El martes 16 de julio, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI-UCR), invita a la comunidad universitaria y al público general a participar de la exposición virtual “IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica”, de 10 de la mañana a 12 mediodía. Esta presentación, una vez más, recoge las principales tendencias sobre libertad de expresión en espacios como las iniciativas legislativas, los movimientos sociales y el desarrollo de las comunidades, en el contexto de los últimos dos años aproximadamente.
Desde 2022, con las elecciones presidenciales en Costa Rica, ha habido un escenario de cada vez más ataques a la prensa independiente, los espacios de discusión política y el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación tradicionales y corporativos. En estos dos primeros años de la administración Chaves Robles y la Asamblea Legislativa 2022-2026, los ataques a la constitucionalidad y al Estado de Derecho han sido algo de todos los días; como ejemplos la archivación del Acuerdo de Escazú en febrero de 2023, el aumento de perfiles falsos pagados por el Gobierno para hacerse propaganda en redes sociales, el proyecto de ley de jornadas extenuantes de 12 horas, recortes al FEES e intervención gubernamental en la autonomía universitaria, etc. El apoyo y la plataforma que le ha dado el Poder Ejecutivo a grupos antiderechos y anticiencia ha ido cada vez más en aumento, así como el presupuesto a la Fuerza Pública para reprimir manifestaciones de estudiantes, colectivas feministas, partidos políticos de izquierda y comunidades rurales.
Estos procesos no se dan en un vacío; agrupaciones políticas como el PAC, el PLN y el PUSC (por mencionar algunas) que ya han estado en el poder y han tenido presencia en la Asamblea Legislativa han creado la tormenta perfecta para que una presidencia de reality-show como la de Rodrigo Chaves llegue a Zapote y haga todo esto: en febrero de 2020 entró en vigencia la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, la cual prohíbe las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o los incumplimientos laborales imputables al patrono, lo que significa un retroceso en el derecho a la protesta social. La violencia política vivida en las elecciones municipales de 2024, ahondó más el desapego que tienen actualmente las mujeres costarricenses con la política en sus comunidades, debido al acoso vivido en espacios públicos, pero también privados.
Todo esto y más lo podremos apreciar el próximo 16 de julio gracias al análisis de las y los colegas en el PROLEDI y el CICOM. Para más información, contacte al número 2511-6852.
