Jorge Mora Portuguez: ¿A quién beneficia consulta a la Sala sobre Ley de Agua?

Después de estudiar y responder la consulta presentada a la Sala IV por el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, contra el proyecto de Ley de Aguas aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre, deseo comentarles lo siguiente:

  1. Están cuestionando aspectos del texto original del 2010, que de declararse inconstitucionales no se traerían abajo solo el nuevo texto, sino incluso el proyecto original de Iniciativa Popular.
  2. Cuestionan aspectos de procedimiento que si prosperan nos devuelven al proyecto aprobado en 2014, al que según dicen los recurrentes habría que darle votación en segundo debate de forma inmediata y sin posibilidad de introducirle modificaciones.

Si eso ocurre la votación se pierde porque la mayoría de diputados y diputadas votaría en contra, por lo que el proyecto presentado por IP también en este escenario fracasaría.

  1. Están cuestionando también aspectos de fondo acordados en el nuevo texto. De prosperar se rompería el consenso construido y tampoco se tendrían los votos para aprobar el proyecto.

Son 119 páginas de alegatos contra todo el texto y el procedimiento.

Algunos ya resueltos por la Sala IV en las 2 consultas anteriores (2014 y 2016).

Otros a todas luces improcedentes y equivocados.

Pero hay otros temas que depende de cómo los interpreten los magistrados (que no son ningunos expertos en derecho ambiental o de aguas) podrían conllevar a resoluciones erróneas que se traigan abajo el proyecto (como sucedió en la consulta del 2014 cuando se traen abajo los artículos 29 y 30 porque los magistrados confundieron “áreas silvestres protegidas” con “áreas de protección del recurso hídrico” y las equipararon, aunque que son categorías claramente diferenciadas por la Ley Orgánica del Ambiente (art.38) y la Ley Forestal (art. 13).

Así que de la Sala IV podemos esperar cualquier cosa.

De declararse alguna inconstitucionalidad el proyecto de ley, en el mejor de los casos, ni siquiera llegaría a aprobarse en esta legislatura.

Por lo que por cuarta vez habrá que comenzar hablando con los nuevos diputados, con las nuevas fracciones que no conocen nada del tema y que requerirán de varios años para intentar ponerse de acuerdo, como ha sucedido a lo largo de estos 16 años.

Mientras tanto seguirá la destrucción de nuestros mantos acuíferos; la contaminación de las fuentes de abastecimiento poblacional por agroindustrias y monocultivos; seguirán los conflictos entre comunidades y desarrolladores turísticos e inmobiliarios; la construcción de proyectos hidroeléctricos privados casi sin regulación; la invasión de cauces, zonas de recarga y áreas de protección de manantiales, ríos y mantos acuíferos.

Las multas actuales por contaminar o perforar pozos ilegales o extraer agua ilegalmente van desde ¢1 a ¢800 máximo.

Seguirán el MINAE y la Dirección de Aguas atadas de manos, con sus competencias fraccionadas en más de 110 normas jurídicas y 22 instituciones diferentes, que no coordinan entre sí, que desconocen las actuaciones de las otras, que carecen de planes, políticas o programas nacionales integrados.

Y las comunidades seguirán padeciendo escasez de agua potable.

¿A quién beneficia todo esto pregunto yo?

Inicialmente se sienten muy beneficiados de que se mantenga la ley y la situación actual quienes abusan inescrupulosamente del agua, con sus actividades ilegales o legales de alto impacto para el ambiente y para la población.

Pero al cabo de los años hasta estos sufrirán las consecuencias de su irresponsabilidad como ya lo hemos visto a lo largo de estos 16 años de lucha por dotar a nuestro país de una nueva ley que permita una gestión integrada, participativa, inclusiva, justa, sostenible y democrática del agua.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

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