento por maquinaria y cuando ya no expresa una dirección humana.

Por eso aparecen liderazgos personalistas. La gente no deja de buscar orientación; simplemente la busca en otra parte. Cuando una estructura partidaria deja de emocionar, una figura puede ocupar el vacío. Esto puede producir renovación, pero también riesgos: liderazgo sin comunidad, poder sin ética, emoción sin proyecto.

La democracia, sin embargo, no está necesariamente muerta. Lo que está en crisis son ciertas formas de representación que dejaron de tocar la vida cotidiana de la gente. Los partidos no tienen derecho natural a existir: deben ganarse su utilidad histórica todos los días.

La pregunta clave, entonces, no es solamente por qué mueren los partidos, sino qué nace cuando ellos mueren. Puede nacer una política más humana, más participativa y más conectada con el pueblo. O puede nacer una política de espectáculo, marketing y concentración personal del poder.

El desafío para Costa Rica es recuperar la política como instrumento de orientación, reconciliación y transformación social. Un partido no muere cuando pierde votos. Muere cuando deja de ser respuesta humana para su época. Y solo renace cuando vuelve a escuchar, vuelve a pensar y vuelve a tocar el alma viva de su pueblo.

El «modelo Bukele» no va en Costa Rica

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
francescomc8@gmail.com

Al participar y vivir de cerca los procesos electorales en El Salvador (2019 y 2024) y Costa Rica (2022 y 2026), pude notar ciertas similitudes en las campañas y en la retórica de gobierno, más no en la forma de gobernar. Por un lado, es necesario contextualizar a El Salvador del 2019, asediado por la corrupción de los partidos ARENA y FMLN, quienes se alternaron el poder por treinta años (1989 a 2019) posterior a trece años de guerra civil (1979-1992) y tres juntas revolucionarias de gobierno. Cuando Bukele hizo campaña, era uno de los países más violentos del mundo, asediado por las pandillas y bajo un régimen de terror. Todo esto sin entrar en la fragante pobreza, desigualdad y exclusión social.

Se trata de un país que salió de una dictadura para entrar a una guerra civil que luego desencadenó en el terrorismo de las maras y ahora con un presidente que, si bien ha logrado avances en seguridad, turismo e infraestructura, lo ha hecho a costa otros derechos fundamentales. El Salvador es un país que ha dado un giro de ciento ochenta grados, se redujeron los homicidios a mínimos históricos, se mantiene el alza en inversión extranjera, hay gran inversión en infraestructura y el país en general es más seguro. Sin embargo, no todo es color rosa, todo esto se dio a costas de debilitar el Estado de Derecho (iniciando cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con el ejército debido a que no avanzaban las propuestas del ejecutivo), detenciones y juicios masivos, sin observar las garantías procesales, alertas respecto a la libertad de prensa y violaciones a derechos humanos, entre otras medidas y acontecimientos que indican que el pulgarcito no es una democracia sana y estable. Sin embargo, esto respondió una población desesperada por encontrar una solución a la flagrante inseguridad, acoso constante de las pandillas, regímenes de extorsión, autoridades paraestatales y para algunos una asfixia insoportable que obligaba a emigrar al norte para otorgar sustento a sus familias. La población salvadoreña otorgó ciertos derechos a cambio de seguridad, en un contexto apremiante. Cabe cuestionarse si al día de hoy se deben continuar cediendo dichos derechos y libertades, porque, al día de hoy, se continúa en Estado de excepción. Parece ser que con la conformación actual de la Asamblea, no existe fuerza política que le pueda hacer frente.

Por otro lado, el chavismo en Costa Rica, que abiertamente se declara “pro-bukele” tiene unas herramientas totalmente distintas y en un contexto diametralmente diverso al de El Salvador. Más bien, Costa Rica ahora es más violenta posterior a la toma en poder de Rodrigo Chaves, siendo que, en el año 2023 los homicidios llegaron a 905 y en 2024 un total de 876 muertes, siendo estos los años más violentos de la historia. Estas estadísticas son alarmantes y no calzan con el discurso del expresidente, así como el de la nueva presidenta. Las autoridades dicen que se ha rebajado la criminalidad, lo cual sí es cierto, pero para determinados crímenes. La educación ha empeorado, con alumnos con baja comprensión lectora, una ruta de la educación abandonada y cientos de centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a esto, la crisis en la que se encuentra sumida el agro, debido a que el chavismo optó por un modelo de importaciones, debilitando la producción nacional. Resalto todos estos desaciertos no para hacer un mal al presente gobierno, sino para reflexionar.

Muchos piden el “modelo Bukele”, cuando no saben que esto fue la capitalización de una sociedad aterrorizada, desesperada y consumida en la crisis y la violencia, que se vio dispuesta a ceder ciertos derechos a cambio de seguridad. Todos los países son diferentes, no aplica la misma vara ni siquiera para los pequeños países de Centroamérica, y, en lugar de buscar replicar modelos absolutistas extranjeros, se debe hacer énfasis en las particularidades de nuestro país, del cual aún vale la pena luchar y que se encuentra en una posición privilegiada, siendo -de momento- la democracia más longeva en América Latina.

La hora de la República

Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de adhesión al Bloque Patriótico Costarricense

Hay momentos en la historia de los pueblos en que permanecer indiferente equivale a renunciar al deber ciudadano. Este es uno de esos momentos.”

No escribo estas palabras movido por el resentimiento, ni por ambiciones personales, ni por intereses partidarios. Las escribo porque amo profundamente a Costa Rica y porque estoy convencido de que nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos desde la fundación de la Segunda República.

Mi adhesión al Bloque Patriótico Costarricense nace de una convicción ética antes que política. No responde a una identidad ideológica exclusiva, sino al deber de defender la República cuando sus principios fundamentales muestran señales de deterioro. Hay circunstancias excepcionales en las que las diferencias partidarias deben ceder espacio a una causa superior: la preservación de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la convivencia civilizada.

Costa Rica no es una casualidad histórica. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que comprendieron que la libertad debía estar acompañada por la justicia; que el desarrollo económico debía caminar junto a la solidaridad; y que el poder político debía estar limitado por la Constitución, las leyes y el respeto a la dignidad humana.

Nuestra identidad nacional se forjó en la Campaña Nacional de 1856, cuando el pueblo defendió la soberanía; se fortaleció con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, que reconocieron la dignidad de las personas trabajadoras; se consolidó con la Constitución Política de 1949, que fortaleció el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos; y alcanzó un reconocimiento mundial cuando Costa Rica abolió el ejército para invertir en educación, salud y desarrollo humano.

Ese legado no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece al pueblo costarricense.

Por eso duele observar cómo se debilita el respeto por valores que durante décadas dieron prestigio a nuestra nación.

Me preocupa la normalización de la mentira como herramienta de confrontación política; el descrédito permanente de quienes piensan distinto; la sustitución del debate por el insulto; la descalificación de periodistas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

Me preocupa el debilitamiento del respeto entre los Poderes de la República y cualquier conducta que pueda erosionar la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio constitucional que protege nuestras libertades.

Me preocupa la violencia verbal y política contra las mujeres, incompatible con una sociedad que proclama la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Me preocupa el deterioro del lenguaje público, porque las palabras crean cultura, y una democracia no puede sostenerse cuando el odio desplaza al diálogo y la descalificación sustituye al argumento.

También me preocupa cualquier proceso que conduzca al debilitamiento de instituciones que constituyen patrimonio de toda la ciudadanía: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Popular, las universidades públicas, el sistema educativo, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas aquellas entidades creadas para garantizar derechos, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Estas instituciones pueden y deben mejorar. Deben ser transparentes, eficientes y responsables. Pero reformarlas no significa desprestigiarlas ni poner en riesgo la misión histórica para la que fueron creadas.

Como ciudadano comprometido con la ética pública, considero indispensable que toda denuncia sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político, posibles vínculos del crimen organizado con estructuras de poder, actos de corrupción, tráfico de influencias o utilización del Estado para favorecer intereses particulares sea investigada por las autoridades competentes con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso. La democracia exige que nadie esté por encima de la ley y que la justicia actúe sin privilegios ni presiones.

Costa Rica también debe proteger el prestigio internacional que construyó durante décadas. Nuestro país ha sido reconocido por su vocación de paz, por el respeto a los derechos humanos, por su tradición diplomática y por su compromiso con el derecho internacional. Ese capital moral no puede ser sacrificado por la confrontación interna ni por decisiones que debiliten la confianza en nuestras instituciones.

Frente a estos desafíos nace el Bloque Patriótico Costarricense.

No nace para imponer una ideología.

No nace para sustituir a los partidos políticos.

No nace para alimentar el odio ni la división.

Nace porque miles de costarricenses comprendemos que existen momentos históricos en los que la defensa de la democracia debe convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas ideas, creencias y trayectorias.

Hoy el verdadero debate nacional no es entre izquierda o derecha; entre liberales o socialdemócratas; entre creyentes o no creyentes.

El verdadero desafío consiste en decidir si queremos una República sustentada en instituciones fuertes, en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el respeto a la Constitución Política, o si aceptaremos que el poder se concentre progresivamente, que el adversario sea tratado como enemigo y que el deterioro institucional se convierta en una nueva normalidad.

Por ello doy este paso con serenidad, pero también con firmeza.

Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso al servicio del Bloque Patriótico Costarricense, porque creo que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. Es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

Convoco a las personas trabajadoras, al movimiento sindical, al sector cooperativo, a los agricultores, a los empresarios comprometidos con el país, a las mujeres, a las juventudes, a las personas adultas mayores, a las universidades, a las iglesias, a los pueblos indígenas, a los profesionales, a los artistas, a las organizaciones comunales y sociales, y a cada costarricense de buena voluntad a reencontrarnos en aquello que siempre nos ha unido: el amor por la Patria y el compromiso con la República.

No estamos llamados a pensar igual.

Estamos llamados a defender las reglas que permiten convivir en nuestras diferencias.

La democracia no exige uniformidad; exige respeto.

La libertad no significa imponer una sola voz; significa garantizar que todas puedan expresarse.

El patriotismo no consiste en seguir ciegamente a un gobernante; consiste en ser fiel a los principios que sostienen la Nación.

No nos reúne el odio.

Nos reúne la esperanza.

No nos mueve la ambición de poder.

Nos mueve el deber de proteger el país que heredamos y la responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos, donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

La historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defenderlas, cuando la indiferencia reemplaza el compromiso y cuando el miedo desplaza la participación.

No quiero ser parte de ese silencio.

Por eso hoy doy un paso al frente.

Me adhiero al Bloque Patriótico Costarricense porque creo en la República, en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho y en la dignidad del pueblo costarricense.

Lo hago con humildad, pero también con la firme convicción de que el futuro de Costa Rica dependerá de la capacidad de su pueblo para reencontrarse en los valores que hicieron de nuestra Nación un ejemplo de democracia, paz, solidaridad y justicia social.

Que nadie renuncie a la esperanza.

Que nadie abandone la defensa de nuestras instituciones.

Que nadie permanezca indiferente cuando la República nos llama.

Porque la Patria no pertenece a un gobierno.

La Patria pertenece a su pueblo.

Porque la democracia no se hereda; se construye y se defiende cada día.

Hoy es la hora de la República.

Hoy es la hora de Costa Rica.

Políticas de cuidado enfrentan nuevos desafíos en contextos de erosión democrática, advierten especialistas de la UCR

Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.

Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.

Los cuidados como derecho humano y como disputa política

En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.

Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.

Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.

De cuidar para incluir a cuidar para controlar

Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.

Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.

Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.

No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.

En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.

Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.

El cuidado también es desarrollo económico

La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.

Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.

En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:

  • consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;

  • reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;

  • incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.

A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.

Defender las políticas públicas de cuidado

En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.

Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.

Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.

Un debate necesario

La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.

Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.

La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:

Sergio Ramírez Mercado en la RAE

Vladimir de la Cruz

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue incorporado a la RAE, institución que preserva la unidad y evolución del idioma español.

Del mayor significado y trascendencia, no solo literaria, sino también política y geográfica, ha sido la incorporación del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, como miembro propietario, de Número, en la Silla L, de la Real Academia Española, la institución que desde 1713 surgió con la misión de velar por los cambios que experimenta y sufre la lengua española o castellana, que tiene un peso enorme en la definición y detalle de los conceptos lingüísticos, y sus precisiones, que ha tenido desde entonces, considerando los países, regiones y sitios donde el español o el castellano son la lengua oficial y mayoritaria en sus poblaciones.

La lengua española o castellana es propia de España, de Centroamérica, Sudamérica, de América Latina, excepto Brasil. También de algunas islas del Caribe, como son Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. De igual modo se habla en otras regiones como las Guayanas y Belice. El español o el castellano se habla hoy en 21 países y se considera el segundo idioma más hablado del mundo por habitantes nativos.

La Real Academia de la Lengua Española contribuye con su trabajo, sus actividades, sus congresos, sus academias regionales asociadas a resolver consultas que se hacen sobre palabras y reglas gramaticales, sobre dudas en el uso del idioma e interviene de esa manera para hacer recomendaciones sobre el uso cotidiano del idioma.

Las publicaciones que realiza son claves para estos propósitos. Sus diccionarios de la Lengua Española, que empezados a publicarse en 1780, siguen siendo importantes y esperados por el mundo hispanoparlante, y sus publicaciones como son la “Nueva Gramática de la Lengua Española”, la “Ortografía de la Lengua Española”, el mismo “Diccionario de la Real Academia Española”, el “Diccionario panhispánico de dudas”, el “Diccionario fraseológico panhispánico”, el “Diccionario de Americanismos”, que son de consulta obligatoria.

Especial publicación que se encuentra digitalmente, el “Diccionario histórico de la lengua española”, contribuye a ver la evolución de las palabras en su trascurso histórico. Destacan también las publicaciones como la edición especial que hiciera del libro de Cervantes, “don Quijote de la mancha”, en la edición prologada por Mario Vargas Llosa, o de los grandes literatos como Gabriel García Márquez, con sus “Cien años de soledad”, “Rayuela” de Julio Cortázar, y la “Poesía reunida” de César Vallejo, publicaciones que contienen estudios críticos, análisis y glosarios, lo que las enriquecen para el público lector.

También hace publicaciones conmemorativas destacando autores, como han sido José Martí, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral Carlos Fuentes, Ruben Darío… Desde 1914 la Real Academia publica su Revista especializada, bajo el nombre de “Boletín de la Real Academia Española”.

La Real Academia Española hoy tiene la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), fundada en 1951, que reúne 24 academias de los países hispanoparlantes, unificadas con el lema «Una estirpe, una lengua y un destino». Las Academias centroamericanas se fundaron la de El Salvador en 1875, la de Guatemala en 1887, la de Costa Rica en 1923, la de Panamá en 1926, la de Nicaragua en 1928 y la de Honduras en 1949.

Congresos de la Real Academia de España en Centroamérica solo se han celebrado en Costa Rica en 1989 y en Panamá en el 2011.

En Costa Rica especial en la preservación, conservación y divulgación del idioma español o castellano es la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica desde 1974.

Con todo este esfuerzo se trata de mantener la unidad y promover la evolución del idioma español.

Desde la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, han sido miembros titulares 488 personas que fueron electas para ocupar un puesto en su Junta Directiva, con el nombre de Académicos de Número, que se “sientan” en una “silla” que corresponde al alfabeto latino de uso para el castellano, tanto mayúsculas como minúsculas.

Pocos latinoamericanos han ocupado una Silla como miembros propietarios o como Académicos de la RAE. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa dejó vacante a Silla L, que la había ocupado desde 1995 hasta el 13 de abril del 2025, que falleció.

La búsqueda de su sustituto movió a los académicos y literatos preocupados por quien ocuparía su vacante. El pasado 7 de mayo se anunció como único candidato para la Silla L de la RAE al gran escritor centroamericano Sergio Ramírez Mercado, que fue postulado como candidato único, lo que destaca el inmenso reconocimiento que se le hizo en lo personal como en su oficio de escritor.

Sergio Ramírez tiene una larga trayectoria, como escritor, ensayista, escritor y columnista de periódicos, académico, profesor universitario, sin dejar de ser el Abogado que es de formación.

En estos campos vivió en Costa Rica de manera especial y destacada desde la década de 1970, trabajando con las Universidades de Centroamérica. En Costa Rica vivió de continuo por 15 años, intensamente activos, ligado al Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, donde impulsó la fundación de la Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA, que jugó un papel muy importante en la edición de libros sobre Centroamérica.

Progresista políticamente. Antisomocista de corazón y militante de la Democracia contra la dictadura se vinculó a las luchas patrióticas nicaragüenses y centroamericanas que culminaron en 1979 con la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle. En la actividad académica de esos años y en estas luchas nos conocimos y participamos.

El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con los grupos patriotas, revolucionarios que se unieron a ella lo condujo a formar parte de los primeros intentos de crear un grupo gobernante para el momento que cayera la dictadura. Así fue miembro del llamado Grupo de los doce, que reunía intelectuales, empresarios, sacerdotes, que tuvieron un peso significativo en esa lucha, y dirigentes civiles, que en 1979, en julio se constituyó como Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua. Allí ocupó cargos de dirección nacional. Presidió el Consejo Nacional de Educación, y por sus afanes literarios, impulsó la Editorial Nueva Nicaragua.

Con el gobierno constitucional, surgido de las elecciones de 1984 ocupó la Vicepresidencia de la Republica de Nicaragua. En 1990 fundó la publicación “Quincena” que se mantuvo por diez años. También creó la revista electrónica cultural centroamericana “Carátula”. Como Profesor ha trabajado en la Universidad de Maryland. Su trabajo literario incluye vivencias y personajes de Costa Rica, como Yolanda Oreamuno, con su novela “la fugitiva”, Chavela Vargas, la cantante de género mexicano, a la Gloria tinoco y Marina Carmona, Lilia Ramos.

Sus preocupaciones, inquietudes y caminos literarios los empezó a tejer desde su época estudiantil, cuando publicaba cuentos en la Revista Ventana de la ciudad de León, de Nicaragua. Allí empezó su ruta literaria, artículos, relatos, cuentos, ensayos, novelas, columnista en el periodismo, textos de historia y ficción. Internacionalmente empezó a ser reconocido con “Margarita, está linda la mar”, que le dio el Premio Alfaguara. Desde el 2013 preside el encuentro anual centroamericano de literatura “Centroamérica cuenta”. El 11 de noviembre de 2014 recibió el Premio Carlos Fuentes, que lo reconoció como autor de gran calidad literaria, como un “intelectual libre y crítico, de alta vocación cívica”.

En el 2017 se le reconoció con el Premio Cervantes, siendo el primer centroamericano en recibirlo. Es miembro también del Patronato del instituto Cervantes. En el 2021 fue galardonado con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El pasado 7 de mayo la Real Academia Española lo postuló y aceptó como único candidato a ser parte de ella, en la Silla L, siendo de esa manera el primer centroamericano y el primer nicaragüense en ocupar tan importante responsabilidad, y recibir ese alto reconocimiento, bien ganado, bien merecido, que pone en alto a las letras de Nicaragua, a las de Costa Rica por la huella indeleble que nos ha dejado con su presencia, a las letras de Centroamérica, del Caribe y las de Latinoamérica, en todo lo que Sergio Ramírez significa para el desarrollo progresista y democrático latinoamericano.

Así ha sido reconocido como una persona digna de mérito para ser miembro de la RAE. Es un puesto que desempeñará de manera ad honorem. Fue electo por propuesta de los mismos académicos, que son los que pueden proponer candidatos a Silla. Pueden ser españoles o de otros países los miembros.

En el caso de Sergio Ramírez como el de Mario Vargas Llosa, ambos tenían su propia nacionalidad, nicaragüense y peruana, pero también tenían la nacionalidad española. En el caso de Sergio Ramírez se le otorgó la nacionalidad española debido a que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega le quitó inconstitucionalmente la nacionalidad, como ha hecho con poco más de cien personas, todas opositoras o críticas al gobierno dictatorial, despótico, autoritario que se ha desarrollado en Nicaragua.

Con Sergio Ramírez otros intelectuales, escritores y escritoras nicaragüenses, han sido igualmente despojados de su nacionalidad de origen. España dignamente le dio amparo, le cobijó y le brindó la nacionalidad española, cuando estando Sergio Ramírez en el extranjero se vio de pronto “oficialmente” en la condición de que “ya no era nicaragüense”, lo más absurdo y ridículo que podía hacer la dictadura de Daniel Ortega contra este gran escritor que le da más nombre a Nicaragua, a Centroamérica y también a España con este reconocimiento, que ciertamente es a una persona, Sergio Ramírez Mercado, pero lo es también a las letras y la literatura nicaragüense y centroamericana, reconocimiento que se le ha hecho. También Ecuador y Colombia igualmente le brindaron su nacionalidad.

Hasta hoy la obra de Sergio Ramírez se resume en 14 relatos, 14 novelas, 22 ensayos y testimonios, dos filmografías y 21 reconocimientos internacionales de Premios por sus obras, Doctorados Honoris Causa y Ordenes gubernamentales recibidas.

Su candidatura y nombramiento provocó en algunos sectores nicaragüenses, curiosamente del exilio, que están en igual condición que Sergio Ramírez, fuera de Nicaragua, que protestaran y hasta se dirigieran a la RAE pidiendo considerar su nombramiento. Consideraban el paso de Sergio Ramírez por el gobierno sandinista de 1984, que perdió en las elecciones de 1989-1990 que llevó a Violeta Barrios de chamorro a la presidencia de Nicaragua desde 1990 hasta 1997, iniciándose una nueva etapa histórica en Nicaragua, hasta que Daniel Ortega volvió a la Presidencia desde el 2007 hasta hoy, gobernando dictatorialmente, aspecto que Sergio Ramírez no comparte y combate.

La protesta de estos nicaragüenses, aparentemente opositores al régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, más pareciera hacerle el juego a la dictadura actual procurando que no se le dé relieve a una figura como Sergio Ramírez, que sigue siendo un personaje de lo más puro nicaragüense, que refleja las mejores aspiraciones de progreso social y democrático de y para Nicaragua.

Pero, lo más evidente que muestran estas personas o pequeños grupos, que se pronunciaron contra Sergio, es que no tienen la menor idea de lo que es una lucha unitaria, de todo el pueblo, de todos los que están contra el gobierno de Ortega Murillo. Evidencian de esa manera que le hacen el juego a la dictadura manteniendo, estimulando y provocando disidencias, fragmentaciones, desconfianzas en todo aquello que hoy es símbolo de la oposición al autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lo más triste es lo que muestran…las dificultades de lograr la unidad nacional en la lucha contra la dictadura y el autoritarismo imperante en Nicaragua.

Sergio Ramírez no está en la lucha política interna ni externa contra la dictadura nicaragüense. En ese sentido no disputa lugar alguno a esos críticos suyos.

Su sola presencia, la de Sergio Ramírez, con toda la fuerza intelectual y literaria que tiene, con su fuerte y radiante personalidad, con la voz que transmite en sus artículos periodísticos, y con todos los reconocimientos que se le hacen, es más poderoso que cualquier gritería que le hagan a él y no a la dictadura.

Sergio ha sido claro: “No hay ningún deterioro de ninguna democracia en Nicaragua, lo que hay es una tiranía” y dedicó su Premio Cervantes «los nicaragüenses asesinados estos días, 2018, por reclamar justicia».

El reconocimiento que se le ha hecho a Sergio Ramírez pone en alto a toda Nicaragua, a sus luchadores actuales y a los centroamericanos en la lucha por la democracia. A mí, en lo particular me enorgullece su reconocimiento.

Sergio Ramírez es un combatiente nato, desde las palabras. La RAE le ofrece una nueva tribuna de combate. Las palabras y las ideas son tan importantes como los pertrechos.

A la distancia, al amigo distante, solo me resta felicitarlo y desearle el mayor disfrute de este merecido reconocimiento.

Compartido con SURCOS por el autor.