Greivin Salazar Álvarez, Observatorio Económico y Social,
Escuela de Economía, UNA
La emergencia sanitaria generada por el COVID, así como su respectivo proceso de recuperación y vuelta a una “nueva normalidad”, ha generado una serie de cambios en el mercado laboral costarricense, los que han implicado una serie de retos a nivel país.
Uno de esos cambios apunta hacia una mayor “selectividad del mercado laboral”, en términos de que en la actualidad son más los empleos generados para personas con un nivel educativo relativamente alto que bajo.
A lo largo del 2019 (un año antes del inicio de la pandemia), en promedio, 34 de cada 100 empleos correspondían a personas con un mínimo de educación primaria (incompleta o completa), mientras que para personas con educación universitaria (sin con título), la cifra fue de 26 de cada 100, lo que significó una diferencia a favor del primer grupo de 8 puntos.
Esta situación ha venido cambiando, especialmente desde el 2023, siendo que en la actualidad los datos son completamente opuestos. Es de esta manera, que para el I trimestre del 2024 (último dato disponible) 29 de cada 100 empleos son para personas con un mínimo de educación primaria y 32 de cada 100 para personas con educación universitaria, la diferencia es de 3 puntos, pero ahora a favor del segundo grupo.
Estos resultados se podrían considerar positivos en un escenario de cierta normalidad económica, lo cual no es el caso, por cuanto es preciso recordar que la pandemia generó una importante salida de personas del mercado laboral, especialmente en ocupaciones de baja calificación. De hecho, en términos generales a la fecha existen alrededor de 22 000 puestos de trabajo menos con respecto a inicios del 2020 (considerando únicamente los rangos de edad de 15 a 59 años, para así aislar el efecto jubilación anticipado observado al cierre del 2023).
¿A qué se debe esta situación? Uno de los factores determinantes ha sido el acrecentamiento de la histórica dualidad productiva y su mayor visibilidad en el mercado laboral.
De acuerdo con el índice mensual de actividad económica (IMAE) que publica el Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre febrero 2020 y abril 2024, la producción nacional ha tenido un crecimiento acumulado del 13%, para el caso de las empresas del régimen definitivo (más de base local) del 7%, mientras que para aquellas pertenecientes al régimen especial (asociada con la inversión extranjera directa) del 61%.
Sin embargo, la preparación y habilidades que normalmente demandan estas últimas firmas (más orientadas a las ingenierías, manejo de un segundo idioma, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y resolución de problemas, entre otras) difieren de las requeridas por las primeras y no todas las personas disponen de las mismas (“núcleo duro” asociado a la llamada economía tradicional).
Lo anterior, se ha visto reflejado en el mercado laboral, por cuanto entre el 2019 y los primeros tres meses del 2024, el empleo formal (asociado a actividades que requieren normalmente más preparación) ha crecido un 14%, mientras que el informal se ha contraído en un 18%.
Ante este panorama, surgen una serie de retos a manera de tareas constantes, a saber:
Fortalecer los encadenamientos productivos entre las empresas nacionales y la inversión extranjera directa, para superar la dualidad productiva; así mismo, desconcentrar el esfuerzo productivo nacional más allá del área central del país (según datos del BCCR, para el 2020 solo los cantones de San José y Alajuela generaron el 35% de la producción nacional, en contraste, 66 cantones aportan a penas el 31%).
En este sentido se requiere extender el esfuerzo productivo y de atracción de la inversión extranjera directa a las llamadas zonas periféricas del país, para lo cual es indispensable mejorar su infraestructura, servicios y calificación del talento humano, identificando desde un inicio las posibles articulaciones con el aparato productivo regional (no al contrario, que primero se atrae la IED y luego se busca como concretar dicha articulación). Para tales efectos, es recomendable valorar las potencialidades que ofrecen las “ciudades intermedias” como articuladoras de la dinámica del centro del país con el resto de las regiones.
Fortalecer las habilidades del núcleo duro, para que las personas que decidan reinsertarse al mercado laboral puedan hacer frente a su creciente “selectividad”, o bien, para aquellas otras que están dentro de este (desempleada u ocupada) puedan en el mediano plazo trasladarse a ocupaciones de mayor productividad y retribución.
Por tanto, se debe fortalecer los vínculos entre las instituciones formadoras del talento humano y el sector productivo, siendo este último un actor interesado, especialmente al considerar la escasez de personal que se ha venido observando (según la firma Man Power, el 70% de los empleadores encuestados en el país expresaron tener dificultades para encontrar el talento que requieren, cifra históricamente alta).
Para el caso de la reinserción laboral femenina, es indispensable implementar el fortalecimiento de las redes de cuido (niños y personas adultas mayores), bajo un enfoque tripartito: sector público, empresa privada y comunidades, dado que la principal razón entre las mujeres para encontrarse fuera del mercado laboral ha sido la atención de obligaciones familiares (un 42% según la última encuesta continua de empleo – I trimestre 2024 – elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos).
En conclusión, esta es apenas una breve propuesta sobre medidas que se deben tomar con el objetivo de que la dinámica del mercado laboral observada en los últimos años no se convierta en factor para una mayor desigualdad socioeconómica en el país.
1.Son aquellas ciudades que tienen una cantidad relativamente importante de relaciones económicas con la médula (centro del país) y con los cantones más alejados, tal es el caso de Pococí, San Carlos, Pérez Zeledón y Liberia (Para más información consultar Informe del Estado de la Nación 2021, pág. 157-174.