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Etiqueta: democracia

Sergio Ramírez Mercado en la RAE

Escrito en . Publicado en Cultura.

Vladimir de la Cruz

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue incorporado a la RAE, institución que preserva la unidad y evolución del idioma español.

Del mayor significado y trascendencia, no solo literaria, sino también política y geográfica, ha sido la incorporación del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, como miembro propietario, de Número, en la Silla L, de la Real Academia Española, la institución que desde 1713 surgió con la misión de velar por los cambios que experimenta y sufre la lengua española o castellana, que tiene un peso enorme en la definición y detalle de los conceptos lingüísticos, y sus precisiones, que ha tenido desde entonces, considerando los países, regiones y sitios donde el español o el castellano son la lengua oficial y mayoritaria en sus poblaciones.

La lengua española o castellana es propia de España, de Centroamérica, Sudamérica, de América Latina, excepto Brasil. También de algunas islas del Caribe, como son Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. De igual modo se habla en otras regiones como las Guayanas y Belice. El español o el castellano se habla hoy en 21 países y se considera el segundo idioma más hablado del mundo por habitantes nativos.

La Real Academia de la Lengua Española contribuye con su trabajo, sus actividades, sus congresos, sus academias regionales asociadas a resolver consultas que se hacen sobre palabras y reglas gramaticales, sobre dudas en el uso del idioma e interviene de esa manera para hacer recomendaciones sobre el uso cotidiano del idioma.

Las publicaciones que realiza son claves para estos propósitos. Sus diccionarios de la Lengua Española, que empezados a publicarse en 1780, siguen siendo importantes y esperados por el mundo hispanoparlante, y sus publicaciones como son la “Nueva Gramática de la Lengua Española”, la “Ortografía de la Lengua Española”, el mismo “Diccionario de la Real Academia Española”, el “Diccionario panhispánico de dudas”, el “Diccionario fraseológico panhispánico”, el “Diccionario de Americanismos”, que son de consulta obligatoria.

Especial publicación que se encuentra digitalmente, el “Diccionario histórico de la lengua española”, contribuye a ver la evolución de las palabras en su trascurso histórico. Destacan también las publicaciones como la edición especial que hiciera del libro de Cervantes, “don Quijote de la mancha”, en la edición prologada por Mario Vargas Llosa, o de los grandes literatos como Gabriel García Márquez, con sus “Cien años de soledad”, “Rayuela” de Julio Cortázar, y la “Poesía reunida” de César Vallejo, publicaciones que contienen estudios críticos, análisis y glosarios, lo que las enriquecen para el público lector.

También hace publicaciones conmemorativas destacando autores, como han sido José Martí, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral Carlos Fuentes, Ruben Darío… Desde 1914 la Real Academia publica su Revista especializada, bajo el nombre de “Boletín de la Real Academia Española”.

La Real Academia Española hoy tiene la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), fundada en 1951, que reúne 24 academias de los países hispanoparlantes, unificadas con el lema «Una estirpe, una lengua y un destino». Las Academias centroamericanas se fundaron la de El Salvador en 1875, la de Guatemala en 1887, la de Costa Rica en 1923, la de Panamá en 1926, la de Nicaragua en 1928 y la de Honduras en 1949.

Congresos de la Real Academia de España en Centroamérica solo se han celebrado en Costa Rica en 1989 y en Panamá en el 2011.

En Costa Rica especial en la preservación, conservación y divulgación del idioma español o castellano es la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica desde 1974.

Con todo este esfuerzo se trata de mantener la unidad y promover la evolución del idioma español.

Desde la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, han sido miembros titulares 488 personas que fueron electas para ocupar un puesto en su Junta Directiva, con el nombre de Académicos de Número, que se “sientan” en una “silla” que corresponde al alfabeto latino de uso para el castellano, tanto mayúsculas como minúsculas.

Pocos latinoamericanos han ocupado una Silla como miembros propietarios o como Académicos de la RAE. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa dejó vacante a Silla L, que la había ocupado desde 1995 hasta el 13 de abril del 2025, que falleció.

La búsqueda de su sustituto movió a los académicos y literatos preocupados por quien ocuparía su vacante. El pasado 7 de mayo se anunció como único candidato para la Silla L de la RAE al gran escritor centroamericano Sergio Ramírez Mercado, que fue postulado como candidato único, lo que destaca el inmenso reconocimiento que se le hizo en lo personal como en su oficio de escritor.

Sergio Ramírez tiene una larga trayectoria, como escritor, ensayista, escritor y columnista de periódicos, académico, profesor universitario, sin dejar de ser el Abogado que es de formación.

En estos campos vivió en Costa Rica de manera especial y destacada desde la década de 1970, trabajando con las Universidades de Centroamérica. En Costa Rica vivió de continuo por 15 años, intensamente activos, ligado al Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, donde impulsó la fundación de la Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA, que jugó un papel muy importante en la edición de libros sobre Centroamérica.

Progresista políticamente. Antisomocista de corazón y militante de la Democracia contra la dictadura se vinculó a las luchas patrióticas nicaragüenses y centroamericanas que culminaron en 1979 con la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle. En la actividad académica de esos años y en estas luchas nos conocimos y participamos.

El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con los grupos patriotas, revolucionarios que se unieron a ella lo condujo a formar parte de los primeros intentos de crear un grupo gobernante para el momento que cayera la dictadura. Así fue miembro del llamado Grupo de los doce, que reunía intelectuales, empresarios, sacerdotes, que tuvieron un peso significativo en esa lucha, y dirigentes civiles, que en 1979, en julio se constituyó como Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua. Allí ocupó cargos de dirección nacional. Presidió el Consejo Nacional de Educación, y por sus afanes literarios, impulsó la Editorial Nueva Nicaragua.

Con el gobierno constitucional, surgido de las elecciones de 1984 ocupó la Vicepresidencia de la Republica de Nicaragua. En 1990 fundó la publicación “Quincena” que se mantuvo por diez años. También creó la revista electrónica cultural centroamericana “Carátula”. Como Profesor ha trabajado en la Universidad de Maryland. Su trabajo literario incluye vivencias y personajes de Costa Rica, como Yolanda Oreamuno, con su novela “la fugitiva”, Chavela Vargas, la cantante de género mexicano, a la Gloria tinoco y Marina Carmona, Lilia Ramos.

Sus preocupaciones, inquietudes y caminos literarios los empezó a tejer desde su época estudiantil, cuando publicaba cuentos en la Revista Ventana de la ciudad de León, de Nicaragua. Allí empezó su ruta literaria, artículos, relatos, cuentos, ensayos, novelas, columnista en el periodismo, textos de historia y ficción. Internacionalmente empezó a ser reconocido con “Margarita, está linda la mar”, que le dio el Premio Alfaguara. Desde el 2013 preside el encuentro anual centroamericano de literatura “Centroamérica cuenta”. El 11 de noviembre de 2014 recibió el Premio Carlos Fuentes, que lo reconoció como autor de gran calidad literaria, como un “intelectual libre y crítico, de alta vocación cívica”.

En el 2017 se le reconoció con el Premio Cervantes, siendo el primer centroamericano en recibirlo. Es miembro también del Patronato del instituto Cervantes. En el 2021 fue galardonado con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El pasado 7 de mayo la Real Academia Española lo postuló y aceptó como único candidato a ser parte de ella, en la Silla L, siendo de esa manera el primer centroamericano y el primer nicaragüense en ocupar tan importante responsabilidad, y recibir ese alto reconocimiento, bien ganado, bien merecido, que pone en alto a las letras de Nicaragua, a las de Costa Rica por la huella indeleble que nos ha dejado con su presencia, a las letras de Centroamérica, del Caribe y las de Latinoamérica, en todo lo que Sergio Ramírez significa para el desarrollo progresista y democrático latinoamericano.

Así ha sido reconocido como una persona digna de mérito para ser miembro de la RAE. Es un puesto que desempeñará de manera ad honorem. Fue electo por propuesta de los mismos académicos, que son los que pueden proponer candidatos a Silla. Pueden ser españoles o de otros países los miembros.

En el caso de Sergio Ramírez como el de Mario Vargas Llosa, ambos tenían su propia nacionalidad, nicaragüense y peruana, pero también tenían la nacionalidad española. En el caso de Sergio Ramírez se le otorgó la nacionalidad española debido a que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega le quitó inconstitucionalmente la nacionalidad, como ha hecho con poco más de cien personas, todas opositoras o críticas al gobierno dictatorial, despótico, autoritario que se ha desarrollado en Nicaragua.

Con Sergio Ramírez otros intelectuales, escritores y escritoras nicaragüenses, han sido igualmente despojados de su nacionalidad de origen. España dignamente le dio amparo, le cobijó y le brindó la nacionalidad española, cuando estando Sergio Ramírez en el extranjero se vio de pronto “oficialmente” en la condición de que “ya no era nicaragüense”, lo más absurdo y ridículo que podía hacer la dictadura de Daniel Ortega contra este gran escritor que le da más nombre a Nicaragua, a Centroamérica y también a España con este reconocimiento, que ciertamente es a una persona, Sergio Ramírez Mercado, pero lo es también a las letras y la literatura nicaragüense y centroamericana, reconocimiento que se le ha hecho. También Ecuador y Colombia igualmente le brindaron su nacionalidad.

Hasta hoy la obra de Sergio Ramírez se resume en 14 relatos, 14 novelas, 22 ensayos y testimonios, dos filmografías y 21 reconocimientos internacionales de Premios por sus obras, Doctorados Honoris Causa y Ordenes gubernamentales recibidas.

Su candidatura y nombramiento provocó en algunos sectores nicaragüenses, curiosamente del exilio, que están en igual condición que Sergio Ramírez, fuera de Nicaragua, que protestaran y hasta se dirigieran a la RAE pidiendo considerar su nombramiento. Consideraban el paso de Sergio Ramírez por el gobierno sandinista de 1984, que perdió en las elecciones de 1989-1990 que llevó a Violeta Barrios de chamorro a la presidencia de Nicaragua desde 1990 hasta 1997, iniciándose una nueva etapa histórica en Nicaragua, hasta que Daniel Ortega volvió a la Presidencia desde el 2007 hasta hoy, gobernando dictatorialmente, aspecto que Sergio Ramírez no comparte y combate.

La protesta de estos nicaragüenses, aparentemente opositores al régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, más pareciera hacerle el juego a la dictadura actual procurando que no se le dé relieve a una figura como Sergio Ramírez, que sigue siendo un personaje de lo más puro nicaragüense, que refleja las mejores aspiraciones de progreso social y democrático de y para Nicaragua.

Pero, lo más evidente que muestran estas personas o pequeños grupos, que se pronunciaron contra Sergio, es que no tienen la menor idea de lo que es una lucha unitaria, de todo el pueblo, de todos los que están contra el gobierno de Ortega Murillo. Evidencian de esa manera que le hacen el juego a la dictadura manteniendo, estimulando y provocando disidencias, fragmentaciones, desconfianzas en todo aquello que hoy es símbolo de la oposición al autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lo más triste es lo que muestran…las dificultades de lograr la unidad nacional en la lucha contra la dictadura y el autoritarismo imperante en Nicaragua.

Sergio Ramírez no está en la lucha política interna ni externa contra la dictadura nicaragüense. En ese sentido no disputa lugar alguno a esos críticos suyos.

Su sola presencia, la de Sergio Ramírez, con toda la fuerza intelectual y literaria que tiene, con su fuerte y radiante personalidad, con la voz que transmite en sus artículos periodísticos, y con todos los reconocimientos que se le hacen, es más poderoso que cualquier gritería que le hagan a él y no a la dictadura.

Sergio ha sido claro: “No hay ningún deterioro de ninguna democracia en Nicaragua, lo que hay es una tiranía” y dedicó su Premio Cervantes «los nicaragüenses asesinados estos días, 2018, por reclamar justicia».

El reconocimiento que se le ha hecho a Sergio Ramírez pone en alto a toda Nicaragua, a sus luchadores actuales y a los centroamericanos en la lucha por la democracia. A mí, en lo particular me enorgullece su reconocimiento.

Sergio Ramírez es un combatiente nato, desde las palabras. La RAE le ofrece una nueva tribuna de combate. Las palabras y las ideas son tan importantes como los pertrechos.

A la distancia, al amigo distante, solo me resta felicitarlo y desearle el mayor disfrute de este merecido reconocimiento.

Compartido con SURCOS por el autor.

Cuando la fe se convierte en negocio y la política en cruzada: el evangelio del miedo y sus mercaderes

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Reflexiones sobre falacias, poder religioso y la fabricación del enemigo en la política costarricense.

Un pastor, desde el púlpito de una iglesia y en medio de un culto dominical, afirma que un partido político no debería permitirse en Costa Rica porque quiere “sacar a Dios” y empobrecer al país. Minutos después advierte que una ley para prohibir las llamadas terapias de conversión busca arrebatarles a los padres sus hijos. No estamos ante una simple prédica. Estamos ante una operación política revestida de autoridad religiosa.

No es teología. Es tecnología política.

Y conviene decirlo así porque lo que aquí se activa no es únicamente una interpretación doctrinal, sino un dispositivo ideológico cuidadosamente estructurado: miedo, simplificación, enemigos y salvación. Una arquitectura discursiva que combina falacias lógicas, manipulación emocional y legitimación religiosa para intervenir en la esfera pública.

La primera operación argumentativa es una **falacia de falsa causa**. La estructura es sencilla: izquierda equivale a sacar a Dios, y sacar a Dios equivale a pobreza. El problema es evidente: no existe ninguna relación causal demostrada entre una propuesta política secular o progresista y el empobrecimiento de la población. La conexión es puramente ideológica. Pero la falacia aquí no es un error inocente: cumple una función política. Simplificar la realidad para fabricar enemigos.

A ello se suma una segunda operación: la **falacia del hombre de paja**. No se discuten programas económicos, políticas fiscales o propuestas sociales concretas. Se deforma al adversario hasta reducirlo a una caricatura: “quieren sacar a Dios”. Así, en lugar de debatir ideas, se combate un fantasma.

Y sobre esa caricatura se monta una tercera falacia: la **apelación indebida a la autoridad**. Cuando se afirma que determinada posición política “no coincide con la palabra de Dios”, se pretende convertir una interpretación religiosa particular en criterio de validez política. Pero en democracia, la legitimidad de una propuesta no depende de su adecuación a una lectura bíblica, y menos aún a la lectura bíblica de un pastor específico. De lo contrario, la política deja de ser deliberación pública y se convierte en teocracia.

Aquí la ironía es poderosa. Porque si se quiere invocar el Evangelio para condenar políticas redistributivas o preocupaciones por la desigualdad, convendría leerlo completo. Jesús jamás glorificó la riqueza ni presentó la prosperidad como signo de virtud.

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).

Y Lucas lo dice sin metáforas:

“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20).

Más aún:

“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).

Y todavía con mayor contundencia:

“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).

Todo esto desmonta otra falacia implícita: la **falsa dicotomía** según la cual solo existen dos opciones: Dios y prosperidad, o izquierda y pobreza. El Evangelio es mucho más incómodo que eso.

La comunidad cristiana primitiva, según el libro de Hechos, organizó su vida precisamente sobre principios de solidaridad radical:

“…ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía… y no había entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:32-34).

Si el criterio para condenar una política fuera la redistribución y la solidaridad, el libro de Hechos tendría serios problemas para pasar el filtro de estos nuevos guardianes de la ortodoxia.

Pero el problema no se detiene en la economía. Se extiende al terreno de los derechos humanos.

La segunda gran tesis del discurso sostiene que prohibir las llamadas terapias de conversión equivale a quitarles a los padres la patria potestad. Aquí la falacia central es la **pendiente resbaladiza**: se afirma que si el Estado prohíbe una práctica potencialmente dañina, entonces inevitablemente se apropiará de los hijos.

Pero una cosa no conduce necesariamente a la otra.

El Estado regula múltiples ámbitos de la vida familiar cuando está en juego la integridad de niños y adolescentes. Eso no elimina la patria potestad; la limita cuando puede producir daño.

Y aquí aparece otra falacia decisiva: la **apelación al miedo**.

“Quieren quedarse con tus hijos.”

Pocas frases movilizan tanta ansiedad como esa. Porque la niñez, en la política contemporánea, ha dejado de ser únicamente sujeto de protección para convertirse en símbolo de movilización moral. El niño se convierte en el dispositivo emocional perfecto: quien se presenta como su protector adquiere automáticamente superioridad moral.

Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo realmente?

¿El bienestar de los niños? ¿O el derecho de algunos adultos a imponer culpa, vergüenza y represión sobre identidades que no comprenden?

Las llamadas terapias de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son errores que deben corregirse. No lo son. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace décadas. Persistir en esa lógica no es defensa de la familia. Es insistencia en una forma de violencia simbólica.

Y para sostener todo esto hace falta algo más: la fabricación del enemigo.

Primero la izquierda.

Luego las personas LGBTIQ+.

Luego las leyes de protección.

Luego cualquiera que cuestione el orden moral establecido.

Aquí opera otra falacia: la **asociación culpable**. Si apoyás derechos sexuales, querés destruir la familia. Si defendés políticas redistributivas, querés empobrecer al país. Si cuestionás la autoridad religiosa, querés destruir a Dios.

La lógica es delirante.

Pero políticamente eficaz.

Porque el enemigo no solo organiza el miedo. También organiza la identidad.

Y ahí entramos en el punto más delicado.

El discurso nace en el púlpito, pero no termina ahí. Se expande luego por canales, plataformas y redes, convirtiendo la prédica en circulación ideológica y el miedo en fidelización política. El púlpito produce legitimidad. El medio amplifica el mensaje. La suscripción monetiza la ansiedad.

El enemigo no solo moviliza: monetiza.

Y aquí conviene recordar uno de los episodios más simbólicos del Evangelio:

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo…” (Mateo 21:12).

Cristo expulsó a los mercaderes.

Hoy muchos de ellos aprendieron a hablar en su nombre.

Venden miedo.

Venden enemigos.

Venden cruzadas morales.

Y lo venden en nombre de Dios.

Pero Jesús fue severo con un tipo particular de personas: quienes usaban la religión para dominar.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).

No con pobres.

No con marginados.

No con distintos.

Con hipócritas religiosos.

Tal vez el problema no sea que existan partidos de izquierda, leyes de protección o debates sobre derechos humanos. Tal vez el problema sea otro: que demasiados púlpitos se han convertido en trincheras, que demasiados pastores se han vuelto operadores políticos y que demasiados mercaderes descubrieron que cuando el miedo se vende en nombre de Dios, siempre habrá compradores.

Y eso no es una crisis de fe; es la crisis de quienes han convertido la fe en mercancía, la política en cruzada y al prójimo en enemigo.

Porque las democracias no siempre mueren bajo las botas; a veces se entregan de rodillas a quienes les prometen orden, riqueza y salvación.

El Enemigo a la Medida: Por qué el oficialismo prefiere atacar a la minoría

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

Por más que la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda fuerza del Congreso reciba sus dosis de ataques —especialmente su jefe de bancada, Álvaro Ramírez—, hay un fenómeno político que desafía la lógica matemática, pero obedece a una estricta estrategia de manipulación de masas: la fijación visceral del aparato oficialista y su red de troles contra Claudia Dobles, una fracción unipersonal, y contra el Frente Amplio (FA).

Con una mayoría simple de 31 diputados, la presidenta Laura Fernández tiene los votos para gobernar. El expresidente Rodrigo Chaves, en su momento, justificaba su estilo pendenciero alegando que la oposición le “bloqueaba” el país. Hoy, esa excusa ya no existe. Sin embargo, la estrategia de polarización se ha intensificado. ¿Por qué el gobierno de Fernández invierte tanto capital político y digital en destruir a quienes numéricamente no pueden detener su agenda?

El PAC y el FA como catalizadores de ira

La respuesta radica en la psicología de masas y la naturaleza del populismo neoconservador. Liberación Nacional es un adversario tradicional, un gigante pesado que comparte ciertos dogmas económicos con el oficialismo. Atacar al PLN genera un debate institucional. Atacar a Claudia Dobles y al Frente Amplio, en cambio, genera emociones viscerales.

Dobles representa para el oficialismo el fantasma del Partido Acción Ciudadana (PAC) —ahora bajo la Coalición Agenda Ciudadana— y de la “élite progresista”. El aparato oficialista explota esta imagen a su favor, a pesar de la enorme paradoja histórica: el mayor costo político del segundo gobierno PAC, bajo Carlos Alvarado, fue precisamente haber pactado con el sector económico más neoliberal del PUSC de cara a la segunda ronda del 2018. Aquella alianza pragmática provocó que el PAC terminara en un fuego cruzado, siendo señalado y repudiado simultáneamente por los liberales económicos, los sectores ultraconservadores y por el mismo progresismo de izquierda. Aún así, para la narrativa oficialista de hoy, resulta útil omitir esa realidad y revivir la figura del PAC como el enemigo total.

El FA, por su parte, encarna el antagonismo ideológico absoluto. La maquinaria oficialista, aceitada desde el caso de Piero Calandrelli y las redes de mercenarios digitales, sabe que su base no se enardece discutiendo sobre macroeconomía con Álvaro Ramírez; se enardece agitando el miedo al comunismo. Dobles y el FA son el muñeco de paja perfecto para mantener a la gradería encendida.

La campaña permanente como cortina de humo

Un gobierno con mayoría que prefiere pelear en lugar de proponer es un gobierno que intenta ocultar su incapacidad de gestión.

La administración Fernández, en un claro “enroque” del proyecto de Chaves, entiende que gobernar y resolver problemas estructurales conlleva un inmenso costo político. Al enfrascarse en disputas estériles y ataques personalizados a través de creadores de contenido a sueldo, el gobierno logra tres objetivos:

  1. Evadir la rendición de cuentas: Mientras el país discute el último tuit incendiario de un trol oficialista contra Claudia Dobles o los gritos en el Plenario hacia José María Villalta, nadie fiscaliza la ejecución presupuestaria o la falta de obra pública.

  2. Mantener la cohesión de su base: El populismo no sobrevive en la paz; requiere de un enemigo constante. Si el enemigo es numéricamente pequeño, pero altamente visible y articulado, la base siente que libra una batalla épica, aunque en la práctica el oficialismo tenga la aplanadora legislativa.

  3. Desgastar al adversario: Provocar a la oposición busca que esta reaccione desde la ira, proyectando una imagen de desorden y fragmentación que termina por validar la narrativa de que “los políticos de siempre solo saben quejarse”.

¿A quién favorece la polarización de Costa Rica?

La destrucción del tejido social y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (la prensa, el Congreso, el Poder Judicial) no son daños colaterales; son el objetivo de esta estrategia. ¿Pero quién se beneficia en la sombra de un país dividido y un Estado distraído peleando en redes sociales?

El crimen organizado: Mientras el gobierno y el Congreso se paralizan en un teatro de confrontación ideológica, el narcotráfico avanza sin contrapesos reales. Un Estado que dedica sus recursos de inteligencia y comunicación a destruir a una diputada opositora es un Estado que deja las fronteras y los puertos a merced de los cárteles. La polarización es la mejor aliada de la narcocriminalidad.

El imperialismo MAGA y la Doctrina “Donroe”: En el plano geopolítico, esta estrategia no es un invento tico; es la importación directa del manual de la derecha neoconservadora (“alt-right”) global. La sintonía con la administración de Donald Trump y su renovada Doctrina Monroe 2.0 —la “Donroe”, como él mismo bromea— es innegable. Esta línea busca gobiernos satélites en América Latina que, bajo la fachada del nacionalismo, promuevan el libre mercado corporativo, anulen las agendas de derechos humanos y ambientales, y actúen como un bloque duro contra la influencia china. Deslegitimar voces como las de Dobles y el FA es un paso necesario para instaurar este conservadurismo autoritario sin resistencia.

El oficialismo no ataca a la minoría por debilidad, sino por cálculo. Entender esto es el primer paso para dejar de reaccionar a sus provocaciones y comenzar a desarmar su trampa.

Autoritarismo o democracia: panel analizará el papel de las instituciones autónomas y las garantías sociales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El programa Alternativas realizará el próximo 19 de junio de 2026 un panel dedicado a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas, las garantías sociales y las instituciones autónomas en el contexto de los cambios políticos y económicos contemporáneos.

La discusión partirá de una pregunta central planteada por la convocatoria: ¿cómo enfrentar el plan de los grupos de poder encabezados por Estados Unidos para eliminar los Estados nacionales? Según el texto de presentación del programa, una de las principales fortalezas para enfrentar esos procesos ha sido la existencia de las instituciones autónomas y las garantías sociales, las cuales continúan actuando como contrapesos frente a una arremetida autoritaria de intereses imperiales y transnacionales.

Bajo el eje temático “Autoritarismo o democracia”, el panel reunirá a cuatro personas invitadas con experiencia en ámbitos académicos, políticos, sociales y periodísticos.

Participarán:

  • Manuel Delgado Cascante, filósofo y periodista.

  • Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, asesor legislativo, exregidor municipal y excandidato a diputado por Heredia.

  • Patricia Mora Castellanos, socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica, exdiputada (2014-2018), exministra del INAMU (2018-2020) y presidenta del Frente Amplio.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La actividad forma parte de la programación del espacio Alternativas, iniciativa del Colectivo Reflexión-Acción, y será transmitida en vivo el 19 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

La transmisión también contará con la difusión de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

El panel propone un análisis sobre la vigencia de las instituciones públicas, la democracia, los derechos sociales y los desafíos políticos que enfrenta Costa Rica en el contexto regional e internacional.

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ACOHUSE invita a panel sobre humanismo secular, democracia y derechos humanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) invita al panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”, un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en materia democrática, convivencia social, educación crítica y respeto a los derechos humanos.

La actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar temas relacionados con la democracia, la polarización política, el autoritarismo, el uso político de la religión y la construcción de una ciudadanía crítica en el contexto costarricense y latinoamericano.

El panel contará con las siguientes exposiciones:

  • M.Sc. Edwin Retana, abogado penalista
    Tema: Dignidad humana y pluralismo en contextos de conflictividad social.

  • Dr. David Castillo, teólogo
    Tema: El uso político de la Biblia en el proyecto político Chaves-Fernández.

  • M.Sc. Claudio Alpízar, politólogo
    Tema: Democracia, polarización y fatiga institucional en América Latina.

  • M.Sc. Rodrigo Campos, sociólogo
    Tema: Educación crítica y democracia en Costa Rica.

  • Dr. Ricardo Sossa, sociólogo
    Tema: Autoritarismo cultural y deslegitimación del disenso.

La organización señala que el foro busca propiciar una discusión abierta sobre los procesos de erosión democrática observados en distintas sociedades, así como analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia democrática en la actualidad.

La actividad se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón de Legisladores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar espacio mediante el número 6036-7353.

Detalles de la actividad

Actividad: Foro-panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”
Organiza: Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE)
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Legisladores, Asamblea Legislativa de Costa Rica

Derechos humanos, democracia y la tentación de los dobles estándares

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre Nicaragua han provocado una intensa controversia política y diplomática. Al afirmar que los nicaragüenses tienen el gobierno que han elegido tener, la mandataria despertó una ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, académicos y de defensa de los derechos humanos. Muchas de estas críticas se han concentrado, con razón, en recordar las numerosas denuncias internacionales contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas y concentración del poder político.

Sin embargo, más allá de la coyuntura y de la discusión puntual sobre Nicaragua, este episodio invita a formular una pregunta más amplia y, quizás, más incómoda: ¿es posible defender los derechos humanos y la democracia desde criterios selectivos?

La fortaleza moral de los derechos humanos radica precisamente en su pretensión de universalidad. No fueron concebidos para proteger únicamente a quienes comparten nuestra ideología, nuestras simpatías políticas o nuestras alianzas geopolíticas. Su legitimidad depende de que los mismos principios sean aplicados a todos, independientemente de quién sea el responsable de su vulneración.

Nancy Fraser ha señalado que toda pretensión de justicia pierde legitimidad cuando los criterios de reconocimiento se aplican de manera desigual. Algo similar ocurre con los derechos humanos. Cuando la indignación se distribuye selectivamente, cuando algunas víctimas son visibilizadas mientras otras permanecen relegadas al silencio, la credibilidad del discurso democrático comienza a deteriorarse.

Nada de lo anterior implica desconocer la situación política de Nicaragua. Existen abundantes informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y mecanismos especializados que documentan graves restricciones a las libertades políticas y civiles en ese país. Ignorar esos hechos sería tan irresponsable como negarse a ver la realidad.

Sin embargo, tampoco resulta intelectualmente satisfactorio reducir una sociedad compleja a una única categoría explicativa.

Mi reciente visita a Nicaragua me dejó una impresión difícil de reconciliar con muchas de las imágenes simplificadas que suelen dominar el debate público. Lo que observé fue una sociedad donde las personas trabajan, comercian, viajan, estudian, consumen, celebran y desarrollan su vida cotidiana con una aparente normalidad. Observé nuevas obras de infraestructura, actividad económica y una población preocupada, como en cualquier otro país, por resolver los desafíos ordinarios de la vida diaria.

Reconocer esta realidad no equivale a legitimar un régimen político ni a negar las denuncias existentes. Significa, simplemente, aceptar que las sociedades son más complejas que los relatos ideológicos construidos sobre ellas.

Edgar Morin advertía que una de las principales debilidades del pensamiento contemporáneo consiste en reducir fenómenos complejos a explicaciones unidimensionales. En el caso de Nicaragua, la discusión pública parece atrapada entre dos simplificaciones igualmente problemáticas: quienes presentan al país como una distopía absoluta y quienes pretenden ignorar cualquier cuestionamiento democrático en nombre de ciertos logros materiales o sociales.

La realidad probablemente se encuentra en un terreno mucho más complejo y contradictorio.

Pero existe otro aspecto que merece atención. Lo que resulta difícil de aceptar no es la crítica a Nicaragua. Lo verdaderamente difícil de aceptar es la selectividad con la que, en ocasiones, se aplican los principios democráticos y los derechos humanos.

Quienes condenan con razón las violaciones a las libertades políticas en determinados países suelen mostrar una preocupación mucho más tenue cuando se trata de intervenciones militares, ejecuciones extrajudiciales, sanciones económicas con graves consecuencias humanitarias o violaciones al derecho internacional cometidas por actores geopolíticamente más poderosos.

No se trata de establecer competencias morales entre gobiernos ni de justificar abusos señalando los errores ajenos. Tampoco se trata de sostener que todas las situaciones son equivalentes. Se trata de algo mucho más sencillo: exigir coherencia.

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece depender de la ideología del gobierno cuestionado. La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la preocupación por las libertades públicas varía según las conveniencias políticas del momento.

Boaventura de Sousa Santos ha señalado que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en construir una visión verdaderamente universal de la dignidad humana, capaz de superar las jerarquías políticas y culturales que históricamente han determinado quién merece solidaridad y quién no. Esa reflexión sigue siendo profundamente vigente.

La discusión que hoy genera Nicaragua debería servirnos para algo más que para reafirmar nuestras posiciones previas. Debería invitarnos a reflexionar sobre la consistencia de nuestros propios principios.

Porque si la democracia merece ser defendida, debe ser defendida siempre.

Y si los derechos humanos son verdaderamente universales, entonces nuestra indignación también debería serlo.

La hostilidad contra el voto electoral

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

El atraso catracho

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Salí de Honduras solamente por dos semanas. Después de dejar el aeropuerto a mi regreso, sentí como si hubiese viajado hacia atrás algunas décadas por «un túnel del tiempo».

Trato de explicarme las razones y factores que incidieron para que este país se estancara en su desarrollo.

Sería fácil creer que los períodos de dictadura militar fuese el factor esencial de este hecho. Sin embargo, hay otros que contribuyeron y contribuyen en ello.

Uno de ellos es el desconocimiento general de la existencia de otras sociedades latinas que han superado a este país, donde su economía y sociedades son mucho mejor educadas y dominan la tecnología de punta con mucha habilidad. Posiblemente a algunas de las empresas, de dominio mayormente jordano, no les conviene tener competencia en una sociedad abierta a la inversión internacional.

Cualquier persona que llega del exterior puede notar los atrasos de Honduras, tanto en la industria, como en la infraestructura para el transporte, la comunicación y movilización.

Hasta la vivienda de su ciudadanía expresa la segregación existente entre distintos sectores, con una pesada mayoría de pobres y una reducida minoría de ricos. Desde que Honduras está dirigida directamente por una élite de corte poco profesional, sin planes de desarrollo modernos, que hagan concierto con los países integrantes de la ONU, y otros grupos, existe pocas esperanzas de un desarrollo equilibrado.

Nada extraño es que la juventud hondureña se arriesgue en buscar en el exterior mejores condiciones de vida.

El sistema neoliberal que predomina, mixto con estructuras decadentes, mantienen un panorama singular que solamente favorece a una pequeña casta de empresarios cuyo aislamiento les beneficia.

Aquí no es Jordania, tampoco es Jerusalén, pero se vive dentro de condiciones muy parecidas a donde ha habido una guerra.

Esto, sin que se tenga, de nuevo, el dominio del expresidente Juan Orlando Hernández (condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2024), quien parece que muy pronto tomará nuevamente las riendas del país.

Es decir, Honduras volverá a ser un territorio del narcotráfico, ahora con el visto bueno del presidente Trump.

Organizaciones sociales urgen a la Asamblea Legislativa nombrar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación por la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa y advirtieron que esta situación podría afectar la continuidad y eficiencia en la atención de recursos de amparo y otros procesos constitucionales mediante los cuales miles de personas buscan la protección de sus derechos fundamentales.

En un pronunciamiento dado a conocer el 12 de junio de 2026, las organizaciones señalaron que la Sala Constitucional constituye uno de los principales pilares de la democracia costarricense y representa, para muchas personas, el último recurso disponible cuando el Estado no ha garantizado derechos esenciales. Recordaron que mediante su labor se tutelan derechos fundamentales relacionados con la salud, la accesibilidad, la educación, el acceso a la información pública, la igualdad, el ambiente sano, el debido proceso y la dignidad humana.

El documento destaca que las poblaciones más vulnerabilizadas son precisamente las que con mayor frecuencia recurren a la Sala Constitucional para exigir el respeto de sus derechos. Entre ellas mencionan a personas con discapacidad, personas adultas mayores, pacientes que requieren atención médica urgente, estudiantes, personas en condición de pobreza y otros grupos históricamente excluidos, quienes encuentran en este tribunal una herramienta indispensable para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas del Estado.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad de funcionamiento de la Sala Constitucional y retrasar la resolución de asuntos que, en muchos casos, tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida, la integridad, la dignidad e incluso la vida de las personas.

Por esta razón, hicieron un llamado respetuoso, pero también vehemente y urgente, a las diputadas y diputados de la República para que prioricen el interés público y procedan, a la mayor brevedad posible, con el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El pronunciamiento concluye afirmando que la defensa de los derechos fundamentales no puede quedar sujeta a dilaciones y que garantizar el adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional significa garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Asimismo, sostiene que Costa Rica necesita tribunales independientes, fuertes y plenamente operativos para proteger a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras y condiciones de vulnerabilidad.

Le invitamos a consultar y descargar desde SURCOS el documento original:

Haz clic para acceder a PRONUNCIAMIENTO-MAGISTRADURAS-SUPLENTES.pdf

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.